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Justicia

Formalizan a líder de comunidad de Pirque

Formalizan a líder de comunidad de Pirque

En el tribunal de Garantía se encuentra la ciudadana argentina Paola Olcese, quien se prevé será formalizada por el delito de homicidio por no prestar auxilio a la joven Jocelyn Rivas.

www.lanacion.cl

En el Tribunal de Garantía de Puente Alto a la espera de ser formalizada se encuentra la ciudadana argentina Paola Olcese considerada como la líder espiritual de la Comunidad Ecológica Cristiana de Pirque.

La mujer arribó al recinto pasada las 10:00 horas, luego que fuera detenida ayer en el marco de la investigación por la muerte -el 11 de abril pasado- y posterior inhumación ilegal de la profesora de danza Jocelyn Rivas (27 años).

Paola Olcese, pareja de Roberto Stack, líder también de la comunidad, sería la primera persona formalizada por el delito de homicidio por omisión. Antes la justicia había decretado arraigo nacional para Stack y Nataniel Requena, este último pareja de Jocelyn Rivas.

Olcese pasó la noche en el Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones y pasadas las 8 de la mañana fue trasladada por efectivos policiales a la Brigada de Homicidios en Providencia. Desde allí fue derivada a los tribunales para el siguiente trámite.

 

El Regreso de Mery

El Regreso de Mery

Nelson Mery rompe el silencio:

Tras varios meses de silencio, el ex jefe policial revela por qué mataron al químico de la DINA Eugenio Berríos y cómo se llegó a determinar el crimen del ex Presidente Frei Montalva. Sureño, masón, papá, abuelo, Mery se desahoga luego de que la justicia proclamara su inocencia en las acusaciones de Odette Alegría que le costaron el puesto.



Luis Narváez
Nación Domingo

Las dos cosas que han cambiado en Nelson Mery desde que dejó la dirección general de Investigaciones cuatro años atrás son que reemplazó la placa de policía por una credencial universitaria y que ya no fuma. A sus 65 años, sigue vistiendo terno gris ajustado y usando un vistoso mostacho, colleras, una pequeña chapa de la Policía de Investigaciones de Chile (PICh) en la solapa y un anillo en cada mano. Se le nota tranquilo. La verdad, que durante años le fue esquiva y en 2003 le obligó a renunciar a la institución, finalmente lo abrazó: Odette Alegría, la mujer que lo acusó de haberla vejado sexualmente en 1973, fue condenada por injurias y calumnias, en todas las instancias de la justicia.

Hoy Mery comparte tres grandes pasiones: la docencia, la investigación y la masonería. Tras salir de la jefatura policial, creó y dirige la Escuela de Ciencias de Investigación Criminalística de la Universidad La República, vinculada a la masonería. Está además terminando una licenciatura en Educación en la UTEM y cursa un magíster sobre el mismo tema en la Universidad de Tarapacá. También formó, junto a otro ex funcionario de la policía civil, una agencia de seguridad que ya cuenta con varios clientes importantes.

El silencio que deja Mery después de cada frase da la sensación que mantiene en secreto información que todavía prefiere aún no revelar.

En una sencilla oficina de la Universidad Central en calle Moneda, a sólo dos cuadras de la casa de Gobierno, el ex otrora poderoso jefe policial afirma que la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos intentó ocultar por una parte la existencia de la temible Brigada Mulchén, responsable de los crímenes más brutales de la dictadura, y por otra algunos secretos de la familia Pinochet. Recuerda que ya en 1999 llegó a la convicción de que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva había sido asesinado, lo que informó a las autoridades de la época. También advierte que la investigación sobre las remociones de cuerpos en 1978 puede involucrar a nombres desconocidos hasta ahora, y trae a la memoria hostigamientos del Ejército, confabulaciones, espionaje, lealtades y traiciones.

-Cuando dejó la institución dijo que escribiría un libro.

-Son dos cosas: una novela ambientada en la época de las protestas. El otro, es un libro asociado única y exclusivamente al rol de Investigaciones en el esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos durante la transición democrática y su adhesión absoluta al Estado de Derecho. Pienso que ha habido un olvido imperdonable de la sociedad, de la prensa y de las autoridades, y alguien tiene que escribir algo del gran aporte que hicimos.

-¿Ha habido ingratitud?

-Ingratitud, no. Porque si uno es riguroso, al menos el Gobierno y parte de la Concertación han reconocido el rol en casos puntuales de la PICh. Cuando me fui a retiro, de la Presidencia emanó un comunicado oficial que reconoció esa labor. Pero es necesario hacer una cosa más fundamentada para que quede al juicio de la historia.

-¿Cuáles fueron los principales desafíos de su mando?

-Lo primero que se logró establecer fue la ética como columna vertebral de toda la institución. Se dio de baja a detectives por problemas de drogas, corrupción, por apremios ilegítimos. Eso generó enemigos internos. Y, paralelo a eso, el Departamento Quinto -de Asuntos Internos- quedó a cargo de investigar los casos de derechos humanos a partir de la Comisión Rettig. Esto levantó un frente adicional externo, con los ex DINA, los ex CNI, tanto de afuera como los que estaban dentro de la propia policía.

-¿Cual fue el primer efecto de esa limpieza?

-A siete días de asumir, en marzo de 1992, se me da cuenta de vigilancias del DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) en algunas casas y el director general de Carabineros (Rodolfo Stange) me reclama por un seguimiento al presidente de la Corte Suprema (Servando Jordán), situación que era absolutamente falsa. A mediados de 1992, la

FACH me acusó de espionaje, también falso. Vicente Huerta, senador designado, reclamó por la presencia de detectives cerca de su casa, que en realidad estaban investigando una orden judicial en el sitio del suceso. Reclamaban por todo. Coincidentemente con la línea que yo había declarado que iba a seguir. Es decir, que no íbamos a ceder en cuestiones de DDHH.

-¿Hubo episodios concretos?

-Hay reportes de hostigamientos a los detectives del caso Berríos, también a los que investigaban el caso Prats y el crimen de Tucapel Jiménez. En enero de 1994 una Fiscalía Militar encargó reos a Rafael Castillo y Nelson Jofré, los encargados de estas investigaciones. Luego la Corte Suprema declaró todo nulo. Un día se detuvo a un ex oficial del Ejército y llegó un general a la Brigada de Homicidios para exigir a gritos que lo liberaran. Después, recuerdo además una nota que me envió el director del Dine criticándome por la detención de Marcelo Moren Brito.

-¿El general Eugenio Covarrubias?

-Sí. Reclamó por oficio porque nuestros funcionarios actuaban severamente contra Moren Brito. En ese documento decía que había provocado asombro y mucha indignación en el general Pinochet. Tuve una conversación acalorada con Covarrubias, porque la detención había sido coordinada con el Ejército y con él previamente.

-¿Usted interpretó todo esto como una amenaza?

-El propósito era distraernos de la línea y de nuestro esfuerzo para investigar las violaciones de los derechos humanos.

-¿Qué le pidió el Presidente Aylwin cuando asumió el cargo?

-Decía que todo había que hacerlo con el debido proceso y con el derecho a la defensa. La inteligencia policial tenía que hacerse ajustada a las normas del Estado de Derecho.

Pinochet y LOS otros

-¿Alguna vez lo llamó el general Pinochet?

-Nunca me llamó personalmente. Una vez, en Iquique, me encontré con él en la Zofri. Yo llevaba algunos meses como director y él se acercó a saludarme y desearme suerte. Pero nunca tuve otra conversación. Recuerdo que cuando llegó la orden de detención del general Contreras, él era el comandante en jefe, pero siempre me entendí con el general Guillermo Garín, el vicecomandante.

-¿Y tuvo problemas con Garín?

-Nunca. Teníamos una coordinación de caballeros. Lo que no puedo decir de otros generales.

-¿Por ejemplo?

-El general Covarrubias, director de la Dine cuando tratamos de detener a Contreras del modo más eficiente y de evitar roces.

-¿Pero alguna vez Pinochet le mandó recados?

-Sólo aquel oficio de Covarrubias. Recuerdo que una vez me invitaron a la fiesta nacional de Francia. Cuando me acercaba a la embajada noté que se aproximaban los vehículos de Pinochet por la misma calle. Entonces le pedí al conductor que frenara para no toparme con él en la puerta. Pasó una semana y llegó un documento del Ejército alegando que yo lo había seguido. Entonces tuve que explicarle al ministro de Defensa que ambos fuimos invitados a la misma recepción y que yo llegué después. ¡Para qué lo iba a estar siguiendo a él!

-¿Esa tensión nunca se tradujo en ataques o atentados que pusieran en riesgo la vida de los detectives?

-No, eran sólo operaciones sicológicas, distractivas. Existen los seguimientos que no se perciben y también están los que se demuestran evidentemente, cuando las personas y los autos se muestran. Son operaciones sicológicas. Nunca encontré un detective amedrentado realmente o que se acobardara.

-De todas las investigaciones sobre DD HH, ¿cuál fue la más sensible?

-El caso Berríos, sin duda, porque el crimen ocurre en democracia. Su salida de Chile fue por el paso Monte Aymond, en Punta Arenas. Se trató de una operación de inteligencia militar. A veces se olvida que en ese momento empiezan las maniobras distractivas, como las fotos que años más tarde aparecieron en la prensa mostrándolo como si estuviera en Europa. Algunos diarios especularon que su desaparición se debía a una operación de la DEA, o que estaba involucrado en narcotráfico.

-¿Alguna vez pensó que no darían con la verdad?

-Sabía que estaba sobre la pista no sólo por lo que decían los investigadores como Rafael Castillo y Nelson Jofré, que realmente eran muy buenos. Pero había algo más. Cada vez que tocábamos a un militar, justo aparecían algún incidente. Decodificando esto, se sabía que íbamos bien. En el caso Berríos, la investigación se inició verificando sus salidas del país y eso se coordinó con el Ejército, lo que implicó la preocupación inmediata del Dine y, particularmente, del general Covarrubias (actualmente procesado por obstrucción a la justicia).

-¿Cómo reaccionó entonces ese general?

-Nos juntamos en un restaurante y le aclaré que no se podía perder conmigo. Que yo iba a cumplir las órdenes que me llegaran de los jueces. Luego comenzó a hablar del caso Berríos y ahí supe que estaba preocupado de ese caso en particular. Castillo y Jofré incluso fueron seguidos en Argentina, porque allá se revisaron miles de tarjetas de embarque. Así se dio con el lugar de salida de Berríos y de quienes lo acompañaron. Hoy están todos procesados.

-¿Por qué mataron a Eugenio Berríos?

-Para mí, el motivo principal es que era un civil de la DINA que se desempeñaba en la Brigada Mulchén. En el ‘91 y el ‘92, aquella agrupación no afloraba en las investigaciones y no se conocía su existencia. Pienso que la detención de Berríos, en el caso Letelier, pudo haber abierto esta línea si éste hubiera delatado a la brigada y sus integrantes como responsables de la muerte de Letelier, del general Prats, del atentado a Bernardo Leigthon, de la muerte del cabo Manuel Leyton con gas sarín, del homicidio de Camelo Soria, de las armas químicas y las toxinas. Berríos era una persona que podía revelar todo eso. También analizamos que a Berríos lo mataron poco antes de que Pinochet viajara a Uruguay. Lo mataron porque éste no quería que se arrancara y que fuera a contar algo de él. Se analizaron como móviles los gastos reservados que se mandaban a Uruguay, cuyo monto se iba reduciendo en el camino. Y no se nos olvide el caso de la muerte del ex Presidente Frei.

-¿También había conexión con la muerte de Frei?

-Empezaron a aparecer señales del caso Frei, cuando se allanó la casa de Berríos y se descubrió una carpeta sobre el ex Presidente. Frei Montalva junto a Tucapel Jiménez formaban una dupla, uno liderando la cosa política y el otro la gremial, ambos obviamente de gran prestigio. Los dos fueron seguidos y sus círculos íntimos fueron infiltrados. Cuando cayó enfermo Frei en enero de 1982, por alguna razón que nunca he podido despejar, se suspendió la orden de matar a Tucapel Jiménez (asesinado el 25 de febrero de ese año). Dentro de la lógica militar, los dos se habían transformado en enemigos internos, en una amenaza.

-¿Cuando y a qué nivel llegó a esta conclusión?

-En 1998 tuvimos certeza de lo que había ocurrido: Frei había sido asesinado. En 1999 tuve una reunión formal con el subsecretario de Interior (Jorge Burgos) y la presidenta del CDE (Clara Szczaranski) donde les planteamos esto. También en esa ocasión participaron otras personas, pero no estoy autorizado de revelar. Una cosa son los resultados del análisis y otra son los hechos del proceso. Los médicos que le hicieron extrañas visitas a Frei son los mismos de la Clínica London, involucrados en la muerte del cabo Leyton.

-¿A su juicio, están aclarados todos los casos de derechos humanos o quedan aristas por descubrir?

-Las exhumaciones de cuerpos, en 1978, que no han tenido en la prensa la cobertura que se merecen. Sé que hay casos en que se está avanzando y que van a traer novedades, con la aparición de nuevos personajes involucrados. Porque para poder exhumar, alguien tenía que saber donde estaban enterrados y al menos uno de ellos tuvo que hablar para que encontraran el lugar. Porque no eran necesariamente los mismos grupos. Otro tema, pero que no está tan avanzado, es el de los informantes que actuaron en 1973.

-¿Los delatores?

-Las dos cosas. Llama la atención que las amenazas de que (Manuel) Contreras tiene informaciones, sean puras amenazas. La única explicación es que esta gente sigue siendo funcional a estos mismos grupos. El informante de ayer es cautivo de su pasado, y en consecuencia puede ser despertado. No les conviene que salgan estas listas. Hay delatores e informantes súper conocidos, como Romo o la Flaca Alejandra. Y otros que no se conocen.

-¿Hay gente que no colabora por temor?

-Sí, pero también hay lealtades. A Chile le falta mirarse al espejo, porque cuando lo haga, ese espejo se va a quebrar. Hay muchos suicidios que no lo fueron. Para citar sólo una de las interrogantes abiertas.

LEALTADES

-¿Cuáles han sido las traiciones que ha sufrido?

-Siempre enseñé que la lealtad no es hacia el director general, sino que a la misión de Investigaciones.

-Pero esos son principios, contésteme en lo personal.

-Nombres no voy a dar. Tengo sublimado todo. No me interesan, porque ya pasó. No tengo ni el más mínimo rencor y para qué voy a dar nombres. Cada nombre involucra una familia, relaciones, etcétera.

-¿Pero hubo traiciones?

-Claro que hubo traiciones.

-¿A que nivel?

-Traiciones que se basan en la construcción de mentiras respecto a mí como director, gente de afuera y de adentro. En el alto mando, diría que en alguno se despertó la ambición o la tentación de ser director general. Pero la cosa es cómo llegar: con mérito o con serrucho. Por ir en contra de nuestros ideales, hubo grandes traiciones.

-¿Se sintió poco respaldado políticamente?

-No, porque estuve muchas veces en la cresta de la ola y el Gobierno me respaldó en los casos más complicados. Cuando me fui tuve una conversación con el Presidente Lagos, una semana antes de mi renuncia. Me pidió que esperara una semana antes de irme. Pero pienso que la verdad de mi inocencia se consolidó.

-¿Se siente desagraviado?

-Creo que es muy difícil. El daño ya se hizo a nivel personal y eso no tiene vuelta.

-¿Ha recibido muestras de apoyo, ahora que terminó todo?

-Hay amigos políticos que hasta el día de hoy nos juntamos y conversamos. Otros nunca más. Se perdieron en la noche de los tiempos.

-¿Si le ofrecieran un cargo…?

-No. Yo ya estoy en el mundo académico. Me llena, porque es un mundo honorable.

-Pero usted tiene vocación de policía. ¿Y si lo llamara el servicio público?

-Si eso ocurriera, lo veremos.

-¿El Gobierno le hace consultas?

-No directamente. Pero sí converso con gente ligada a él sobre temas de seguridad.

-¿Cómo debiera ser el próximo director general?

-En lo inmediato veo un director profesional o un oficial general súper sobresaliente, que tenga la idoneidad con los cursos que entrega la institución. El ideal es que tenga título profesional. Los estudios superiores amplían la visión para la administración de una institución como esta.

-¿Ve dentro del actual alto mando alguien con ese perfil?

-Sí. Veo algunos, pero no puedo dar nombres. De acuerdo a la ley, al actual director general le quedan dos años. Ahora, siempre hay rumores. LND

Patricio Aylwin

“Decía que todo había que hacerlo con el debido proceso y con el derecho a la defensa. La inteligencia policial tenía que hacerse ajustada a las normas del Estado de Derecho”.

Augusto Pinochet

“Una vez me invitaron a la fiesta nacional de Francia. Cuando me acercaba a la embajada noté que se aproximaban los vehículos de Pinochet por la misma calle. Entonces le pedí al conductor que frenara para no toparme con él en la puerta. Pasó una semana y llegó un documento del Ejército alegando que yo lo había seguido”.

General (R) Eugenio Covarrubias

“Nos juntamos en un restaurante y le aclaré que no se podía perder conmigo. Que yo iba a cumplir las órdenes que me llegaran de los jueces. Luego comenzó a hablar del caso Berríos y ahí supe que estaba preocupado de ese caso en particular”.

Arturo Herrera

-¿Cómo debiera ser el próximo director general?

-En lo inmediato veo un director profesional o un oficial general súper sobresaliente.

-¿Ve dentro del actual alto mando alguien con ese perfil?

-Sí. Veo algunos, pero no puedo dar nombres. De acuerdo a la ley, al actual director general le quedan dos años. Ahora, siempre hay rumores.

A la Justicia. agresiones de Carabineros a reportero gráfico

A la Justicia. agresiones de Carabineros a reportero gráfico

"El 24 de Julio pasado, los abogados Eduardo Contreras y Lorenzo Morales, presentaron en la Corte de Apelaciones de Santiago un Recurso de Amparo preventivo, intercediendo a favor del desempeño profesional del reportero gráfico del semanario El Siglo Jorge Zúñiga, la acción tiene por motivo reestablecer el imperio del derecho en atención a que el profesional aludido, no sea interrumpida su labor profesional en las formas compulsivas y arbitrarias como ha sucedido hasta hoy, el libelo legal emplaza directamente al Director General de Carabineros José Bernales para que informe acerca del accionar abyecto e intencionado de sus subalternos, en especial de los acometidos por los funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros, ya que en el presente año han aprendido en seis oportunidades al profesional recurrente.

www.lacoctelera.com/prensaopal

 

 

Condena de 25 años al Mamo Contreras por asesinato de Lumi Videla

Condena de 25 años al Mamo Contreras por asesinato de Lumi Videla

El “Guatón” Romo contó que el general Garín le pagó por su silencio
Condenan a siete ex DINA por crímenes de miristas Lumi Videla y Sergio Pérez

El ministro Alejandro Solís condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 25 años de cárcel. El cuerpo de Lumi Videla fue arrojado a la embajada de Italia en noviembre de 1974.

Foto: El informe de autopsia de Lumi Videla (en la foto) arrojó asfixia como causa de muerte.

Jorge Escalante
La Nación

A 25 años de presidio fue condenado el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, por el crimen de los dirigentes del MIR Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina. El ministro Alejandro Solís sentenció además a otros seis ex agentes. Contreras recibió 15 años por Lumi Videla y 10 años por quien era su esposo, Sergio Pérez.

La muerte de Lumi Videla, integrante del Comité Central del MIR, estuvo inicialmente rodeada de rumores y versiones falsas, difundidas por los medios de prensa que apoyaron a la dictadura.

Su cuerpo sin vida fue lanzado el 3 de noviembre de 1974 al antejardín de la embajada de Italia por agentes de la DINA. La investigación presume, de acuerdo a declaraciones de los mismos ex agentes, que esta operación estuvo a cargo de los oficiales Christoph Willikie Flöl y Mario Jara Seguel, este último ya fallecido.

En la sentencia se puede apreciar que quien más aportó información en el proceso fue el recientemente fallecido ex agente civil Osvaldo Romo Mena. Fue éste quien reveló que Willikie y Jara sacaron el cuerpo de Lumi Videla desde el centro clandestino de José Domingo Cañas (JDC) 1367 en la comuna de Ñuñoa, para arrojarlo a la embajada.

El mismo Romo sostiene que vio en JDC a Willikie “y al sargento Manuel Lucero Lobos que tenía una jeringa en sus manos, con Lumi desnuda e inmóvil en una cama. Luego se supo que lanzaron el cuerpo al interior de la embajada de Italia”.

Quedó establecido que Lumi Videla fue asfixiada en la tortura para aplacar sus gritos. El informe de autopsia arrojó asfixia como causa de muerte.

Según el ex agente Samuel Fuenzalida Devia, la decisión de lanzar su cuerpo a esa embajada “fue en represalia porque el día anterior el agente Gerardo Urrich (oficial DINA) fue herido a bala en calle Bilbao”.

En la sentencia aparece también que Lautaro Videla Moya, hermano de Lumi, quien estuvo detenido y sobrevivió, declaró que, estando prisionero, Romo le confesó en Villa Grimaldi que “Lumi fue asesinada por asfixia, por Willikie”.

Pero Lautaro Videla afirmó que, luego, cuando se abrió una investigación por la muerte de su hermana, Romo se retractó de sus dichos. Esto después de ser extraditado a Chile desde Brasil en 1992.

Romo y Garín

“Romo se retractó porque el general de Ejército Garín lo visitó en la Penitenciaría donde estaba privado de libertad y le ofreció dinero para que obrara así. Esto lo supe porque el propio Romo me lo contó cuando después le representé su actitud, explicándome que en Chile estaba solo, tenía miedo y problemas económicos”. Se trata del general Guillermo Garín.

El mismo Romo declaró que “al ‘Chico’ Pérez lo llevaron muy enfermo a una clínica de la DINA en Rinconada de Maipú” y que cree que allá “le dieron duro”. Cuenta que una vez cavaron un hoyo en Villa Grimaldi para enterrar su cuerpo, pero piensa que después lo enterraron en Rinconada de Maipú. Pérez está desaparecido.

Por ambos crímenes fue además condenado Miguel Krassnoff (15 años en total). Ciro Torré recibió cinco años por Pérez. Sólo por Lumi Videla fueron también sentenciados Christoph Willikie (10 años), Francisco Ferrer (10 años), Marcelo Moren Brito (10 años) y Basclay Zapata (cinco años, cómplice). LN

 

 

Medicos y oficiales DINA procesados por asesinato de agente de la DINA

24 de Julio de 2007

Por asociación ilícita, homicidio y secuestro
Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

por  Jorge Molina Sanhueza


Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Taboada.

Esta última es prima de Ana María Bolumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Detenidos cuatro médicos por el crimen de ex agente de la DINA

Detenidos cuatro médicos por el crimen de ex agente de la DINA

El juez Madrid procesó hoy a cuatro médicos y dos enfermeras por el crimen de Manuel Leyton, miembro de la DINA, organización represora de la dictadura de Pinochet, ocurrido en 1977 en la llamada clínica London.



Agencias

Los procesados son los médicos Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Vitorio Orvietto Teplizky y Hernán Tarico Lavín, que quedaron detenidos hoy, al igual que las enfermeras Eliana Bolomburú Taboada y Gladys Calderón Carreño.

Los cuatro médicos y las enfermeras fueron encausados por el delito de asociación ilícita del asesinato del cabo Leyton, que pertenecía a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Los detenidos serán prontuariados por la Policía de Investigaciones para luego ser notificados de la decisión del magistrado en el 19º Juzgado del Crimen de Santiago. Luego, serán derivados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y al Batallón de Policía Militar.

En su investigación, el magistrado determinó que el motivo que tuvo la DINA para asesinar a Leyton es que éste habría revelado a efectivos de la Policía que el organismo represor hacía desaparecer cuerpos de presos políticos lanzándolos al mar, lo que fue considerado una traición.

Según el auto de procesamiento, "el cabo Leyton fue llevado por agentes de la policía secreta de Augusto Pinochet a un cuartel de la DINA y después trasladado a la Clínica London del organismo, donde estuvo privado de libertad y después falleció".

El juez Madrid agrega que "se presume con fundamento que su deceso se produjo a consecuencias de la aplicación del denominado gas sarín", que desarrolló en Chile el químico de la DINA Eugenio Berríos, quien fue hallado muerto en 1995 en Uruguay.

El juez Madrid está a cargo del llamado "caso Berríos" y también de la investigación del presunto asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que murió en 1982 en una clínica de Santiago, tras una intervención quirúrgica de mínimo riesgo.

El abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, tras conocer los procesamientos advirtió hoy que los médicos enjuiciados son también sospechosos de la muerte del ex mandatario.

Según la versión oficial, Frei Montalva falleció a causa de una infección, pero siempre se sospechó que su muerte pudo haber sido causada por algún elemento químico o biológico introducido por agentes de la policía secreta.

- Juez acredita uso de gas sarín y procesa a ex fiscal Torres Silva
- Lea el procesamiento dictado en el caso Berríos
- Lea el fallo en el caso Leyton

Ex auditor del Ejército y coronel (R) Ibarra procesado por asociación ilícita

Ex auditor del Ejército y coronel (R) Ibarra procesado por asociación ilícita

 Juez acredita uso de gas sarín y procesa a ex fiscal Torres Silva

Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.

Foto: El ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva

Jorge Escalante
La Nación

Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.

Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.

Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.

En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.

Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva

Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.

Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.

Conexión Lautaro.

Coronel (R) Enrique Ibarra.

En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.

La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.

El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.

Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció”.

El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”. LN


El asesinato del ex agente de la DINA Manuel Leyton

En el caso de la muerte del cabo Manuel Leyton, el juez Madrid estableció en su fallo de procesamiento que cuando al interior del Ejército se conoció que la real causa de muerte del agente se produjo a causa del gas Sarín, y luego de que su cuerpo ya había sido entregado a su familia, “se suspendió el velatorio y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para una autopsia, pero portando documentos falsos”.

Agrega la resolución que “luego de ser presionados los directivos superiores del SML, se obtuvo un protocolo de autopsia, así como informes de exámenes químico-toxicológicos y de anatomía patológica, que no fueron fidedignos. Como tampoco lo fueron la historia clínica de atención médica y hoja de enfermería del cabo Leyton, las que aparecen confeccionadas en la Clínica London y firmadas por facultativos pertenecientes a la DINA”.

El motivo por el cual la DINA decidió asesinar a Leyton, habría sido que éste habría entregado información a Carabineros, que él y otros agentes robaban vehículos de personas que detenían, para aumentar la dotación móvil de los grupos operativos de la DINA.

Por el secuestro y homicidio del cabo Manuel Leyton, fueron procesados:

Los médicos de la DINA Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton

 

 Operación “Control de Bajas”

La participación del ex auditor y fiscal del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, en el caso Berríos, al igual que la del coronel (R) Enrique Ibarra, tiene que ver con la operación llamada “Control de Bajas”.

Esta consistió en sacar del país en forma clandestina para sustrarlos de los tribunales, a los agentes que, a comienzos de la década de los años 90, habían entrado en serio conflicto con la justicia, o sabían mucho como el caso de Berríos.

De esa forma sacaron al ex químico, al ex agente Arturo Sanhueza Ros involucrado en la Operación Albania, y a Carlos Herrera Jiménez, uno de los autores del crimen de Tucapel Jiménez.

A través del seguimiento detallado de todas las causas por violaciones a los derechos humanos, la Auditoría de Torres Silva e Ibarra, aportaban toda la información a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para que ésta dirección diseñara “los cursos ilícitos de acción a seguir respecto de quienes eran requeridos por la justicia”.

De esta manera, en la investigación se estableció que entre la Auditoría de Torres Silva y la DINE que entonces dirigía el general Hernán Ramírez Rurange y después el general Eugenio Covarrubias, se bloqueó la acción de los jueces que indagaban las causas.

Igualmente, entre ambas instancias militares se preocuparon de aportar información falsa o distractiva a los jueces.

 

Laura Soto: Ya está listo el puzzle de la muerte de Miguel Woodward

22 de Julio de 2007    www.elmostrador.cl

Dictarían procesamientos en agosto

por  Macarena López M.

Tras entrevistarse con la jueza Eliana Quijada, la diputada señala que ''ella ya tiene claro lo que sucedió. No se puede seguir negando que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y que allí fue torturado y producto de ello falleció''. En ese sentido, considera que el conocer la verdad en este caso ''será doloroso para la Armada, pero bueno para el país''.

Agosto será un mes clave para la investigación que lleva adelante la jueza Eliana Quijada para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del sacerdote católico Miguel Woodward, quien permaneció detenido en el buque escuela Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

La diputada Laura Soto (PPD), querellante en la investigación, se entrevistó la semana pasada con la magistrada, encuentro que le permite afirmar que "quizás la primera quincena de agosto la jueza haga un auto de procesamiento. Yo siento, en mi convicción, que puede afectar a ex altos oficiales de la Armada".

Soto que antes de que el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, entregará la bitácora del buque "no había absolutamente nada, no había testigos", pero gracias a dicha información "está acreditado que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y hay testigos de que allí fue torturado y posteriormente se le envió al Hospital Naval".

Sin embargo, comenta que a la jueza no ha podido encontrar los restos del sacerdote, no obstante de que hay testigos de que habría sido enterrado en el Cementerio de Playa Ancha.

"El problema, dice la magistrada, es que ha pasado mucha maquinaria moviendo la tierra y no se encontró absolutamente nada. No obstante lo cual, a ella le queda todavía la esperanza que, en algún momento con otros antecedentes que tenga, pueda encontrar los restos", explica.

Destaca que "lo más importante es que ya está listo el puzzle, que la jueza ya tiene claro lo que sucedió. No se puede seguir negando que el sacerdote ingresó a la Esmeralda y que de allí fue torturado y producto de ellas falleció".

Esta conclusión, a juicio de Soto, “es muy importante porque la Armada hasta el día de hoy ha estado negando que haya habido tortura en el buque, incluso se ha negado a hacer un gesto, que se le ha pedido en muchas ocasiones, para que la Esmeralda en realidad se constituye en lo que nosotros queremos y que sea apropiada para la instrucción de nuestros jóvenes”.

-Quizás la mayoría de los involucrados ya no están vivos…
-Creo que va a tocar a algunos ex oficiales y, a lo mejor, la sorpresa será de alguno de los funcionarios que están en actividad. Tengo la sospecha de que va por ahí.

- ¿La jueza ha logrado hacer un puzzle que nunca antes se había hecho sobre el asesinato de Woodward?
- Me quedo con la convicción de que ella ha hecho un trabajo muy serio, muy acucioso y que cuando dicte los autos de procesamiento serán muy armados, por lo que será muy difícil que éstos sean echados abajo por algún recurso. La misma magistrada sostiene que los aportes que ha entregado la familia de Woodward, particularmente el cuñado, realmente han sido un aporte. Los datos que la familia ha entregado han dado frutos de luz de causas. Ella está muy cerca de la verdad y va a ser doloroso para la Armada, pero bueno para el país.

Fuerte conflicto

-¿Por qué cree que la Armada ocultó durante 33 años la bitácora?
-Desgraciadamente la Armada ha sido muy renuente en todas las causas que se ha seguido y yo he sido querellante en el caso de Jaime Aldoney, donde no solamente no se entregaron datos sino que además se hizo todo lo posible por oscurecer y borrar huellas de los ílicitos que ocurrieron allí. Es por primera vez que se hizo esto y por eso digo que lo hecho por Codina tiene un gran valor porque durante 33 años no se entregó esta bitácora. Sin embargo, se ha seguido negando que se torturaba en la Esmeralda cuando hay gente que sigue señalando que se torturó allí.

-¿Por qué cree que la Armada no quiere reconocer que en la Esmeralda se torturó?
-El almirante Codina debe tener un conflicto muy fuerte ya que por un lado él quiere cooperar con la justicia, pero por otra parte se le debe hacer muy difícil a él, que fue formado desde muy pequeño en la Armada, aceptar que se cometieron ilícitos de tan grave naturaleza allí.

-¿Ha hablado con el ministro de Defensa sobre el tema?
-Al ministro Goñi le pedí expresamente, como lo he hecho por oficio a cada uno de los subsecretarios, incluyendo el de la Marina, que den a conocer todos los antecedentes que existan sobre violaciones a los derechos humanos. El ministro me contó que ha estado conversando con los altos mandos de la Marina y del Ejército para indagar si hay aún antecedentes y él cree que es difícil que existan. Pero, en todo caso, yo celebro que Codina haya entregado la bitácora.

-¿Usted cree que hay antecedentes que no se han entregado a la justicia?
-Creo y siento que aún hay antecedentes que no han sido entregados y los estoy pidiendo oficialmente. Es muy difícil que los obtengamos por la experiencia del proceso de Juan Aldoney, que ha sido tan dificultoso, donde creo que allí van haber novedades y ahí va haber acusaciones.