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Centros Chilenos en el Exterior

Justicia

VIDEO: La Resistencia de Caimanes, el pueblo que lucha por sobrevivir a la ambición de Luksic

Un equipo del canal comunitario de TV, Señal 3 de La Víctoria, viajó hasta la localidad de Caimanes, comuna de Los Vilos (IV región), en donde su comunidad montó un campamento por más de 70 días para que la Minera “Los Pelambres”, de propiedad del grupo Luksic, cumpliera el fallo que el 22 de octubre del 2014 la Corte Suprema emanó.

Este obliga a la minera restituír el cauce natural del Estero “El Pupío” afectado por el relave de la faena minera con el relave El Mauro. Ver nota relacionada: FFEE reprime a comunidad de Caimanes que lleva 70 días haciendo cumplir el fallo de la C. Suprema en contra de Luksic

En el registro, son los propios vecinos y vecinas de Caimanes quienes relatan su lucha y las dificultades que han tenido, en particular, por la complicidad de las autoridades regionales y centrales quienes no solo han desoído a la comunidad y que en vez de hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema han protegido los intereses de la minera llevando incluso a un gran contingente de carabineros para desalojar y actualmente resguardar las faenas mineras.

Revisa el trabajo de La Señal 3:

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GRACIAS A RADIO VILLA FRANCIA

 

 

 

 

Carta al Presidente Piñera: Tiene el deber moral de pedir a Obama extradición de Barrientos

Carta pública al Presidente Sebastián Piñera

Solicitamos que exija al Presidente Barack Obama que haga efectiva la extradición del ex oficial de las fuerzas armadas chilenas, Pedro Pablo Barrientos, acusado del asesinato del cantautor Víctor Jara.

Sr. Sebastián Piñera

Presidente de la República de Chile

Presente

Los abajo firmantes, parlamentarios del Congreso de Chile, nos dirigimos a usted para exigirle que en vista de la reunión que sostendrá con el Presidente Barack Obama este 4 de junio, interceda ante el mandatario estadounidense para que se concrete a la brevedad posible la extradición de Pedro Pablo Barrientos Núñez, solicitado por la justicia chilena tras su posible responsabilidad en el alevoso asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973.

Según lo que ha establecido hasta ahora la justicia de Chile, Barrientos tiene responsabilidad directa en la muerte de Víctor Jara, quien enfrentó horribles torturas a manos de personal militar, tras lo cual fue asesinado con un alto nivel de ensañamiento en el entonces llamado Estadio Chile, recibiendo decenas de disparos. En diciembre de 2012 el juez Miguel Vázquez sometió a proceso y solicitó la captura internacional de Barrientos, quien se encuentra residiendo en Estados Unidos, con domicilio en el estado de Florida. Posteriormente la Corte Suprema decretó la petición de extradición, basada en el centenario tratado bilateral entre Chile y Estados Unidos, además de estar ambos países sometidos a los preceptos de la Convención sobre Extradición de Montevideo, de 1933.

La petición de extradición, pese a haber sido aprobada por la Corte Suprema en enero de este año, aún no es concretada, pese a conocerse el domicilio de Barrientos en la ciudad de Deltona, estado de Florida. Por esta razón, le exigimos que apoye la resolución de la Corte Suprema y pida directamente al presidente Obama que se dé curso inmediato a la extradición de Barrientos, para que enfrente el proceso judicial en su contra y se determine formalmente su responsabilidad en el asesinato de Víctor Jara, caso declarado como un crimen contra la humanidad e imprescriptible.

Le saluda atentamente,

Hugo Gutiérrez                               Alejandro Navarro

Diputado del Congreso de Chile          Senador del Congreso de Chile

  

 

 

 

 

 

 

 

Las bases de la solicitud de desafuero del diputado Rosauro Martínez para investigar caso de violación a DD.HH.

CNN Chile

14 de mayo, 2013 19:10 -  Nacional

"Queremos se investigue hasta el final", aseguró el diputado Sergio Aguiló para investigar la eventual responsabilidad del parlamentario RN.

El diputado Sergio Aguiló en conversación con CNN Chile abordó la carta que envió junto al diputado Hugo Gutiérrez al programa de Derechos Humanos del ministro del Interior, para que se solicite el desafuero del diputado Rosauro Martínez (RN) por su eventual participación en el caso Nelturne, por el asesinato de tres miristas durante 1981 en la ciudad de Valdivia cuando ejercía el cargo de capitán del Ejército.

Aguiló explicó que el proceso se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años, con dos ministros en visita a cargo del caso, y que los antecedentes apuntan a que "eventualmente" el diputado Martínez habría comandado el batallón que asesinó "a tres personas, sin derecho a defensa, sin derecho a ser interrogados y ser llevado a un tribunal".

Además, recalcó que la indagación no ha podido ser profundizada por que el parlamentario RN tiene fuero parlamentario y realizó un llamado a desaforar a Martínez para concretar esta investigación. "Queremos se investigue hasta el final", recalcó.

 

 

 

 

 

Justicia condena al Estado chileno a indemnizar a ex prisioneros de Isla Dawson

Justicia condena al Estado chileno a indemnizar a ex prisioneros de Isla Dawson

El 10 de Enero del año 2008, 31 ex prisioneros políticos que fuimos torturados, sometidos a trabajos forzados y confinados en los campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes entre 1973-1974, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, demandamos  por daños y perjuicios al Estado de Chile. Con satisfacción informamos, que después de cinco años nuestra “Demanda en juicio de hacienda de ex prisioneros políticos de Isla Dawson y Magallanes contra el Estado de Chile”, presentada por Elie Valencia, Miguel Loguercio, Baldovino Gómez, Héctor Avilés y otros, patrocinada por el abogado Victor RosasVergara, ha tenido un fallo favorable en la sentencia de primera instancia notificada el 15 de enero de 2013 por la Juez Titular del 18º Juzgado Civil de Santiago, señora Claudia Donoso Niemayer.

Esta sentencia dictamina que los derechos humanos “son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria, ya que ello significaría el desconocimiento del Derecho Humano conculcado”. El  fallo también establece la “imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y da “lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por los actores,” el que “este juzgado estima prudencialmente en $150.000.000 para cada uno de los demandantes, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes”.

El Estado de Chile debiera moralmente acatar la resolución judicial y abstenerse de apelar esta sentencia. Los ex prisioneros demandantes hacemos un llamado al Consejo de Defensa del Estado de Chile a reconocer esta sentencia y establecer que en Chile se rechaza la tortura y la prisión política como se llevó a cabo en los campos de concentración de Isla Dawson. Estamos dispuestos a concordar con el Consejo de Defensa del Estado las formas de  facilitar la ejecución de este veredicto ejemplar del estado de derecho chileno en democracia.

Por los demandantes: 

Elie Valencia, Miguel Loguercio, Héctor Avilés y Baldovino Gómez

Contactos:  B. Gómez 8 341 18 65 bgomezalba@gmail.com

E. Valencia valencia@dawson2000.com M. Loguercio loguercio@dawson2000.com

Libio Pérez  libioperez@gmail.com

 

 

 

 

 

América Latina: España procesa por genocidio a siete exresponsables de la DINA chilena

América Latina: España procesa por genocidio a siete exresponsables de la DINA chilena

dw.de

La Justicia española procesó por genocidio, asesinato y detención ilegal a siete exresponsables de la DINA chilena por su participación en la muerte del diplomático español Carmelo Soria en 1976.

Según informaron hoy fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz ordenó la búsqueda internacional, detención e ingreso en prisión de los siete.

Los procesados pertenecían a la llamada Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Se trata de Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, René Patricio Quiloth Palma, José Remigio Ríos Sanmartín y Michael Vernon Townley Welch, este último de nacionalidad estadounidense.

El juez Ruz decidió así admitir la petición que la fiscalía le hizo en mayo, argumentando la competencia de la Justicia española en este caso porque la persecución en Chile "no ha sido efectiva". El magistrado señaló que el proceso se cerró en Chile por una amnistía que "no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente".

El español Carmelo Soria trabajaba en Chile como diplomático para la ONU en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. El 14 de julio de 1976 fue secuestrado en Santiago de Chile cuando se dirigía a su casa. Según el juez Ruz, fue trasladado a una vivienda que ocupaba el estadounidense Towley Welch, donde "fue torturado -maniatado y con la cara vendada, durante varias horas".

Al español le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile. Después le inyectaron o le hicieron tragar pisco para matarlo, pero finalmente lo estrangularon. "Pobre Chile..." fueron las únicas palabras que el diplomático llegó a pronunciar.

Su cadáver fue metido en un vehículo y tirado a un canal y sus secuestradores y asesinos le metieron una nota en un bolsillo para tratar de simular que se había suicidado por infidelidades de su esposa.

Durante la dictadura militar chilena, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron a manos del régimen, según informes oficiales. Otras decenas de miles fueron torturadas.

dpa

Editor: Pablo Kummetz

Fecha 30.10.2012

Autor Pablo Kummetz

 

 

 

Servicio Médico Legal entrega restos de tres miembros del GAP ejecutados en 1973

Servicio Médico Legal entrega restos de tres miembros del GAP ejecutados en 1973

Fueron detenidos un 11 de septiembre cerca de La Moneda.

Viernes 17 de febrero de 2012 a las 14:41 horas

PuraNoticia.cl  Nacional

Luego de un prolongado trabajo de identificación tanatológica, el Servicio Médico Legal (SML) entregó este viernes los restos de tres víctimas del régimen militar, detenidas el 11 de septiembre de 1973 en las proximidades de La Moneda.

Se trata de los militantes socialistas y miembros del equipo de seguridad presidencial (GAP) de Salvador Allende, Carlos Alfonso Cruz Zavala (29), Oscar Marambio Araya (25) y Juan Pedro Garcés Portigliati (20).

La identificación de los asesinados guardaespaldas de Allende, fue posible gracias a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias, además de, estudios antropológico, odontológicos y médicos realizados por el equipo multidisciplinario de la Unidad Especial de Identificación Forense del SML.

El director nacional del SML, Patricio Bustos indicó que los análisis realizados por los especialistas permitieron establecer que Cruz, Marambio y Garcés, fueron asesinados con disparos.

"Estas pericias establecieron que la forma de fallecimiento de las tres víctimas fue muerte violenta por proyectil balístico, producto de la acción de terceros. Estamos entregando, por lo tanto, elementos científicos, evidencias y elementos de verdad para quienes ahora tienen que aplicar la justicia que corresponde", explicó.

Los tres militantes socialistas serán velados en la Confederación Nacional de Sindicatos, Federaciones y Asociaciones de Trabajadores del Sector Privado de Chile, CEPCH, ubicado en Valentín Letelier 18, en el centro de Santiago.

Alfonso Cruz Zavala, miembro del GAP y militante PS, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de la Moneda. Su cuerpo fue encontrado en las riberas del río Mapocho, bajo el puente Bulnes a fines de ese mes.

Óscar Marambio Araya, miembro del GAP y militante PS, fue arrestado el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda y llevado ese mismo día al Regimiento Tacna. El 13 de septiembre fue sacado junto a un grupo de prisioneros en camiones del ejército, con destino desconocido.

Juan Pedro Garcés Portigliati, 20 años, militante PS y miembro del GAP, se desempeñaba en la residencia presidencial de "El Cañaveral" y el 11 de septiembre fue detenido en las inmediaciones del Palacio de la Moneda.

upi/so//

 

 

Labbé sería padre de un hijo de Jacqueline Pinochet: revelación en EEUU

Labbé sería padre de un hijo de Jacqueline Pinochet: revelación en EEUU

Sitio Freedom of Information Act (FOIA) desclasificó un cable de 1987 enviado por la embajada de Estados Unidos en Santiago al secretario de Estado de ese país.

La Nación.cl

Lunes 6 de febrero de 2012

El alcalde de Providencia, Cristián Labbé, sería el padre de uno de los hijos de Jaqueline Pinochet, la hija menor del fallecido dictador Augusto Pinochet, según un documento desclasificado enviado en 1987 por la embajada de EEUU en Santiago.

De acuerdo a la información publicada por el diario El Mostrador, la paternidad de Labbé habría derivado en el envío del ahora edil en funciones a la embajada en Washington, para alejarlo del país.

El sitio Freedom of Information Act (FOIA) desclasificó el cable enviado al secretario de Estado de ese momento, George Schultz, el 13 de julio de 1987, donde se señala que el ex vocero de la Junta Militar Federico Willoughby tendría información de que el entonces oficial del Ejército Labbé y no el brigadier Oscar Vargas sería el padre de un hijo recién nacido de Jacqueline Pinchet.

El documento indica que el brigadier Oscar "Vargas había estado saliendo con otra hija, Lucía, y la familia probablemente lo quería fuera del país por un tiempo, pero (el ex vocero de la Junta Militar Federico) Willoughby dijo que estaba seguro de que la relación con Jacqueline era de Labbé”.

Añade que "Cristián Labbé, cuya aplicación para acreditación como civil adjunto de la embajada de Chile en Washington y que está aún pendiente, había sido junto a Armando Fernández Larios, miembro de un pequeño grupo personal del Ejército reunido en 1973 para entregar seguridad para el nuevo jefe de Estado, Augusto Pinochet".

"El grupo completo después fue incorporado a la DINA”, detalla yel texto. Y apunta que “Labbé ha estado trabajando en una unidad especial dentro de la oficina del secretario general de la Presidencia, a cargo de ’Proyección del régimen’ y enlace entre la presidencia y el Ejército en proyectos relacionados con ese objetivo”.

Consultado por el diario electrónico El Mostrador, Willoughby aseguró que ni supo ni le interesó nunca “la vida sexual del alcalde de Providencia ni de Jacqueline Pinochet”.

 

Publicado en sitio Freedom of Information Act (FOIA)

6 de Febrero de 2012

Documento desclasificado de EE.UU. afirma que alcalde Labbé sería el padre de uno de los hijos de Jacqueline Pinochet

El archivo relata que en 1987 el ex vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, informó a la embajada norteamericana en Santiago que ésta era la razón por la cual la familia Pinochet quería que el actual edil —quien tramitaba su acreditación para desempeñarse como civil adjunto de la legación diplomática de Chile en Washington— se alejara del país. Además, según el relato del periodista, Labbé también iba a recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios, agente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier.

Por Claudia Urquieta Ch.

El Mostrador.cl

Un documento desclasificado por el departamento de Estado de los Estados Unidos, revela un episodio desconocido de la vida del actual alcalde de Providencia, Cristián Labbé y que se remonta a fines de los 80.

El documento, publicado por el sitio Freedom of Information Act (FOIA), es un cable que envió la embajada de Estados Unidos en Santiago al Secretario de Estado norteamericano de ese entonces, George Schultz. El documento detalla que el ex vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, explicó el 13 de julio de 1987 a un funcionario de la embajada del país del norte que entre las razones para la partida del entonces oficial de Ejército a la embajada en Washington se encontraba una que complicaba a la familia Pinochet: Labbé —y no el brigadier general Oscar Vargas— era el padre de un hijo ilegítimo de Jacqueline Pinochet, que había nacido recientemente.

“Vargas había estado saliendo con otra hija, Lucía, y la familia probablemente lo quería fuera del país por un tiempo, pero Willoughby dijo que estaba seguro de que la relación con Jacqueline era de Labbé”, señala el documento. El documento consigna que Willoughby también afirmó que “Cristián Labbé, cuya aplicación para acreditación como civil adjunto de la embajada de Chile en Washington y que está aún pendiente, había sido junto a Armando Fernández Larios, miembro de un pequeño grupo personal del Ejército reunido en 1973 para entregar seguridad para el nuevo jefe de Estado, Augusto Pinochet”.

El ex secretario de prensa de la Junta Militar, también relató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sido enviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad de Ciencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con su trabajo en la ‘proyección’, pero además el amigo dijo que era para recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios, dónde está y qué le está diciendo al Gobierno Americano”.

“El grupo completo después fue incorporado a la DINA. Más recientemente, según Willoughby, Labbé ha estado trabajando en una unidad especial dentro de la oficina del secretario general de la Presidencia, a cargo de “Proyección del régimen” y enlace entre la presidencia y el Ejército en proyectos relacionados con ese objetivo. Willoughby dijo que esa unidad está liderada por un coronel del ejército retirado cuyo nombre no recordaba. Sostuvo que no es una oficina de inteligencia o seguridad, pero sí de personal de planificación política. Por supuesto, para poder hacer eso, necesitan y recolectan lo que él llamó inteligencia política sobre lo que la oposición está haciendo y diciendo”.

El ex secretario de prensa de la Junta Militar, asimismo relató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sido enviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad de Ciencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con su trabajo en la “proyección”, pero además el amigo dijo que “era para recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios (agente de la DINA involucrado en el asesinato de Orlando Letelier), dónde está y qué le está diciendo al Gobierno Americano. El amigo es un oficial del Ejército que también trabaja en la Unidad Especial”.

Al final del archivo, queda en evidencia la precaria condición financiera que habría estado atravesando Willoughby en esa época —quien ya estaba alejado del gobierno—, y que dijo estar a punto de “ser conducido a la pared por la presión del gobierno a los clientes de su negocio y puede tener que declararse en quiebra pronto. Él tiene una propiedad más para hipotecar, si obtiene un préstamo él será capaz de esperar por un tiempo más largo”.

Consultado al respecto por El Mostrador, Willoughby señala que “no supe ni me interesaba la vida sexual del alcalde de Providencia ni de Jacqueline Pinochet”.

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Labbé habría viajado a Washington por encargo de Pinochet para espiar a testigo del caso Letelier

 

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