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Presidente de comisión dice que Fujimori está tensionando la relación con países vecinos

Presidente de comisión dice que Fujimori está tensionando la relación con países vecinos   El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud (der. en la foto), sostuvo que el ex Presidente del Perú, Alberto Fujimori, cometió una gran imprudencia al conceder entrevistas a la BBC y al diario Yomiuri, el de mayor circulación en Japón.   "Él tiene todo el derecho de defender su situación personal, pero evidentemente no debe utilizar el suelo chileno como plataforma para hacer proselitismo político, porque al realizar estas declaraciones a medios extranjeros sabía que esto iba a rebotar en Lima y que provocaría un malestar en el Gobierno de Alejandro Toledo, quien iba a protestar con justa razón", comentó Tarud. Agregó que Fujimori podría tensionar aún más las relaciones con los países vecinos si continúa sus declaraciones contra el presidente Toledo, o bien en el futuro, contra el mandatario argentino Néstor Kichner, donde colocaría al país en una situación más complicada. Tarud calificó como positivas las declaraciones de la Presidenta Bachelet, en relación a no considerar aceptable que Fujimori utilice a Chile como una plataforma para hacer política. Consultado si el actual Gobierno Concertación está pagando muy caro el hecho de haber heredado el ingreso del ex presidente peruano, Tarud comentó: "absolutamente, el caso se radicó acá y estamos en una situación difícil porque se están lesionando nuestros intereses como país al tensionar las relaciones con las naciones vecinas. Además, no tenemos ninguna certeza de que Fujimori no siga haciendo sus imprudentes declaraciones", concluyó. Miércoles 24 de Mayo de 2006 editor: [e-mail]

Vicepresidente de la Cámara gestiona encuentro de Presidenta Bachelet con familiares de tragedia de Antuco

	Vicepresidente de la Cámara gestiona encuentro de Presidenta Bachelet con familiares de tragedia de Antuco
La reunión se verificará este lunes a las 17 horas en La Moneda, tras la gestión efectuada por el Vicepresidente de la Cámara, José Pérez Arriagada (en la foto de archivo junto al director del Hospital Militar).
El diputado Pérez manifestó lo oportuno de este encuentro, a pocos días de cumplirse un año de la tragedia. "Las familias de los fallecidos en Antuco se encuentran inquietas, deseosas de ser escuchadas de una buena forma, a objeto de concluir prontamente con el proceso de entendimiento y justicia que pretenden por un aspecto natural, después de lo sucedido el 18 de Mayo de 2005, donde perdieron la vida 44 jóvenes conscriptos y un sargento, en los faldeos del volcán Antuco", indicó José Pérez Arriagada. El encuentro de los familiares con la Presidenta de la República, también contempla la asistencia de los Abogados Asesores de la Agrupación, subrayó el parlamentario. Viernes 12 de Mayo de 2006. editor: [e-mail]

Aprueban informe que estableció millonarias pérdidas en privatizaciones del gobierno militar

	Aprueban informe que estableció millonarias pérdidas en privatizaciones del gobierno militar
El informe de la comisión investigadora, que presidió el diputado Carlos Montes (en la foto en la Sala, tras la votación), fue respaldado por 55 votos a favor, 38 en contra y 3 abstenciones.
El informe fue terminado en octubre pasado y estuvo en Tabla para ser visto en noviembre, sin embargo su debate y votación se postergó para no interferir en las elecciones de diciembre, explicó la diputada Adriana Muñoz en el hemiciclo. La Comisión Investigadora se encargó de analizar las presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas antes de 1990. El informe fue aprobado, tanto en la comisión como en la Sala, por mayoría de votos de diputados de gobierno. Puerta giratoria El documento, según los diputados oficialistas, demostró el enriquecimiento ilícito en que incurrieron los funcionarios del régimen militar, que primero privatizaron las empresas, y luego se retiraron a trabajar en ellas como miembros de sus numerosos directorios. Comisión de 1991 Las conclusiones del informe mencionan el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de 1991, que indagó la administración de CORFO y las privatización de sus empresas filiales en el gobierno militar. Dicha instancia conoció del servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía, las donaciones de patrimonio físico, la condonación de deudas a terceros y múltiples formas de subsidio al sector privado que en este proceso se desarrollaron. Como el trabajo quedó inconcluso debido a las presiones militares, según la diputada Muñoz, la instancia alcanzó a determinar una pérdida de 2.209 millones de dólares (moneda de 1989), ocurrida sólo en el proceso de privatización ejecutado entre 1985 y 1987. Lo anterior significó la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, pasivo que el ente estatal asumió aumentando sus deudas en un 131% en relación a 1984. Como ejemplo, se indica que la privatización de la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por CORFO. Funcionamiento de la Comisión La comisión Investigadora se constituyó tras aprobarse en Sala un proyecto de acuerdo, el 4 de agosto de 2004, destinada a determinar las acciones u omisiones de los órganos de la Administración en el proceso de privatización del patrimonio público ocurrido durante el gobierno del General (R) Augusto Pinochet y su impacto en la concentración de la riqueza y en la distribución del ingreso. La instancia parlamentaria estuvo integrada por los diputados Carlos Montes (presidente), Rodrigo Álvarez, Jorge Burgos, Guillermo Ceroni, Julio Dittborn, Andrés Egaña, Adriana Muñoz, Carlos Recondo, Alberto Robles, Eduardo Saffirio, el actual senador Carlos Kuschel, y por los ex parlamentarios Carlos Hidalgo y Waldo Mora. En las 27 sesiones que realizaron los diputados, escucharon a un amplio número de invitados, entre ellos, a los ex Vicepresidentes Ejecutivos de CORFO; René Abeliuk y Oscar Landerretche; Carlos Mladinic, ex Presidente del Sistema de Administración de Empresas Públicas; al economista Rolf Lüders; al ex diputado Armando Arancibia y al economista Ricardo French-Davis. También se recibió a la periodista María Olivia Monckeberg, autora del libro "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno"; a dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Lan Chile S.A,: y a José Arancibia, Presidente de los exonerados políticos de GASCO. No había parlamento ni justicia que controlara La comisión investigadora analizó el marco jurídico en el que se realizaron las privatizaciones. Al respecto señala que "diseñar un modelo con todos los requisitos de la ortodoxia económica de Chicago era fácil en la medida que no había oposición, organismos fiscalizadores, Parlamento, Tribunales de Justicia independientes o grupos de presión". Añade que "la situación de excepción les permitió darse la legalidad requerida para realizar sus propósitos sin perder el tiempo con consultas a la sociedad civil". Anota el texto que "para acallar cualquier oposición, crítica o exigencia social frente a los procesos emprendidos, se contaba con la fuerza militar y se decretaba las leyes o reglamentos idóneos para tal o cual operación". Subraya el documento que "fue legal vender en forma directa sin licitación, fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones, pudieran posteriormente comprarla. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitara". Conclusiones El extenso informe entregado por la instancia parlamentaria expresa que sólo por la venta de 30 empresas enajenadas durante el período comprendido entre 1978 y 1990, el país perdió el equivalente al 6,4% del PIB (producto Interno Bruto) de 1990. Indica que la pérdida patrimonial final es enormemente superior a esa cifra, ya que las empresas y activos, enajenados o devueltos, entre 1973 y 1990, alcanzaron a 725. Traspaso de tierras y bienes fiscales "También hubo traspaso de patrimonio público a privados al operar con 5.809 predios con 9.965.868, Hás de tierras del Estado y al expulsar a campesinos de 230 cooperativas en las cuales eran legalmente propietarios", sostiene el documento, dejando en total a 57.277 campesinos sin tierra, que aumentarían a 235.195 personas, si se incluye a sus familias, anota el documento. Además consigna que CORFO donó 65 inmuebles y otros bienes, cuyo valor llegó en 1989 a 1.900 millones de pesos, lo que representaba el 16,4% de su activo inmovilizado, y el Ministerio de Bienes Nacionales enajenó 15.888 inmuebles estatales, de los cuales 10.869 fueron a manos privadas. Agrega que la CORFO quedó endeudada y descapitalizada por los préstamos castigados, las deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas y otras acciones de apoyo al sector privado. Igual situación ocurrió con el Banco Central, para sacar a la banca y otras empresas de la crisis de 1982, y también con el valor de los pagarés de la deuda externa, inferior a su valor real, para atraer inversión extranjera. Carlos Montes dijo en la Sala que la comisión de Agricultura seguirá investigando los traspasos de tierras y que el informe y otros datos estarán disponibles en la página web www.privatizaciones.cl Miércoles 10 de Mayo de 2006 INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORA  editor: [e-mail]

Diputados piden fomentar la música chilena en las radios

	Diputados piden fomentar la música chilena en las radios
Por unanimidad, los diputados aprobaron un proyecto de acuerdo que establece algunas medidas para fomentar la transmisión de música chilena a través de las radioemisoras nacionales.
El documento solicita a la Asociación de Radiodifusoras de Chile, ARCHI, que transmita a todas las radioemisoras del país, incluidas las que no forman parte de esa asociación, el interés de la Cámara en instar a las radios a transmitir al menos cinco minutos diarios de música chilena o por intérpretes chilenos. También se pide que dicha transmisión se efectúe a una misma hora todos los días y en un horario entre las ocho de la mañana y las diez de la noche. Por último, la iniciativa solicita al Consejo de la Cultura "que interponga sus buenos oficios para que ARCHI pueda llevar a cabo" en el primer punto. Fueron autores del proyecto de acuerdo los diputados Maximiano Errázuriz, Sergio Ojeda, Antonio Leal, Andrés Egaña, Carlos Abel Jarpa, Gabriel Ascencio, Fernando Meza, Marta Isasi, Patricio Vallespín y Carlos Montes. En los fundamentos, los parlamentarios expresan que la música chilena, sus autores, compositores o intérpretes, tienen limitadas posibilidades de difusión en la radiotelefonía chilena. Agregan que no se puede obligar a las radios, mediante una ley, a que transmitan música chilena o con intérpretes chilenos, puesto que los espacios son de propiedad de los concesionarios, y sería necesario indemnizarles, pues equivaldría a una expropiación. "No obstante lo anterior, nada impide que el Congreso Nacional pueda solicitar a la Asociación de Radiodifusores de Chile y al propio gobierno, que destinen unos minutos diarios a la difusión de música chilena o interpretadas por chilenos", concluye el proyecto de acuerdo. Miércoles 10 de Mayo de 2006 editor: [e-mail]

Rinden homenaje a ex parlamentario Narciso Irureta

	Rinden homenaje a ex parlamentario Narciso Irureta
La Cámara de Diputados realizó un homenaje al ex parlamentario y ex ministro Narciso Irureta Aburto, militante de la Democracia Cristiana, que falleciera el pasado 26 de diciembre, a los 81 años.
A nombre de la bancada DC, el diputado Sergio Ojeda recordó que cariñosamente le llamaban "El Vasco", y que fue un ciudadano ilustre, un gran estadista y político. Por su parte, el diputado Maximiano Errázuriz, de RN, destacó sus cualidades humanas, y dijo que fue un político que entendió la política como un medio para ayudar y servir a los demás. En tanto, el diputado Jaime Quintana, del PPD, manifestó que Narciso Irureta sabía que escuchar y confrontar posiciones era la mejor herramienta para construir el bien común. En representación de la bancada Socialista, dijo que Irureta estuvo impulsado constantemente por la vocación de servicio público. A nombre del PRSD, el diputado Fernando Meza recordó que Narciso Irureta fue fundador de uno de los partidos sin los cuales no se podría haber creado la actual institucionalidad democrática. El diputado Gonzalo Uriarte, de la UDI, sostuvo que Irureta formó parte de una generación muy importante en la historia política del país, y que fue un cristiano ejemplar, amigo del padre Alberto Hurtado y de grandes figuras falangistas de la época, como Bernardo Leighton y Eduardo Frei Montalva, con quienes formara la Democracia Cristiana. Biografía Narciso Irureta nació en Valdivia, el 30 de junio de 1924. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Pública N°1 de Pishuinco, y los secundarios, en el Instituto Salesiano y en el Liceo de Hombres de Valdivia. Luego estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para luego trasladarse a la Universidad de Chile, de donde se tituló de abogado el 17 de marzo de 1950. Sus actividades políticas se iniciaron en 1939, al ingresar a la Falange Nacional. Durante sus años universitarios, entre 1944 y 1945, se desempeñó como jefe nacional de los universitarios Falangistas; luego, desde 1945 fue miembro de la Junta Nacional de este partido. En 1957 se incorporó al partido Demócrata Cristiano, del cual fue uno de sus fundadores. En 1959, fue nombrado secretario nacional, y al año siguiente alcanzó la presidencia de su partido. En 1965 fue electo diputado por la 24ª Agrupación Departamental de Llanquihue, Puerto Varas, Maullín, Calbuco, Aysén, Coyhaique y Chile Chico, por el periodo 1965 a 1969; en ese lapso integró la Comisión Permanente de Hacienda y la de Minería e Industrias. En 1969 fue electo senador por la 9ª Agrupación Provincial de Valdivia, Osorno y Llanquihue, por el periodo 1969 a 1977; fue senador reemplazante en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la de Hacienda y en la de Minería. En 1971 ocupó el cargo de presidente nacional de su partido. Más adelante, entre 1982 y 1985, fue nombrado segundo vicepresidente; luego, entre 1987 y 1990, ejerció como primer vicepresidente. Fue ministro de Transportes y Telecomunicaciones, entre 1994 y 1996, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Miércoles 10 de mayo de 2006 editor:  [e-mail]

Solicitan extender beneficios de exonerados a ex cooperados de Tierra Amarilla

Solicitan extender beneficios de exonerados a ex cooperados de Tierra Amarilla

El diputado radical Alberto Robles sostuvo que muchos de estos pirquineros no pueden acceder a los beneficios porque sus cooperativas fueron intervenidas en el gobierno militar.

El parlamentario recordó que el Congreso ha aprobado tres proyectos de ley que benefician a los exonerados políticos.

Puntualizó que "sin embargo, en mi región, particularmente en Tierra Amarilla, hay un problema que se viene suscitando desde hace algún tiempo y que no ha permitido que aquellos pequeños mineros exonerados por la dictadura, puedan perpetrar el beneficio que este Parlamento aprobó otorgarles".

Se trata, agregó, de los pequeños mineros de las cooperativas Batea, Mantos Verdes, Abundancia y Rodesia, fundadas entre los años 1970 y 1972, y que fueron disueltas por las autoridades militares.

Por ello, demandó al ministerio de Economía, particularmente a la división de Cooperativas, que le remita los antecedentes, para determinar si están actualmente vigentes, cuándo fueron intervenidas, porqué se despidió a sus funcionarios, qué acción tomó el gobierno y qué registros tiene.

Jueves 4 de mayo de 2006

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Agradecen esfuerzo de investigaciones por aclarar incendio intencional

	Agradecen esfuerzo de investigaciones por aclarar incendio intencional
El diputado socialista Fidel Espinoza expresó su reconocimiento a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, por descubrir la causa de incendio intencional, con resultado de muerte, ocurrida el 22 de noviembre de 2004, en la localidad de La Huacha Casma, comuna de Frutillar.
El trágico suceso afectó a Roberto Alvarado Núñez, padre de tres menores de edad, Rosa, Jennifer y Roberto Alvarado, de 15, 11 y 10 años, respectivamente, quienes fallecieron calcinados en el interior de su vivienda, lo que causó honda preocupación en la provincia de Llanquihue por las características que rodearon los hechos. En la oportunidad, los medios de comunicación informaron sobre un incendio que provocó la muerte de cuatro personas en horas de la madrugada, lo que, sin duda, a la vista de la opinión pública, era un mero accidente doméstico que provocó la muerte de los moradores de la casa. Sin embargo, dijo el diputado, las pericias realizadas por detectives de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas indicaron que esta tragedia que destrozó una familia, fue causada por un familiar, el cual fue visto cerca del domicilio y desapareció misteriosamente, tras desencadenarse el incendio. Con posterioridad, se descubrió que, por razones más dramáticas aún, este hombre dejó encerradas a las víctimas para, luego, provocar el incendio. Agregó que en los últimos días, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó al único imputado en la causa, Humberto Alvarado, quien resultó ser hermano de una de las víctimas, al ser encontrado culpable del incendio con resultado de muerte, por lo que fue condenado a 15 años y 1 día. Sostuvo Espinoza que lo anterior no hubiese sido posible de no existir una investigación minuciosa, como la que llevó a cabo la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, la que entregó certeros antecedentes, que permitieron llegar a esta condena. Por lo anterior, congratuló a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas por su trabajo eficiente y eficaz, que permitió hacer justicia en este caso, concluyó el parlamentario. La intervención la hizo ayer el diputado en la Hora de Incidentes. Miércoles 3 de mayo de 2006 editor: [e-mail]

A través del Senado intentan anular decreto ley de amnistía

A través del Senado intentan anular decreto ley de amnistía   Los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Mariano Ruiz-Esquide presentaron una nueva iniciativa legal para derogar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 de 1978.   La moción, que por razones constitucionales los diputados no pudieron tramitar en la Cámara, deroga la amnistía concedida a las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, incurrieron en hechos delictuosos durante la vigencia del Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978. El proyecto de ley había sido ingresado a la Cámara por diputados de la Concertación, pero fue retirado por estimarse que la materia era iniciativa del Senado. Sin embargo, los tres senadores mencionados recogieron el texto legal y lo sometieron a tramitación en la Cámara del Senado. El proyecto declara "insanablemente nulo" por inconstitucional el decreto Ley 2.191, de 19 de abril de 1978. Añade la iniciativa que el citado decreto "carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna del artículo 18 del Código Penal". Se agrega que se declaran inadmistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un periodo de interrupción constitucional, que cometidos individual o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En los fundamentos de la iniciativa, se sostiene que la amnistía del año 1978 "es nula porque contraviene el orden internacional de los Derechos Humanos y está sujeta a una serie de limitaciones", puesto que es contraria a la Constitución y a los Tratados vigentes una amnistía que abarque delitos atentatorios contra los derechos allí garantizados aunque no de manera explícita, como el genocidio, las torturas y la desaparición forzada de personas, pero que sí están mencionados en al Convención de Ginebra. Viernes 28 de Abril de 2006