Blogia
Centros Chilenos en el Exterior

Justicia

Se dicta procesamiento a 17 ex agentes de la DINA

Se dicta procesamiento a 17 ex agentes de la DINA

“Barrida” del juez Montiglio en últimos procesamientos

El magistrado incluyó otros cuatro operativos de la DINA al procesar a 17 ex agentes. Hasta ahora sólo había encausado por el dirigente PC Víctor Díaz.

Jorge Escalante
La Nación

Otros cuatro operativos DINA incorporó el ministro Víctor Montiglio en el último procesamiento dictado ayer en contra de 17 ex agentes. Así amplió los encausamientos por otras siete víctimas de la emboscada de Calle Conferencia 1587 ocurrida entre el 4 y 6 de mayo de 1976, donde cayeron la mayoría de los miembros de la primera dirección clandestina del Partido Comunista.

Incluyó el operativo de calle Barros Luco 1220, en Quintero, donde el 2 de abril de 1976 agentes de la DINA secuestraron al ex diputado comunista Bernardo Araya Zuleta y su esposa Olga Flores Barraza, después trasladados al cuartel de calle Venecia 1722, en Independencia, y luego a Villa Grimaldi. En el operativo de Gaspar de Orense 993 en Quinta Normal, el 9 de mayo de 1976 arrestaron al integrante de la comisión técnica del PC Lenín Díaz Silva, miembro de la dirección del partido. El 12 de mayo de 1976 detuvieron a Eliana Espinoza Fernández, enlace entre el secretario general encubierto del PC Víctor Díaz, mientras el titular Luis Corvalán estaba detenido.

Sumó el episodio de la integrante del Comité Central del PC Marta Ugarte, arrestada el 9 de agosto de 1976 y cuyo cuerpo apareció el 12 de septiembre de 1976 cerca de Los Molles, en la Quinta Región. En el caso calle Conferencia, el ministro amplió los procesamientos a los desaparecidos Jorge Muñoz, esposo de Gladys Marín (en la foto), Mario Zamorano, Uldarico Donaire, Jaime Donato y Elisa Cepeda, esta última enlace entre los dirigentes. Hasta ahora Montiglio sólo había procesado por Víctor Díaz, también caído en Conferencia.

Fueron encausados: Pedro Bitterlich Jaramillo, Orlando Altamirano Sanhueza, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Díaz Ramírez, Orlando Torrejón Gatica, Eduardo Reyes Lagos, José Ojeda Obando, Juvenal Piña Garrido, Carlos Rinaldi Suárez, Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Víctor Álvarez Droguett, Jorge Friz Esparza, Eduardo Garea Guzmán, y Rufino Jaime Astorga.

 

En libertad primeros procesados por Conferencia

En libertad primeros procesados por Conferencia

LOS DOS EX AGENTES SE MANTIENEN ENCAUSADOS POR EL CRIMEN DE VÍCTOR DÍAZ

El beneficio lo otorgó la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al brigadier (R) Jorge Escobar Fuentes y al ex empleado civil del Ejército Eduardo Garea Guzmán. Son los primeros de los últimos 56 procesados este año en la causa que lo obtienen.


Jorge Escalante
La Nación

Foto: El juez Víctor Montiglio negó el conocimiento del expediente de su investigación a los abogados de los procesados. 

Los primeros procesados en la causa Calle Conferencia que permanecían bajo arresto, pertenecientes a la última fase indagatoria de ese juicio posibilitada por los nuevos antecedentes recabados a partir de enero de 2007, fueron dejados ayer en libertad provisional por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, previo pago de una fianza de 100 mil pesos cada uno.

Si bien sus encausamientos dictados por el ministro Víctor Montiglio se mantienen, en votación dividida la sala concedió la libertad provisional del ex agente civil de la DINA Eduardo Garea Guzmán, y del brigadier (R) también ex integrante de ese organismo Jorge Escobar Fuentes, en este caso por decisión unánime de la sala.

Ambos permanecen procesados como coautores del secuestro con homicidio del dirigente comunista Víctor Díaz López, ocurrido a comienzos de 1977 en el ex cuartel clandestino de la DINA ubicado en calle Simón Bolívar 8630 en la comuna de La Reina, hasta hace poco desconocido.

La nueva fase indagatoria del juez Montiglio y la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, fue posible por antecedentes aportados en enero pasado por un ex mozo del ex jefe de la DINA Manuel Contreras, y por el ex empleado civil del Ejército adscrito a la DINA y luego a la CNI Carlos Marcos Muñoz. Éste se suicidó el jueves pasado al interior del Batallón de Policía Militar en Peñalolén, donde permanecía arrestado.

A partir de enero Montiglio procesó a 56 ex agentes que integraron la Brigada Lautaro y el Grupo Delfín, cuyas identidades no se conocían hasta esa fecha. Todos operaron en Simón Bolívar para exterminar principalmente a la dirigencia comunista en la clandestinidad. A ellos se suman otros nueve encausados previamente por el juez Juan Guzmán por el secuestro y homicidio de la dirigenta PC Marta Ugarte. El ex agente Garea se encuentra también declarado reo por el crimen de Ugarte.

En el caso de Garea, el ministro Montiglio había denegado su libertad provisional considerándolo un peligro para la sociedad. Este ex agente también está procesado por el secuestro y desaparecimiento en 1976 del matrimonio comunista Bernardo Araya y Olga Flores, y ha sido reconocido por ex prisioneros en careos como uno de quienes aplicaba las torturas en el centro de detención encubierto conocido como Calle Venecia.

En el caso de Escobar Fuentes, éste comandó una muy poco conocida Brigada de Contrainteligencia que la DINA formó presumiblemente en 1976, y según algunos encausados también habría operado en Simón Bolívar. Fue defendido por el abogado Cristián Heerwagen y Garea por el ex abogado de Manuel Contreras, Juan Carlos Manns.


CORTE MANTUVO CONDENAS CON REBAJAS

Por el secuestro y desaparición en diciembre de 1974 del mirista Dagoberto San Martín Vergara, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo, con dos rebajas, las condenas del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, del ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, brigadier (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, y del ex jefe del Grupo Águila de ese organismo, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko. La sala exculpó del caso al ex agente Gerardo Urrich.

En el caso de Contreras la sala aplicó rebaja de 15 a 10 años de presidio, para Iturriaga de 10 años a cinco años, y a Krassnoff le mantuvo los cinco años. Éstos fueron condenados por el ministro Alejandro Solís y la Corte de Apelaciones había mantenido las penas dictadas por él.

El abogado querellante Nelson Caucoto declaró que “aquí lo relevante es que la Corte Suprema mantiene el criterio de condenar los crímenes de lesa humanidad de acuerdo con la legislación penal internacional, y las rebajas de las condenas son una cuestión secundaria”.

 

 

Ex prisioneros políticos interponen millonaria demanda contra el Fisco

UPI

El 27 Juzgado Civil de Santiago será el encargado de tramitar la demanda colectiva presentada hoy por representantes de la Unión de Ex - Prisioneros Políticos (Unexpp) en contra del Fisco, en procura de alcanzar una reparación cercana a los 144 millones de pesos.

Se trata de 963 personas que mediante el libelo buscan que el Estado les indemnice tras haber sido marginados de los beneficios entregados por la llamada Comisión Valech.

El abogado Víctor Rosas sostuvo que la ley 19.992 dictada bajo el gobierno de Ricardo Lagos no beneficia a todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, puesto que -según explicó- se vulneró el Derecho Internacional de indemnizar a los afectados por el terrorismo de la dictadura militar.

"Los demandantes acusan que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos prometió reparar económicamente, a través de la ley 19.992, a las víctimas de prisión política y tortura, pero que se dejó en el más absoluto desamparo a las viudas y viudos de las víctimas reconocidas como fallecidas. Por esto, exigimos una indemnización de 150 millones de pesos para cada uno y pedimos que se corrija esta ley o se promulgue una nueva, acorde a lo que establecen las leyes internacionales suscritas por Chile, como la Convención contra la Tortura", explicó el jurista.

 

 

CÓMO BURLÓ LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL INFORME VALECH

CÓMO BURLÓ LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL INFORME VALECH

El torturador que pasó por víctima

En 1974, el detective Arturo Eugenio Garay González se integró a un grupo similar al Comando Conjunto que operó en la Base Naval de Talcahuano . Participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido como un feroz verdugo. Hoy recibe beneficios destinados a prisioneros políticos.

Foto: El Presidente Ricardo Lagos dio a conocer el Informe Valech el 28 de noviembre de 2004. “Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo”, fueron sus palabras

Miguel Paz

Nación Domingo

El protagonista de esta historia no tiene rostro. No hay fotos suyas en la prensa. Sólo existe registro de su voz. De la ocasión que llama a este diario la noche del jueves 12 de abril, para inquirir por este artículo. “Qué te preocupái ahora de un agente olvidado”, se queja con amargura. Abrumado por deudas, considerado un traidor por sus ex compañeros, cuenta que lo andan buscando, que se mueve de un lado a otro, que tiene una vida jodida. Antes de colgar promete fijar un encuentro. Éste jamás se lleva a cabo.

Lo cierto es que la vida de Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, 61 años, víctima inscrita en el Informe Valech con el número 9.481, se jodió hace tiempo. Para ser exactos, 33 años atrás. En los primeros meses de 1974, el día en que flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura.

Ese día, el joven Garay dejó de ser detective y se convirtió en verdugo. Como agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región, Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos. Hay gente que lo recuerda.

“ÉL FUE MI TORTURADOR”

El siquiatra Luis Enrique Peebles Skarnic tiene un año menos que Garay. Fue una de las personas que sufrió su mano en la picana eléctrica. Cuando habla, la voz de Peebles se hace leve como los murmullos de un niño. O los de un cura confesor. Sentado detrás de un pequeño escritorio en un box del área de salud mental del Hospital Barros Luco, su aspecto calmo no se condice con el infierno que se lo tragó en diciembre de 1974. Ese mes, el joven secretario general de lo que quedaba del MIR en Concepción fue detenido en el Paso Los Libertadores y trasladado a la Base Naval de Talcahuano.

A merced de Garay y el grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis: los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic), Peebles se inició en los laberintos del horror. Éstos, más tarde, lo conducirían a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, las otras estaciones de su averno que terminó en julio de 1975, cuando fue expulsado del país y se exilió en Bélgica.

Peebles tiene clara la participación de Arturo Garay González en sus sesiones de tormento. “Él fue uno de mis torturadores directos”, dice. “Al principio no sabía quién era. Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo vi”, dice Peebles, y prosigue su crudo relato: “Después de meterme electricidad por todos lados, de hacerme ‘el submarino’ en un tambor con agua asquerosa, de darme guaraca, terminaba la tortura”, dice y toma aire. “Ahí le preguntaba si esa noche pensaba hacer el amor con su mujer. Si le habían pagado bien. Si lo que hacía cumplía las expectativas que tenía cuando entró a la institución. Si después del trabajo tenía reunión de apoderados. O si acaso éste era el gobierno de las Fuerzas Armadas que esperaba”.

El 21de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. No lo reconoció hasta que empezó a hablar, dice el facultativo. Fue en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, “El vietnamita”, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: González, Cáceres, Donoso, Harnisch y Sesnic.

El siquiatra estuvo a escasos centímetros de distancia del torturador. Como en una broma macabra del destino, les tocó compartir el bus que la Armada destinó para el juez y las víctimas. Los ex compañeros de Garay en el CIRE no estuvieron dispuestos a recibir a un traidor en su vehículo: el detective estaba allí en calidad de testigo, ratificando el siguiente testimonio judicial donde relata lo que le pasó a “El vietnamita”:

“Fundamento mi presunción de que fueron el teniente Cáceres, Sesnic y el inspector Harnisch quienes participaron en el interrogatorio en que falleció Rudy Cárcamo, ya que la mayoría de los interrogatorios al interior de la base naval los practicaban ellos tres junto a mí. Como ese fin de semana yo estuve en Cañete, y ellos se quedaron, lo más probable es que hayan sido ellos los que interrogaron a Cárcamo. Al llegar ese lunes a la base naval, mis compañeros de interrogatorio me comunicaron que había un ‘fiambre’, por lo que había que deshacerse de él. En ese momento consulté de quién se trataba, y a regañadientes me respondieron que era ‘El vietnamita’”.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato en febrero de 1975 de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay.

“ÉL FUE MI INTERROGADOR”

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y se desmoronó de a poco hasta que pasó a retiro, en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del carnicero que evocan los ex presos de la base naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los “Valech”: una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros del ex dictador.

Pero dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Y lo saben porque ellos estuvieron allí. En la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla. “En la época, Garay no estaba en la prefectura”, dice Renato Czischke, uno de los efectivos. “Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría”, agrega.

El relato de Roberto Arriagada Venegas es similar. Pese a que alcanzó a estar tres días en la isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, nunca vio a Garay en el lugar.

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano . Radicado en Austria , Zott vino a Chile el año pasado para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. “Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción”, dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975. “En la base naval debo haber estado tres a cuatro semanas. Pero como yo llevaba un año detenido, el proceso no era el característico de cuando te detenían. Obviamente había presión. No hablo de torturas, pero él fue uno de mis interrogadores”, cuenta Zott. “Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?”, se pregunta.

Imposible saberlo, explica la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda desconoce qué documentos presentó Garay al Informe Valech.


SERGIO ONOFRE JARPA, EL EXONERADO POLÍTICO

“Verdadero escándalo”. “Ética y moralmente inaceptable”. En julio de 2000, los diputados socialistas Isabel Allende y Jaime Naranjo no podían creer cuando supieron que el ex ministro del Interior de Pinochet Sergio Onofre Jarpa y otros conspicuos personeros del régimen militar, entre ellos Hermógenes Pérez de Arce y Juan de Dios Carmona, se habían acogido a los beneficios de la Ley 19.234 de Exonerados Políticos. En 1993, ésta instituyó beneficios previsionales para “personas exoneradas por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, de las empresas públicas, semifiscales, autónomas del Estado y privadas”. Cinco años después, en 1998, los legisladores extendieron el beneficio a los funcionarios del Congreso, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, buscando compensar económicamente a un amplio grupo que había sufrido los rigores del Gobierno militar. La medida tuvo un efecto inesperado. Miembros de la dictadura que fueron parlamentarios antes del golpe de Estado (como Jarpa, Pérez y Carmona) y personal de la DINA y la CNI, calificaron como exonerados políticos. “Atenta contra el espíritu de la ley”, dijo la hija de Allende, aunque reconoció que era legal.

MARÍA LUISA SEPÚLVEDA:

“NO DESCARTO QUE SE NOS PUEDA HABER PASADO UN CASO”

La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura descarta que el caso de Arturo Garay González ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003. “No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención”, explica, y asegura que “los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados”.

Sepúlveda detalla que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales. De todas formas, está abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. “El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas”.

–¿Pudo pasárseles un caso?

–Yo no descarto que se nos pueda haber pasado un caso y puede que se nos quedaran fuera otros que sí debieron estar y no quedaron.

–¿Cuál fue el medio de verificación en este caso de este detective?

–No sé en ese caso cuál fue el medio de verificación. No tengo acceso a las carpetas para responderte, porque todas las carpetas de los casos quedaron a resguardo del Ministerio del Interior y son secretas. Pero si la persona estuvo detenida y pudo demostrarlo, cabe en el Informe Valech. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el informe.

 

INFORME VALECH

Período que abarca: 11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1990.

Objetivo: Determinar quiénes sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas en centros de detención.

Víctimas reconocidas: 27.255 personas (sin considerar el tiempo que duró su privación de libertad).

Supermercados: una multa no es nada

Supermercados: una multa no es nada

PARA EL MINISTRO DEL TRABAJO, LAS SANCIONES PECUNIARIAS NO SON DISUASIVAS

Según Osvaldo Andrade, la situación de los trabajadores del comercio “es preocupante”, mientras que los diputados anunciaron el inicio de las sesiones de la comisión especial que investigará la realidad laboral en las grandes cadenas.

Foto: Los representantes sindicales de las empresas de Cencosud dieron a conocer al ministro la poca efectividad de las multas que se aplican a los supermercados.

La Nación

Raúl Rivera

Como un área de la industria “que preocupa” calificó el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, los casos de abusos laborales que ocurren reiteradamente en los supermercados. Ayer, diputados de la Concertación y dirigentes sindicales del conglomerado Cencosud -que controla Horst Paulmann- se reunieron con el jefe de cartera para darle a conocer la precaria situación laboral que deben soportar los empleados que se desempeñan en las empresas del grupo; entre ellas, supermercados Jumbo y Santa Isabel, Almacenes París y textil Foster.

Luego de la reunión, la conclusión ministerial fue clara: “La mirada que tenemos sobre la situación laboral en el comercio es preocupante. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tanto con ocasión de la ley de subcontratación y también a propósito del incumplimiento del acuerdo sobre el trabajo en los feriados de fin de año”. Pese a que la cartera ha buscado construir una relación con el mundo empresarial, especialmente con los supermercados, Andrade sostuvo que “es una constante” recibir denuncias de los trabajadores sobre el trato en estos locales.

En este sentido, el ministro se refirió a una de las principales preocupaciones manifestadas por los representantes sindicales de las grandes cadenas de supermercados, que es la poca efectividad de las multas. “Los dirigentes nos han señalado con mucha fuerza que la sola aplicación de multas por incumplimiento a conglomerados económicos de cierta envergadura no constituye un factor disuasivo para la infracción. Indican que las multas se pagan con mucha facilidad; sin embargo, se persiste en la conducta. Esto lo hemos escuchado en muchas partes y en el Ministerio examinamos esa situación, porque pareciera ser que en el ámbito de las grandes empresas la multa no constituye el disuasivo esperado”, puntualizó. Aunque Andrade dijo que la ley laboral permite otras sanciones, como la clausura cuando la infracción es grave y sistemática, señaló que eso no ha ocurrido por causas ajenas a las entidades de fiscalización ministeriales. “Cuando se recurre a la vía judicial, la Dirección del Trabajo se inhibe de conocer esta situación, y se pone a la espera de la resolución de los tribunales”.

Pese a ello, reiteró que la inquietud existe y que la cartera estará atenta al trabajo de la comisión especial de la Cámara de Diputados sobre los abusos laborales en los supermercados -que preside el diputado Carlos Montes (PS) y que comenzará a sesionar en los próximos días- y que su secretaría está “presta a recibir denuncias de los dirigentes, pesquisarlas, y en la medida que se configuren como tales, aplicar las sanciones correspondientes”.

Acoso

Un análisis similar realizó el diputado (PS) Sergio Aguiló, quien también recalcó el carácter de “insuficientes” de las multas que se aplican a los supermercados. “Hay una cantidad importante de infracciones cursadas, pero hemos llegado a la conclusión de que los actuales instrumentos utilizados por los organismos fiscalizadores son insuficientes. Muchas de estas empresas pagan las multas, que para ellos son marginales, y siguen incurriendo en las mismas irregularidades, afectando seriamente los derechos personales y laborales de los trabajadores”.

La presidenta de la coordinadora que agrupa a los sindicatos de Cencosud, Marianela Fernández, indicó que han seguido los abusos y prácticas antisindicales en los supermercados Santa Isabel. Incluso, dijo que en los últimos días se han incrementado, luego del recurso de protección que elevó el sindicato Montrone Pla -perteneciente a esta cadena- en contra de los ejecutivos de Cencosud.


SUBE RENTABILIDAD DE FONDOS DE AFP

La rentabilidad de los fondos que administran las AFP registró una pequeña alza en marzo, debido al desempeño positivo de los instrumentos accionarios en las bolsas locales y los papeles de renta fija.

Según la Superintendencia de AFP, la rentabilidad de los fondos A y B, con mayor presencia en instrumentos bursátiles en el mercado local y extranjero, se incrementó el mes pasado en un 0,37% y un 0,03%, respectivamente.

El fondo C, que posee una mayor inversión en renta fija, ganó un 0,47% en marzo, lo mismo que ocurrió con los fondos D y E.

La entidad fiscalizadora también informó que el número de pensiones pagadas en febrero pasado llegó a 611 mil 643, con un monto promedio de 149 mil 73 pesos. De este total de jubilaciones, 353 mil 500 corresponden a Rentas Vitalicias y 235 mil a Retiro Programado.

Colombiana es nueva jefa de identificación en Servicio Médico Legal

Colombiana es nueva jefa de identificación en Servicio Médico Legal

NO HABÍA EN NUESTRO PAÍS UN PROFESIONAL IDÓNEO, EXPLICÓ MARÍA LUISA SEPÚLVEDA
 

En mayo llegará a ocupar su nuevo cargo la odontóloga forense colombiana Alejandra Jiménez, recomendada por el panel de expertos que precisó los errores en la identificación de los restos de las víctimas encontradas en el patio 29.

Foto: La asesora presidencial en materia de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda (a la izquierda) anunció la contratación de la odontóloga forense Alejandra Jiménez, como nueva jefa de la Unidad de Identificación del organismo.Foto: Mario Ruiz.

La Nación

Andrea Chaparro

Desde Colombia llegará en mayo próximo la nueva jefa de la Unidad de Identificación de Detenidos Desaparecidos del Servicio Médico Legal (SML), Alejandra Jiménez, una odontóloga forense con vasta experiencia en esta materia y quien en su país ocupó un cargo similar por más de una década.

“Ella tiene 17 años trabajando en el área forense, y se va a integrar a nuestro equipo primario para iniciar una labor conjunta con especialistas chilenos y extranjeros”, dijo María Luisa Sepúlveda, asesora presidencial en materia de derechos humanos.

La vicepresidenta de la Comisión Valech explicó que se eligió a una profesional foránea porque no se encontró en Chile a ningún médico que cumpliera con los requerimientos que exigía el cargo y precisó que esto debía a que a partir de 1973 en las universidades se interrumpió la especialización en esta materia y se suspendieron los convenios que tenían con el servicio.

Sepúlveda dijo que no se trata de “poca voluntad” de los profesionales chilenos, sino que “no han tenido la posibilidad de formarse en el área forense, ahora se va a hacer un plan de capacitación porque hay muchos que tienen vasta experiencia pero que deben homologar sus conocimientos”, agregó.

De hecho, la nueva jefa colombiana tiene estimado estar en Chile sólo por dos años, tiempo en el que se espera que ya deberían estar niveladas las competencias en el país, lo que se traducirá que algún profesional local deberá hacerse cargo de este tema.

Confianza

El SML también seguirá trabajando en los análisis de algunos casos con equipos de expertos y laboratorios extranjeros pues ese fue el acuerdo que se asumió con los familiares de las víctimas.

“En el caso del patio 29 hay un compromiso de hacer las pericias de ADN en el extranjero, en el trabajo de exhumación reciente trabajaron tres peritos foráneos en conjunto con otros tres de este servicio”, dijo la asesora al ser consultada por la medida.

-¿Cuándo se entregarán los primeros resultados?

-En este caso en particular el ministro Carlos Gajardo -a cargo de la investigación- está definiendo el mecanismo para enviar esas muestras a laboratorios internacionales donde se van a realizar las pruebas de ADN.

-¿Existe un plazo para efectuar los análisis?

-Entiendo que cada prueba de ADN se demora entre 4 a 6 semanas. Estas pericias se realizarán según los tiempos que el laboratorio que se adjudique el análisis defina. Puede realizarlas todas al mismo tiempo o por etapas.

-¿Cómo se va a determinar el laboratorio más idóneo?

-El ministro Gajardo está reuniendo antecedentes para determinar qué laboratorio tiene más experiencia en esta área. No todos son expertos en ADN de restos antiguos de osamentas, algunos son especialistas en vestigios de personas fallecidas recientes.

Finalmente, la asesora presidencial agregó que está en estudio la adjudicación del laboratorio y que se trabaja con el servicio Chilecompra y con el Ministerio del Interior, a través del programa de derechos humanos, para llegar al resultado más óptimo.



EL CIRUJANO QUE CONTINUARÁ LA MODERNIZACIÓN DEL ORGANISMO FORENSE

El nuevo director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos Streeter, llegará el próximo 16 de abril con bastante camino recorrido. El pasado viernes el cirujano fue presentado por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y será quien continuará la labor de modernización y acreditación del organismo forense.

El profesional de la Universidad de Chile -con 21 años de experiencia, 16 de ellos en el sector público- es el primero en ser elegido para el cargo por el Sistema de Alta Dirección Pública a través de un concurso público en el que participaron otros 22 médicos.

Para llegar al organismo debió cumplir con atributos como ser médico cirujano, tener más de 10 años de experiencia profesional, conocimientos técnicos, experiencia en manejo gerencial y visión estratégica.

También se requería habilidades emocionales para desarrollar un liderazgo proactivo, relacionarse con el entorno, capacidad comunicacional y de coordinarse con las demás instituciones involucradas en el trabajo del SML.

En el currículo del nuevo director se detalla que antes de ser nombrado en el cargo trabajó como director del Servicio de Salud en Iquique de manera provisional. También fue secretario regional ministerial de Gobierno de la II Región.

Además, se desempeñó como asesor el Ministerio de Salud y fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Salud.

Bustos también estuvo encargado de Administración de la División de Programas de Salud y Encargado de Proyectos y Atención Integral de Conasida.

Mozo del “Mamo”, testigo clave de los crímenes de la Brigada Lautaro

Mozo del “Mamo”, testigo clave de los crímenes de la Brigada Lautaro

Los “delfines” que exterminaron al PC

La investigación del juez Víctor Montiglio descubrió la existencia de un grupo de elite de la DINA, llamado Delfín, creado especialmente por Manuel Contreras y Pinochet para exterminar a la cúpula del PC. Cincuenta procesados abrieron al juez la parte más cruda de la dictadura.

Nación Domingo

Por Jorge Escalante y Javier Rebolledo

El mocito de 15 años recibió la subametralladora Mack-10 y el maletín de manos del coronel Manuel Contreras, y luego inclinó su cabeza ante el jefe operativo de la DINA. Le habían enseñado que así debía hacerlo cada vez que el Mamo llegaba a su casa en Pocuro con Antonio Varas, en Providencia. “Mira, huevón, tenís que estar más atento cuando llega el jefe y te entrega sus cosas. Y de aquí en adelante le vai a hacer una reverencia con la cabeza cuando llegue, porque aquí la huevá no anda al lote. Y lo vai a tratar de mi coronel, nada de señor Contreras. Esto no es un club social, esta huevá es la DINA”, le había gritado furioso el suboficial Olmedo, uno de los escoltas de Contreras, mientras lo agarraba del pelo y presionaba su frente con una pistola.

Después del episodio, el “Mamo” se retiró a descansar y esperó que el mocito sirviera la cena. El joven llegó a la casa un día de 1974, recomendado por la esposa del general Galvarino Mandujano, quien le habló de él a María Teresa Valdebenito, esposa de Contreras.

Luego, todo sucedió muy rápido. Tras una breve preparación militar, el mocito pasó a integrar la Brigada Lautaro de la DINA, primero en un departamento del piso 19 de la torre 5 del complejo San Borja, en el centro de Santiago, y después en el cuartel de Simón Bolívar 8630, en La Reina.

La brigada nació para brindar protección a Contreras y su familia, pero a partir de 1976 ese objetivo se desvió para ayudar a matar comunistas.

Presa del morbo, al mocito le atrajo todo. Presenció torturas, escuchó los gritos de dolor y vio correr la sangre de los dirigentes del PC. Una vez, incluso, tuvo que contener la respiración para no gritar cuando sus jefes utilizaron un soplete para borrarle las huellas dactilares y una cicatriz al cadáver de un militante comunista.

Treinta años después, perseguido por su conciencia, se decidió a contar lo que había vivido. En enero pasado enfrentó a los funcionarios de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAEDH) de la Policía de Investigaciones, y después habló con el juez Víctor Montiglio, que instruye el proceso acerca del secuestro y desaparición de la primera dirección clandestina del Partido Comunista en mayo de 1976, conocido como calle Conferencia.

Después de él, otros ex agentes también comenzaron a hablar. Así se han ido develando episodios desconocidos de la represión: el exterminio de los dirigentes clandestinos del PC en el cuartel de Simón Bolívar, la existencia de la Brigada Lautaro y, sobre todo, la formación del grupo de elite Delfín, comandado por una de las estrellas de la DINA, el capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz.

Con un alicate

“En el cuartel de Simón Bolívar, después que los mataban, a todos los detenidos se les quemaban las huellas dactilares y las cicatrices del cuerpo con un soplete a parafina. Además, se les sacaban los relojes, los anillos y las tapaduras de oro de los dientes”, relató el mocito en el proceso.

A veces, las escenas no tenían nada que envidiar a los campos de concentración nazis. Un ex agente, a quien identificaremos como Vicente Medina, vio a su compañero Sergio Escalona Acuña tendido sobre un cadáver que tenía la boca abierta , con un alicate en la mano. El Negro Escalona, como le decían al infante de Marina, trabajaba afanosamente. “En los camarines, él sacaba a los muertos las tapaduras de oro. Nunca supe si se quedaba con el oro o lo entregaba”, contó. (Salvo el mocito y Medina, el resto de los nombres que aparecen en esta crónica son reales).

Escalona era un comando y fue –junto a otro infante de Marina, Bernardo Daza Navarro, alias “El Chancho”– uno de los primeros refuerzos que la Armada traspasó a la DINA en abril de 1974 para integrar la Brigada Lautaro. Su jefe fue el mayor de Ejército Juan Morales Salgado. Los antecedentes que ha establecido la investigación del juez Montiglio revelan a Daza y Escalona como dos peligrosos asesinos, preparados para todo.

Según declaran otros ex agentes, estos dos personajes se peleaban a los comunistas para torturarlos. Fueron ellos los que, junto a Juvenal Piña Garrido, alias “El Elefante”, mataron al secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Díaz.

Piña ya confesó: fue él quien lo asfixió con una bolsa plástica mientras Daza y Escalona lo sujetaban. Y la teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño, que se decía enfermera, esperó a que terminaran y le inyectó cianuro en la vena, para asegurarse de que estaba muerto.

El mocito fue quien recibió el cuerpo, ya envuelto en un saco y con un trozo de riel amarrado al cuerpo. “Trasladé el cuerpo de Víctor Díaz hasta el estacionamiento del cuartel y lo metí en la maleta de un auto”, dijo. Desde ahí lo llevaron hasta Peldehue, al norte de Santiago, y lo subieron a un helicóptero para tirarlo al mar junto a los cadáveres de otros prisioneros.

Navidad de 1976

Las navidades en cautiverio eran tristes, pero aquel 24 de diciembre de 1976, el mocito tuvo un gesto humano. Esa noche, cuando el Chino Díaz llevaba algunos meses prisionero en Simón Bolívar, los guardias Emilio Troncoso y Guillermo Ferrán fueron llamados a prestar seguridad a la nueva casa del “Mamo” en calle Príncipe de Gales, donde se celebraba una regada fiesta. Así, el joven ex agente quedó solo con su prisionero.

“Esa noche en el cuartel nos dieron un pavo asado y algo para tomar. Como quedé solo, llevé la comida al casino del cuartel y fui al calabozo a buscar al Chino Díaz para que comiéramos juntos. Estaba sorprendido por mi corta edad y por las cosas que tenía que hacer y que ver. Después lo llevé de vuelta al calabozo”.

Pero aquel episodio fue sólo un paréntesis en medio del horror que rodeaba al mocito de Contreras. En otra ocasión, mientras torturaban a la dirigente comunista Reinalda Pereira, el capitán Barriga le pidió que le llevara café y bebidas para tomarse un descanso. “A esa mujer la torturaron brutalmente, y ella clamaba para que pararan porque decía que estaba embarazada. La teniente Calderón chequeó que eso era efectivo, pero igual el capitán Barriga siguió con las torturas y la corriente. Estaba en muy mal estado y empezó a pedir que la mataran. Murió unas tres horas después, en el gimnasio del cuartel. La teniente Calderón le inyectó cianuro en la vena para asegurar su muerte”.

Participando en el crimen de Pereira –desaparecida como todos los dirigentes comunistas que llegaron a Simón Bolívar–, el mocito vio también aquella tarde a la agente de la Armada Teresa Navarro Navarro y al oficial de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, apodado “El Cachete Grande”, otra estrella de la DINA.

Vicente Medina, también testigo de la tragedia de la mujer comunista, dice que participaron en su muerte “El Elefante” (Piña Garrido) y Claudio Pacheco Fernández, agente de Carabineros. “Poco después de que murió, el agente Pacheco usó un soplete para quemar a Reinalda Pereira sus huellas dactilares”, dijo Medina, quien reconoció a la dirigente en un set de fotografías que le mostraron en el tribunal.

En “Casa de Piedra”

Junto a Fernando Ortiz Letelier, otro de los dirigentes comunistas asesinados en el cuartel de Simón Bolívar, Vicente Medina vio llegar a ese lugar a “cerca de ocho personas”, antecedente que coincide con el arresto masivo de la segunda dirección encubierta del PC, en diciembre de 1976. En este grupo estaban Reinalda Pereira, Waldo Pizarro –esposo de la fallecida presidenta de la AFDD, Sola Sierra– y Fernando Navarro Allendes, entre otros.

“En las fotos que se me muestran puedo reconocer al señor Navarro como uno de los que llegó detenido junto a Ortiz. A Navarro lo mataron con una inyección que le aplicó la teniente Calderón”, dijo Medina.

Hasta ahora se sabía que Augusto Pinochet concurrió un día de 1976 hasta la llamada Casa de Piedra, en el Cajón del Maipo, para ver a Víctor Díaz, que por esos días estaba detenido allí. Pero nuevos antecedentes de la investigación indican que Pinochet habló en ese lugar con al menos otros once comunistas presos.

“Llegué a la Casa de Piedra y vi que estaba el coronel Manuel Contreras, el mayor Juan Morales y el capitán Barriga, junto a once miembros de la cúpula del Partido Comunista. Estaban Víctor Díaz, Pizarro y otro llamado Zamorano [Mario]. Entonces llegó el general Pinochet y conversó con todos ellos, pero especialmente con Díaz, quien le dijo al general que atacar al PC era como sacar el agua del mar con un balde”, declaró Lawrence.

NACE DELFÍN

La nueva fase de investigación de la BAEDH y el juez Víctor Montiglio en este juicio ya suma sobre 50 procesados, transformándose en la causa por violaciones de los derechos humanos con mayor cantidad de agentes encausados hasta ahora.

Entre los múltiples nuevos antecedentes descubiertos se logró determinar el origen del grupo de exterminio Delfín, a cargo del entonces capitán Barriga. Don Jaime, como se hacía llamar Barriga, se suicidó el 17 de enero de 2005 lanzándose desde un edificio en un barrio de Las Condes.

Según coinciden varios ex agentes, entre ellos el mocito, Vicente Medina e incluso Juan Morales, el ex jefe de la Lautaro, la formación de Delfín fue un parto difícil. Su constitución fue una decisión de Contreras y Pinochet, que la formaron para que se dedicara exclusivamente a exterminar a los dirigentes clandestinos del PC.

El grupo llegó a instalarse a Simón Bolívar a comienzos de 1976, y tuvo siempre línea directa con el jefe de la DINA, sin pasar por el jefe de la Lautaro. Eso, según Morales, produjo incluso algunas rencillas internas.

Además de Barriga, lo integraban Lawrence, como segundo jefe, y los agentes de Carabineros Emilio Troncoso Vivallos, Heriberto Acevedo Acevedo, Claudio Pacheco Fernández y Rufino Astorga. Aún falta por precisar los nombres del resto de sus miembros, que no son muchos más. Pero varios integrantes de la Brigada Lautaro, como Daza, Escalona, Piña y otros, colaboraron activamente en los crímenes de Delfín. Sí hay una cosa en que Morales y el mocito coinciden: “Simón Bolívar fue un cuartel de exterminio, desde donde nadie salió vivo”. LND



Los extranjeros envenenados con sarín

Uno de los enigmas más sombríos de la investigación que sustancia el juez Montiglio es la identidad de dos ciudadanos extranjeros presuntamente asesinados en el cuartel de Simón Bolívar en 1976. Una versión señala que ambos serían peruanos, pero otro agente de la Brigada Lautaro afirma que se trataría de un boliviano y un peruano.

Los ex agentes de la DINA sí coinciden en que ambos murieron por inhalación de gas sarín suministrado por Michael Townley, quien habría llevado el veneno mortal hasta el cuartel. “Townley procede a ponerse una mascarilla en su cara, junto a unas antiparras, y saca de un bolso un tubo spray, acercándose lentamente. Espera que estas personas inhalen para aplicarles un toque del tubo. El primer afectado por el gas cayó de forma instantánea y a los pocos segundos dejó de moverse. Consecutivamente le aplica este mismo mecanismo a la segunda persona detenida, a la cual le produce el mismo efecto”, declaró un ex agente en el proceso.

El testimonio agrega que los efectos del gas sarín se extendieron sobre los agentes Jorge Díaz Radulovich y Emilio Troncoso Vivallos, que mantenían a los extranjeros de pie e inmóviles mientras eran envenenados. Al poco rato, Townley también se vio afectado por el gas sarín. “Salió desesperado, gritando desesperado muy fuerte ‘¡me agarró, me agarró!’”, relató otro agente al juez Montiglio.

Tras el accidente, los tres agentes fueron atendidos por la teniente Gladys Calderón, que le inyectó un antídoto a Townley y después, cuando estaba fuera de peligro, aplicó otra inyección, pero esta vez de cianuro, a los dos extranjeros que yacían en el patio del cuartel. El agente Eduardo Alejandro Oyarce declaró que minutos más tarde vio al ciudadano peruano, “percatándome que tenía su rostro totalmente desfigurado y su boca en extremo abierta por el gas sarín”. Oyarce también dijo que antes del asesinato tuvo ocasión de conversar con el peruano, quien le habría dicho que su nombre era Juan Pablo y que el boliviano se llamaba Rafael. El peruano era el chofer del embajador de Perú en Chile de la época, José Carlos Mariátegui, actualmente fallecido.

Según la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación, existe sólo una denuncia por un ciudadano peruano desaparecido en Chile, y ésta corresponde a la década de los ’80. Consultada por LND, la Embajada de Perú en Chile señaló que no tienen los registros correspondientes a esa fecha. La esposa del malogrado embajador también declinó referirse al hecho, y el Ministerio de Relaciones Exteriores no entregó una versión al respecto.

 

 

Jueza con conexiones inesperadas...

Jueza con conexiones inesperadas...

 Abogados querellantes estudian presentar una recusación en su contra
Jueza que investiga lanzamiento de cuerpos al mar estuvo casada con oficial del Ejército

La magistrada Rosa María Pinto procesó el pasado martes a dos suboficiales por la exhumación ilegal en Calama de 26 ejecutados de la Caravana de la Muerte, pero no encausó al general (R) Miguel Trincado, sindicado como el oficial a cargo del operativo.

Foto: La jueza Rosa María Pinto confirmó a La Nación que estuvo casada con un militar. Foto: Ricardo González

La Nación

Andrés López Vergara

Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.

En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.

La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército.

Procesamientos

El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.

Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.

Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.

“Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda”, dijo el abogado.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.

Un problema llamado Trincado

Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de Trincado.

En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura militar.

Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que “ablandara” el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.

Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las aguas al interior de la policía civil durante un tiempo. LN