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Justicia

Carabineros se sumó a la búsqueda del general (r) Iturriaga Neumann

Carabineros se sumó a la búsqueda del general (r) Iturriaga Neumann

 La policía uniformada recibió una denuncia por presunta desgracia del oficial, sobre quien pesa una orden de detención luego que no se presentará para cumplir una condena por un caso de DD.HH.

Carabineros de Chile encargó a todas sus unidades del país la búsqueda del general en retiro del Ejército Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, reo rematado por una causa de derechos humanos, luego la familia del oficial presentará una denuncia por presunta desgracia en la 17ª Comisaría de Las Condes.

Jorge Balmaceda, abogado de Iturriaga, concurrió la noche del pasado lunes hasta la unidad policial junto al hermano del condenado, Jorge.

Esperamos que "no tome una decisión atolondrada", dijo el jurista, al recordar que tres militares vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se han suicidado.

Sobre el general (r) pesa una orden de detención, en manos de Investigaciones, luego que éste no se presentara para cumplir una condena de cinco años y un día por el secuestro y desaparición de Luis San Martín Vergara, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), apresado en 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la que perteneció Iturriaga.

En este proceso también fueron condenados, a 10 años, el general Manuel Contreras, quien fuera el jefe del organismo represivo, y a cinco el ex brigadier Miguel Krasnoff, quienes ya están en prisión.

El juez del caso, Alejandro Solís, entregó la orden de captura a la policía civil, que inició las pesquisas para dar con el paradero de Iturriaga.

"Fue la secretaria ad hoc, esperó de 10 hasta 11 de la mañana, y no apareció", relató el magistrado.

Iturriaga Neumann está también procesado en el juicio por el asesinato del general Carlos Prats, antecesor del fallecido dictador Augusto Pinochet en la jefatura del Ejército, quien murió en Buenos Aires, junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba colocada en su automóvil, el 30 de septiembre de 1974. (Cooperativa.cl/EFE)

La policía uniformada recibió una denuncia por presunta desgracia del oficial, sobre quien pesa una orden de detención luego que no se presentará para cumplir una condena por un caso de DD.HH.

Carabineros de Chile encargó a todas sus unidades del país la búsqueda del general en retiro del Ejército Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, reo rematado por una causa de derechos humanos, luego la familia del oficial presentará una denuncia por presunta desgracia en la 17ª Comisaría de Las Condes.

Jorge Balmaceda, abogado de Iturriaga, concurrió la noche del pasado lunes hasta la unidad policial junto al hermano del condenado, Jorge.

Esperamos que "no tome una decisión atolondrada", dijo el jurista, al recordar que tres militares vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se han suicidado.

Sobre el general (r) pesa una orden de detención, en manos de Investigaciones, luego que éste no se presentara para cumplir una condena de cinco años y un día por el secuestro y desaparición de Luis San Martín Vergara, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), apresado en 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a la que perteneció Iturriaga.

En este proceso también fueron condenados, a 10 años, el general Manuel Contreras, quien fuera el jefe del organismo represivo, y a cinco el ex brigadier Miguel Krasnoff, quienes ya están en prisión.

El juez del caso, Alejandro Solís, entregó la orden de captura a la policía civil, que inició las pesquisas para dar con el paradero de Iturriaga.

"Fue la secretaria ad hoc, esperó de 10 hasta 11 de la mañana, y no apareció", relató el magistrado.

Iturriaga Neumann está también procesado en el juicio por el asesinato del general Carlos Prats, antecesor del fallecido dictador Augusto Pinochet en la jefatura del Ejército, quien murió en Buenos Aires, junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba colocada en su automóvil, el 30 de septiembre de 1974. (Cooperativa.cl/EFE)

 

 

General (r) Iturriaga se rebeló contra condena de la Corte Suprema

El prófugo militar en retiro cuestionó los criterios de los tribunales en causas de DD.HH. y sostuvo que él no tiene por qué probar su inocencia en el secuestro de un militante del MIR en 1974.

El general en retiro Eduardo Iturriaga Neumann dio a conocer este martes su rebelión contra la condena de cinco años y un día que le impuso la Corte Suprema por el secuestro de un militante de MIR en 1974.

"Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena, ¡No la acepto!", sostuvo el militar retirado a través de un comunicado que hizo llegar a los medios de comunicación, ya que actualmente se encuentra prófugo, con paradero desconocido y con una orden de detención emanada por el ministro Alejandro Solís, por no haberse presentado al penal donde debe comenzar a cumplir la sentencia.

"Se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí concretamente al ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el secuestro, no lo hizo", declara el general.

Iturriaga Neumann cuestionó la teoría del secuestro permanente adoptada por los tribunales nacionales afirmando que "si el ministro me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista Luis Dagoberto San Martin Vergara está vivo y secuestrado por mí. El tiene el peso de la prueba, no era yo el que debía demostrar mi inocencia. El debía demostrar el delito que me imputa, no lo hizo".

Además, sitúa su caso en el mismo nivel de otros centenares de militares encausados por violar los derechos humanos durante la dictadura, procesos que considera injustos.

"Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada complaciente del Gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos", sostiene.

"Muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han trasgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria", añadió.

También hace un listado de las cosas, que a su juicio, ha debido soportar en este último tiempo.

"Ya he aceptado muchas cosas: he sido prontuariado en varios oportunidades, soportado detenciones, interminables declaraciones, careos con falsos testigos, humillaciones, doble estándar, parcialidad, exámenes psicológicos, sufrimientos de mi familia y mis amigos, pérdida de trabajo, caos financiero personal, persecución política judicializada, etcétera".

Antes estas situaciones, Iturriaga Neumann sostuvo ellas no se pueden seguir tolerando. "¡Yo no! ¡ya no más!", concluye. (Agencias)

 

 

Prófugo Raúl Iturriaga Neumann

Prófugo Raúl Iturriaga Neumann

EX AGENTE DINA DEBÍA EMPEZAR A CUMPLIR CONDENA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Ayer corrieron rumores del suicidio del general (R) y ex jefe del Departamento Exterior y de la Brigada Purén, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien se encuentra prófugo. Ministro Solís ordenó su arresto.

Foto: El ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (R) Raúl Iturriaga Neumann.

Jorge Escalante
La Nación

Inubicable permanecía hasta el cierre de esta edición el ex jefe del Departamento Exterior y ex jefe de la Brigada Purén de la DINA, general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. Iturriaga se encuentra en calidad de prófugo, luego de que ayer no se presentara en el Penal Cordillera en la comuna de Peñalolén, para cumplir una condena de cinco años de presidio como autor del secuestro y desaparición (en 1974) del militante del MIR, Dagoberto San Martín Vergara.

Inicialmente Iturriaga fue condenado por este crimen a diez años de presidio por el ministro Alejandro Solís, pero la Sala Penal de la Corte Suprema rebajó su pena a cinco años.

El ministro Solís dictó ayer orden de arresto y el Departamento de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones tiene plazo hasta las 11 horas de hoy para ponerlo a disposición del juez en su cuartel de calle Independencia.

Según dijo a La Nación el abogado de Iturriaga, Jorge Balmaceda, “no tenemos información de su paradero y estamos preocupados. Nadie en la familia sabe dónde está. Me visitó el viernes para pedirme los teléfonos del tribunal porque quería coordinar su presentación de hoy al Penal Cordillera. Algunos temen lo peor pero queremos ubicarlo para que no vaya a cometer alguna tontera”.

“DON ELíAS”

Ayer corrió el rumor de que Iturriaga pudiera haberse suicidado, sin embargo en el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAE) que coordina estos asuntos con los magistrados, se explicó que “no sabemos nada de su paradero”.

Es la primera condena que “Don Elías”, como se le conocía en la Brigada Purén, debe entrar a cumplir por este tipo de crímenes. Se sabe que el también ex jefe del Departamento Exterior de DINA a 1974 cuando ocurrió el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, se encontraba “abatido” porque debía ingresar a cumplir su sentencia al penal que custodia Gendarmería. “Don Elías” también está procesado como coautor del crimen del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Si bien Iturriaga podría salir en libertad al cumplir la mitad de su sentencia, probablemente deberá seguir preso porque sería igualmente condenado en el caso Prats. Además tiene otros procesamientos como ex jefe de la Brigada Purén, causas en las que también recibiría penas de presidio.

Por la desaparición de Dagoberto San Martín también fueron condenados a penas de presidio el ex jefe de DINA, general (R) Manuel Contreras (10 años) (R) Miguel Krassnoff (cinco años).

Al interior del Penal Cordillera que cuenta con cinco cabañas enrejadas, permanecen cumpliendo otras condenas Contreras, Krassnoff, el ex segundo de DINA, Pedro Espinoza, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, el brigadier (R) Carlos López Tapia, y el brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana.

 

Entra en vigencia la controvertida ley penal juvenil

Entra en vigencia la controvertida ley penal juvenil

Foto:   Carlos Maldonado, ministro de Justicia de Chile.  (foto: Alex Ibáñez - Presidencia Chile)

La nueva y controvertida ley de Responsabilidad Penal Juvenil que marca un cambio radical en la forma en que la sociedad de Chile enfrentará los delitos cometidos por menores de edad, entró en vigencia a partir de hoy.

A diferencia de la ley anterior, en la que un adolescente no era considerado adulto para efectos legales, los mayores de 14 y menores de 18 años que cometan un ilícito serán sujetos a medidas de castigo fundadas en la posibilidad de la rehabilitación.

La puesta en marcha de esta ley, que fue postergada en 2006, no estuvo exenta de dificultades y hasta ahora, como reconoció el propio ministro de Justicia, Carlos Maldonado, sólo cuenta con 'condiciones básicas' para su aplicación.

Algunos legisladores solicitaron una nueva prórroga de la entrada en vigencia del texto legal, lo cual compartieron funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), quienes hicieron de esta demanda el objetivo de una reciente movilización.

La nueva ley reconoce, por primera vez dentro de la legislación chilena, a los adolescentes como sujetos de Derecho, responsables de sus actos, con deberes y prerrogativas.

El texto hace especial énfasis en la reinserción, normalización educativa, capacitación laboral y rehabilitación de las adicciones de los jóvenes que sean imputados de un delito.

También establece penas máximas para los jóvenes que sean considerados culpables por los tribunales, las cuales van de cinco años, para quienes estén entre 14 y 15 años, y de 10 para quienes tengan entre 16 y 17.

   Carlos Maldonado, ministro de Justicia de Chile.

(foto: Alex Ibáñez - Presidencia Chile)

  

 

Con resquicios legales demoran caso Prats

Con resquicios legales demoran caso Prats

Corte pidió el expediente a juez Solís y retarda la sentencia

Foto: Tras conocer la resolución de la Corte la defensa de Mariana Callejas, en la foto, celebró el fallo como si la hubiesen declarado inocente, señalaron fuentes de tribunales. Foto: Leandro Chávez

Jorge Escalante

Con maniobras para retardar el proceso y evitar que el ministro Alejandro Solís cumpla los trámites que corresponden antes de dictar sentencia, los acusados en el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, utilizan acciones consideradas irrisorias por fuentes de tribunales y la parte querellante.

La última de ellas corrió por cuenta de la ex agente DINA y ex mujer de Michael Townley, Mariana Callejas y su defensa. La ex agente, que según declaraciones del mismo Townley activó junto a él el dispositivo electrónico que en Buenos Aires hizo estallar la bomba en el auto del general Prats y su esposa, interpuso un recurso en el que alegó inocencia y solicitó por ello su sobreseimiento definitivo del proceso.

El recurso fue denegado por el ministro Solís, por lo que Callejas se fue a la Corte de Apelaciones. Previo a resolver esta petición, el lunes pasado la Quinta Sala de ese tribunal decidió pedirle al ministro Solís los cuarenta tomos del expediente (se pidió el original), lo que dejó al magistrado de manos cruzadas para seguir avanzando en la causa.

FASE PROBATORIA

Fuentes de tribunales comentaron a La Nación que, al conocer la medida, la defensa de Callejas “salió muy contenta de la Quinta Sala como si hubiera ganado y se hubiese declarado inocente a la Callejas, cuando lo que se hacía era prácticamente quitarle el expediente al juez lo que lo perjudica para continuar adelante”.

Por el mismo argumento poco antes había demandado igual inocencia el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, lo que también retardó la evolución de la causa. En este caso la Octava Sala de la Corte de Apelaciones denegó su petición.

El magistrado ya cerró la investigación y dictó las acusaciones que proceden contra los ocho procesados. Ahora el ministro se aprestaba a abrir la fase probatoria, parte del plenario del juicio que es pública y en la cual las partes presentan una lista de testigos, tanto para acreditar las responsabilidades penales de los acusados, como para tratar de eximirlos de los cargos.

La fase probatoria se verá por ello retrasada, probablemente en varias semanas.

El abogado querellante Hernán Quezada declaró que “todos estos son trámites dilatorios que entorpecen el proceso. Vienen siendo interpuestos reiteradamente por la mayoría de los inculpados, como medidas que no aportan en nada a la investigación”.

El general Prats y su esposa fueron asesinados por agentes DINA la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en el barrio de Palermo de Buenos Aires. La orden emanó del ex dictador Augusto Pinochet, quien también por argucias procesales fue excluido del juicio donde seguramente sería condenado.

Los procesados ya debidamente acusados según el antiguo sistema procesal penal son (todos en situación de retiro) Manuel Contreras, el general Raúl Iturriaga Neumann y su hermano Jorge (ex agente civil), los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y José Zara Holger, el coronel Christoph Willikie Flöl, el suboficial Reginaldo Valdés y Mariana Callejas. LN

La Lista

El tribunal ya cuenta con una lista de unos cuarenta testigos, entre militares y civiles, que serán citados a comparecer en la fase probatoria. Su presencia fue solicitada por las partes, pero también el juez convocó a algunos de oficio. A estas audiencias que durarán cerca de veinte días, también están citados los ocho acusados. Las diligencias que concitarán gran expectación de prensa se desarrollarán en un lugar del palacio de tribunales que se acondicionará especialmente para ello.

 

 

Transantiago: La paciencia se acaba

Por: Arnaldo Pérez Guerra (LA INSIGNIA)

La querella presentada por Roberto Sone, dueño de la empresa Transporte Inteligente Multimodal (TIMM), en el 4º Juzgado del Crimen de Santiago, contra Andrés Navarro Haeussler y Raúl Véjar Olea -presidente y gerente general de Sonda S.A., respectivamente- fue acogida iniciando un largo proceso judicial que cuestionará la licitación del Transantiago. En la Corte de Apelaciones, Sone presentó, una nueva demanda contra Sonda y el Administrador Financiero de Transantiago (AFT). 'Pedimos se someta a proceso a los querellados, se ordene su prisión preventiva, y se nombre un interventor de Sonda para que determine el verdadero alcance de las violaciones a la ley de propiedad industrial e intelectual; además de retirar los 26.000 contadores de pasajeros instalados en los buses, uno por cada puerta. La querella y la demanda apuntan al contador de personas instalado por Sonda S.A. en 5.100 buses, dato confirmado por una auditoría tecnológica realizada por los operadores', dice Mario Soazo, abogado de Sone.

Según la querella, 'Sonda y el AFT en el Formulario 53 sobre descripción detallada del mecanismo del sistema de determinación de carga de pasajeros', hicieron una 'copia textual de la descripción del invento que aparece en el registro de propiedad industrial ingresado el 12 de junio de 2003 y que obtuvo la respectiva patente Nº 42.818 el 3 de julio de 2006. (…) Los demandados imitan y usan maliciosamente el invento protegido por la patente industrial utilizando sensores de proximidad marca Sharp, que son los mismos del invento patentado', acusa. 'Sin el contador de personas el pago por pasajero transportado no puede funcionar', dice Soazo.

El posible retiro de los 26.000 contadores de pasajeros actualmente instalados en los buses significaría la completa paralización del Transantiago.

En la demanda contra Sonda y el AFT, se señala: 'El 10 de febrero de 2007 entra en vigencia el nuevo sistema de transporte de pasajeros de la Región Metropolitana denominado Transantiago, en cuya virtud Sonda S.A. debe proveer e instalar en cada bus del Transantiago un contador de pasajeros por cada puerta, dos validadores, cámaras de video, botón de pánico, GPS, pantalla de cristal liquido, y una unidad central. El contador de pasajeros instalado por Sonda S.A. en los buses del Transantiago corresponde, según los documentos acompañados, a una copia del invento protegido bajo el registro Nº 42.818 de fecha 3 de julio de 2006, de propiedad de Roberto Sone'. Navarro Haeussler y Véjar Olea serían 'autores del delito previsto y sancionado en el Artículo Nº 52, letra d, de la Ley 19.039: 'Los que maliciosamente imiten o hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en definitiva, la patente no sea concedida', y actualmente son objeto de la querella criminal respectiva', señala el abogado Mario Soazo.

Por su parte, el abogado de Sonda, Ramón Valdivieso, aseguró a La Nación que 'no descartan emprender acciones legales contra Sone', agregando que 'todas las acusaciones de TIMM son falsas'.

'Sonda es proveedor de primera clase y compra insumos a Siemens y ésta a la brasileña MaxTrack. (…) Estamos absolutamente confiados: sabemos que esto va a ser desechado por la justicia', dijo. 'No es primera vez que Sone y Sonda se enfrentan en tribunales. Aún continúan su curso en la justicia demandas y contrademandas que involucran 390 millones de dólares, litigio que está siendo monitoreado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que inquietó indirectamente a uno de los socios de Sonda en el AFT, el Banco Santander Santiago, que a través de su unidad Santander Investment, alertó que 'si la demanda fuese exitosa, tendría un impacto severo en los resultados de Sonda, ya que el monto representa un 85 por ciento de las ventas esperadas para 2007 y un 38 por ciento de su patrimonio bursátil. (…) El origen de semejante danza de dinero está situado en una demanda por violación de propiedad industrial que, en primera instancia, Sone perdió en tribunales. Ello motivó a que Sonda exigiera, vía tribunales, pagos a Sone y a TIMM por daño moral y ejercicio abusivo y de mala fe del derecho a litigar con la intención de obtener beneficio personal. El presidente de TIMM, sin embargo, contrademandó este año a la firma de Navarro por 390 millones de dólares fundado en supuesto uso de información confidencial y propiedad intelectual e industrial', agrega La Nación.

En noviembre pasado, durante el road show de Sonda para su apertura a Bolsa, el propio Andrés Navarro señaló haber 'ganado el juicio a TIMM'. El Diario Financiero -de propiedad del empresario derechista Ricardo Claro- aseguró que 'la justicia chilena estimó no procedente las acusaciones provenientes del empresario chileno-mexicano Roberto Sone'. Lo propio, hicieron los periódicos La Tercera y El Mercurio. Andrés Navarro aseguró, indistintamente, que 'le había ganado el juicio a TIMM', que 'el juez había declarado inadmisible la demanda', y que 'la demanda había sido rechazada por el Juzgado'. 'Los tribunales dieron la razón a Sonda y declararon inadmisible el recurso', publicó El Mercurio.

Lo cierto es que el 23º Juzgado Civil de Santiago, sólo se declaró incompetente para seguir conociendo la demanda interpuesta. No dictó sentencia. La demanda reconocía como antecedente previo una medida 'prejudicial probatoria' entablada ante el mismo tribunal en noviembre de 2005 y cuyo resultado fue que Sonda S.A., NEC Chile y BancoEstado fueron condenados a exhibir la documentación relativa a su participación en la licitación del Plan Transantiago.

Con esos antecedentes, TIMM demandó en agosto de 2005 ante el mismo tribunal a Sonda y a NEC. Una vez notificada la demanda, Sonda y NEC presentaron 'excepciones dilatorias'. Buscaban que el tribunal ordenara corregir 'defectos de forma' detectados en la tramitación de la demanda. En octubre de 2006, una de esas excepciones fue acogida y el tribunal, por esa razón, se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio y dispuso que las demandas fueran conocidas por 'el tribunal competente que dictaminara la Corte de Apelaciones respectiva'. La resolución no afectaba en modo alguno el fondo de la demanda.

¿Inviable y estatal?

El presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, anunció que están estudiando si seguían o no en el Consorcio AFT -donde controlan el 20 por ciento-, debido a la 'inviabilidad del sistema': 'Pusimos 1.600 millones de pesos extras. Si todo sigue igual, no estaríamos disponibles', aseguró.

No fue el único anuncio que remeció el Transantiago. Los senadores DC Eduardo Frei y Adolfo Zaldívar han reconocido que la aprobación de los 290 millones de dólares en el Congreso no tiene asegurado apoyo oficialista. Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de la República y actual presidente del Senado, dijo que 'el plazo de un año que dio el ministro de Transportes, René Cortázar, para que Transantiago funciones es excesivo'.

Frei sigue insistiendo en su propuesta de 'estatizar el transporte'. 'La aprobación de esos recursos debe ir acompañada de la más absoluta transparencia. Deberá clarificarse si la autoridad metropolitana propuesta tendrá capacidad de intervenir en contratos que fueron firmados con anterioridad a su existencia. (…) Debe existir una clara información de los fondos que el Estado ya ha gastado en el Transantiago, del destino de los dineros solicitados y si esta es la última petición o existirán otras en el futuro. Es de vital importancia que la ciudadanía conozca los contratos que firmó el Estado con las empresas operadoras, el AFT y con Sonda', dice. Por su parte, Zaldívar anunció que no estaba dispuesto a 'entregar dinero de todos los chilenos a un barril sin fondo'.

El 5 de Junio, el Ejecutivo enviará la cuestionada iniciativa al Congreso.

Frei lanzó una 'bomba' al gobierno al demandar la estatización del Plan de transporte días antes del discurso de la presidenta Bachelet en el Congreso. Entregó personalmente su 'idea' a la mandataria. Señaló la 'necesidad urgente de resolver los problemas del Transantiago, lo que no pasa sólo por destinar mayores recursos. Eso sería parchar y parchar algo que esta mal diseñado y seguir echando plata del Estado en un pozo sin fondo. (…) El Estado debe asumir totalmente el control del transporte público'. Su 'propuesta' -que más pareció un golpe mediático y demagógico preelectoral- fue aprobada por la DC en pleno y los llamados sectores 'díscolos' de la Concertación.

'Asumamos de una vez por todas que éste es un plan mal diseñado y, por lo tanto, difícilmente podrá ser implementado correctamente. Hay que ponerse colorado una vez… Hay que tomar una opción, y esa opción es que hagamos derechamente un sistema de transporte estatal, como en las grandes ciudades del mundo', dijo Frei Ruiz-Tagle en el cónclave DC. Al día siguiente, la presidenta, senadora, y ex precandidata presidencial DC Soledad Alvear, reiteró: 'Debiera considerarse la propuesta de estatizar el transporte público'.

Ricardo Lagos Weber, ministro Secretario General de Gobierno, y René Cortázar, ministro de Transportes, se apresuraron a descartar la 'propuesta Frei'. 'Queremos solucionar este problema con las medidas que propuso el ministro Cortázar: aumentar el número de buses, mejorar las frecuencias, renegociar los contratos y contar con un sistema de software', dijo Ricardo Lagos Weber. Cortázar desechó completamente la 'estatización' del Transantiago: 'No estamos por eso', dijo.

Mientras, los diputados DC Gabriel Silber y Carlos Olivares exigieron a Cortázar 'hacer respetar' el plazo que le otorgó al AFT para tener funcionando los GPS, validadores y los sistemas tecnológicos 'que se requieren para que Transantiago funcione correctamente. (…) De lo contrario, debe caducar de inmediato el contrato y cobrar las multas e indemnizaciones que correspondan'. Condicionaron, además, su voto para aprobar nuevos fondos al plan Transantiago. Desde el gobierno, el ex senador y actual ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, advirtió, en entrevista a La Nación, que de ser rechazado el proyecto que inyectará 290 millones de dólares, habrá un inmediato aumento de tarifas: 'Esperamos que todos voten a favor, es un proyecto muy importante para nosotros. (…) Además, si no se vota se produce un alza automática de las tarifas. No se trata con eso de amenazar a nadie, es una realidad empírica, es una realidad de los contratos'.

Más cargos y más incumplimientos

La carrera por llenar el cargo de la futura Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) ya se inició. Se baraja el nombre de Germán Correa, ex ministro del ramo y primer 'coordinador del Transantiago' -responsable del Plan de Transporte Urbano de Santiago (PTUS) punto de origen, el año 2000, del actual Transantiago-, como posible 'Zar del Transporte'. El proyecto de ley que creará la AMT le entrega la facultad de 'caducar contratos y la concesión' de las empresas que reiteradamente no cumplan sus compromisos. Si se decreta la caducidad de la concesión, operaría -de ser aprobado otro proyecto de ley-, un 'administrador provisional de la concesión'. Se anuncia que el nuevo 'Zar del Transporte' supervigilará al AFT, Metro y Transantiago Informa. Pocos creen que otro cargo sirva para solucionar los problemas del Transantiago.

Por su parte, la ultraderechista UDI sigue aprovechando la negligencia gubernamental para hacer cumplir los contratos al AFT y Sonda, y exige una auditoría al Transantiago desde el 2002 a la fecha.

'Los recursos que el Estado ha debido poner para que el gobierno diseñe, implemente y luego esté intentando arreglar su plan estrella de transportes en Santiago se han incrementado a tal punto que hoy acumulan casi 1.402 millones de dólares. Debido al mismo plan, debió anunciar un monto extra por 290 millones de dólares para las regiones, lo que significa que, en total, ha desembolsado casi 1.700 millones de dólares, el 1 por ciento del PIB estimado para este año', publicó El Mercurio hace algunos días.

Otro problema ha sido el ya habitual 'cierre de estaciones' del Metro y las reiteradas 'fallas técnicas' en las líneas, que han provocado la ira de los usuarios. La paciencia de los usuarios pareciera estarse acabando. Metro niega que las fallas se deban a la 'sobrecarga de pasajeros'. A lo anterior se suma el que la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) denunció que Transantiago tiene 'un importante grado de responsabilidad en el aumento de la contaminación' en la cuenca del Gran Santiago. Aseguran que 'muchos de los buses que circulan por la capital no poseen filtros de partículas', y algunos 'no contarían siquiera con la revisión técnica al día', otro grave incumplimiento de normas.

En libertad bajo fianza mujeres agentes de la DINA

Libertad provisional para mujeres del secuestro y homicidio de Víctor Díaz


La Nación

Previo pago de 100 mil pesos cada una, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime de los ministros Lamberto Cisternas, Juan Fuentes Belmar y el abogado integrante Jorge Lagos, concedió la libertad provisional a seis ex agentes de la DINA, que permanecían bajo arresto tras procesadas por el secuestro y homicidio del secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Díaz López.

Las beneficiadas son Italia Vacarella Gilio, suboficial (R) de Carabineros, Teresa Navarro Navarro, suboficial (R) de la Armada, Joyce Ahumada Despouy, suboficial (R) de Ejército, Marilyn Silva Vergara, Ana Vilches Muñoz, suboficial (R) de la Fach, y Adriana Rivas González, suboficial (R) de la Armada.

Una de las mujeres ex agentes que aún permanece bajo arresto y procesada, es la teniente (R) del Ejército Gladys Calderón Carreño, que era la encargada de inyectar cianuro a los prisioneros en el cuartel clandestino de la DINA en calle Simón Bolívar 8630, donde operó la Brigada Lautaro y el Grupo Delfín para exterminar a la dirigencia comunista en la clandestinidad.

 

Otorgan millonaria indemnización a los afectados por plomo en Arica

Argenpress.info 

Una indemnización de unos 5,5 millones de dólares recibirán las personas afectadas por la acumulación de residuos tóxicos en un sector de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile. La decisión fue adoptada hoy por la Corte Suprema a favor de 356 pobladores, cuyas viviendas sociales fueron instaladas en 1999 en medio de residuos de plomo, arsénico y molibdeno, dejados allí por actividades industriales anteriores.

El fallo está dirigido contra el Fisco chileno, el cual deberá pagar poco más de 15 mil dólares a cada uno de los 356 afectados.

El fallo condenó, además, al Servicio de Salud local por 'no haber adoptado ninguna medida de seguridad para proteger a la población' ante el acopio de residuos tóxicos.

El vicepresidente del capítulo de Arica del Colegio Médico de Chile, Jaime Tobar, afirmó que el fallo apunta a 'las precauciones que se deben tomar siempre sobre la ubicación de cualquier tipo de desecho'.

Las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales fueron edificadas luego de que un cambio en el plano regulador de la ciudad de Arica permitió el uso habitacional de terrenos en los que la empresa Promel Limitada había depositado residuos tóxicos en 1984.