Jueza con conexiones inesperadas...
Abogados querellantes estudian presentar una recusación en su contra
Jueza que investiga lanzamiento de cuerpos al mar estuvo casada con oficial del Ejército
La magistrada Rosa María Pinto procesó el pasado martes a dos suboficiales por la exhumación ilegal en Calama de 26 ejecutados de la Caravana de la Muerte, pero no encausó al general (R) Miguel Trincado, sindicado como el oficial a cargo del operativo.
Foto: La jueza Rosa María Pinto confirmó a La Nación que estuvo casada con un militar. Foto: Ricardo González
La Nación |
Andrés López Vergara
Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.
En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.
La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército.
Procesamientos
El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.
Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.
Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.
“Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda”, dijo el abogado.
Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.
Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.
Un problema llamado Trincado
Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de Trincado.
En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura militar.
Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que “ablandara” el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.
Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las aguas al interior de la policía civil durante un tiempo. LN
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