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Justicia

El agente DINE, el subversivo y un informante en común:

El agente DINE, el subversivo y un informante en común:

Asesinato de Jaime Guzmán: Oscuros secretos de la transición chilena salen a la luz

Por: Cristóbal Peña en Reportajes de investigación

Publicado: 05.10.2011 ciperchile.cl

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) lo conocían como Gustavo Benedetti. Su verdadero nombre: Lenin Guardia, “un informante que me entregaba todos los trabajos a mí o a mi secretario”, afirmó su agente controlador, el coronel Raúl Rojas Nieto, quien dijo que la relación se inició en 1987, cuando el futuro asesor de inteligencia del gobierno de Aylwin tejía vínculos privilegiados con la jefatura del FPMR. Más tarde advirtió al Ejército del crimen de Jaime Guzmán. ¿Para quién trabajaba realmente Lenin Guardia? Esta historia devela una oscura conjunción de intereses que urge desentrañar.

A Raúl Ernesto Rojas Nieto le quedaba una última carta que jugar. Una carta que rompía su lealtad al Ejército pero lo salvaba de caer en contradicciones ante la justicia. A fines de 2010, al declarar en el proceso judicial por el asesinato de Jaime Guzmán, el ex coronel y agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) había reconocido que uno de sus informantes estrella le había prevenido del atentado del que sería objeto en 1991 el senador y líder de la UDI por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). A ese informante lo conocía como El Noruego.

El agente Rojas Nieto no habló por iniciativa propia. Habló porque no le quedó otra opción cuando sólo días antes, el que fuera su superior y jefe máximo de la DINE, general (r) Hernán Ramírez Rurange, le contó al juez Mario Carroza que la información que hizo llegar oportunamente al general Augusto Pinochet, quien quedó de alertar al senador, le había sido proporcionada por el coronel Rojas Nieto. Este último admitió el hecho, pero en su primera declaración judicial aseguró no recordar el verdadero nombre de El Noruego. Entonces, como el juez programó un careo entre los dos militares, Rojas Nieto le mandó a decir que quería volver a declarar.

Raúl Rojas Nieto había recobrado la memoria.

En su segunda declaración judicial, el coronel (r) Rojas dijo que El Noruego, a quien también conocía por el apodo de Gustavo Benedetti, no era otro que Lenin Gilberto Guardia Basso. “Un informante de la DINE que me entregaba todos los trabajos a mí o a mi secretario personal”, detalló el ex agente DINE, quien agregó que “para tener calidad de informante se requiere de un periodo de tiempo anterior importante. Por ejemplo, yo llegué el año 1987 a la Dirección y pienso que él (Guardia) debe haber estado antes”.

Aunque Guardia negó tener calidad de informante, pues se definió como “una persona que se dedica a realizar análisis de la contingencia, todo ello de manera independiente”, sí reconoció ante el juez Carroza que “mantenía conversaciones de análisis” con personal de la DINE. Conversaciones y negocios. Todo mientras asesoraba en materias de seguridad al subsecretario de Interior del gobierno de Aylwin, Belisario Velasco.

Pero sus contactos iban todavía más lejos. En el mismo proceso judicial por la muerte de Jaime Guzmán, un alto jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) aseguró que al menos desde fines de los ‘80 Lenin Guardia mantenía contactos con la comandancia del FPMR. Esos contactos plantean un escenario perturbador. Si el Ejército de la época tenía acceso a la comandancia del FPMR, bien pudo inducir algunas de las acciones subversivas de mayor impacto político.

APRECIO MUTUO

El mismo Lenin Guardia contó alguna vez que el fallecido general Herman Brady Roche, que para 1973 era comandante de la Guarnición de Santiago, intercedió a su favor para conseguir que saliera sano y salvo del país tras el Golpe de Estado. El militante del Partido Socialista, hijo de padres comunistas y con un pasado en el MIR, se estableció en Francia y más tarde en Cuba y Alemania Oriental. En Europa fue allegado a Carlos Altamirano, lo que según el asesor le generó enemistades con sus correligionarios.

En su última declaración ante el juez Carroza, Guardia recordó que en los días posteriores al retorno de la democracia, Osvaldo Puccio lo recomendó ante Enrique Krauss como asesor en seguridad. Sin embargo, su cercanía con Altamirano –afirmó- habría significado el veto de Marcelo Schilling y otros militantes socialistas que poco más tarde lideraron el combate a la subversión. “A pesar de ello soy llamado a trabajar con Belisario Velasco, lo que me vale una pugna con el resto de los socialistas que forman parte de la Oficina”, testificó a fines de 2010.

La Oficina era el nombre coloquial con que se conocía al Consejo de Seguridad Pública. Una de las personas que conoció su origen dice que las desconfianzas hacia Guardia no decían relación con su cercanía a Altamirano. Lo que generaba sospechas eran sus vínculos con los servicios de inteligencia del Ejército. En 1985, con motivo del remezón provocado por los tres profesionales comunistas degollados, el asesor coordinó un encuentro celebrado en su casa entre el general Humberto Gordon, entonces mandamás de la CNI, y dirigentes del Partido Comunista. El interés del general era descartar la participación de la CNI en los asesinatos.

El analista nunca aclaró cómo llegó a ganarse la confianza del jefe de la CNI. Lo que está fuera de dudas es que entre ambos había una relación de aprecio mutuo. En 2001, cuando Lenin Guardia cayó detenido por el caso de las cartas bombas, la policía encontró tres revólveres. Uno de ellos le había sido obsequiado por el general Gordon.

LA TARIFA

A fines de 1991, cuando Cristián Edwards aún se encontraba secuestrado por el FPMR, Lenin Guardia llegó hasta el despacho del subsecretario Velasco con una primicia. Traía el nombre de uno de los secuestradores, Ricardo Palma Salamanca, que además resultó ser uno de los dos pistoleros que disparó contra Jaime Guzmán.

“Le hice presente a Velasco que me parecía necesario que la información que le daba fuera trabajada por un organismo de investigación policial. Después de eso yo me desligué del asunto”, se lee en la declaración que el analista de inteligencia dio en 1996.

 Según un funcionario del gobierno de la época que conoció este capítulo, Guardia puso precio al nombre de Ricardo Palma Salamanca: $30 millones. Un precio justo si se considera que gracias a ese dato la policía pudo resolver los dos casos que marcaron la transición política. Pero muy elevado atendiendo a que el soplo no fue fruto de un trabajo de inteligencia. Al menos no aparentemente. Se lo confidenció su pareja, la psiquiatra Consuelo Macchiavello Forni, quien tenía de paciente a la hermana de Ricardo Palma.

Dubilia María Consuelo Macchiavello Forni era parte de un equipo de profesionales de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) que asistía a víctimas de la dictadura. Entre esas víctimas se encontraba Marcela, la hermana de Ricardo Palma.

Desde fines de los ochenta, cuando comenzó a confidenciarle secretos de su vida, Marcela Palma desconocía por completo que su psiquiatra era pareja de un analista de inteligencia de filiación socialista. Es más: ni siquiera había escuchado hablar de Lenin Guardia. Igualmente desconocía que su psiquiatra estaba emparentada con el general Herman Brady Roche por medio de la esposa de este, Inés Macchiavello.

Brady, ex ministro de Defensa de la dictadura y el único de los generales que tuteaba a Pinochet, fue el mismo oficial de Ejército a quien Lenin Guardia agradeció de haberlo salvado tras el Golpe de Estado. El mismo a quien en sus últimas declaraciones identificó como el hombre que lo vinculó al coronel Rojas Nieto y otros militares de la DINE. Y el mismo con quien se asoció en 1993 para hacer negocios en una empresa formada un año antes junto a otros militares. La sociedad tenía el nombre de Carlos Durán y Compañía Limitada y estaba especializada en seguridad.

Herman Julio Brady Roche fue procesado por la desaparición de varias de las personas detenidas el día del Golpe de Estado en La Moneda. Murió a comienzos de este año, tras pasar los últimos dos en estado vegetal.

JEFE DE JEFES

Lenin Guardia pudo haber tenido aciertos fortuitos. Datos como el de Ricardo Palma Salamanca que no le demandaron mayor esfuerzo. Pudo también haber mostrado un exceso de amateurismo, presa del nerviosismo y la ambición, como ocurrió en 2001 al ser sorprendido enviando cartas bombas para generar una sensación de inseguridad que perseguía ampliar su campo laboral. Pero también hay que reconocer que, en su mejor momento al menos, accedió a lo más alto y granado de su especialidad. Que había ahí un trabajo que demandaba esfuerzo y talento. No se explica de otra forma que sus buenos oficios llegaran tanto a la inteligencia del Ejército como a la comandancia del FPMR.

Sobre esto último hay evidencias consistentes en el testimonio judicial que entregó Krantz Bauer Donoso, comandante de la Brigada Azul de la CNI, especializada en el combate al FPMR. Bauer le contó al juez Carroza que en 1989, la CNI siguió los pasos de “un oficial de alta jerarquía en el FPMR, educado en una escuela militar en Cuba y compañero de Galvarino Apablaza”. Este alto oficial se reunió en el Tavelli de Providencia con una mujer que luego de una corta reunión partió a un segundo encuentro. “Cuatro cuadras más allá lo esperaba un auto bonito al cual se sube, y revisada la patente del vehículo su propietario resultó ser Lenin Guardia”, contó el ex jefe de la CNI.

El alto oficial del FPMR fue identificado por Bauer Donoso como Aníbal Maur Sibanik, “una persona tan importante como (Raúl) Pellegrin” dentro del FPMR y candidato a sucederlo cuando éste fue asesinado tras el asalto al cuartel Los Queñes, en 1988. Precisamente en los días posteriores a ese hecho, la CNI detectó la entrada a Chile de Maur, un ciudadano argentino nacido en 1950 a quien los servicios de inteligencia de la dictadura consideraban el cerebro en las sombras del FPMR. El jefe de jefes.

El mito pudo haber tenido su origen hacia fines de los ’70 en La Habana, cuando Maur Sibanik participó junto a Jacinto Nazar y otros dirigentes del Partido Comunista (PC) chileno en una discusión que impulsó la lucha armada contra la dictadura. Era uno de los oficiales más brillantes de su generación, hijo de un matemático de origen judío polaco que llegó a la Argentina arrancando del nazismo y en 1970, atraído por el ascenso de Allende al poder, se trasladó a Chile junto a su familia. Fue en este país, mientras estudiaba Ciencias en la Universidad de Chile, que Aníbal Maur Sibanik asomó como dirigente comunista. Más tarde, en el exilio en La Habana, fue uno de los primeros militantes del PC chileno en ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Desde mediados de los ’80, tras un breve paso por Nicaragua, tuvo a su cargo la estructura de apoyo del FPMR en Buenos Aires. Tenía contacto permanente con la comandancia del FPMR, y en uno de esos contactos la CNI detectó su entrada al país y descubrió el vínculo con Lenin Guardia.

Aníbal Maur no puede corroborar el hecho. En 2000, mientras conducía un Mazda Miata descapotable por una carretera argentina, perdió el control y se mató. Sin embargo, su viuda confirma hoy que el jefe del FPMR en Argentina tuvo encuentros con el analista de inteligencia. Los tuvo al igual que algunos de los comandantes de la Dirección Nacional del FPMR encabezada por Galvarino Apablaza, artillero como Aníbal y uno de los más cercanos a este.

“Para Aníbal fue una sorpresa volver a verlo tiempo después en televisión”, cuenta la viuda de Maur Sibanik. “Mira, me comentó, ese tipo es el mismo con el que nos reuníamos (en el FPMR)”.

LA OPORTUNIDAD

La información sobre Guzmán que Lenin Guardia vendió al Ejército pudo haberla obtenido de primera fuente. Pero también, como dijo él a la justicia, pudo haberla recogida del gobierno de Aylwin, que unas semanas antes del asesinato de Jaime Guzmán recibió un informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros alertando del hecho. El informe estaba basado en el contenido de panfletos firmados por el FPMR que amenazaban con matar a Jaime Guzmán y Manuel Contreras.

En esas fechas, el FPMR tenía otros políticos en la mira a los que también espiaba sus rutinas. Francisco Javier Cuadra era uno de ellos, y en 2010, al reabrirse la investigación por la muerte del senador, aseguró haber sido alertado por el general (r) Jorge Ballerino del peligro que corría. Ese fue el primero de varios secretos de la transición que comenzaron a salir a luz. El segundo apunta a la responsabilidad de Pinochet en el asesinato de Jaime Guzmán.

Nadie aún ha podido explicar por qué el entonces comandante en jefe del ejército nunca advirtió a Jaime Guzmán del peligro que corría, pese a que se había comprometido a ello cuando el general Ramírez Rurange, jefe de la DINE, le confidenció el dato que trajo Lenin Guardia.

El asesinato de Guzmán ocurrió a la semana siguiente, pocos días después de que el Presidente Aylwin diera a conocer el Informe sobre Verdad y Reconciliación que sentaba una verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Como terminarían por reconocer los propios dirigentes del FPMR, la muerte del senador UDI sólo podía favorecer a los intereses de un Ejército que demorará varios años en liberarse de la tutela de Pinochet.

 

 

 

Navarro señaló que justicia reconoció irregularidades denunciadas:

"Ministro Hinzpeter debe responder por detenciones ilegales"

Parlamentario dijo que diversos parlamentarios evalúan no participar en cuenta del 21 de mayo "porque no se puede acompañar en un acto republicano a un gobierno que no respeta las leyes de la república".

Valorando que la justicia haya reconocido las irregularidades producidas en la detención de una cincuentena de personas que se manifestaban rechazando la aprobación del proyecto Hidroaysén en Santiago al declararlas como ilegales, el senador Alejandro Navarro, tras reunirse con el general sub director de Carabineros Gustavo González dijo que "el ministro Hinzpeter debe responder por esas detenciones".

El presidente del MAS quien concurrió hasta la dirección policial junto al diputado comunista Hugo Gutiérrez y el secretario general del Partido Ecologista, Pablo Peñaloza, señaló que en dicho encuentro "señalamos nuestra preocupación por la actuación de los funcionarios policiales, especialmente de la Tercera Comisaría, que durante más de tres horas impidieron cualquier acceso a los detenidos, violando sus derechos".

"De hecho -agregó- no es posible aceptar como normal que los funcionarios policiales negaran el libro de guardia, que no hubiera acceso a los detenidos ni para familiares ni para abogados aunque se solicitara hablar con ellos con nombre y apellido. Tampoco se puede aceptar que el oficial a cargo de la unidad nunca diera la cara y, peor aún, que haya existido una funcionaria de la institución que nos haya filmando a todos quienes estuvimos allí consultando por los detenidos."

Navarro dijo que "por todas estas razones le solicitamos al general González que instruyera un sumario y una investigación. No es posible que en la Tercera Comisaría la única respuesta que obtuviéramos era que el procedimiento estaba a cargo de Fuerzas Especiales, especialmente si consideramos que dichos funcionarios ni siquiera portaban sus placas, lo que los homologa en los hechos con quienes usan pasamontañas para esconder su identidad y no hacerse responsable de sus actos".

"Por eso pediremos -prosiguió- la identificación y el cese de funciones del responsable de las Fuerzas Especiales que actuaron esa noche. Y no se trata de defender violaciones al orden público o bienes públicos o privados, pero eso no significa dejar pasar la represión indiscriminada contra mujeres y niños. Defendemos y vamos a seguir defendiendo el derecho a manifestarse. Este es un derecho que no puede ser coartado".

El parlamentario señaló que "todo esto va a originar una presentación al ministro del Interior y al general director de Carabineros. A Hinzpeter porque es evidente su mano en estos hechos. No sólo se encargó de presionar a los funcionarios públicos a favor del proyecto Hidroaysen horas antes de la votación, sino también de implementar la más fuerte represión en Santiago y en el resto del país. Hinzpeter equivoca el camino, por eso, los hechos de la noche de la aprobación de la construcción de cinco represas en Aysén no van a quedar impunes".

El senador del MAS también indicó que "a raíz de todas estas cosas que han ido pasando y que alcanzan su punto más alto en la brutal represión a la ciudadanía, es que varios parlamentarios estamos evaluando la posibilidad de no asistir a la cuenta presidencial del 21 de mayo, pues no pueden pedirnos que los acompañemos en una acto republicano cuando ellos no respetan las leyes de la república. Adicionalmente pediremos citar al ministro del Interior para que entregue explicaciones por la implementación de este procedimiento antidemocrático".

Navarro dijo que "en todo caso, la presión ejercida para lograr la aprobación de Hidroaysen y la consiguiente represión contra los opositores son sólo parte de una batalla, que por ahora ganó la empresa con ayuda del gobierno. Sin embargo queda completar esta larga batalla que aún resta. Las represas sin tendido eléctrico no tienen sentido. Defenderemos milímetro a milímetro cada región, cada una de las 67 comunas, cada una de las áreas protegidas que el diseño de Hidroaysen tiene proyectado a lo largo de 2.300 kilómetros".

Finalmente, el legislador señaló que "Fernández ha cantado victoria muy anticipadamente. No es una gran victoria la que se obtiene cambiando informes de servicios a última hora. Esperamos derrotarlo ahora en todo Chile. Le hacemos un llamado a la gente a no vender ni un centímetro de tierra para que se instalen las torres de alta tensión, porque sin tenido, no hay proyecto final. Asimismo anunciamos desde ya la solicitud de una sesión especial para conocer en detalle de las aprobaciones tanto del proyecto Hidroaysen, como del proyecto carbonífero en Isla Riesco".

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

 

información sobre la primera jornada del juicio en Paris de los militares chilenos

información sobre la primera jornada del juicio en Paris de los militares chilenos

información sobre la primera jornada del juicio en Paris de los militares chilenos responsables de la desaparición de cuatro franceses

Manuel RAMOS

Esta mañana, 8 de diciembre de 2010, en la Corte Penal del Palacio de Justicia de Paris se ha iniciado  el juicio en ausencia de los que se considera como autores del secuestro de Georges Klein, Etienne Pesle de Mesnil, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet.

Los acusados, que en su  mayoria son altos oficiales del éjército chileno, no  se presentaron ni hicieron representar, prefiriendo hacer el vacío para no legitimar el proceso que se les hace en Francia. El gobierno de Chile tampoco envió ningun mensaje, probablemente también para no reconocer la legitimidad de este proceso. El requisitorio mostrará una fotografía de lo que fué la represion en esos dias en el Chile de la dictadura. El silencio desde Chile seguirá mostrando la falta de justicia y la indiferencia de las autoridades de gobierno.

El Tribunal se constituyó en presencia de los familiares, principalmente de los hermanos e hijos de los cuatro ciudadanos franceses detenidos – desaparecidos , de los numerosos testigos que han venido desde Chile, de las asociaciones de derechos humanos demandantes  : CODEPU, ex-prisioneros  politicos chilenos residentes en Francia, la FIDH (Federacion Internacional de Derechos Humanos, Francia)  y de los abogados William BOURDON, Sophie Thonon y Claude KATZ, defensores de las familias.

Ha habido numeros periodistas de la prensa, radio y televisión francesa y hoy los principales noticiarios de radio y prensa han dado cuenta del proceso.

A partir del medio-dia se  inció la lectura de las casi 200 páginas que contiene la investigacion de los jueces que han tenido a cargo este procedimiento , iniciado el 26 y27 de octubre de 1998, con las cuatro deposiciones de las cuatro familias y un mes después de la detencion de Pinochet en Londres.

Al abrir el proceso, el Presidente del Tribunal de la Corte Penal dió cuenta de la aplicabilidad de la ley penal francesa para recibir las demandas de las familias de los franceses detenidos – desaparecidos en Chile y citó los articulos 224-1 y siguientes sobre secuestro y el articulo 113 sobre la aplicabilidad de la ley francesa cuando la victima es francesa, como se ha constatado en el caso de cada una de la victimas detenidas –desaparecidas.

Luego de esta presentación se comienza la lectura del requisitorio que relata en detalle las declaraciones y testimonios hechos por  detenidos y militares que estubieron presentes en los lugares de detencion donde pasaron  los cuatro compañeros detenidos - desaparecidos y que los vieron en algun momento. Para todos los que estabamos en la sala ha sido un tiempo de memoria y de intensa emoción que nos ha traslado instantaneamente a la violencia impuesta por los militares desde los primeros instantes del golpe : bombardeo a la Moneda, estado de sitio, represion y arrestaciones masivas en las poblaciones, universidades, empresas, golpes y tortura generalizada a lo largo y ancho de Chile.

Las audiencias siguientes seran sin duda tan intensas y emotivas como esta.

Esta previsto una jornada completa para la presentación de cada uno de los compañeros detenido – desaparecido. Los dias siguientes habran los testimonios de grandes personalidades representativas de los derechos humanos de Chile y de Francia y la presencia probable del Abogado Joan Garcés.

Presentacion de algunas personalidades que presentaran testimonio :

Roberto Garreton, abogado defensor de derechos humanos, trabajó en la Vicaria de la Solidaridad durante la dictadura militar de Pinochet, ha sido comisionado por el Secretario General de Naciones Unidas y Alto Comisariado para hacer un informe sobre los crimenes cometidos en el Este de la Republica Democratica del Congo entre 1993 y 2003.

Paz Rojas, Presidenta del CODEPU (Corporación de Defensa y Promoción de los Drechos del Pueblo).

Carmen Hertz, abogada de derechos humanos y viuda del periodista Guralnik Berger, que fué asesinado el 19 de octubre en la operación militar caravana de la muerte.

Stéphane Hessel (1917), antiguo resistente, embajador, diplomatico, fué uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948.  Admirador de los democratas americanos y del socialista Salvador Allende y hasta hoy activo militante defensor de los derechos de los immigrantes y de los sin papeles.

Joan Garcés, abogado valenciano que fué asesor personal del Presidente Salvador Allende y abogado de familiares de las victimas de la dictadura chilena, quien desde su regreso a Madrid impulsó junto a otros abogados e intelectuales el primer proceso judicial contra el dictador Pinochet y que condujo a la detención en Londres.

El proceso es un proceso histórico y como el juicio de los criminales de la segunda su filmacion y registro esta autorizado por los demandantes.

Paris, 8 de diciembre de 2010

 

Juicio en Francia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura chilena

Juicio en Francia por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura chilena

Por ANDRÉS PÉREZ PARIS FRANCIA

PARIS FRANCIA-El dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en una foto poco después de derrocar por la fuerza al gobierno de Allende.

Las familias llevaban 37 años esperando. Por eso tendrá un poderoso y universal valor el juicio que se abrirá este miércoles ante elTribunal de lo Criminal de París contra trece militares chilenos. Se ocuparon de los trabajos sucios de la dictadura pinochetista, y están acusados, con fuertes indicios racionales, de ser autores materiales u organizadores de la desaparición de cuatro franceses durante los primeros años del reinado de Augusto Pinochet.

Este juicio va a ser, de alguna manera, el de toda la Junta militar chilena y, postmortem, del propio Augusto Pinochet, que falleció en 2006 habiendo podido escapar a varias de las causas iniciadas en su contra, especialmente la del juez Baltasar Garzón. Pinochet, como otros cuatro altos dignatarios, también figuraban inicialmente como imputados en esta causa iniciada nada menos que en 1998. Al estar fallecidos esos cinco cerebros del terror, ya no figuran como acusados, pero sí sus obras y sus manos sucias.

Entre los 14 acusados vivos, de entre 59 y 89 años de edad actualmente, figuran el generalHerman Brady-Roche y el ex jefe de la DINA (policía política dictatorial), Juan Manuel Contreras. Según lo que creen saber los abogados de la acusación, ninguno de los ciudadanos imputados estará presente en París, y ni siquiera se harán representar por abogados.

Varias órdenes internacionales de arresto han sido emitidas contra los individuos, que responderán, en rebeldía, por los presuntos delitos de "detención ilegal, secuestro, secuestro arbitario con tortura o actos de barbarie", contra las personas de Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet. Todos ellos eran franceses y todos ellos participaron en el esfuerzo de solidaridad internacional que acompañó al intento de democracia social de Salvador Allende.

Esa justicia sudamericana "no cumplió su misión"

Klein tenía 27 años cuando era médico y consejero del presidente socialista. Pesle era un ex sacerdote de 46 años que participó en el esfuerzo de reforma agraria. Chafreau, con 23 años, era un activista del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), y probablemente fue detenido y torturado, antes de ser enviado a la macabra Colonia Dignidad, el círculo reconstituido por los nazis bajo el pinochetismo, gracias a todo tipo de complicidades occidentales. Claudet, también militante del MIR, fue expulsado de Chile, y luego secuestrado por los fascistas chilenos en Argentina.

La justicia francesa se ha declarado competente en razón de la nacionalidad de las víctimas. Las familias solicitaron en su día a la justicia chilena que investigara las desapariciones. Según el acta de acusación, esa justicia sudamericana "no cumplió su misión y se ha mostrado de una dependencia total respecto al régimen que impera", cosa que impidió que "se ejercutara su recurso, y se condujera una investigación.

"Este juicio es el punto de llegada de más de diez años de tramitación, larga, difícil, plagada de obstáculos. Es un gran momento para las familias", ha declarado uno de los abogados de las familias, William Bourdon. El letrado no pudo sino constatar que el juicio llega en un momento marcado por "una regresión de los mecanismos de la competencia universal", que eran los dispositivos legales construidos entre 1990 y 2005 para autorizar juicios, en cualquier parte del mundo, contra los crímenes más graves de lesa humanidad.

"Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia"

Ejercen la acusación civil en este juicio la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos en Francia (AEXPPCH), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la asociación Francia América Latina, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y su sección francesa, la LDH.

"Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia, y queremos que estos crímenes sean reconocidos a nivel internacional. Cuarenta años después, tengo una sensación de impunidad casi cotidiana, tengo la impresión de que algún día me los voy a encontrar por la calle. Las condenas, si las hay, deberían ser ejecutadas, porque en Chile estas personas siguen teniendo posibilidad de moverse". Así explicó hoy ante la prensa lo que le mueve, una de las afectadas. Se trta de Natalia Chanfreau, hija del que en su día fuera el joven líder estudiantil del MIR, Alphonse Chanfreau.

ANDRÉS PÉREZ París 06/12/2010 Actualizado: 11/12/2010 20:30 Hrs.

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Enviado por Luis Tapia luisertapia@gmail.com

 

 

Gobierno dice que muerte de Tohá es homicidio y se querella

Gobierno dice que muerte de Tohá es homicidio y se querella

La Nación

Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentó acción judicial contra quienes resulten responsables del asesinato “con premeditación y alevosía” del ex colaborador de Salvador Allende.

Foto: La muerte del ex ministro José Tohá se produjo en 1974 en el ex Hospital Militar. El caso es investigado por el juez Jorge Zepeda, quien en los próximos días podría decretar la exhumación del cuerpo. Foto: La Nación

Viernes 26 de noviembre de 2010

A través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el gobierno presentó ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago una querella contra quienes resulten responsables por la muerte del ex ministro José Tohá. El libelo califica el hecho como “homicidio con premeditación y alevosía”.

La información fue dada a conocer por el ministro del Interior (S), Rodrigo Ubilla, quien explicó que la medida se tomó “a la luz de los antecedentes recopilados en los últimos días”, luego de que el juez Jorge Zepeda reabriera la causa.

Especificó que se trata de una querella contra “quienes resulten responsables, y el valor que tiene es que ponemos a disposición de la investigación los abogados nuestros del programa, para que puedan así, ojalá a la brevedad, tener claridad respecto a este asunto”.

Asimismo agregó que “la información que hoy día se dispone, sobre todo a partir de los peritajes que se han hecho los últimos días, aparentemente llevarían a la conclusión de que esto (la muerte de Tohá) se debería a acciones de terceros, lo que significa que estaríamos en presencia de una situación que ya no es una muerte natural”.

De todos modos, hizo ver que es “relevante contextualizar” el hecho, pues se trataba de “una persona que estaba en una situación de bastante fragilidad, una persona enferma”.

FAMILIA AGRADECE

Por su parte, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD) e hija del desaparecido ministro, Carolina Tohá, valoró la querella.

La ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet se mostró agradecida por la decisión del Ejecutivo y afirmó que incluso habría hablado con el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para agradecerle.

“Hoy se puede hacer esto porque el año pasado con la ley del Instituto de Derechos Humanos, se ampliaron las atribuciones del programa de DDHH que antes sólo podía querellarse en casos de detenidos desaparecidos”, dijo.

La ex diputada por Santiago espera que la iniciativa judicial ayude “ a que encontremos la verdad”.

En tanto, el senador PS por la Región de Los Lagos, Camilo Escalona, dijo ayer que la querella demuestra que “ya no hay en Chile quien defienda la dictadura de Pinochet, y en consecuencia, el valor simbólico que sea un gobierno sostenido por la propia derecha el que toma la decisión de presentar una querella en contra de los criminales que atentaron contra la vida de José Tohá González, pone de manifiesto lo profundamente que ha cambiado Chile en los últimos 20 años”.

 

 

La defensa del Comandante Salvador o Galvarino Apablaza

La defensa del Comandante Salvador o Galvarino Apablaza

La defensa del Comandante Salvador o Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

 

Nota importante: El presente artículo-entrevista fue realizado una semana antes de que la Comisión Nacional para Refugiados de Argentina concediera asilo político a Galvarino Apablaza el 30 de septiembre pasado.

 

  • A través de los grandes medios nacionales controlados con mano de hierro por la derecha política, se ha mantenido  la atención sobre la solicitud de extradición de Galvarino Apablaza Guerra, el Comandante Salvador, tema que debe concluir prontamente. El presente texto tiene por objeto ofrecer  la mirada desconocida en Chile y otras costas de los fundamentos del refugio de Apablaza  en Argentina y los detalles del caso.   

 Por Andrés Figueroa Cornejo 

 No existe sentido sin contexto. La ofensiva política multidimensional de la UDI por la muerte del principal ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, principalmente contra Galvarino Apablaza, quien fue el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo del Partido Comunista luego del asesinato de Raúl Pellegrín en Los Queñes, tiene estricta relación con el Chile, tanto de la Unidad Popular, de la dictadura militar, como de los años primeros de los gobiernos civiles. Y sobre cualquier cosa, la maniobra política de la derecha refundacional del país, está asociada de manera estratégica con la pugna política e ideológica respecto de las lecturas antagónicas que cohabitan en el mismo país. Por un lado, la de los que condujeron el golpe de Estado de 1973 contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, la posterior aparición de una nueva derecha  responsable de la privatización antipopular de los derechos sociales, los recursos naturales y la propiedad pública (conquistas que costaron décadas de lucha de los trabajadores), a través de la represión y el crimen; y, por otro, la perspectiva de las grandes mayorías oprimidas y explotadas, víctimas concretas de la destrucción de un proyecto país fundado sobre relaciones sociales infinitamente más igualitarias y justas que las actuales. 

 EL PERSONAJE

 Galvarino Apablaza, hijo de militares y como casi 200 mil personas, fue miembro del Partido Comunista desde 1968, y dirigente de la Facultad de Ciencias como estudiante de Química de la Universidad de Chile. Inmediatamente después del bombardeo golpista -urdido más que fundadamente por el gobierno norteamericano de la época, el empresariado, el Partido Nacional y la mayoría de la dirección política de la Democracia Cristiana-, Apablaza, como miles y miles de chilenos fue víctima de la tortura   en los centros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la ex-Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví. A casi un año de la instalación a sangre y fuego de la junta militar, Apablaza fue expulsado del país. Luego de una corta estadía en Panamá, por razones de salud, se trasladó a Cuba. Una vez allí y en esta ocasión por opciones políticas determinadas por el contexto de la época, fue formado como combatiente antifascista e internacionalista, luchando contra la tiranía de Anastasio Somoza en Nicaragua, donde colaboró hasta el derrocamiento de esa pesadilla. Sólo en 1988 asumió la dirección del FPMR como el Comandante Salvador. Muchos años después, en el 2004, en Argentina -donde  reside junto a su pareja, la periodista Paula Chahín, con quien tiene tres hijos de nacionalidad trasandina- Galvarino fue detenido por porte de identificación falsa. Sin embargo, el juez del caso, Claudio Bonadio, decidió no conceder el pedido de extradición a Chile, señalando que en el país no estaban dadas las condiciones para un juicio justo respecto del “caso Guzmán”. Entonces fue dejado en libertad, con expresa prohibición de abandonar Moreno, Argentina, donde vive en la actualidad.

 LOS ACONTECIMIENTOS PRECIPITADOS

 En el marco de la aparición en Chilevisión el primero de septiembre de una entrevista realizada en una cárcel brasileña a otro ex dirigente del FPMR, Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, casi de inmediato los líderes de la UDI solicitaron en La Moneda iniciar la gestión para extraditar a Chile a Apablaza por el denominado “caso Guzmán”. El 14 de septiembre, la Corte Suprema argentina autorizó el trámite de su repatriación que tiene que ser sancionada, en definitiva, por la Comisión Nacional para Refugiados de ese país durante el transcurso de la semana.

Con el telón de fondo del respaldo a la no extradición de Galvarino Apablaza por parte de las prestigiosas Madres de la Plaza de Mayo –autoridad ética trasandina y mundial-, el abogado Rodolfo Yansón enfrenta la defensa de Apablaza.

El licenciado concedió la siguiente entrevista en exclusiva para D1.

 -¿Qué debe ocurrir en estos días respecto del porvenir de Galvarino Apablaza?

 “Se tiene que reconocer la condición de refugiado de Galvarino Apablaza, que suponemos que ocurrirá en los próximos días por parte de la Comisión Nacional de Refugiados que integran distintas áreas del Estado argentino y, además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas con los Refugiados. Es decir,  la Comisión tiene que resolver si existen las causales previstas en la Comisión Internacional de Naciones Unidas sobre Refugiados. Y la causal prevista que invocó Apablaza Guerra para ser reconocido como refugiado es la de persecución política por parte del pinochetismo que hoy integra un sector del gobierno chileno.”

 -En Chile, personeros de la UDI están presionando por todos los medios –que, por lo demás, les pertenecen- para que Galvarino Apablaza resulte extraditado…

 “Nosotros creemos que ya hemos probado debidamente  lo que compete a la persecución política, cuestión que ha quedado sobradamente confirmada en los últimos días con tantas declaraciones, francamente de carácter inadmisible, de prepotencia y autoritarismo por parte de distintos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente de Chile, entre ellos, Hernán Larraín y  Andrés Chadwick. Además, en un contexto que significa la gran derrota del pinochetismo y la gran derrota del Estado chileno en Argentina.”

 ¿A qué se refiere?

 “Ellos (la UDI), en todo momento han tratado de convencer a la justicia argentina de que se tenía que aplicar el concepto de “terrorismo” a los hechos por los cuales están requiriendo a Apablaza Guerra. Sin embargo, ello no ha tenido eco en ningún juez y en ningún fiscal. Esa es la gran derrota del Estado chileno y el pinochetismo. Es decir, la Corte Suprema, incluso, no mencionó siquiera la palabra terrorismo. Se limitó a decir que no correspondía catalogar esos delitos como políticos.”

 La derecha chilena dice que la no extradición podría traer problemas en las Naciones Unidas…

 “Eso tiene una relación directa con lo que se va a decidir, y también desenmascara una operación mediática que han montado, entre otros, el diario El Mercurio y el Clarín en Argentina, aseverando que reconocer a Apablaza como refugiado podría repercutir negativamente en las Naciones Unidas, y esto no es de ninguna manera así. Todo lo contrario: el refugio será bien recibido en las Naciones Unidas, justamente porque la persecución existe, y porque está absolutamente demostrado que la noción de terrorismo sólo la sostiene la Ley Antiterrorista de Pinochet, el pinochetismo, la UDI especialmente, y el Estado chileno a través de su presidente, Sebastián Piñera, y los funcionarios que han tratado de colar este concepto en la justicia argentina, sin ningún éxito.”

 EL ROL DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ

 ¿Qué ha ocurrido en Argentina en relación al caso? ¿Cuáles han sido las reacciones?

 “Las manifestaciones a favor de la extradición han sido mínimas. Y puedo mencionar tres nombres: Mauricio Macri (empresario, dirigente deportivo y político derechista) del neofascismo de la ignorancia; un dirigente de la Alianza Inter Radical, y la señora Elisa Carrió (quien alguna vez negó que el ex dictador paraguayo, Alfredo Stroessner hubiera violado los derechos humanos) que en un tránsito místico ni siquiera pudo tomar lectura del fallo de la Corte Suprema. Es decir, ella habla solamente por oponerse. La verdad es que, mientras más opine esta gente, mayor razón vamos a tener. El contrapeso que existe en Argentina respecto de estas declaraciones es muchísima. Hemos tenido el apoyo unánime de los organismos de Derechos Humanos, la solidaridad de muchos sindicatos, y de estudiantes universitarios y secundarios. Hemos tenido el apoyo de dirigentes y partidos políticos de prestigio, el apoyo de los organismos de Derechos Humanos de Chile, el apoyo de otras organizaciones a nivel internacional, de Europa, Uruguay, Venezuela. Es tan abrumador el apoyo al refugio de Apablaza que dista con creces de las posiciones basadas en el desconocimiento y en la oposición por la oposición. De hecho, ellas han quedado totalmente desdibujadas. Cuanto más hablan estos señores, mejor estamos nosotros”

 ¿Qué papel juega o qué tipo de decisión debe asumir la presidenta de la República de Argentina Cristina Fernández?

 “La Presidenta Cristina Fernández no tiene que tomar ninguna decisión, esa es labor de la Comisión que está integrado por distintos funcionarios del Estado. La presidenta no tiene ninguna intervención, al menos formal.”

 ¿Cuándo debe resolver la Comisión Nacional argentina para Refugiados?

 “Nosotros creemos que  en muy pocos días. El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández dijo que aproximadamente, martes o miércoles de esta semana.”

¿Qué resolverá la Comisión Nacional desde su perspectiva?

“Nosotros estamos esperanzados de que luego del  análisis, la decisión que va a  adoptar la Comisión Nacional va a ser positiva para Apablaza Guerra.”

 ¿Por qué?

 “Hemos probado muy seriamente la existencia de la persecución política en su contra, y además la han dejado en claro otros organismos del Estado argentino, como cuando Apablaza fue procesado en un juicio penal por la tenencia de documentos de nacionalidad argentino falsos. En esa oportunidad, el  Fiscal General dijo que no podía acusar  a una persona por usar un documento falso  producto de la persecución política de las autoridades chilenas. Esto fue corroborado además, por el cuerpo médico forense a través de un informe muy expresado en junio de 2007, el cual concluyó que Apablaza Guerra  padece un síndrome postraumático por efecto de las torturas y la persecución política sufridas. Por lo tanto, ya organismos del Estado argentino han evaluado claramente, desde las perspectivas jurídicas y médicas, las consecuencias de la persecución y las torturas, y la existencia auténtica de las propias persecuciones y torturas. En consecuencia, creemos que hay elementos más que suficientes para que la decisión esté de nuestro lado.”

 La derecha de Chile ha insistido hasta el cansancio sobre eventuales problemas diplomáticos entre ambas naciones de no ser extraditado Galvarino Apablaza…

 “La derecha chilena está muy acostumbrada a manejar los hilos desde el poder de manera absolutamente autoritaria, al estilo de Pinochet. Yo lo lamento por esos señores, pero me alegro mucho por el pueblo chileno porque el caso de Apablaza Guerra, como el de los mismos prisioneros mapuche que hoy están en huelga de hambre, son casos que persisten y que dejan en claro que la dictadura no se ha ido del todo y que las remesas del pinochetismo tienen que ser derrotadas si queremos un Chile verdaderamente libre, democrático, con un genuino Estado de Derecho. Así que yo, la verdad, a los señores de la derecha que insisten en que se pueden malograr las relaciones entre Chile y Argentina, les digo que simplemente Argentina sólo está cumpliendo con su legislación, honrando los pactos internacionales de Derechos Humanos. Si ellos creen que con eso se vulneran las relaciones diplomáticas es porque ellos mismos se ponen por fuera de los pactos y no quieren cumplirlos.”

 ¿Qué hay detrás del asunto puntual de su defendido?

 “Yo creo que los miembros de la UDI están presionando al gobierno de Sebastián Piñera para cohesionar a sus propias fuerzas y tratar de dejar en claro  que ellos son los que siguen mandando. Asimismo, quieren dejar sentada una discusión que tiene que ver con la historia de Chile. Si se revisa lo que fue el aniversario del 11 de septiembre bajo un gobierno de derecha, y si se observan los actos del Bicentenario, nos vamos a dar cuenta que más que Apablaza Guerra, vive Pinochet. Y que se busca respecto del pasado reciente de Chile,  dejar como la gran víctima a Jaime Guzmán. Y no se tuvo ni una sola palabra sobre los torturados, muertos y desaparecidos provocados por la dictadura militar y sus cómplices civiles. Mucho peor aún, Sebastián Piñera y sus autoridades estuvieron en el Estadio Nacional y ni siquiera dijeron que allí había funcionado un campo de concentración con posterioridad al golpe. Por lo tanto, me parece que toda esta jugada ni siquiera tiene como objetivo llevar a Apablaza Guerra a Chile, sino que tiene como fin debatir nuevamente la historia desde la óptica del pinochetismo. Y eso es lo que tenemos que evitar, tanto chilenos, como argentinos.”     

 

El jefe del espionaje militar que supo con antelación del crimen de Jaime Guzmán

El jefe del espionaje militar que supo con antelación del crimen de Jaime Guzmán

Publicado el 21 de Septiembre de 2010 Por El Mostrador

General (R) Hernán Ramírez Rurange

El ex director de inteligencia y creador de la “unidad especial” que sacó a militares de Chile para evitar la acción de la justicia a principios de los 90, fue condenado por el asesinato del químico de la DINA Eugenio Berríos el pasado 10 de septiembre. Su nombre apareció en la investigación por la muerte del senador UDI, luego que el ex ministro Cuadra dijera que en 1991 un miembro del alto mando del Ejército le informó que Guzmán estaba en la mira del FPMR, unos días antes que fuera asesinado.

Por Jorge Molir

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Fue un hombre con poder y muy cercano a Pinochet. De hecho, es posible verlo en fotografías de los años 80 junto al ex dictador, con esa mirada impenetrable, fría, distante y concentrada con la que los edecanes desempeñan su labor.

Fue un hombre “confiable y de confianza”, como se le llama en la jerga militar a un subalterno que practica la gélida reserva y cumple órdenes sin dudar.

Acompañó a Pinochet en muchos viajes, ocupó cargos políticos y hasta cometió graves delitos para proteger al Ejército de principios de los 90, cuando el gobierno de Patricio Aylwin iniciaba una cruzada para enjuiciar a los militares que habían participado en violaciones de Derechos Humanos. Incluso, no trepidó en usar todos los recursos de la institución y los contactos con los servicios de inteligencia sudamericanos y europeos para llevar a cabo esa misión.

Así es el general en retiro Hernán Ramírez Rurange. Un militar de otro tiempo que volvió al presente desde un pasado cercano, con toda su carga de secretos. Y como una sombra reveló que, cuando fue director de inteligencia en 1991, supo con antelación que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) quería asesinar al entonces senador de la UDI Jaime Guzmán.

La telaraña de Cuadra

Su nombre apareció hace algunas semanas, luego que el ex ministro de la dictadura, Francisco Javier Cuadra, revelara que general (R) Jorge Ballerino -a la sazón jefe del comité asesor de Pinochet- lo llamó porque el grupo de ultraizquierda también lo tenía como objetivo a eliminar. El dato, lo canalizó precisamente Ramírez Rurange.

Las palabras de Cuadra aparecen en el contexto del caso que sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, con posterioridad a la entrevista otorgada a Chilevisión por Mauricio Hernández Norambuena -comandante “Ramiro”- recluido en una cárcel brasileña por el secuestro del empresario Washington Oliveto.

Hernández Norambuena, condenado en Chile a presidio perpetuo por el homicidio del ex parlamentario y por el secuestro de Cristián Edwards -hijo de Agustín, dueño de El Mercurio-, aseguró que la decisión de terminar con la vida del ideólogo de la UDI, fue tomada por la jerarquía del FPMR. Involucró con ello al jefe de la organización, Galvarino Apablaza -comandante “Salvador”- quien se halla en Argentina esperando asilo político, luego que la Suprema de ese país aprobara su extradición, en el marco de la misma causa.

También vinculó al ex comandante del Frente, Enrique Villanueva Molina, como uno de los conocedores del hecho, imputándole haber sido agente de la Dirección de Seguridad Pública -conocida como “La Oficina”- y haber operado para desarticular al grupo subversivo.

Hay que recordar que Ramiro se fugó de Chile en 1996, cuando la dirección del FPMR lo rescató de la Cárcel de Alta Seguridad, en una espectacular evasión en helicóptero.

Todo lo anterior, instaló al Ejército en medio de la decisión política del gremialismo por aclarar el papel de los gobiernos de Aylwin y Frei, en el ocultamiento de información a la justicia sobre el crimen, y a Ramírez Rurange como el nexo necesario para el encadenamiento de una verdad procesal, que el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, busca probar en el expediente.

Los principiantes

El ministro Carroza arraigó a Villanueva Molina. Lo citó a declarar y buscará enlazar los dichos de Norambuena con los de Ballerino y Ramírez Rurange, pero al mismo tiempo, puede abrir una caja de pandora sobre la infiltración en el Frente por parte del Ejército y la CNI.

Carroza conoce al dedillo este hecho. Lo sabe porque junto al caso Guzmán, sustancia el proceso por la desaparición de cinco ex militares del FPMR en 1987, asesinados en represalia por el secuestro del coronel del Ejército Carlos Carreño, ocurrido el mismo año. Y este último, en una reciente declaración, ante Carroza, al menos los deslizó.

Ramírez Rurange ordenaría otra operación de encubrimiento, la que le fue mandatada directamente por Pinochet: sacar de Chile al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, quien estaba citado en el caso Letelier y se temía que revelara la creación de venenos del organismo dirigido por el general (R) Manuel Contreras desde 1973 a 1977.

Si bien es cierto Ramírez Rurange no tiene relación en los dos casos anteriores, conoce de sobra el espionaje a los grupos de izquierda.

El 23 de abril de 1991, 22 días después del homicidio del parlamentario UDI -ocurrido en el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde impartía clases- un hecho dejó al ex oficial al descubierto.

La historia comenzó cuando el militante comunista Álvaro de la Fuente, llegó al diario La Época. La información que traía no era menor: había sido informante de la CNI y ahora de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), usando la “identidad operativa” de “Max”.

El periódico, dirigido entonces por el periodista Ascanio Cavallo, se dio a la misión de probar los hechos por más de dos meses. Fue así como De la Fuente acordó un “punto” de reunión con sus dos agentes de control, “Charly” y “Pepe”. El encuentro se realizó en el centro de Santiago y fue registrado por un fotógrafo del medio.

El 3 de julio de 1991 un titular sacudió al gobierno de la Concertación: “Informante revela espionaje de DINE al gobierno”. Los agentes de Ramírez Rurange, habían caído en una trampa de principiantes y La Moneda se enfrentaba a un escenario complejo, a pocos meses del crimen de Guzmán y de la radicalización de las acciones del FPMR.

El entonces ministro de Defensa, Patricio Rojas -investigado actualmente por la corrupción en la compra de aviones Mirage- se dio a la tarea de saber quiénes eran los agentes. Finalmente, La Época publicó el 26 de julio que uno de los militares era el sargento Carlos Kram Soto. Pero el destino de Ramírez Rurange volvió a coincidir con el de Ballerino. Este último, en una cita reservada con los periodistas que cubrían el caso, les indicó que Charly, Pepe y el capitán a cargo, serían sancionados y cambiados de la DINE.

Si bien Ramírez Rurange quedó cuestionado al interior del Ejército, Pinochet lo ascendió a un cargo superior: jefe de la guarnición de Santiago. Sin duda una demostración de poder.

El espionaje político no sólo afectaba a los dirigentes de la Concertación y la izquierda, sino también al entonces jefe de Investigaciones, el general en retiro del Ejército, Horacio Toro que estaba dedicado por esos días, a buscar a los responsables del crimen de Guzmán.

El servicio secreto

Pero Ramírez Rurange guardaba entonces otro secreto. Había iniciado la denominada “Operación Silencio” o “control de bajas”, como se le llamaba eufemísticamente en la DINE, porque en abril de 1991, usando la estructura del Servicio Secreto de Espionaje (SSE) del Ejército, sacó de Chile al ex agente de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros.

Sanhueza Ros estaba en la mira de la justicia por su participación en la Operación Albania, un montaje de dicho servicio represivo que terminó con la vida de 12 frentistas en distintos lugares de Santiago en junio de 1987. Además, aparecía como uno de los autores del crimen del empresario Aurelio Sichel, ocurrido en 1989, relacionado con la financiera ilegal que funcionaba al interior del Ejército, “La Cutufa” y el asesinato del vocero del MIR, Jecar Neghme en 1989.

Sanhueza Ros fue llevado hasta un hotel institucional, el Kon-Tiki, hasta donde llegó el jefe del SSE, el entonces coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Ferrer Lima, conocido en la comunidad como Carlos Frez Ramos. El SSE funcionaba en ese entonces en una oficina ubicada en Agustinas con Teatinos, frente al Hotel Carrera y a un costado del diario La Nación.

El ahora ex oficial, condenado por varios casos de derechos humanos cumpliendo condena en Punta Peuco, no estaba de acuerdo en usar la estructura que durante años logró armar el SSE en los países vecinos y Europa, con el fin de esconder a Sanhueza Ros. Pero Ferrer Lima, otro hombre “confiable y de confianza” de Pinochet, finalmente cumplió la orden que le dio Ramírez Rurange.

Llegó hasta el hotel e instruyó a Sanhueza Ros respecto de cómo se ejecutaría la operación para ponerlo en un avión con destino a Argentina.

Para ello, Ferrer Lima contactó al “abuelo” o José Antonio, el agente “residente” del SSE en Buenos Aires por más de 20 años, Carlos Narea González. Ex esposo de la hermana de la cantante “Sonia La Única”, Narea González llegó hasta el aeropuerto de Santiago, mientras Ferrer Lima montaba un dispositivo en el terminal aéreo y preparaba el salón VIP para que Narea González y Sanhueza Ros se conocieran. Se temía que este último fuera detenido por Investigaciones, pero nada ocurrió y Ferrer Lima le informó a Ramírez Rurange del éxito de la misión.

Entonces, las relaciones de Pinochet con el gobierno no iban por el mejor camino. A mediados de 1991 la Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para investigar el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en septiembre de 1976 en Washington -Estados Unidos-, a manos de la DINA.

Para evitar problemas a la institución, Ramírez Rurange conformó la llamada “Unidad Especial”. Se trataba de un grupo dedicado a esconder,  controlar y llevar el sueldo a Sanhueza, quien luego de una corta estadía en el departamento que tenía Narea González en Buenos Aires, se dirigió al sur de Argentina, donde regentaba un kiosko.

Ramírez Rurange designó entonces a los oficiales Arturo Silva Valdés, el hombre que actuaba como avanzada de Pinochet para cualquier viaje que realizara el extranjero, como el jefe del grupo, para cumplir el cometido. Lo que Ramírez Rurange no sabía es que a estos hombres se los encontraría en la cárcel años más tarde.

El abuelo

Así llegó septiembre de 1991 y la Unidad Especial sacó de Chile al entonces mayor Carlos Herrera Jiménez. Este último estaba acusado como autor del crimen del militante DC, Mario Fernández, ocurrido en 1984 en La Serena y bajo el mismo cargo en el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez en 1982, hecho por el que actualmente cumple una condena a presidio perpetuo en Punta Peuco.

No obstante, Ramírez Rurange ordenaría otra operación de encubrimiento, la que le fue mandatada directamente por Pinochet: sacar de Chile al ex químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, quien estaba citado en el caso Letelier y se temía que revelara la creación de venenos del organismo dirigido por el general (R) Manuel Contreras desde 1973 a 1977.

Berríos abandonó Chile con identidad falsa y con todos los recursos del Ejército fue llevado a Buenos Aires, y luego instalado en Uruguay, donde también estaba Herrera Jiménez.

Lo que Ramírez Rurange no podía prever en 1991, es que el 10 de septiembre de 2010 -19 años más tarde-, justo en momentos en que su nombre apareció en el caso Guzmán, el ministro Alejandro Madrid lo condenaría a cinco años y un día como autor de secuestro y tres años como autor de asociación ilícita junto a los otros miembros de la “Unidad Especial” por el homicidio de Berríos, quien fue hallado en 1995, en un balneario cercano a Montevideo, Uruguay, enterrado boca abajo -como se hacía en la antigüedad con los traidores- con dos tiros en la nuca.

Pero Ramírez Rurange también fue interrogado en el proceso por la muerte de Eduardo Frei Montalva ocurrida en 1982, cuando precisamente era el edecán de Pinochet.

El juez Madrid lo indagó respecto a dos operaciones secretas, una de ellas llamada “Olimpo” y otra “Yngecto”, respecto de las cuales existen sospechas que pudieron haber sido el inicio de la producción de toxinas que siete años más tarde terminaron con la vida de Frei. Ramírez Rurange dijo que la primera “se trató de algo meramente militar y de seguridad nacional, mientras que la segunda, me parece, que puede ser de contraespionaje”.

Ligazones

En el Ejército, actualmente, existe preocupación y molestia, debido a que se involucró a la institución en un caso virtualmente olvidado e incluyó a militares que cometieron graves delitos, hecho que pone ruido en la campaña de mejoramiento de su imagen “que nos ha costado mucho potenciar”, dice un general del alto mando.

Lo cierto es que más allá de lo que se diga privadamente, el caso Guzmán volvió a tomar nuevos aires.

Sin embargo, la investigación enfrenta dificultades para  llegar a puerto. La primera es que existe una posibilidad de que Galvarino Apablaza, no sea extraditado desde Argentina. También, y más allá de las intenciones del gremialismo, puede que Hernández Norambuena tampoco sea enviado a Chile para que enfrente la justicia. Lo anterior, porque cumple una condena de 30 años, inferior al presidio perpetuo al que fue sancionado por el crimen de Guzmán.

Sólo surge una duda, si Ramírez Rurange le informó a Ballerino lo que sabía del posible atentado del FPMR ¿por qué este último no entregó la información por los canales habituales?

Si bien la respuesta está en manos del ministro Carroza, la reciente entrevista otorgada a El Mostrador por el ex comandante del FPMR, Enrique Villanueva Molina,  podría ser un elemento que asociara la muerte de Guzmán a los militares de la época.

Ni Carroza ni la UDI tienen un trabajo sencillo por delante, sobre todo porque han transcurrido casi 20 años desde que el Frente mató a Guzmán y porque en el expediente muchas de las diligencias que fueron hechas en su momento no entregaron los antecedentes para demostrar el supuesto encubrimiento de los agentes de La Oficina, Investigaciones y de los gobierno de Aylwin y Frei.

Si bien la reescritura del caso Guzmán recién comienza, lo cierto es que Ramírez Rurange cayó en la telaraña que tejió Hernández Norambuena y continuó Cuadra. Y de esos entramados, a veces, es difícil zafarse.

 

 

 

Testimonio de una injusta agreción

Testimonio de una injusta agreción

Estimados amigos:

Mi nombre es Simón Andrés Palominos Mandiola, RUN 15.566.586-6. Soy sociólogo, titulado en la Universidad de Chile, y me dedico a temas de estudios culturales, gestión cultural y estratificación social; trabajo en la misma Universidad y en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. No tengo afiliación política; sin embargo, mis convicciones políticas son abiertamente de izquierda. Jamás me he visto envuelto en actividades ilícitas de ningún tipo; y a pesar de ser decididamente crítico del manejo político, social y económico de nuestro país, tengo un marcado sentimiento y afinidad. Nací en dictadura, en una familia de estrato socioeconómico medio-bajo, y a partir de mi formación y mis convicciones he comprometido mi vida a contribuir para hacer de Chile un país igualitario y democrático, con énfasis en los sectores no sólo vulnerables, sino efectivamente vulnerados de nuestra sociedad.

El día sábado 19 de junio de 2010 , alrededor de las 16:30 horas, salí junto a Valentina Terra Polanco de mi domicilio, ubicado en calle Andes N° 2168, comuna de Santiago, en dirección al supermercado ubicado en calle Ricardo Cumming esquina Compañía; un trayecto de cerca de diez minutos por las calles de mi barrio, en Santiago Centro.

Al regresar por la misma plaza observamos que un grupo de aproximadamente 6 carabineros agredía a un par de indigentes cerca de los vehículos policiales, aparentemente para llevarlos detenidos. Las personas estaban en deplorable estado de ebriedad y no oponían resistencia alguna a la acción policial; no obstante, eran agresiva y arrogantemente golpeados e insultados por los carabineros.

El abierto acto de violencia nos indignó, y mi reacción natural fue tomar mi celular y registrar el evento con la cámara digital incorporada, a una distancia de al menos 30 metros. Los carabineros, al percatarse de mi registro, agresivamente se abalanzaron sobre mí. Un carabinero me gritó “y tú que creí que estai haciendo?”, solo atiné a responder “un acto ciudadano”. Sin ninguna otra palabra de su parte o de la mía (ya que, fuera de insultarme, no me pidieron identificación ni nada que respondiese a un procedimiento regular) me redujeron, golpearon, quitaron el celular, esposaron, y arrastraron hasta el vehículo policial. Pude observar por la ventana que un carabinero (que logré identificar por sus distintivos como el Subteniente Hormazábal) manipulaba insistentemente mi celular; imagino que con la intención de deshacerse de la evidencia registrada en él.

Luego de aproximadamente 40 minutos, fui llevado a la Tercera Comisaría de Santiago. Fui encerrado, aún esposado, con los detenidos ya mencionados. Luego de aproximadamente media hora se me retiraron las esposas, y el carabinero que me agredió procedió a informarme de manera poco clara las acusaciones en mi contra: el supuesto “delito” (como se me indicó) de fotografiar en la vía pública a carabineros, oponerme a identificarme y obstrucción a la acción policial. Fue mi oportunidad de identificar claramente al agresor quien me golpeó durante la detención; se trata de un conocido de El Ciudadano: el Cabo Primero Bustamante.

Continuando con los insultos, el Cabo Primero se dio el lujo de intentar articular un discurso en contra de los grupos de izquierda, me aclaró explícitamente que tenía un problema personal conmigo, y finalmente dijo que si yo continuaba tomando fotos, mi madre y mi hermana pagarían las consecuencias. Esta última frase me dejó helado, pues la entiendo claramente como una amenaza: el Cabo Bustamante, supuestamente encargado de proteger la seguridad mía, de mis seres queridos, y de la ciudadanía en general, que maneja información privilegiada sobre mi domicilio y el de mi familia, y que además tiene un acceso “legítimo” a ejercer fuerza física; sobre la base de un acto determinado (el filmar un acto de violencia excesiva) es capaz no sólo de detenerme de manera irregular y de levantar falsos cargos en mi contra (rehusarme a dar mi identificación y obstruir la acción policial; algo bastante difícil encontrándome a más de 30 metros de distancia) sino que además me amedrenta poniendo en juego el bienestar de las personas que amo.

Seguí detenido hasta casi las 23:00 horas, momento en que se me devolvió el dinero que llevaba, mis anteojos ópticos (que me fueron requisados), mis cordones y mi manojo de llaves. Mi celular, en tanto, fue retenido, informándoseme que sería enviado a Fiscalía.

Al leer la relación de los hechos que figura en mi causa, pude ver que los eventos consignados son –en lo que respecta a mi participación- absolutamente ficticios. Se indica falsamente que fui detenido en la intersección de las calles Santo Domingo con Rafael Sotomayor, en plena Plaza Yungay. Como ya he dicho, fui detenido en la Plaza Panamá, específicamente en la esquina de las calles Delfina con Martínez de Rozas, apenas a dos cuadras de mi domicilio. Es absurdo que, viniendo del supermercado, me desviase tantas cuadras para obstruir la acción policial, pues la distancia entre un lugar y el otro supera las 10 cuadras. Asimismo, se argumenta que –a pesar de lo dicho durante mi detención- se me capturó por no identificarme, cosa que es falsa, como seguramente se encuentra registrado en la grabación de mi teléfono.

 Al momento de ocurridos los hechos desconocía que el grabar a Carabineros cometiendo un acto de violencia fuese algo ilegal; sin embargo, de haberlo sabido, de todas maneras hubiese levantado un reclamo formal y seguido las acciones legales correspondientes por los canales establecidos. Reconozco, por tanto, que grabé intencionalmente la agresión de Carabineros. No obstante, toda la cadena de eventos por los que se me imputa posteriormente es absolutamente falsa. Asimismo, si bien no es mi rol juzgar la inocencia de los indigentes, eso no exculpa a los efectivos policiales por los actos de violencia cometidos contra ellos y especialmente contra mi persona.

Manifiesto desde ya mi decisión de comunicar a medios de prensa lo sucedido, y participar activamente en acciones judiciales destinadas a:

1) Restablecer mis derechos fundamentales.

2) Sancionar las acciones irregulares del equipo liderado por el Subteniente Hormazábal (a quien entiendo como el oficial a cargo de los actos de violencia y de mi detención).

3) Denunciar ante la justicia las agresiones y amenazas cometidas por el Cabo Primero Bustamante contra mi persona y mis familiares.

 Espero me ayuden a difundir el hecho, y les cuento que pueden contar conmigo para lo que requieran.

 Saludos fraternos

Simón Palominos

Cuando las personas buenas callan, triunfa el mal