La moción, que por razones constitucionales los diputados no pudieron tramitar en la Cámara, deroga la amnistía concedida a las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, incurrieron en hechos delictuosos durante la vigencia del Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978.
El proyecto de ley había sido ingresado a la Cámara por diputados de la Concertación, pero fue retirado por estimarse que la materia era iniciativa del Senado.
Sin embargo, los tres senadores mencionados recogieron el texto legal y lo sometieron a tramitación en la Cámara del Senado.
El proyecto declara "insanablemente nulo" por inconstitucional el decreto Ley 2.191, de 19 de abril de 1978.
Añade la iniciativa que el citado decreto "carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna del artículo 18 del Código Penal".
Se agrega que se declaran inadmistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un periodo de interrupción constitucional, que cometidos individual o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
En los fundamentos de la iniciativa, se sostiene que la amnistía del año 1978 "es nula porque contraviene el orden internacional de los Derechos Humanos y está sujeta a una serie de limitaciones", puesto que es contraria a la Constitución y a los Tratados vigentes una amnistía que abarque delitos atentatorios contra los derechos allí garantizados aunque no de manera explícita, como el genocidio, las torturas y la desaparición forzada de personas, pero que sí están mencionados en al Convención de Ginebra.
Viernes 28 de Abril de 2006
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