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Galopa la represión por sospecha

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Chile. “Caso Bombas”: Sólo humo y montajes

  • El llamado “Caso bombas” tiene de todo menos  bombas. Salvo, probablemente, las bombas de humo de Piñera para cubrir los crímenes del capital  y castigar con impunidad el creciente malestar social que comienza a manifestarse en la lucha de los estudiantes, los mapuche, los medioambientalistas y los que viven de un salario.

Por Andrés Figueroa Cornejo

Periodistafigueroa@yahoo.es

 El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y “okupas” de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con  contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.

Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, en  noviembre de 1980. Fue la primera ONG  que se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el juicio contra el dictador), denunció que el  14 de agosto “a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra organización, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), del Laboratorio de Criminalística, y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado “Caso bombas”. El operativo policial duró 7 horas”. La ONG informó que  en el domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, “con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa”.

El denominado “Caso Bombas” está ligado a una serie de explosiones de ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte, sin heridos, sin damnificados, sin responsables probados.

RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA

Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo remunerado, realizaba un programa  en la Radio Primero de Mayo de la legendaria población La Victoria.

Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular, autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a la comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren reivindicaciones indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su objetivo es “informar sobre la verdad de lo que ocurre en Chile”.

La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta  que “Desde principios de 2009, Rodolfo  tiene un programa  que se llama “Desde el Óvalo”, que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo conducía el programa y nunca hizo llamados a  la violencia o cosa que se le parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el centro de Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de internet de la radio”.

Pero no  sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM). “Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con frecuencia”, explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y agrega que “Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún”.

El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto Henríquez, fue detenido también. “Él hace programas culturales, de cine y de música”, informa Alejandra, “A las 22:30 hrs.  lo encontramos en la Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener “un artefacto pirotécnico” (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron que se realizara la constatación de lesiones.”

LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS

Alberto Espinoza  es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de comunicación de los que mandan, como los principales responsables del llamado “Caso bombas”, y como “lideres” de una asociación ilícita “terrorista”.

-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?

“La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que ni Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y menos de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que se  han presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de acreditar un delito de esa magnitud.”

El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo pruebas contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales puso un pie en la calle después de haber estado con Pablo Morales privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó contra ellos un procedimiento de vigilancia permanente de todos sus movimientos. Además, ellos estaban bajo control penitenciario y debían firmar una vez por semana en el Patronato de Reos.

“Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino, dentro de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y ciudadana que, por lo demás, ellos  conocían perfectamente. Sabían que por su antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos políticos que salen en libertad”, señala Espinoza.

Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia permanente  hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación ilícita después de 5 años.

-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…

“Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, etc. Y este no es el caso.”

CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER

En medio del verdadero “tongo” político, policial y mediático en torno al caso han salido al ruedo las casas “okupa”, que son viviendas cedidas o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas, que usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades principalmente artísticas y alternativas a la cultura oficial o institucional. Allí funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales, recreación para niños, buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en las políticas culturales provenientes del Estado, normalmente  dirigidas a promover y ornamentar las “bondades” de los gobiernos de turno.

Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que “El Ministerio Público denomina a las casas “okupas” ‘centros de poder’. La expresión pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican cosas ilícitas”. Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo de casas “okupas”. Pero esas casas representan a un sector de la juventud cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.”

-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?

“De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por ellos previamente. Y eso que  tienen domicilios conocidos y ni siquiera viven en casas “okupas”, si eso fuera un agravante. Son viviendas  que financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive con su pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en una empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte, desarrolla trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir paga impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de material empleó el Ministerio Público para formalizar  la investigación! Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13. Eran extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la audiencia de formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas de autores clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta una bota en la espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17 casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy bien planificada, coordinada y muy espectacular.”

Al respecto, Espinoza considera  que “están soplando vientos autoritarios muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.”

EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS

-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…

“Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con el Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza todo un montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para los medios de comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes ya fueron condenados, demuestra una mala intención evidente. Es decir, se vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez que existe un principio elemental del Derecho Penal  que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”

Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres funcionarios de la policía de Investigaciones, “donde ellos no participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni es responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está establecido en el proceso y la sentencia”, dice el abogado.

De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de una supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo y Pablo serían los “jefes” de ella.

En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que “Con anterioridad, yo he defendido a personas acusadas en principio por delitos terroristas. Por ejemplo, las personas que fueron imputadas de participar en el atentado a Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las organizaciones a las que pertenecían esas personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del Ministerio Público, sería una especie de asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin embargo, se les aplica la misma ley.”

-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?

“El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que había sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.”

-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?

“Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes las apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo condenados.”

-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones, apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido desactivada por un robot…

“Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría que el hecho  fuera parte de un montaje policial. Los organismos de Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad de Santiago.”

Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de personas en particular. El defensor de los derechos humanos estima que hoy los que se están viendo amenazados por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en general.

“Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel que quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son amigos de la dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento social ahora se vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino para llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto una alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse sobre estas materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la actuación del Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en gente que se define democrática?”, se pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente. 

 

 

 

Crimen de Berríos a punto de la sentencia

Crimen de Berríos a punto de la sentencia
Por Jorge Escalante/ La Nacion

La resolución del juez Alejandro Madrid, de unas 400 páginas, afectará a dos suboficiales de inteligencia en servicio activo, tres generales (R), entre ellos el ex fiscal Fernando Torres, y los tres coroneles uruguayos, dos aún en el Ejército.

Foto: El químico Eugenio Berríos fue asesinado en 1995 en Uruguay.

Lunes 9 de agosto de 2010 | | País

El juez Alejandro Madrid está próximo a dictar la sentencia de primera instancia por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, ocurrido en 1995 en Uruguay. El dictamen tiene cerca de 400 páginas, producto de una de las investigaciones policiales y judiciales más extensas y profundas.

La resolución da detallada cuenta de cómo operó el Ejército de entonces para obstruir la justicia recién recuperada la democracia, desde la Comandancia en Jefe y generales del alto mando, hasta la auditoría general, pasando por los agentes reencasillados de la disuelta CNI, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia (BIE).

De los 19 procesados y formalmente acusados, entre ellos los tres coroneles uruguayos, dos aún en servicio activo, trascendió que la gran mayoría recibirían penas de cárcel efectiva, aunque un par podrían ser beneficiados con condenas bajo cinco años y un día de libertad vigilada.

Dos de quienes tendrían condenas aseguradas de prisión efectiva, se encuentran aún en servicio activo en el Ejército cumpliendo tareas de inteligencia. Se trata de los suboficiales de la DINE y ex agentes de la CNI, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas. Ambos están acusados como autores de secuestro, asociación ilícita, y omisión a la justicia de actividades de una asociación ilícita. Los dos operaron como custodios de Berríos mientras se le mantuvo secuestrado en Montevideo.

Torres Silva

Entre quienes también tendrían una condena de presidio efectivo está el general (R) y ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, acusado como autor de una asociación ilícita que cometió crímenes. Por ello, su condena de presidio mayor iría entre cinco años y un día a 20 años. LN

 

Dichos de Contreras corroboran la falta de arrepentimiento

Dichos de Contreras corroboran la falta de arrepentimiento

Tucapel Jiménez: "Los dichos de Contreras corroboran la falta de arrepentimiento"

Enviado por Paola María Berríos Ramírez

Compartir El diputado de PPD Tucapel Jiménez lamentó hoy las declaraciones del ex director de la Dina, el general (r) Manuel Contreras, quien ayer aseguró que era inocente respecto al asesinato del general Carlos Prats, y cuestionó al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el repudio público que hizo de los militares condenados por este caso.

Al respecto, Jiménez afirmó que "sus palabras nos demuestran que tenemos la razón cuando decimos que ninguno de los condenados por delitos de lesa humanidad han tenido el más mínimo grado de arrepentimiento".

Aun así, el diputado mencionó una excepción: el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, procesado por la muerte de su padre, quien pidió perdón y colaboró con la Justicia. "Él ha sido la excepción, no sólo de los militares condenados, sino que de todos aquellos que han sido procesados o acusados por los Tribunales de Justicia".

"Esto debe hacernos sentir tristes, porque si la historia se repitiera, estos personajes actuarían de la misma manera", añadió.

El parlamentario, además, defendió al general Fuente-Alba de los cuestionamientos de Contreras tras el repudio que hizo respecto a los ex militares involucrados en el caso Prats. "La mayoría de los chilenos aplaudimos esta condena pública", dijo.

"Sin embargo, aún es necesario avanzar en esta materia, por ejemplo, degradando a uniformados que hayan cometidos delitos de lesa humanidad tal como lo propone un proyecto de ley que presentamos un grupo de diputados de oposición, porque no sólo representan una vergüenza para sus pares sino que para el país entero", finalizó.

CHILENOS EN PANAMA RECHAZAN PRESENCIA EMBAJADOR LABBE

CHILENOS EN PANAMA RECHAZAN PRESENCIA EMBAJADOR LABBE

Chilenos no quieren a Labbé

Zailary Chávez Ramos
zchavez@elsiglo.com

Foto: Embajador en Panamá, citado por "Operación Cóndor"

La designación de Alberto Labbé como embajador de Chile en Panamá ha causado el rechazo de chilenos que llegaron al país exiliados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Labbé fue citado a declarar como inculpado en el juicio que se sigue en Chile por la denominada "Operación Cóndor", una coordinación entre las dictaduras militares de los países suramericanos para asesinar a opositores en los años 70 y 80.

Carlos Ovando llegó a Panamá exiliado en el año 1973 durante la "represión en su país". Aseguró que la decisión del presidente chileno Sebastián Piñera de nombrar a Labbé como embajador en Panamá es "nefasta", sobre todo para los mil 500 chilenos que hay en el país.

Señaló que el embajador viene de familia de militares en Chile y su nombramiento sería un retroceso en materia de Democracia.

Roberto Díaz, otro chileno que llegó a Panamá en la misma situación que Ovando, dijo a El Siglo que aún no sale del asombro, al conocer que Labbé estará como embajador en este país.

"Esto le hace un daño enorme a los chilenos que están en Panamá, porque el embajador perteneció a la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, un estamento de torturas", destacó.

Tanto Ovando como Díaz coinciden en que la embajada chilena en Panamá siempre ha sido de puertas abiertas para sus ciudadanos, pero que ahora no tienen intenciones de regresar si Labbé estará allí. Piden al presidente Piñera que reconsidere su decisión.

Según fuentes judiciales chilenas, Alberto Labbé ha sido señalado por varios testigos de casos de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet detenidos y hechos desaparecer en Argentina, Paraguay y Brasil desde 1975, cuando el diplomático era segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.

INDULTO BICENTENARIO. SOLO PARA CONDENADOS POR DELITOS COMUNES

Enviado por Paola María Berríos Ramírez

El 10 de julio a las 21:45

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, aseguró que aprueban el Indulto Bicentenario planteado por la Iglesia Católica para condenados por delitos comunes cuando, por ejemplo, son enfermos terminales, reiterando sin embargo su rotundo rechazo a que se aplique para violadores de los Derechos Humanos.

Lira argumentó que al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, le hicimos ver nuestros argumentos básicamente porque son crímenes imprescriptibles (...) para nosotros desde Contreras hasta el último de los hechos tienen la misma responsabilidad.

La dirigente detalló que en Chile 64 de los 156 condenados por violaciones de los Derechos Humanos están privados de libertad en Punto Peuco o en el penal Cordillera, cuestionando que el resto por la famosa pena remitida sólo están privados de libertad, pero gozan de beneficios, de todas las garantías del mundo(...)la discriminación es abismante comparada con la población penal común, sostuvo.

La presidente de la AFEP precisó que apoyan la prescripción de penas para condenados por delitos comunes que sean enfermos terminales, asegurando que los recintos penitenciarios no tienen las condiciones adecuadas para atenderlos.

 

 

Caso paquistaní: “esto me huele a montaje”

Caso paquistaní: “esto me huele a montaje”

Caso paquistaní: “esto me huele a montaje”

Imagen: www.que.es

Señalando que "la justicia chilena no se puede prestar para eventuales montajes probatorios y satisfacer las alertas amarillas o rojas de potencias extranjeras", el senador Alejandro Navarro criticó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de privar de libertad al ciudadano paquistaní, detenido el 10 de mayo en la Embajada de EEUU en Chile, luego de que la empresa de seguridad de la entidad le detectara trazas de explosivos en sus documentos y ropa.

Luego del dictamen que obligó al joven a volver a la cárcel de alta Seguridad por ser "un peligro para la sociedad", a pesar de que el 15 de mayo el Tribunal de Garantía lo había dejado en libertad provisional y formalizado sólo por tenencia ilegal de explosivos, Navarro expresó que "aquí hay una responsabilidad conjunta del Ministerio Público, que confía excesivamente en órganos de seguridad extranjeros; y en los Tribunales de Justicia, que no parece tener experiencia suficiente en evaluar que las cuestiones de seguridad nacional a veces, se prestan para la manipulación de pruebas".

El legislador advirtió que es casi irrisorio que "la Corte haya señalado que el joven era peligroso porque no tenía arraigo y redes sociales. Pero cómo las va a tener un extranjero recién llegado. Tenía pareja y hermanos en la fe, lo que es suficiente para su situación personal.  Con este criterio, la Corte juzga sobre un perfil personal: si eres extranjero y vienes solo a Chile, no tienes amigos ni grandes redes sociales en el país, eres peligroso, eres terrorista. Eso se llama discriminación, pues la Corte le está imponiendo un estilo de vida y de como relacionarse para ser considerado como un ser sociable y normal a los ojos de la Justicia".

Por otro lado, Navarro recordó que "los padres del joven vendrán en los próximos días a Chile para estar junto a su hijo y acompañarlo mientras dure el proceso. Y para ello se está gestionando sin problemas la entrega de las visas, de acuerdo al compromiso expresado por los ministros Hinzpeter (Interior) y Moreno (Relaciones Exteriores)"

Agregó  que "toda esta situación, la que, lamentablemente, además, daña la imagen de la comunidad paquistaní en Chile, me huele a montaje. Las distintas versiones que se han dado en este caso, son demasiadas y contradictorias, igual que una película yanqui. Primero, se informó que Muhammad era un sospechoso, desconocido, sorprendido con una caja extraña afuera de la Embajada de Estados Unidos. Luego, que asistió a la misma por propia motivación, y que fue sorprendido con trazas de TNT. Después, que asistió por citación de la misma embajada. También se dijo que era salafista, lo que fue desmentido por su principal líder en Chile. Asimismo, que habría sido sorprendido con trazas de explosivos en otros países".

"También se señaló se señaló que el GOPE encuentra trazas de TNT en sus manos y mochila, y luego que Dipolcar no encuentra nada. Permítanme, como ciudadano, dudar de los procedimientos aplicados. Me parece asombroso que la Corte con estas pruebas, confíe tanto en la Fiscalía y en los abogados del Ministerio del Interior, que reciben, en la investigación, la reconocida colaboración del FBI y la CIA, órganos que no siempre actúan de buena fe", argumentó Navarro.

Asimismo, el Legislador señaló que "hay una ausencia de investigación de la empresa de seguridad privada que supuestamente, con un equipo portátil, detectó el TNT. Desde ahora, habrá que lavarse las manos y pasarse una aspiradora antes de entrar en la Embajada de Estados Unidos, luego de ir a ver los fuegos artificiales de fin de año".

CORTE DE APELACIONES SANTIAGO

Santiago, veintidós de mayo de dos mil diez.

Sala: Octava

Rol Corte: Reforma procesal penal-1032-2010

Ruc: 1000426271-4

Rit: O-5405-2010

Juzgado: 4º JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO

Integrantes: Ministro señor LAMBERTO CISTERNAS ROCHA,Ministro señora GLORIA CHEVESICH RUIZ,Abogado señora ROSA REGINA AURORA CLARK MEDINA

Relator: PATRICIA BRUNDL RIUMALLÓ

Digitador (a): Erica del Pilar Barrientos Jaramillo

Ministerio Público: Nicolás Calvo

Defensor: Gabriel Carrión

Ministerio del Interior: Sebastián Pozo

N° registro de Audiencia: 1000426271-4-90

Imputado: MUHAMMAD SAIF UR REHMAN

Motivo: Penal apelación artículo

Materia: Delitos contemplados en la Ley N° 17.798

Santiago, veintidós de mayo de dos mil diez.

Vistos:

Con lo expuesto por los intervinientes y antecedentes aportados del sistema computacional; y teniendo en consideración que los artículos personales del imputado sometidos a pericia, ya sea aquellos que portaba el día de la detención o que se encontraron en su domicilio, de acuerdo a los informes dados a conocer por el Ministerio Publico en la audiencia, sólo pudieron contaminarse con la sustancias explosivas, TETRIL y TNT, mediante contacto directo, lo que permite presumir que el imputado se ha relacionado con personas que mantienen ilegalmente en su poder sustancias explosivas, por no contar  uno y otras con la autorización competente  de la Dirección General de Movilización Nacional; mientras que  las explicaciones dadas por la defensa sobre la procedencia de las trazas y partículas de las sustancias explosivas  son insuficientes para formar la convicción necesaria en esta etapa procesal; y teniendo además presente la sanción legal probable respecto del delito por el que el imputado fue formalizado, articulo 2° letra d) en relación al artículo 9° de la Ley de control de armas y no encontrándose acreditada la razón  o motivo de la permanencia en Chile del imputado ni tampoco elementos de algún  arraigo social mínimo, a juicio del Tribunal la libertad de MUHAMMAD SAIF UR REHMAN KHAN constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 140 del Código Procesal Penal, SE REVOCA la resolución apelada de quince de mayo último, dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, y se declara que se dispone la medida  cautelar personal de prisión  preventiva  de MUHAMMAD SAIF UR REHMAN KHAN.

Se confirma en lo demás apelado la referida resolución.

Acordada con el voto en contra de la Abogado Integrante señora Clark, quien fue de opinión de confirmar íntegramente la resolución  apelada, por compartir sus fundamentos

Se comunicará al tribunal de base para su debido cumplimiento.

Se pone término a la audiencia

Comuníquese vía fax

Rol Corte: Reforma procesal penal-1032-2010

Ruc: 1000426271-4

Rit: O-5405-2010

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La declaración que desató el conflicto Izurieta

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No obstante, hasta ahora en el proceso, ni Krassnoff ni Izurieta aparecen mencionados por alguien como cumpliendo funciones represivas en el Estadio Chile después del golpe militar.

Viernes 21 de mayo de 2010

La Nación

El brigadier (R) Raúl Jofré González es el autor del conflicto generado en torno al ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, general (R) Óscar Izurieta, y el crimen del cantautor Víctor Jara.

Si bien en su extensa declaración policial del seis de julio de 2007 de cuatro páginas acerca de qué hizo Jofré y a qué militares vio en el Estadio Chile mientras operó como lugar de prisión, no mencionó el nombre de Izurieta, sí lo hizo tres meses después en su declaración judicial en el proceso por el homicidio del entonces director de Gendarmería, Litré Quiroga, también asesinado en ese recinto.

Jofré no dice que vio a Izurieta en el Estadio Chile ni que éste tendría alguna información acerca de la muerte de Víctor Jara.

El punto es que, siendo aún buscado por la justicia un oficial de Ejército de rasgos germanos, alto, rubio, de ojos claros, altanero, a quienes los ex prisioneros del estadio identifican con el apodo de “El Príncipe” y que sería quien habría dado el primer tiro en la cabeza al cantautor y luego ordenado que sus subalternos lo ametrallaran, Jofré sostiene que, dentro del Ejército, “a las únicas personas que conocí por este apodo fue a Miguel Krassnoff y al actual comandante en jefe del Ejército, el general Óscar Izurieta”.

Jofré afirma que al entonces teniente Edwin Dimter a quien desde un comienzo se le ha imputado la identidad de “El Príncipe”, no se le conocía en realidad con ese sobrenombre, sino que “era más conocido con ‘El Loco’ por sus rasgos y personalidad”.

Esa es la precisa razón por la que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó recientemente al juez de la causa Víctor Jara, Juan Fuentes Belmar, interrogar a Izurieta y Krassnoff, diligencia que el magistrado anteriormente había denegado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, que la solicitó.

No obstante, hasta ahora en el proceso, ni Krassnoff ni Izurieta aparecen mencionados por alguien como cumpliendo funciones represivas en el Estadio Chile después del golpe militar.

“NO ESTUVE EN EL ESTADIO CHILE”

El general (R) Óscar Izurieta dijo ayer que “jamás estuve en el Estadio Chile y desconozco toda información de lo que allí ocurrió”.

En declaraciones a CNN Chile, el ex jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, expresó que “estoy sorprendido, nunca supe que alguien haya dado mi nombre en este proceso, pero no tengo nada que ocultar y por eso declararé personalmente y no lo haré por oficio. No tengo vinculación alguna con el caso (Víctor Jara)”.

AL SERVICIO DE LA JUSTICIA: VÍCTOR ROSAS VERGARA

AL SERVICIO DE LA JUSTICIA: VÍCTOR ROSAS VERGARA

"¡Víctor, amigo, el pueblo de la UNExPP está contigo!"

Todo gran profesional tiene un principio, y todo gran personaje da muestras de su brillantez. Víctor Rosas Vergara, es Abogado y actual Vicepresidente de la Organización Nacional de Ex Presos Políticos de Chile (UNExPP).

El abogado Víctor Rosas Vergara, ha sido un defensor de una mayor libertad para el Ser Humano y de una mayor participación ciudadana en la vida política como forma de presión a los poderosos. La libertad no existe, si no consta de libertad política, social y económica.

En un artículo recientemente publicado por el semanario El Siglo por el periodista Sergio Reyes llamado “El largo brazo de la impunidad” se entrevistó al Abogado Víctor Rosas quien señala lo siguiente: “El modelo de reparación implementado por los gobiernos Post Dictadura han omitido cumplir con la obligación de asegurar en la legislatura chilena el derecho a una indemnización justa y adecuada, como ordena la Convención Internacional contra la Tortura y en cambio se han limitado a medidas paliativas de reparación basadas en magras pensiones, lo que fuerza a los afectados a recurrir a la decisión de la Justicia para reclamar la indemnización, la que nunca llega”.

Además, el Abogado Víctor Rosas agrega: “En Chile está el juicio de hacienda, que son los más largos en favor del Fisco y que se contradicen con la dirección que toma la humanidad para resolver sus problemas pendientes con verdad y justicia. En Chile puede haber media verdad, pero claramente no hay justicia”.

La aplicación de la media prescripción nace por la llamada “políticas de acuerdo”, entre los gobiernos de la Concertación y la derecha, que buscan minimizar al máximo la responsabilidad de agentes del Estado en hechos aberrantes, desprotegiendo así a quienes sufrieron torturas y fueron víctimas de crímenes.

El Abogado Víctor Rosas, explicó que esta situación se da porque cómo causa penal se argumenta que los tribunales son incompetentes para sancionar la responsabilidad civil de un tercero, con la excusa de que el Estado es un ente que no puede ser procesado, o que se debe denunciar civilmente al Estado, independientemente de la responsabilidad de los autores.

La pagina internacional de “Exilio Urbano” exalta hoy los méritos personales y profesionales de don Víctor Rosas Vergara, haciendo un reconocimiento público de lo mejor que este profesional ha compartido con nosotros. El Abogado Vicepresidente, ha desarrollado una valiosísima actividad en el campo de los Derechos Humanos y trabaja arduamente en los tribunales defendiendo la presentación de los diversos casos colectivos de los Ex Presos Políticos en Chile.

¡Víctor Rosas Vergara, es un Abogado de VERDAD! ¡Apoyemos a nuestra Organización Nacional de los Ex Presos Políticos de Chile (UNExPP)!

Que la paz profunda les Guíe a La Verdad.

Juan Carlos C. J.

Publicista y Editor "Exilio Urbano"

Ex Preso Político del "Estadio Chile" y del "Campo de Concentración de Prisioneros de Guerra Chacabuco" (Antofagasta 1973- 1976).

Enviado por Luisa Toro luisacofre@hotmail.com