Nuevas detenciones y huelgas de hambre en zona Mapuche.
No más represión. No al terrorismo de estado chileno
En los últimos días, la tensión ha vuelto a reflotar en la zona mapuche de Chile, tras violentos operativos policiales que han implicado la detención de un reconocido dirigente de la comunidad de Temucuicui en Ercilla y la huelga de hambre que Juana y Luisa Calfunao, miembros de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, han iniciado en el marco de un excesivo tiempo en prisión.
Operativos policiales y acciones de protesta
La detención de Jaime Huenchullán en las cercanías de su hogar en Temucuicui ha tensionado el ambiente en sectores rurales de Ercilla. El dirigente era buscado por la policía por su presunta responsabilidad en delitos donde alega inocencia. En Temuco, las hermanas Luisa y Juana Calfunao cumplen 15 días en huelga de hambre, denunciando las irregularidades de un proceso judicial caracterizado por la estigmatización de una familia completa.
En los últimos días, la tensión ha vuelto a reflotar en la zona mapuche de Chile, tras violentos operativos policiales que han implicado la detención de un reconocido dirigente de la comunidad de Temucuicui en Ercilla y la huelga de hambre que Juana y Luisa Calfunao, miembros de la comunidad Juan Paillalef de Cunco, han iniciado en el marco de un excesivo tiempo en prisión que las afecta junto a otros de sus familiares en Temuco y al no cumplimiento por parte del estado de diversas recomendaciones para paliar situaciones de abusos contra comunidades.
La detención del dirigente Jaime Eduardo Huenchullán Cayul [28 años] se produjo el pasado sábado, alrededor de las 15:30 horas, en los ingresos a la comunidad Temucuicui y estuvo a cargo de un piquete de efectivos de fuerzas especiales de Carabineros, parte del destacamento que se encuentra resguardando -por mandato del Ministerio Público- el predio del empresario agrícola René Urban en dicha zona de conflicto territorial. Según denunció la comunidad, su detención habría sido resultado de una "encerrona" policial.
Cabe recordar que Huenchullán se encontraba clandestino desde el año 2005, después de haber sido acusado y responsabilizado por el agricultor René Urban, a través del Ministerio Público, de haber cometidos diferentes delitos en su fundo, el cual es reclamado por la comunidad Temucuicui. Desde la cárcel de Victoria, el propio Huenchullán subrayó que su situación obedecería a la persecución política y judicial de que son objeto numerosas comunidades mapuche que luchan por reivindicar sus derechos, restando validez a las acusaciones en su contra, que van desde amenazas, daños a la propiedad privada, atentado en contra de la autoridad, desórdenes públicos e incendio en propiedades de René Urban.
"Rechazo categóricamente todas estas acusaciones que sólo responden a la práctica de persecución política Judicial y hostigamientos por parte del estado chileno en contra de todas las comunidades y dirigentes que luchan por revindicar nuestros legítimos derechos, haciendo valer su llamado 'Estado de Derecho' en beneficios de los latifundistas que han usurpado nuestra tierra y en perjudico de los kona que legítimamente luchamos por revindicar nuestros derechos como pueblo", señaló a través de un comunicado enviado a la redacción de Azkintuwe. "He estado encarcelado en reiteradas ocasiones bajos las mismas acusaciones, las cuales en ninguna oportunidad han logrado ser comprobadas con pruebas fehacientes", agregó.
Huenchullán Cayul es un destacado dirigente de Ercilla. En noviembre del año 2004, mientras se encontraba trabajando en sus tierras del ex fundo Alaska, recibió dos disparos de escopeta que casi le costaron la vida. Más de 40 perdigones lo dejaron inconsciente y en estado agónico, siendo encontrado por familiares recién al día siguiente y trasladado de urgencia al Hospital de Victoria con diagnóstico de riesgo vital. Si bien el dirigente presentó una querella criminal en el Juzgado de Collipulli, esta posteriormente fue dejada sin efecto y archivada, resolución que fue rechazada en su oportunidad por la propia comunidad y diversos organismos de derechos humanos, alertados por la impunidad en el actuar de latifundistas y policías.
Huelga de hambre
En la capital regional, en tanto, 15 días en huelga de hambre cumplen las hermanas Luisa y Juana Calfunao Paillalef, esta última lonko de la comunidad Juan Paillalef de la comuna de Cunco, quienes denuncian la "criminalización" que han sufrido de parte del Ministerio Público por reclamar sus legítimos derechos territoriales y la poca voluntad del gobierno en acoger una serie de informes y recomendaciones que llaman a respetar los derechos humanos del Pueblo Mapuche en su conjunto. "Esto se suma la actitud constante del Estado de Chile en cuanto a no dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por la ONU, sobre temas de Derechos Humanos; al contrario se ejerce persecución a través de organismos de Estado como el Poder Judicial, Ministerio Público, instituciones policiales y Gendarmería de Chile", denunciaron.
A juicio de las dirigentes, estas instituciones se han encargado de criminalizar su lucha, a través de la aplicación de legislaciones propias de gobiernos de facto, situación que ha significado el encarcelamiento de diversos dirigentes a largas penas de presidio en la zona sur de Chile, en su mayoría acusados de violar la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas creada por Pinochet. "En la actualidad ellos están cumpliendo condenas acusados incluso de actos terroristas, con la aplicación de penas y multas a favor de las transnacionales, que invaden nuestros territorios ancestrales, todo esto amparándose el Estado de Chile en sus leyes donde las instituciones funcionan 'en la medida de lo posible' y siempre en contra de nuestro pueblo", subrayaron.
Ambas prisioneras políticas sacan a la luz pública además una situación que es recurrente al interior de los centros penitenciarios del Wallmapu. Tal es el caso de los maltratos a que son sometidos los reclusos, las vejaciones de que son víctimas sus familiares al visitarlos y la negación, que por reiterada viene a constituir una práctica institucional, de la condición de presos políticos de los dirigentes mapuche encarcelados. "Gendarmería de Chile maltrata vulnera y lesiona a diario nuestra dignidad y la de nuestras familias, por medio de registros corporales hostiles y degradantes a quienes nos visitan, no respetando a nuestra autoridades tradicionales como machis, lonkos, werkenes, etc, ni tampoco a niños menores de edad y ancianos", señalaron.
Cabe recordar que a comienzos de julio de 2007, Juana Calfunao y su esposo Antonio Cadin fueron absueltos en un juicio oral de los cargos más graves imputados en un proceso originado en abril de 2006, por un bloqueo de camino en Los Laureles. Solo se les condenó a pagar $600.000 por daños menores a un tractor averiado en la protesta, más las costas del juicio. Sin embargo, no pudieron salir en libertad pues aun esperan en la cárcel la realización de un nuevo juicio oral, por los incidentes originados mientras se realizaba otro juicio simplificado en Temuco. Corría noviembre de 2006 y en esa oportunidad la lonko trató de "racistas" a los fiscales Luís Torres Contreras y Mauricio Torres Gutiérrez, produciéndose un violento incidente que significó la detención de nuevos miembros de la familia y, mas tarde, cargos por "atentado a la autoridad" y "lesiones menos graves" contra funcionarios públicos, según estimó el fiscal Sergio Moya.
En esta causa, el Ministerio Público está solicitando 5 años de prisión no remitida para la lonko Calfunao; 15 años promedio para Antonio Cadin, por diversos delitos; y 3 años para Luisa Calfunao, Jorge Landero Calfunao [hijo de la dirigente], Ernesto Lincopan, Juan Carlos Garrido Lincoyan, Fernando Braulio Lincopan, Víctor Guíñez Hernández, Gloria Romero Cheuquepil, Carolina Landero Calfunao [hija de Juana Calfunao] y Roknelia Neculman Calfunao [hija también de Luisa Calfunao]. Los once miembros de la comunidad Juan Paillalef deberían además pagar multas por los daños reportados por el tribunal de Temuko, avaluados en poco más de $700.000 [Mil Euros] y también las costas del juicio, en caso de resultar encontrados culpables de los ilícitos anteriormente reseñados.
Castigo permanente
Las denuncias realizadas por las hermanas Calfunao en materia de abusos al interior de las cárceles afectan de especial manera al joven estudiante de derecho, Waikilaf Cadin Calfunao, hijo precisamente de la lonko Juana Calfunao, activo miembro de la comunidad Juan Paillalef y quien se encuentra recluido desde octubre de 2006 en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago por causas vinculadas al conflicto territorial que protagoniza su comunidad con la empresa eléctrica Frontel. Cadin fue detenido por fuerzas de Carabineros el día 31 de julio de 2006, al oponer resistencia al corte de árboles que pretendía realizar un grupo de trabajadores de dicha empresa al interior de su comunidad, quienes ingresaron acompañados por policías y sin permiso de los mapuches.
El joven fue acusado de daños, desórdenes y hurto, siendo ingresado el día 17 de agosto de 2006 a la cárcel de Temuko. Luego de haber iniciado una huelga de hambre denunciando la injusticia y el maltrato a que era sometido de manera cotidiana, fue sorpresivamente trasladado el día 17 de octubre a la Cárcel de Alta Seguridad [CAS] de Santiago, recinto de máxima seguridad que hasta hace un tiempo albergó a prisioneros políticos chilenos y donde actualmente cumplen condena principalmente peligrosos narcotraficantes, miembros de la mafia criolla, violadores de menores y algunos ex miembros de los organismos de seguridad del régimen militar, condenados por abusos contra población civil en dictadura.
Según denunciaron miembros de la Comisión Ética contra la Tortura [CECT] y de la Coordinación Santiago de Ex Presos Políticos, Cadin Calfunao se encuentra sometido a un duro régimen de reclusión. El joven se encontraría desde hace meses en la sección de Máxima Seguridad, donde se le impide tener acceso a biblioteca e inclusive a un lápiz para escribir. "Waikilaf está permanentemente expuesto a presenciar los golpes y maltratos a que son sometidos los presos comunes detenidos por asesinatos, crímenes violentos y pedofilia, los que generalmente son maltratados por los guardias al llegar y han llegado a ejecutar intentos de suicidio", señalaron los delegados del CECT. "Los reos comunes habitualmente permanecen entre dos o tres días en el recinto de Máxima Seguridad, en tanto que Waikilaf ya se encuentra varios meses recluido en ese lugar", denunciaron.
Ante este escenario, no pareciera sorprender que los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin, ambos destacados líderes tradicionales enjuiciados y encarcelados el 2002 en virtud de la Ley Antiterrorista y en libertad desde el 2006, hayan anunciado la realización de una conferencia de prensa este jueves en Temuko. La acción -señalaron- "tiene por objetivo denunciar ante la opinión publica en general, que el Gobierno no ha dado respuesta a la solicitud de información con respecto a las violaciones de derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche en Chile". Ambos dirigentes hacen referencia a la solicitud formal que al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] hiciera llegar a La Moneda y que hasta la fecha no ha tenido respuesta del ejecutivo chileno.
Cabe destacar que la CIDH público recientemente su informe 32/07 por el cual acepta investigar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por los prisioneros políticos mapuches Patricia Troncoso, los hermanos Juan Patricio y Florencio Marileo Saravia, Juan Huenulao, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Ellos cumplen prisión efectiva de diez años y un día luego de ser condenados en agosto de 2004, como autores de "incendio terrorista" del fundo Poluco-Pidenco de Forestal Mininco. Anteriormente, la CIDH ya había aceptado investigar el caso de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, quienes fueron condenados a 5 años y un día de prisión por supuesta "amenaza terrorista" contra dos empresarios de Traiguén, uno de ellos Juan Agustín Figueroa, presidente vitalicio de la Fundación Neruda. http://www.ecoportal.net/
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