Justicia

La última traición del Mamo

Domingo 2 de diciembre de 2007   

La Nación del domingo

Por M. P. 

Las revelaciones de Manuel Contreras en "Enigma"

En el programa de TVN que será emitido esta noche se revela un documento en el que el ex jefe de la DINA asegura que Augusto Pinochet dio la orden directa de matar al general Carlos Prats. También dice que cuando se atrincheró en su fundo Viejo Roble, oficiales del Ejército le propusieron dar un nuevo golpe de Estado. ¿Otra del Mamo?

Foto: Los actores Eugenio Poblete y Héctor Aguilar son Contreras y Pinochet en "Enigma".

¿Qué sintió cuando murió el general Pinochet?

-Nada.

La respuesta de Manuel Contreras al periodista y conductor de "Enigma", Guillermo Muñoz, fue tan simple como reveladora. A una semana de la muerte del general que le dio poderes plenipotenciarios para formar la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y manejar con puño de hierro la guerra sucia contra los opositores del régimen militar, el 'Mamo' Contreras no parecía interesarse mayormente en el destino de su antiguo jefe, a quien llamaba "mi general Pinochet".

Al contrario. En un informe inédito, escrito por el Mamo y presentado al juez Claudio Pavez meses antes, el 23 de junio de 2006, el general (R) se desliga de cualquier responsabilidad sobre los casos emblemáticos por los cuales fue condenado, como los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats y su esposa, y apunta directamente a Pinochet como la persona que le ordenó a Michael Townley participar en ambas muertes.

 

MATAR A PRATS Y LETELIER

Centrando sus argumentos en algo que ya ha dicho, que Townley era un agente de la CIA, Contreras por primera vez sindica a su antiguo jefe y dice que dicha orden se dio luego de un encuentro entre Pinochet y el entonces subdirector de la CIA, Vernon Walters. "Lo anterior fue realizado a fin que (sic) el general Augusto Pinochet Ugarte, de acuerdo a lo ya planificado con la CIA, le diera al agente Michael Townley Welch, la orden actuar (sic) en forma directa, personal y exclusiva, sin intermediarios, en contra del general Carlos Prats González en Buenos Aires".

En otro pasaje similar, Contreras escribe que el asesinato de Prats el 30 de septiembre de 1974 "fue el comienzo de una serie de acontecimientos que a la postre terminaron con la vida del coronel Gerardo Huber y otras personas vinculadas a él, exclusivamente con el fin de protegerse a sí mismo y a su familia que empleó el general Augusto Ponichet Ugarte, creyendo con ello que nunca se descubrirían sus actividades dolosas, ya que la eliminación de las personas que sabían de los hechos permitiría acobardar a los demás que tuvieran alguna relación con estos mismos hechos".

El caso Prats fue el comienzo de todo, concluye el Mamo, quien repite más tarde que fue Pinochet quien "en forma directa, personal, exclusiva y sin intermediarios" ordenó a Townley "cumplir en el caso de Orlando Letelier del Solar".

 

EL GOLPE DEL MAMO

El documento al que accedió LND es uno de los aspectos con que Guillermo Muñoz confrontó a Contreras en la entrevista de casi dos horas de duración que le hizo en el Penal Cordillera, lugar de su reclusión. El general dijo primero que el documento era falso y exigió verlo diciendo: "Yo firmo todas las páginas de lo que escribo". Muñoz, quien le pregunta a Contreras si ha pensado que morirá en la cárcel, lo que él niega aludiendo crípticamente a una posible fuga, le enrostra los papeles firmados y el Mamo asume su autoría.

En la entrevista, Contreras también se refiere a aspectos desconocidos de su atrincheramiento en su fundo Viejo Roble, para evitar su detención por el caso Letelier, y asegura que aquella vez le llegaron mensajes del Ejército proponiéndole un nuevo golpe de Estado. Mediante recreaciones y entrevistas a Carmen Castillo, la que fuera pareja de Miguel Enríquez, el programa recrea el día de su asesinato en calle Santa Fe, y aborda también el atentado a Bernardo Leighton, la desaparición de Sergio Tormen, el asesinato de Lumi Videla y las extrañas circunstancias en que murió el general Augusto Lutz, un opositor a Contreras que, según su hija Patricia Lutz, fue asesinado por la DINA (ver páginas 22 y 23).

 

VISITAS DE UN EX MIRISTA

La entrevista con el Mamo se gestó en julio de 2006, cuando Contreras le envió un mensaje al productor ejecutivo de "Enigma", Patricio Polanco, diciendo que estaba dispuesto a recibirlo en el Penal Cordillera.

Tiempo antes, el ex jefe de la DINA había declarado ante la justicia que el origen de parte de la fortuna de Pinochet provenía de operaciones de narcotráfico, y Polanco le envió a Contreras un CD con una entrevista que le había hecho a Iván Baramdyka, narcotraficante estadounidense que llegó a Chile en los ochenta y que años más tarde reveló al FBI sus nexos con el entorno del dictador.

Fue precisamente ese gesto del dueño de la productora Nuevo Espacio lo que permitió que, en julio pasado, Polanco traspasara la guardia del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén y llegara al penal para reunirse por primera vez con el responsable de la muerte y desaparición de varios amigos suyos. A los 20 años de edad, Polanco ya era militante del MIR y estuvo detenido en el campo de prisioneros de Pisagua, donde fue torturado. Más tarde llegó a encabezar una lista secreta de los hombres más buscados por los agentes de Contreras, que entonces había definido como prioridad aplastar al MIR y matar a su líder, Miguel Enríquez.

A ese primer encuentro entre Polanco y el encarcelado general lo siguieron otros tres para fijar los términos de la entrevista. En uno de ellos, el productor de "Enigma" le aclaró al ex jefe de la DINA que no confundiera las cosas. Que no eran visitas de cortesía, sino de trabajo. "Seguramente usted sabrá que yo tengo un pasado, porque aparezco dos o tres veces mencionado en su libro", le dijo Polanco, y explica que entrevistar a Contreras era importante para el programa y para él, en la medida de que se podían confrontar sus dichos con los hechos que se tratan en el capítulo.

"En mi caso particular, yo era una persona con una historia absolutamente contraria a la de él, a quien no se le podía decir: la tortura no existió. Porque yo sufrí la experiencia. Mi idea era confrontarlo con mis vivencias. Ahora, nada de eso fue posible porque él tiene un discurso estructurado que no lo cambia", dice Polanco.

 

Cerda cita a ex colaboradores de Pinochet para interrogarlos como inculpados

29 de Noviembre de 2007

Ministro vuelva a la carga en caso Riggs:

Por  Jorge Molina Sanhueza

Aunque está de vacaciones, el juez coordinó la citación de seis personas cuyos encausamientos por malversación de caudales públicos fueron revocados. Se trata de los generales (R) Sergio Moreno Saravia y Guillermo Letelier Skinner; el ex auditor Juan Romero, el abogado Ambrosio Rodríguez, el coronel activo Mortimer Jofré y el ex cónsul en Los Ángeles Patricio Madariaga.

El ministro Carlos Cerda, que investiga las millonarias cuentas de la familia Pinochet en el extranjero, no descansa.

Aunque formalmente está de vacaciones, coordinó -a través de una llamada telefónica- la citación de seis personas cuyos procesamientos por malversación de caudales públicos fueron recientemente revocados por la Corte de Apelaciones y la Suprema, ya que sólo habían declarado como testigos y no como inculpados, requisito para encausar.

Esta arremetida del magistrado, confidenció a El Mostrador.cl una fuente judicial, se basa en la reciente resolución del máximo tribunal que le indica –implícitamente- que para volver a formular cargos debe cumplir con el requisito testimonial en calidad de inculpado.

Uno de los citados es Patricio Madariaga, ex cónsul de Chile en Los Ángeles, Estados Unidos, quien fue encausado por Cerda sin que hubiera prestado declaración indagatoria en la arista mencionada. La información fue confirmada a este diario por su abogado Daniel Castillo.

En esta línea, los otros citados para el próximo jueves y viernes son el general (R) Sergio Moreno Saravia, el ex auditor general del Ejército Juan Romero Riquelme, el abogado Ambrosio Rodríguez, el coronel activo del Ejército Mortimer Jofré y el general (R) Guillermo Letelier Skinner, quienes están en la misma situación de Madariaga.

The same action

La línea lógica que está siguiendo Cerda podría graficarse con la frase que pronunció el presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema, Alberto Chaigneau, cuando fue consultado por la revocatoria de 15 de los 23 procesamientos, el pasado 21 de noviembre: “La causa no está muerta”.

Por esta razón, si se analiza quiénes fueron las personas que no declararon como testigos, todos fueron funcionarios públicos.

Como segundo aspecto, está el hecho de que uno de los argumentos usados por la Corte de Apelaciones era que hubo personas, como los integrantes de la familia Pinochet, que nunca tuvieron esa calidad, por lo que no se le podía aplicar el tipo penal de malversación de los activos fiscales.

Ahora bien, dijeron fuentes allegadas a la causa, lo que Cerda haría en los próximos días sería cumplir con el trámite de la declaración como inculpado y volver a procesar a estas personas por el mismo delito que la primera vez.

Si se cumple este camino judicial, los encausados debieran recurrir de nuevo a las instancias superiores a Cerda. En ese contexto, corren el peligro de que ambas cortes confirmen los procesamientos.

Y en ese escenario, las otras ocho personas que aún siguen procesadas, algunas de las cuales recurrieron por la vía de la revocación del dictamen, eventualmente deberían reevaluar sus estrategias judiciales.

Las causas de DDHH se van a resentir

Domingo 25 de noviembre de 2007    Lanacion.cl

Por Luis Narváez y Javier Rebolledo 

 El prefecto Rafael Castillo y su polémica salida de Investigaciones

El histórico jefe del equipo policial que ha aclarado más del 95% de los delitos cometidos en dictadura fue llamado a retiro, lo que dejó en vilo el futuro de las investigaciones aún no resueltas. El detective habla aquí de los años duros de la transición y del costo que tuvo que pagar por enfrentarse al director de la policía civil, Arturo Herrera.

Su nombre comenzó a hacerse conocido a mediados de la década de los noventa, cuando se empezaron a investigar los primeros casos de violaciones de los derechos humanos. En ese entonces, Rafael Castillo dirigía el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, brigada en la que se concentraron las indagaciones, incluidas las de mayor connotación pública, como el asesinato de Orlando Letelier o, más tarde, el caso Pinochet.

Él y sus hombres fueron hostigados por ex agentes de la dictadura, seguidos por la inteligencia militar y amenazados de muerte por encumbrados oficiales. Su carrera que comenzó como asistente policial culminó hace dos semanas, cuando, con el cargo de prefecto inspector, debió dejar el mando de la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado, Derechos Humanos y Asuntos Especiales.

Su salida ocurrió en medio de una polémica, que la justicia aún investiga, porque Castillo habría desobedecido, en 2005, una orden de la Dirección Nacional para favorecer a un general (R) del Ejército, involucrado en violaciones de los derechos humanos. Aquella vez, dos detectives de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) se acercaron para denunciar que el director nacional, Arturo Herrera, los estaba presionando para modificar los resultados de una investigación que inculpaba al general de Ejército Miguel Trincado Araneda, entonces en servicio activo, en la inhumación ilegal de restos óseos de Calama. Castillo se enfrentó a Herrera, su amigo y compadre, diciéndole que la petición le parecía inaceptable.

Hoy dice que aquel episodio le costó su salida y que actualmente se sigue hostigando al resto del equipo que trabajó por más de diez años con él, responsable del esclarecimiento de más del 95% de los casos ocurridos durante y después de la dictadura militar.

Ya el año pasado, Herrera lo había marginado del alto mando, pero la Presidenta Michelle Bachelet ordenó reintegrarlo para que continuara al frente del trabajo de DDHH. Este año, sin embargo, Castillo pasó a retiro, tras 35 años de servicio. Y lo hizo sin haber revelado ni resuelto su más grande y secreto dolor: no haber dado con el paradero de sus primos, detenidos desaparecidos desde 1976.

-¿Cómo reaccionó cuando le informaron de las presiones a favor de Trincado?

-Yo no acepté la presión bajo ningún punto de vista ni cambié mi parecer. Pero supe que el costo iba a ser alto y que me iban a hacer la vida imposible pasándome a retiro. Preferí pagar ese costo antes que lo hiciera mi gente, que estaba trabajando en forma honesta, esclareciendo toda la verdad.

-Sucedió lo que usted temía.

-Sí, pero mucha gente se dio cuenta que era por no dar cumplimiento a una orden que, a mi parecer, era ilegal. No iba a sacrificar un trabajo investigativo de diez años porque alguien me pidiera que cambiara un informe.

-¿Esa petición le llegó a usted directamente?

-Lógico.

-¿Por qué cree que Herrera habría sugerido cambiar los resultados de una investigación que ya estaba en poder de un tribunal?

-No lo sé. El general [Trincado] reconoce que fue en un par de oportunidades a la casa del director [Herrera] y que se había articulado una operación para echarme a mí y al director, y que otra persona quedara a cargo de la institución. Lo que tengo claro es que, si hubiese aceptado esa petición, el director, los funcionarios de Investigaciones y yo estaríamos todos presos por obstrucción a la justicia.

-¿Querían sacar a Arturo Herrera?

-Claro. Pero los asesores que tiene no son los mejores. Lo único que hice fue salvar la imagen de nuestro director y decirle: señor, no se puede hacer y no se aceptará ningún tipo de presión, porque el responsable de esa jefatura soy yo.

-¿Lo conversaron personalmente?

-Sí, cara a cara. Le hice ver mi punto de vista y le dije, en forma responsable, que como subalterno siempre le iba a ser leal, lo que no significaba que vulneraría la ley.

-¿Cree que durante el período en que siguió en Investigaciones gracias a una decisión de la Presidenta se respetó su trabajo y el de la unidad?

-Pienso que no, porque no dieron los medios que correspondían para hacer una buena investigación. Eso se ve en el caso de Pamela Pereira, cuando se descubrieron los restos óseos de los fusilados y se dijo que no había dinero para contratar gente y agilizar los trabajos. La señora Pereira fue, habló con gente y de repente apareció una cantidad mínima de recursos para seguir con esos trabajos. No hubo el apoyo económico como sí lo hubo cuando estaba [Nelson] Mery. Mery era un tipo muy honesto, fue un gran gestor en la solución de los problemas de DDHH.

-Finalmente, este año el director nuevamente lo llamó a retiro, ahora con éxito.

-Sí. Aunque lo respeto mucho, creo que está mal asesorado.

-Hay gente de su equipo que ha sido separada de sus funciones. El comisario Sandro Gaete está como jefe de archivo. ¿Cree que se busca desmantelar el trabajo en DDHH?

-Las causas de DDHH se van a resentir. Todos los detectives tienen un nivel profesional alto, pero a la gente involucrada en este tema es difícil reemplazarla, porque se pierde mucho conocimiento. Hay información que manejan a cabalidad, y si se les pregunta por una persona con un apodo, ellos saben de quién se trata. Un agente que no sabe puede estar buscándolo durante muchos meses.

-¿Por qué sus detectives son perseguidos?

-Porque debo haber sido uno de los pocos que contradijo la orden de un superior. Pero fue en beneficio del mismo director y de la institución.

-¿Hay una voluntad de perjudicarlos?

-Sí, pero no por el jefe nacional. Es voluntad de otra gente dentro de la institución.

HOSTIGAMIENTOS

-¿Le duele lo que está ocurriendo?

-Me duele mucho porque el que tuvo que tomar una decisión fui yo, y tuve que pagar por tomar una decisión que iba contra mi dignidad. A mí me pasaron la cuenta. Yo estoy muy agradecido con la institución, porque lo mejor que tiene en estos momentos son sus hombres, pero no tiene todos los medios que merecen.

-¿Cree que Investigaciones ha sido postergada?

-No puede haber tanta diferencia con los beneficios de las FFAA. Lo menos que se puede hacer es igualarlos en cuanto a medios y la parte económica, respetarlos en su trabajo y no presionarlos para que hagan cosas indebidas. Pero los controles internos son buenos. Durante varios años estuve a cargo del Departamento Quinto, Asuntos Internos, y durante ese tiempo la institución se ganó un prestigio. Quiero que eso perdure, porque la gente lo merece, pero también quiero que se les respete como profesionales que son. Que no les digan de la noche a la mañana que se tienen que ir.

-¿Fueron hostigados por la inteligencia policial?

-Lo que más me duele fue el seguimiento que me hicieron, a mí y a mi gente, en los momentos más críticos. Mi propia gente vio cómo estaban filmando el funeral de mi madre, en una iglesia evangélica. Un asunto privado. Lo hicieron para ver qué personas me apoyaban en esa oportunidad. Cuando se llega a esos extremos, o a intervenir teléfonos, es muy grave el asunto. Muy desagradable para mí.

-¿No se respetó la intención de la Presidenta de que siguiera con las investigaciones?

-No, para nada.

-Herrera quiere crear una jefatura de DDHH. ¿No le parece una medida oportuna?

-Si eso se hubiera hecho en un comienzo, si los medios hubieran llegado antes, estaría de acuerdo. Pero ahora todos saben que los casos de DDHH se están agotando y están casi todos resueltos.

-¿Es un volador de luces?

-No diría eso. Al Gobierno le interesa que a este tema se le den más medios. Pero durante mi jefatura no se dieron los medios que correspondían.

-¿Cómo cree que su trabajo aportó al país?

-Soy un tipo idealista, con creencias políticas y religiosas. No hay ningún militar que pueda cuestionar que no le di la dignidad que correspondía. Eso es lo que más se respetó. Los informes se hicieron para que Chile se viera como un país transparente. Asistí a varias reuniones para explicar que en Chile se respetan los DDHH y que la corrupción era mínima. Eso sirvió para que Chile pudiera tener tratados económicos, porque los temas principales son los de DDHH y medio ambiente, que también estaban a mi cargo.

-¿Tuvo que pagar muchos costos por trabajar temas de DDHH?

-A mí me tocaron los tiempos más complicados para investigar, y siempre salí airoso y victorioso. Porque tuve suerte con los equipos de trabajo que tuve.

-Los organismos internacionales de derechos humanos creen que usted también es una víctima.

-No me siento víctima, soy un funcionario que cumplió con su deber, que hizo lo que tenía que hacer. Me voy orgulloso de una institución a la que pertenecí por más de 30 años y donde jamás hice nada ilegal.

-Muchos creen que sus problemas comenzaron porque quería ser director.

-Ese fue un comentario muy malintencionado. Eso lo hablé con el director y le dije que no tenía ninguna aspiración, porque soy un tipo de bajo perfil. Pero pienso que se pudieron hacer muchas cosas en beneficio de la institución y del país. El tiempo me dará la razón, el tiempo se va a encargar de aclarar que jamás he sido un traidor y que lo único que hice fue pelear por los derechos de los demás detectives.

UNA FAMILIA PERDIDA –¿Es cierto que tiene familiares detenidos desaparecidos? –Es un tema muy personal que nunca he comentado. Tengo dos primos hermanos de Quinta Normal, con quienes compartí mucho desde chico, que en 1977 fueron secuestrados desde una población y nunca más se supo de ellos. Su madre todavía tiene la pieza tal cual como si hubiesen salido a trabajar. Les cambia las sábanas de la cama y ordena su ropa. Además, les deja la puerta sin seguro, por si algún día llegan en la noche. –¿Tenían militancia política? –Ninguna. Estaban junto a unos amigos en la calle y pasó un camión con gente vestida con camuflaje. Eran como cinco y a ellos no se los querían llevar, pero pidieron acompañar a los detenidos. Nunca más se supo de ellos. Irónicamente, es parte del 5% de casos que no pudimos resolver. –Con todo el poder que tuvo no lo pudo solucionar. –Lo he tratado de investigar sin resultados. A veces pasa así. Mi tía me pregunta todo el tiempo: “Rafita, ¿qué has sabido de mis hijos?”. Pero es un tema del que no me gusta hablar, en parte porque se puede cuestionar mi trabajo profesional. –¿Nunca nadie intentó ofrecerle información de sus familiares a cambio de algún favor? –No, porque esto no lo sabía casi nadie, sólo gente de mi círculo familiar más cercano.

 

JUECES –¿Hay jueces que pudieron hacer más para resolver los casos de DDHH? –No soy el más indicado para criticar a jueces, ellos son los dueños de la investigación. Nosotros sólo somos un órgano asesor. –¿Hubo presiones sobre el juez del caso Letelier, Adolfo Bañados? –Recibió muchas, sobre todo a nivel familiar. A mí me tocó investigar algunas y tuve que darlas a conocer al Gobierno porque, además, yo era su investigador escolta. –¿Fueron meses de mucha tensión? –Sí. De hecho, alguien arrojó en su jardín el arma que utilizó el hijo del general Manuel Contreras para asesinar a una persona, en una clara señal de provocación. Pero Bañados fue muy valiente y perseverante en el trabajo investigativo; aprendí mucho de él.

 

AMENAZAS –¿Fue un período complicado para investigar? –Recibí amenazas de muerte, envenenaron a mis dos perros e intentaron quemar mi casa. Fue muy complicado, porque ellos contaban con todos los medios. Y no me refiero al Ejército como institución, sino a ex agentes de las FFAA que estaban siendo investigados, algunos de ellos en servicio activo. Pero eso no impidió nuestro objetivo final. –¿Cuál fue la amenaza más directa que recibió? –Otro detective y yo fuimos amenazados de muerte por un ex director de la CNI, cuando lo entrevistábamos en su despacho.

 

Decretan arresto de generales (R) Miguel Trincado y Julio Salazar en caso Calama

Sábado 24 de noviembre de 2007   

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl 

Los procesamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a tres suboficiales (R). Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

Foto: Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. 

Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y tres suboficiales (R), fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, quien decretó además los arrestos de los encartados. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach.  

El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces  jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.  

El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general.  

Los otros tres procesados son los  suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos.  

Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.  

Mecánico confeso  

Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. “Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado”, dijo Aguirre en el proceso.  

Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo.  

“El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)”, dijo el comunicado.  

El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que “cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano”.  

Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos.  

Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.  

Primer episodio “Retiro de Televisores”  

El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército “Operación Retiro de Televisores”, la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres.  

La “Operación Retiro de Televisores” consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió “en los últimos días de 1975”.  

Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que “a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto”.  

A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo.  

El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.  

Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio. 

 

La causa que desató la guerra en Investigaciones El proceso por los desentierros en Calama fue el detonante de la pugna abierta en la Policía de Investigaciones. Quien desató la disputa fue el general Miguel Trincado, cuando estando en servicio activo visitó al director de la policía civil Arturo Herrera, para pedirle que ordenara cambiar un informe policial que en julio de 2005 le imputó responsabilidad en la operación por la cual ayer fue procesado. Oficiales de esa policía afirmaron en el proceso que instruye la ministra Pinto que el director Herrera intentó que el informe se alterara, pero se encontró con la oposición de los autores del escrito y de su jefe directo, el prefecto recién retirado Rafael Castillo. A partir de ese momento, se trabó una dura disputa entre Castillo y Herrera, lo que trajo diversas situaciones al interior de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos. En 2006, Castillo venía pasado a retiro por Herrera, pero el gobierno vetó esa disposición y repuso a Castillo en servicio activo. Este año, sin embargo, el gobierno no lo siguió respaldando y el director Herrera lo pasó a retiro

 

 

Jose Cabion asume Jefatura Nacional de DDHH de Policia de Investigaciones

Enviado por Pedro Alejandro Matta [e-mail]

24 de Noviembre de 2007

Arturo Herrera creó unidad de elite
Ex mano derecha del juez Guzmán asume nueva Jefatura Nacional de DDHH

Por  Jorge Molina Sanhueza

Se trata de José Cabión, quien tiene vasta experiencia en este tipo de investigaciones. Junto con indagar casos como la Caravana de la Muerte, la Colonia Dignidad, entre otras relacionadas con la DINA, fue el enlace de la Agencia Nacional de Inteligencia con la policía civil. Posteriormente, asumió como jefe de la Contrainteligencia, volviendo luego a la BAE.

El director de Investigaciones, Arturo Herrera, inició una nueva estrategia. Por esta razón, creó la Jefatura Nacional de Derechos Humanos, que será dirigida nada menos que por un viejo conocido de estas lides: José Cabión, ex mano derecha del otrora ministro Juan Guzmán Tapia, el primero en procesar a Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad.

La nueva unidad dejará de depender de la así de la Jefatura Nacional para el Crimen Organizado, que dirigía hasta hace algunas semanas Rafael Castillo, quien pasó a retiro con la conformación del nuevo alto mando policial de 2008.

Este nuevo énfasis implica, se indicó en fuentes institucionales, un nuevo impulso a la unidad y un reordenamiento de los recursos humanos, ya que todos los detectives que pertenecían a la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE), quedarán bajo la dependencia de Cabión. Asimismo, todos los policías que tengan la experticia en este tipo de investigaciones y que estaban repartidos en otras unidades serán “repatriados”.

La vuelta de tuerca dictaminada por Herrera se instala en el contexto institucional no sólo como una modernización, sino también como la reestructuración necesaria, luego de la disputa de poder interno que mantuvo con Castillo, que en definitiva determinó su salida.

Al tener rango de jefatura nacional implica que dependerá directamente de la Subdirección Operativa, lo que le granjeará nuevos recursos y mayor poder.

Fuentes gubernamentales comentaron a El Mostrador.cl que el tema derechos humanos es importante zanjarlo, pero con los procesos terminados y los hechos establecidos y los culpables condenados o absueltos.

Cabión tiene vasta experiencia en este tipo de investigaciones. Junto con indagar casos como la Caravana de la Muerte, la Colonia Dignidad, entre otras relacionadas con la DINA, fue el enlace de la Agencia Nacional de Inteligencia con la institución. Posteriormente, asumió como jefe de la Contrainteligencia, volviendo luego a la BAE.

Esta nueva unidad de carácter nacional será anunciada la próxima semana, como la estrella de la gestión Herrera para el 2008, quien, entre otros aspectos, ya tiene a su haber el mejoramiento el código de ética institucional.

Corte Suprema ordena auditoría externa a los dineros de Pinochet

Miércoles 21 de noviembre de 2007    

Lanacion.cl 

El máximo tribunal confirmó la revocatoria de los procesamientos a trece de los encausados originalmente por el juez Cerda, entre ellos cuatro hijos del ex dictador y su viuda. Juez Chaigneau recordó que el caso "riggs no está muerto".

Tal como se había anunciado, la Sala Penal de la Corte Suprema en un fallo unánime acogió trece de los quince recursos de amparo interpuestos por el clan Pinochet, entre ellos su familia, echando definitivamente por tierra los procesamientos dictados en contra de cuatro de los hijos del ex dictador y de su viuda.

El máximo tribunal estimó que correspondía acoger los recursos de amparos, y aprovechó además de instruir al ministro Carlos Cerda, a cargo del proceso, de realizar una auditoria contable a los dineros de Pinochet. El tribunal  precisa que dicha pesquisa debería quedar a cargo de una institución “independiente y de prestigio nacional” e incluso el presidente de la Sala, Alberto Chaigneau sugirió que esta responsabilidad podría recaer en alguna Universidad.

El mismo magistrado indicó, una vez conocido el dictamen, que en modo alguno esta resolución cierra el capítulo por las pesquisas de los dineros de Pinochet:  “Esta resolución no significa que el caso Riggs se muera”, sostuvo el juez.

En el fallo destacó también una prevención efectuada por el ministro Jaime Rodríguez, quien dijo que en el caso de Lucía Hiriart de Pinochet, Lucía Pinochet, Marco Antonio Pinochet, Jacqueline Pinochet, Verónica Pinochet, Oscar Aitken y José Sobarzo,  si bien se arguyó que no han sido interrogados sobre los hechos investigados, todos estos temas no corresponden ser analizados por la vía de un recurso amparo sino revisados en un análisis del fondo de las encargatorias de reo.

 

Corte Suprema: Sala Penal evaluaría criterio común para casos de DD.HH.

Enviado por Padro Alejandro Matta [e-mail]  

Jueves 15 de noviembre de 2007

 C. VALENZUELA, C. CARVAJAL 

Para el ministro Alberto Chaigneau, los fallos opuestos revelan la independencia de los tribunales.

La inquietud manifestada por diversos sectores ante los fallos contradictorios de la Sala Penal de la Corte Suprema en dos procesos de derechos humanos estaría instalada también entre los propios ministros que conforman dicho tribunal, quienes estarían dispuestos a buscar un criterio común con el fin de evitar resoluciones opuestas.

Así lo manifestó ayer el ex supremo y reconocido abogado penalista Enrique Cury, quien hasta el año pasado formó parte de la Segunda Sala del máximo tribunal, y quien dijo saber de la preocupación que existe entre sus ex compañeros sobre el tema.

"Uno de ellos habló conmigo; me dijo que estaban preocupados y tienen ganas de juntarse en la sala en una reunión de trabajo destinada precisamente a unificar criterios para que no siga pasando esto", dijo el penalista.

El pasado martes, el máximo tribunal hizo públicas dos resoluciones opuestas: una en que, aplicando la prescripción y desestimando los Convenios de Ginebra, absolvió a un militar (r) condenado por los homicidios de tres campesinos ocurridos en 1973, y otra en que validó dichos tratados y condenó a siete ex agentes del Comando Conjunto por el homicidio de un opositor al régimen militar.

Para Cury, ambos fallos son "contradictorios", lo que, a su juicio, se explica porque hay posturas distintas entre los integrantes de la sala, y en ocasiones "se producen mayorías ocasionales" cuando algunos de los ministros titulares no están presentes y el tribunal se conforma con abogados.

"La tendencia ha sido a no aplicar la prescripción. Pero normalmente los fallos han sido 3 a 2, por lo que basta que se modifique un integrante de la sala para que cambie el criterio", recordó el ex supremo.

"Ésa es la ventaja de la independencia de los tribunales", dijo por su parte el ministro Alberto Chaigneau, quien preside la Sala Penal, al ser consultado al respecto.

"Así es la justicia, siempre para un lado y para otro", agregó, junto con afirmar que a su juicio ello no daña la imagen internacional de los tribunales chilenos.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en los dos casos, enfatizó lo grave que resulta que un ministro vote de forma completamente distinta en ambos fallos. "En uno acoge entusiastamente que en Chile no hubo guerra interna, y por lo tanto no aplicó los Convenios de Ginebra, y a renglón seguido suscribe un fallo en que sostiene que en Chile hubo guerra interna y que por lo tanto hay que aplicar los Convenios", explicó.

Kunsemüller, ¿el sucesor de Chaigneau?

El nombre del ministro Carlos Kunsemüller es el que más se escucha en los pasillos de tribunales, a la hora de conversar sobre quién reemplazará en la Segunda Sala Penal a su actual presidente, Alberto Chaigneau, cuando éste se aleje del Poder Judicial, el próximo primero de enero.

Kunsemüller es conocido como un destacado penalista y docente, por eso que muchos abogados ven con buenos ojos su llegada. El propio magistrado ya ha manifestado su interés en ocupar un puesto.

En derechos humanos, tiene una postura muy similar a la del ministro Chaigneau. No es partidario de aplicar la amnistía ni la prescripción, por los Convenios de Ginebra.

Al ministro Kunsemüller -antes de asumir como supremo- le tocó integrar la Sala Penal cuando faltaba alguno de sus titulares, por lo que ya se ha pronunciado del tema de derechos humanos. Por eso, los abogados creen que con la salida de Chaigneau no variará mucho la postura en esta materia.

 

Sala Penal de la Suprema aplica prescripción en caso de desaparecido

Enviado por Pedro Alejandro Matta [e-mail]

13 de Noviembre de 2007

Podría marcar nueva tendencia

Por  Jorge Molina Sanhueza

En fallo dividido, desestimó Convenios de Ginebra. Se señala que el juez debe aplicar la sana crítica para acreditar la muerte de una persona, cuyo cuerpo no fue encontrado. Ministro Chaigneau, cerebro de la teoría del secuestro permanente -que no participó de este fallo- deja la judicatura en diciembre por lo que un nuevo criterio podría estar ad portas.

La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema aplicó la figura de la prescripción, por tres votos contra dos, en un proceso por desaparición de Luis Vidal Riquelme y homicidios calificados de Cesáreo Soto y Rubén Acevedo y absolvió al militar condenado por sus muertes, José Basilio Muñoz.

El dictamen si bien no es el primero de su tipo, se instala como una señal de cómo podría modificarse el criterio de este tribunal a partir del próximo año, ya que el ministro Alberto Chaigneau, -que no participó de este fallo- abandona el Poder Judicial en diciembre.

Su énfasis jurídico ha sido clave para aplicar la figura del secuestro calificado o permanente, tipo penal que ha permitido encarcelar a los agentes de la DINA y a otros militares involucrados en casos de violaciones de derechos humanos.

El fallo contó con las preferencia de mayoría de los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y el abogado integrante José Fernández, quien inclinó la votación, y por aplicar los convenios de Ginebra y confirmar las sentencias de primera y segunda instancia, los jueces Jaime Rodríguez Espoz y Hugo Dolmestch.

Básicamente el dictamen sostiene que pese a que Vidal Riquelme es un detenido desaparecido, iba en la misma patrulla militar con Soto González y Acevedo Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en los días posteriores al golpe del 73 en el río Loncomilla.

“Que si bien es efectivo que los hechos de los que fue víctima Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez se tipificaron como constitutivos del delito de secuestro calificado, desde que su cuerpo no ha sido habido hasta la fecha, su identidad y muerte están suficientemente acreditadas en autos. En efecto, para comprobar el hecho de la muerte, las normas del Libro II del Código de Procedimiento Penal no son exclusivas, pues aún cuando no medie el hallazgo del cadáver de la víctima y la consiguiente autopsia, puede recurrir el juzgador a otras circunstancias fácticas de las que emanen presunciones para arribar a la convicción de su acaecimiento”, dice el fallo. Para los abogados de derechos humanos, lo peligroso de este razonamiento jurídico es que, tanto para los homicidios calificados, es decir cuando el cuerpo ha sido encontrado, como para los desaparecidos, podría comenzar a regir un criterio de impunidad.

Poder de facto

Los ministros del voto de minoría, en tanto, estimaron que los presupuestos de los Convenios de Ginebra son aplicables en este caso, debido a que Chile se encontraba en un estado de guerra interna.

“Si valiéndose de la superioridad de la fuerza se consagró un estado de guerra para facilitar la lucha contra los que se oponían al gobierno de facto, hay que estarse también a las consecuencias que se siguen de haber quebrantado la normativa que regula lo conflictos bélicos en relación con el tratamiento de los combatientes, a los que ya no se podía considerar como delincuentes comunes y, mucho menos, hacer víctima de represiones brutales como aquellas de que dan cuenta los antecedentes de este proceso. Una de las mencionadas consecuencias es, precisamente, la prohibición de auto exoneración por los crímenes de guerra que se hubieren cometido en esas circunstancias, contemplada expresamente en los Convenios de Ginebra”, se escribió.

El futuro de la Sala Penal es hasta ahora incierto en lo que será su conformación para el próximo año. En los pasillos de tribunales se comenta que uno de los que podría asumir es Carlos Kunsemuller, un destacado penalista.

Abogados de derechos humanos comentan que este nombramiento podría eventualmente inclinar la balanza hacia sus interés, pero en este período de cambio, donde el autor intelectual de la doctrina del secuestro calificado -Chaigneau- deja su puesto en al máximo tribunal, cualquier previsión es incierta.