Sala Penal repuso condenas a ex DINA
Categórico fallo de la Suprema contra la amnistía

Por cinco votos a cero, la Sala Penal de la Corte Suprema echó abajo un fallo redactado por el juez Víctor Montiglio por el que, aplicando la amnistía, se revocó la sentencia que condenó a parte de la plana mayor de la ex DINA por el secuestro y desaparición en 1974 de la periodista Diana Arón.

Foto: El ministro Enrique Cury, que fue el redactor del fallo, comentó: “El secuestro es un delito permanente desde hace 200 años”.

Jorge Escalante

La Nación

Calificando de “superflua, equivocada y contradictoria” la Sala Penal de la Corte Suprema revocó ayer en forma unánime -cinco votos contra cero- la resolución redactada por el ministro Víctor Montiglio -integrante de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones- por la que, aplicando la amnistía, en junio de 2005, se revocó la sentencia del juez Alejandro Solís que condenó a parte de la plana mayor de la DINA por el secuestro y desaparición de la periodista Diana Arón.

El veredicto dejó por primera vez con una condena a firme al ex agente civil de la DINA Osvaldo Romo, pieza vital en la represión contra el MIR, movimiento al que pertenecía Diana Arón, detenida el 18 de noviembre de 1974. Además, la reposición de las penas implica que el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza, que se encuentra en libertad provisional tras cumplir la condena por el crimen de Orlando Letelier y obtener el beneficio de la libertad por varios procesamientos por otras víctimas, deberá volver a cumplir una pena de presidio.

Con este dictamen, el máximo tribunal mantuvo la tesis jurídica de que el secuestro es un delito de carácter permanente, por lo que no puede ser amnistiado ni prescribe por el transcurso del tiempo, pues no existe la posibilidad de saber cuándo el ilícito se dejó de consumar y, en el caso de los detenidos desaparecidos, tampoco se conoce cuál fue su destino porque los cuerpos no han sido hallados.

La amnistía cubre sólo el período entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, por ello los magistrados sostienen que la figura del secuestro se extiende más allá de ese espacio.

“Prueba superflua”

La medida decretada por la Sala Penal deja en muy mal pie la línea jurídica del ministro Víctor Montiglio, quien en las causas que tiene a su cargo, como la Caravana de la Muerte, dictó sentencias beneficiando a los autores de los crímenes con la amnistía.

En la resolución, la Sala Penal sostiene que, aun cuando el fallo redactado por Montiglio estableció “correctamente la existencia de un delito de secuestro, sorpresivamente considera probado que éste cesó de ejecutarse ‘no más allá del 20 de enero de 1975’ sin decir siquiera en qué oportunidad precisa esto ocurrió, y si sucedió porque la víctima murió, se fugó, fue puesta en libertad, o por cualquier otra razón imaginable”.

Al voto de Montiglio por revocar las condenas se sumó en 2005 la abogada integrante Ángela Radovic, mientras que por confirmarlas votó el ministro Carlos Gajardo.

El dictamen de la Corte Suprema continúa criticando los argumentos del fallo escrito por Montiglio, estableciendo que sostener que “no se ha logrado probar en el proceso que a partir de esa fecha (20 de enero de 1975) la privación de la libertad de la víctima se haya seguido consumando en el tiempo” es una “prueba superflua”.

Por último, el veredicto de la Sala Penal calificó la línea jurídica de Montiglio y Radovic como “equivocada y contradictoria”.

Los cinco ministros que aprobaron la reposición de las condenas son: Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros.

El ministro Cury comentó el fallo expresando que “no hubo necesidad de entrar a discutir los tratados internaciones de derechos humanos porque, según los tratadistas y el derecho penal, el secuestro es un delito permanente desde hace 200 años”.

La reposición de las sentencias fue posible por un recurso casación que interpuso la abogada Loreto Meza del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La secretaria ejecutiva de este programa, Raquel Mejías, destacó la importancia del fallo recordando que “Diana Arón era además una joven periodista”.

El abogado querellante por la familia de la víctima, Nelson Caucoto, sostuvo que “el mundo de los derechos humanos debe estar feliz porque tenemos un Poder Judicial que se atreve. Hoy justicia tiene nombre de mujer”. LN

Condenados

Las condenas afectan al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras (15 años); Pedro Espinoza (10 años); Miguel Krassnoff (15 años); Marcelo Moren Brito (10 años); y Osvaldo Romo (10 años), todos en calidad de autores de secuestro calificado. Las condenas habían sido dictadas por el juez Alejandro Solís en la causa Villa Grimaldi, el pasado 14 de mayo de 2004.

 

Estudiantes: ¿el despertar de un largo letargo?

PLANTEAMIENTOS

Una sociedad está enferma si deja de cuestionarse e interrogarse a sí misma. Gracias a los jóvenes secundarios podemos ahora de nuevo percibir que quizás estemos vivos como sociedad. Lo cual no es poco.

Pablo Salvat

Filósofo de la U. Alberto Hurtado

Es más que eso... Mirando las imágenes, siguiendo las palabras de los jóvenes secundarios, es como si la esperanza volviera a alzar su vuelo. Corre un cierto escalofrío, en muchos de nosotros, cuando los ve correr alegres y desenvueltos creyendo que sí, que también pueden ser actores de la marcha y el destino del país, de su propio país. Con su accionar, sorpresivo para la mayoría, muestran que no comparten el leit motiv de que se hace todo para ellos pero -claro- sin ellos. Cuando las elites de poder y económicas creían que ya buena parte de la sociedad y sus expresiones estaban adormecidas y aletargadas en la forzada aprobación del modelo de sociedad, este renacido movimiento estudiantil -que emerge cuando menos se esperaba-, tiene la capacidad de poner sobre la mesa educacional una discusión sobre la legitimidad de decisiones y leyes adoptadas, unas, en las postrimerías del régimen militar, otras, después.

La interrogación deliberante sobre la legitimidad normativa no afecta sólo lo sucedido con la educación. Por primera vez, podemos comenzar a interrogar la marcha de la previsión, la salud o el medio ambiente, las riquezas básicas, entre otros. Muchos años han tenido que pasar para poder confrontar el modelo con algún ideario de igualdad, justicia o solidaridad -aunque sea poco claro o elaborado conceptualmente- y no sólo con su eventual eficacia o eficiencia.

El disciplinamiento y control social vía necesidad de sobrevivencia en el mercado -además, por cierto, de la ausencia de voluntad de las elites-, aparentaban que todo se hacía acorde con la naturaleza de las cosas. Que no se podía ir contra ella. Hemos vivido todo este tiempo bajo una naturalización de lo económico y lo social, del mismo orden de la sociedad. Esa naturalización lo hace aparecer como ineluctable, inamovible, so pena de sufrir las penas del infierno a quienes lo intentaren. ¡Qué visión más alejada del significado y sentido de la política y la democracia misma! ¡No basta con la representación al estilo clásico, con probidad, rendición de cuentas y transparencia!

Parte de la crisis actual de la política, no sólo en este lugar del mundo, está ligada con la crisis de representación. ¿Acaso no nos percatamos del cuestionamiento constante a la labor de las elites políticas? ¿De que se percibe un desfase entre las demandas ciudadanas y las que están dispuestas a admitir y procesar la elite politica? ¿De que muchas veces ellas aparecen más inquietas en no desagradar a los llamados poderes fácticos que en hacerse eco de manera cabal de las necesidades y anhelos ciudadanos? Entonces, no basta con atenerse al actual modelo de representación. Lo ocurrido ahora con los secundarios pone de manifiesto los problemas de funcionamiento de nuestra propia política democrática. Por esto, aparece como errada la reacción gubernamental que ve estos sucesos como expresión de un mero “gallito” de fuerzas.

La representación es muy relevante, pero hoy insuficiente. Los ciudadanos demandan ser escuchados, que su palabra pública tenga cabida en las decisiones de sus elegidos. Piden trascender una democracia delegativa y encaminarse hacia una más ciudadana. Los técnicos y expertos están para viabilizar sueños, esperanzas y necesidades del soberano autoorganizado; éste fija las finalidades mediante procesos de argumentación y deliberación abiertos, participados y en igualdad de condiciones.

Una democracia requiere de una sociedad viva y activa para asentarse. Porque la democracia (no hay que olvidarlo), fue una creación, desde los griegos, basada en la idea de que una colectividad es capaz de autoinstituirse y autogobernarse. Como sostenía Cornelius Castoriadis, una sociedad está enferma si deja de cuestionarse e interrogarse a sí misma, no sólo en sus expresiones parciales, sino a nivel de sus fundamentos y finalidades. Gracias a los jóvenes secundarios podemos de nuevo percibir que quizás estemos vivos como sociedad. Lo cual no es poco.

SENADOR JOVINO NOVOA CULPA AL GOBIERNO POR CRISIS

UDI rechaza cambio a la LOCE y privilegia libertad de enseñanza

El presidente del gremialismo oficializó ayer la posición de su partido
respecto del conflicto estudiantil y precisó que la colectividad
opositora NO respaldará ningún cambio que signifique alterar la "libertad de
enseñanza" o marginar a los municipios, protegiendo así la última ley
que promulgó la dictadura.

Por IVONNE TORO A. - La Nación.cl

"No vamos a aceptar ninguna modificación o reforma legal que vaya en
contra de la libertad de enseñanza, que es un valor que nosotros
consideramos fundamental", advirtió ayer el senador Jovino Novoa, en lo que fue
la oficialización de que la colectividad opositora no está dispuesta a
alterar el núcleo de la polémica Ley Orgánica Constitucional de
Educación (LOCE), ya que el timonel de la UDI también se declaró contrario a
que los municipios sean excluidos como administradores de la instrucción
pública. Estos dos puntos son precisamente parte de las materias de
fondo que incluye el pliego estudiantil y que requieren los votos de la
derecha, ya que la LOCE para ser modificada en el Congreso necesita de
quórum calificado, algo que, deslizó Novoa en sus declaraciones, no se
logrará.

El parlamentario adelantó que su tienda va "a aprobar todos los cambios
legislativos que tengan por objeto asegurar una mejor calidad,
fiscalizar que las normas sobre calidad se cumplan y establecer estímulos para
el desarrollo de proyectos educacionales", pero que en ningún caso se
prestará para desestructurar la normativa que da sustento a la
existencia de la educación particular.

RESPONSABILIDAD

Dijo que "hay unos puntos muy específicos referidos a la PSU y al pase
escolar que está en manos del Gobierno resolver de inmediato" y que en
las materias de discusión más profunda -que deben ser analizadas en el
Parlamento- la solución es perfeccionar los mecanismos de control de
calidad y duplicar la subvención fiscal porque, concluyó, la UDI no
quiere "la misma educación para todos", sino "la mejor educación para
todos".

En la derecha hay coincidencia en torno a que, en la práctica, el
núcleo de la LOCE debe mantenerse inalterable, ya que en RN el senador
Andrés Allamand también ha propuesto maquillar la normativa, sin concretar
ninguna intervención contundente, y ha afirmado que cualquier
alternativa al texto legal debe emanar del Ejecutivo, dejando de lado, en este
debate, la agenda paralela que la oposición prometió tener durante el
mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

Novoa manifestó una actitud similar y responsabilizó a la Concertación
de no haber promovido una cirugía mayor a esta ley y explicó que el
proyecto que se presentó en 1992 nunca tuvo urgencia, en rigor porque la
derecha no reveló intenciones de entrar al debate, y que incluso fue
archivado por el Gobierno del ex Presidente Eduardo Frei, con lo que restó
validez a que su sector sea también responsable de la situación de la
enseñanza que provocó el estallido escolar.

El punto es que si hoy se abordara una reforma a la LOCE, no
prosperaría porque el representante por Santiago Poniente expresó que la UDI va
"a pelear porque la libertad de enseñanza siga siendo fundamental en
Chile y que las personas teniendo mayores recursos, porque las
subvenciones tienen que aumentar, puedan acceder a establecimientos con proyectos
educativos claros, con proyectos educativos que sean diversos". Con
ello la UDI puso sus votos en contra de que se deroguen las reglas del
juego emanadas de la dictadura que los secundarios califican como la causa
de la escandalosa diferencia en los resultados que obtienen los alumnos
de establecimientos privados y los públicos.

QUIÉN GESTIONA

En cuanto a que el Estado sea el articulador de la educación, Novoa
sostuvo que "el problema de quién gestiona no es lo central". A su juicio
es un error decir que "la educación está mal porque las leyes están
mal, la educación está mal porque quien tiene la responsabilidad y las
facultades principales para gestionar la educación, que es el Ministerio
de Educación, no ha cumplido sus funciones".

Ratificando esta visión, el senador UDI Jaime Orpis acotó que "hay que
hacer un cambio mayúsculo" para mejorar la calidad de la educación,
pero sostuvo que "el tema de la centralización no resuelve el asunto".

"Un sistema centralizado no asegura mejor calidad, sino que una
administración descentralizada, donde los padres tengan más injerencia, ha
dado muestras de ser mejor. Hay que hacer una evaluación profunda para
buscar la mejor fórmula de gestión", dijo el parlamentario.

Así la UDI marcó los límites de las reformas a las que pueden aspirar
los estudiantes y el Gobierno, fronteras que salvaguardan los tópicos
centrales de la LOCE.

Estudiantes: ¿el despertar de un largo letargo?

La Nación / Opinión
Pablo Salvat
Filósofo de la U. Alberto Hurtado

Es más que eso... Mirando las imágenes, siguiendo las palabras de los
jóvenes secundarios, es como si la esperanza volviera a alzar su vuelo.
Corre un cierto escalofrío, en muchos de nosotros, cuando los ve correr
alegres y desenvueltos creyendo que sí, que también pueden ser actores
de la marcha y el destino del país, de su propio país. Con su accionar,
sorpresivo para la mayoría, muestran que no comparten el leit motiv de
que se hace todo para ellos pero -claro- sin ellos. Cuando las elites
de
poder y económicas creían que ya buena parte de la sociedad y sus
expresiones estaban adormecidas y aletargadas en la forzada aprobación
del modelo de sociedad, este renacido movimiento estudiantil -que
emerge
cuando menos se esperaba-, tiene la capacidad de poner sobre la mesa
educacional una discusión sobre la legitimidad de decisiones y leyes
adoptadas, unas, en las postrimerías del régimen militar, otras,
después.

La interrogación deliberante sobre la legitimidad normativa no afecta
sólo lo sucedido con la educación. Por primera vez, podemos comenzar a
interrogar la marcha de la previsión, la salud o el medio ambiente, las
riquezas básicas, entre otros. Muchos años han tenido que pasar para
poder confrontar el modelo con algún ideario de igualdad, justicia o
solidaridad -aunque sea poco claro o elaborado conceptualmente- y no
sólo con su eventual eficacia o eficiencia.

El disciplinamiento y control social vía necesidad de sobrevivencia en
el mercado -además, por cierto, de la ausencia de voluntad de las
elites-, aparentaban que todo se hacía acorde con la naturaleza de las
cosas. Que no se podía ir contra ella. Hemos vivido todo este tiempo
bajo una naturalización de lo económico y lo social, del mismo orden de
la sociedad. Esa naturalización lo hace aparecer como ineluctable,
inamovible, so pena de sufrir las penas del infierno a quienes lo
intentaren. ¡Qué visión más alejada del significado y sentido de la
política y la democracia misma! ¡No basta con la representación al
estilo clásico, con probidad, rendición de cuentas y transparencia!

Parte de la crisis actual de la política, no sólo en este lugar del
mundo, está ligada con la crisis de representación. ¿Acaso no nos
percatamos del cuestionamiento constante a la labor de las elites
políticas? ¿De que se percibe un desfase entre las demandas ciudadanas
y
las que están dispuestas a admitir y procesar la elite politica? ¿De
que
muchas veces ellas aparecen más inquietas en no desagradar a los
llamados poderes fácticos que en hacerse eco de manera cabal de las
necesidades y anhelos ciudadanos? Entonces, no basta con atenerse al
actual modelo de representación. Lo ocurrido ahora con los secundarios
pone de manifiesto los problemas de funcionamiento de nuestra propia
política democrática. Por esto, aparece como errada la reacción
gubernamental que ve estos sucesos como expresión de un mero “gallito”
de fuerzas.

La representación es muy relevante, pero hoy insuficiente. Los
ciudadanos demandan ser escuchados, que su palabra pública tenga cabida
en las decisiones de sus elegidos. Piden trascender una democracia
delegativa y encaminarse hacia una más ciudadana. Los técnicos y
expertos están para viabilizar sueños, esperanzas y necesidades del
soberano autoorganizado; éste fija las finalidades mediante procesos de
argumentación y deliberación abiertos, participados y en igualdad de
condiciones.

Una democracia requiere de una sociedad viva y activa para asentarse.
Porque la democracia (no hay que olvidarlo), fue una creación, desde
los
griegos, basada en la idea de que una colectividad es capaz de
autoinstituirse y autogobernarse. Como sostenía Cornelius Castoriadis,
una sociedad está enferma si deja de cuestionarse e interrogarse a sí
misma, no sólo en sus expresiones parciales, sino a nivel de sus
fundamentos y finalidades. Gracias a los jóvenes secundarios podemos de
nuevo percibir que quizás estemos vivos como sociedad. Lo cual no es
poco.

ESTE ES ELO ASESINO DE VICTOR JARA

EDWIN DIMTER BIANCHI, ALIAS "EL PRINCIPE"

ESTÁS FUNAO ES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

SE DESEMPEÑA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSTITUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE AFP

OFICINA: HUÉRFANOS 1273 EMAIL: [e-mail]

TELEFONOS: 7530400- 7530401POR

LA MEMORIA DE VICTOR JARA¡¡SI NO HAY JUSTICIA !!¡¡HAY FUNA!! 

EN MINISTERIO DEL TRABAJO "FUNAN" A SINDICADO POR CRIMEN DE VICTOR JARA

Agencia Mundo Posible.

 Santiago, 25 de Mayo del 2006.- Una masiva acción de denuncia realizó la denominada Comisión Funa, en contra del ex teniente del Ejército y actual funcionario de la superintendencia de AFP, Edwin Dimter Bianchi, alias "El Principe", quien ha sido sindicado como el autor material de las torturas y muerte de Víctor Jara. La acción se realizó en el edificio del Ministerio del Trabajo, donde un grupo de 15 personas, incluyendo a la hija del artista, Amanda Jara, subieron hasta el piso 14 para abordar al ex militar, produciéndose un enfrentamiento directo. Luego de que el denunciado comenzara a gritar pidiendo auxilio e intentando agredir a los "funeros" que sólo hicieron entrega de afiches y volantes a los compañeros de trabajo de Dimter con el objeto de dar a conocer sus antecedentes. Edwin Dimter Bianchi, con el grado de teniente, formó parte de los militares sublevados en el llamado "tanquetazo" del 29 de junio de 1973, en contra del gobierno de la Unidad Popular, en el cual resultaron muertas veinte personas, entre ellas el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, hechos por los que fue detenido junto al teniente coronel Roberto Souper y el teniente Raúl Jofré, con quienes inmediatamente después del golpe fue enviado a custodiar prisioneros al Estadio Chile. A cargo de este recinto, existen numerosos testimonios, incluso judiciales, que dan cuenta de que estos oficiales y en especial Dimter, quien se hacía llamar "El Principe" sometieron a horrorosas torturas a los prisioneros, entre ellos el compositor y actor, Víctor jara, quien según testigos, fue requerido personalmente por Dimter para ser torturado, luego de lo que se le vió agonizante en un pasillo del estadio y posteriormente fue asesinado con 48 disparos.

Luego de cumplir con la actividad, cuyo fin declarado es buscar la "sanción social" de quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos y no han recibido penas a través de los tribunales, debido a la aplicación de la amnistía o prescripción, los activistas repartieron volantes y afiches con los antecedentes en el sector de Ahumada y Huérfanos, realizando una acción de arte en las puertas del ministerio del Trabajo.

Sobre las responsabilidades del Patio 29

La Nación, Viernes 26 de Mayo de 2006

El IML dijo que la lista que mostró Sergio Diez ante la ONU en 1976 no emanaba del servicio. Era una falsificación. Hoy está la gran ocasión para que Diez dé cuenta de esto. Roberto Garretón El debate y las acusaciones a los gobiernos constitucionales en torno a las responsabilidades por los probables errores en la identificación de personas encontradas en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, que incluso autorizaron a un ex ministro de la dictadura a proclamar un grotesco empate moral entre pinochetistas y demócratas, olvidan dos hechos esenciales: primero, todas las víctimas fueron asesinadas (ninguna cayó en un combate o por accidentes del tránsito ni de muerte natural, como fue y es el discurso del pinochetismo desde 1973 hasta hoy y como será mañana); y, segundo, los crímenes estuvieron cubiertos por campañas de ocultamiento y encubrimiento con medios periodísticos y diplomáticos. Las dos más graves fueron los montajes para engañar a la ONU y la conocida como el caso de los 119. Me referiré a la primera. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU de 1976 el embajador de la dictadura Sergio Diez (actual presidente de RN) afirmó que en las listas de desaparecidos "hay 153 (nombres), además, que no tienen existencia" y que el Registro Civil "ha confirmado que estas 153 'presuntas' (sic) personas son combinaciones de nombres y apellidos supuestos, que no están en los registros y que no tienen familia, y sobre quienes nadie en Chile ha preguntado responsablemente". Agrega que "hay 64 personas de la listas de esos desaparecidos que están muertos, legalmente muertos, y que murieron casi en su totalidad, en los días siguientes al 11 de septiembre; y también, además por causas naturales o por accidente (tránsito, etc.). En la página 381 del informe (su informe) está la lista entregada por el Instituto Médico Legal, con la fecha y la hora en que esas personas fueron entregadas al Instituto Médico Legal". Para ocultar el crimen de las 153 víctimas del primer grupo, Diez acompañó certificados del Registro Civil que expresan que las personas a que se refieren efectivamente no existen. El detalle está en que en los certificados el nombre del desaparecido tiene algún leve cambio, absolutamente inapreciable por los delegados de los otros países. Así por ejemplo, para demostrar que nunca existió el desaparecido o asesinado Sergio Tormen, famoso campeón chileno de ciclismo, cuya identificación completa es Sergio Daniel Tormen Méndez, Diez acompañó un certificado de la inexistencia de Sergio Manuel Tormen Méndez. Éste último, claro, no existe. Según el embajador, tampoco "existieron" Sergio Fernando Fernández Pavez, ni Luís Carlos Jiménez Cortéz (Cortés), ni Luis Alejandro Largo (Larco) Vera, ni Ricardo López Elgueda, ni Jorge Manuel Pavez Henríquez (Enrique), ni Simón Eladio (Eludio) Sánchez Pérez, ni Héctor Daniel (David) Urrutia Molina. Sin embargo, sus cadáveres aparecieron en el Patio 29. Diez "informa" que los cadáveres de José Ignacio Castro Maldonado, Luís Rodolfo Lazo Maldonado, Carlos Fonseca Faúndez y Juan Gallegos Gallegos habrían ingresado al IML con los Nºs 3348; 3467; 2923 y 3395, respectivamente, entre el 21 de septiembre y el 26 de octubre de 1973. Pero sus cuerpos fueron inhumados como NN y se encontraron años después en el Patio 29. Pero lo más grave es que el Instituto Médico Legal de la época informó que la lista que acompañó Diez no emanaba de ese servicio, por lo que se trataba de una falsificación. Nunca Diez ha dado cuenta de esta acción incalificable. Hoy, está la gran oportunidad para que por fin lo haga: sería impresentable que la recién constituida comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre eventuales errores técnicos en la identificación de los restos de desaparecidos y asesinados no soslayara la responsabilidad de los que participaron en operaciones destinadas a ocultar estos atroces crímenes. Saber si Diez actuó solo o con otros; quiénes son los otros (porque esos otros sí que saben dónde dejaron los restos de sus víctimas); quién falsificó los documentos que las autoridades del IML de 1975 ¡sí, las de Pinochet! dijeron que no emanaban de ese servicio; cómo llegaron a su poder, y tantas cosas que aún permanecen en las sombras tenebrosas de un régimen siniestro, pero del que mu chos están "agradecidos". Si así no lo hace, la comisión habrá aumentado el dramático abismo que separa a la clase política de la clase de los ciudadanos y ciudadanas. Y los seguidores de la dictadura seguirán diciendo que no hay diferencias éticas entre ellos y nosotros, los que nunca colaboramos.

Copyright © 2003, Empresa Periodística La Nación S.A.

Roberto Garretón
Abogado
Ahumada 312, oficina 306
Santiago-Chile
Telef. 56.2.6960427
Celular: 56.(0).9.0152265
Fax: [phone]
Correo: [e-mail]

Gobierno compromete urgencia a proyecto de ley para votos de chilenos en el exterior

Agencias

El gobierno le dará urgencia simple al proyecto de ley que le otorga derecho a votos de los chilenos residentes en el exterior, según informó hoy la gestora de la iniciativa la diputada del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, luego de una reunión que tuvo con la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso.

Fue la propia Presidenta Michelle Bachelet quien en el discurso del 21 de mayo hizo un llamado a los parlamentarios para otorgarles este derecho.

"Señores y señoras parlamentarios: ¿por qué no nos ponemos de acuerdo de una vez por todas y le damos derecho a voto a los miles de chilenos que viven en el exterior?", exclamó la gobernantes ante el Congreso pleno el domingo pasado.

"Nosotros estamos convencidos que es un derecho; lo hacen todas las democracias modernas. Sé que la comunidad chilena tiene mucha esperanza en esto y nos ha parecido muy importante que la Presidenta lo haya planteado en su mensaje y eso me motivó a conversar con la ministra (Veloso)", admitió Allende.

No obstante, la parlamentaria del PS explicó que la secretaria de Estado, pese a comprometerse a ponerle urgencia simple, dijo que aún hay que ver la agenda legislativa y una indicación al proyecto, que se refiere al financiamiento y costo de la moción, y que modificaría la ley de Votaciones y Escrutinios.

Aunque la diputada aclaró que éste tendría un costo menor, puesto que los chilenos en el exterior votarían en consulados y embajadas, reconoció que "hay que ser rigurosos" para que no haya oposición por ese concepto.

Asimismo, mostró su confianza que la segunda semana se junio se podrá discutir en la comisión respectiva e hizo un llamado a los parlamentarios de la Alianza para respaldar la iniciativa, ya que necesita de tres quintos de los votos para su aprobación.

"Estoy convencida que si en algún momento hubo parlamentarios, sobre todo de la oposición, que se opusieron a este tema y a este derecho, hoy deberían reconsiderarlo y entender que todas las democracias modernas lo hacen, todas la democracias integran a sus comunidades", concluyó Allende.

Según el censo efectuado el año pasado por el Gobierno, en la actualidad residen en el extranjero 857.781 personas.

De ese total, un 56, 8 por ciento son nacidas en Chile y un 43,2 en el exterior.

Gobierno compromete urgencia a proyecto de ley para votos de chilenos en el exterior

Agencias

El gobierno le dará urgencia simple al proyecto de ley que le otorga derecho a votos de los chilenos residentes en el exterior, según informó hoy la gestora de la iniciativa la diputada del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, luego de una reunión que tuvo con la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso.

Fue la propia Presidenta Michelle Bachelet quien en el discurso del 21 de mayo hizo un llamado a los parlamentarios para otorgarles este derecho.

"Señores y señoras parlamentarios: ¿por qué no nos ponemos de acuerdo de una vez por todas y le damos derecho a voto a los miles de chilenos que viven en el exterior?", exclamó la gobernantes ante el Congreso pleno el domingo pasado.

"Nosotros estamos convencidos que es un derecho; lo hacen todas las democracias modernas. Sé que la comunidad chilena tiene mucha esperanza en esto y nos ha parecido muy importante que la Presidenta lo haya planteado en su mensaje y eso me motivó a conversar con la ministra (Veloso)", admitió Allende.

No obstante, la parlamentaria del PS explicó que la secretaria de Estado, pese a comprometerse a ponerle urgencia simple, dijo que aún hay que ver la agenda legislativa y una indicación al proyecto, que se refiere al financiamiento y costo de la moción, y que modificaría la ley de Votaciones y Escrutinios.

Aunque la diputada aclaró que éste tendría un costo menor, puesto que los chilenos en el exterior votarían en consulados y embajadas, reconoció que "hay que ser rigurosos" para que no haya oposición por ese concepto.

Asimismo, mostró su confianza que la segunda semana se junio se podrá discutir en la comisión respectiva e hizo un llamado a los parlamentarios de la Alianza para respaldar la iniciativa, ya que necesita de tres quintos de los votos para su aprobación.

"Estoy convencida que si en algún momento hubo parlamentarios, sobre todo de la oposición, que se opusieron a este tema y a este derecho, hoy deberían reconsiderarlo y entender que todas las democracias modernas lo hacen, todas la democracias integran a sus comunidades", concluyó Allende.

Según el censo efectuado el año pasado por el Gobierno, en la actualidad residen en el extranjero 857.781 personas.

De ese total, un 56, 8 por ciento son nacidas en Chile y un 43,2 en el exterior.