¿Qué ocurre en el país llamado Chile? (I)

Por Ernesto Carmona*

La protesta contra el gobierno neoliberal de la socialista Michelle Bachelet convocada el miércoles por la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) mostró las contradicciones del país propagandeado como un modelo triunfante de capitalismo agresivo para el mundo subdesarrollado. En la víspera de lo que terminó en un paro virtual, muchos personajes del poder, como el ministro vocero del gobierno Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente homónimo, se declararon "enemigos" del neoliberalismo, aunque contrarios al llamado de la Cut.

El Partido Socialista, a través de su máximo jefe, el senador Camilo Escalona, también proclamó su apoyo a la "Jornada Nacional de Movilización y Acción Social" convocada por la organización de los trabajadores. El liderazgo de la CUT no llamó abiertamente a un "paro nacional", como insinuaron algunos medios de comunicación, sino que convocó a "diversas acciones de movilización y acción sindical", tales como "atrasos colectivos al trabajo, a realizar cuchareos y viandazos, a organizar actos para dar a conocer nuestras demandas y entonar el Himno Nacional antes de entrar a los hospitales, colegios, reparticiones publicas, fabricas, centros industriales y mineros", todo esto bajo "la consigna; ¡No al neoliberalismo! A conquistar un estado social, democrático y solidario". Los trabajadores que se "atrasaron" para manifestar no asistieron a sus trabajos, en gran parte debido a la feroz represión policial ordenada por Bachelet y su gobierno.

Así como el principal partido de la coalición gobernante, el PS, apoyó la protesta contra el gobierno del que forma parte, lo mismo hizo el Partido por la Democracia (PPD), pero la representante del ministerio del Interior en el Región Metropolitana, la intendenta PPD de Santiago Adriana Delpiano, dirigió la represión contra los disidentes que manifestaron en la capital, con un balance de 670 detenidos. "De las tres querellas presentadas por la Intendencia, se logró detención preventiva para uno de los imputados y medidas cautelares para los dos restantes", proclamó el jueves ese órgano gubernamental.

El 18 Brumario del neoliberalismo chilensis

Es increíble cómo altos personeros del modelo chileno hoy reniegan del capitalismo neoliberal que administran ellos mismos en este país. José Miguel Insulza, ex ministro de estado, ex vicepresidente, secretario general de la OEA y a la vez pre candidato presidencial, dijo "no es que esté de vuelta el populismo, está de vuelta el Estado", en una polémica con el economista de derecha Felipe Larraín sobre la desigualdad del ingreso en Chile y la escasez de fondos públicos para mejorar la salud, la educación y la vivienda. Insulza dijo que hoy existe incertidumbre ante el futuro luego que en las últimas décadas se desmantelaran los modelos de mayor protección social. "Y la respuesta no está en los años 80 o 90, porque a América Latina le fue más mal que en las décadas anteriores y el denostado modelo de la CEPAL produjo más crecimiento que el modelo neoliberal", añadió Insulza.

Aunque sólo sea por razones de sobrevivencia, lo cierto es que las cúpulas políticas hablan hoy abiertamente de una reforma tributaria para enfrentar la desigualdad, mientras Bachelet puso en marcha una "comisión" de 48 miembros cuyo trabajo se teme que podría ser un tributo más al discurso esotérico, ya que sus distinguidos miembros son los principales responsables teóricos y prácticos de la desigualdad.

De cualquier manera, pareciera que en el Chile gobernado por Bachelet se hubiera desatado por fin la temida "lucha de clases" reprimida por 17 años de dictadura más otros 17 años de administración civil y de "izquierda" del modelo económico implantado por los militares. Las manifestaciones del miércoles dejaron al desnudo las contradicciones de los nuevos mayordomos del sistema económico, o sea, la alianza de partidos "de izquierda" y democratacristianos que gobiernan la nación que la propaganda mundial del capitalismo presenta como país modelo. Por ejemplo, no se consideran expresiones de la "lucha de clase" el sometimiento pasivo a los bajos salarios de los trabajadores subcontratados por terceros, sin prestaciones sociales, de salud o previsionales, ni la exportación de mano de obra barata incorporada a los productos primarios de bajo o nulo valor agregado, como los vegetales y frutas adquiridos a "precio competitivo" en los mercados externos gracias al trabajo semi esclavo de las temporeras.

La protesta popular del miércoles fue gatillada por los bajos salarios, las alzas de los alimentos, la carestía general de la vida y el fracaso del nuevo sistema de transporte urbano llamado Transantiago, entre otros factores que contrastan con las fabulosas ganancias de los bancos y de los grandes grupos económicos, en particular de los bancos, las grandes tiendas y las compañías extranjeras que explotan el cobre.

El doble discurso de Bachelet y su gobierno bonapartista utilizan un truco muy gastado. Primero autorizan las manifestaciones para demostrar ante el mundo que en Chile existe democracia y libertad, pero prohíben lo inevitable, por ejemplo que la gente camine por la calzada de la simbólica avenida llamada la Alameda, invocada en las últimas palabras de Allende ("algún día se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre nuevo").

Si se permiten manifestaciones sin "desbordes", los participantes deben mantenerse rígidos como estatuas en los lugares públicos autorizados. Si caminan por la calle violan el "orden público" y el "derecho de los otros ciudadanos a desplazarse en automóviles o autobuses" y por lo tanto habilitan automáticamente a los Carabineros para que inicien la violencia. Y la policía esta preparada y armada, a caballo, con carros lanza gases, lanza agua y una terrorífica indumentaria de combate que parece copiada de la Guerra de las Galaxias. Carabineros arremete contra los manifestantes y promueve los "desórdenes públicos" ahora criminalizados por el artículo 26 del nuevo Código de Procedimiento Penal. Así, el gobierno y los medios de comunicación presentan al unísono como "antisociales" a quienes protestan contra el modelo de sociedad que administran socialistas y democratacristianos. (Para criminalizar a los estudiantes se redujo la responsabilidad penal a los 14 años.). La tele no dice que los gases son tóxicos y paralizantes, sino "disuasivos" (los lacrimógenos de antaño eran inofensivos). Carabineros no reprime sino que "disuade".

Bonapartismo bacheletiano «made in Chile»

Y la represión se excede. Por ejemplo, el senador Alejandro Navarro, del mismo partido socialista de Bachelet, puso un pie en la calzada de la Alameda, en el sector Plaza Italia de Santiago, y de inmediato le cayó a golpes el teniente Manuel Rocco, de las Fuerzas Especiales de Carabineros, armado de un garrote retráctil estilo Guerra de las Galaxias. Tratándose de un senador de la República, que tiene fuero parlamentario, el garrotazo constituye una falta muy grave, pero cuando "los pacos" golpean a un ciudadano común no pasa absolutamente nada. Ayer fueron detenidos y golpeados 670 ciudadanos (as) comunes, todos presuntos (as) electores (as) de Bachelet, quienes probablemente fueron pateados (as) y maltratados (as) en los autobuses de la policía, pero la prensa y el gobierno exhiben como únicas víctimas a unos 30 carabineros lesionados. Para la prensa, el gobierno y la tele, la protesta de la Cut se redujo a "disturbios, saqueos y desmanes"...

El único socialista del gabinete de Bachelet es el ministro del Trabajo. Los principales ministros pertenecen al grupo Expansiva, que cultiva el neoliberalismo más salvaje. Por ejemplo, la actual ministra de Minería Karen Poniachik es una periodista que antes de ser secretaria de Estado entrevistó en la revista Caras a su amigo Andrés Velasco, hoy ministro de Hacienda, quien se declaró partidario abierto de privatizar cuanto antes a la empresa estatal del cobre Codelco, que controla sólo el 38% del negocio con ese mineral. Con estos personajes de Expansiva quiere dialogar la Cut. Es decir, la organización presiona para discutir con el gobierno cuestiones como el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva, reglamentar la subcontratación de trabajadores que facilita la evasión de responsabilidades sociales y previsionales a los patrones y otras banderas de la clase obrera arrebatadas por la dictadura.

Resulta simbólico que el mismo día miércoles del "paro" falleciera el hombre más rico de Chile, Anacleto Angelini, de 93 años, también uno de los más adinerados de América Latina. Y en la misma jornada se reunió por primera vez en el palacio de La Moneda la comisión que según Bachelet va a resolver la desigualdad en el país, grupo que comenzó a estudiar sus futuros aportes esotéricos para el bienestar de "todos los chilenos". Y muchos diputados (¿PS?) que quizás en la mañana manifestaron contra Carabineros, por la tarde aprobaron por un voto la "reforma previsional" que permite el ingreso de los grandes bancos nacionales y extranjeros al negocio de las pensiones privatizadas de los trabajadores, hasta ahora un coto exclusivo de las llamadas Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP). Y la presidenta cenó con la directiva de la Sociedad Nacional de Minería, el sector más próspero del empresariado debido a los altos precios del cobre en el mercado mundial.

Y en este país donde el doble discurso es la doctrina oficial del Estado y de las cúpulas políticas de todos los colores, la presidenta Michelle Bachelet se irguió por encima de las pequeñeces de la lucha de clases y, como si emulara a Bonaparte, esta vez sin hacer "pucheros", anoche dijo: "En democracia y en mi gobierno, los trabajadores siempre podrán expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Eso sí, hay un límite y yo quiero que todos lo entiendan muy bien"... Así como "la letra con sangre entra", el mejor "límite" lo fijan... "los pacos" de Bachelet.

*Ernesto Carmona - Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap)...

 

Por qué cambiar una Constitución

 La Constitución Política es la ley más importante. Debe orientar la búsqueda del bienestar y la felicidad de todos los habitantes de un país por el camino de la paz, la convivencia y el progreso.

Una norma así, que identifique y represente auténticamente a los distintos sectores de la sociedad, debiera ser una meta política, comunitaria y jurídica para todos.

Y no sólo ha de ser democrática en su contenido; también en su gestación.

La Constitución vigente en Chile desde 1980 no es democrática. Junto con negar una parte considerable y fundamental de los derechos humanos y civiles, fue gestada, redactada y aprobada durante una dictadura y bajo estado de sitio. Peor aún, los políticos que asumieron posteriormente la conducción del país, tanto desde el gobierno como desde la oposición, le introdujeron sólo reformas puntuales, parciales e insuficientes y dieron unilateralmente por terminado el proceso de transición hacia una democracia plena, manteniendo la mayoría de las arbitrariedades establecidas constitucionalmente.

Producto de ello, los chilenos del siglo XXI vivimos en un país atrozmente desigual, injusto, temeroso del pasado, devoto de las cosas y las cifras, sin alternativas políticas ni avance socioeconómico y con una estabilidad sólo aparente, fundada en la apatía de gran parte de la población privada de derechos esenciales.

Pero el único facultado para declarar cerrada o no una etapa de su historia son el propio pueblo, soberano y principal afectado por la deuda política. Diecisiete años son suficientes para madurar, reconociendo lo bueno y lo malo, y decidir por sí mismo el camino hacia el futuro.

Y en esa ciudadanía mayoritaria ha surgido hoy una propuesta concreta de cambio.

Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, un nuevo movimiento impulsado por personas en general sin connotación pública, está llamando, organizando y ejecutando una campaña nacional destinada a exigir a las autoridades políticas que, disponiendo las medidas necesarias, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente cuyos miembros redacten una nueva Constitución Política del Estado, una que represente genuinamente los intereses, necesidades y sueños de todos los chilenos, residentes dentro y fuera del territorio.

Una Asamblea Constituyente, organismo colegiado y de integrantes elegidos por la propia ciudadanía, es el único procedimiento que garantiza una representación fidedigna de todo el pueblo chileno.

¿Cómo es posible hacer escuchar por fin nuestra voz? Mediante dos acciones sencillas y pacíficas, pero rotundas:

1. Marcar el voto en las próximas elecciones escribiendo en él CONSTITUCION DEMOCRATICA AHORA (después de indicar un candidato para no invalidarlo).

2. Firmar un registro público de adherentes, para quienes no estén inscritos o prefieran lo tradicional.

Quienes adherimos estamos seguros de que proponiendo y actuando por una nueva Constitución Política para Chile, realmente democrática, a través de una Asamblea Constituyente, nos estamos dando nosotros mismos, todos los chilenos -adultos, jóvenes y por venir- la esperanza de un país más digno de vivir y querer.

Publicado por Austral en 15:10  

Etiquetas: 1. Proclama

I. Promover o restringir

 El carácter de la Constitución que rige Chile se nota al primer vistazo: apenas menciona democracia, pueblo, derechos humanos, dignidad; alude magramente a participación social e integración comunitaria; restringe la política y evita referirse a sectores como los indígenas, la mujer y los jóvenes. Sus términos favoritos son deber y seguridad nacional.

Chile y Colombia comparten inversamente dos grandes paradojas: este último país, azotado por una permanente violencia paramilitar y guerrillera, luce sin embargo una Constitución Política sorprendentemente democrática; el nuestro, en cambio, parece vivir pacíficamente con una Carta Fundamental que restringe los propios derechos que establece.

De ahí que los impulsores del actual llamado a una asamblea constituyente para Chile reconozcan en la norma colombiana una de sus principales fuentes de inspiración para lo que debieran ser, en un país democrático, las reglas básicas, consensuadas y genuinamente representativas de los derechos y deberes de todos sus habitantes (más allá de que éstos, según sus capacidades e intereses, pudieran convertirlas en realidad o bien en letra muerta).

La Constitución Política que rige Colombia desde 1991 fue redactada por una asamblea constituyente impulsada por jóvenes universitarios y conformada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes, indígenas, grupos de izquierda, guerrilleros desmovilizados y minorías religiosas, además de liberales, conservadores y representantes de los poderes tradicionales.

La actual Carta Fundamental de Chile, a su vez, fue diseñada por un grupo de políticos de derecha incondicionales de una dictadura, durante el período más feroz de ésta y aprobada en 1980 a través de un plebiscito sin garantías de votación limpia e informada ni de transparencia en los escrutinios. Así, entre otras disposiciones, los votantes aceptaron, junto con una serie de derechos nominales, un Consejo de Seguridad Nacional con decisión política y mayoría militar, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas -Pinochet incluido-, un Senado con más del 20 por ciento de sus miembros designados por otras autoridades y un artículo transitorio que negaba expresamente parte de los propios derechos establecidos en ella.

Las leyes orgánicas constitucionales aprobadas a continuación por la Junta Militar de Gobierno se encargaron de complementarla y añadir restricciones, siendo una de las peores la que limitó a dos los cupos de legisladores por área electoral, lo que excluyó del Parlamento a toda fuerza política que no obtuviera la primera o segunda mayoría. Una "democracia protegida", como la llamaron sus creadores y adherentes, cuyas normas fueron sucesivamente reformadas a partir de 1989, aunque lejos de quitarle el apellido y el espíritu original.

Para quienes no se quieren dar el trabajo de leerlas, aquí comparo algunos preceptos esenciales de ambas normativas, la chilena y la colombiana, actualizadas a 2005. La diferencia de intenciones y sentido resulta evidente. (No es un análisis jurídico, por supuesto, pero en mi descargo cabe recordar que las Constituciones están hechas -o debieran estarlo- para ciudadanos comunes en actividades corrientes y no para ilustres juristas en elevados estudios).

De partida, en extensión, la Constitución colombiana es el triple de la chilena -380 artículos permanentes y 61 transitorios, contra 129 y 20, respectivamente-, lo que mantiene fiel correspondencia con la amplitud y variedad de los temas que trata y los sectores sociales que incorpora.

Comienza con un solemne y emotivo Preámbulo:

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia.

En su artículo primero, sobre los Principios Fundamentales, declara inequívocamente:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La Constitución chilena, en cambio, parte directamente con las Bases de la Institucionalidad y, en su artículo cuarto, señala escuetamente:

"Chile es una república democrática".

Más adelante, se acentúan las diferencias. Al referirse al elemental concepto de soberanía, la norma colombiana, en su artículo tercero, precisa:

La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

La chilena habla de Nación, en su artículo quinto, y agrega algunos preceptos que hacen más compleja la idea:

"La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

Y ya en su artículo séptimo, la Constitución colombiana establece una garantía fundamental inexistente en su par chilena:

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Publicado por Austral en 15:09  

Etiquetas: 2. Fundamentos

II. Confiar o temer

 Las contradicciones de quienes redactaron la Constitución de 1980 están resumidas en el número 15 del artículo 19, sobre el derecho a asociación: una solitaria y lacónica frase dice garantizar el pluralismo político pérdida entre prohibiciones y advertencias.

Los países se componen tanto de instituciones como de ciudadanos, por lo cual el grado de equidad que una Constitución logra al respecto define en gran medida su apego a la democracia. Es útil observar, por ejemplo, los títulos y capítulos en que está dividida para apreciar de partida qué amplitud de visión y criterio políticos y sociales han inspirado a sus redactores.

a Carta Fundamental colombiana parte por los derechos del ciudadano y los describe individual y detalladamente, distinguiéndolos en fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y ambientales. Habla también y específicamente de su protección y aplicación, así como de las formas de participación democrática, de un estatuto de garantías para la oposición, organismos de control fiscalizador, régimen económico y de la hacienda pública, y finalidad social del Estado y de los servicios públicos, entre otros ámbitos.

La Constitución de Chile, en cambio, fuera de ser incomparablemente restrictiva, prefiere y se centra en la formalidad burocrática. Comienza por las bases de la institucionalidad y sólo en el capítulo tercero aparecen los "derechos y deberes constitucionales", así, juntos e inseparables. A continuación describe el gobierno, el Congreso, el poder judicial y otras instituciones.

Cómo enfrentan la participación social

La Constitución de Colombia detalla, capacita y estimula la participación de la ciudadanía en la política y la vida social del país:

"La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. (...) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. (...)". (Artículo 95, número 5).

"Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (de los elegidos). (...)". (Artículo 103).

"Podrán presentar proyectos de ley, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del censo electoral existente en la fecha respectiva o el quince por ciento (15%) de los concejales o diputados del país. (...) Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite". (Artículo 155).

"Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral podrá solicitar ante la organización electoral la convocación a un referendo para la derogatoria de una ley. (...)". (Artículo 170).

La chilena, en contrario, es parca, aprensiva y mezquina:

"La Constitución asegura a todas las personas: (...) El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". (Artículo 19, número 14).

Una de sus disposiciones más insólitas lleva el número 15 del artículo 19, sobre el derecho a asociación, que se anticipa a restringir y conminar más que a conceder y habilitar. Lo cito, por ello, in extenso (las negritas, como los paréntesis, son mías):

"La Constitución asegura a todas las personas: (...) El derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional. La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia".

Publicado por Austral en 15:08  

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III. Promover y confiar

 ¿No debería una Constitución democrática garantizar específicamente los derechos de las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores y los indígenas? ¿Y hablar con entusiasmo sobre dignidad, protección, equidad, preservación, probidad, amparo, solidaridad y buena vecindad?

La actual Constitución Política de Chile atenúa, minimiza, posterga para el trámite legislativo o, simplemente, no menciona diversos derechos y aspiraciones inherentes al ser humano y la sociedad democrática. Entre ellos están los que hablan específicamente de cada sector de la población, así como de las condiciones básicas del sistema económico, la protección institucional de las personas, la forma justa tanto de elegir autoridades políticas como de revocar su mandato, la preservación del ambiente, los derechos fundamentales ante la seguridad interior y la buena relación con las naciones vecinas.

He aquí la comparación final de esta serie.

Derechos de la mujer

"La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia". (Artículo 43 de la Constitución de Colombia).

Los niños

"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (...) Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". (Artículo 44).

Los jóvenes

"El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud". (Artículo 45).

Adultos mayores

"El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia". (Artículo 46).

Las etnias

"(...) Los pueblos indígenas y grupos étnicos podrán elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial, previa concertación comunitaria interna, planes de desarrollo o de vida o modelos de economía acordes con sus usos, costumbres y valores culturales propios, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República y que estén orientados preferencialmente a su reconstrucción económica, social, cultural y ambiental". (Artículo 339).

La Constitución chilena sólo dice que el hombre y la mujer son "iguales ante la ley" (artículo 19, número 2) y no se refiere individualmente a otros sectores específicos de la población.

Economía libre, pero solidaria

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". (Artículo 333 de la Constitución de Colombia).

"(...) El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en especial las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones". (Artículo 334).

La Constitución chilena asegura puntualmente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional y respete las normas legales que la regulen (artículo 19, número 21).

Trabajo digno

"El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (...)". (Artículo 53).

La Constitución chilena habla, en cambio, de "la libertad de trabajo y su protección" (artículo 19, número 16).

Vivienda digna

"Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho (...)". (Artículo 51).

La Constitución chilena no considera este tema.

Protección institucional de las personas

"El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.

2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.

3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.

6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.

8. Las demás que determine la ley".

(Artículo 282).

La Constitución chilena no establece un cargo de esa naturaleza y éste tampoco ha sido creado posteriormente.

Equidad electoral y legislativa

"El Senado de la República estará integrando por ochenta y tres (83) senadores, elegidos de la siguiente manera: setenta y ocho (78) elegidos en circunscripción nacional, dos (2) elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas y tres (3) en circunscripción nacional especial de minorías políticas. (...) Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. (...)". (Artículo 171).

"La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y especiales. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 1.16 por ciento de la población nacional o fracción mayor del 0.58 por ciento de la población nacional que resida en la respectiva circunscripción, por encima del 1.16 por ciento inicial. (...) Adicionalmente, se elegirán cuatro (4) representantes para circunscripciones especiales, así: dos (2) para comunidades negras, uno (1) para la comunidad indígena y uno (1) elegido por los colombianos que residan en el exterior". (Artículo 176).

"(...) Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la ley. Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora. (...)". (Artículo 263).

"La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo". (Artículo 374). "Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez (10) miembros del Congreso, el quince por ciento (15%) de los concejales o de los diputados, y los ciudadanos al menos el cinco por ciento (5%) del censo electoral (...)". (Artículo 375).

La Constitución chilena no precisa el tipo de sistema electoral (artículos 15, 16, 18, 47 y 49), dejando esa tarea a la ley orgánica constitucional respectiva. Esta última -Ley 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios- establece simplemente que resultarán elegidos senador o diputado sólo quienes obtengan la primera o segunda mayoría, individual o por pacto. Para reformar la Constitución, en tanto, se requiere un mensaje presidencial o una moción congresista y se exige altas mayorías parlamentarias: generalmente tres quintos y dos tercios (artículo 127).

Probidad pública

"Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede (...) revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley". (Artículo 40, número 4, de la Constitución de Colombia).

"Los congresistas, los diputados, los concejales y cualquier otro miembro de corporación elegida popularmente perderán su investidura (...) por la inasistencia sin causa justificada en un mismo período ordinario de sesiones a seis (6) reuniones plenarias, o de la respectiva Comisión Constitucional, que hubieren sido citadas para votar proyectos de acto legislativo, de ley, de ordenanza, de acuerdo, mociones de censura o elección de funcionarios. (...)". (Artículo 183, número 2).

"La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. (...)". (Artículo 187).

"Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. (...)". (Artículo 126).

La Constitución chilena nada dice sobre esos casos.

Preservación del patrimonio cultural y ambiental

Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables". (Artículo 63).

La Constitución chilena no se extiende sobre este caso.

Descontaminación ambiental

"Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. (...)". (Artículo 81).

La Constitución chilena no menciona dichas actividades.

Responsabilidad civil del Estado

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (...)". (Artículo 90).

La Constitución chilena no lo considera.

Seguridad a conciencia

"Los Estados de Excepción (...) se someterán a las siguientes disposiciones: (...) No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. (...)". (Artículo 214, número 2).

La Constitución chilena dice que el ejercicio de los derechos que consagra "sólo puede ser afectado" por determinadas situaciones de excepción (artículo 39).

Buena vecindad

"El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre la base de equidad, igualdad y reciprocidad creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano". (Artículo 227).

La Constitución chilena no considera una política de ese tipo. Se refiere a "relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales" y de "llevar a cabo las negocaciones" respectivas (artículo 32, número 15).

Publicado por Austral en 15:07  

Etiquetas: 2. Fundamentos

IV. La intervención ciudadana

 Chile no ha tenido una asamblea constituyente como se la conoce hoy. Sin embargo, aparece como el mejor y quizá único procedimiento genuinamente representativo de la soberanía popular para redactar una Constitución democrática.

Para la actividad cívica y política en general, y frente a un procedimiento democrático nuevo para ella como una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política, la ciudadanía chilena se divide hoy en dos sectores claramente distintos: la elite política y económica, cultivada en la materia y acostumbrada al protagonismo social y el debate público, y la mayoría de la población, deficitaria y en general renuente a tal protagonismo y tal debate.

Y aunque la elección y conformación de una asamblea constituyente genere algunas complejidades por ser algo nuevo para esa mayoría, emerge, dada la actual realidad política del país, como el único procedimiento democrático verdaderamente representativo de la soberanía popular para concordar en una norma tan importante, la mayor y de la que dependen todas y cada una de las demás.

Tener una Constitución auténticamente democrática a través de una asamblea constituyente no es una quimera: basta citar lo ocurrido en Colombia hace 17 años, cuando este cuerpo u organismo político-social elegido, validado universalmente y capacitado para realizar esa crucial función, redactó la gratamente sorprendente Carta Fundamental que rige hoy a los colombianos (sacudidos precisamente por una violencia anticonstitucional).

En eso se inspiró el nuevo movimiento llamado Ciudadanos por una Asamblea Constituyente, cuyos impulsores -en general, sin connotación pública- le dieron partida el 24 de mayo pasado en la sede de la Federación del Estudiantes de la Universidad de Chile y lo presentaron públicamente el 21 de julio en el Palacio Ariztía de Santiago, facilitado por la Cámara de Diputados. Su objetivo es convocar, organizar, impulsar y ejecutar una campaña nacional destinada a exigir a las autoridades políticas de turno que convoquen a una asamblea constituyente, cuyos miembros redacten una Constitución que represente efectivamente a todos los chilenos.

Su llamado es amplio, sin exclusión alguna, pero el camino no le será fácil: si los políticos conductores del país lo hubiesen deseado, lo habrían seguido.

Usar el voto

Ciudadanos por una Asamblea Constituyente llama directamente a marcar el voto en las próximas elecciones políticas (2008) escribiendo a un costado, luego de indicar la preferencia por un candidato, una leyenda exigiendo una Constitución democrática. Se apoya en la disposición legal que permite que los sufragios con un rayado adicional a la línea vertical frente al nombre de un candidato también sean válidos, según el artículo 71°, número 5, de la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios:

ARTICULO 71o El escrutinio de Mesa se regirá por las normas siguientes: (...)

5) Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia. La Mesa dejará constancia al dorso de ellas del hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse reclamado o no de esta decisión.

Las cédulas que la Mesa considere marcadas deberán escrutarse, pero se dejará testimonio en el acta de los accidentes estimados como marcas y de las preferencias que contengan. Las cédulas emitidas sin los dobleces que señala el artículo 59, se considerarán marcadas como igualmente aquéllas en que el talón desprendible sea adherido fuera de la sección establecida para este efecto en la cédula. {85a}

Se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique la preferencia del elector. {86}.

Para quienes no están inscritos electoralmente ni desean estarlo, y para quienes prefieren lo tradicional, el movimiento abrirá un registro público de adherentes.

© Julio Frank Salgado  

 

 

 

Es absurdo pedir al PS una lealtad militar

Por Mirko Macari / Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia

El académico analiza la última movilización y explica parte de su debilidad en la histórica cooptación del sindicalismo por los partidos. Cree que la verdadera rebeldía se está incubando en los jóvenes, alerta sobre la crisis de las instituciones y piensa que nuevos referentes por la izquierda de la Concertación son infructuosos si participan del mismo sistema político.

  Es de mañana en el living de la casa del Premio Nacional de Historia y Ciencias Sociales y hay prendida una estufa que no se puede apagar. Es que en un rato llegará el mismísimo Carlos Altamirano Orrego a proseguir con las entrevistas que mantiene con este académico de la Universidad de Chile, cercano al MIR en otros tiempos, y que ha rastreado en la historia social de Chile desde abajo, en lo que en la jerga intelectual se conoce como los sujetos populares: labradores, peones y proletarios que marcaron a fuego la identidad nacional a través de revueltas, mítines y vida cotidiana, al margen de los grandes salones, las casas patronales y los cabildos políticos.

Con esa mirada fiel a la izquierda, Salazar aporta lo suyo para entender las claves de esta semana en que la agenda la marcaron los senadores apaleados, los infaltables nenes exaltados y nuestros queridos pacos de siempre.

¿En qué está el proyecto del libro de Altamirano?

No tiene forma definida aún. Pero no va a ser ni memoria, ni biografía ni mera entrevista.

¿Lo conocía de antes?

Poco, porque yo no era del PS. Ahora lo he conocido muy de cerca y me ha sorprendido agradablemente.

¿Le pareció fidedigna a lo que usted ha recabado del personaje la entrevista que dio a "La Tercera"?

Salí fuera de Santiago, así que no la leí. Altamirano quedó un poco más contento, porque no estaba focalizada en ese supuesto pecado capital de su vida y que siempre se le achaca: haber sido responsable del golpe del 73.

Dijo que el de Lagos había sido el mejor Gobierno de centro-derecha.

Es lo que piensa, él está en una posición muy crítica respecto del Partido Socialista hoy.

Justamente esta semana ha estado marcada por el tema de la lealtad del PS con la Presidenta, que se entronca con el trauma histórico de la actitud del PS con Allende.

Creo que al PS hay que entenderlo históricamente, es un partido de muchas almas. No como el PC, que siempre ha procurado ser fiel a una esencia, una memoria y una tradición. Al PS, que se constituyó como una sumatoria de grupos distintos, no podemos pedirle una cohesión tipo PC. En su origen hay anarquistas, trotskistas, comunistas, socialdemócratas, después los mapus. Hay una integración bastante caleidoscópica de diferentes identidades, y la gracia es que alberga posiciones distintas en una relativa convivencia. Según la coyuntura, sale una u otra alma.

Esta semana salieron las dos.

Sí, es muy entendible en lógica histórica que el PS esté en un Gobierno neoliberal, administrando el régimen que dejó Pinochet, y por otra parte esté en la calle protestando contra ese régimen.

¿No es esquizofrénico?

No lo es. No podemos pedirle peras al olmo, el PS es una gran madre que ha producido hijos con distintos padres. Es absurdo pedirles a ellos una lealtad militar, el PS nunca ha sido leninista.

¿Camilo Escalona encarna esa intención de orden, con el trauma de lo de Altamirano?

Cada socialista tiene su historia particular, pero pienso que este partido alberga las contradicciones internas del mismo movimiento popular. Altamirano representó una línea política y Allende otra. Allende, a pesar de ser un político tradicional y parlamentarista, preside las OLAS, donde se agrupan puros grupos revolucionarios, y como presidente del Senado defiende guerrilleros.

Y en esa óptica, ¿qué encarna Bachelet dentro del socialismo?

Es lo mismo. Ella tuvo una actitud entre comillas extremista en el tiempo de la dictadura, su compañero entiendo que también era de la misma línea. Pero ahora está de Presidenta de un Gobierno constitucional, parlamentarista y liberal, también hay una voltereta. A mí no me sorprende, porque en todos los partidos uno encuentra historias más o menos iguales, y eso es propio de la dialéctica. En la UDI también ocurre, pero como no ha sido Gobierno no han aflorado esas contradicciones.

El sindical-parlamentarismo

Mirando la convocatoria de la CUT esta semana, parece que la trenza partidos de izquierda-movimiento sindical goza de buena salud.

La izquierda asumió tempranamente el socialismo como un socialismo de Estado, para construirlo desde la maquinaria estatal, al interior de la Constitución. Se hizo legalista y parlamentarista y eso supuso que la clase obrera debía apoyarlos. Desde entonces quedó esta trenza de partidos constitucionalistas que necesitan una clase obrera que apoye lo que ellos hacen porque son vanguardia. Han hecho militar siempre a las federaciones obreras, particularmente a la CUT, y por eso dejaron de lado a Clotario Blest, que buscaba la autonomía del movimiento sindical. En la izquierda siempre ha operado esta trenza de movimientos sindicales a la cola de los partidos y por eso el sindicalismo está medio cooptado, medio capturado por la política. De ahí también que los dirigentes sindicales, especialmente los de la CUT, muchas veces hablen más por el partido que por la lógica sindical.

¿No radica en esa cooptación parte de la debilidad del sindicalismo actual, al endosarles por rebote el desprestigio de los partidos?

Esa trenza, lo que he llamado el sindical-parlamentarismo, funcionó con mucha sustancia en la otra democracia. Pero en ésta no tiene peso histórico, funciona a nivel de superestructura, sin mucho apoyo en la base real, en parte porque los partidos están deslegitimados. Por otro lado, la misma reforma neoliberal fragmentó las estructuras sindicales y se mantiene sólo en aquellos lugares en que el Estado no ha sido desmantelado, como Codelco o la salud. El miércoles, uno no vio movilizaciones obreras grandes ni partidos políticos comprometidos. Sólo unos cuantos personajes, pero la gran masa no eran obreros, eran los cabros de siempre que copan la escena en su pelea con los pacos.

Los jóvenes que no tienen tarjeta de la multitienda.

Los que están con rabia crítica frente al modelo, y que no están encontrando ningún camino político, son los jóvenes, tanto estudiantes como pobladores. Lo otro son superestructuras que tienen acceso a la televisión y los diarios, dicen una palabrita y se la publican en un verdadero diálogo de telenovela.

¿Se puede leer la convocatoria de la CUT como respuesta a la amenaza de liderazgos que emergen desde afuera del establishment, como el de Cristián Cuevas? Parece haber causalidad entre su emergencia y la rápida convocatoria a esta protesta.

Hay de las dos cosas. Por un lado está el descontento real de los trabajadores, un estado de ánimo crítico. En la huelga de los contratistas de Codelco hubo un acto de sabotaje, algo que no se veía de hace 100 años. Los dirigentes de la CUT, tal vez asesorados por algunos políticos, se dieron cuenta que era oportuno revitalizarse con una convocatoria a protesta nacional.

¿Qué otros factores explican la falta de fuerza de los sectores asalariados?

Antes lo hegemónico era el capital industrial, por tanto en la industria de esos años los contratos eran indefinidos, defendidos por la ley y los partidos, con sindicatos fuertes. Hoy predomina el capital financiero, que se ha encargado de desindustrializar relativamente el país.

¿Piñera representa ese mundo?

Sí, porque Piñera no es un industrial que está en su fábrica, es un financista especulador, y como él es el grueso del empresariado chileno. Las AFP están invirtiendo parte de sus ganancias en los paraísos fiscales, Bachelet ya les permitió que de aquí a dos años podrán hacerlo con el 100% de los fondos. Y otros empresarios se mueven nada más que en el retail, que es la venta de productos.

Y cuyo negocio es el crédito.

Ellos especulan con los 12 millones de tarjetitas que van a los sectores más bajos. Estamos dominados por un capital que no desarrolla industria y por tanto no existen los viejos tipos de relación laboral que hacían del obrero el eje. La clase trabajadora hoy es muy distinta, y la hay de dos tipos: los precaristas, que no tienen ni contrato y trabajan cuando pueden, y los subcontratistas. Hay que estudiar cómo sienten esa identidad y cómo reaccionan.

Eso hace que las consignas tradicionales sobre los obreros caigan en el vacío.

Evidente, porque ser trabajador precarista es no tener una identidad laboral por la cual uno lucha. Los precaristas optan por una identidad de afuera, que puede ser la de poblador, vendedor pirata o delincuente. Y los subcontratistas no se sienten identificados por el proceso productivo.

¿No hay también una falta de puntería al llamar a protestar contra el neoliberalismo, cuando lo que buena parte de los pobres quiere es pasar de la periferia del modelo al centro del mismo, participar de los beneficios?

Hay que hilar fino. Por el tipo de empleo la gran mayoría está fuera del modelo, pero con la tarjetita de crédito, vía endeudamiento, entran. Por eso se da la oportunidad y la expresión es de violencia, de destrucción. Uno no destruye lo que es de uno.

Pero electoralmente los grupos antisistema, básicamente la izquierda extraparlamentaria, no tienen votación significativa. El electorado vota por ser incluido en el sistema, no para cambiarlo por otro.

Eso no lo tengo tan claro, es cosa de mirar la encuesta "El Mercurio"-Opina de hace un par de años, sobre la credibilidad de las instituciones. De 1 a 100, la credibilidad máxima la alcanzan Carabineros y las radios, con 52 puntos; el Gobierno de Lagos tuvo 29, el Congreso 17, los tribunales 11, los partidos políticos 9 y los políticos 4. Si en una sociedad tienes que el grueso de las instituciones del Estado está en ese nivel de desprestigio, puedes concluir que estamos ante una situación extraordinariamente crítica. Los pacos tienen un 52% de confianza, que en escala escolar es un 3,5, con notas de 1 a 7. Todo el resto está debajo de 2. Si el grueso de la población está rajando a las instituciones, no puedo decir que están de acuerdo con el modelo.

¿Asocia la debilidad de las instituciones a la vigencia del modelo económico?

Los sociólogos concuerdan en que en este escenario el sistema está viviendo una crisis, primero de representatividad y segundo de eficiencia, por la alta polarización del ingreso. La situación es extremadamente crítica desde el punto de vista histórico-político.

El desborde de la Concertación

¿Qué cree que va a pasar con la izquierda de la Concertación? ¿Se va a mantener a regañadientes en este esquema neoliberal para conservar el poder o va a primar el principismo de gente como Aguiló, Navarro o Arrate?

Eso va a depender de cómo se defina cada uno de los políticos de la Concertación como sujeto político. Si para muchos de ellos la política es la oportunidad de estar en una posición relevante, protagónica, con prestigio y dinero mal que mal, los diputados sacan como seis millones de pesos , si eso lo asumen como históricamente lo han hecho todos los políticos, yo creo que la Concertación no se va a romper. Unidos van a ganar de nuevo.

¿La Concertación no se va a desbordar por la izquierda?

Eso puede ocurrir parcialmente; de hecho, entiendo que hay movidas para constituir una especie de nueva izquierda sobre la base de ciertos políticos con prestigio, pero que están en la idea de entrar en el juego del sistema, constituir otro partido. Entrando al sistema lo que pueden hacer distinto a la Concertación no es mucho. En eso están Navarro y Arrate, pero mientras todos postulen al Parlamento no tiene sentido. Sólo lo tendría en la medida que se vinculen al movimiento ciudadano, que tomen otros rumbos. Toda la historia de Chile muestra que, cuando se constituyen fracciones y se arman partidos distintos, al final se fusionan con sus matrices. Si no, mira al PS. LND

 

 

Los archivos X de Iturriaga

Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo 

El contenido del computador portátil incautado al ex general 

El disco duro del notebook revela detalles de la red que lo protegió y antecedentes inéditos sobre los juicios que enfrenta. La información encontrada indica que sus contactos no sólo le permitieron mantenerse prófugo, sino también elaborar un informe sobre Michael Townley, hasta 1996. Lea aquí un adelanto de su libro, su paso por la temida Escuela de las Américas, en Panamá, y cómo se las arregló para sacarse recientemente una foto con el actual jefe del Ejército, Óscar Izurieta. Su visión política, sus críticas a la Iglesia y a la memoria del general Carlos Prats son sólo una muestra. 

Raúl Iturriaga Neumann cambió el camuflaje típico que utilizó en los juegos de guerra, donde se entrenaba con cara pintada, ramas de árboles sobre el casco, armas de todo tipo, corvo, por ropa de ciudadano vulgar, pelo mal teñido y un falso acento español. Así se mantuvo 53 días prófugo, hasta que fue capturado por Investigaciones.

La mayoría de las cosas que le fueron encontradas en el departamento de Viña del Mar, donde se ocultó los últimos dos días antes de la captura, el 7 de agosto, no explicaban el tiempo que logró evadir la condena que hoy cumple por el crimen del mirista Luis Dagoberto San Martín.

La clave para entender su plan estaba en el computador portátil incautado en ese momento y que Iturriaga no alcanzó a intervenir para ocultar los 1,69 gigabytes de valiosa información que escondía el disco duro.

LND logró tener acceso a dicho material que hasta el cierre de esta edición seguía siendo analizado por la Subdirección Operativa de la Policía Civil, a cargo de entregar los informes correspondientes al ministro de fuero Alejandro Solís.

Su contenido es sorprendente. Iturriaga mantenía bases de datos acerca de todo lo referido a su situación: su fuga, las actividades de Investigaciones, recortes de prensa, mapas satelitales del lugar donde estuvo oculto en Vitacura, nombres de militares y sus respectivos correos electrónicos.

Dentro de los 53 archivos que estaban almacenados, el general retirado mantenía cartas dirigidas a sus familiares con instrucciones detalladas para comunicarse con él. Pero también estableció todo un plan de actividades, para seguir evadiendo la acción de la policía, mediante medidas distractivas que debían ser realizadas por su círculo más íntimo.

El notebook guarda los seis primeros capítulos del libro autobiográfico "El vuelo del cóndor", un título que llama la atención debido a que -estando en el alto mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)-, le correspondió coordinar algunas actividades de la Operación Cóndor. Dicha acción fue parte de la coordinación que mantuvieron las dictaduras del cono sur (Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay), a través de sus órganos represivos, para combatir a los opositores políticos.

Abunda en el equipo material gráfico de Iturriaga imágenes de su entorno familiar, con amigos en un fundo de la X Región y con sus camaradas (ex comandos integrantes del Destacamento Tradicional Comandos del Ejército). Al estar sometido a proceso por la justicia y con condena en primera instancia, Iturriaga aparece junto al actual comandante en jefe de la institución castrense, Óscar Izurieta, junto a otros integrantes del organismo de oficiales retirados.

Entre el material que analiza Investigaciones destacan otras fotografías donde resaltan fiestas en la que participó mientras estuvo detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén. Allí aparece gozando de los privilegios que mantenían los militares que estaban procesados por violaciones de los derechos humanos, en 2003.

En el computador hay también carpetas con documentos de Word, titulados con cada uno de los casos donde el ex comando está involucrado o donde se han dictado sentencias favorables o desfavorables a sus intereses. Entre otros están los casos Prats, Leighton, Lumi Videla y Víctor Olea Alegría.

RED DE PROTECCIÓN

El ministro Solís va a completar casi un mes a la espera del informe donde se detallan las diligencias relativas a todo el material incautado a Iturriaga. Trascendió que el equipo a cargo del subprefecto José Cabión, jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, también incluirá pericias al computador.

El juez ya anunció que no hará una investigación en contra de las personas que ayudaron a Iturriaga en su período contumaz. No obstante, en ese momento no conocía el contenido del computador, que podría arrojar antecedentes tanto de participación de funcionarios públicos en la huida del ex uniformado, como datos sobre las causas de derechos humanos.

En uno de los documentos de Word, titulados "Carta a Pato", Iturriaga habla en tercera persona y se refiere a que lleva 22 días "de vacaciones de invierno". Entrega un detallado informe sobre las actividades desplegadas por la justicia, Investigaciones y Carabineros para ubicarlo en las regiones Metropolitana, V y VII, y se refiere in extenso a los apoyos que recibió.

El documento entrega instrucciones para dar pistas falsas. Ordena "llamar desde un teléfono público al Tata, para que él, escondiendo la mano, eche a correr el rumor de que tu hermano [Iturriaga] fue visto en Iquique. Eso debido a que tiene allí muchos amigos desde cuando fue comandante de la VI División, con sede en esa ciudad, y que ha estado buscando salir del país. No decir que fue visto en Arica porque no se debe sospechar del Tata".

En este mismo sentido, indica la misma instrucción para que se comuniquen con un personaje llamado "Palanca, para que él, escondiendo la mano, eche a correr el rumor de que fue visto en La Unión, debido a que ahí tiene algunos amigos, desde que fue comandante en jefe de la IV División, con sede en Valdivia, y gobernador de la provincia, una de cuyas comunas era La Unión".

Más adelante dice que "él y su entorno deben extremar las medidas de seguridad y mantener un apoyo indirecto y si es posible, con inteligencia, más directo".

Iturriaga tenía planeado mantener sólo por un tiempo su situación de rebeldía. Para ello tenía planeado "entregarse acudiendo, en lo posible muy secretamente, al Comando de Telecomunicaciones", ubicado a un costado del Penal Cordillera, donde debía ingresar el 11 de junio. Y en caso de ser descubierto, el ex comando aseguraba en la misiva que si era descubierto se entregaría pacíficamente.

Junto con los contactos denominados "Tata" y "Palanca", Iturriaga también menciona buscar apoyo al interior de Carabineros. Para ello, sugiere ubicar a un "amigo del Cajón del Maipo, ese que cuando juega tenis contigo se pone un buzo verde, tal vez pueda averiguar qué pasa al interior de Carabineros y a lo mejor por esa misma vía saber para dónde va la pelota en Investigaciones".

CAMARADAS

Otra vía por la que se sospecha recibió apoyo el general (r) Raúl Iturriaga es la de sus ex compañeros de promoción del curso de comando que realizó tanto en Chile como en Panamá, en la denominada Escuela de las Américas, con que EEUU entrenaba militares latinoamericanos para la lucha antisubversiva.

El ex oficial mantenía un listado alfabético de 140 oficiales, algunos en servicio activo, con sus respectivos correos electrónicos. Entre ellos hay 23 generales. Destacan dentro de sus contactos el general Jorge Fuenzalida Rojas, actual jefe de operaciones del Ejército; el general (r) Eugenio Castillo Cádiz, ex secretario privado de Pinochet, investigado por desvío de dineros en el caso Riggs; el coronel (r) Federico Chaigneau, ex integrante de la Brigada Lautaro de la DINA; el general (r) Eugenio Jaque Valenzuela, ex agregado militar en Alemania, investigado por desvío de dineros en el caso Riggs; el general (r) Jaime Orellana Lepe, ex secretario general del Ejército; el coronel (r) Edmundo O Kuinghttons, procesado por vender dos fusiles a narcotrafiantes; el general (r) Carlos Parera, conocido por un desaire al ex Presidente Patricio Aylwin, al inicio de la Parada Militar de 1990, y Christofer Willeke, procesado por el caso Prats, entre otros.

CLASIFICADO: MICHAEL TOWNLEY

Los problemas de Iturriaga y el resto de la cúpula de la DINA con la justicia se iniciaron cuando el agente de la CIA Michael Townley declaró por el atentado con bomba que costó la vida al ex canciller Orlando Letelier y a su secretaria, Ronni Moffit, ocurrido en Washington en 1976. De allí en adelante, el estadounidense dejó al descubierto las actividades que el organismo represivo tuvo en el extranjero, y las principales operaciones en que también involucró a la plana mayor. Es el caso del intento de asesinato a tiros del ex vicepresidente Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, y el bombazo con que fueron asesinados en Buenos Aires, en 1974, el general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cutberth.

En dichos procesos, Townley señaló que Iturriaga era el jefe del Departamento Exterior de la DINA y que en los casos donde él participó como autor material recibió órdenes directas del entonces coronel.

Desde que Townley confesó que sus crímenes fueron ordenados por la DINA, la plana mayor de la misma ha argumentado en su defensa que los hechos fueron digitados por la CIA.

En su computador, el ex general no sólo demuestra la antipatía que siente por Townley, sino que también deja entrever que le ha hecho un complejo seguimiento que incluye información clasificada sobre él, sus viajes y las identidades que ha utilizado. Fuentes consultadas indican que antecedentes de ese tipo sólo pueden haber sido obtenidos desde organismos policiales o de inteligencia, especialmente estadounidenses, los que corresponden a identidades entregadas al ex agente de la CIA, como parte del programa de protección de testigos al que está acogido.

Un archivo de Word, especialmente dedicado al agente norteamericano, da cuenta de los viajes que realizó desde Chile hacia el exterior y desde varios países hasta nuestro país, desde 1957 hasta 1995 (ver recuadro). En total registró 137 movimientos, donde utiliza 15 identidades falsas, la nacionalidad que ocupó en cada ocasión y los números falsos de pasaporte y carné. Se detalla también la fecha de salida en cada una de las ocasiones, el aeropuerto y, en algunos casos, incluso la razón de los viajes efectuados por Townley en el último tiempo. Por ejemplo, sostiene que en una oportunidad salió del país rumbo a Perú bajo el nombre de Michael Robert Welch porque "vino a pasar la Pascua con sus hijos".

Al mencionar algunas de las fuentes desde donde obtuvo la información clasificada incluso para un general en retiro como él , Iturriaga nombra la base de datos de Policía Internacional, agregando que dicho organismo tiene perfecto conocimiento de los movimientos clandestinos de Townley, ya que quedó registrado en archivos fotográficos. En dicho sentido acusa que las mismas autoridades no lo detuvieron debido a que Townley se ampara en el poder que le otorga el ser agente de la CIA.

Iturriaga revela, por primera vez, en este documento que cuando se inició la investigación en Chile por el crimen de Orlando Letelier, en 1991, tomó contacto con el ex cónsul general de EEUU en Chile, Frederick Purdy (fallecido el año pasado). El ex militar sostiene que dos oficiales el brigadier (r) Luis Mujica Collao y el teniente coronel (r) Hugo Acevedo Godoy fueron testigos de esa conversación donde "Purdy me confirmó que efectivamente Townley era agente de la CIA y que él había sido su contacto en Chile".

No obstante, Mujica Collao desmintió a LND esta información diciendo que "nunca he tenido reunión con los tres".

Otro antecedente que contiene su computador personal y que sería falso es sobre la casa que utilizó el estadounidense, después de 1973. Según Iturriaga, Townley adquirió "una casa en Lo Curro, según lo expresado por Inés Callejas", para lo cual utilizó el nombre falso de John Schmidt. Sin embargo, diligencias recientes de la policía establecieron que en la compra del inmueble, ubicado en calle Vía Naranja 4925, participa un tal Diego Castro Castañeda, la chapa que empleó el ex general mientras estuvo en la DINA, y que luego fue entregada a Michael Vernon Townley Welch.

Junto con la información de las actividades de Townley, Iturriaga hace una relación de los contactos que el agente tuvo con dirigentes del movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. En ese contexto menciona a Pablo Rodríguez (abogado de Pinochet), Manuel Fuentes Weding, Miguel Katz (fallecido ex ministro de Pinochet) y los hermanos Bunster (que participan en el atentado del edecán naval Arturo Araya).

Asimismo, menciona que Weding puso en contacto a Townley con el sacerdote Raúl Hasbún, antes de realizar un atentado en Concepción, en 1973.

EL VUELO DEL CÓNDOR

Las existencia de seis de los nueve capítulos prometidos, del libro autobiográfico en el portátil de Iturriaga, revelan que el general ocupó una buena cantidad de tiempo y documentación.

De su lectura se desprende un paseo por la vida del ex uniformado, desde que su padre fue desterrado por una intentona golpista, contra Pedro Aguirre Cerda, en 1939. Iniciada su carrera militar destaca a maestros como Rolf Wenderoth (procesado por violaciones de los derechos humanos) y Julio Canessa (ex senador institucional).

Su cercanía con la derecha se inicia como adolescente, cuando apoya la candidatura de Carlos Ibáñez. Asimismo, su vocación de militar golpista queda de manifiesto no sólo por apoyar la dictadura de Pinochet. En la década de 1960, mientras era entrenado por el Ejército de EEUU en la llamada Escuela de las Américas de Panamá, fue enlace con el hombre fuerte de ese país, Omar Torrijos. De regreso en Chile, en 1968, apoyó el "Tacnazo" del coronel Roberto Viaux y realizó actividades clandestinas.

Ese mismo año participa en reuniones secretas con oficiales de medio rango (capitanes y mayores) y contactó al periodista Augusto "Perro" Olivares para publicar información sobre el descontento que existía en el Ejército hacia el Presidente Eduardo Frei Montalva.

"El nivel de ideologización había llegado a un punto extremadamente serio en Chile. El mismo partido de Gobierno, el Demócrata Cristiano, fue dividido por los extremistas, se creó el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana. La ideologización llegó hasta la Iglesia y hay sacerdotes que se adhieren a la Teología de la Liberación", acota Iturriaga.

Sobre la acción de la Iglesia, agrega que "no encontraba comprensible que sacerdotes protegieran a extremistas y colaboraran a incentivar la lucha de clases pregonada por el marxismo".

De hecho, en capítulo VI del libro sostiene que ya en dictadura, una de sus principales tareas, siendo jefe de la Brigada Purén, fue infiltrar las bases sociales, incluyendo a la Iglesia Católica.

Para justificar su convicción aplicada en este sentido, viene una de las partes más insólitas del libro. Quién diría que Iturriaga utilizaría como base de apoyo una cita de las memorias del general Carlos Prats, a quien ayudó a eliminar desde la DINA: "La Democracia Cristiana comete un grave error histórico al menospreciar a las Fuerzas Armadas, en las que se venía acumulando durante 35 años un fermento de frustración profesional".

Explica que "empezaba a conocer en forma directa lo que puede hacer la interferencia política en los militares, o el desconocimiento de lo militar por parte de los políticos".

De ahí en adelante, Iturriaga no gastará palabras en vano para destruir la imagen del general Prats. El ex comando deja atrás su carrera militar y se transforma en un agente represor capaz de justificar los crímenes de la DINA. LND

 

Cronología de sus viajes e identidades falsas Su obsesión por Townley 07-04-1957 Entra a Chile proveniente de Estados Unidos. Pasaporte número 365626. 12-1966 Huye de Chile a Estados Unidos por una orden de arraigo del 6º Juzgado del Crimen luego del asesinato de un pintor. Pasaporte número 490577. 08-01-1971 Entra a Chile desde Estados Unidos ya como agente de la CIA. Pasaporte número 490577. 18-10-1973 Entra a Chile proveniente de Estados Unidos con el nombre de Kenneth Enyart. Pasaporte entregado por la CIA 5D22877732. 16-10-1975 Entra a Chile desde Estados Unidos como Kenneth Enyart. 19-07-1976 Entra a Chile proveniente de Argentina bajo el nombre de Juan Andrés Wilson. 31-10-1994 Entra a Chile desde Estados Unidos bajo el nombre de Michael Welch Sterlin. Línea aérea Viasa. 05-11-1994 Sale de Chile a Estados Unidos como Michael Welch Sterlin. Línea aérea Varig. 05-12-1994 Entra a Chile como Michael Welch. Médico cirujano. Pasaporte número 150354380. 16-12-1994 Entra a Chile proveniente de Estados Unidos como Michael Robert Welch. Pasaporte número 101.283.272. 25-12-94 Sale de Chile a Perú Michael Robert Welch. Townley vino a pasar la Navidad con sus hijos. 23-01-1995 Entra a Chile proveniente de Argentina bajo el nombre de Michael Barney Welch. 11-02-1995 Sale de Chile a Estados Unidos con el nombre de Michael Barney Welch. Total de viajes con todas las identidades: 137.

 

 

Acusan al gobierno de Bachelet de generar pánico ante la movilización social

www.argenpress.info

Foto: Michelle Bachelet, presidenta de Chile, en la celebración del 80º Aniversario de Carabineros. (foto: Alex Ibañez - Presidencia Chile)

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acusó hoy al gobierno chileno y a los empresarios de generar un 'estado de pánico' en torno a la jornada de movilizaciones convocadas para mañana miércoles. 'No hay que crear este estado de pánico como el que han creado las autoridades de gobierno y los empresarios. Aquí los trabajadores no estamos llamando a quebrar la institucionalidad, por el contrario, queremos fortalecerla pero con la participación activa de los trabajadores', expresó la vicepresidenta de la multisindical, María Rozas.

Respecto a la postura de la Intendenta Metropolitana, Adriana Delpiano, de no autorizar ninguna marcha por la Alameda, la principal arteria de Santiago, Rozas señaló que efectivamente no han pedido permiso para marchar por ella, pero 'sí vamos a estar en el bandejón, en lugares y espacios que son de uso público'.

La vicepresidenta de la CUT afirmó además que es seguro que a esta movilización, que se realiza en contra del 'neoliberalismo', se unan distintas organizaciones, en referencia a los variados sectores, incluso oficialistas, que han expresado su apoyo a la protesta.

La dirigenta de la multisindical concluyó que el gran problema del gobierno es que, si bien ha hecho 'un trabajo espectacular en el mundo social', se continúa dejando de lado a los trabajadores, por lo que 'la gente está reaccionando por distintas cosas'.

En tanto, el vocero del gobierno chileno, Ricardo Lagos Weber, aseguró que durante la jornada del próximo miércoles, las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que esa fecha sea un día de trabajo normal en Santiago.

 

La cocina patagónica, sabrosa realidad

Por César Fredes / La Nación Domingo  Labios superiores Una muestra que, en trabajo conjunto de Corfo Magallanes y el Hotel Galerías, pone en vitrina al gran público una comida que tiene forma, identidad y calidad, en torno a productos emblemáticos como la centolla, el cordero o el calafate. La cocina patagónica, recién formulándose como un cuerpo coherente, pero ya auspiciosa en sus resultados y desarrollo, es una nueva realidad que apunta al rescate de la cocina chilena. Una prueba de ello es el Festival Gastronómico de la Patagonia, en el Restaurante Vichuquén del Hotel Galerías, en pleno centro de Santiago, que estará abierto al público desde mañana lunes y hasta el jueves.

¿Hay platos que puedan reputarse patagónicos? Nos parece que categóricamente sí. Más allá de productos que se encuentran en la región austral en forma privilegiada y hasta en exclusiva, como el cordero y la centolla, sus productos estrella una empanadita frita de centolla o de cordero, de excelente calidad son algo nunca visto en otras regiones del país. Lo mismo rige para platos como la alianza de salmón y centolla, el flan de maíz con pino de cordero gratinado con queso de oveja, el carpaccio de cordero y centolla y la particular finura del tártaro de centolla austral y palta, en tres capas. No dejan de agradar y mostrar un claro perfil diferente los rollitos de congrio con centolla sobre verduras y almejitas, el estofado de cordero con verduras y el filete de res envuelto en jamón de cordero y carne de ovino de la Tierra del Fuego. Una créme brûlée de calafate o ruibarbo, y un cheese cake de calafate usando técnicas francesas o internacionales de muy buena manera, pero con productos emblemáticos de la zona magallánica , completan como postres una paleta muy amplia y satisfactoria de platos de alta calidad de ejecución, que ya existe en restaurantes y hoteles de Punta Arenas, Puerto Natales o Torres del Paine.

Los ejecutantes de la muestra son cocineros y cocineras patagónicos, casi todos muy jóvenes, como David Lillo, chef ejecutivo del Hotel Cabo de Hornos; Cristián Cruzat y Orlando Vargas, del Hotel Finis Terrae; Lorena Pfeng y Marisol del Canto, del Hotel José Nogueira; Juan Manuel Alegría, de la Hostería Las Torres; Claudia Cárcamo, del Restaurante La Luna, y Alexis Paredes, del Restaurante Cormorán de las Rocas, de Puerto Natales. El anfitrión en las cocinas fue el chef ejecutivo del Hotel Galerías, Jorge Caro.

La iniciativa tiene varios puntos dignos de aplauso. Lo primero es que este Festival Gastronómico de la Patagonia es de muy buena calidad y originalidad. Lo segundo, que es una fructífera iniciativa del llamado Programa Territorial Integrado de Corfo Magallanes, en alianza con el Hotel Galerías, y tercero, que la muestra exhibe frutos concretos del trabajo que se está haciendo para formar cocineros de la Patagonia y darle un corpus coherente e identificable a su cocina, como señaló la gerenta del PTI Turismo Magallanes, Paola Milosevic. La iniciativa merece aplauso y público. LND

 

Festival Gastronómico de la Patagonia. Hotel Galerías, San Antonio 65, teléfono 470 74 00. 10.900 pesos con vino.

 

 

 

Lluvia de palomas muertas sobre Botnia

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31-08-07, Por Javier Rodríguez Pardo *

El derrame tóxico que envió al hospital a quince obreros de la planta, eliminó a gran cantidad de palomas y aves diversas que “caían del cielo como lluvia”. Para el gobierno uruguayo tampoco fue un accidente, en realidad insisten en explicaciones de la empresa, que “hubo una incorrecta manipulación de las sustancias porque no se tuvo en cuenta la volatilidad del producto.” Una vez más la culpa es de los obreros.

Quince operarios de Botnia, la planta finlandesa que ya produce pasta de celulosa en la margen oriental del río Uruguay, sufrieron grave intoxicación por la emisión incontrolada de sulfuro de sodio. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ordenó un peritaje sobre gran cantidad de palomas muertas en inmediaciones de la planta cuestionada. El gobierno uruguayo anunció sanciones económicas, pero no resolverá la intoxicación en la piel, ojos y vías respiratorias de tres jóvenes gualeguaychuenses que se hallaban sobre el puente que une a ambos países. Son las primeras víctimas argentinas de Botnia.

Estos hechos no son accidentales como insinúan la empresa y el gobierno de Uruguay, que concluyen negociando una simple reparación económica sin más trámite; en realidad es un incidente porque se incurre en una falta grave, donde confluyen circunstancias de origen que inevitablemente conducen al daño: Botnia ya está trabajando sin que nadie explique cuales son los mecanismos de control; su chimenea humea noche y día y el ruido del complejo fabril lo sentimos desde el puente General San Martín, como pudimos comprobar con los compañeros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, sorprendidos también porque la inauguración de la planta se anunció para más adelante, según el propio Ministro de Medio Ambiente del Uruguay, Mariano Arana. Las negligencias abundan; numerosos especialistas advirtieron de la factibilidad de hechos semejantes, emanaciones inevitables de compuestos químicos, debido al propio funcionamiento de la producción de celulosa, esto es, del proyecto Orión de la empresa Botnia, “perjudicial para el ecosistema asociado al río Uruguay y a sus áreas de influencia”, dijera la cancillería argentina.

La empresa habló de tecnología de punta y a sus detractores los tildó de terroristas. Sin embargo la soberbia de este Titanic anclado sobre el río Uruguay ya encontró su primer iceberg. Las tres personas intoxicadas del lado argentino por la nube tóxica de Botnia son Isabel Nievas, Alejandra Crimella y Gabriela Caballero recibidas por la fiscalía después de ser atendidas por médicos de Gualeguaychú: se comprobaron síntomas graves, hinchazón del rostro, picazón, enrojecimiento en piel y ojos, una dermatitis aguda “producto de la inhalación posiblemente de un ácido”. El fiscal Rubén Chaia ordenó que un médico forense las revisara e inmediatamente después de confirmar los daños caratuló la denuncia por “lesiones de contaminación ambiental de índole internacional”.

El derrame tóxico que envió al hospital a quince obreros de la planta, eliminó a gran cantidad de palomas y aves diversas que “caían del cielo como lluvia,” según graficó un empleado de la CARU de la cabina de peajes Gualeguaychú-Fray Bentos, a quien el diario El Argentino de Gualeguaychú le concede reserva de identidad; para el gobierno uruguayo tampoco fue un accidente, en realidad insisten en explicaciones de la empresa, que “hubo una incorrecta manipulación de las sustancias porque no se tuvo en cuenta la volatilidad del producto.” Una vez más la culpa es de los obreros. El 3 de abril de este año un trabajador metalúrgico chileno murió al caérsele encima una plataforma de montaje de una caldera y la empresa finlandesa Botnia comunica que “Rodrigo Rivero (33 años) no debía haber estado allí, en el momento en que ocurrió el accidente”. Este suceso laboral obligó al Sindicato de la Construcción (SUNCA) a paralizar las obras por 72 horas. Meses antes de este hecho, el uruguayo Julio Olivera, de Fray Bentos, se cayó de unos siete metros de altura, después de cortarse la luz. No falleció pero le dejó secuelas que para la empresa se debió a responsabilidad del propio operario. Es larga la lista de hechos semejantes donde la negligencia y la inseguridad de la empresa Botnia son protagonistas, pero sus responsables siguen hablando de tecnología de punta, mientras las escamas polvorientas de sulfuro de sodio desplazan su carga pestilente y tóxica por Fray Bentos y Gualeguaychú.

Con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú

Disertamos en el auditorio de la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad invitados por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, para transmitirles que impedir el repositorio nuclear de Gastre en la Patagonia chubutense no fue una tarea fácil y que contra ésta Botnia y las que vengan nos tendrán más juntos que nunca por muy complicada y extensa que se presente la lucha. Me referí al libro La Patagonia de Pie porque en él relatamos, en autoría con otros compañeros de la comarca andina austral, las acciones en defensa de los bosques nativos, la expulsión de mega represas, entre otros catorce movimientos sociales triunfantes contra la contaminación y el saqueo. Nos llevo mucho tiempo y esfuerzo, años de dedicación y también retrocesos, porque muchas veces nos sentíamos pequeños como hormigas frente a los gigantes del Norte, aunque laboriosos y solidarios para enfrentar obstáculos poderosos. Fueron triunfos, son gestas ganadas. Con más de tres lustros de épicas acciones antinucleares, Gastre fue un ejemplo, pero la lucha “no a la mina” de Esquel, siempre vigente, es el emblema de un pueblo convencido del camino a seguir. Esto hablamos y debatimos con los amigos y compañeros de Gualeguaychú, habitantes de la cuenca del río Uruguay, acerca de que hay que cargar las mochilas de paciencia.

Con los compañeros Uruguayos en Gualeguaychú.

Una nutrida concurrencia de uruguayos acompañó los debates e intercambio de acciones conjuntas, planificando la expulsión definitiva de la fábrica Botnia, de Fray Bentos. Nadie ignora que ambas orillas tienen el mismo destino: unidos contra la contaminación y el saqueo de sus bienes comunes, en defensa del suelo, el agua y las economías regionales dañadas por los monocultivos de la soja y de la celulosa.

Después de las declaraciones del gobierno de Tabaré Vázquez, de “supuestos ataques terroristas y atentados con explosivos contra Botnia,” que inventan e intentan justificar los funcionarios de Tabaré, los últimos ex tupamaros en las filas del Frente Amplio uruguayo comienzan a tejer otro partido. “Cada día que pasa se acelera la soledad en la que va quedando Tabaré Vázquez,” coinciden militantes de la Asamblea del Callejón de la Universidad, antiguos seguidores de Líber Seregni, que le reclaman al gobierno uruguayo cumplir con el programa preelectoral, “exigir que las transnacionales pasteras de celulosa dejen de operar en el río Uruguay.” Gerardo Cordero y Pablo Antoria, miembros de la Asamblea del Callejón, rescataron su militancia en el ex MNL Tupamaros y, como tantos otros, abandonaron decididamente a Tabaré Vázquez, “el presidente –dicen- se olvidó del compromiso de 2005 cuando vimos con claridad de qué modo el monocultivo celulósico llevó a los uruguayos a importar trigo por primera vez en su historia”. De igual modo, no es exagerado decir que nos hallamos frente a un éxodo de uruguayos, también incontrolable para el gobierno de Tabaré Vázquez a pesar de estadísticas digitadas que lo minimizan, pero “por primera vez en la historia de Uruguay, el índice demográfico resulta negativo, es decir, menos nacimientos y más emigración, en un marco de desarrollo continuista de la vieja política”.

Ecologistas del Grupo Guayubira también participaron de las reuniones con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Se constituyeron en 1997 para “implementar medidas que ayuden a la conservación del monte indígena y a modificar el actual modelo insostenible de desarrollo forestal basado en los monocultivos a gran escala”.

Delia Villalba, señera militante ecologista de Fray Bentos, denunció la traición de Tabaré Vazquez al pueblo que lo eligió con esperanza secular, “no cumple con lo previsto por el Frente Amplio y continúa con la misma política de blancos y colorados.”

En iguales términos se manifestaron los activistas del Grupo de Ecología Social Chico Mendes – Uruguay, que actúa dentro de la Asamblea del Callejón de la Universidad; la delegación sumó a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú la opinión y compromiso de Eduardo Galeano. El autor de las Venas Abiertas de América Latina fue durísimo con el gobierno de Tabaré Vaquez porque “la mejor manera de ayudar a este gobierno, que yo siento que es también mío -al fin y al cabo he dedicado mi vida esperando que esto ocurriera alguna vez- es decir que es lo que hace. A mi, convertir al Uruguay en un centro mundial de producción de celulosa me parece un disparate total.” Galeano acusó de esa manera al gobierno del Frente Amplio, de “no respetar un plebiscito donde se votó considerar el agua como bien público,” en consecuencia “traicionó la voluntad popular”.

“Mucha gente piensa que soy un traidor a la patria por decirlo” pero “las plantaciones forestales industriales nos van a dejar sin una gota de agua.” “La gente quiso cambiar –dice Galeano- y eso me parece muy bien, por eso no entiendo a éstos gobernantes progresistas, amigos, cuando dicen ‘nosotros hacemos la misma política, acá no cambió nada y vamos a continuar lo que había’. Ah, pero entonces ¿por qué no dejan que lo haga la derecha que tiene más experiencia?”

Uruguayos y argentinos en Arroyo Verde

Miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú estrechan lazos con sus vecinos de la otra orilla. El intercambio laboral es una realidad y “la convivencia se debe priorizar”. Los uruguayos residentes en Gualeguaychú y los asambleístas, entre ellos Alfredo De Ángeli, se esforzaron para realizar el encuentro binacional en Arroyo Verde, en el corte de ruta. Alfredo Sartori (57 años, 30 de residente argentino), Mauricio Sartori (35 años, 30 en la Argentina ), Eber García (montevideano de 44 años, 20 de ellos en Gualeguaychú), se movilizan por los pueblos uruguayos de Carmelo, Tararira, Nueva Palmira (donde se construye la pastera española Ence) y Fray Bentos, interiorizando a sus compatriotas sobre Botnia y “las consecuencias de tener una industria de esa naturaleza; difunden el mal ejemplo que dejó en Galicia la firma Ence, el impacto ambiental irreversible que produjo y la sublevación del pueblo de Pontevedra. “Nueva Palmira es agropecuaria y tiene un puerto, abastece a ciudades como Colonia, con lácteos, miel, ganadería y otros productos, ¿qué pasara con esta economía? se preguntan los asambleístas uruguayos. En este sentido, Eber García baja un mensaje dirigido a sus compatriotas: “A los uruguayos que viven en Gualeguaychú, que son muchos, que no los vemos pero que sabemos que apoyan nuestro activismo, que se muestren, que se comprometan y se sumen a la Asamblea, porque esta es una lucha de todos, la pastera no distingue nacionalidades.”

La debilidad de un gobierno

El vodevil internacional de Tabaré Vázquez es el hazmerreír de Gualeguaychú, aunque deja amargas experiencias. Es que Gargano, el canciller Uruguayo, denunció al asambleísta Jorge Fritzler ante la OEA y La Haya adjudicándole expresiones terroristas. Semejante papeleo es ridículo pero no es nuevo para quien esto escribe, pues no hace mucho debí llevar a la justicia sanjuanina al director de la policía minera de esa provincia cuyana por endilgarme epítetos semejantes. Se retractó sin convencer a nadie, pero tuvo que hacerlo.

Contra Fritzler arremeten de igual forma. Al asambleísta de Gualeguaychú le grabaron y le sacaron de contexto expresiones cuando se refirió precisamente a términos utilizados por un uruguayo. Esta circunstancia, marca en realidad la debilidad del gobierno de Tabaré Vázquez que en hechos como estos no se diferencia en nada de George W. Bush y su xenofobia; tal vez prepara el terreno para ulteriores represalias legales. Para el gobierno de Tabaré Vazquez y la empresa Botnia, los asambleístas de Gualeguaychú son todos terroristas. Parece ser que Tabaré y sus funcionarios creen ver en la chimenea de Botnia a las Torres Gemelas de Bush.

Con Jorge Fritzler cenamos en la pizzería del asambleísta José (Pepo) Pouler. Nuestro agradecimiento por la hospitalidad de todos ellos, Luis Correa, Rodrigo Denadei, Mario Arocena (el detenido por los actos en Buquebús) y al abogado Víctor Rebossio. Hasta las tres de la mañana recogimos las historias fundacionales de la Asamblea de Gualeguaychú con nuestro compañero de Renace, Carlos Manessi, del Centro de Protección a la Naturaleza (Cpronat, de Santa Fe). También nuestro agradecimiento a Gómez y a Juan Veronesi, con quienes participamos en numerosos encuentros. Seguramente la memoria me juega en contra y omito algunos otros compañeros de la asamblea de Gualeguaychú, sobre todo al numeroso grupo que participó de nuestra charla, pero la hospitalidad de este pueblo tiene muchísimos responsables, la gente de prensa, de la radio y de la televisión, todos comprometidos en la causa del pueblo. Sin embargo deseo agradecer especialmente a Víctor Rebossio con quien compartimos además almuerzos en familia y recogimos el afecto de muchos vecinos de Gualeguaychú, las horas transcurridas con los compañeros del corte en Arroyo Verde, sobre el propio puente San Martín poco después del derrame tóxico, en la pizzería de Pepo Pouler, verdadera Jabonería de Vieytes (aunque en este caso las reuniones de los asambleístas de Gualeguaychú, no son clandestinas como las de 1813); de todos ellos recogimos cientos de anécdotas que incluyen los primeros camiones atravesados en el corte de ruta a Fray Bentos, cuando ninguno de los asambleístas sabía cómo hacerlo. Ahora son expertos que aconsejan a compañeros en acciones semejantes. Una vez más el pueblo embanderado en razones que suelen ignorar gobernantes cómplices del despojo y corruptos al servicio del depredador.

La lucha de Gualeguaychú es la misma de los compañeros de Yacyreta, de los autoconvocados contra las transnacionales mineras de la Patagonia, Mendoza, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Tendría que nombrar a muchos más, como los asambleístas de Córdoba y de Buenos Aires, pero todos sabrán entender que con estos ejemplos están también aquellos que en 2006, el 12 de diciembre a las 12, participamos de la concentración contra la contaminación y el saqueo en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, movilización premonitoria de muchas otras que están por venir. www.ecoportal.net

* Javier Rodríguez Pardo
Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) – Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) - Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

 

 

Nuevas detenciones y huelgas de hambre en zona Mapuche.

No más represión. No al terrorismo de estado chileno

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En los últimos días, la tensión ha vuelto a reflotar en la zona mapuche de Chile, tras violentos operativos policiales que han implicado la detención de un reconocido dirigente de la comunidad de Temucuicui en Ercilla y la huelga de hambre que Juana y Luisa Calfunao, miembros de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, han iniciado en el marco de un excesivo tiempo en prisión.

Operativos policiales y acciones de protesta

La detención de Jaime Huenchullán en las cercanías de su hogar en Temucuicui ha tensionado el ambiente en sectores rurales de Ercilla. El dirigente era buscado por la policía por su presunta responsabilidad en delitos donde alega inocencia. En Temuco, las hermanas Luisa y Juana Calfunao cumplen 15 días en huelga de hambre, denunciando las irregularidades de un proceso judicial caracterizado por la estigmatización de una familia completa.

En los últimos días, la tensión ha vuelto a reflotar en la zona mapuche de Chile, tras violentos operativos policiales que han implicado la detención de un reconocido dirigente de la comunidad de Temucuicui en Ercilla y la huelga de hambre que Juana y Luisa Calfunao, miembros de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, han iniciado en el marco de un excesivo tiempo en prisión que las afecta junto a otros de sus familiares en Temuco y al no cumplimiento por parte del estado de diversas recomendaciones para paliar situaciones de abusos contra comunidades.

La detención del dirigente Jaime Eduardo Huenchullán Cayul [28 años] se produjo el pasado sábado, alrededor de las 15:30 horas, en los ingresos a la comunidad Temucuicui y estuvo a cargo de un piquete de efectivos de fuerzas especiales de Carabineros, parte del destacamento que se encuentra resguardando -por mandato del Ministerio Público- el predio del empresario agrícola René Urban en dicha zona de conflicto territorial. Según denunció la comunidad, su detención habría sido resultado de una "encerrona" policial.

Cabe recordar que Huenchullán se encontraba clandestino desde el año 2005, después de haber sido acusado y responsabilizado por el agricultor René Urban, a través del Ministerio Público, de haber cometidos diferentes delitos en su fundo, el cual es reclamado por la comunidad Temucuicui. Desde la cárcel de Victoria, el propio Huenchullán subrayó que su situación obedecería a la persecución política y judicial de que son objeto numerosas comunidades mapuche que luchan por reivindicar sus derechos, restando validez a las acusaciones en su contra, que van desde amenazas, daños a la propiedad privada, atentado en contra de la autoridad, desórdenes públicos e incendio en propiedades de René Urban.

"Rechazo categóricamente todas estas acusaciones que sólo responden a la práctica de persecución política Judicial y hostigamientos por parte del estado chileno en contra de todas las comunidades y dirigentes que luchan por revindicar nuestros legítimos derechos, haciendo valer su llamado 'Estado de Derecho' en beneficios de los latifundistas que han usurpado nuestra tierra y en perjudico de los kona que legítimamente luchamos por revindicar nuestros derechos como pueblo", señaló a través de un comunicado enviado a la redacción de Azkintuwe. "He estado encarcelado en reiteradas ocasiones bajos las mismas acusaciones, las cuales en ninguna oportunidad han logrado ser comprobadas con pruebas fehacientes", agregó.

Huenchullán Cayul es un destacado dirigente de Ercilla. En noviembre del año 2004, mientras se encontraba trabajando en sus tierras del ex fundo Alaska, recibió dos disparos de escopeta que casi le costaron la vida. Más de 40 perdigones lo dejaron inconsciente y en estado agónico, siendo encontrado por familiares recién al día siguiente y trasladado de urgencia al Hospital de Victoria con diagnóstico de riesgo vital. Si bien el dirigente presentó una querella criminal en el Juzgado de Collipulli, esta posteriormente fue dejada sin efecto y archivada, resolución que fue rechazada en su oportunidad por la propia comunidad y diversos organismos de derechos humanos, alertados por la impunidad en el actuar de latifundistas y policías.

Huelga de hambre

En la capital regional, en tanto, 15 días en huelga de hambre cumplen las hermanas Luisa y Juana Calfunao Paillalef, esta última lonko de la comunidad Juan Paillalef de la comuna de Cunco, quienes denuncian la "criminalización" que han sufrido de parte del Ministerio Público por reclamar sus legítimos derechos territoriales y la poca voluntad del gobierno en acoger una serie de informes y recomendaciones que llaman a respetar los derechos humanos del Pueblo Mapuche en su conjunto. "Esto se suma la actitud constante del Estado de Chile en cuanto a no dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la ONU, sobre temas de Derechos Humanos; al contrario se ejerce persecución a través de organismos de Estado como el Poder Judicial, Ministerio Público, instituciones policiales y Gendarmería de Chile", denunciaron.

A juicio de las dirigentes, estas instituciones se han encargado de criminalizar su lucha, a través de la aplicación de legislaciones propias de gobiernos de facto, situación que ha significado el encarcelamiento de diversos dirigentes a largas penas de presidio en la zona sur de Chile, en su mayoría acusados de violar la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas creada por Pinochet. "En la actualidad ellos están cumpliendo condenas acusados incluso de actos terroristas, con la aplicación de penas y multas a favor de las transnacionales, que invaden nuestros territorios ancestrales, todo esto amparándose el Estado de Chile en sus leyes donde las instituciones funcionan 'en la medida de lo posible' y siempre en contra de nuestro pueblo", subrayaron.

Ambas prisioneras políticas sacan a la luz pública además una situación que es recurrente al interior de los centros penitenciarios del Wallmapu. Tal es el caso de los maltratos a que son sometidos los reclusos, las vejaciones de que son víctimas sus familiares al visitarlos y la negación, que por reiterada viene a constituir una práctica institucional, de la condición de presos políticos de los dirigentes mapuche encarcelados. "Gendarmería de Chile maltrata vulnera y lesiona a diario nuestra dignidad y la de nuestras familias, por medio de registros corporales hostiles y degradantes a quienes nos visitan, no respetando a nuestra autoridades tradicionales como machis, lonkos, werkenes, etc, ni tampoco a niños menores de edad y ancianos", señalaron.

Cabe recordar que a comienzos de julio de 2007, Juana Calfunao y su esposo Antonio Cadin fueron absueltos en un juicio oral de los cargos más graves imputados en un proceso originado en abril de 2006, por un bloqueo de camino en Los Laureles. Solo se les condenó a pagar $600.000 por daños menores a un tractor averiado en la protesta, más las costas del juicio. Sin embargo, no pudieron salir en libertad pues aun esperan en la cárcel la realización de un nuevo juicio oral, por los incidentes originados mientras se realizaba otro juicio simplificado en Temuco. Corría noviembre de 2006 y en esa oportunidad la lonko trató de "racistas" a los fiscales Luís Torres Contreras y Mauricio Torres Gutiérrez, produciéndose un violento incidente que significó la detención de nuevos miembros de la familia y, mas tarde, cargos por "atentado a la autoridad" y "lesiones menos graves" contra funcionarios públicos, según estimó el fiscal Sergio Moya.

En esta causa, el Ministerio Público está solicitando 5 años de prisión no remitida para la lonko Calfunao; 15 años promedio para Antonio Cadin, por diversos delitos; y 3 años para Luisa Calfunao, Jorge Landero Calfunao [hijo de la dirigente], Ernesto Lincopan, Juan Carlos Garrido Lincoyan, Fernando Braulio Lincopan, Víctor Guíñez Hernández, Gloria Romero Cheuquepil, Carolina Landero Calfunao [hija de Juana Calfunao] y Roknelia Neculman Calfunao [hija también de Luisa Calfunao]. Los once miembros de la comunidad Juan Paillalef deberían además pagar multas por los daños reportados por el tribunal de Temuko, avaluados en poco más de $700.000 [Mil Euros] y también las costas del juicio, en caso de resultar encontrados culpables de los ilícitos anteriormente reseñados.

Castigo permanente

Las denuncias realizadas por las hermanas Calfunao en materia de abusos al interior de las cárceles afectan de especial manera al joven estudiante de derecho, Waikilaf Cadin Calfunao, hijo precisamente de la lonko Juana Calfunao, activo miembro de la comunidad Juan Paillalef y quien se encuentra recluido desde octubre de 2006 en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago por causas vinculadas al conflicto territorial que protagoniza su comunidad con la empresa eléctrica Frontel. Cadin fue detenido por fuerzas de Carabineros el día 31 de julio de 2006, al oponer resistencia al corte de árboles que pretendía realizar un grupo de trabajadores de dicha empresa al interior de su comunidad, quienes ingresaron acompañados por policías y sin permiso de los mapuches.

El joven fue acusado de daños, desórdenes y hurto, siendo ingresado el día 17 de agosto de 2006 a la cárcel de Temuko. Luego de haber iniciado una huelga de hambre denunciando la injusticia y el maltrato a que era sometido de manera cotidiana, fue sorpresivamente trasladado el día 17 de octubre a la Cárcel de Alta Seguridad [CAS] de Santiago, recinto de máxima seguridad que hasta hace un tiempo albergó a prisioneros políticos chilenos y donde actualmente cumplen condena principalmente peligrosos narcotraficantes, miembros de la mafia criolla, violadores de menores y algunos ex miembros de los organismos de seguridad del régimen militar, condenados por abusos contra población civil en dictadura.

Según denunciaron miembros de la Comisión Ética contra la Tortura [CECT] y de la Coordinación Santiago de Ex Presos Políticos, Cadin Calfunao se encuentra sometido a un duro régimen de reclusión. El joven se encontraría desde hace meses en la sección de Máxima Seguridad, donde se le impide tener acceso a biblioteca e inclusive a un lápiz para escribir. "Waikilaf está permanentemente expuesto a presenciar los golpes y maltratos a que son sometidos los presos comunes detenidos por asesinatos, crímenes violentos y pedofilia, los que generalmente son maltratados por los guardias al llegar y han llegado a ejecutar intentos de suicidio", señalaron los delegados del CECT. "Los reos comunes habitualmente permanecen entre dos o tres días en el recinto de Máxima Seguridad, en tanto que Waikilaf ya se encuentra varios meses recluido en ese lugar", denunciaron.

Ante este escenario, no pareciera sorprender que los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin, ambos destacados líderes tradicionales enjuiciados y encarcelados el 2002 en virtud de la Ley Antiterrorista y en libertad desde el 2006, hayan anunciado la realización de una conferencia de prensa este jueves en Temuko. La acción -señalaron- "tiene por objetivo denunciar ante la opinión publica en general, que el Gobierno no ha dado respuesta a la solicitud de información con respecto a las violaciones de derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche en Chile". Ambos dirigentes hacen referencia a la solicitud formal que al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] hiciera llegar a La Moneda y que hasta la fecha no ha tenido respuesta del ejecutivo chileno.

Cabe destacar que la CIDH público recientemente su informe 32/07 por el cual acepta investigar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los prisioneros políticos mapuches Patricia Troncoso, los hermanos Juan Patricio y Florencio Marileo Saravia, Juan Huenulao, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Ellos cumplen prisión efectiva de diez años y un día luego de ser condenados en agosto de 2004, como autores de "incendio terrorista" del fundo Poluco-Pidenco de Forestal Mininco. Anteriormente, la CIDH ya había aceptado investigar el caso de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, quienes fueron condenados a 5 años y un día de prisión por supuesta "amenaza terrorista" contra dos empresarios de Traiguén, uno de ellos Juan Agustín Figueroa, presidente vitalicio de la Fundación Neruda. http://www.ecoportal.net/

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