Blogia

Centros Chilenos en el Exterior

Reportajes de La Nación destacados por cobertura de la pobreza

Reportajes de La Nación destacados por cobertura de la pobreza

Tres reportajes de la sección Sociedad del diario La Nación resultaron finalistas en la segunda versión del concurso “Pobre el que no cambia de mirada”, organizado por la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Hogar de Cristo.

Foto: Los periodistas de La Nacion reconocidos hoy: (de izquierda a derecha) Antonio Valencia, Katerinne Pavez y José Miguel Jaque.

La Nación

En una ceremonia realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes se entregó el premio “Pobre el que no Cambia de Mirada”, que en el marco del proyecto Comunicación y Pobreza, organizan el Hogar de Cristo, la Escuela de Periodismo de la U. Diego Portales y la Fundación para la Superación de la Pobreza.

En su segunda versión, el concurso convocó más de 70 trabajos comprometidos con la temática de la pobreza otorgando el primer lugar al reportaje titulado El capítulo final de las diferencias sociales, del diario La Tercera.

En tanto, entre los 17 trabajos finalistas, el jurado escogió tres de La Nación: “¿La gran estafa?”, de Katerinne Pavez; “Vivir con 120 mil pesos al mes”, de Antonio Valencia; y “Campamentos insatisfechos con acceso a la salud”, de José Miguel Jaque.

En la categoría televisión el premio fue para el programa Contacto, de Canal 13 por el reportaje Allegados: Desafío a la desesperanza, de la periodista Carolina Trejo.

En la categoría prensa escrita, el primer lugar lo obtuvo el reportaje Cómo ven los niños a La Legua, del periodista Jorge Rojas de The Clinic.

El premio en la categoría radio lo obtuvo uno de los capítulos del programa de radio Cooperativa El otro Chile, conducido y producido por la periodista Beatriz Sánchez.

El jurado que estuvo integrado por Rodrigo Jordán, Presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Cecilia García Huidobro, Decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales; Benito Baranda, Director Social Nacional del Hogar de Cristo; Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo

 

 

La CIA admite que recurrió a la “joyita mafiosa” contra Fidel

La CIA admite que recurrió a la “joyita mafiosa” contra Fidel

AGENCIA DE ESPIONAJE DE EEUU DIVULGÓ DETALLES DE SUS ANTIGUOS Y CONOCIDOS PLANES PARA ELIMINAR AL JERARCA CUBANO

Archivos desclasificados ayer confirmaron que el servicio secreto norteamericano se contactó con el crimen organizado para intentar envenenar en varias ocasiones al líder revolucionario isleño entre agosto de 1960 y abril de 1961.

Foto: La muerte de Fidel Castro valía 150.000 dólares para la CIA en 1960.

La Nación/Agencias

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), el instrumento que por excelencia ha usado la Casa Blanca para consolidar su hegemonía mundial y “vigilar” a sus enemigos, sacó finalmente ayer a la luz uno de sus numerosos tesoros ocultos: un voluminoso dossier sobre sus operaciones ilegales -e incluso criminales- entre 1953 y 1975, es decir, en plena época de la guerra fría.

Entre estos “trapos sucios” que fueron aireados, que figuran en un total de 693 páginas y que han sido exóticamente denominados “las joyas de la familia”, destaca la confirmación de una oscura complicidad: los intentos de la CIA, vía mafia estadounidense, para liquidar al líder cubano Fidel Castro. Esta operación “tipo gángster” se puso en marcha en agosto de 1960, ocho meses después de la llegada de Castro al poder.

El plan fue coordinado por el agente Richard Bisell, quien reclutó al funcionario de la Oficina de Seguridad, Robert Maheu, para que éste le consiguiera un “contacto” en el bajo mundo mafioso, que había visto drásticamente reducidos sus ingresos por el juego en Cuba por las decisiones del Gobierno castrista.

El “contacto” elegido fue Johnny Roselli, un miembro menor del hampa con llegada a la cúspide gangsteril. En una cita en el hotel Hilton Plaza de Nueva York, Maheu le contó a Roselli que le había contratado una “compañía” que estaba sufriendo fuertes pérdidas económicas debido a las medidas de Castro en Cuba y que sus dirigentes estaban dispuestos a pagar 150.000 dólares para eliminar al Presidente cubano.

Incialmente, Roselli no quiso verse implicado, pero finalmente optó por cooperar y contactó a los agentes con Sam Giancana y Santos Trafficante, dos capos mafiosos que por aquel entonces figuraban en la lista de los diez criminales más buscados en Estados Unidos y que poseían amplios contactos en Cuba.

En una reunión en Miami, los agentes lograron convencer a los jerarcas mafiosos de llevar a cabo la operación, no sin antes dejarles “muy en claro que el Gobierno de EEUU no estaba, ni debería estar, al tanto del encargo”. En el encuentro, Giancana recomendó consumar la misión por medio de píldoras con veneno, en tanto que Trafficante proveyó al gestor material: Juan Orta, un funcionario cubano que había recibido pagos de la mafia del juego y que tenía línea directa con Castro.

“Después de varias semanas de aparentes intentos”, dice el informe de la CIA, Orta “se enfrió” y pidió salir de la operación. Luego, otro candidato hizo varios intentos sin éxito. Un tercer aspirante a magnicida fue el doctor Anthony Verona, uno de los principales dirigentes de la Junta Cubana en el exilio, quien se ofreció para cumplir la misión. Pero Verona no llegó a actuar porque la operación fue cancelada en abril de 1961 tras la crisis de Bahía de Cochinos, cuando un grupo de exiliados cubanos dirigidos y apoyados por el Gobierno de John F. Kennedy fracasó en su intento de invadir la isla.



ROL EN MUERTE DE TRUJILLO

Según los nuevos documentos desclasificados, la CIA estuvo vinculada indirectamente a los planes para matar al dictador Rafael Trujillo, que gobernó República Dominicana desde 1930 a 1961. Sin embargo, queda claro que la agencia dudó acerca de lo oportuno que sería ultimarlo ante la factibilidad de que se pudiera instalar un régimen de izquierda tras su caída.

Inicialmente, la CIA ofreció armas y apoyo logístico a un grupo alzado, pero luego decidió retirar la oferta, lo que ocasionó que los organizadores del golpe siguieran solos.

Si bien el plan puso fin a la vida de Trujillo el 30 de mayo de 1961, también causó la horrorosa muerte de casi todos los involucrados, ya que sin apoyo internacional quedaron solos.

ESPIONAJE E INFILTRACIÓN

Los informes relatan cómo los servicios de contraespionaje de la CIA estuvieron entre 1953 y 1973 examinando e incluso abriendo el correo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que pasaba por el aeropuerto JFK de Nueva York.

Lo mismo ocurrió en San Francisco entre 1969 y 1972 con el correo hacia y desde China.

Entre las cartas identificadas, por ejemplo, se encontraban cuatro de la actriz Jane Fonda, que en la época se opuso públicamente a la guerra de Vietnam.

Otro programa infiltró agentes en grupos pacifistas desde 1969 para investigar “las actividades internacionales de radicales y militantes negros”, y acumuló 10.000 nombres de ciudadanos estadounidenses”.

EL CASO NOSENKO

Otras actividades que revelan los documentos desclasificados ayer por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos es el confinamiento en una celda especialmente construida, sin otro objeto que una cama, de un desertor de los servicios secretos de la Unión Soviética (KGB), Yuri Ivanovich Nosenko, entre agosto de 1965 y octubre de 1967.

Durante todo ese período, Nosenko fue sometido a toda clase de apremios sicológicos, como largos días en solitario, privación de alimentación y sueño, y extenuantes sesiones de interrogatorios, con el único fin de que brindara información “fidedigna” respecto del funcionamiento del contraespionaje ruso, identidades de dobles agentes, compañías fachadas y fuentes de financiamiento.

 

 

CIA desclasifica detalles de plan para asesinar a Fidel Castro

CIA desclasifica detalles de plan para asesinar a Fidel Castro

El organismo de inteligencia norteamericano barajó pagarle US$150.000 a un mafioso para matar al líder cubano, de acuerdo a un documento desclasificado por el National Security Archive de la Universidad George Washington.

Foto: Fidel Castro en campaña militar en los años en que la CIA apostaba a su eliminación.

lanacion.cl / Agencias

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos desclasificó hoy los detalles sobre un intento para asesinar al líder cubano Fidel Castro, entre algunos de los planes perpetrados por este organismo entre los años cincuenta y setenta.

El informe fue difundido a través de internet por un instituto de investigación, el National Security Archive de la Universidad George Washington.

El intento de asesinato se encuentra descrito en las cerca de 700 páginas de documentos conocidos como "joyas de la familia", que incluyen conspiraciones para cometer asesinatos de dirigentes extranjeros, escuchas de periodistas, vigilancia de estudiantes y violación de correspondencia.

El plan para matar a Castro se remota a 1960, cuando la agencia de espionaje quiso usar a un miembro de la Mafia, Johnny Roselli, de Las Vegas, para matar a Castro en "una acción tipo gángster".

El funcionario de la CIA Richard Bisell se puso en contacto en agosto de 1960 con el coronel Sheffield Edwards, de la Oficina de Seguridad, para determinar si tenía algún contacto que pudiera ayudar "en una misión delicada", cuyo objetivo era la muerte de Castro. A causa de la naturaleza "extremadamente delicada" del plan, "sólo un pequeño grupo resultó informado".

Una fuente de la Oficina de Seguridad, Robert Maheu, contó a Roseli en una reunión en el hotel Hilton Plaza de Nueva York que le había contratado una compañía que estaba sufriendo fuertes pérdidas económicas debido a las medidas de Castro en Cuba y que sus dirigentes estaban dispuestos a pagar 150.000 dólares de entonces para eliminar al presidente cubano.

A Roselli se le iba a "dejar claro que el Gobierno de Estados Unidos no estaba, ni debería estar, al tanto de la operación".

Roselli "inicialmente no quiso verse implicado, pero (...) se mostró de acuerdo en presentar a un amigo, Sam Gold, que conocía a gente cubana. Roselli dejó claro que no quería dinero a cambio de su intervención y creía que Sam haría lo mismo. Ninguno de los dos individuos recibió dinero de fondos de la Agencia", explican los documentos.

Gold, un alias de Momo Salvatore Giancana, a su vez, planteó que matar a Castro con armas de fuego podría resultar un problema y sugirió suministrarle algún tipo de píldora en la comida o la bebida.

Media docena de píldora "de un alto contenido letal" se entregaron a Juan Orta, un funcionario cubano que había recibido pagos de la mafia del juego y que tenía vínculos con Castro.

Orta, tras varias semanas de supuestos intentos, "se echó atrás y pidió que se le relevara. Propuso a otro candidato, que hizo varios intentos sin éxito".

Finalmente, el proyecto se suspendió debido al fracaso del episodio de la Bahía de Cochinos, en abril de 1961.

El documento fue elaborado en 1973 a pedido del entonces director de la CIA, James Schlesinger. Hasta ahora sólo habían sido desclasificadas algunas decenas de páginas fuertemente censuradas.

Schlesinger había pedido ese informe tras haber descubierto el involucramiento de la agencia en el escándalo de Watergate, que finalmente condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.

Las “joyas” de la CIA

Otras actividades que revelan los documentos es el confinamiento en una celda especialmente construida, sin otro objeto que una cama, de un defector de la KGB, Yuri Ivanovich Nosenko, entre agosto de 1965 y octubre de 1967.

Asimismo, se enumera el seguimiento de supuestos disidentes y el espionaje a dos periodistas en Washington de los que se sospechaba que podrían estar difundiendo información clasificada recibida de "una serie de fuentes del Gobierno y del Congreso", entre marzo y junio de 1963.

 

 

Ejército anuncia apertura de archivos del DINE a juez del caso Prats

27 de Junio de 2007

Negó tener documentos de organismos del régimen militar 



Tras reunirse por más de una hora con una de las hijas del asesinado general, Óscar Izurieta informó que permitirá al juez Alejandro Solís revisar la documentación existente en la Dirección de Inteligencia. Confirmó que está en revisión aporte de militares activos para pagar a abogados de procesados por causas de derechos humanos.

El comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, negó que la institución tenga documentos de los organismos de inteligencia del régimen militar, al tiempo que anunció que pondrá a disposición del ministro del caso Prats, Alejandro Solís, todos los archivos de la Dirección de Inteligencia (DINE).

El jefe castrense hizo el anuncio tras reunirse por más de una hora con una de las hijas del fallecido general Carlos Prats, María Angélica, luego de que la semana pasada se conociera un documento aportado por el brigadier (R) Pedro Espinoza, que supuestamente estuvo hasta 2004 en dependencias de la entidad.

"En el Ejército no hay información" de los organismos de inteligencia del régimen militar, enfatizó en más de una ocasión Izurieta, quien la semana pasada ya había sostenido un inédito encuentro con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El documento aportado por Espinoza reveló los seguimientos de los que fueron víctima Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, antes del atentado que el 30 de septiembre de 1974 les costó la vida en un barrio de Buenos Aires, Argentina.

El informe, incluso, permitió al magistrado Solís la reapertura de la causa y procesar al general retirado Juan Morales Salgado.

La revelación también motivó a distintos sectores, fundamentalmente políticos, a exigir al Ejército entregar los informes que tendría de las disueltas Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Central Nacional de Informaciones (CNI), los organismos represivos de la dictadura.

Por esta razón, Izurieta anunció que permitirá al juez Solís revisar todos los archivos del DINE, lo que permitirá que sea el propio magistrado el que establezca si existen antecedentes al interior de la institución castrense que permitan ayudar al esclarecimiento de causas de violaciones a los derechos humanos.

Revisión de aporte militar

Sin embargo, tras la cita el jefe del Ejército también confirmó que está en revisión la obligación que tienen los militares en servicio activo para ir en apoyo financiero de los militares que se encuentran procesados por violaciones a los derechos humanos.

El aporte, que se materializa a través de descuentos por planillas, permite a los ex uniformados costear en parte los gastos en que incurren para la contratación de abogados.

Sin embargo, este mecanismo fue puesto en entredicho luego de que el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado a cinco años y un día de prisión por el secuestro de mirista Dagoberto San Martín y también procesado en el caso Prats, se negara a cumplir su sentencia.

Día Internacional de las Naciones Unidas de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

O.N.U. :

La tortura es uno de los más grandes abusos en contra de los Derechos Humanos. Sin embago, hoy en día más de la mitad de los países del mundo la siguen aplicando.

La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degrandates. De igual forma, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor de la abolición de la tortura. Pese a esto, y a que en el año 2001, 123 de 189 estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron dicha Convención, cada año miles y miles de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas.

El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.

El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el respeto por la vida. En este Día recordamos a todas las víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están marcados psicológica y físicamente, y quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes.

Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos infligidos a miles de personas en todos los rincones del planeta.

CHILE :

Fuente: La Nación

En el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Codepu destacó ayer que aunque hoy más de 300 ex agentes están procesados o condenados por sus crímenes, "ninguno ha sido sancionado por tortura". El Codepu instó a los jueces que investigan causas por tortura a acelerar las investigaciones y adoptar resoluciones. En ese sentido, demandó al Ejecutivo la reapertura de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, para que den su testimonio quienes por diversas razones no lo hicieron y que de una vez por todas, envíe un proyecto de ley para anular el decreto de ley de amnistía.

La perversa brigada de Iturriaga

TESTIMONIOS:

Fuente: La Nación

Dos militantes del MIR, Alejandra Holzapfel y Beatriz Bataszew, contaron por primera vez las agresiones que sufrieron en el cuartel de la DINA que comandó el prófugo Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.

Alejandra no pudo contener sus lágrimas. Se hizo un gran silencio. "Yo después estudié medicina veterinaria, pero no pude dedicarme a eso. La imagen del perro Volodia nunca me la pude sacar de mi mente". Terminó la frase entre sollozos. En el cuartel de la DINA de Irán con los Plátanos, en Macul, agentes de la Brigada Purén, que comandaba el prófugo Iturriaga Neumann, hicieron que el perro la violara.

Alejandra Holzapfel y Beatriz Bataszew, miristas que sufrieron la tortura sexual, rememoraron ayer en la sede de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, su paso por la llamada "Venda Sexy", el cuartel de Iturriaga y sus agentes. Dicen que no pueden dar certeza de que vieron cara a cara a Iturriaga, "porque siempre nos tuvieron vendadas", pero recuerdan que quien se sentaba detrás de un escritorio dándoselas de jefe "era un chico, más bajo que nosotras", y piensan que pudo ser él.

"Ese chico tenía siempre una banca donde se subía para violar a las prisioneras", recuerdan Alejandra y Beatriz. "Y me acuerdo que le daba asco que las mujeres tuviéramos la menstruación", dice Alejandra. Las prisioneras descubrieron entonces algo que podía reducir el apetito perverso de aquel "chico" y otros agentes. "Tratábamos de dejar siempre en el baño señas, trapos y cosas así, que indicaran de que varias de nosotras teníamos la regla", recuerda Alejandra.

Miran sorprendidas cuando se les comenta que, en sus declaraciones procesales, insistentemente el prófugo Iturriaga Neumann declara que si bien reconoce haber sido jefe de la Brigada Purén que reinaba en Irán con Los Plátanos, sostiene que esa brigada se dedicaba sólo a "procesar información sobre salud, educación, agricultura y minería".

"Lo que él fue y es, es un cobarde, porque siempre nos torturaron vendadas. El nunca nos dio la cara, siempre trabajó oculto, igual que ahora", responde Beatriz alzando la voz.

LA VENDA SEXY

No tienen respuesta cuando se les consulta por qué creen que fue precisamente en ese recinto, la "Venda Sexy" -también conocida como "La Discoteque", por la música a alto volumen que los agentes ponían para que no se escucharan los gritos de los prisioneros-, donde se concentró la violencia sexual contra las mujeres ejercida por la Brigada Purén.

Era primera vez que Alejandra Holzapfel relataba en público por qué no pudo ejercer la medicina veterinaria que estudió en la universidad Karl Marx, en la desaparecida República Democrática Alemana. "No pude, porque siempre tengo la imagen del perro Volodia frente a mi". Nadie lo dice, pero es obvio que el nombre que los agentes dieron al perro fue para denigrar la imagen del dirigente comunista Volodia Teitelboim.Beatriz dice estar cansada "de que cada vez los jueces nos llamen y llamen a declarar y debemos siempre repetir los tormentos y vejámenes a que nos sometieron. Y hasta nos han tocado jueces que nos dicen...¡pero ustedes algo habrán hecho entonces!".

Por eso Alejandra se ha negado a volver a relatar sus vivencias ante los magistrados "y eso me ha costado que ordenen mi detención"

DEJA TU OPINIÓN EN: arribapuebloppd.blogspot.com

Aún tenemos patria

(perdón MATRIA)

Valeria Bustos Arriagada - Consejera Nacional

arribapuebloppd.blogspot.com

09-1011005

 

 

Caso Frei: Buscan documento secreto hecho por el Ministerio de Salud en 1982

27 de Junio de 2007

Ministro Madrid ordenó interrogar a Fernández Larios en Estados Unidos

por  Jorge Molina Sanhueza

Magistrado trabaja a pasos agigantados en las otras tres causas que sustancia: los homicidios de Eugenio Berríos, Carmelo Soria y del ex DINA Manuel Leyton. Sobre este último ha logrado importantes avances, como establecer quién fue uno de sus torturadores. Todo esto gracias al cruce de información con el caso Conferencia, que sustancia el juez Víctor Montiglio.

El ministro en visita Alejandro Madrid ordenó a Investigaciones obtener un "documento secreto" sobre la muerte del ex Presidente Eduardo Frei y que se hallaría en los archivos de la Unidad de Epidemiología del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de la cartera, elaborado después del fallecimiento del otrora mandatario.

La solicitud de Madrid se enmarca dentro de las numerosas diligencias que ha dictado en el último tiempo para aclarar el misterioso deceso de Frei, ocurrido en enero de 1982 en la clínica Santa María.

Según confidenció a El Mostrador.cl una fuente allegada a la investigación, el documento podría entregar luces sobre otros resultados que permiten tener una visión más amplia de los distintos análisis que se hicieron a los restos de Frei.

Dentro de las distintas investigaciones que tiene en sus manos y que derivan del secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos, el magistrado ha trabajado a ritmo acelerado.

Respecto de esta última causa, afina los procesamientos en contra de ex funcionarios de la Auditoría General del Ejército vinculados al encubrimiento de Berríos y su salida del país en octubre de 1991, gracias a los oficios de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia de la época (DINE).

Entrelazados a Estados Unidos

Pero Madrid también sigue trabajando en el proceso por la muerte del agente de la DINA Manuel Leyton.

El deceso de este último, ocurrido en 1977 en uno de los centros asistenciales que tenía la DINA, conocido como la "clínica London", ha avanzado a pasos agigantados en las últimas semanas.

Madrid tiene claro, por ejemplo, que uno de los torturadores de Leyton fue el fallecido coronel Germán Barriga, quien se suicidó en 2005 lanzándose de un edificio del sector oriente.

La información la obtuvo de algunos agentes que están encausados por el ministro Víctor Montiglio en el llamado caso Conferencia -sobre la desaparición de la cúpula clandestina del PC en 1975 - por la muerte de muerte de Víctor Díaz. Principalmente la de Humberto del Carmen Acevedo.

Para seguir conociendo más acerca de la estructura que tenía la DINA en esos años y las relaciones sobre la muerte de Leyton y el diplomático español Carmelo Soria, otra de las indagatorias anexadas, Madrid ordenó a su detective de confianza -de la Fuerza de Tareas e Investigaciones Reservadas, Nelson Jofré- que interrogue judicialmente al ex oficial de Ejército Armando Fernández Larios.

Este último se encuentra viviendo en Estados Unidos, acogido al programa de protección a testigos, luego de que colaborara en el esclarecimiento del homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en septiembre de 1976.

La orden de Madrid es que se averigüe todos los cargos que ocupó en la DINA y los delitos en los que está involucrado. Al analizar estas peticiones, no se descarta que el magistrado esté evaluando pedir su extradición.

Asimismo, encargó que se indaguen las condiciones legales en las que se encuentra en Estados Unidos, como también quiénes intervinieron en su salida de Chile en 1987, la planificación de la misma -que hasta ahora se sabe fue el FBI- y el proceso por el delito de deserción que mantiene abierto la Fiscalía Militar.

Junto al interrogatorio a Fernández Larios, el ministro pidió también hacer lo mismo con el ex agente de la DINA Jaime García Covarrubias.

En esa línea, el ministro busca saber para qué fue usada una propiedad ubicada en el Cajón del Maipo, conocida como "Casa Piedra", que perteneció al dueño del diario El Clarín, Darío Saint Marie, Volpone.

La grabación

Uno de los detalles desconocidos que Madrid ha logrado obtener es que existió una grabación que hizo el militar que ocupaba la Guarnición Militar de Santiago en 1977 y que interrogó a un ex DINA por la muerte de Leyton.

Según el testigo, se trataría del general Guillermo Toro, aunque para descartar cualquier equivocación, pidió al Estado Mayor del Ejército que lo identifique.

Por último, el juez especial quiere saber quiénes hicieron las autopsias al cuerpo del Leyton. Por eso, ofició al Servicio Médico Legal para saber quiénes al 30 de marzo de 1977 fungían como directivos del organismo, como también los miembros de la Unidad de Tanatología.

Espinoza declaró que documento Prats lo obtuvo de la inteligencia del Ejército

Espinoza declaró que documento Prats lo obtuvo de la inteligencia del Ejército

Lo señaló bajo su firma en el proceso por el doble homicidio en Buenos Aires

En una declaración judicial de fines de mayo de 2007, sostiene que lo “sustrajo” de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en el año 2004 “para preparar mi defensa”.

Foto: El brigadier (R) Pedro Espinoza al momento de ingresar al Penal Cordillera para cumplir condena por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval

Jorge Escalante
La Nación

En forma inequívoca y bajo su firma, el brigadier (R) Pedro Espinoza afirmó en una declaración judicial de mayo de 2007, que el documento “confidencial” que confirma que la DINA espió al general Carlos Prats para matarlo y que fue difundido el viernes pasado por las hijas del general y sus abogados, lo “sustrajo” de “los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el año 2004”.

En aquella declaración Espinoza no dice que el documento lo obtuvo de archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) porque obviamente el 2004 la represiva organización no existía, pero sí existía la DINE. En su declaración Espinoza deja claro que lo “sustrajo”, al igual -dice- que otros documentos “para mi defensa”.

Lo que Espinoza no aclara es cómo “sustrajo” de los archivos de la DINE aquel documento de fecha 26 de junio de 1974 firmado por el capitán Juan Morales Salgado, ya como jefe de la Brigada Lautaro, en el que éste le informa al jefe de la DINA, Manuel Contreras, sobre los pasos y señas del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires.

El jueves pasado Espinoza agregó personalmente otros antecedentes en el palacio de tribunales manifestando en una nueva declaración que “este documento tiene que ver concretamente con un operativo de la inteligencia respecto del general Prats en el que tomaron parte varios grupos, uno de los cuales tuvo que ver con su vigilancia previa”.

Fuentes vinculadas al Ejército manifestaron a La Nación que la institución “está muy preocupada con las afirmaciones de Espinoza, y en la comandancia en jefe sostienen que es imposible que él haya declarado que ese documento lo obtuvo de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el 2004”.

No obstante, el Ejército ya está informado de la declaración en la cual Espinoza afirma lo que dice, sin confundir la DINE con la DINA.

Ayer el abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, sostuvo que éste se habría confundido de instituciones y que habría declarado al juez Alejandro Solís que el documento lo obtuvo de los archivos de la DINA de Manuel Contreras, y no de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Sin embargo, en su declaración de fines de mayo de 2007 Espinoza dice algo distinto.

Ante el juez

En otro plano pero vinculado al affaire Espinoza y a la fuerte disputa que mantienen los ex DINA recluidos en el Penal Cordillera en Peñalolén, ayer el abogado Nelson Caucoto pidió al ministro Juan Fuentes Belmar que cite a declarar al propio Espinoza, a Manuel Contreras y al actual comandante de la guarnición de Santiago, general Gonzalo Santelices, para que entreguen antecedentes de la reunión que Santelices sostuvo en ese penal con Espinoza, Contreras y el resto de los oficiales (R) que allí cumplen sentencia.

Como informó LND en su última edición, el general Santelices concurrió a esa reunión para mediar en la disputa que existe entre Contreras y Espinoza, quienes se están acusando mutuamente de diversos crímenes. En el marco de esta disputa es que Espinoza entregó al juez Solís en mayo pasado el documento “confidencial” que permitió a Solís procesar a Morales Salgado.

El interés de Caucoto es conocer qué antecedentes se entregaron en esa reunión para que Contreras afirmara que fue Espinoza quien mató a Víctor Jara. Tal acusación aparece relatada en la declaración de Espinoza de fines de mayo de 2007, en la misma en que cuenta de la reunión con el general Santelices.

Hasta ahora el Ejército no se ha pronunciado oficialmente respecto de lo afirmado por Espinoza al juez Solís, manifestando que el documento de Morales Salgado de 1974 lo obtuvo de los archivos de la DINE.

Pedro Espinoza hizo otra serie de acusaciones a Contreras que aparecen registradas en otro documento firmado por él de fecha 13 de abril de 2007, que éste hizo llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago.

En él Espinoza acusó a Contreras de ser el responsable del destino final de los prisioneros “con sus brigadas de exterminio que obedecían sus órdenes”.LN



Diputados envían oficio a Defensa

Un oficio dirigido al ministro de Defensa José Goñi para que “tenga a bien disponer la desclasificación de todos los archivos y documentos en poder de la Dirección de Inteligencia del Ejército que dicen relación con la participación de efectivos militares en la violación de los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar”, enviaron los diputados Antonio Leal (PPD) y Tucapel Jiménez (independiente PPD).

El oficio tiene su origen en las afirmaciones del ex segundo hombre de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Pedro Espinoza, quien declaró que un documento “confidencial” confirmatorio de la responsabilidad de la DINA en el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa, y que éste entregó al ministro Alejandro Solís en mayo pasado, lo obtuvo de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el año 2004.

A pesar de que el Ejército manifestó a La Nación que esa Dirección de Inteligencia no cuenta con ningún documento de ese tipo, los parlamentarios sostendrán mañana una reunión con el ministro Goñi.

La hija del general Prats, Angélica, junto a los abogados Hernán Quezada y Pamela Pereira, expresaron el viernes pasado al entregar a la prensa el referido documento, que “el Ejército debe responder” por los dichos de Espinoza y entregar toda la documentación que guarda sobre el crimen de sus padres.

En el mismo sentido se han manifestado en las últimas horas diversos sectores políticos y de derechos humanos.

 

 

Hija de general Prats pide más colaboración al Ejército

La Nación

Que el Ejército haga una búsqueda exhaustiva de todos los archivos que posee y que colabore más allá de lo hecho hasta ahora, solicitará la hija general Carlos Prats al actual comandante en jefe castrense, general Óscar Izurieta.

En la institución, el coronel Carlos Mezzano confirmó que la petición de entrevista formulada por María Angélica Prats fue recepcionada y que cuando Izurieta vuelva de Argentina, la recibirá.

La petición de audiencia la formuló la hija del ex comandante en jefe del Ejército, luego que el brigadier (R ) Pedro Espinoza diera a conocer el viernes pasado un documento que da cuenta del seguimiento a sus padres, que habría sustraído desde la Dirección de Inteligencia del Ejército el 2004.

“Espero explicarle a Izurieta el interés de la familia de que el Ejército colabore más allá de lo hecho hasta ahora con los procesos respecto de violaciones a los derechos humanos, haciendo una búsqueda exhaustiva en sus archivos”, explicó.

Versión del Ejército

En el Ejército se informó que “hasta el momento” no habían recibido el oficio de los diputados Antonio Leal y Tucapel Jiménez, en el cual solicitarían la desclasificación de todos los archivos que vinculen a ex militares con violaciones de los derechos humanos.

“En caso que se concretara la petición, la vamos a responder, pero es bueno aclarar que en el Ejército no hay ningún archivo de la DINA, así lo hemos dicho a tribunales cuando nos han requerido. Y no tenemos, porque DINA no era parte del Ejército”, explicó el coronel Mezzano.

Consultado acerca de si el Ejército estimaba que Espinoza mentía cuando afirmó que el documento lo sustrajo de la DINE el 2004, dijo que en la institución “no damos opiniones sobre casos que están en tribunales”.

Funa

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en tanto, realizó ayer una nueva “funa” ante la sede de los oficiales del Ejército en retiro, en calle Alameda, entre Lord Cochrane y Dieciocho, y anunció que repetirán tal acción cada lunes, a las 11 horas.

“Es inaceptable que se reúnan de manera sediciosa, que protejan y encubran a aquellos que hoy, con la misma prepotencia que tuvieron en dictadura, resuelvan no acatar una condena por la causa de un detenido desaparecido”, señaló Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, en relación a la defensa que los ex oficiales han hecho del prófugo general (R) Raúl Iturriaga.

Respecto del documento revelado por Espinoza, Pizarro afirmó que en el encuentro que tuvieron con el comandante en jefe del Ejército el miércoles pasado, “le pedimos que enviara carta a todas las dependencias de la entidad, para exigir información, pero se negó” y agregó que les recalcó que no tienen archivos de la DINA.

En tanto, el subjefe de la bancada DC, Gonzalo Duarte, dijo que “poco le creo a esta gente ligada a violaciones de los derechos humanos, no puedo dar por cierta la versión de Espinoza, pero en lo específico es un deber patriótico del Ejército esclarecer los hechos”. En tal sentido, dijo que se suma a la solicitud de Leal y Jiménez.