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Justicia

Caso Berríos: Testimonio clave complica a uruguayos procesados

Caso Berríos: Testimonio clave complica a uruguayos procesados

Lunes 17 de diciembre de 2007   

 La Nación 

Por Javier Rebolledo

Los tres militares uruguayos extraditados niegan su vinculación con la muerte del ex químico de la DINA, pero la declaración de un ex agente de la CNI indica que junto a dos militares chilenos estuvieron en Parque del Plata, el lugar desde donde desapareció Berríos.

Foto: El aesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos. 

Hoy se llevarán a cabo en la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos correspondientes a la solicitud para levantar el arraigo que pesa sobre los tres militares uruguayos procesados por asociación ilícita en el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El general en retiro del Ejército uruguayo Tomás Casella y los coroneles en servicio activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli se encuentran en Chile desde abril de 2006 luego de que el gobierno de Tabaré Vásquez accediera a la extradición para que fueran juzgados por el ministro que instruye la causa, Alejandro Madrid.  

La parte querellante usará como argumento principal para evitar que los militares vuelvan a Uruguay el testimonio del teniente de Ejército (R) y ex agente de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros -parte del proceso- y que hasta ahora no era de conocimiento público.  

Según la declaración de Sanhueza, la noche del 14 de noviembre de 1992, el mayor de Ejército Arturo Silva Valdés “El Peineta” (procesado como autor material del crimen de Berríos junto al también mayor retirado, Jorge Torres Gacitúa) llegó a la casa de Sarli, ubicada en Parque del Plata a pocos metros del chalet de Eduardo Radaelli, desde donde el químico de la DINA se escapó al día siguiente para dirigirse a la comisaría del balneario y denunciar que lo tenían secuestrado.  

Esa fue la última vez que el químico fue visto con vida. Posteriormente, en abril de 1995, sus restos óseos aparecieron en la playa El Pinar, ubicada a poca distancia de Montevideo con varios balazos en la cabeza. Sin embargo, se estima que habría sido asesinado entre enero y abril de 1993.  

Tanto Sanhueza como Eugenio Berríos habían salido del país en una operación efectuada por la DINE conocida como “control de bajas”. En ella, el Ejército trasladó a Argentina y Uruguay, con la colaboración de los secretos de inteligencia de esos países, a agentes chilenos que manejaban información trascendental en causas de lesa humanidad y que podían afectar la institucionalidad castrense: mientras el químico de la DINA había sido requerido a declarar, y posteriormente el ministro Adolfo Bañados extendió una orden de detención en su contra -en el marco de la investigación por la muerte del canciller Orlando Letelier-, algo similar ocurría con Sanhueza, implicado en los crímenes de Jecar Neghme y Operación Albania.  

Según consta en el proceso del caso Berríos, Sanhueza se encontraba en la casa de Sarli debido a que era uno de los agentes uruguayos que lo cuidaba en Uruguay. El oficial uruguayo lo habría invitado, junto a su mujer, a su casa en la playa luego de enterarse que el padre del ex agente CNI había muerto recientemente.  

El testimonio de Sanhueza agrega que al día siguiente de la visita de Silva Valdés a la casa de Sarli -el 15 de noviembre de 1992- fue a la iglesia. Al regresar, se encontró con que la residencia estaba llena de militares. Del lado chileno,  Valdés y Torres Gacitúa se lamentaban amargamente. Sarli y Radaelli hacían lo mismo.  

De acuerdo a su declaración, Sanhueza asegura que en ese momento no tenía idea del motivo del evidente pesar de los efectivos. Recién en 1993, cuando estalló el escándalo por el secuestro de Berríos, el ex CNI asoció los hechos y llegó a la conclusión de que  la razón del desconsuelo de los militares se debía a que pocos minutos antes el químico se les había escapado.

 Sin embargo, hasta ahora la estrategia de los militares uruguayos ha sido negar la versión judicial de Sanhueza, apoyada por el testimonio de su esposa. Durante este año, incluso fueron careados. Según Sarli, la visita del matrimonio chileno a su casa nunca se materializó y Radaelli niega haber estado en ese lugar. Lo mismo declararon los militares chilenos nombrados en el testimonio del ex agente CNI. Lo particular es que, según los testimonios del proceso que se siguió en Uruguay, originalmente un militar de ese país junto a dos civiles de nacionalidad chilena fueron a reclamar la entrega de Berríos.  

La investigación sumaria del caso se encuentra próxima a terminar, para entrar al plenario y luego dictar las sentencias correspondientes. Además de los uruguayos, están procesados como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio los mayores en retiro Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa. Por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, están encausados los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).  LN.

 

Bélgica envía exhorto que compromete a Ramón Vega

Bélgica envía exhorto que compromete a Ramón Vega

Lunes 17 de diciembre de 2007   

La Nación   

 Por Luis Narváez A.

Revelaciones del documento por coimas pagadas por aviones Mirage

 Un juzgado del crimen de Santiago ya tiene en su poder los antecedentes enviados desde Europa. En ellos se consignan pruebas de transferencias de dinero proveniente de comisiones ilegales por el negocio que a Chile le costó 109 millones de dólares.

La Corte Suprema entregó al 32º Juzgado del Crimen de Santiago un voluminoso exhorto enviado por la justicia belga donde se consigna una copia oficial de la investigación realizada hasta ahora en Bélgica por el pago de coimas a funcionarios chilenos y europeos en el marco de la compra de aviones Mirage, en 1994.

Desde 1995 que el Primer Juzgado de Instrucción de Bruselas, encabezado por el juez Daniel Franzen, indaga las comisiones ilegales pagadas luego de que Chile compra 25 aviones Mirage 5, rebautizados como Elkan, operación que le significó al fisco un desembolso de 109 millones de dólares.

El documento llegó la semana pasada al tribunal local, luego de pasar por los trámites de rigor en el máximo tribunal.

Sin embargo, tal como informó ayer LND, fuentes consultadas en Europa y EEUU confirman que la carta rogatoria trae antecedentes que comprueban que el ex comandante en jefe de la FACH y ex senador designado, general (R) Ramón Vega, recibió dineros de comisiones pagadas por los Mirage en una cuenta que mantenía con su hijo en el Banco Coutts and Co International, de Miami.

Se trata del segundo exhorto que envía Bélgica por este asunto. El primero -en 2003- solicitaba información de todos los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que participaron en las negociaciones y comisiones técnicas que decidieron al Gobierno por la compra de los cazabombarderos de segunda mano, repotenciados por un consorcio franco-belga.

Ese documento motivó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a presentar una denuncia para investigar el posible pago de coimas. El caso fue tramitado en el Primer Juzgado del Crimen, pero tras el cierre de los antiguos tribunales, hoy se está radicado en el 32º Juzgado del Crimen.

 

Comisiones

Según antecedentes manejados por LND, a los investigadores belgas les llamó la atención la información que entregó el Coutts and Coç., cuando se levantó el secreto bancario. La entidad informó que se abrió una cuenta cuyo titular era Gustavo Vega Pizarro, hijo del general (R) Vega. En la ficha "Client History and Profile" (historia y perfil del cliente) de la cuenta Nº 54418911, se consigna: "Account name: Gustavo Vega P. ITF (In Trust For) Ramón Vega H.". Lo que quiere decir que el hijo actuaba en nombre del padre.

La cuenta fue abierta el 26 de marzo de 1996 y sólo dos días después recibió un depósito de 441 mil 189 dólares. Dicha transferencia provenía de la cuenta Nº 543165, del mismo banco, bajo la denominación de "TABA" (ver fotocopia).

El titular de la cuenta que envió el dinero era Berthier Investment Inc., una empresa de papel creada en las Islas Vírgenes por el comerciante de armas Carlos Honzik. Este chileno de origen checo (fallecido en 1999) era amigo de Vega y fue uno de los principales gestores del negocio que finalizó con los aviones Mirage surcando cielos chilenos.

Para los belgas, respaldados con la documentación del Coutts And Co., dichos dineros corresponden a comisiones, puesto que la cuenta TABA fue una de las utilizadas por Honzik para repartir cerca de 15 millones de dólares en comisiones.

Ahora resta que el tribunal nacional analice los documentos y determine diligencias que podrían encaminar el proceso a establecer las primeras responsabilidades criminales de este caso. LN

 

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 La copia muestra la orden de transferencia realizada por el titular de la cuenta “TABA” (customer name) donde ordena no consignar su nombre (do not mention name) en favor de Gustavo Vega.


 

LOS OTROS

Los tres hijos de Ramón Vega recibieron dineros provenientes de cuentas por donde pasaron comisiones ilegales de los Mirage. A Gustavo Vega se unen Rosa María y Verónica Vega Pizarro. Entre ambas recibieron poco más de 200 mil dólares. Dichas mujeres estuvieron comprometidas sentimentalmente (una incluso casada) con Bernardo van Meer, otro de los principales gestores del negocio, que se quedó con más de 2 millones 700 mil dólares. Tanmbién se descubrieron depósitos a dos ex generales de la FACH, Jaime Estay Viveros, Florencio Dublé Pizarro y el ex coronel Luis Bolton Montalva.

 

 

Inspección histórica a bordo del buque escuela Esmeralda

Inspección histórica a bordo del buque escuela Esmeralda

Quezada indagó torturas junto a ex prisioneros, oficiales (R) y hermana de Woodward

La ministra Eliana Quezada rehizo los hechos por cinco horas y denegó petición de la Armada para que un oficial abogado estuviera presente y tomara nota de las diligencias.

Acompañada de seis ex prisioneros políticos, de la hermana del sacerdote desaparecido Miguel Woodward, de oficiales de la Armada retirados -pero activos en 1973- y de funcionarios de la Policía de Investigaciones, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, inspeccionó ayer por más de cinco horas el buque escuela Esmeralda anclado en el molo de Valparaíso.

La inspección fijó procesalmente los hechos ocurridos a bordo de la nave en los días posteriores al golpe militar, que constituyeron delitos de lesa humanidad por los que la jueza instruye varias causas.

Esta es la primera vez que un miembro del Poder Judicial realiza una diligencia de este carácter a bordo de la Esmeralda, buque que sirvió de cárcel flotante al menos por 15 días a partir de la asonada militar del 11 de septiembre de 1973.

EX PRISIONEROS

Entre los oficiales (R) citados por la ministra a bordo del barco para reconstituir hechos estuvo el ex integrante del cuerpo de almirantes de la Marina, médico Kenneth Gleise Joo, y un oficial (R) de apellido Riesco que integró el equipo que se hizo cargo de maltratar a los detenidos.

Algunos de los ex prisioneros convocados por la jueza para que aportaran datos de lo vivido en aquel tiempo, fueron el médico y actual concejal de Valparaíso Alberto Neumann, y las ex detenidas María Eliana Comené y Rosa Huerta.

MALHERIDO

El médico Kenneth Gleise servía en 1973 a bordo del buque Latorre que permanecía anclado en el molo cerca de la Esmeralda con los prisioneros. Desde el buque escuela se pidió al Latorre un médico para atender a Woodward que estaba mal herido a causa de las torturas. Gleise concurrió y dijo que había que trasladar de urgencia al sacerdote al Hospital Naval de Playa Ancha pues estaba grave. Woodward llegó muerto al hospital y la inteligencia naval escondió su cadáver en una fosa en el cementerio de Playa Ancha, como está acreditado en el proceso. El cuerpo desapareció hasta hoy.

PROCESADOS

Testigos que participaron ayer en la inspección afirmaron a La Nación que la Armada pidió a la jueza que un abogado de la institución estuviera presente en las diligencias, pero la magistrada se opuso.

Patricia Woodward, hermana del desaparecido sacerdote anglo-chileno que militaba en el MAPU y que en la inspección participó ayer junto a su esposo Fred Bennett, dijo "hemos compartido un momento histórico. Para nosotros fue una gran satisfacción y agradecemos a la jueza. Esto refuerza su trabajo y ahora esperamos que pronto habrán procesados por este crimen".

 

Jueza inspeccionará buque escuela Esmeralda por muerte de cura Woodward

Jueza inspeccionará buque escuela Esmeralda por muerte de cura Woodward

www.elmostrador.cl

11 de Diciembre de 2007

Magistrada dictó resolución

Por  Jorge Molina Sanhueza

Será la primera vez que se realice una diligencia ocular a bordo, en la cual se buscará ''fijar'' el lugar donde al sacerdote chileno-británico, cuyo cuerpo aún está desaparecido, se le habría prestado atención médica luego de sufrir torturas por parte de funcionarios de la Armada en los días posteriores al golpe militar.

La ministra Eliana Quezada, encargada de investigar la muerte del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, inspeccionará este miércoles, en una diligencia inédita, el buque escuela Esmeralda, según versa la resolución que dictó este martes por la tarde, confidenciaron a El Mostrador.cl fuentes allegadas al caso.

La diligencia de inspección ocular, se indicó, buscará fijar el lugar donde habría estado detenido el religioso en 1973, como eventualmente interrogar también en el supuesto sitio del suceso a algunos testigos de los hechos y posibles inculpados.

Está acreditado en el expediente que lleva esta magistrada que el religioso estuvo detenido en el Esmeralda, ya que fue la propia marina que entregó en marzo de 2006 la bitácora de este barco a la justicia, correspondiente a 1973, donde aparece como ingresado a la nave.

De acuerdo a la información recabada por este diario, la jueza tendría acreditado que Woodward fue torturado y supuestamente subido al buque en muy mal estado de salud, donde habría recibido atención médica, luego de estar detenido en el cerro Placeres de Valparaíso. Finalmente, habría sido trasladado al hospital naval de Viña del Mar, donde habría muerto.

En los testimonios que logró recoger la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig), hubo oficiales como Guillermo Aldoney y Carlos Fanta que confirmaron estos últimos hechos.

También quedó acreditado que el cuerpo del sacerdote fue enterrado en el cementerio de Playa Ancha por agentes de la Armada, en una fosa común.

Según una publicación del diario La Nación, la inhumación habría sido confirmada en la causa por Bogarett Cepeda Pinto, un ex empleado de la funeraria de la institución, como también los sepultureros del lugar, que reconocieron que los marinos llegaron con el cadáver envuelto para realizar el entierro.

Según el informe Rettig, "ha quedado acreditado que fue detenido por una patrulla naval en el cerro Los Placeres el 16 de septiembre de 1973 y que en su lugar de reclusión fue torturado. Un médico de la Armada intentó darle atención de urgencia en el molo de abrigo, recinto custodiado por la Armada en que se hallaban atracados el buque escuela Esmeralda y el carguero Lebu. Desde allí fue llevado al hospital naval donde falleció a causa de un ‘paro cardiorrespiratorio', producto del lamentable estado físico en que se encontraba".

La querella que inició este caso la interpuso el 30 de enero de 2002 Patricia Woodward, hermana del religioso, y fue dirigida en contra de los oficiales en retiro vicealmirante Adolfo Walbaum, contralmirante Hugo Cabezas Videla, los capitanes de navío Sergio Huidobro Justiniano, Arnt Arentsen Pettersen, Jorge Sabugo Silva, Guillermo Aldoney Hansen (llegó a integrar el cuerpo de almirantes) y los capitanes de fragata Keneth Gleiser Jo (médico que integró el cuerpo de almirantes en 2001 como director de Sanidad Naval) y Julio Vergara.

Se sumaron también los tenientes de Infantería de Marina Rafael Yussef Sotomayor, Guillermo Morera, Luis Rebolledo, Roberto Camus, y otros de apellidos Middleton, Rodríguez y Luna.

 

Familia preocupada por plazo impuesto a jueza que indaga caso Woodward

8 de Diciembre de 2007

Investigación debería terminar este año

Por  Macarena López M.

La hermana del fallecido sacerdote aseguró que la Corte de Apelaciones de Valparaíso instruyó a la magistrada María Eliana Quezada cerrar el sumario antes del 31 de diciembre. ''La jueza necesita más tiempo'', señala Patricia Woodward, quien espera que la justicia logre identificar a los autores materiales del crimen, como a quienes dieron las órdenes.

Cuando este domingo recale en Valparaíso el Buque Escuela Esmeralda, no sólo estarán esperando los parientes de los marinos que cumplieron con su instrucción. También asistirán quienes estuvieron detenidos en dicha nave durante el régimen militar y los familiares del sacerdote Miguel Woodward, quien murió tras los apremios sufridos en dicha embarcación.

Cuando el crucero de instrucción viajaba de regreso a Chile se conocieron las condenas por la muerte de Jaime Aldoney, que afectaron a seis ex oficiales de la Armada. Mientras, la familia de Woodward está a la espera de la resolución de la jueza María Eliana Quezada, que posiblemente también afectará a ex miembros de la institución naval.

Esta semana, Patricia Woodward, hermana del fallecido religioso, encabezó una protesta en La Moneda, para demandar el esclarecimiento del caso y para que respondan ante la justicia los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el buque.

En la oportunidad, entregó una carta a la Presidenta Michelle Bachelet en la que plantea que "la Armada de Chile como institución no desea hacerse responsable de la violación de derechos humanos de muchas víctimas tras el golpe militar. Es de todos conocido que se practicó la tortura en dependencias de la Armada en todo el país".

En ese sentido, solicitó a la mandataria que “exija a la Armada que asuma sus responsabilidades y provea desde sus archivos toda la información relacionada con los derechos humanos de estas víctimas”.

Cierre del caso

Patricia Woodward comentó, además, que en la carta manifestaron su preocupación porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso habría ordenado a la jueza María Eliana Quezada cerrar el proceso antes del 31 de diciembre. “Eso es ilegal para un caso de violación a los derechos humanos”, señaló.

Dijo desconocer la premura por cerrar la investigación, “porque se supone que es un caso muy importante... no quieren que siga adelante, que no se resuelva. La jueza necesita más tiempo que el 31 de diciembre”. Además, acota, tras el cierre del sumario, “hay mucho tiempo por delante. Esto no se va a acabar hasta dentro de un par de años”.

Pese a todo, abriga esperanzas en la labor de la magistrada. "Estoy confiada de que la jueza va a resolver el caso y vamos a conocer los responsables de la muerte de mi hermano, los que mandaron, obedecieron. Quienes perpetraron el crimen deben condenados, al igual que quienes dieron las órdenes".

-Frente a las condenas del caso Aldoney la Armada se limitó a manifestar un “sentimiento de pesar”, pero no hizo un mea culpa por la participación de ex efectivos.
-Es un avance, pero las sentencias han sido miserables. Además no es una cosa que de buena fe y que las víctimas se pongan frente a la Armada y les digan: gracias, ustedes me han comprendido. Porque deben llevarse a los responsables a tribunales para que se acabe la impunidad.

- ¿Sabía que el Congreso quiere rendirle un homenaje al comandante en jefe de la Armada por el acto en la isla Quiriquina?
-La gente fue porque tenía ganas de ir, pero hay muchos que no fueron. Entonces, no ha sido una cosa unánime y tampoco creo que se han hablado los detalles de cómo ocurrió. No es cuestión de decir "lo siento". La Armada no reconoce que es responsable de lo que sucedió.

- ¿Ha hablado con el almirante Codina?
-No hemos tenido contacto en los últimos meses con el almirante Codina, porque hemos estado esperando que se resuelva el caso, pero después del tema de la isla Quiriquina dijo que el tema de la Esmeralda estaba pendiente. Nosotros, de ninguna manera, vamos a aceptar una ceremonia de desagravio hasta que la Armada entregue todos los datos de lo qué pasó con toda la gente. Son 112 personas que estuvieron detenidas allí, según organismos internacionales.

Ex ministro Guzmán llamó a tener una nueva Constitución

Ex ministro Guzmán llamó a tener una nueva Constitución

El Centro On line 

Nombre del Periodista: Hernán Espinoza

Fecha de Edición: 10-11-2007

Ante numeroso público, el retirado juez afirmó que Chile aún está en deuda con los pueblos originarios y con el respeto integral a los derechos de sus ciudadanos.

Talca, Chile. El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, llamó a tener una nueva Constitución en Chile, a través de la conformación de una Asamblea Constituyente, para lo cual sostuvo que se requiere que la gente inscriba dicha demanda en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

En este sentido, afirmó que el actual modelo político y los bloques que lideran dicha representación, no permiten representar debidamente a las minorías y tampoco logran expresar las más variadas demandas sociales, contando entre ellas a los grupos originarios.

El ex juez efectuó dichas declaraciones al ofrecer una clase magistral sobre derechos humanos en el Teatro Regional del Maule, cuya entrada fue liberada y que convocó a numerosas personas, entre dirigentes sociales, autoridades y estudiantes de derecho. La actividad fue organizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca.

Concepto Amplio

Al respecto, Juan Guzmán comentó que Chile no puede liderar el concierto internacional en materia de derechos humanos, al no ratificar aún el estatuto de la Corte Penal Internacional, lo cual -en su opinión- permitiría sancionar delitos como genocidios y crímenes de guerra. "Por otra parte, vemos que en Chile se privilegian las transnacionales y grupos pequeños de empresarios, destruyendo la naturaleza y el hábitat de los grupos originarios, con la instalación de represas y centrales hidroeléctricas, lo cual ha significado una nueva forma de genocidios, dañando para siempre los recursos naturales", dijo.

En este sentido, destacó que "estamos en una lucha a favor de los derechos humanos, en un concepto amplio que va más allá de la protección de personas que son víctimas de aparatos estatales de represión. Es una nueva forma de entender este concepto tan importante en nuestra sociedad contemporánea".

10 de noviembre de 2007

* Fuente: El Centro

 

Absuelto general (R) FACH acusado de ocultar información a Mesa de Diálogo

6 de Diciembre de 2007

Patricio Campos destruyó documentos

por  El Mostrador.cl

Ministro Jorge Dahm consideró que el delito de obstrucción a la justicia que se le imputaba al retirado general Patricio Campos fue derogado con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Hace cinco años, el caso significó la salida anticipada del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea Patricio Ríos Ponce.

El ministro de la Corte de Apelaciones Jorge Dahm absolvió este jueves del delito de obstrucción a la justicia al general (r) de la FACH Patricio Campos Montesinos, quien había sido acusado de ocultar información en 2001 a la Mesa de Diálogo.

El magistrado basó su decisión en que el delito que se le imputaba al ex uniformado ya no está contemplado en la legislación, ya que fueron derogadas las normas que lo contenían al entrar en vigencia la Reforma Procesal Penal.

Campos fue procesado en 2002 por el juez Mario Carroza por obstrucción a la justicia, al considera que había ocultado antecedentes sobre el paradero de cinco detenidos desaparecidos que víctimas del Comando Conjunto, recopilados para la Mesa de Diálogo que impulsó el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar el año 2001.

Dentro de los antecedentes que habría destruido el ex uniformado se encontrarían hechos en los que participó su esposa Viviana Ugarte, alias "La Pochi", acusada de participar en violaciones a los derechos humanos cometidas por ese grupo.

El revuelo que ocasionó este caso significó la salida anticipada, el 5 de noviembre de 2002, del ex comandante en jefe de la institución, general (R) Patricio Ríos Ponce, al haber perdido la confianza del entonces presidente Lagos, asumiendo en su reemplazo el también ahora retirado general Osvaldo Sarabia Vilches.

Formalismo

El ilícito fue derogado tácitamente al entrar en vigencia en noviembre de 2005 la ley 20.074, que modificó algunos aspectos de la Reforma Procesal Penal y que establece la figura de la obstrucción a la investigación, que sólo se comete ante los fiscales del Ministerio Público.

En ese sentido el magistrado sostiene en su fallo de 17 carillas que la actual figura de la obstrucción a la investigación requiere del ánimo doloso de destruir pruebas y no como ocurría antiguamente con la obstrucción a la justicia, que sancionaba también a quien realizaba cualquier tipo de labor para impedir la acción de los tribunales.

"Que la nueva ley modificó los elementos del tipo penal con la consecuencia que se ha creado un delito que antes no existía. Al sustituir el legislador el inciso primero del artículo 269 bis del Código Penal, lo que hizo en el hecho fue derogar la norma que establecía la figura penal de obstrucción a la justicia, reemplazándola por otra completamente distinta en sus elementos constitutivos, fundamentalmente para castigar a quien con pleno conocimiento obstaculice la investigación del Ministerio Público mediante el empleo de los medios indicados en la nueva disposición legal", dice el fallo.

Agrega que "en estas condiciones, no cabe entonces sino que absolver al imputado, puesto que tal como antes se ha reseñado, no existe tipo penal que describa como hecho típico la conducta que se le imputa al acusado, por lo que de acuerdo a lo que dispone el artículo 465 bis del Código de Procedimiento Penal, al no adquirir este sentenciador la convicción de que se haya cometido un hecho punible, procederá dictar sentencia absolutoria a su favor"

Asimismo y dado que no existe sanción penal, el magistrado determinó rechazar la demanda por daño moral presentada por los querellantes la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Partido Comunista y el Partido Socialista en contra del querellado y el Fisco de Chile y que perseguía un pago total de $ 2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de pesos).

 

Ministro Dahm absuelve a general (r) Fach por ocultar información a Mesa de Diálogo de DD.HH.

Enviado por Pedro Alejandro Matta p.matta@vtr.net 

 Jueves 6 de Diciembre de 2007

 Fuente :La Segunda Internet

 El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago,Jorge Dahm Oyarzún, absolvió del delito de obstrucción a la justicia al general ® de la Fach Patricio Campos Montecinos por ocultar información a la  Mesa de Diálogo de Derechos Humanos en el año 2001.

El magistrado basó su decisión en que el tipo penal por el que fue procesado y acusado el general en retiro de la Fuerza Aérea de Chile ya no se encuentra establecido en nuestra legislación pues fue derogada tácitamente al entrar en vigencia en noviembre de 2005 la ley N° 20.074, que modificó algunos aspectos de la Reforma Procesal Penal y  que establece la figura de la obstrucción a la investigación, afectando principalmente la labores de los fiscales del Ministerio Público, pero no de los tribunales de justicia.

En ese sentido el magistrado sostiene en su fallo de 17 carillas que la actual figura de la obstrucción a la investigación requiere del ánimo doloso de destruir pruebas y no como ocurría antiguamente con la obstrucción a la justicia que sancionaba también a quien realizaba cualquier tipo de labor para impedir la acción de los tribunales, por lo que beneficia al general ® Campos Montecinos una legislación más favorable que determina su absolución del cargo que se le había hecho.

"Que la nueva ley modificó los elementos del tipo penal con la consecuencia que se ha creado un delito que antes no existía.

 Al sustituir el legislador el inciso primero del artículo 269 bis del Código Penal, lo que hizo en el hecho fue derogar la norma que establecía la figura penal de obstrucción a la justicia, reemplazándola por otra completamente distinta en sus elementos constitutivos, fundamentalmente para castigar a quien con pleno conocimiento obstaculice la investigación del Ministerio Público mediante el empleo de los medios indicados en la nueva disposición legal", dice el fallo.

Agrega que "en estas condiciones, no cabe entonces sino que absolver al imputado, puesto que tal como antes se ha reseñado, no existe tipo penal que describa como hecho típico la conducta que se le imputa al acusado, por lo que de acuerdo a lo que dispone el artículo 465 bis del Código de Procedimiento Penal, al no adquirir este sentenciador la convicción de que se haya cometido un hecho punible, procederá dictar sentencia absolutoria a su favor"

Asimismo y dado que no existe sanción penal, el magistrado determinó rechazar la demanda por daño moral  presentada por los querellantes la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Partido Comunista y el Partido Socialista en contra del querellado y el Fisco de Chile y que perseguía un pago total de $ 2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de pesos).