Los generales...

UN GENERAL NO MIENTE...".   La categorica y generica declaracion fue emitida  hace algunos años atras  --y dirigida a los medios de comunicacion presentes--  , en un tono altivo e indignado, por el General (R) de Ejercito Manuel Contreras Sepulveda durante el proceso por el asesinato de Orlando Letelier. 

Posteriormente, los hechos demostraron que los Generales no solo mienten (y no solo el mencionado, sino que tambien muchos otros de sus colegas Generales, algunos de ellos ahora cumpliendo sentencia) , sino que incluso mienten cuando    --ante los Tribunales de Justicia--   han jurado decir la verdad...    Si mal no recuerdo, y en este contexto, esto tiene directa relacion con lo que se conoce como el honor militar...

Mas adelante en el tempo nos enteramos que algunos Generales no solo mienten (y bajo juramento), sino que ademas roban...   Los hechos estan a la vista y son de conocimiento publico.

En el intertanto, tambien nos enteramos de que hay Generales que rutinariamente golpean a sus esposas, como quedo demostrado    --hace algun tiempo atras--   a traves de un proceso judicial vinculado a una denuncia por violencia domestica interpuesta por la esposa de otro General (R) de Ejercito. 

Sin embargo, lo publicado en el diario El Mercurio de hoy, en un rincon de una pagina interior, agrega un nuevo capitulo, insospechado, al prontuario conocido de los Generales; para conocimiento y consideracion de los lectores lo transcribo textual:

"Parera.  El fiscal de delitos sexuales, Adrian Vega, presento ayer en el Juzgado de Garantia de La Serena la acusacion formal por violacion y abusos sexuales contra el General de Ejercito (R) Carlos Parera Silva, imputado por ambos delitos en septiembre de 2004.  Vega hizo efectivo el cargo luego de hallar meritos suficientes tras la denuncia de una mujer peruana, hoy de 26 años, a nombre de ella misma y de su hija".

(Diario El Mercurio, Martes 31 de Octubre de 2006, pagina C 9).

Para ayuda de memoria de los lectores, el General Parera (del Arma de Comandos del Ejercito) fue el oficial al mando de la Parada Militar del 19 de Sptiembre de 1990; la primera Parada Militar post-dictadura.   En esa ocasion el General Parera se nego a efectuar los honores de reglamento al reciente y democraticamente electo Presidente de la Republica Patricio Aylwin, presente en el lugar, generando uno de los primeros roces entre las FFAA y los gobiernos post-dictadura.   Ahora, el General (R) Parera nos entrega una nueva faceta de su personalidad:  la del General que no solo es acusado judicialmente por violar y abusar sexualmente de una joven mujer expatriada e indefensa, sino que tambien de su hija...

Tanto por el honor militar..., y por los Generales...

Pedro Alejandro Matta.

DECLARACIÓN PÚBLICA

La UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE, quiere expresar a la opinión pública su más profunda satisfacción ante el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la falta de validez jurídica del DL 2191, la auto amnistía de 1978, como obstrucción y denegación de justicia en nuestro país en procesos por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

1º. El fallo establece la primacía de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Declara que el Estado de Chile incumplió sus obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos y violó los derechos consagrados en dicho tratado, al pretender amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad dado que dicho DL es incompatible con la Convención Americana.

2º.  La trascendental sentencia internacional dispone por unanimidad que el Estado debe asegurarse que el DL no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial cometida, para la identificación y el castigo de los responsables. Agrega que el Estado debe asegurarse que tal DL no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción  de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile.  La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y el Estado de Chile deberá rendirle un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

3º.  La Corte, sin desconocer el valor de los informes Rettig y Valech, considera pertinente precisar que “la verdad histórica“ contenida en los informes de las citadas comisiones no puede sustituir la obligación del Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales. Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

4º.  El Estado, desde que ratificó la Convención Americana el 21 de agosto de 1990, ha mantenido vigente el Decreto Ley No. 2.191 por 16 años, en inobservancia de las obligaciones consagradas en aquella. Que tal Decreto Ley no esté siendo aplicado por el Poder Judicial chileno en varios casos a partir de 1998, si bien es un adelanto significativo y la Corte lo valora, no es suficiente para satisfacer las exigencias del artículo 2 de la Convención. En primer lugar porque, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, el artículo 2 impone una obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la Convención y, en segundo lugar, porque el criterio de las cortes internas puede cambiar, decidiéndose aplicar nuevamente una disposición que para el ordenamiento interno permanece vigente.  Así, el Estado ha incumplido con los deberes impuestos por la Convención Americana, al mantener formalmente dentro de su ordenamiento un Decreto Ley contrario a la letra y espíritu de la misma.  La obligación legislativa de la Convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana.

5º.   La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

6º.   El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y sancionar penalmente a los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano. Chile no podrá volver a aplicar el Decreto Ley No. 2.191, por todas las consideraciones dadas en la Sentencia. Pero además, el Estado no podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables.  En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, además de ser inamnistiable, el delito es imprescriptible.  Los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, la Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa.

7º.  La resolución de la Corte Interamericana viene a confirmar que el camino judicial seguido por nuestra orgánica a nivel nacional es correcto. Es por este mismo motivo que en el mes de enero presentaremos una nueva Demanda Civil en contra del Estado para que se repare a los sobrevivientes de la represión política y tortura como establecen los tratados internacionales suscritos por Chile. En tales convenciones se dispone que la reparación debe ser integral, justa y adecuada, se debe indemnizar y no entregar miserables pensiones vitalicias a personas de avanzada edad, con expectativas muy cortas de vida, situación que es aprovechada por el Estado para ahorrar con el fallecimiento de los afectados dejando a sus viudas en el más completo abandono. Con la presentación en enero de nuestra próxima demanda civil en contra del Estado  esperamos completar los 2000 demandantes, y ante la denegación de justicia en Chile recurriremos a estos mismos tribunales internacionales, donde tenemos la certeza que ellos nos darán la razón.

¡¡¡Verdad, Justicia y Reparación integral, justa y adecuada!!!  ¡¡¡No a la Impunidad!!!

                               Víctor Rosas Vergara                                          Nelly Cárcamo Vargas

                                        Abogado                                                                                        Vicepresidente y

                      Presidente de la UNExPP de Chile             Secretaria de Comunicaciones de la UNExPP                             

                                                                                                        Santiago, 25 de octubre de 2006

DECLARACIÓN DE QUITO

 Foro Regional Latinoamericano: “Integración de los Pueblos Latinoamericanos, hacia la Nación Humana Universal”

 En Quito, los días 20, 21 y 22 de Octubre del 2006, nos reunimos organizaciones sociales, políticas y 

culturales de todo el continente, junto a representaciones de Estados Unidos y Europa, para encontrar 

respuestas a las necesidades de integración de los pueblos latinoamericanos. 

 A lo largo de estos tres días de trabajo en paneles y mesas temáticas constatamos que:

 La situación de América Latina es hoy un desastre. Hoy día la gran mayoría de los hombres y mujeres de

 nuestro continente viven en condiciones miserables, de maltrato. No sólo es la falta absoluta del derecho 

a la salud y la educación, a un trabajo digno, a una jubilación adecuada, a una vivienda y a vivir en un medio

ambiente no contaminado, sino que son perseguidos por sus ideas, por sus creencias, por su cultura, por sus 

formas diferentes de enfrentar la vida. En esta globalización asfixiante en la cual se concentra todo el poder 

político, económico y militar en un sólo punto, se intenta homogenizar las formas de pensar, de actuar y de 

sentir de las poblaciones.

 Es en esta situación donde actuamos comprendiendo que hay que avanzar hacia una nación humana universal 

y que en este camino debemos primero construir grandes proyectos de integración regional, sin perder nunca 

de vista que no estamos aspirando a la constitución de regiones que luego choquen entre sí, sino a integraciones 

regionales que luego puedan contribuir unas con otras para el proyecto que realmente tenemos que es el 

de ésta Nación Humana Universal.

 Integración Latinoamericana no es la integración monetaria, tampoco es solamente una integración cultural; 

cuando hablamos de integración lo decimos en primer lugar planteando que debe ubicarse al ser humano 

como valor y preocupación central.

 Destacamos como líneas convergentes:

 ·        La solidaridad y la reciprocidad entre las organizaciones

·        El establecimiento del equilibrio entre capital y trabajo

·        La recuperación de recursos naturales

·        La justa distribución de la tierra

·        La integración real y no formal de los pueblos originarios y la recuperación de su territorio

·        La urgencia del desarme nuclear mundial

·        La resolución de todos los conflictos históricos entre los países

·        El libre tránsito de las personas entre los países de la región  

·        Los acuerdos de integración económica poniendo el acento en el fortalecimiento de la micro y pequeña 

empresa de la región.

·        La implementación de procesos de democracia real, directa, plebiscitaria.

·        El apoyo a las nuevas generaciones en todas sus iniciativas no violentas.

 Todas estas propuestas debieran reflejarse en nuevas Constituciones que surjan en Asambleas 

Constituyentes Fundacionales.

 Por otra parte, reconocemos el entusiasmo por compartir experiencias, diagnósticos y propuestas en las 

mesas temáticas regionales, cuyo trabajo comenzó hace algunos meses, para llegar a sintetizarse en los 

intercambios realizados en este Foro.

 Así, valoramos que las conclusiones y propuestas de las 20 mesas temáticas reflejan la comprensión de 

que cualquier respuesta para superar las condiciones de opresión, de dolor y sufrimiento de nuestros pueblos 

requiere de la integración y acción regional. 

 Cada propuesta de acción concreta refleja un compromiso profundo con la causa de la integración. Estas 

propuestas requieren de una amplia difusión y la apertura de espacios de participación, que vayan 

consolidando un movimiento social amplio y diverso, que se fortalezca y crezca y de una señal al mundo 

de la urgente necesidad de construir una sociedad verdaderamente humana que supere toda forma de 

violencia y discriminación.

 En este proyecto hacia la integración es necesario ir encontrándonos con todos aquellos que quieren avanzar 

en ese camino. Son los movimientos sociales los que tienen que tomar el protagonismo de la transformación 

social y los partidos asumir el rol de ser instrumentos políticos de esos movimientos sociales y no al revés. 

 Por otra parte, planteamos nuestro rechazo al chantaje al que se somete a nuestros pueblos bajo el concepto del 

“mal menor”. Los humanistas nos movemos en la vida buscando la coherencia, haciendo coincidir lo que 

pensamos, sentimos y hacemos, y lo que hacemos en la vida busca siempre construir sociedades más justas, 

sin conformarnos con males menores, buscamos bienes mayores.

 Nos comprometemos a mantener estas líneas de convergencia, a difundir ampliamente las conclusiones 

de este Foro y animamos a la concreción de las acciones aquí propuestas.

 Es nuestro propósito que todos aquellos que se sienten humanistas y coincidan con estas aspiraciones, 

tengan aquí un espacio de participación real en el que la diversidad converja hacia la unidad. 

 Convocamos al Segundo Foro Regional Latinoamericano a realizarse en Bolivia a finales del año 2007.

 Desde Quito,con un saludo de Paz, Fuerza y Alegría

Notifican a Pinochet de procesamiento por caso Villa Grimaldi

Enviado por Pedro Alejandro Matta [e-mail] 

30 de Octubre del 2006

Juez Alejandro Solís decretó arresto domiciliario contra el ex uniformado por considerar que, dado el número de delitos que se le imputan, su libertad representa un peligro para la sociedad.

El general retirado Augusto Pinochet Ugarte fue notificado este lunes de su procesamiento por las violaciones a los derechos humanos registradas al interior de Villa Grimaldi, considerando el mayor centro de detención de la dictadura militar.

Así lo confirmó el ministro instructor del caso, Alejandro Solís, quien indicó que tras la diligencia el ex uniformado, de 90 años, quedó con arresto domiciliario, por considerar que, dado el número de delitos que se le imputan, su libertad representa un peligro para la sociedad.

“Queda privado de libertad por considerar que ella es un peligro para la sociedad, en atención al número de delitos que se le atribuye, pero atendida su edad, que son 90 años, se le mantiene con arresto domiciliario", confirmó el magistrado.

El juez encausó el pasado viernes al ex militar como autor de 35 secuestros y un homicidio calificados, además del delito de torturas en contra de 24 prisioneros del centro de detención. Se trata de la primera vez que Pinochet enfrenta un procesamiento por la aplicación de tormentos.

La semana pasada, el ministro desestimó sobreseer al ex uniformado por razones de salud, rechazando el pedido de la defensa del otrora jefe del Ejército, que pidió considerar su deteriorada capacidad mental dada su avanzada edad.

En su dictamen, Solís explicó que la única forma en que el ex militar podría ser eximido de responsabilidad penal es si se llega a determinar que está "totalmente privado de razón", lo que a su parecer no se da en este caso.

Aunque la defensa del ex uniformado no ha anunciado los próximos pasos judiciales, se estima que apelará de esta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tal como lo hizo en la investigación por el caso Caravana de la Muerte, en el que finalmente el ex militar fue sobreseído.

En 2002, tras mantener paralizado el proceso durante casi diez meses, la Corte Suprema resolvió sobreseer a Pinochet en dicho proceso, por estimar que la "demencia subcortical" de leve a moderada que se le detectó en 2001, le impedía enfrentar un proceso penal.

En el caso también están procesados los generales Manuel Contreras, Hernán Ramírez Hald y César Manríquez, y los brigadieres Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani, los coroneles Marcelo Morén Brito, Haroldo Latorre, Rolf Wenderoth y Gerardo Urrich, el capitán Manuel Carevic y el suboficial Basclay Zapata, todos del Ejército y en calidad de retiro.

A ellos se suman el civil Osvaldo Romo Mena y el ex oficial de Gendarmería Osvaldo Manzo.

Pinochet queda bajo arresto domiciliario por crímenes y torturas

SANTIAGO (Reuters) - El ex dictador chileno Augusto Pinochet quedó bajo arresto domiciliario el lunes, luego de que un juez lo procesó como autor de crímenes cometidos en el centro de detención Villa Grimaldi tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. El ministro Alejandro Solís dijo a periodistas que personal de tribunales notificó el lunes del procesamiento a Pinochet por 36 secuestros calificados, un homicidio y 23 casos de tortura. "El general Augusto Pinochet ha sido notificado de su procesamiento por secuestro, un homicidio y torturas y se le ha dejado bajo detención por ser considerado un peligro para la sociedad, atendido la gravedad de los delitos," dijo Solís a periodistas. "Sin embargo, por su edad, 90 años, se le ha dejado detenido en su domicilio," añadió. Es la primera vez que se procesa por torturas al ex dictador, quien ya ha estado bajo arresto domiciliario por otros casos de atropellos a los derechos humanos y delitos económicos. Durante la dictadura militar, entre 1973 y 1990, unas 3.000 personas fueron "desaparecidas" o murieron y otras 28.000 sufrieron torturas, incluida la presidenta chilena, Michelle Bachelet. (Con reporte de Erik López)

El Huillimario desde Ginebra

Enviado por Mario Miguel González Valdés [e-mail]

Como chileno, también en el exterior, en el reexilio...pero sí aún existe, el tema  y proyecto del derecho a voto para nuestros conciudadanos en el exterior es un hecho que puede considerarse positivo. Chile parece que es el único, siempre único,país de nuestro continente y del mundo occidental que no otrorga ni da ese derecho a sus ciudadanos qie viven fuera de sus fronteras. Si no es el único debe ser uno de los pocos.

Entrar en materia sobre ese tema es reconocer la existencia de alrededor de un millón de chilemos que viven en el exterior...en la ingeniosa e inexistente XIV región ...y pueden ser muchos, pero muchos más.

En el fondo, el derecho o no al voto, no es una cuestión escensial. Es una pincelada o una reforma más  a una constitución pasada de moda, absoleta  e inmoral. Redactada y hecha para institutacionalizar la dictadura y el poder de los clanes económicos. Poder y organigrama que siguen vigentes en la sociedad chilena. Constitución que fuera de legalizar la represión entregó el país a manos privadas y extranheras, sin que nadie hasta el día de hoy haya hecho una verdadera investigación sobre ello.

Me pregunto si ese es el precio pagado por tener el derecho a una transición democrática que lleva 16 años gobernando y 4 gobiernos de la Concertación. 

Hasta ahora, no hay  ni existe el menor amago para reemplazarla por una más democrática y más justa, de acuerdo con los nuevos tiempos y a una realidad muy diferente al período que fue concebida, y aceptada por un referendum  manipulado, condenado y rechazado por el mundo entero y por todas las organizaciones democráticas chilenas.

Y es esa la constitución que está y sigue vigente. Es ésa misma que dió poderes a un régimen represivo. Y se entiende, creo yo, que la carta constitucional es la voz, guía y las reglas del Estado. Institucionalozando sus poderes en manos de una dictadura. El Estado de Chile fue y se hizo parte de esa constitución.

No en vano, ese Estado, al igual que la dictadura que le representaba y le representa en esa constitución, nunca ha respondido por los atropellos en Chile acontecidos, Atropellos a los DDHH, saqueo y entrega del país, entre otras tantas cosas.

Han sido algunos jueces que en forma imdependiente y voluntaria,  a consecuencias de querella presentadas por agrupaciones de DDHH, individuales y colectivas han denunciado e investigado lo que  sucedió en Chile  bajo la distadura .

El Estado Chileno se ha quedado al margen y sin reconocer lo pasado. Chile según la constitución está y seguiría viviendo en un estado de guerra. La represión y la usurpación continua hacia el pueblo mapuche, lo conforma. Si no es así  todos los chilenos y especial los que sufrimos y sufrieron los embates de ese Estado represor seríamos  prisioneros de guerra, que lo fuimos, y veteranos de esa guerra declarada por el Estado.

El gobierno chileno como parte de los poderes dados por esa constitución, poco o nada ha hecho , salvo alguna u otra reforma que en el fondo no tienen mayor importancia. La constitución sigue siendo la misma y son los mismos los que tienen el control del poder y del país, sobretodo el económico, y el político también. No es el consenso para promulgar y cambiar alguna ley que dirá lo contrario. Ese poder, en la realidad tiene mucho más que el simple derecho a voz. Tienen el poder de decidir.

Si el Estado no reconoce y no quiere reconocer la historia reciente de nuestro país. Estamos andando por caminos equivocados. Las víctimas de ese Estado, todos los chilenos,esperan un cambio constitucional en Chile. Esperan un reconocimiento...y un perdón.. de lo que a su nombre se hizo. Una compensación justa hacia las principales víctimas de esos atropellos. Si lo han hecho  Argentina y Uruguay nos preguntamos porque Chile hace lo contrario. Chile siempre es único.

No es la disparatada, por lo tramitadora e inhumana aplicación, Comisión Exonerados, Ni esa escualida y vergonsoza pensión que otorga la Ley 19.992, la ley Valech que 30 años más tarde trata de dar una pincelada de humanidad a ese Estado culpable y condenado internacionalmente, aún hoy día, por los atropellos cometidos. Y los años pasados entre el 11 de septiembre y hoy día quién los reconoce.

Se prefiere callar.Es muy caro el precio pagado por y para la transición política del país. Se acercan los 30 años del plesbicito donde se le dijo No al dictador. Me parece que el tiempo transcurrido desde entonces es ya demasiado largo, Entre esa fecha de octubre de 1988, una sola vez el Estado y el Gobierno chileno, el de la Concertación, se movilizaron en responder en su conjunto, a lo que llamaron violación de la Soberanía  Nacional. Fue para rescatar al tirano, detenido en un gallinero de oro en Londres.

Lindo y doloroso ejemplo de la Soliraridad Nacional.

Tener el derecho a voto en el exterior, de acuerdo, pero no hay que ignorar que las tareas principales son otras. Entre ellas el derecho a saber la verdad de lo que  sucede,ha sucedido y pasado en Chile. El cambiar esa constitución que se le sigue manteniendo. Y sobretodo un derecho principal...el derecho a no olvidar. No olvidar que ya van 33 años desde  ese 11 de septiembre y que entre sus innumerables consecuencias están, que alrededor de un millón de chilenos viven en el exterior y en el reexilio...y quizás son aún muchos, pero muchos más.

Palabra de chileno....

al dictadii

Un nuevo prisionero político en democracia

 Chile: Waikilaf Cadin Calfunao, estudiante universitario

Por Andrés Bianque / AZKINTUW

Waikiman Cadín Calfunao
(foto: MAPUNDIAL)

Colocar a un prisionero político a cientos de kilómetros de su comunidad, no es más que una antigua práctica de la Dictadura llamada “Relegamiento”. Relegar a una persona con la intención de romper su natural balance social y cultural. Este traslado lleva como objeto el tratar de desarticular el movimiento social, “quebrar” el espíritu de los afectados. 

 El 31 de julio de 2006, la policía chilena, transformada una vez más en guardaespaldas de corte gansteril, custodiaban y celaban a un grupo de Trabajadores pertenecientes a la empresa de electricidad, Frontel, los cuales se adentraron en Territorio Mapuche para talar árboles al interior de la comunidad Juan Paillalef. En la trifulca, fue detenido el Estudiante de Derecho, Waikilaf Cadín Calfunao, el cual fue conducido a la Comisaría de Temuko, lugar en el cual fue agredido brutalmente por personal de Carabineros de Chile.

Con fecha 9 de agosto, se le formalizó por distintos cargos, otorgándosele la libertad, pero dejándolo con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario. El día 17 de Agosto se presentó voluntariamente en el Juzgado, siendo detenido y trasladado como prisionero a la Cárcel de Temuko. En dicho lugar fue confinado a una celda de pésimas condiciones y que violaba todas las normas básicas para con un ser humano.

El 29 de Agosto, entre 10 valientes gendarmes se dieron a la tarea de darle una nueva golpiza. Al próximo día nuevamente se le agredió y amenazó de muerte delante de su madre, la dirigenta Juana Calfunao. El 8 de Octubre comenzó una huelga de hambre seca, es decir ni siquiera agua para beber, con la peligrosidad que esto conlleva, en demanda de sus derechos violados de manera cotidiana. En ese estado fue acusado de agredir a dos “indefensos gendarmes”, motivo por el cual fue trasladado finalmente a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en Santiago.

Saltándome lo obvio, le pregunto a Juana Calfunao qué sienta ella como madre respecto a su hijo detenido. Me responde y su voz suena como una Araucaria herida, como si el colmillo del hacha le mordiera también su garganta austral. El reflejo de su voz, no es más que el espejo de una sociedad brutal, inhumana y racista. Y es espejo roto que va cortando la sociedad en trozos ensangrentados, trozos que brillan y relucen y fulguran ante ciertos señores de talla conocida y popular.

Ella hace esfuerzos por no llorar, está tremendamente preocupada, teme que algo terrible le ocurra a su hijo. Teme por su vida. El hijo de Juana, Waikilaf Cadín Calfunao ha sido trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad. A falta de Cepo, le encadenaron y esposaron al camión de gendarmería en el cual sería trasladado a Santiago. La autoridad, a sabiendas de lo amañado del caso, de los constantes reclamos por parte de la comunidad, de la constante visita de Juana a la cárcel, de la solidaridad demostrada por cientos de amigos, decide en forma arbitraria levantar un cerco de distancia remota para acallar a los que no callan.

“No queremos mas represión”

“Mi hijo está ahora a 850 kilómetros lejos de mi”, me dice Juana, y la voz ahora se le escucha ágil y expeditiva. “No hay lugar en este mundo al cual yo no iría a ver a mi hijo. Toda la Comunidad Juan Paillalef está conmocionada por lo que está ocurriendo, vivimos con miedo, peor que en dictadura, oímos pasos en las noches y el corazón se acelera. Aquí no ha habido ninguna voluntad política de solucionar los problemas de los mapuches. La presidenta de Chile no ha hecho el más mínimo esfuerzo real de ayudar a nuestro Pueblo. Diputados, senadores han engañado a nuestra Población, han venido sólo como “palos blancos” a buscar votos, a buscar sus propios intereses”, señala.

“Los Mapuches no queremos más represión, no queremos más muertos, no queremos más abusos, queremos Justicia, queremos vivir en paz en nuestras tierras. Mi hijo no ha sido ni siquiera aún juzgado, se le envía a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y el es sólo un muchacho, es un comunero honesto y valiente que ha defendido nuestra tierra. El gobierno pretende hacer creer a la opinión pública que es un delincuente, un vulgar bandido. Porque para el Gobierno, cualquiera que defienda sus derechos es un delincuente. El es alumno de 3er año de Derecho, estudia en la Universidad Autónoma de Temuko', señala.

A medida que se va decantando su voz, me recorre un escalofrío. La policía la ha golpeado en innumerables ocasiones, siendo la más horrible, aquella que le provocó un aborto a fuerza de patadas policiales, esa violencia contra las mujeres es fomentada y autorizada por el Gobierno de la Concertación, ahí si es legal golpear a una mujer, la Ley en Chile es un patético simulacro. Pero a pesar de robarle sus enseres, de quemar sus pertenencias, de humillarla, de desvestirla y manosearla, de burlarse de ella, de denigrarla con insultos racistas y discriminatorios no han podido doblegarla.

Pero está vez, el Gobierno de Chile, impotente cual conquistador experto en pillaje, modifica la estrategia. Pretenden romper y destruir a una familia, a esta Humilde India, encarcelando, torturando y azotando a su hijo… Hay que ser muy ruin, muy bajo, muy desgraciado, muy infame para atacar a una mujer a través de su hijos. La desesperación y la angustia sabotean el edificio altivo de esta mujer guerrera. Le digo que se calme, que se serene, que somos muchos los que solidarizamos con su hijo, con el Pueblo Mapuche, con la justicia. Que no haga nada tonto, que no se rinda, que esto se va a solucionar.

Estudiantes y Universitarios están al corriente de los hechos, que ellos están realizando actos y propaganda solidarizando y exigiendo la Libertad de este Nuevo Preso Político Mapuche. Que Amnistía Internacional sabe del asunto, que muchos conglomerados, colectivos y organizaciones de izquierda están al tanto. Juana Calfunao pide ayuda para su Comunidad. Que se le envíen muestras de apoyo, de solidaridad, que se sienta que no están solos. Que ellos, que ella, muchas veces ni siquiera tienen dinero para tomar un bus e ir a la ciudad. Mucho menos como para luchar contra los medios de comunicación. Cruza sus manos una y otra vez como es su costumbre, muerde sus labios y me regala una sonrisa.

A renglón seguido converso con Elizabeth Antilef, vocera del joven prisionero político. Ella me cuenta que visitó a Waikilaf al día siguiente de su llegada a la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago de Chile. “Hasta el momento no ha podido ser visto por un Médico independiente, no sabemos su verdadero estado de salud. Presenta demasiados hematomas, heridas y quemaduras. No sabemos como se le está atendiendo. Lo encontré sentado sobre una silla, no sentado, sino sobre ella, en posición fetal, como un animalito indefenso”, relata.

“Lo saludé y me abrazó en forma instintiva. Y en forma instintiva se levantó su polera y me mostró las quemaduras que aún tiene en su espalda. Y los incontables moretones sobre su cuerpo. Me contó que lo arrojaron boca abajo, de bruces en un camión policial, como le pusieron grilletes en sus pies, ví sus tobillos destrozados, la muñecas azules y cortadas de esposas apretadas al máximo. En el trayecto de 9 horas, desde Temuko hasta Santiago, se orinó y vomitó una y otra vez. Como aceleraban el vehículo y frenaban bruscamente y la inercia lo azotaba contra la pared metálica del camión”, me dice.

Relegamiento político

Waikilaf, cuando estuvo detenido en la Cárcel de Temuko, comenzó a colaborar y ayudar a la organización de los presos al interior del penal. Esto fue visto con ojos iracundos por gendarmería y, coludidos con un par de reos comunes, bajo promesas de favores, prebendas y otros, procedieron a arrojar agua hirviendo sobre la espalada del joven de 23 años, como escarmiento y mensaje para otros mapuches.

Los agentes de la CNI, la Policía Política de la Dictadura de Pinochet que no encontraron trabajo en el Gobierno de la Concertación les va de maravillas en territorio mapuche. Allí, pagados por latifundistas, lavando dinero de forestales como Mininco S.A., han conformado grupos para-militares que junto a la Policía Chilena (sus antiguos camaradas de armas) se dan ingenio para acosar, amedrentar, intimidar, golpear, saquear, asesinar y robar a las comunidades mapuches.

Waikilaf fue trasladado el día 17 de Octubre a la CAS, pero el día 20 del mismo mes debía presentarse a Tribunales por el juicio que se tramita en su contra. El estado de Derecho del Cual el Gobierno de la Concertación se ufana, fue simplemente pasado por alto, contraviniendo y contradiciendo la nueva reforma de Procedimientos Penales. Es decir, existen causas indiscutibles de tintes políticos en su traslado.

El alejarlo de su entorno, y colocarlo a cientos de kilómetros de su comunidad, no es más que una antigua práctica de la Dictadura llamada “Relegamiento”. Relegar a una persona con la intención de romper su natural balance social y cultural. Este traslado, como el de Juan Patricio Marileo, (otro prisionero político mapuche, condenado por Ley Antiterrorista) lleva como objeto el tratar de desarticular el movimiento social, “quebrar” el espíritu de los afectados y como de costumbre, servir de ejemplo tétrico contra aquellos que sigan o avalen sus pasos.

Los Gobiernos de la Concertación han vendido territorio mapuche a trasnacionales. Y no sólo han vendido algo que no les pertenece, sino que además han vendido nuestra patria prometiendo a esas grandes empresas que no se preocupen por los vernáculos que las habitan. Que el Gobierno de Chile pondrá la Fuerza Pública, Jurídica, Económica y Comunicacional en resguardo de las tierras compradas.

Entonces, detrás de las miradas de asco por parte de los grandes señores a un montón de indios, detrás de los insultos racistas de la Policía, detrás de un Poder Judicial corrupto, descarado y manejable, detrás del incesante repicar de campanas comunicacionales que tañen lo “violentos y subversivos” que son los mapuches. El Pueblo Mapuche, entre ellos, la Comunidad Juan Paillalef, han decidido levantarse y luchar en contra de tanto oprobio, saqueo depredación, sicarios y mercenarios de todos los colores llegados a su mítica Tierra.

La Batalla por Oaxaca

• ¡Hay que defender a Oaxaca contra el asalto militar del gobierno, el PRI y el PAN!

Por Izquierda.Info

La desesperada situación del conflicto en Oaxaca, muestra los límites de la paciencia burguesa con los métodos democráticos y pacíficos; la connivencia entre los pistoleros del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que “gobierna” el estado y el gobierno del PAN (Partido de Acción Nacional), de Fox y seguramente de su sucesor Calderón y los limites de una estrategia de lucha que llama al pacifismo.

El conflicto, como venimos reportando en Izquierda.Info, lleva semanas de ebullición y meses en gestación. Iniciado el movimiento por los maestros combativos, pronto supieron ganarse la confianza y apoyo de la mayoría de los trabajadores de la ciudad de Oaxaca y de los campesinos de la región.

De un conflicto laboral se creció a una rebelión contra el gobierno estatal del PRI (Partido Revolucionario Institucional). De una organización sindical del conflicto se creció a una organización asamblearia de los oprimidos de la ciudad y el campo. Surge la APPO (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca).

Al derramarse el conflicto de los centros de trabajo a las calles y las barricadas y al asumir la APPO prácticamente el control de la ciudad se estaba frente a una situación de guerra civil. La burguesía mexicana no permitiría que el movimiento se estabilizara y se expandiera a otras regiones.

Para ello, el gobierno del PAN de Fox, y su sucesor fraudulento Calderón, no dudarían en tejer una alianza estratégica con el PRI contra los trabajadores. Y es que más allá de sus enfrentamientos políticos y electorales, los une su odio a la lucha de los oprimidos. Frente a la amenaza que constituyeron la APPO y la insurrección Oaxaqueña no habría dudas en que campo común se hallarían el PAN y el PRI.

Las bandas parapoliciales del PRI atacaron hace un par de días las barricadas de la APPO. No fueron grupos desorganizados, sino comandos entrenados y dispuestos a probar las defensas del pueblo en las barricadas.

El periodista de Indymedia, Brad Will, no murió de dos tiros casuales, sino de dos disparos de precisión hechos por un rifle como los utilizados por francotiradores. Fue un mensaje para que los periodistas y activistas extranjeros se fueran de inmediato.

Las bandas del PRI encontraron poca resistencia efectiva, ya que quienes guardaban las barricadas estaban mayormente desarmados. Días antes, dos dirigentes de la APPO habían caído asesinados en sus propias casas.

Ni lerdo ni perezoso, el gobierno federal del PAN, con la excusa de los enfrentamientos, movilizo a miles de gendarmes, policías federales, tropas del ejercito, tanques y helicópteros. Había llegado el momento de destruir el movimiento rebelde, pasándolo por las armas si fuera necesario. Los ataques armados del PRI probaron las defensas, las tropas del gobierno central ahora se disponen al asalto final.

Si bien la APPO tomo medidas radicales en las ultimas semanas, insistió sin embargo – como lo hizo López Obrador durante dos meses en la lucha de masas contra el fraude electoral que lo despojo de la Presidencia – en que no debían sobrepasarse las medidas esencialmente pacificas de protesta y organización.

Cuando las batallas se dan en las barricadas, estas deben defenderse e inevitablemente se llega a los métodos de guerra civil. La burguesía lo entendió perfectamente: de ahí la movilización de las bandas paramilitares del PRI y ahora las tropas enviadas por el PAN.

La dirección de la APPO – algunos de sus miembros porque creen en el pacifismo y otros porque confiaban en la protección de organizaciones guerrilleras regionales – abandono la defensa de la ciudad y las barricadas a favor de las negociaciones y la pasividad del movimiento. De hecho ayudo a desorganizar la defensa de la ciudad al enviar cientos de cuadros y activistas a una marcha hacia la capital del país.

Las guerras civiles, aunque sean regionales como esta, no se ganan solamente con la política de la protesta pacifica, sino que esta hay que defenderla de los ataques de la burguesía. La APPO tal vez cuente ahora con pocas horas, tal vez un par de días, para revertir su política y armar a los trabajadores y los campesinos que están dispuestos a defender la ciudad y el movimiento.

Es necesario que lo hagan de inmediato. Debería también revertir el envío de activistas a la capital y convocar a toda la izquierda, organizaciones obreras y campesinas y al propio EZLN a enviar miles de militantes a Oaxaca de inmediato para ayudar en su defensa.

De lo contrario habrán pecado, como muchas otras organizaciones reformistas de otros movimientos anteriores, de dirigir una lucha para abandonarla a su suerte cuando las cuestiones del poder se ponen a la orden del día.

Mientras tanto, un amplio movimiento de solidaridad internacional debe abrazar la causa de los Oaxaqueños y de la APPO. La izquierda debe ponerse al frente de ese movimiento y lanzarlo ya mismo a rodear las embajadas y consulados mexicanos de Latinoamérica y el mundo. En países como Estados Unidos, donde residen millones de mexicanos, un amplio movimiento de apoyo a Oaxaca y su lucha no solo es posible sino que podría ser masivo.

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