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Centros Chilenos en el Exterior

PRIVA DE NACIONALIDAD CHILENA A SERGIO POBLETE GARCES

DECRETO SUPREMO

Ministerio del Interior

PRIVA DE NACIONALIDAD CHILENA A SERGIO POBLETE GARCES

Santiago, 23 de mayo de 1977

El Presidente de la República decretó hoy lo que sigue:

Num. 515

Considerando:

1.- Que la Constitución Política del Estado contempla como causal de pérdida de nacionalidad chilena el atentar gravemente en contra de intereses esenciales del Estado, desde el extranjero, cuando el país se encuentra en alguna de las situaciones de excepción previstas en el artículo 72, No. 17, de ese cuerpo jurídico fundamental.

2.- Que el Supremo Gobierno ha tomado conocimiento que el ciudadano chileno y ex General de la Fuerza Aérea de Chile, don Sergio Poblete Garcés, ha promovido desde el extranjero una activa campaña destinada a provocar el aislamiento de Chile, recurriendo para ello a calumniosas imputaciones a las máximas autoridades de Gobierno y en contra de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, todo lo cual ha tenido una amplia difusión en la prensa europea y en la televisión de Bélgica.

3.- Que esta antipatriótica conducta, ejecutada por medio de a prensa y otros medios de comunicación, se encuentra moralmente sancionada en la Constitución Política del Estado con la pérdida de la nacionalidad chilena.

4.- Que, comprobados como están lo hechos anteriores, es dable concluir que no existe ya vínculo alguna que una a Sergio Poblete Garcés con su Patria, y con el Estado chileno en especial , y

Vistos: la existencia de pruebas que demuestran fehacientemente que el citado individuo, ha atentado gravemente en contra de los intereses esenciales del Estado y del pueblo chileno en general; el informe escrito sobre los hechos emanados del Ministerio de Relaciones Exteriores; que el país se encuentra en una de las situaciones de excepción previstas en el artículo 72, No. 17, de la Constitución Política del Estado, y lo dispuesto en el artículo 6o., No. 4, de la citada Carta Fundamental, y en los decretos leyes No. 175, de 1973; 1301, de 1976, y 1688, de 1977, y en las facultades que me confiere el No. 1 del artículo 10 del decreto ley No. 527, de 1974,

Decreto:

Artículo único: Prívase de la nacionalidad chilena a Sergio Poblete Garcés, por haber incurrido en la causal contemplada en el artículo 6o., No. 4, de la Constitución Política del Estado.

Anótese, tómese razón y publíquese en el Diario Oficial,

Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Presidente de la  República

Raúl Benavides Escobar, General de División, Ministro del Interior

Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Ministro de Relaciones Exteriores

Sergio de Castro Spikula, Ministro de Hacienda

Pablo Barahona Urzúa, Ministro de Economía

Herman Brady Roche, General de División, Ministro de Defensa

Luis Niemann Núñez, Contralmirante, Ministro de Educación

Fernando Matthei Aubel, General de Brigada Aérea, Ministro de Salud

Sergio Fernández Fernández, Ministro del Trabajo y Previsión Social

Mario Mac-Kay Jaraquemada, General de Carabineros, Ministro de Agricultura

Raúl Vargas Miquel, General de Brigada Aérea, Ministro de Transportes

Lautaro Recabarren Hidalgo, General de Carabineros, Ministro de Tierras  y Colonización

Hugo León Puelma, Ministro de Obras Públicas

Luis Edmundo Ruiz Undurraga, Ministro de la Vivienda y Urbanismo

Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia

Luis Enrique Valenzuela Blanquier, Ministro de Minería

Hernan Béjares Gonzalez, General de Brigada, Ministro Secretario General de Gobierno

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Salud a Ud.,

Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

Diario Oficial de la República de Chile, Viernes 23 de septiembre de 1977

CRIMINAL: TRES MIL SETECIENTOS MENORES EJERCEN PROSTITUCION

PARAISO DEL NEOLIBERALISMO Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Sename revela que 3. 700 menores ejercen la prostitución infantil
 

Las edades de los menores que ejercen el comercio sexual se concentra entre los 11 y 16 años. La sicóloga del Servicio Nacional de Menores (Sename), Angélica Marín, reveló que hay 3 mil 700 niños involucrados que ejercen la prostitución infantil, según estudios que ha realizado la repartición pública.
Lo anterior, a propósito del informe entregado ayer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sostiene que más de 200 mil niños trabajan en Chile.
Entre las tareas más habituales están la recolección, siembra, venta de los productos recogidos y el cuidado del ganado. No obstante, en el Sename afirmaron que hay  "un lado oscuro" que afecta a muchos niños y niñas del país, el cual es una tarea prioritaria para el organismo de Gobierno.
"Hay distintos estudios que hemos desarrollado, pero uno de ellos señala con respecto a la explotación sexual y comercio infantil que hay alrededor de 3 mil 700 niños involucrados en la peor forma de explotación sexual", reconoció Marín.
La profesional del Sename, además, reveló las edades de los menores que se dedican a la prostitución infantil, las cuales van desde los 5 hasta los 18 años, concentrados mayoritariamente entre los 11 y 16 años.
Es por eso que Marín aseguró que el centro se encuentra "muy alerta y atentos con los equipos que están las regiones en todo el país. Por eso tenemos 16 proyectos para ir en ayuda de los niños, ya que hay que hacer todo un proceso de reparación -no solamente buscar alternativas económicas para la familia- porque han perdido parte de su niñez y tenemos que repararlos para que vuelvan a ser niños".
Por último, el "lado oscuro" de las cifras también se extienden a los que se dedican a las actividades ilícitas, como venta de drogas entre otras, que alcanzan a los mil 700 menores.
Ayer se dio a conocer el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que arrojó que en Chile trabajan 200 mil niños entre 5 y 17 años, que proviene de pueblos originarios, de  los cuales el 86 por ciento le dedican entre 4 y 6 horas diarias, con las cuales generan ingresos para ayudar a la familia, el 10 por ciento por la situación de extrema pobreza.
Según Marín, en declaraciones a Radio W, la gran cantidad de menores trabajadores pone al país "en el desafío de cómo apoyamos a estos niños para que sus derechos no sean vulnerados", entendiéndose que hay que realizar un cambio cultural al interior de las propias familias de esas zonas, que tienen institucionalizado que los infantes deben trabajar desde muy temprana edad.
El estudio de la OIT presentó opiniones de los profesores de las zonas rurales del país, quienes se mostraron conscientes del quehacer de los menores y adolescentes, por lo cual le entregan mayores facilidades para cumplir con las "obligaciones" académicas y así evitar la deserción escolar.

DATA DEL 5 DE ENERO DE 1996 Y LO ORDENÓ EL GENERAL (R) GUILLERMO GARÍN

DATA DEL 5 DE ENERO DE 1996 Y LO ORDENÓ EL GENERAL (R) GUILLERMO GARÍN

Cerda anexó un compromiso de lealtad a Pinochet firmado por 45 altos oficiales
 

Los militares que pusieron su rúbrica en el texto estimaron que el ex gobernante era ya en 1996 “una de las figuras más relevantes de la historia patria, por sus

dotes de Soldado, Estadista y Servidor Público”.
www.lanación.cl – Por Andrea Chaparro

En la imagen de los años ´90, el general Augusto Pinochet condecora al entonces vicecomandante de la institución, el general Guillermo Garín, hoy portavoz de la familia en materias políticas y personales.
El ministro de fuero Carlos Cerda, instructor del caso Riggs, agregó ayer al expediente principal un sorprendente documento que consiga un “acuerdo solemne” suscrito por 45 altos oficiales del Ejército, quienes expresan sus sentimientos de “invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la Máxima Autoridad del Ejército de Chile, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte”. Según consta en la resolución de Cerda, el entonces vicecomandante en jefe, el general Guillermo Garín, convocó a una reunión el 5 de enero de 1996 con el objetivo de comprometer una perpetua lealtad a Pinochet.
En esa oportunidad se firmó un pacto para que “en los años venideros (los altos oficiales) mantengan una constante preocupación por las necesidades que le asistan en su diario quehacer” al ex dictador.
Además, se lee en el escrito, los firmantes deberían conservar “toda la actual estructura de apoyo que corresponde a una autoridad de tan alta investidura”. Esto porque los militares que pusieron su rúbrica en el texto estimaron que el ex gobernante era ya en 1996 “una de las figuras más relevantes de la historia patria, por sus dotes de Soldado, Estadista y Servidor Público”.
Incluso agregan un segundo argumento: “Pasará a formar parte de la galería de personajes más ilustres y distinguidos del siglo que nos deja”.
Según fuentes cercanas al caso, entre los oficiales de la época que firmaron se encuentran Ramón Castro Ivanovic, Jorge Ballerino, Fernando Torres Silva, Eugenio Covarrubias, Víctor Lizárraga y Hernán Abad.
A principios del ’96 se cumplían recién poco más de dos meses del encarcelamiento en Punta Peuco del retirado general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, condenados en el caso Letelier, y el Congreso revisaba un proyecto de reformas constitucionales que devolvía al Presidente de la República la facultad de llamar a retiro a los jefes militares. La administración Frei también impulsaba una enmienda en la ley orgánica de las FFAA para restituir atribuciones al Gobierno civil sobre las ramas castrenses. En el mismo contexto se examinaba un proyecto de aceleración de los juicios por derechos humanos.
 

OTROS TRASPASOS

El magistrado Cerda también traspasó a la causa un informe de investigación de la Agrupación Especial de Comandos sobre la sustracción de 300 mil pesos de Hernán García Pinochet desde la residencia del ex dictador en El Melocotón el 21 de agosto de 2002.
Lo mismo hizo con otros datos extraños que acumulaba el proceso, como los contratos de distribución y de edición de versiones en varias lenguas del libro “El día decisivo” y antecedentes del Plan Apolo, como se llamó la entrega de la comandancia en jefe de parte de Pinochet a su sucesor, el general Ricardo Izurieta.
También anexó documentos vinculados con las compensaciones a los ex presidentes de la República; pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre fiscalizaciones a las misiones militares en Europa y Estados Unidos; y datos funcionarios de Pinochet, entre otros antecedentes, al parecer de poca importancia para los fines de la investigación, razón por la que el ministro instructor ordenó devolverlos a la familia Pinochet-Hiriart.


EJECUTIVO CLAVE

En tanto, los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) informaron al ministro Cerda algunos detalles sobre el viaje que realizaron a comienzos de febrero a Miami con el fin de interrogar a una serie de ejecutivos bancarios que estuvieron ligados, o que aún guardan relación, con los activos que manejó el ex dictador en el extranjero. Uno de ellos -a quien ya se tomó declaración- es Edgard W. Tatman, que desde 1980 tuvo el control de las cuentas de Pinochet en el Banco Riggs de Florida.
Tatman en 1991 es incorporado al staff de ejecutivos del Banco Espirito Santo, de Miami, y ese año traspasó las cuentas de Pinochet desde el Riggs. En 1999, cuando el ex dictador estaba detenido en Londres, Tatman personalmente le cerró las cuentas en el Espirito Santo y les abrió otras en el Coutts & CO a nombre de la sociedad Eastview Finance, que manejaba el ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, en Miami.
El ejecutivo, además de saber los movimientos financieros que efectuó el ex dictador en al menos tres bancos norteamericanos, puede tener información relativa a las dos cuentas abiertas en el Espirito Santo -Soloane y La Rosa- que están vinculadas con el pago de comisiones por la compra de aviones Mirage en 1995.


MINISTRO EN VISITA POR ANTÁRTICA

El abogado Alfredo Morgado, que representa a la familia del fallecido suboficial Jorge Basualto, pidió a la Corte Marcial que designe un ministro en visita para investigar la tragedia que ocurrió en la Antártica en septiembre y donde tres militares perdieron la vida. El requerimiento se basa en la alarma pública que se produjo a raíz de que la investigación de la Fiscalía Militar de Punta Arenas reveló que se habría ocultado información y faltado a la verdad en hechos sustanciales del caso. La alarma se habría incrementado al trascender declaraciones del coronel Miguel Santibáñez, que sostuvo haber recibido órdenes de encapsular antecedentes de las circunstancias en que murieron los uniformados.
 
RECURSO DE AMPARO

La Corte Suprema dejó en acuerdo el recurso de amparo interpuesto por María Soledad Olave Gutiérrez, esposa de Marco Antonio Pinochet, procesada por una evasión tributaria de 35 millones de pesos. La sala integrada por los ministros Alberto Chaigneau (presidente), Orlando Álvarez, Sergio Muñoz, Jorge Medina y Rubén Ballesteros, ya había dejado pendiente el dictamen por no tener a la vista los expedientes. Chaigneau informó que el martes 14 dará a conocer la resolución. Según trascendió, como no se analizó el fondo del recurso, lo más probable es que venga rechazado en votación dividida.

Riggs: Ballerino admite pagos a Pinochet hijo con fondos reservados

Riggs: Ballerino admite pagos a Pinochet hijo con fondos reservados

www.latercera.cl/Política


Según el expediente, el general (R) dijo en octubre que "se buscó una forma de (darle) una mensualidad para su ayuda" en EE.UU.
Riggs: Ballerino admite pagos a Pinochet hijo con fondos reservados
 

Foto: Augusto Pinochet Hiriart y su esposa habrían recibido transferencias de una cuenta en el Riggs de la Casa Militar.
 

El ex jefe de la Casa Militar aseguró al tribunal que las mensualidades entregadas entre 1983 y 1985 tenían justificación "en una orden superior", aunque no descarta que "pude haber tomado yo la iniciativa".
 

Por Malú Urzúa - Fecha edición: 10-02-2006
 

El ex jefe de la Casa Militar declaró en octubre que parte de los gastos reservados de esa unidad se usaron para entregar "mensualidades" al hijo del general (R) Pinochet.
 

Días antes de que el ministro Sergio Muñoz dejara la causa Riggs, en octubre pasado, el general (R) Jorge Ballerino Sandford declaró ante el juez ser el titular de la cuenta a nombre de John Long, abierta en el Riggs Bank de Miami. En esa oportunidad, Ballerino también contó al magistrado cómo se entregaban, con fondos fiscales, "mensualidades" a Augusto Pinochet Hiriart, y a su esposa, María Verónica Molina Carrasco, entre 1983 y 1985.
De acuerdo a partes del expediente a las que tuvo acceso La Tercera, Ballerino contó que cuando asumió como jefe de la Casa Militar en 1980 advirtió que en esa unidad "se manejaban recursos asignados por el presupuesto nacional a la Presidencia de la República, parte de los cuales se encontraban en efectivo en la caja de fondos".
Además, relató que "entiendo que Augusto Pinochet Hiriart se fue a EEUU con su familia y se buscó una forma para hacerle entrega de una mensualidad para su ayuda y mantenimiento en ese país".
Por esa razón, declaró, "se le entregan a su señora US$ 2.500 inicialmente y posteriormente a él una primera suma de US$ 26.095, para lo cual se le tranfieren a Patricio Madariaga (ex cónsul de Chile en California) para que éste se los entregue" al hijo de los Pinochet Hiriart. "Con esta misma motivación (...) se traspasan a Patricio Madariaga, el 22 de enero de 1985, US$ 30.015 para continuar con el sistema de pago mensual", agregó.
Respecto a los egresos entre 1983 y 1984 a favor de María Verónica Molina Carrasco, Ballerino dijo que "corresponden a egresos mensuales que se le depositaban en sus cuentas y que correspondían a una ayuda mensual sin que pueda precisar las razones que motivaron la ayuda".
Añadió, sin embargo, que las mensualidades "tienen su justificación en una orden superior que en estos momentos no recuerdo", haciendo presente que "como jefe de la Casa Militar, la única persona de la cual podía recibir instrucciones y/o órdenes directas era del Presidente de la República, general Augusto Pinochet Ugarte".
Aún así, Ballerino agregó que "en atención a que trataba de solucionar los problemas que se le presentaban al Presidente de la República con sus familiares, es que pude haber tomado yo la iniciativa y haber pagado esta ayuda mensual a la nuera del general Augusto Pinochet, dado que como jefe de la Casa Militar no era controlado en los gastos y uso de los fondos".
Ayer La Tercera no pudo ubicar a Pinochet Hiriart para conocer su versión, pero él ha declarado que siempre entendió que el dinero que le transferían desde la cuenta de Ballerino en el Riggs pertenecía a su esposa. Respecto del hecho de que los fondos pasaran primero por dicha cuenta del Riggs, ha dicho que ello se hacía así "para hacer más segura la remisión de estos recursos".
 

El ejecutivo del Riggs
Ballerino dijo en su declaración que fue el ejecutivo del banco Riggs Edgar Tatman quien le solicitó el procedimiento de la creación de la cuenta bajo el nombre ficticio de John Long. Tatman también es mencionado por Pinochet Ugarte como quien le aconsejó crear una cuenta a nombre de Daniel López.
Abogados del CDE que viajaron a principios de febrero a EEUU a interrogarlo informalmente se reunieron anteayer con el juez Carlos Cerda para darle a conocer resumidamente el resultado de la gestión y, trascendió, se continuarán realizando pericias para verificar sus dichos. Además, se contempla que el CDE vuelva a entrevistar al ejecutivo

¡Al sabotaje, muchachos!

¡Al sabotaje, muchachos!

Roberto Thieme “desclasifica” operaciones de la Armada en 1973
¡Al sabotaje, muchachos!


El ex jefe militar de Patria y Libertad destapa un desconocido plan de sabotajes ideado por un sector de la Marina en 1973, para derrocar a Allende. Confiesa que se le pidió asesinar personalmente a dirigentes de izquierda, como Carlos Altamirano. Y se declara convencido de que el crimen del edecán Araya fue ideado por la inteligencia naval.
 

Roberto Thieme guarda la estampa del guerrillero apuesto. Por algo un día enamoró a Lucía, la hija mayor de Pinochet. Guerrillero del movimiento ultraderechista Patria y Libertad de 1973, decidido a derrocar a su enemigo, Allende y la Unidad Popular. De aquel guerrero queda un hombre que dice: “La memoria de los pueblos se construye con la historia fidedigna”.
Hace tiempo que el ex jefe del frente militar nacionalista está por saldar cuentas con el pasado. Estar con Thieme es estar de cara a esa historia, tan frescamente recordada por algunos, tan interesadamente olvidada por otros.
El hombre que un día de 1972 introdujo 100 fusiles automáticos desde Argentina sabe que las cuentas se saldan asumiendo los actos, y por ello “desclasifica” información guardada. Cuenta cómo, en julio de 1973, en una reunión, la Armada le presentó a Patria y Libertad un plan de sabotajes a puentes, oleoductos, torres de energía y fuentes de combustible, poniendo a su disposición explosivos y conducción técnica, a cambio de que su movimiento aportara “la mano de obra”.
 

INTELIGENCIA NAVAL
El plan se realizó y Thieme sostiene que uno de los oficiales de la Armada presentes en la cita fue el entonces capitán Hugo Castro, el mismo que luego fue ministro de Pinochet y brazo derecho del vicealmirante José Toribio Merino.
También revela que la siguiente “solicitud” fue que él, personalmente, asesinara a dirigentes de izquierda, entre ellos al líder socialista Carlos Altamirano, lo que Thieme rechazó.
Hoy dice estar convencido de que, en el camino para derrocar a Allende, fue la inteligencia naval la que ideó y planificó el crimen del edecán presidencial, capitán de navío Arturo Araya. Por ello se aparta radicalmente de la tesis de que este fue un hecho fortuito, como lo estableció el proceso que el Juzgado Naval de Valparaíso instruyó en la década de los ’70.
Roberto Thieme, 63 años, se apresta a presentar sus memorias a mediados de este año, donde, dice, “desclasificará” más información de aquel tiempo de revolución y pólvora. “Hoy no represento a nadie. He evolucionado desde un nacionalismo corporativista hacia un nacionalismo popular, de filosofía humanista laica”, dice, mirando siempre a los ojos.
 

–¿En qué momento Patria y Libertad aceleró su colaboración con las fuerzas militares, realizando acciones armadas para aumentar el debilitamiento del Gobierno de Allende y apurar el golpe de Estado?
–Ocurrió con el fracaso del paro de octubre de 1972 para derrocar al Gobierno de Allende, tras lo cual las Fuerzas Armadas se integran al Gobierno de la UP. En noviembre de 1972, el Consejo Político de Patria y Libertad percibió la posibilidad de una división de las Fuerzas Armadas, que podía llevar a una guerra civil, y decidió establecer una política militar. Tuve la misión de crear esta milicia nacionalista. Primero se llamó Frente de Operaciones y luego se avanzó hacia una estructura militar creada por un marino experto. Pasaron a llamarse Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales.
 

–¿Cuál es el primer contacto entre Patria y Libertad y militares para participar en acciones directas?
–El primer intento de Patria y Libertad fue con un sector del Ejército, comprometidos altos mandos a lo largo de Chile, en la intención de tomar La Moneda y derrocar al Gobierno, en lo que se llamó el Tancazo del 29 de junio de 1973. La inteligencia del Ejército lo detectó y hubo que abortarlo, aunque alcanzaron a salir algunos tanques a la calle. Como Arturo Prat, Patria y Libertad apoyó de todas maneras como pudo.
 

–¿Qué ocurrió entonces?
–Eso marcó el fin político de Patria y Libertad, y su directiva nacional sale al exilio. Yo estuve clandestino en Argentina desde febrero de 1973 (intentando crear un campamento de instrucción paramilitar en Mendoza). Pero pronto regresé clandestino a Chile a hacerme cargo de la organización que quedó de Patria y Libertad. Nos declaramos en la clandestinidad. Estamos en el 15 ó 16 de julio de 1973.
 

–¿Cómo y cuándo se inició el contacto entre Patria y Libertad y la Armada para derrocar a Allende?
–Unos días después de la mitad de julio de 1973 me contactaron dos comandantes de la Marina [activos] que respondían al mando del entonces vicealmirante José Toribio Merino [a la fecha comandante de la I Zona Naval de Valparaíso]. El comandante en jefe de la Armada era todavía el almirante Raúl Montero, un constitucionalista, pero Merino ya tenía el control de operaciones de la Marina. En una reunión, los comandantes me informan que el 25 de julio de 1973 se inicia un nuevo paro nacional de transporte de varios gremios y otras fuerzas. Me dicen que ahora sí que ese paro apunta definitivamente a derrocar a Allende.
 

–¿Qué le pidieron a Patria y Libertad los enviados de Merino?
–Dijeron que como el Gobierno de Allende pudo contrarrestar con infraestructura el paro nacional anterior (octubre 1972), y que como se había visto que paralizar el país era difícil, la Marina, o este sector rebelde, necesitaba iniciar una serie de atentados y sabotajes para entorpecer los flujos de combustibles, energía eléctrica, corte de algunos puentes y oleoductos.
 

–¿Le pidieron a Patria y Libertad realizar estos atentados?
–Sí. Ahora, en estos contactos con la Armada fue clave un capitán retirado, ex comando e infante de Marina con cursos de contrainsurgencia y operaciones de comandos en Estados Unidos, llamado Vicente Gutiérrez, nombre real, con alias Javier Palacios. Patria y Libertad lo contrató a principios de 1973 para entrenar nuestras brigadas.
 

–¿Qué hizo Gutiérrez después del golpe?
–Fue el brazo derecho de Manuel Contreras en el sector civil de la Comisión DINA, reclutando mucha gente de Patria y Libertad desde el mismo Frente de Operaciones que él entrenó. Fueron los primeros agentes civiles de la DINA.
 

–¿Qué le respondió a los enviados de Merino?
–Que teníamos falencia operativa, pero la Marina necesitaba mano de obra, porque me dijeron que para realizar estos sabotajes, la logística, la inteligencia y los materiales los ponía la Armada.
 

–¿La Armada puso las armas y los explosivos?
–Los explosivos, porque armas teníamos. Estos sabotajes no eran atentados contra personas. Sólo contra infraestructura del Estado.
 

–¿Quién más participó con usted en esa reunión con los dos comandantes?
–Este instructor Vicente Gutiérrez y mi brazo derecho en Patria y Libertad, Miguel Cessa, ya fallecido.
 

–¿Cuál fue el primer sabotaje?
–Se llamó “La noche de las mangueras largas”, precisamente en las horas en que asesinan al comandante Arturo Araya. Se trataba de cortar las mangueras de abastecimiento de combustible de los servicentros más importantes en Santiago. Después, vino la etapa de los oleoductos de Concón y de Concepción. La gente de la Armada siempre nos indicó cómo volarlos, a qué hora. Y esto no paró más.
 

–¿Los atentados los realizó sólo gente de Patria y Libertad o también participaron oficiales de la Marina?
–A través de mi mando, el contacto Vicente Gutiérrez y Miguel Cessa; la Armada siempre nos explicó los detalles técnicos para realizar las voladuras. No participan físicamente oficiales de Marina.
 

–¿Qué otro sabotaje hubo?
–La voladura de unas torres de alta tensión cuando Allende hablaba en cadena nacional. Se hizo un operativo de ingeniería para volar las torres determinadas y producir un apagón. Fue el primer apagón que se hizo en Chile y abarcó desde La Serena a Puerto Montt. No lo digo con orgullo, pero así se dieron las cosas.
 

–¿Quiénes eran los emisarios de Merino portadores del plan?
–Uno de ellos fue Hugo Castro, brazo derecho de Merino. Debe haber tenido grado de capitán de navío o fragata, porque era comandante. El otro no recuerdo. Dijeron que el paro nacional se iniciaba el 25 de julio y había que actuar rápido, comenzando por sabotear el combustible. Así entramos la noche del 26 de julio [1973] al asesinato del edecán de Allende, el comandante Araya.
 

–¿El crimen del edecán fue un hecho fortuito, como lo determinó la investigación del Juzgado Naval de Valparaíso, o un complot, como se presume hoy en la nueva investigación judicial?
–No tengo elementos de prueba, pero sin duda, luego de lo que se ha conocido en el tiempo y bajo un análisis básico de inteligencia, mi convicción absoluta es que el crimen del edecán Araya fue una operación altamente sofisticada de la inteligencia naval, que también tuvo un móvil.
 

–¿Cuál fue ese móvil?
–El grave problema que tenía la Marina era el mando del almirante Montero, constitucionalista, versus la estrategia golpista de Merino. Había que crear un hecho que quebrara el mando en la Marina y que a la vez provocara un efecto sicológico en Allende.
 

–¿Crear en la Armada un clima en contra de Montero para que al golpe se sumaran los sectores de la Marina que lo seguían?
–Ese fue el otro móvil, el político. Tocarle el alma a la Armada asesinando al edecán naval. Está claro que el disparo que mató al edecán vino desde otro lugar y ángulo que el que se dijo. No provino desde abajo con el arma que habría disparado [René] Claverie. Y esto nos lleva a un francotirador profesional en el contexto de un complot, lo que es clásico en este tipo de operaciones.
 

–¿Vincula el crimen del edecán con las peticiones que la Armada hizo a Patria y Libertad en esa reunión?
–Sin duda que calza. Y ahí aparece otro elemento. A medida que vamos cumpliendo las metas de sabotajes, se radicaliza el proceso en el país, pero todavía el golpe no llega. Entonces empecé a recibir presiones para atentar contra la vida de dirigentes de izquierda, entre ellos Carlos Altamirano. Me entregan el domicilio y todos los datos de las personas.
 

–¿De quién venían esas peticiones?
–De Vicente Gutiérrez.
 

–Por lo tanto, ¿cree que venían del sector mayoritariamente golpista de la Armada liderado por Merino?
–Creo que sí, porque Gutiérrez no actuaba solo: su verdadero mando era la Armada y no Patria y Libertad. Como no fue suficiente el asesinato del edecán Araya, había que crear más conmoción para el golpe. Ahí decidimos como movimiento parar los sabotajes y no acepté esa última petición. El 25 de agosto de 1973 me entregué, porque estaba clandestino desde mi regreso de Argentina.
 

–¿A quiénes más se le pidió matar?
–Específicamente a Altamirano y genéricamente a otros altos dirigentes de la izquierda.
 

–¿Quiénes?
–Había otros.
 

–¿Qué rol jugó Jorge Ehlers Trostel en el crimen del edecán?
–Jorge Ehlers fue un ex oficial de Marina con altas conexiones sociales con el establishment de la Armada. Él fue el coordinador entre el grupo que actuó y la Armada. Él entregó algunas armas a esos jóvenes, indicándoles que fueran justamente al sector donde vivía el edecán a provocarlo para que saliera al balcón. Todo eso no pudo ser casual.

Los niños en la línea de fuego

Los niños en la línea de fuego

Domingo 12 de febrero de 2006 
 
El inocente saldo de las balaceras en poblaciones
Los niños en la línea de fuego
 

Caen como moscas en tiroteos, riñas y ajustes de cuentas entre narcos o bandas rivales. No hay cifras oficiales, pero sólo en la Región Metropolitana nueve niños murieron y decenas quedaron heridos el 2005. Los vecinos no denuncian por temor a represalias. Los padres sobrellevan el terror con diazepam.
 

www.lanación.cl  Domingo - Por Carla Alonso y Alejandra Carmona
 Angélica Sobarzo (35 años) dice que no hay un solo día, desde que falleció su hijo Giovanni, que no haya llorado. A pesar de que ha transcurrido un año y siete meses desde el homicidio del adolescente -en la población José María Caro, comuna de Lo Espejo-, el dolor es tan intenso como esa noche de invierno de 2004, cuando vio a su hijo desplomado en el asfalto. Con una herida de bala que le atravesaba completamente el cerebro.
Como si se tratara de un rito, cada noche, antes de acostarse, la madre sube al segundo piso de la casa y observa a través de una ventana. Busca en el cielo la estrella más brillante y ahí encuentra a su pequeño de 14 años. Entonces, le da las buenas noches en silencio y le cuenta que ella está bien, que la familia siempre lo recuerda y que está embarazada de cuatro meses.
“Tengo fecha para julio, justo el mes que falleció mi hijo. Yo le guardo todos los recortes de prensa, para que después el niño vea que la muerte de su hermanito no quedó impune. Como otras muertes”, dice Angélica Sobarzo, quien trabaja en una panadería de la población José María Caro.
La madre aún no tiene claro cómo se va a llamar el hijo que tiene en el vientre. Pero ya sabe que es varoncito. “Durante mucho tiempo no quise tener más niños, porque Giovanni era todo para mí. Con él me bastaba. Al comienzo, cuando murió, reaccionamos súper mal. Con mi marido decíamos: si no está él, no va a haber otro”.
 

“MUEREN MÁS JÓVENES”
Nueve menores murieron y decenas quedaron heridos durante 2005, sólo en la Región Metropolitana. Según la Policía de Investigaciones, fueron atacados con armas de fuego o cortantes. Abatidos en las puertas de sus casas. Ante el horror de sus padres. Frente a la mirada congelada de sus madres.
Todos eran niños que nada tenían que ver con bandas o pandillas. Pero perdieron la vida en sus manos.
Rubén Molina, subprefecto de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, explica que, cuando hay menores involucrados, casi siempre está la droga de por medio.
Y es que el consumo de pasta base y de alcohol al interior de las poblaciones produce conflictos y discusiones que suelen terminar en peleas con armas de fuego. Casi siempre son disputas por dinero y abundan en el sector sur de Santiago. Los casos de niños que accidentalmente van pasando y les llega un balazo son los menos.
Un médico asesor criminalístico de Investigaciones desliza el problema de fondo: Chile es uno de los países con mayor desproporción entre policías y número de habitantes. “La Brigada de Homicidios cuenta con cien policías para todo Santiago. La gente tiene una percepción real de que están desprotegidos. Además, es un hecho real que la edad de las víctimas ha bajado notoriamente. Hoy mueren más personas jóvenes”.
 

UN BALAZO EN LA NUCA
Giovanni Santander murió tres meses antes de cumplir los 15 años. Su madre cuenta que le estaban organizando una comida, porque él era bastante formal. “Los amigos tenían que venir con terno y todo”.
Eran las diez de la noche de ese domingo 19 de julio de 2004. Angélica Sobarzo regresaba de su trabajo, en compañía de Giovanni y su esposo, Patricio. Como eran vacaciones de invierno, su hijo se quedó unos minutos afuera conversando. “Yo entré a la casa con mi marido. No alcancé a sacarme el bolso y comenzó la balacera”, cuenta.
Los amigos de Giovanni, que eran mayores que él, corrieron por el Pasaje 6 Sur apenas sintieron los disparos. Los primos también huyeron rápidamente. El único que se quedó parado, estático, fue Giovanni.
Eran las diez y cuarto cuando sintieron los disparos afuera de la casa. Patricio salió corriendo. Al llegar a la esquina del pasaje vio a su hijo tirado en el suelo. “De ahí no reaccionó nunca más. No se movía. Nunca más abrió los ojos. Recibió un balazo en la nuca. Le atravesó el cerebro y le salió por la frente”.
Pasaron unos segundos que parecieron horas. Angélica salió del impacto inicial y se percató de que su hijo ya no estaba en esa esquina. Personal de Investigaciones lo había trasladado a una posta de la Villa Sur. Luego, vino el peregrinaje. Del Hospital del Salvador hasta el Exequiel González Cortés.
En ese último recinto, el médico confirmó a los padres que el niño tenía muerte cerebral. “No le quedó nada de masa encefálica. Su cabeza era como una manzana deshuesada. Entonces, decidimos donar sus riñones. El corazón de Giovanni nunca dejó de latir y también quise donarlo. Pero mi hijo tenía sangre negativa y no era compatible con la lista de espera”.
Giovanni fue desconectado el lunes a las tres de la tarde. La misa de responso se realizó en su colegio. Carabineros dispuso una micro para que los vecinos se trasladaran hasta el Cementerio General.

EL DOLOR DE LOS SANTANDER

Angélica Sobarzo llegó a bajar 15 kilos después de la muerte de su único hijo. “Fui al sicólogo, al siquiatra, pero no me sirvió de nada. Iba a trabajar en bicicleta y le decía a mi esposo que ojalá me atropellaran”.
 

Los niños en la línea de fuegoAngélica Sobarzo, madre de Giovanni Santander, visita a diario la animita de su hijo asesinado en la población José María Caro.

La madre de Giovanni faltó dos semanas al trabajo, pero luego sacó fuerzas de flaqueza y retornó. Entre otras razones, porque tenían que pagar una deuda de cuatro millones de pesos por los gastos hospitalarios. “Gracias a Dios, el Gobierno hizo un cheque y saldó todo”.

Angélica Sobarzo cuenta que la Policía de Investigaciones nunca los dejó solos. Un funcionario les prometió que iba a llegar hasta el final para agarrar a los victimarios de su hijo. Luego de varios meses de investigación, fueron cayendo de a uno. Hoy, los cuatro individuos están presos.

“Incluso dos más, que viven cerca, y que provocaron el homicidio. Los que mataron a mi hijo vinieron a buscar a unos cabros de acá que les vendieron leche en polvo en vez de droga. Por eso la venganza. Por eso llegaron ese día y dispararon para todos lados”, cuenta.

 

LA ESQUINA DE GIOVANNI

Clara Santander, la abuela de niño asesinado, viajó desde Orlando cuando se enteró de la muerte de Giovanni. Estaba en Estados Unidos visitando a otra hija.

Ella cuenta que el barrio mejoró bastante luego de la muerte del niño. “Porque el municipio le concedió esa esquina a Giovanni. Los patos malos ya no se juntan ahí a vender drogas”, asegura la abuela. Clara Santander dice que a sus otros nietos no los deja salir cuando ella no está en la casa. Y es que el temor a que ocurra una desgracia en cualquier momento está siempre latente en la población José María Caro. “Ahora nadie dice juntémonos en la esquina del Seis. Todos dicen juntémonos en la esquina de Giovanni”, agrega la madre.

Angélica Sobarzo dice que, como viven frente a un cuartel de Investigaciones, rara vez hay balaceras. Pero que en otros pasajes son pan de cada día. “La gente igual se queda callada. Nos decían que no habláramos nada, que no saliéramos en la tele. Pero yo dije: ya nos llevaron lo más importante, qué más puede pasar”.

La madre de Giovanni cuenta que se están construyendo una casa en Calera de Tango. La idea es que el nuevo hijo nazca en un ambiente tranquilo. Dice que no lo han hecho antes porque algo los une a ese pasaje: la presencia de la animita de su hijo.

Angélica explica que los ayudó mucho que se conociera el caso de Giovanni por la prensa. Dice que gracias a Dios no han recibido amenazas luego de la muerte de su hijo. Pero reconoce que para otras familias esas intimidaciones son frecuentes. Como en el caso de Jerry Ahumada, cuya familia se encuentra totalmente amenazada. Angélica no sabe de ello. No conoce otra historia que la de su hijo de 14 años.

EL LUTO DE LOS AHUMADA

La noche del primero de octubre de 2005, Digna Irarrázabal se levantó de su cama y caminó hasta la puerta de su casa rezando. “Yo sentí la balacera. Un familiar me dijo que le había llegado un tiro al Jerry. Yo pedía al cielo que le hubiesen dado en el muslo o en la espalda, pero nunca me imaginé que la bala había cruzado su cabecita”.

Apenas susurra. Balbucea una pena negra. En el consultorio le están dando diazepam.“Yo no quiero ir de vacaciones, ¿sabe?; a veces, una ve otros niños y se pasa miles de rollos, que podría ser él. Pero no lo dejamos solo. Vamos todos los jueves y domingos a verlo al cementerio. Le llevamos peluches. Le arreglamos la tumba. Y le conversamos. Ahora, el cementerio es mi segunda casa”.

Digna Irarrázabal tiene 28 años y fue madre por primera vez a los 15, cuando nació Camila. Jerry era el menor. “Pero ya no quiero tener más hijos. No mientras siga viviendo aquí. No podría tener un hijo pensando que le puede pasar lo mismo que al Jerry. Capaz que un día me lo encuentre igual, con un tiro en la cabeza”.

De esta manera viven el luto Digna y Mauricio Ahumada, padres de Jerry. El niño murió víctima del primer disparo de una ráfaga que lanzó un grupo de delincuentes. Agonizó unos minutos y murió a las dos de la madrugada del día siguiente en el Hospital Padre Hurtado. El mismo donde había nacido cinco años antes.

OLOR A VENGANZA

Aunque aún no se dictan sentencias, hay tres imputados por la muerte de Jerry Ahumada. La Fiscalía Sur tiene la certeza de que esa noche fue Cristián Hugo Peralta Gómez, “El Chaca”, quien efectuó los disparos. Enojado porque un conocido y exitoso lanza profesional de la población San Gregorio había “invadido” su terreno en la Villa La Serena, en la comuna de La Granja, abrió fuego junto a dos compañeros, mientras el presunto victimario arrancaba de la balacera.

Junto a Peralta se encontraban Jorge Mauricio Villagrán Vidal (23 años), alias “El Pepa”, y Johanna Paola Tobar Céspedes (30 años).

“Estábamos acostados. El Jerry ya se había puesto su pijama, pero se le ocurrió ir a comprar dulces. Iba al negocio de al lado nomás. Se encontró con otros amiguitos y se quedó jugando. Él estaba en la línea del primer tiro”, cuenta su madre.

Digna Irarrázabal no puede olvidar. Cada detalle es otra bala. “Se estaba desangrando. Otra gente gritaba ‘¡paren que hay un niño herido!’, pero los disparos siguieron”, añade con un sollozo abrupto. Porque quiere que pronto se haga justicia. Porque le gustaría vivir en otra parte, pero llegó hasta quinto básico y los trabajos requieren más escolaridad. Porque vive con la imagen de su hijo tirado en el suelo. Porque se niega a guardar sus juguetes y los power rangers –los favoritos de Jerry– siguen desparramados por la casa. Sin dueño.

A pesar de que todos los imputados se encuentran bajo prisión preventiva, los vecinos han sufrido amenazas desde que ocurrió el hecho. El pasaje Cerro La Silla huele a venganza.

Algunos pobladores tienen miedo de aparecer en la prensa contando que son interrogados persistentemente sobre quiénes son los testigos oculares del asesinato de Jerry Ahumada.

La familia vive con protección especial. Lo mismo que los testigos. “Están asustados; obviamente, sabemos que han estado preguntando por ellos, pero eso mismo refuerza la valentía de los testigos. Han seguido con esto hasta el final”, agrega el fiscal adjunto de las Fiscalía Local de Delitos Violentos y Sexuales, Hernán Soto.

¿DÓNDE VAN A JUGAR?

Mario Retamal, asistente social de la Fundación Rodelillo, sabe qué significa vivir con la violencia a un paso. El centro al que pertenece se encuentra en una población conocida por sus niveles de delincuencia, la San Gregorio. “Nosotros trabajamos con familias de esta población y de otras cercanas, como Villa La Serena. Y aunque no hemos atendido directamente casos de niños asesinados, este tipo de hechos sí nos han rozado”.

Retamal cuenta la historia de una niña que fue abusada sexualmente por un vecino y la familia de la víctima nunca se atrevió a estampar la denuncia. “Aprenden a convivir con esto”, cuenta. “A los que se niegan a denunciar les resulta insuficiente la cobertura que se hace a nivel policial y también la regulación de estas situaciones. El mecanismo de protección es encerrarse más temprano y volver a sus casas. La gente se conoce entre sí. Saben de quién hay que alejarse. Aunque viva al lado de su casa”.

El profesional de Rodelillo asegura que la reparación del daño resulta compleja, porque en muchos casos se sabe quiénes son los culpables. Sin embargo, los vecinos no acuden a la justicia por miedo a las represalias. “Se han instaurado ciertos códigos de convivencia. Miran el mal menor. Dicen: me voy a un juicio que puede durar un año y me traerá más problemas por haber denunciado, porque las represalias nunca se acaban”.

Paola Figallo, jefa subrogante de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, advierte que de los casos que son derivados para atención, los menos frecuentes son de víctimas por balaceras en las poblaciones. Cuando esto sucede se analiza el caso particular: cómo murió el niño y qué recursos tienen los familiares para sobreponerse a estas situaciones.

“El apoyo que entregamos tiene que ver con intervención en crisis, poder estar en el minuto que la persona está muy afectada”, dice Figallo. “Les damos recursos emocionales para bajar la angustia con la que llegan inicialmente, y luego los derivamos a sicólogos para que enfrenten el duelo de mejor manera”.

Los especialistas que trabajan con estos casos creen que la organización de los vecinos es fundamental para enfrentar la violencia y el microtráfico. “Hay cuadras enteras tomadas. ¿Dónde van a jugar los niños?”, se pregunta Mario Retamal.

Y no hay respuestas. Porque el escenario habla por sí solo. En la calle Vicuña y a unos pasos de donde murió Jerry Ahumada, “la gruta” está “con las cortinas abiertas”. La especialidad es la pasta base. En la calle, unos menores intentan interrumpir el paso de los automóviles, atravesando el pasaje con una manguera que hace las veces de valla.

En sus casas, las madres rezan para que una bala perdida no termine con el juego. LND

Familiares de víctimas de Antuco cuentan su drama tras la sentencia a jefes militares

Familiares de víctimas de Antuco cuentan su drama tras la sentencia a jefes militares

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Mientras algunos deudos viven el luto participando activamente en el proceso judicial, otros prefirieron fomentar el recuerdo de sus hijos

Aunque la mayoría de las madres de los soldados muertos durante la tragedia han enfrentado de distintas maneras el dolor de la pérdida, coinciden en que las penas aplicadas a Cereceda, Mercado y Pineda son insuficientes.
Por Juvenal Rivera Fecha edición: 12-02-2006

Foto: En mayo pasado, 45 soldados del Regimiento de Los Angeles murieron de hipotermia mientras cumplían una marcha de instrucción en la cordillera de Antuco.

Tras oír la sentencia, la mayoría de los familiares se trasladó el pasado jueves al Palacio de La Moneda para protestar por las condenas aplicadas.

Rosa Fica limpia el dormitorio de su hijo todos los días. Sacude el polvo, ordena las cobijas y observa que todo esté en su sitio al interior de la habitación de Freddy Montoya, en San Rosendo. La mujer se encarga de mantenerla igual como cuando a fines de abril del año pasado el joven volvió desde el Regimiento reforzado Nº 17 Los Angeles -donde cumplía el Servicio Militar Voluntario-, para pasar unos días libres antes de partir a la campaña de instrucción que lo llevaría a la zona cordillerana de Antuco.
Pero Freddy Montoya Fica nunca volvió. Los cuerpos de él, un sargento y otros 43 jóvenes conscriptos quedaron diseminados en la montaña cuando fueron alcanzados por una tormenta de viento blanco, el 18 de mayo, mientras realizaban una caminata entre dos refugios cordilleranos. Su cuerpo fue encontrado tres días después.
Rosa dice que se muere por dentro, que es como una planta que se está secando, que se encuentra encerrada entre cuatro paredes sin saber qué hacer. Nunca se había apartado de su hijo y hoy mantiene todos los recuerdos de él en el dormitorio que el joven soldado dejó. Durante la Navidad pasada, sin asumir que su hijo ya no existe, le compró obsequios.

Insatisfacción

Ella desea penas de cárcel efectiva para los oficiales procesados por la Justicia Militar y recientemente condenados en primera instancia. Por eso fue de las primeras madres que iniciaron acciones judiciales.
En tanto, para María Montoya, la madre del conscripto Fredy Montoya Montoya, también fallecido -junto a la mayoría de sus compañeros de la Compañía Morteros-, esta es una fecha especial. Su hijo cumpliría 20 años y por estos días prepara en su memoria una ceremonia en el cementerio de la comuna de Laja, donde reside. Su partida "me ha dejado un vacío inmenso en el corazón", reflexiona.
Su hijo fue su única compañía durante años, pero asegura que, a pesar de la pérdida, en estos nueve meses ha encontrado algo de paz acercándose a Dios. "Así al menos he tratado de superarlo", explica.
Ella se ha mantenido al margen de las acciones emprendidas por otros familiares, quienes han viajado a Santiago para protestar por las "bajas sentencias" que, a su juicio, el ministro en visita Juan Arab aplicó el pasado jueves al Mayor Patricio Cereceda, al coronel Roberto Mercado y al teniente coronel Luis Pineda.
El ex comandante del Regimiento Reforzado N° 17 recibió una condena de cinco años y un día de presidio efectivo. La pena preliminar impuesta a Cereceda es la más cuantiosa y la única que implica cárcel.
Mientras, el coronel Mercado recibió tres años de presidio remitido y Pineda, 50 días de presidio remitido, despertando la ira de los familiares de los conscriptos fallecidos que ese día se presentaron en tribunales para oír las sentencias.
"Cinco años de cárcel es muy poco para todo el daño que se nos hizo. Además, si los van a encerrar, que sea en una cárcel normal, no una especial para militares", dijo María Montoya.
Relata que su hijo quiso ir al servicio militar, porque pensó que sería un buen antecedente para postular a Gendarmería. "Soy madre soltera y él quería sacarme adelante, pero (su muerte) no fue la mejor manera".

Sobrevivientes desean olvidar lo ocurrido

Ignacio Salas Pérez (19 años) y Juan Muñoz González (19) son parte de los sobrevivientes de la Compañía de Morteros, unidad que sufrió la pérdida de 31 efectivos cuando realizaba la marcha.
Aunque ambos se encuentran todavía haciendo el servicio militar en el Regimiento Los Angeles, sus propósitos son distintos: Ignacio se interesó en seguir aprendiendo más sobre jardinería después del curso al que asistió en el propio regimiento.
Ya sabe sobre instalaciones de riego automático, hacer presupuestos y a medir la presión del agua, entre otras tareas. Su objetivo es profundizar estos conocimientos para emprender algún negocio. Asegura que "todo ya pasó", cuando se le pregunta por lo vivido en Antuco. Agrega que ahora todo está bien.
Juan, quien sobrevivió a duras penas a la tragedia, tiene pensado otro camino. Debido a que hay disponibles varios cupos para soldados profesionales, está esperando el resultado de la postulación para seguir haciendo carrera en el Ejército.
"Independiente de lo que pasó, acá igual se aprenden hartos valores y quiero ver si puedo seguir la carrera militar", explica.

Antuco: juez condena a mayor Cereda a cinco años de cárcel

Antuco: juez condena a mayor Cereda a cinco años de cárcel

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El único sentenciado en primera instancia que deberá cumplir su pena en un presidio
El mayor Patricio Cereceda y el comandante Luis Pineda enfrentaron, en el Palacio de Tribunales, los gritos de los familiares de los soldados fallecidos durante la fatídica marcha del 18 de mayo en los faldeos del volcán Antuco. Dos de los acusados fueron absueltos.
 

Por Jorge Poblete, Pamela Gutiérrez y Fernanda Tejeda  - Fecha edición: 10-02-2006
     
En la foto: El mayor Patricio Cereceda cumplirá los cinco años de condena en el Centro Penitenciario Cordillera. El ex oficial debió ser escoltado por funcionarios de Gendarmería para resguardarlo de las agresiones de los familiares de los conscriptos muertos en la tragedia de Antuco.
 

Cinco años y un día de cárcel. El ministro en visita Juan Arab, quien investigó durante casi nueve meses la muerte de 45 soldados que el 28 de mayo bajaron marchando los faldeos del volcán Antuco, dictó ayer esa condena (en un fallo de 452 páginas) contra el principal inculpado, el mayor Patricio Cereceda.
¿La razón? Haber incumplido sus deberes militares al ordenar a las compañías bajo su mando que marcharan el día en que se desató la tormenta, pese a que algunos de sus subalternos le plantearon que el tiempo podía empeorar. El general (J) Arab también lo condenó por el cuasidelito de homicidio reiterado de los soldados, por no actuar con la "debida diligencia", para evitar la tragedia.
El ex comandante de Batallón del Regimiento Reforzado N° 17 de Los Angeles llegó pasadas las cuatro de la tarde a la Corte Marcial. Adentro estaban los otros seis militares que debían escuchar la sentencia.
Vestía de civil, ya que el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, lo dio de baja junto al coronel Roberto Mercado y al teniente coronel Luis Pineda, los otros dos integrantes de la plana mayor del regimiento angelino.
Afuera de la corte, medio centenar de familiares de los soldados muertos le gritaron "¡asesino!, ¡asesino!" cuando entró. Uno de ellos, incluso, lo golpeó en la cabeza.
Adentro de la Corte Marcial, los acusados escucharon la sentencia. La pena para Cereceda fue la mayor y la única que implica cárcel. La cumplirá en el Centro Penitenciario Cordillera.
Tras escuchar la sentencia, el oficial dijo: "Me sorprende el resultado de la justicia en primera instancia, pero ya presentamos la apelación". Sobre el golpe que recibió sostuvo que "eso no debería ocurrir". Luego agregó: "Esa es la justicia que tenemos en Chile".
Alfredo Morgado, representante de las familias, anunció ayer que apelará a la sentencia y pedirá que se investigue a Cereceda por el delito de homicidio.
 

Las otras sentencias
El general (J) Juan Arab también condenó al coronel Mercado, ex comandante del Regimiento N° 17 de Los Angeles, a tres años de remisión condicional de su pena, mientras que al segundo comandante, Luis Pineda, a 540 días remitidos.
 

Ambos estaban acusados de incumplir deberes militares.
Tras escuchar la sentencia, Mercado afirmó: "Es una sentencia que se escribió el mismo día en que fuimos relevados del mando". Agregó que apelará a la sentencia, ya que "he asumido mi responsabilidad de mando desde un principio".
El oficial pidió que "no se echen un saco común nuestras responsabilidades, de manera de dejar contenta a la opinión pública", aludiendo al comandante Pineda, a quien acusó de haber tenido "en sus manos poder actuar oportunamente y evitar la tragedia", ya que los contactos radiales el 28 de mayo se produjeron entre Cereceda y Pineda.
Cercanos a Pineda (quien llegó vestido de uniforme a la Corte Marcial, puesto que aún sigue en servicio activo, ya que apeló al Presidente Ricardo Lagos para que reconsidere su baja) aseguraron que las declaraciones del oficial "son totalmente fuera de la normativa, donde el comandante tiene responsabilidades indelegables y responde por todo lo que hace y deje de hacer su gente".
Recalcaron que "el comandante no puede atribuir responsabilidades a sus subalternos". La defensa de Pineda, en tanto, aseguró que apelará a la condena en su contra.
 

Absoluciones
La sentencia también condena a los capitanes Claudio Gutiérrez, de la compañía Andina (que perdió 14 hombres), y al capitán Carlos Olivares, de la compañía Morteros (que perdió a 31), a 800 días de pena remitida, por cuasidelito de homicidio. Ambos estaban acusados de cuasidelito de homicidio.
De estos, Gutiérrez (a quien el general Cheyre destacó como un héroe en los días posteriores a la tragedia) llegó con uniforme a la Corte. Los dos se retiraron sin hacer declaraciones. Olivares, sin embargo, apeló a la sentencia.
Pero no todas fueron condenas. Arab también absolvió a los suboficiales Carlos Grandón y Avelino Tolosa, por no haberse formado una convicción de que incurrieron en cuasidelito de homicidio.
 

Agreden a ministro en visita
Al comentar la sentencia, Arab rechazó tajantemente las acusaciones de que el general Cheyre haya influido en su decisión o que haya tomado contacto alguno con su persona durante los meses que duró la investigación.
Al salir del Palacio de Tribunales, el ministro en visita fue agredido con una botella plástica llena de líquido por Alfonso Díaz, hermano de Esteban Díaz Valderrama, uno de los conscriptos de la compañía Morteros muertos en la tragedia.
Díaz fue detenido por Carabineros y llevado a la 1° Comisaría de Santiago. Al salir, comentó que "sentí rabia por todo (...) El fallo es injusto por la pena que les dieron a los matones. La cuestión (botella) la tiré y saltó arriba del auto".
Anoche, en tanto, los familiares de las víctimas realizaron una velatón frente a La Moneda.
 

Cronología: juicio militar
 

2005 Mayo
18- 45 soldados del Regimiento N° 17 Los Angeles mueren congelados durante una marcha en Antuco.
20- Son removidos los integrantes de la plana mayor del regimiento.
23- La Corte Marcial designa al coronel (J) Juan Arab como ministro en visita para la investigación.
27- El mayor Patricio Cereceda, quien dio la orden de marchar, es internado en el Hospital Militar a causa de una crisis depresiva.
 

Junio
24- El ministro Juan Arab procesa al coronel Roberto Mercado, al teniente coronel Luis Pineda y al mayor Cereceda por incumplimiento de deberes militares. Este último también fue encausado por cuasidelito de homicidio.
 

2006 Enero
16- El ministro Juan Arab inicia el plenario del caso, antes de dictar sentencia.