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Aprueban informe que estableció millonarias pérdidas en privatizaciones del gobierno militar

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Aprueban informe que estableció millonarias pérdidas en privatizaciones del gobierno militar


 

El informe de la comisión investigadora, que presidió el diputado Carlos Montes (en la foto en la Sala, tras la votación), fue respaldado por 55 votos a favor, 38 en contra y 3 abstenciones.

 

El informe fue terminado en octubre pasado y estuvo en Tabla para ser visto en noviembre, sin embargo su debate y votación se postergó para no interferir en las elecciones de diciembre, explicó la diputada Adriana Muñoz en el hemiciclo.

La Comisión Investigadora se encargó de analizar las presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado ocurridas antes de 1990.

El informe fue aprobado, tanto en la comisión como en la Sala, por mayoría de votos de diputados de gobierno.

Puerta giratoria

El documento, según los diputados oficialistas, demostró el enriquecimiento ilícito en que incurrieron los funcionarios del régimen militar, que primero privatizaron las empresas, y luego se retiraron a trabajar en ellas como miembros de sus numerosos directorios.

Comisión de 1991

Las conclusiones del informe mencionan el trabajo de la Comisión Especial Investigadora de 1991, que indagó la administración de CORFO y las privatización de sus empresas filiales en el gobierno militar.

Dicha instancia conoció del servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía, las donaciones de patrimonio físico, la condonación de deudas a terceros y múltiples formas de subsidio al sector privado que en este proceso se desarrollaron.

Como el trabajo quedó inconcluso debido a las presiones militares, según la diputada Muñoz, la instancia alcanzó a determinar una pérdida de 2.209 millones de dólares (moneda de 1989), ocurrida sólo en el proceso de privatización ejecutado entre 1985 y 1987.

Lo anterior significó la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, pasivo que el ente estatal asumió aumentando sus deudas en un 131% en relación a 1984.

Como ejemplo, se indica que la privatización de la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por CORFO.

Funcionamiento de la Comisión

La comisión Investigadora se constituyó tras aprobarse en Sala un proyecto de acuerdo, el 4 de agosto de 2004, destinada a determinar las acciones u omisiones de los órganos de la Administración en el proceso de privatización del patrimonio público ocurrido durante el gobierno del General (R) Augusto Pinochet y su impacto en la concentración de la riqueza y en la distribución del ingreso.

La instancia parlamentaria estuvo integrada por los diputados Carlos Montes (presidente), Rodrigo Álvarez, Jorge Burgos, Guillermo Ceroni, Julio Dittborn, Andrés Egaña, Adriana Muñoz, Carlos Recondo, Alberto Robles, Eduardo Saffirio, el actual senador Carlos Kuschel, y por los ex parlamentarios Carlos Hidalgo y Waldo Mora.

En las 27 sesiones que realizaron los diputados, escucharon a un amplio número de invitados, entre ellos, a los ex Vicepresidentes Ejecutivos de CORFO; René Abeliuk y Oscar Landerretche; Carlos Mladinic, ex Presidente del Sistema de Administración de Empresas Públicas; al economista Rolf Lüders; al ex diputado Armando Arancibia y al economista Ricardo French-Davis.

También se recibió a la periodista María Olivia Monckeberg, autora del libro "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno"; a dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Lan Chile S.A,: y a José Arancibia, Presidente de los exonerados políticos de GASCO.

No había parlamento ni justicia que controlara

La comisión investigadora analizó el marco jurídico en el que se realizaron las privatizaciones. Al respecto señala que "diseñar un modelo con todos los requisitos de la ortodoxia económica de Chicago era fácil en la medida que no había oposición, organismos fiscalizadores, Parlamento, Tribunales de Justicia independientes o grupos de presión".

Añade que "la situación de excepción les permitió darse la legalidad requerida para realizar sus propósitos sin perder el tiempo con consultas a la sociedad civil".

Anota el texto que "para acallar cualquier oposición, crítica o exigencia social frente a los procesos emprendidos, se contaba con la fuerza militar y se decretaba las leyes o reglamentos idóneos para tal o cual operación".

Subraya el documento que "fue legal vender en forma directa sin licitación, fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones, pudieran posteriormente comprarla. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitara".

Conclusiones

El extenso informe entregado por la instancia parlamentaria expresa que sólo por la venta de 30 empresas enajenadas durante el período comprendido entre 1978 y 1990, el país perdió el equivalente al 6,4% del PIB (producto Interno Bruto) de 1990.

Indica que la pérdida patrimonial final es enormemente superior a esa cifra, ya que las empresas y activos, enajenados o devueltos, entre 1973 y 1990, alcanzaron a 725.

Traspaso de tierras y bienes fiscales

"También hubo traspaso de patrimonio público a privados al operar con 5.809 predios con 9.965.868, Hás de tierras del Estado y al expulsar a campesinos de 230 cooperativas en las cuales eran legalmente propietarios", sostiene el documento, dejando en total a 57.277 campesinos sin tierra, que aumentarían a 235.195 personas, si se incluye a sus familias, anota el documento.

Además consigna que CORFO donó 65 inmuebles y otros bienes, cuyo valor llegó en 1989 a 1.900 millones de pesos, lo que representaba el 16,4% de su activo inmovilizado, y el Ministerio de Bienes Nacionales enajenó 15.888 inmuebles estatales, de los cuales 10.869 fueron a manos privadas.

Agrega que la CORFO quedó endeudada y descapitalizada por los préstamos castigados, las deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas y otras acciones de apoyo al sector privado.

Igual situación ocurrió con el Banco Central, para sacar a la banca y otras empresas de la crisis de 1982, y también con el valor de los pagarés de la deuda externa, inferior a su valor real, para atraer inversión extranjera.

Carlos Montes dijo en la Sala que la comisión de Agricultura seguirá investigando los traspasos de tierras y que el informe y otros datos estarán disponibles en la página web www.privatizaciones.cl

Miércoles 10 de Mayo de 2006

INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORA 

editor: mromero@congreso.cl

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