El movimiento estudiantil de las últimas semanas constituye un acontecimiento de la máxima importancia. Los logros materiales obtenidos significan una gran victoria del estudiantado. Las transformaciones de fondo reclamadas, que conducirían a terminar con uno de los "amarres" de Pinochet, siguen pendientes. Las formulaciones presidenciales de modificación de la LOCE fueron extraordinariamente vagas. De otra parte, los mejoramientos económicos logrados fueron financiados sin mover ni un ápice el mecanismo presupuestario estructural en aplicación y rafirmando la vigencia a futuro del IVA. El legado de Pinochet, la LOCE, sigue todavía vigente. El movimiento democrático debe buscar incidir en la comisión asesora creada por la Presidenta para proponer su modificación a fondo.
La rebelión de los pingüinos y los "amarres" de Pinochet.
Por Hugo Fazio
El movimiento de los estudiantes de enseñanza media al incorporar a su plataforma temas como la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), la efectividad de la Jornada Escolar Completa (JEC) y la crítica a la municipalización de la enseñanza pusieron en el tapete temas de fondo, que apuntan directamente a la crisis sectorial y a su vinculación con el conjunto del esquema socio-económico en aplicación, colocando como temática de fondo las profundas desigualdades existentes en el país. Esta problemática formaba parte de un documento que en los últimos meses del año pasado el movimiento estudiantil entregó al gobierno Lagos, a través de su ministro de Educación Sergio Bitar, y que nunca se respondió. La escasa y desfigurada referencia al conflicto efectuado por Michelle Bachelet en su discurso del 21 de Mayo llevó al estudiantado a profundizar sus demandas, con anterioridad se habían declarado a la expectativa de las formulaciones sobre el tema a efectuarse en el mensaje presidencial. En el mensaje no se efectuó ninguna mención a las demandas estudiantiles, enfatizando sólo que las propuestas debían efectuarse a "cara descubierta".
La LOCE promulgada el 10 de marzo de 1990, a un día de terminar los años de dictadura, pretendió sin éxito enfrentar los problemas educacionales por la lógica del mercado. Fue una aplicación cerrada de los principios neoliberales, que redujo fuertemente el papel a desempeñar por el Estado. Transformó la educación en otro espacio para hacer negocios. "Este es el único país en el mundo -destaca la académica de la Universidad de Chile, Jenny Assael- en que el Estado entrega fondos públicos sin ningún control a los sostenedores privados que tienen fines de lucro" (28/05/06).
Los colegios públicos que en 1981 representaban el 78% de la matrícula total, actualmente reúnen a aproximadamente un 50%. La municipalización, además, profundizó la desigualdad produciendo diferenciación entre las comunas ricas, que son una minoría, y la gran mayoría de ellas. El principio de "libertad de enseñanza" fue defendido directamente por Pinochet, de acuerdo a testimonios de los participantes en la promulgación de la LOCE. ".el Ejecutivo era partidario -relata René Salamé, que fuese ministro de Educación en ese momento- de establecer la libertad en los planes y programas a como diera lugar (04/06/06).
El investigador del Observatorio de Políticas Educativas, Rodrigo Cornejo, enfatiza que el sistema educativo chileno pasó a ser "demasiado parecido" al "apartheid", que existió en Sudáfrica. Actualmente, detalla, el sistema educativo tiene cinco sistemas cerrados y excluyentes de administración: el particular pagado, el particular subvencionado con financiamiento compartido (donde los padres pagan cuota mensual), el particular subvencionado sin financiamiento compartido, el municipal de comunas ricas y el municipal de comunas pobres. Los niños pobres -añade Cornejo- reciben una subvención estatal de $30.000 y de ahí para arriba cada grupo se educa en condiciones diferentes. El sistema educativo fomenta y rigidiza estas desigualdades" (28/05/06). En vez de reducir la diferenciación distributiva, el sistema educacional la profundiza . Los $30.000 se perciben siempre que los estudiantes asistan a clases, sin ninguna exigencia sobre la calidad de la educación que reciban. Basta con que se sienten en su pupitre. De otra parte no existe una subvención diferenciada que contribuya a reducir los niveles de desigualdad.
Un 8% de los estudiantes, resume un estudio de Mario Marcel y Carla Tokman, concurren a 930 establecimientos privados que no reciben subsidio estatal y que sus familias pueden cancelar las elevadas mensualidades que cobran. Otro 50% asiste a los colegios municipalizados y un 42% lo hace en los establecimientos privados subvencionados.
Chile es una de las excepciones a nivel mundial entre los países que pretenden superar las deficiencias educacionales a través de mecanismos de mercado. Se ratifica así que sus políticas destacan por la ortodoxia en aplicar los esquemas neoliberales. Un estudio encargado por el presidente George Bush a una comisión del Congreso norteamericano para estudiar las experiencias internacionales educacionales concluyó en que -como destaca Cornejo- "los únicos países que usan este sistema (de financiar la demanda) en forma masiva son Namibia, Gales y Chile. y los otros dos están retrocediendo porque lo que consiguen con este financiamiento. es aumentar la cobertura, pero estancan la calidad y perpetúan la segmentación". La relación estudiantes por profesor, de acuerdo a datos de Unesco correspondientes a 2004, es de 33, una de las quince más altas en el mundo, de acuerdo al listado proporcionado.
El país requiere -como lo demanda el movimiento estudiantil- una transformación profunda de su sistema educacional, recuperando el Estado su papel protagónico. La necesidad de introducir cambios ya estaban en el Programa de Gobierno de Patricio Aylwin. Oficialmente se reconoce que la JEC presenta problemas de diseño y funcionamiento. El ex ministro de Educación Sergio Bitar manifestó que el año pasado detectó problemas encargando a la Universidad Católica un estudio que confirmó las insuficiencias. Sin embargo, nada se hizo hasta ahora y el problema busca enfrentarse luego de las manifestaciones estudiantiles. Es de esperar sea así.
Han transcurrido 16 años de vigencia de la LOCE. Los mejoramientos producidos en el sector -como en muchas otras esferas- se efectuaron sin tocar lo fundamental del mecanismo dejado como herencia por la dictadura. La Ley Orgánica fue la culminación de un proceso de privatización de la educación. Estableciéndose, como en diferentes "amarres" dejados por Pinochet, una ley constitucional que exige un elevado quorum para modificarse. La primera responsabilidad de su existencia la tienen, por tanto, las fuerzas políticas que apoyaron la dictadura respaldando la mantención de un sistema político que dificulta los cambios, con mecanismos como el sistema electoral binominal. La responsabilidad de la Concertación es no jugarse por generar una correlación de fuerzas que posibilitase una modificación, la cual en la actual coyuntura es factible gracias a la gigantesca movilización estudiantil. Para lograrlo debe abandonarse la política de "consensos" con los defensores de los "amarres pinochetistas" y unir con este propósito a la gran mayoría de la población que
desea modificarlos.
La LOCE tiene como principio eje la "libertad de enseñanza" y la reducción, como consecuencia de ello, de la función reguladora del Estado. Llegándose al absurdo que establecimientos educacionales reciban recursos públicos sin que existan normas de control sobre su utilización. Chile "es el único país del mundo, y lo dice hasta el Mineduc -manifestó Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación- , que permite el lucro con fondos públicos, sin mayor control ni rendición de cuentas. (30/05/06).
Los recursos públicos terminan siendo empleados "libremente" por el dueño del establecimiento, el cual posee, además, la facultad de decidir a los alumnos que recibe. "Entonces quienes no acceden a estos colegios particulares o subvencionados -explícita Loreto Egaña-, se van a los municipales, donde los tienen que recibir.". De esta manera la segregación en la educación se profundiza, aumentando aún más al rankearse a los colegios por sus resultados, estableciéndose asimetrías profundas entre ellos. En los años de gobiernos concertacionistas se dictaron diez leyes modificatorias de la LOCE, pero ninguna pretendió introducirle cambios de fondo, por el contrario se buscó evitar hacerlo. Debe lograrse que no vuelva a suceder lo mismo.
Como era de suponer, la UDI jugándose una vez más por los "amarres" dejados por el régimen de Pinochet se pronunció oficialmente -en pleno movimiento estudiantil- por la permanencia de la LOCE sin introducir cambios en el articulado básico. "No vamos a aceptar -expresó su presidente Jovino Novoa- ninguna modificación o reforma legal que vaya en contra de la libertad de enseñanza, que es un valor que nosotros consideramos fundamental" (01/06/06). Igualmente se pronunció en contra de que los municipios sean excluidos como administradores de la educación pública, buscando así preservar su control sobre los establecimientos en diferentes comunas, particularmente las ricas. Más aún, pretende que se duplique la subvención fiscal, manteniéndose la libertad en la administración de estos recursos, para que los alumnos puedan acudir a "proyectos educativos que sean diversos".
La UDI defiende ampliar la "libertad de enseñanza". El ministerio de Educación, como lo explicó el director del Instituto Libertad y Desarrollo Rodrigo Castro, debería limitarse a "fijar la normativa general para los establecimientos en términos de contenidos mínimos", todas las demás decisiones, en la formulación de la UDI, "deberían quedar establecidos a nivel de los establecimientos" (01/06/06). De esta manera defienden posiciones de poder. "No debe sorprender -sintetizó La Nación- que los colegios privados y particulares subvencionado de más prestigio y de mejores resultados estén ligados a grandes empresarios de derecha, al Opus Dei, a los legionarios de Cristo y a ex autoridades de la dictadura. .sus proyectos educacionales no se mueven sólo por la fe, ni nacen exclusivamente como obras de buena voluntad. Se basan en una visión estratégica del poder" (04/06/06).
Para El Mercurio "el problema nudo no está en la reforma del sistema educacional para mejorar su calidad.sino que en las cifras para responder a dos demandas concretas de los estudiantes: el pase y la tarifa escolar y el arancel de la PSU. Y también los recursos que habría que destinar a alimentación (para los que están en horario completo) y al pago de las prácticas". Mirado así la gran dificultad residiría en "ablandar" -según la expresión mercurial- al ministerio de Hacienda. Todas las demandas de mejoramiento de cualquier sector social terminan chocando con una política presupuestaria que convirtió la obsesión por ahorrar en un absurdo.
Las consignas estudiantiles vincularon acertadamente sus demandas con la situación fiscal. "El cobre por el cielo, la educación por el suelo", expresaba una de ellas. Una política presupuestaria orientada a acumular elevados superávit, destinados a colocarse en activos financieros, no puede sino chocar con las demandas de la población, con mayor razón cuando el aporte fiscal a la educación se ha reducido en el último cuarto de siglo. Los medios de prensa frecuentemente desfiguran la realidad al destacar que desde 1990 el gasto en educación se triplicó, sin consignar la fuerte reducción producida en los años de dictadura. El gasto público en educación es bajo, de 4,1% del PIB. En el gobierno de Salvador Allende alcanzó a un 7%. En cambio, crecieron los recursos entregados por el sector privado para la educación particular. De allí que, como señaló Alejandra Mizala, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, "el sistema particular pagado al que accede el 9% de la población de mayores ingresos gasta por alumno, en promedio, más de tres veces lo que gasta el sistema subvencionado" (15/05/06).
Eliminando gastos públicos fundamentales no puede sostenerse como un "éxito" alcanzar elevados superávit presupuestarios. En la conducción del gobierno en el ángulo económico predominan nítidamente la mantención de las políticas neoliberales, que tienen como baluarte ideológico al centro de estudios Expansiva y como máximo portavoz al ministro de Hacienda Andrés Velasco. Este factor negativo es crecientemente expresado al interior de la propia Concertación. "Si el gobierno no da muestras claras de voluntad por corregir el modelo educacional -manifestó a nombre de un grupo de diputados democratacristianos Jaime Mulet-, la visión neoliberal del ministro de Hacienda se habrá impuesto como un sello de este gobierno" (01/06/06).
Expansiva, en conjunto con el Instituto Libertad y Desarrollo efectuaron, mientras cursaban el movimiento estudiantil, un seminario acerca de cómo "administrar" el auge del cobre y sus efectos en las cuentas fiscales. La preocupación se concentró, usando la expresión de José de Gregorio, vicepresidente del Banco Central, en ser "prudentes" en la elaboración del presupuesto 2007. En otras palabras, cómo evitar que el mayor gasto público factible de disponerse, utilizando el propio mecanismo presupuestario establecido por Eyzaguirre y seguido rigurosamente por Velasco, pueda emplearse. De Gregorio estimó que el nuevo valor de tendencia del cobre a fijarse -y que se utiliza como uno de los indicadores claves para fijar el nivel del superávit estructural de 1% del PIB- permitiría elevar el gasto público en cerca de un 15%. Para evitarlo propuso ajustar "gradualmente" el nuevo precio de referencia del cobre, o sea, limitar por secretaría el aumento posible del gasto público.
La presidenta Michelle Bachelet, después de varios días de un conflicto creciente, manifestó que el hecho que "jóvenes, profesores y apoderados todos tengan conciencia de que hay que mejorar, es una tremenda oportunidad" (30/05/06). El problema es que se sigue sin aprovecharla.
En su respuesta a las peticiones de la asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios -redactada por su ministro de Hacienda Andrés Velasco y su asesor Francisco Javier Díaz- la presidenta satisfizo una serie de demandas específicas: se aumentan en 500.000 el número de jóvenes que recibirán almuerzos en los colegios; el pase escolar se podrá usar sin limitaciones de días ni de horas; se aumentará a "todo joven que lo necesite" la concesión de becas para cubrir el costo de la PSU; y se efectuará un programa extraordinario de mejoramiento en la infraestructura en 520 colegios, entre ellas. Constituyen una gran victoria del movimiento estudiantil. Pero la solución de temas que requieren modificaciones legales o son más de fondo la intervención presidencial las dejó pendientes. Anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional y una modificación a la LOCE, cuyos cambios se prepararán por un Consejo Asesor Presidencial que "forje una visión consensuada" de los cambios a introducirle, así como de la JEC, la municipalización de los establecimientos y sus tareas de evaluación. La intervención presidencial respondiendo a las demandas estudiantiles fue cuidadosamente vaga al referirse a la LOCE. "Quiero anunciar al país -dijo- que en el mes de junio enviaré al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional y una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que propone algo esencial, consagrar el derecho de todo ciudadano a una educación de calidad que no se contraponga con la libertad de enseñanza ".
La UDI ha explicitado que cualquier compromiso "no debe sustentarse en la posibilidad de contar con los votos de la derecha para reformar la LOCE" (02/06/06). Por ello debe construirse el consenso entre los amplios sectores del país a favor de impulsar estas transformaciones. De ser así se aprovechará la gigantesca acción del estudiantado para posibilitar transformaciones en el país imprescindibles.
La presidenta subrayó que su respuesta constituía "el máximo esfuerzo que el gobierno puede hacer". Las medidas anunciadas en el presente año significan un gasto -de acuerdo al detalle entregado por el ministro de Hacienda- de $31.000 millones (aproximadamente cerca de US$60 millones). La mitad se va a financiar con cargo al Fondo de Libre Disponibilidad existente en el presupuesto 2006 y del cual ya se habían empleado US$90 millones en el reajuste de pensiones mínimas y asistenciales. Por tanto, sigue sin usarse la mayor parte de esos recursos. El restante financiamiento provendrá de reasignaciones en el presupuesto del ministerio de Educación, que obviamente significa reducir otras partidas no detalladas.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) consideró insatisfactoria la respuesta, poniendo especial acento en que se consideren los temas de fondo "Reiteramos -señalaron- que nuestra lucha no sólo se ha dado por las demandas de corte económico, sino también por la reestructuración de la educación"(04/06/06). Al mismo tiempo consideró como una victoria de la movilización realizada los logros obtenidos. Las transformaciones educacionales de fondo, que pongan fin a los "amarres" de Pinochet son una tarea pendiente, que exige sumar al gobierno a éste propósito. Como manifestó el rector electo de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, "su dilación ha dejado de ser tolerable" (04/06/06).
