Justicia

Sergio de Castro explica gastos reservados durante el régimen militar

Ministra Valdovinos recabó antecedentes sobre los ítem en que eran ocupados estos fondos

Para aportar a la investigación, el ex director de Presupuestos de la dictadura, Jorge Selume, elaborará un informe con los posibles paraderos de los dineros y un análisis financiero del período 1985-1988

Foto: A las 8:30 de la mañana llegó a declarar el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro. Foto: Gastón Flores

La Nación

Andrés López Vergara

Por cerca de cuatro horas declaró ayer el ex ministro de Hacienda (1976-1982) del régimen militar Sergio de Castro ante la magistrada, con dedicación exclusiva del caso gastos reservados, Amanda Valdovinos.

El economista y empresario concurrió hasta el despacho de la jueza en el Palacio de los Tribunales a las ocho y media de la mañana a fin de rendir cuentas sobre la gestión que desempeñó a principios de la década de los ochenta, período en que fueron derivados para el ítem indagado cerca de 83 mil millones de pesos.

En el interrogatorio, el otrora secretario de Estado explicó a Valdovinos la política económica instaurada durante el Gobierno de Pinochet y aseguró que nunca tuvo conocimiento del uso de este tipo de fondos porque su cartera sólo entregaba el dinero. Sin embargo, cooperó al revelar el sistema y criterio como se derivaron los dineros.

“El destino no lo sabía Hacienda porque era reservado, sólo sabíamos el monto global. Estuvimos revisando junto con la magistrada los distintos presupuestos de todos los años y le expliqué cómo funcionaba en Hacienda”, dijo el también ex ministro de Economía.

De Castro pertenece al grupo de economistas conocido como los Chicago boys, quienes impulsaron el cambio en las políticas económicas de nuestro país basándose en el modelo neoliberal. Además, es uno de los autores de “El Ladrillo”, el documento que -a principios de los ‘70- estableció las bases de lo que sería el modelo económico aplicado por la dictadura militar.

Esta arista de investigación surge con la denuncia de los senadores Nelson Ávila (PRSD) y Alejandro Navarro (PS) sobre la utilización de estos dineros para apoyar los procesos de constitución y legalización de la UDI y RN durante la dictadura.

Selume coopera

Tras la indagatoria practicada hace dos semanas al ex director de Presupuestos de Pinochet, Jorge Selume, ofreció a la ministra Valdovinos elaborar un informe con los posibles paraderos de los dineros y un análisis financiero del período 1985-1988.

Fuentes cercanas al caso declararon a La Nación que Selume aseguró a la jueza que él desconocía el destino final del dinero para gastos reservados porque su cargo consistía sólo era proponer el presupuesto anual dividido en las distintas carteras, mientras que la Contraloría General de la República era la encargada de dar cuenta del uso de los recursos.

Respecto a los 43 mil millones de pesos gastados durante los días previos al plebiscito de 1988 (para decidir si Pinochet seguía en el poder hasta 1997) el empresario señaló que las cifras no le cuadraban según su experiencia en el cargo y desconocía su destino final. Sin embargo, recalcó que la mayoría de los ministerios recibían aportes suplementarios a partir de sus necesidades de cada año.

A raíz de esto se citó a declarar al ex ministro de Hacienda de esa época, Hernán Büchi, (1985 - 1988) para que explique en qué se gastaron 21 mil millones de pesos más de lo presupuestado. La indagatoria se llevará acabo la próxima semana.

Esta información sale contemplada en un informe del departamento de finanzas públicas de Hacienda elaborado este año, en el cual se registra que durante ese período el régimen militar tenía presupuestado para gastos reservados 22 mil 78 millones de pesos, pero se utilizaron 43 mil 117 millones. LN

Le toca a Schaulsohn

La magistrada citó para la próxima semana al ex PPD Jorge Schaulsohn para que ratifique sus acusaciones sobre la presunta existencia de una “ideología de la corrupción” dentro de la Concertación para derivar dineros de uso reservado para financiar campañas políticas.

Este interrogatorio no pudo llevarse a cabo con anterioridad porque el político se encontraba fuera del país.

La situación fue denunciada por los parlamentarios de la Alianza en el desaparecido Segundo Juzgado del Crimen de Santiago en 2006.

 

 

Dictan orden de captura internacional contra Iturriaga Neumann

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A más de un mes de que el general (r) y ex integrante de la DINA se declarara en rebeldía, el juez Solís dictó la orden de captura que ya está en manos de Interpol. Junto a ello decretó una orden amplia de investigar que permitirá indagar sus operaciones comerciales, telefónicas e incluso de Internet.

En manos de Interpol se encuentra la orden de captura internacional dictada por el juez Alejandro Solís en contra del general (r) Raúl Iturriaga Neumann, quien en junio pasado decidió declarase en rebeldía y eludir la acción de la justicia.

Ayer el magistrado se reunió con efectivos de Investigaciones para conocer los avances en la búsqueda del prófugo.

El ex agente de la DINA informó mediante un video -entregado a los canales de televisión- que no cumpliría la condena decretada por los tribunales en un caso de desaparecido al estimar que se había vulnerado sus derechos.

Iturriaga fue condenado a cinco años y un día de presidio por el secuestro del militante del MIR, Dagoberto San Martín.

Bajo la premisa de que estaba en rebeldía, el 12 de junio Iturriaga decidió no presentarse al penal Cordillera donde cumpliría su pena y en cambio optó por eludir a la justicia.

Junto con la orden de captura, el magistrado decretó además una orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. La medida implica que faculta a los oficiales para realizar consultas y recabar antecedentes desde compañías proveedoras de servicios y prestaciones de telefonía fija y móvil, además de empresas que brindan conectividad a internet, bancos e instituciones financieras, Servicio de Impuestos Internos, casas comerciales, entre otras, que puedan brindar información sobre el prófugo o su grupo de apoyo.

 

 

Caso Prats: Juez Solís recorrió durante dos horas dependencias de la Dine

Angélica Baeza  /  http://www.latercera.cl/

 Fecha edición: 12/07/2007 13:50

Por más de dos horas el juez Alejandro Solís recorrió esta mañana las depedencias de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). Acompañado por el general Ricardo Ortega, el ministro intentó constatar la existencia de archivos de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) relativos al crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires. Esto, luego que el brigadier en retiro Pedro Espinoza entregara al magistrado un informe oficial que da cuenta del seguimiento al general realizado por un oficial del Ejército.

Sin embargo, hasta ahora no se han conocido detalles de la diligencia dado que el magistrado salió de las dependencia castrense cerca del mediodía y sin hacer declaraciones.

En tribunales sólo se conoció un comunicado en el que se indica que la institución militar reiteró que no existen antecedentes en la Dine, al tiempo que "ofreció al ministro Solís visitar el cuartel número 2 de la dirección, lo cual por razones de tiempo no fue aceptado".

EL INFORME DE ESPINOZA

El oficio del brigadier (R) detalla de todos los movimientos de Prats y su esposa en Argentina e incluso entrega datos sobre su vivienda. El informe está firmado por el entonces capitán Juan Morales Salgado y dirigido al titular de la Dina, Manuel Contreras.

Según la versión de Espinoza, él mismo retiró este informe en 2004 desde las dependencias de la Dine, algo que ha sido descartado por el jefe castrense, general Oscar Izurieta.

De hecho el comandante en jefe del Ejército ha declarado tener la convicción de que en ninguna dependencia de la institución existen documentos de la Dina o de su continuadora, la CNI, relativos a las violaciones de derechos humanos. Y agregó que Espinoza "o se confundió o falta a la verdad".

 

 

 

Rechaza el juez Orlando Alvarez la extradición de Fujimori

Foto: Alan García Pérez y Alberto Fujimori (foto: - PIURA VIRTUAL)

El juez chileno Orlando Alvarez rechazó hoy el pedido de extradición del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, solicitado por la justicia de ese país.

En un extenso fallo de 122 considerandos, el magistrado responde a cada una de las acusaciones que efectuara el Estado peruano contra el ex mandatario, rechazándolas tanto en su forma como en su fondo.

La resolución del magistrado deberá ser ahora revisada por la Segunda Sala de la Corte Suprema independientemente de que alguna de las partes, ya sea los representantes del Estado peruano o la defensa de Fujimori, apelen el fallo.

Fujimori es acusado de corrupción y violación de los derechos humanos durante su gobierno (1990-2000).

De acuerdo con fuentes judiciales, hasta que el máximo tribunal revise la resolución, lo que se estima ocurrirá en las próximas semanas, el ex gobernante permanecerá bajo arresto domiciliario en Chicureo, en las afueras de la capital chilena.

El esperado fallo se conoció luego de una serie de confusiones que se produjeron durante esta mañana en la Corte Suprema, ya que a primera hora, el secretario del máximo tribunal salió de su oficina para notificar la resolución a Fujimori.

Sin embargo, cuando iba en camino, recibió un llamado para que se regresara debido a que por un error administrativo, el ministro Alvarez no estaba facultado para dictar fallos este día, puesto que se encontraba con 'permiso' y no en 'comisión de servicio'.

Luego de diversas gestiones que los abogados defensores y querellantes efectuaron ante la presidencia de la Corte Suprema, el ministro Alvarez pidió que se le cambiara el estado a 'comisión de servicio', razón por la cual finalmente se conoció el fallo.

Sorprende a gobierno peruano negativa de extradición de Fujimori

El gobierno de Perú calificó hoy de 'sorpresa' la decisión del magistrado supremo de Chile de pronunciarse contra la extradición del depuesto mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). La ministra peruana de Justicia, María Zavala, haciendo un alto en el Consejo de Ministros, declaró a la prensa que causó sorpresa la resolución emitida por la justicia chilena, y agregó que aún no tenía la resolución correspondiente en sus manos para explayarse.

Empero, refirió que el Estado peruano presentará oportunamente, en el plazo correspondiente, un 'recurso de impugnación' ante la Corte Suprema de Chile, instancia que daría su fallo final.

'Nosotros (Perú) estamos confiados (en la extradición), pero queremos leer detenidamente la decisión del magistrado chileno (Orlando Alvarez).

Quizás hemos perdido una batalla pero no la guerra', comentó.

'La resolución es contraria a los intereses peruanos, pero el proceso aun no ha concluido; concluirá cuando la Corte Suprema la consienta y ejecute', puntualizó Zavala, dejando entrever la posibilidad de una conferencia de prensa para más adelante.

Por su parte, el vocero de Fujimori en Perú y legislador de la bancada fujimorista Alianza por el Futuro (AF), Carlos Raffo, señaló que 'la resolución del juez chileno demuestra que no existen ilícitos penales que involucren a nuestro líder por los delitos por los que se le acusa'.

Agregó que 'esperaremos con tranquilidad la decisión final de la Corte Suprema de Chile'.

Perú demanda la extradición del depuesto gobernante a través de 10 cuadernillos judiciales, por un total de 12 delitos, entre ellos de violación de los derechos humanos.

Descartan que fallo sobre caso Fujimori afecte relaciones Chile y Perú

El gobierno chileno descartó hoy que el rechazo al pedido de extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori por un juez chileno vaya a afectar las relaciones bilaterales.

En diálogo con la prensa, el ministro del Interior, Belisario Velasco, dijo que 'el gobierno está preparado para lo que la Corte Suprema resuelva', ya que la 'justicia es soberana y este caso se resuelve en derecho'.

La Corte Suprema comunicó esta mañana que el juez Orlando Alvarez rechazó en primera instancia la solicitud de extradición de Fujimori, quien está acusado de corrupción y violación de los derechos humanos.

El ministro Velasco descartó igualmente las apreciaciones en torno a que el caso Fujimori haya sido manejado políticamente, así como cualquier tipo de presión política al respecto.

El gobierno chileno ha seguido cada uno de los pasos de los tribunales en esta causa debido en parte al reciente interés del ex mandatario peruano a presentarse como candidato a senador en Japón en las elecciones del 29 de julio.

Estiman en Chile que decisión judicial favorece a Alan García

El diputado chileno Jorge Tarud consideró hoy como un gran alivio para el gobierno del presidente peruano Alan García el sorpresivo rechazo de un juez a extraditar al ex mandatario peruano Alberto Fujimori, requerido por la justicia de su país.

'Se trata, sin lugar a dudas, de un gran alivio para el gobierno de Alan García; él sustenta su administración en el apoyo del fujimorismo, sin ellos no tiene mayoría parlamentaria, creo que el fallo le es favorable', dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

En una decisión considerada sorpresiva, el magistrado Orlando Alvarez rechazó hoy la extradición, desestimando los 10 cargos por corrupción y dos por violaciones a los derechos humanos por los cuales es requerido por la justicia peruana.

'Es un fallo sorpresivo dada la consistencia del informe que presentó hace un mes la fiscal de la Suprema; creo que era conveniente la extradición, pero una cosa es lo que pienso y otra es el respeto que se debe tener a una decisión soberana', agregó el legislador oficialista.

El parlamentario socialdemócrata expresó su deseo de una rápida decisión de la Corte Penal de la Corte Suprema, debido a que 'queramos o no el caso interfiere en las relaciones con Perú'.

'Creo que luego del fallo, en el sentido que éste sea, debería significar que Fujimori deba abandonar el país, a Japón, a su candidatura, donde sea, pero creo que no es bueno para el país que él se mantenga acá', sostuvo el diputado del oficialista Partido Por la Democracia (PPD).

JUSTICIA CASTRENSE SÓLO TENDRÁ COMPETENCIA SOBRE DELITOS MILITARES COMETIDOS POR UNIFORMADOS

Proyecto de Ley.

Un primer paso para reformar integralmente la Justicia Militar, uno de los principales temas pendientes de la modernización de la administración de justicia en nuestro país, dio el Ejecutivo al presentar al Senado un proyecto de ley que limita la competencia de los tribunales militares.

El texto legal, que fue remitido a la Comisión de Constitución para su estudio, forma parte de una serie de medidas para reformar profundamente el sistema de administración de justicia castrense. Entre ellas, cabe recordar la creación de una comisión que estudiará de aquí a fines del 2007 la propuesta de reforma integral de la Justicia Militar que enviará el Ejecutivo el próximo año.

En lo fundamental, la iniciativa en trámite limita el ámbito de competencia de la jurisdicción militar, terminando con el juzgamiento de civiles por tribunales militares y elimina del Código de Justicia Militar las normas relativas a la pena de muerte. Esto último, porque sólo se han modificado el Código Penal y las principales leyes que consagraban este tipo de pena en el ordenamiento jurídico y estaba modificar los tipos penales militares.

El texto legal especifica que la jurisdicción de los tribunales militares se ejercerá, por regla general, para juzgar asuntos de jurisdicción militar, eliminando así la jurisdicción sobre civiles y la alusión a los extranjeros.

Asimismo, la iniciativa fija el nuevo perfil de competencia en el que se desenvolverá la jurisdicción militar, señalando que los tribunales castrenses deberán abocarse a los delitos militares cometidos por militares, lo que excluye de su ámbito los delitos militares cometidos por civiles.

No obstante, se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer de los delitos de maltrato de obra a carabineros, sean cometidos por civiles o por militares.

Además, se especifica que la Justicia Militar será competente para conocer de las causas por delitos comunes cometidos por militares que estén frente al enemigo o en campaña, durante el estado de guerra, con lo que se asegura que no cualquier delito común cometido por un militar será de competencia de los tribunales militares.

Por otra parte, el texto legal precisa las competencias que tendrán los juzgados de garantía que tengan que conocer los hechos ilícitos cometidos en una nave militar en alta mar o en una aeronave en vuelo.

En tal sentido, señala que los delitos cometidos por civiles en una nave militar en alta mar deben ser conocidos por el juzgado de garantía del primer puerto al que arriben, mientras que los delitos cometidos por civiles en una aeronave en vuelo deberán ser conocidos por el juzgado del primer aeropuerto al que aterrice.

Si bien se limita la competencia de la Justicia Militar, se establece una excepción para los casos en que participen de manera conjunta civiles y militares. Al respecto se mantiene la competencia del tribunal militar para juzgar no sólo al autor de un delito de jurisdicción militar, sino también a los demás responsables de él, sean civiles o militares.

Sin embargo, se fija una rebaja obligatoria de pena en un grado para los coautores o partícipes civiles, de un de un delito de jurisdicción militar, cometido por un militar.

Paralelamente, el proyecto elimina la pena de muerte del Código de Justicia Militar y, en consecuencia, del ordenamiento jurídico nacional. En su reemplazo, crea una pena de presidio militar perpetuo calificado, con condiciones y exigencias simétricas a la común existente en el Código Penal.

Departamento de Prensa

 

 

Gobierno califica de vergonzosas palabras de senador Arancibia

El ministro Lagos Weber rechazó las palabras del parlamentario quien comparó la fuga del general (r) Iturriaga Neumann con la salida del país durante la dictadura de la Presidenta Michelle Bachelet. Además pidió a la UDI aclarar su posición frente a la fuga del condenado ex agente de la DINA.


Lanacion.cl

Como “vergonzosas” calificó el gobierno las declaraciones del senador (UDI) Jorge Arancibia sobre comprender la fuga del general (r) Raúl Iturriaga Neumann.

El ministro vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, detalló que "señalar, por un minuto, que un prófugo de la justicia, que está procesado, acusado y condenado por atentados en Roma a don Bernardo Leighton, el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires y un sinnúmero de otros delitos; de señalar siquiera someramente que eso es amparable y menos comparando con una situación además que no es correcta, con la Presidenta de la República, me parece que ciertamente es vergonzoso".

Por lo mismo instó a la presidente de la UDI pronunciarse al respecto y aclarar la postura del partido frente a la huída del condenado ex oficial.

Según Lagos Weber lo "más preocupante que lo que diga o no diga el senador Arancibia, yo quiero saber lo que va a decir la clase política y en particular la derecha, y en particular, el presidente de la UDI, don Hernán Larraín respecto a este tema".

Insistió en que “los partidos políticos tiene que hacerse cargo de los que dicen sus dirigentes. Cuestionar que en Chile no hay un Estado de Derecho, cuestionar y avalar a gente que se escapa de la justicia me parece que es impresentable. Ya ocurrió hace un par de semanas atrás con el senador Jovino Novoa y el diputado Ulloa, también de la UDI. Creo que ha llegado el minuto de tener que marcar aguas muy claramente respecto de qué pensamos de las instituciones democráticas, de la forma en que opera el Estado de derecho en Chile; una cosa es querer ser gobierno y creer en la alternancia, y otra cosa es socavar las instituciones".

En entrevista con el portal Terra, el senador Arancibia se refirió a la fuga del ex agente de la DINA, señalando que “yo lo califico como una persona que, estimando que el Estado de Derecho en la persona de él no le satisface o no le da garantías, pasó a la clandestinidad. Esa es una definición conceptual. Ahora, ¿existirá el Estado de Derecho en Chile? Hagamos un seminario y sentémonos a discutir ese otro tema. ¿Se le estará aplicando el Estado de Derecho a los militares sometidos a proceso en casos de Derechos Humanos? Eso da para otro seminario”. A su vez comparó la decisión del prófugo con la salida del país de la Presidenta Bachelet durante la dictadura. “Yo recuerdo cuando personajes destacadísimos de nuestra vida política pasaban a la clandestinidad, porque estimaban que el Estado de Derecho que había durante el gobierno militar, no les daba garantías. Creo que hasta la Presidenta estuvo en eso. Entonces, cuando una persona estima que el Estado de Derecho que está imperando no le da garantías o no lo satisface, pasa a la clandestinidad. En el caso de Iturriaga, como el lenguaje es importante, se habla de fuga, de arrancado… ¡Él pasó a la clandestinidad igual como pasó a la clandestinidad doña Michelle en su época!”.

 

 

Osvaldo Romo es sepultado sin misa ni familiares en el Cementerio General

Abogado pedirá sobreseimiento de las causas.

La Tercera .-

Fecha edición: 05/07/2007 17:57

Foto: Héctor Retamal.

En completa soledad se realizó esta mañana el funeral de Osvaldo Romo. (Foto: Héctor Retamal)

 

 

 

 

 

 

 

 

Los restos del torturador Osvaldo Romo, el ex agente civil de la Dina que murió ayer producto de un paro cardiorrespiratorio, fueron sepultados hoy en el Cementerio General de Santiago, sin familiares presentes pero con vigilancia policial.

El féretro con los restos de Romo fue retirado esta mañana desde la  Parroquia Besanilla del Hogar de Cristo, en la comuna de Independencia, y trasladado hasta el patio 39 del Cementerio General.

Sólo un funcionario del cementerio, un sacerdote y unas religiosas acompañaron el féretro que fue depositado, en medio de la suave lluvia, en el nicho número 32, perteneciente a la congregación Hijas de la caridad. La lápida aún no es colocada en el lugar, en la que Romo esperaba un epitafio que dijera: "Aquí yace un torturador".

No hubo oraciones, ni ceremonia religiosa ni tampoco presencia de familiares. El sacerdote declinó entregar antecedentes declarando que era una suerte de acto de caridad de la Iglesia Católica.

Para evitar cualquier tipo de desmán, durante la mañana el nicho estuvo protegido por Carabineros, sin embargo, durante la tarde el personal de la policía abandonó el lugar.

Romo, de 69 años, recordado por sobrevivientes de los campos de detención como uno de los torturadores más salvajes y crueles de la Dina, murió en el hospital de la Penitenciaría donde estaba internada desde el 24 de abril de 2007 con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, cardiopatía coronaria y diabético infectado.

SOBRESEIMIENTO
El abogado de Osvaldo Romo, Enrique Ibarra, confirmó que pedirá a los magistrados que llevaban causas del occiso, el sobreseimiento por muerte de sus procesos pendientes.

El jurista explicó a La Tercera Online, que este es un mero trámite y algo completamente legal, "como los tribunales están en conocimiento de la muerte del señor Romo, ellos directamente piden un certificado de defunción en el Registro Civil y dictan la resolución", sostuvo.

En tanto a la ausencia de familiares y amigos en el entierro de Romo, su abogado sostuvo que no asistió al funeral porque "no tenía idea de dónde iba a ser". "Es natural que nadie fuera, pero sí él no tenía amigos aquí, si estuvo preso 20 años, ¿qué podía tener acá?, quizás algunos no quisieron ir por temor. Es una muerte que vivió casi solo", terminó Ibarra.

 

 

En Brasil, Romo fingió ser exiliado y organizó homenajes a Allende

En 1975, apoyado por los servicios de seguridad del régimen militar, Romo es enviado a Brasil para evitar que declare en numerosos procesos en que estaba citado. En 1992 es expulsado a Chile.

Foto: Por medio de gestiones del más alto nivel, el Gobierno de Aylwin logró que Romo fuera expulsado de Brasil en pocos días.

La Nación

En la ciudad de Mogi Guaçú, ubicada a 150 kilómetros de Sao Paulo, fue encontrado y detenido por la Interpol Osvaldo Romo, el 29 de julio de 1992. Donde fingía ser asilado político de izquierda, después de haber sido uno de los más crueles torturadores de la dictadura chilena.

El ex agente de la DINA vivió más de 17 años en la mencionada ciudad brasileña, donde crea una imagen de izquierda celebrando descaradamente la memoria de Salvador Allende.

El militante del Partido de los Trabajadores de Mogi Guaçú, Alceu Kemp, informó a la prensa de la época que Romo reunía todos los años a exiliados chilenos en su casa y frente a la bandera nacional cantaban el himno.

Además, el ex agente también es vinculado como asesor de un diputado del Partido de los Trabajadores Brasileño. Incluso recuerda que ayudó a reorganizar el Partido Comunista local.

El “Guatón” Romo vivió en la ciudad frailera junto a su esposa, Raquel González y cinco hijos, todos con documentación falsa. Más tarde se vinculó políticamente a sectores que eran más interesantes económicamente, como el Movimiento Democrático Brasileño.

EXPULSION

En diciembre de 1986 Carlos Bueno es elegido alcalde de Mogi Guaçú y se lleva a Romo como asesor ocupando el puesto de oficial de gabinete. Además, trabajaba en Senai haciendo clases de seguridad industrial. En 1991 se jubila como profesor por problemas de salud.

Tras su detención y un largo proceso de expulsión, uno de los peores torturadores de la dictadura militar llegó a Chile en la mañana del 16 de noviembre de 1992. Con un gigantesco operativo policial fue recibido en el aeropuerto internacional y fue trasladado al aeródromo Los Cerrillos en un avión policía.

El detenido vestía una guayabera azul, pantalón gris, usaba barba y portaba un pequeño bolso. Luego fue llevado al cuartel central de Investigaciones, en General Mackenna, donde fue sometido a un interrogatorio preliminar por la magistrada Dobra Lusic en relación a su participación en el caso Lumi Videla, detenida desaparecida y luego lanzado su cadáver a la embajada de Italia en Santiago, durante la dictadura militar.

Así fue el inicio de las primeras gestiones judiciales tendientes a esclarecer ese y otros casos en los que participó el ex agente de la DINA.