"El Poder Judicial incurrió en denegación de justicia y muchos de sus miembros –en su momento y hasta tiempos no muy lejanos- incurrieron en notable abandono de sus deberes”. Con esta frase el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, prendió la mecha sobre la responsabilidad de la judicatura en que el ex dictador Augusto Pinochet no fuera condenado antes de morir.
Cerda, quien ha llevado el caso por las millonarias cuentas del fallecido ex militar y su familia en el banco Riggs, fue más lejos y acusó al tribunal de alzada capitalino de ser “excesivamente permisivo ante actitudes dilatorias y desviatorias de la defensa respecto a los fines del procedimiento”.
De esta manera apuntó directamente al abogado Pablo Rodríguez, defensa del ex dictador, que lo ha mantenido marginado por varios meses del caso Riggs.
El magistrado se manifestó desilusionado “porque el Estado de Chile fue incapaz de ofrendarle a la patria histórica la verdad respecto de las acusaciones en contra de Augusto Pinochet”.
Con el fervor religioso que lo caracteriza, Cerda concluyó sus dichos señalando que, como los tribunales de la tierra no pudieron condenar a Pinochet, “tengo la convicción de que Pinochet será sometido a juicio divino, el único que a la postre nos garantiza plena justicia”.
Cabe recordar que Cerda fue postulado por el Gobierno para ser ministro de la Suprema, pero la derecha vetó su ascenso.
Sin anotaciones
El hecho de que Pinochet no pudiera recibir una condena y sólo fuera desaforado en varias oportunidades y procesado, recorrió la prensa internacional dejando entrever lo insostenible de la situación.
“Es una crítica equivocada... la gran mayoría de los ministros de Corte que llevaban procesos en contra del general Pinochet avanzaron bastante en esas investigaciones. En varios quedó sometido a proceso y si bien en varios no se alcanzó a finalizar, esto fue por causas ajenas a ellos mismos, pero me parece que toda la opinión pública pudo haber visto que desplegaron una labor bastante eficiente...”, respondió el presidente de la Corte Suprema (S), Marcos Libedinsky.
El alto magistrado insistió en que el Poder Judicial “no está en deuda” con el país. “En el momento en que los tribunales de justicia pudieron actuar, hicieron lo que pudieron”, afirmó.
Sus palabras son coincidentes con el tradicional intento de mea culpa que ha hecho la judicatura en los últimos años, cuando en los discursos del inicio del año judicial, se ha sostenido que durante la dictadura militar los jueces no podían hacer más si es que las instituciones encargadas de informar de las detenciones ilegales y torturas no lo hacían o negaban los hechos.
Se mantienen los jueces
Aprovechó la oportunidad para aclarar que la muerte de Pinochet no implicará el cierre inmediato de los procesos, ya que aún existen responsables que sancionar.
En esa misma línea, la titular (S) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, explicó que respecto de Pinochet los magistrados dictarán sobreseimiento definitivo, pero que los ministros de fuero seguirán a cargo de las investigaciones en los casos de violaciones de los derechos humanos o al menos “es una materia que se debe examinar”. “Pero hay muchos ministros que están radicados y es muy difícil que sean sacados del caso”, sentenció.
Al respecto, el ministro Juan González, quien subroga a Cerda en el caso Riggs, manifestó ayer que primero revisaría “los antecedentes para ver lo que se puede hacer y seguramente se continuará el proceso con la demás gente encausada”.
En este caso aún está pendiente la implicancia presentada por el abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez, en contra del ministro Cerda, que lo mantiene alejado de la causa.
Tendencia y economía procesal
En tanto, el resto de los magistrados que llevan causas donde aparece imputado Pinochet siguieron la misma línea.
Por ejemplo, el magistrado Raúl Rocha, quien lleva una demanda civil contra Pinochet presentada por el abogado Adil Brkovic, explicó que con la muerte del ex dictador, ahora la acción se dirige contra el fisco.
El ministro Víctor Montiglio, quien procesó a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, dijo que espera que el registro civil emita el certificado de defunción para decretar el sobreseimiento. “No es necesario esperar ningún oficio de los abogados defensores para dictarlo. En cuanto a lo personal, no me voy a referir al tema”, dijo.
Jorge Zepeda, el juez que sustancia el proceso por la muerte del sacerdote español Antonio Llidó por el que Pinochet fue desaforado, siguió la misma línea de sus colegas, pero dijo que “hay que ser prudentes para seguir investigando todos los alcances que tengan estos procesos”.
El abogado Eduardo Contreras, querellante en casos de derechos humanos, dijo que la muerte de Pinochet es sólo un punto en el mapa procesal, “porque en cuanto a los otros procesados, las lealtades se venían quebrando antes de la muerte del dictador y es de esperar que esto ayude a encontrar la verdad”.
sin opinión
Ayer los ministros de la Corte Suprema Urbano Marín, Hugo Dolmestch, Jaime Rodríguez Espoz, Jorge Medina y Sergio Muñoz, fueron consultados respecto de qué opinión les merecía la muerte de Pinochet, pero todos, junto con lamentar el fallecimiento de una persona y el dolor de los deudos, se excusaron de opinar.LN
El abogado que representa al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el caso Riggs, Rodrigo Véliz, declaró que es obvio que se dictará un sobreseimiento definitivo respecto a Augusto Pinochet, pero que seguirán persiguiendo la responsabilidad de las demás personas implicadas. “Pinochet pagó los tributos no declarados ante el fisco con el objeto de ampliar el plazo para reclamar. Esos dineros están ingresados en las arcas fiscales, pero todavía existirían reclamaciones pendientes.
Ahora hay que ver el tema de la participación de las otras personas en caso de que tengan que responder por sus propios delitos”, dijo el abogado.
Pese a que la atención ayer estaba centrada en la preparación de los funerales del general (R) Augusto Pinochet, su abogado de toda la vida continuaba haciendo las gestiones tendientes a liberarlo de responsabilidad. Así, ayer al caso Riggs llegó un informe contable que la misma defensa pidió realizar hace unos meses para que el ministro Cerda pudiera comparar las conclusiones de este documento con los resultados que obtuvo la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac). Según el perito, los cálculos de los detectives tendrían algunos errores y la fortuna de Pinochet no superaría los 11 millones de dólares.
