Nelson Avila solicita a la Comisión de Etica de la Corte Suprema investigue a Harasic y a Fiscales del Ministerio Publico
Texto de lo solicitado por el Senador Nelson Avila al Congreso y la Corte Suprema:
Señor Presidente: Deseo dar cuenta a la Corporación de hechos que es necesario develar cabalmente, parte de los cuales ya han aparecidos en la prensa regional. Los mismos versan sobre una eventual negación de justicia en perjuicio del ciudadano Michel Alvar Chamás López.
La gravedad de este asunto es que cuestiona la probidad pública de actores relevantes del sistema judicial en la Quinta Región y en el país, la que incluso tocaría a lo más alto del Ministerio Público Nacional. La información de prensa aludida trata un período superior a 10 años.
Una contienda judicial por tuición de unos niños, gatilló una seguidilla de denuncias de uno de los afectados por presentación de documentos adulterados, falsos testimonios, reprobables notificaciones, e incluso un episodio de sustracción de menores, según relata el ofendido, padre de los niños.
Se habla de tres salidas del país tachadas de irregulares, hacia Barcelona, España, de los menores Chamás Piedrabuena. Señor presidente, deseo compartir con la Corporación los principales hechos que se relatan, los que de resultar efectivos, exigen a mi juicio una investigación seria, profunda, acuciosa, por el daño institucional que pueden ocasionar si no se esclarece. -
Michel Alvar Chamás López es padre de los menores Paula y Santiago Chamás Piedrabuena, nacidos de su relación con doña Maria de la Luz Piedrabuena. Este manifiesta que pese a haber atendido las obligaciones para con sus hijos, ha sido permanentemente hostilizado por abogados de la familia Piedrabuena y su ex mujer pariente del Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena Richard. -
Se le habría perturbado personal y familiarmente mediante fraudes procesales y procesos dolosos perpetrados por los Piedrabuena, a través de sus abogados, en forma reiterada y planeada durante las diferentes etapas de este conflicto. -
Con el fin de obtener fallos favorables, dice Chamás, que ellos habrían facilitado prestar falso testimonio a testigos y entregado a los jueces documentación adulterada en favor de la madre, María de la Luz Piedrabuena.
Las graves denuncias que recoge un medio de prensa de mi circunscripción, atribuidas al ciudadano Michel Alvar Chamás López, se centran en los siguientes procesos:
I.- VISAS FALSAS Un recurso de amparo fue presentado por el abogado Davor Harasic en representación de María de la Luz Piedrabuena ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en abril de 1995. Este profesional trabajó con y para Guillermo Piedrabuena Richard en el Consejo de Defensa del Estado. El objeto del recurso era dejar sin efecto una resolución del Primer Juzgado de Menores de Viña del Mar que le otorgaba el cuidado de los niños al padre. Para tal efecto, el abogado Davor Harasic, habría acompañado visas falsas de entrada al país de los menores Chamás Piedrabuena, lo que configuraría un delito de falsificación de instrumento público. Según el reclamante, cuenta con copias y pericias de esos documentos.
1 Este proceso aparece citado en el libro de jurisprudencia “Fallos del Mes”, de junio de 1995, página 674. En dicha publicación consta, al fundar el fallo, una especial referencia a las visas tachadas de falsas. El objetivo habría sido engañar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para sacar de su jurisdicción a los menores antes referidos, y así domiciliarlos en otro lugar, concretamente en otra ciudad. Esta documentación tachada de falsa fue objetada por el padre, nuevamente alrededor del año 2000, cuando se concretó el 2º episodio que sacó a los niños del país. En ese momento, la magistrado de menores de Viña del Mar, a cargo de la causa, según Chamás no aceptó realizar diligencias al respecto.
II 1er Juzgado de Menores de Viña del Mar. Existe una causa de autorización de salida del país ante el 1°Juzgado de Menores de Viña del Mar, caratulada Chamás-Pidrabuena, Rol N° 4301-00, de octubre del año 2000. Sobre ella, señala Chamás que en ese juzgado se, habría cometido prevaricación en favor de Piedrabuena, su parte contraria. Sostiene haber sido víctima de ocultación de información, denegación de justicia y dictación de resoluciones manifiesta y ostensiblemente injustas en los siguientes pleitos:
1.- Alimentos, Rol 3441-2000.
2.- Regulación de la relación directa y regular, Rol4182-2000.
3.- Autorización para salir del país, Rol 4301-2000.
4.- Tuición Rol 10178-2004.
5.- Rebaja de alimentos, Rol 791-2005.
6.- Autorización para salir del país Rol 10924-2005.
7.- Medida de protección, rol 10924-2005.
Motivado el padre por estos procesos estimados como irregulares, procedió a presentar contra la magistrada respectiva, una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Dicha querella, según Chamás se encuentra hoy sustraída desde la Corte en un incidente que investiga penalmente el Ministerio Publico de Valparaíso. Le extraña al padre de los menores que habiendo pedido certificarse el extravío de la querella, se ateste que se llamó, antes de buscarla, al abogado de Chamás y que el procurador del mismo, no sabe dónde y cuándo la presentó, a pesar de tener un timbre de recepción en la Secretaría. Lo claro es que el documento no está en la Corte.
2 III- FALLO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONTRA EL PADRE. Con fecha 27 de Junio de 2002 los abogados de la familia Piedrabuena lograron, mediante una apelación por alimentos ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, condenar a pagar al padre de los menores una suma en alimentos equivalente al 110% del total del sueldo del alimentante.
Este inusual fallo equivalía a un aumento, respecto a la pensión fijada en primera instancia, del 330%. Lo grave es que no existiría en la causa ningún nuevo antecedente ni prueba, en el expediente de alimentos, que justificara o diera argumento a los Ministros de la Sala para establecer y sustentar dicho fallo. Este reclamo no ha sido aclarado hasta hoy.
Otro elemento curioso dice relación con que el ciudadano Chamás fue, según él, falsamente notificado de la apelación y su resultado, en una dirección que no le correspondía: Una casa en ruinas y deshabitada.
IV- SUSTRACCIÓN DE MENORES Actualmente se vería ante el Ministerio Público de la V Región una querella interpuesta por el padre, Chamás, contra Juan Enrique Piedrabuena y Patricia Morales Salazar, (RUC 0510003018-9, fecha 10 de marzo de 2005) por el delito de Sustracción de Menores y Presentación de Documentos Falsos en Juicio Civil.
La querella señala las irregularidades que sufrió el pleito desde que estuvo remitida por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, al Ministerio Público. Tanto así, que el Fiscal Regional Sr. Jorge Abbott ordenó un sumario para investigar parte de las irregularidades denunciadas contra el fiscal a cargo de la investigación. No se sabe cuál es el avance de esas gestiones y si el Fiscal Regional ha hecho o no lo debido. Los fiscales del Ministerio Público, contraviniendo eventualmente al Fiscal Regional, dicen Chamás y el periodista que firma la nota de prensa, se han negado hasta el presente a indagar de manera rigurosa. Ni siquiera, habrían citado a declarar a una persona determinada que miembros de la familia Piedrabuena contactaron para ocultar al menor en la capital, mientras era sacado del país por tercera vez.
En las visas ya referidas y la segura acción ante el juzgado de menores de Viña del Mar, participaron Piedrabuena y otras personas. Según Chamás, amparadas por la investidura de aquel, dieron como resultado la salida de los menores con la absoluta ignorancia e incapacidad de reacción del padre. Pese a los documentos que obran en poder y conocimiento de esa Fiscalía Regional, el Ministerio Público, a más de un año de interpuesta la querella, ha denegado importantes diligencias. La única aceptada por el Fiscal Regional Sr. Jorge Abbott sería abiertamente insuficiente, y demostraría un ánimo de hacer lo mínimo posible para indagar la existencia de los delitos denunciados.
Tal accionar podría ser interpretado como una clara ventaja para la defensa del querellado Juan Enrique Piedrabuena, sobrino del actual Fiscal Nacional y quien además es abogado del Consejo de Defensa del Estado. El ciudadano Chamás dice saber que Abbott pretendería suceder a Piedrabuena Richard en la Fiscalía Nacional, prontamente.
3 Existirían, además, en el expediente claros indicios de que el Fiscal Jefe de Viña del Mar señor Rolando Melo, manejó la investigación de manera parcial y tendenciosa a favor del querellado Juan Enrique Piedrabuena.
V- QUERELLA CONTRA FISCAL JEFE DE VIÑA DEL MAR Existe una querella criminal en curso contra el Fiscal Jefe de Viña, señor Rolando Melo Latorre, por “delito funcionario”, interpuesta por Chamás. Se le acusa en el documento de haber negado la existencia de la querella por sustracción de menores a los medios de comunicación y a su superior jerárquico, el Fiscal Regional Jorge Abott.
Chamás dice que no sabe si Melo sorprendió con ello al Fiscal Regional o éste pidió no ser informado, o ya lo había sido directamente por el Fiscal Nacional. Como corolario, Melo habría coordinado con el imputado, Juan Enrique Piedrabuena, presionar al menor para conseguir de él una declaración favorable al querellado por sustracción de menores.
Señor Presidente, una explicación que se da a lo informado por un medio de mi región, es que se supone que el Fiscal Jefe de Viña del Mar habría actuado influido, directa o indirectamente, por personas a determinar. Al parecer, es necesario investigar para hacer luz sobre las conductas institucionales de algunos miembros del Ministerio Público, de los Tribunales y de la Policía.
Estas serían ilegalidades y presiones indebidas cometidas por abogados de la familia Piedrabuena, y ésta misma, en los procesos antes señalados con evidente sorpresa o aprovechamiento, favorecido por su situación de parte privilegiada. 3.- Por ejemplo, tanto el Fiscal Jefe de Viña del Mar, Rolando Melo y el fiscal que lo reemplazó en la investigación, se habrían negado a tener a la vista e indagar el tema de las visas falsas.
Lo mismo, respecto de un fallo irregular contra el padre interpuesto por abogados de la familia Piedrabuena en Barcelona, España y validado por un juez en Chile. Dicho fallo fue dictado contra una persona inexistente (Manuel Chamás López) y presentado en nuestro país para apoyar las razones de la parte Piedrabuena.
Dicho antecedente ha sido certificado, tanto por el registro civil chileno como por la INTERPOL en España.
VI- HOSTILIDAD DEL JUEZ GREGORIO FUENTES Otro funcionario del poder judicial aludido en estos hechos es el señor Gregorio Fuentes Puelma, ex Magistrado del 1° Juzgado de Menores de Viña del Mar, y actual Juez de Familia de la misma ciudad.
Los cargos son por prevaricación y denegación de justicia. Fuentes Puelma reconocería en su hoja funcionaria varios recursos de queja acogidos en su contra por “falta o abuso” en el ejercicio de sus funciones, y aún así sigue en la jurisdicción de familia. En esta querella, que consta de nueve acusaciones, ocupa un lugar destacado la arbitrariedad y abuso de poder del citado Juez. Habría denegado de plano y sin argumento la tuición y el cuidado del menor a su padre con quien vivía, estando plenamente consciente que la madre de aquel residía en Barcelona, España.
Como secuela, ordenó el remate de la vivienda en donde el alimentante y el alimentario vivían. El objetivo aparente, según Chamás, era pagar los alimentos del menor, quien paradojalmente vivía y era mantenido por su padre. No contento con lo anterior, el Juez querellado ordenó su arresto nocturno “por no pago de alimentos”.
Todo esto, absolutamente consciente de que dejaba al menor sin ningún tipo de tuición, porque junto con el arresto no dispuso que el SENAME se hiciera cargo de este. Así se habría facilitado devolverlo malamente a la madre Piedrabuena, y sacarlo del país. Gregorio Fuentes Puelma está casado con María de la Luz Salas, Fiscal del Ministerio Público, Jefe de la Fiscalía de Villa Alemana.
VII- OTRAS CAUSAS También existen dos procesos que están en la Corte Suprema,vistos por el 3° Juzgado Civil de Viña del Mar y el 29º Civil de Santiago, en donde el abogado Juan Enrique Piedrabuena, ha interpuesto juicios civiles en contra de las propiedades del señor Chamás y que serían absolutamente fraudulentos.
COROLARIO. Señor Presidente, indudablemente estamos ante el relato e investigación periodística de hechos que exceden con mucho el conflicto privado que pueda haber entre el ciudadano Chamás y la familia Piedrabuena. Aquí se expone un caso de abuso de poder y violación del derecho de igualdad ante la ley, que todos los ciudadanos de nuestro país tenemos garantizado constitucionalmente.
Cuando se ejerce la jurisdicción para perseguir delitos, aunque estos involucren a la familia directa del Fiscal Nacional o a éste mismo, los actos son siempre de interés público. Más aún si se trata de juicios sin reserva o sujetos a un sistema transparente. Las conductas denunciadas ante tribunales y medios informativos, lucen absolutamente inaceptables por ser de quienes provienen. No sólo está en juego el conflicto entre las partes, sino la transparencia de la institucionalidad judicial y penal de mi región y otra de orden nacional.
Develar estos acontecimientos, arrastrados por más de 10 años, es fundamental para defender, tanto el derecho de todo ciudadano a la justicia, como el trato digno de las instituciones que la ejercen. Señor presidente, investigar estos hechos, que ya han trascendido el ámbito judicial y empiezan a hacerlo en la esfera del domino público, representa un desafío para todos y cada uno de los chilenos. Pero, especialmente para quienes formamos parte de los poderes públicos.
5 PETICIÓN: Dado el tenor de las acusaciones, las notas de prensa y la investidura de los funcionarios judiciales mencionados, pido que este Honorable Senado solicite formalmente a la Excelentísima Corte Suprema, una investigación efectiva de estos hechos en su Comisión de Ética.
También, se ordene el nombramiento de un Ministro en Visita para que investigue las ilegalidades y abusos que aparentemente se han cometido. Esto último, por aquellos sucesos anteriores al 16 de diciembre de 2003 en Viña del Mar y Valparaíso. El Estado de Chile ha gastado más de mil millones de dólares en la implementación de la Reforma Procesal Penal. Justo es que todos los chilenos podamos exigir transparencia y probidad a quienes por mandato legal, aparte de administrar y ejercer justicia, efectúan la persecución penal.
Señor Presidente, por lo mismo, parece de toda lógica que los miembros de todas las bancadas de la Honorable Cámara de Diputados dispongan la instalación de una comisión investigadora por los hechos denunciados. Ello, a fin de esclarecer las responsabilidades políticas e institucionales que cupiese hacer efectivas, por estar entorpeciendo gravemente el proceder de los órganos principales de la judicatura y de la investigación de los delitos en esta Región. He dicho.
