Sergio de Castro explica gastos reservados durante el régimen militar

Ministra Valdovinos recabó antecedentes sobre los ítem en que eran ocupados estos fondos

Para aportar a la investigación, el ex director de Presupuestos de la dictadura, Jorge Selume, elaborará un informe con los posibles paraderos de los dineros y un análisis financiero del período 1985-1988

Foto: A las 8:30 de la mañana llegó a declarar el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro. Foto: Gastón Flores

La Nación

Andrés López Vergara

Por cerca de cuatro horas declaró ayer el ex ministro de Hacienda (1976-1982) del régimen militar Sergio de Castro ante la magistrada, con dedicación exclusiva del caso gastos reservados, Amanda Valdovinos.

El economista y empresario concurrió hasta el despacho de la jueza en el Palacio de los Tribunales a las ocho y media de la mañana a fin de rendir cuentas sobre la gestión que desempeñó a principios de la década de los ochenta, período en que fueron derivados para el ítem indagado cerca de 83 mil millones de pesos.

En el interrogatorio, el otrora secretario de Estado explicó a Valdovinos la política económica instaurada durante el Gobierno de Pinochet y aseguró que nunca tuvo conocimiento del uso de este tipo de fondos porque su cartera sólo entregaba el dinero. Sin embargo, cooperó al revelar el sistema y criterio como se derivaron los dineros.

“El destino no lo sabía Hacienda porque era reservado, sólo sabíamos el monto global. Estuvimos revisando junto con la magistrada los distintos presupuestos de todos los años y le expliqué cómo funcionaba en Hacienda”, dijo el también ex ministro de Economía.

De Castro pertenece al grupo de economistas conocido como los Chicago boys, quienes impulsaron el cambio en las políticas económicas de nuestro país basándose en el modelo neoliberal. Además, es uno de los autores de “El Ladrillo”, el documento que -a principios de los ‘70- estableció las bases de lo que sería el modelo económico aplicado por la dictadura militar.

Esta arista de investigación surge con la denuncia de los senadores Nelson Ávila (PRSD) y Alejandro Navarro (PS) sobre la utilización de estos dineros para apoyar los procesos de constitución y legalización de la UDI y RN durante la dictadura.

Selume coopera

Tras la indagatoria practicada hace dos semanas al ex director de Presupuestos de Pinochet, Jorge Selume, ofreció a la ministra Valdovinos elaborar un informe con los posibles paraderos de los dineros y un análisis financiero del período 1985-1988.

Fuentes cercanas al caso declararon a La Nación que Selume aseguró a la jueza que él desconocía el destino final del dinero para gastos reservados porque su cargo consistía sólo era proponer el presupuesto anual dividido en las distintas carteras, mientras que la Contraloría General de la República era la encargada de dar cuenta del uso de los recursos.

Respecto a los 43 mil millones de pesos gastados durante los días previos al plebiscito de 1988 (para decidir si Pinochet seguía en el poder hasta 1997) el empresario señaló que las cifras no le cuadraban según su experiencia en el cargo y desconocía su destino final. Sin embargo, recalcó que la mayoría de los ministerios recibían aportes suplementarios a partir de sus necesidades de cada año.

A raíz de esto se citó a declarar al ex ministro de Hacienda de esa época, Hernán Büchi, (1985 - 1988) para que explique en qué se gastaron 21 mil millones de pesos más de lo presupuestado. La indagatoria se llevará acabo la próxima semana.

Esta información sale contemplada en un informe del departamento de finanzas públicas de Hacienda elaborado este año, en el cual se registra que durante ese período el régimen militar tenía presupuestado para gastos reservados 22 mil 78 millones de pesos, pero se utilizaron 43 mil 117 millones. LN

Le toca a Schaulsohn

La magistrada citó para la próxima semana al ex PPD Jorge Schaulsohn para que ratifique sus acusaciones sobre la presunta existencia de una “ideología de la corrupción” dentro de la Concertación para derivar dineros de uso reservado para financiar campañas políticas.

Este interrogatorio no pudo llevarse a cabo con anterioridad porque el político se encontraba fuera del país.

La situación fue denunciada por los parlamentarios de la Alianza en el desaparecido Segundo Juzgado del Crimen de Santiago en 2006.