Derechos Humanos

Pinochet quería ''eliminar'' a Allende en 1972

Esta nota fue publicada el 14 de Noviembre del 2000  www.elmostrador.cl   Según se desprende de varios documentos de la CIA, el general Pinochet habría estado involucrado en los planes para un golpe de Estado para derrocar al Presidente Allende desde al menos 1972, y veía como las "únicas alternativas" la renuncia forzada del mandatario, o su "eliminación". Un informe de la CIA con fecha 27 de septiembre de 1972 cita lo siguiente: “Pinochet, antes un estricto constitucionalista, admitió renuentemente que ahora lo está pensando dos veces: que Allende debe renunciar o ser eliminado (‘únicas alternativas’). Pinochet (hombre de Prats) cree que Prats es un primer candidato para encabezar un nuevo gobierno, pero admite que si el golpe es liderado por oficiales más jóvenes (posibilidad remota), Prats no tendría ninguna posibilidad porque se le relaciona demasiado a Allende.” Más adelante, el informe señala que una fuente contó que cuando Pinochet viajó a Panamá para negociar la compra de tanques con el gobierno de EE.UU., habló con oficiales del ejército estadounidense que conocía “desde sus días en la Escuela de las Américas, y se le dijo que Estados Unidos apoyaría un golpe en contra de Allende ‘con todos los medios necesarios’ cuando llegara la hora”. Otro documento de identificación de la CIA sobre Pinochet reseña sobre él: “Involucrado en la preparación de un golpe del general Alfredo Canales Márquez, Jefe del Estado Mayor del Ejército”. Un cable fuertemente censurado, con fecha 28 de septiembre de 1972, indica que la “cambiante actitud de Pinochet bien podría reflejar la nueva posición de Prats. Algunos oficiales han comentado recientemente que Canales estaba antes de su tiempo, y que Prats encabezaría un eventual golpe". Segundo en la lista Un informe de la CIA mencionó en 1971 a los oficiales del ejército chileno más propensos a oponerse al gobierno de Allende, según la opinión de una fuente no revelada. Pinochet era el segundo en la lista. El documento, con fecha 31 de agosto de 1971, enumera a ocho oficiales, pero el nombre del primero de ellos está tachado. La lista continúa con el general Augusto Pinochet, comandante de la guarnición de Santiago. Y sigue: - “Brigadier general Alfredo Canales Márquez, director de la Academia de Guerra; - Teniente coronel Dante Iturriaga Marchesse, comandante de Fuerzas Especiales; - Coronel Julio Canessa Robert; - Teniente coronel Roberto Souper Onfray, comandante del segundo batallón blindado (comanda todos los tanques en Santiago); - Coronel Sergio Víctor Arellano Stark, actualmente agregado militar en Madrid, pero quien volverá a Santiago próximamente, con destinación desconocida; y - Coronel Sergio de la Puente, comandante del Regimiento Buin”. El informe señala que "[censurado, probablemente el primero en la lista] tiene un control sólido sobre su unidad". "Canessa –agrega el documento- aunque está firmemente opuesto al régimen a nivel personal, no tiene el pleno control de su personal, algunos de los cuales han sido quemados por su asociación con el grupo del general [Roberto] Viaux". Al conversar sobre otros comandantes claves en la zona de Santiago, la fuente no revelada señala que “aún no tiene certeza sobre el Teniente coronel Carol Urzúa, comandante del Regimiento de Puente Alto, o del Coronel Carlos Ossandón, comandante del Regimiento de Tacna; este último es proclive a la Izquierda Cristiana, mientras que el primero se opone a todo partido político, pero ahora parece apoyar al gobierno”. El informe también indica que “los coroneles Héctor Orozco y Virgilio Espinoza, ambos oficiales de contrainteligencia en G-2 [censurado] se oponen al régimen. A ellos se agrega Pablo Montt Momberg..., coronel que pasó a retiro justo antes de la elección de Allende, previamente pro-Democracia Cristiana, ahora reúne información entre las Fuerzas Armadas”. Se señala que “no hay una planificación activa actualmente en curso entre aquellos en el listado del primer párrafo para montar un golpe, pero varios de ellos tendrían que cooperar para que un plan fuera realista. El único general con quien se puede contar sería Canales; Pinochet estaría a favor, pero le gustaría cerrar sus ojos ante los hechos”. En una ficha de identificación de la CIA sobre Pinochet, con fecha 11 de septiembre de 1973, se le describe como “el Comandante en Jefe del Ejército que encabezará el golpe".

Crece preocupación ante fallo de Montiglio en Caso Caravana

Presidente de la Cámara de Diputados y partido Comunista se sumaron a las críticas por la decisión del juez Víctor Montiglio de absolver al general (r) Sergio Arellano Stark y aplicar la amnistía a tres ex militares por el episodio Arica de la matanza.
 

Nuevas críticas recibió hoy la decisión del juez de fuero Víctor Montiglio de absolver en el capítulo Arica del Caso Caravana de la Muerte, al general (r) Sergio Arellano Stark y aplicar la Ley de Amnistía a los otros tres imputados en esta arista: los oficiales del Ejército (r) Luis Carrera Bravo, Odlanier Mena Salinas y René Bravo Llanos.
 

El Presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), pidió al gobierno apoyar y dar carácter de urgencia al proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad.
 

En un comunicado difundido hoy se establece que la solicitud del parlamentario surge en el contexto del fallo dictado por el magistrado esta semana contra los ex militares que estaban imputados como coautores de las muertes de los jóvenes militantes del Partido Socialista (PS) Julio Valenzuela Bastías, Oscar Ripoll Codoceo y Manuel Donoso Dañobeitía, ocurridas el 20 de octubre de 1973, en la cuesta Chaca, en la ciudad de la Primera Región.
 

Ante estos hechos, Leal solicitó al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que apoye y dé urgencia al proyecto legislativo que presentó el año pasado junto al diputado Juan Bustos (PS) con el fin de establecer que los crímenes de lesa humanidad no puedan ser favorecidos por la Ley de Amnistía ni sean prescriptibles, para garantizar así el pleno respeto de los tratados internacionales.
 

De acuerdo a Leal, con su decisión Montglio desconoce los tratados internacionales que están vigentes en Chile e incurre en un grave error jurídico al establecer que en Chile no hubo un estado de guerra y por ello no aplicar la Convención de Ginebra.
 

"En las Actas de la Asamblea General de la ONU y de la Comisión de Derechos Humanos de los organismos de los años pertinentes consta que la argumentación dada por los representantes del régimen militar para mantener presos y campos de detención fue siempre el que en Chile había un estado de guerra y por ello el Magistrado recurre a una simple ficción para establecer la amnistía y con ello la impunidad en los crímenes de la Caravana de la Muerte de Arica", precisó el presidente de la diputados.
 

La preocupación al considerar que este fallo "podría significar que en las causas de la Caravana de la Muerte de Copiapó, de Antofagasta y Calama -donde la responsabilidad del ex General Arellano Stark está acreditada (...)- pueda producirse una situación semejante y sean amnistiados los responsables de decenas de crímenes ordenados directamente por Arellano Stark".
 

Por ello, dijo, "es necesario legislar para impedir que un juez como Montiglio pueda establecer la amnistía o retipificar delitos y con ello aplicar la prescripción en crímenes como el de la Operación Colombo, la Operación Cóndor y otras de las grandes violaciones de los Derechos Humanos".
 

Por su parte, el Partido Comunista (PC), en voz de su presidente Guillermo Teillier y de la abogada de Derechos Humanos Julia Urquieta, calificaron la resolución de Montiglio como “ilegal e inmoral”
 

"Nosotros no estamos dispuestos a aceptar en este caso que se aplique la Ley de Amnistía. Sabemos además que en este caso está implicado directamente (el general en retiro Augusto) Pinochet, en las órdenes que se dieron respecto a la suerte de nuestros compañeros, así que esperamos que la Corte de Apelaciones y la justicia reviertan la aplicación de esta ley", aseveró el dirigente.
 

Asimismo, declaró que "nos parece también que esto contradice la opinión de la Presidenta de la República que ha dicho que no habrá impunidad en nuestro país", por lo que se requiere la búsqueda de una solución "desde el Ejecutivo".
 

Julia Urquieta sentenció que este "es un fallo inmoral, porque no es posible que en nuestro país crímenes tan deleznables como éste pretenden quedar en la impunidad, y la jurisprudencia que pretende imponer el juez Montiglio esperamos que sea revocada por parte de la Corte de Apelaciones y posteriormente por parte de la Corte Suprema".
 

www.lanacion.cl

Discriminación

A. P. D. H.
(Eduardo A. Hidalgo)

"No se puede levantar a todos los borrachos que andan tirados por ahí". Esta frase era pronunciada por un ciudadano que expresaba el atroz pensamiento de una sociedad, que considera la posibilidad cierta de existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Alguien que mostraba con total impunidad su desprecio por el otro, ni tan sólo una mueca de mínima consideración o respeto, y mucho menos de solidaridad.
 

"Y si se hubiera muerto en el lugar sin que nadie lo hubiera llevado al hospital, ¿de quién era la responsabilidad?", le pregunté. La respuesta no tardó: "De él por supuesto, por ponerse en pedo… Nadie más tiene por qué hacerse cargo".
 

En oportunidad de cumplirse treinta años del golpe militar genocida del 24 de marzo de 1976, un párrafo de nuestro documento hecho público al respecto decía: "30 años en una ciudad, donde el olvido, el encubrimiento, el mirar para otro lado, la interpretación caprichosa de la política ha sido casi una constante. 30 años en que se ha sucedido la violación de derechos esenciales como el trabajo, la salud o la educación, y se han sumado las exposiciones e interpretaciones interminables de proyectos de gobiernos municipales que nos traían la solución y el cambio, y así estamos hoy. 30 años donde ha habido cuanto menos una incapacidad de hacer de la política la herramienta excluyente para la protección de nuestros derechos, y si embargo se han implementado acciones para el asistencialismo permanente, que habilita a la manipulación y aporta contra la dignidad de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. 30 años donde hemos visto y vemos aún hoy que son muchos los que siguen abonando a la teoría de la ’ciudad isla’. Esa en la que no pasa nada, donde prevalece el razonamiento encubridor de la prolijidad careta."
 

El dr. Gustavo De Salvo es agente médico del estado municipal local y coordinador de las Emergencias Médicas del 109. Por estos días, al escuchar la minimización o defensa de distintos funcionarios municipales de su conducta, al negar la asistencia a Antonio Tetriacof, "vergonzoso ciudadano indigente y enfermo alcohólico", uno no puede menos que confirmar la construcción social perversa en vigencia, expresada por el ciudadano mencionado al principio de esta nota y lo denunciado en el párrafo de nuestro documento.
 

Uno no ha perdido la capacidad de asombro. Tanta deshumanización, hipocresía y cinismo en danza en nuestra patria desde hace años no nos ha quebrado. La acción y expresión de los funcionarios que representan al estado municipal, demuestran que la Constitución no existe para ellos más que para la declamación y poco para el respeto de la misma en cuanto a sus ciudadanos, evadiendo la condición del Estado responsable ineludible e inexcusable de la defensa de los derechos de los mismos. Así, actúan como el dr. De Salvo, justificando lo injustificable de esa conducta. Es entonces que uno entiende cuánto discurso falso sigue proclamándose exigiendo responsabilidad a los demás para encubrir su propia irresponsabilidad, como en este caso el conjunto de los defensores-justificadores del dr. De Salvo.
 

El jueves 20 de abril presentamos ante la justicia local un pedido de investigación por estos hechos, que violan la Constitución Nacional y Provincial al igual que convenios y pactos incluidos en ellas. Esperamos una resolución ejemplarizadora no sólo para el involucrado en forma directa, sino también para el resto de los funcionarios superiores que lo han sostenido, más allá de los supuestos sumarios administrativos lentos, burocráticos y a la larga injustos para el ciudadano de a pie Antonio Tetriacof, indigente, alcohólico y marginado, que es lo mismo que decir violado brutalmente en sus Derechos Humanos esenciales por el Estado, pero también por el resto de la sociedad aborregada y silenciosa.

Eduardo A. Hidalgo es secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

El enigma de los restos del Patio 29

Opinión

Chile
Por: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)*
 

Podría ser errónea la identificación de todos los cuerpos de detenidos desaparecidos hallados hace 15 años en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Una semana después que el Servicio Médico Legal (SML) y el juez Carlos Gajardo convocaran -el 19 de abril- a los familiares de las víctimas para informarles que hubo error en la identificación de los restos de 48 de las 90 personas halladas en 1991, hoy ni siquiera existe certidumbre de que los 42 cadáveres restantes estén correctamente identificados, ni tampoco que todos los 48 tengan errores. El SML efectuó comparaciones de ADN mitocondrial de 90 restos con ADN de los familiares vivos de las víctimas, concluyendo que en 48 casos no existió correspondencia en el Acido Desoxirribonucleico.
 

El caos surgió después que el magistrado Gajardo, quien está a cargo del caso del Patio 29, descalificara el martes 25 el informe emitido el miércoles anterior por el servicio forense. ’Yo no puedo descalificar el primer peritaje sobre la base de lo que me dice el segundo. Tengo que escuchar a quienes participaron en el primero y quienes participaron en el segundo. [No hay] nada definitivo, absolutamente nada definitivo’, dijo. En buen castellano, significa que algunos cuerpos podrían estar ’bien identificados’ y otros no, pero ¿cuáles?
 

La presidenta Michelle Bachelet comisionó a la asistente social María Luisa Sepúlveda para que aclare la compleja situación y sus primeras palabras también relativizaron el informe basado en el ADN mitocondrial, al afirmar que las pruebas de ADN mitocondrial efectuadas por el Servicio ’no es concluyente’. Añadió que ’hay que estudiar otros antecedentes del proceso para que el tribunal determine si con esa única prueba se determina que no es la persona que está identificada’.
 

Ahora deberá hacerse de nuevo todo el trabajo de más de una década. Se efectuarán nuevos peritajes antropológicos forenses, se traerá a Chile a peritos internacionales expertos en identificación, se realizarán contramuestras con ADN nuclear en el extranjero y se apoyará a los familiares. ’Es mi decisión desarrollar un programa especial con el fin de saber exactamente la situación de las personas encontradas en el patio 29’, dijo Bachelet. ’Por eso, he nombrado a una representante especial que va a responder ante mí, que lleve a delante y garantice tanto el apoyo a los familiares como el fortalecimiento y el desarrollo del Servicio Médico Legal”, afirmó la Presidenta.
 

Líos cruzados

El trasfondo de la crisis de credibilidad más grave del servicio público forense está cruzado por una serie de conflictos secundarios: el Servicio ocultó a los jueces un informe pericial sobre una muestra de 27 cráneos evacuado en 2002 por la Universidad de Glasgow, mientras el director del servicio, Oscar Vargas, afirma que los magistrados, quienes tienen la última palabra en una identificación por razones jurídicas, decidieron por su cuenta ’quién era quien’, sin soporte científico, todo esto ante la condescendencia de autoridades políticas ansiosas por una solución rápida. Existen también rivalidades entre las autoridades actuales y anteriores del SML. Los barones de la clase política recibieron un inesperado festín para toda suerte de cuestionamientos y exigencias de ’responsabilidad política’ ante las cámaras de televisión, mientras el telón del fondo es el dolor impotente de los familiares que desean haya sanciones administrativas y judiciales, pero sobre todo que se identifique bien a sus seres queridos que perdieron por segunda vez.

Pero las consecuencias legales son también complejas, con implicancias jurídicas y económicas. Si no hay cadáveres, no hubo asesinato, sino secuestro. Los culpables que fueron procesados en innumerables juicios podrían quedar en el limbo por largo tiempo. Los familiares que cobraron indemnizaciones podrían tener problemas de otra naturaleza y quienes aún no perciben la reparación del Estado deberán seguir esperando. Y sobre estos aspectos, la comisionada Sepúlveda hizo una declaración críptica, un tanto extraña: ’Eso no vamos a poder resolverlo en el caso particular mientras no se establezca por vía judicial que esa identidad no corresponde. En este minuto ese proceso no ha llegado [...] Hoy día [esas personas] están oficialmente muertas, hasta que la justicia diga lo contrario’. Pero si esas personas no están muertas ’oficialmente’, la justicia jamás lograr lo contrario, es decir, revivirlas.

El affaire de la morgue puso en la picota a los últimos ministros de justicia, el independiente Luis Bates Hidalgo, en el gobierno de Ricardo Lagos; y el radical José Antonio Gómez y la DC Soledad Alvear, en la administración de Eduardo Frei. También están cuestionados los procedimientos del sistema público de medicina forense.

El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez denunció que “graves irregularidades” condujeron al error de identificación y demandó la designación de un ministro [de corte] en visita que investigue el error. El ministerio de Justicia designó a una fiscal que comenzó a trabajar. La Cámara de Diputados se apresta a constituir una comisión investigadora para establecer ’responsabilidades políticas’, una figura que la gente común poco entiende en qué consiste.

El ex tanatólogo del Servicio Médico Legal Luis Ravanal dijo que ’derechamente aquí hubo una política de ocultar la verdad, de detenerla en forma permanente, [...] no solamente con la negación de la información a los tribunales de Justicia, sino también con la exoneración de funcionarios’. El facultativo presentó al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, antecedentes relacionados con esas supuestas irregularidades, entre las que se encuentra una carta del 26 de noviembre de 2001 en la que varios médicos de la Unidad de Tanatología advirtieron deficiencias en el registro de los restos encontrados.

’No existía ningún tipo de control, y registro específico por osamentas, con excepción de los registros provenientes de la Unidad de Identificación a partir del 22 de noviembre del mismo año’, afirmó Ravanal. Agregó que existen datos relacionados con la ausencia de instrumental necesario y adecuado para la realización de peritajes en restos humanos y denunció mal manejo de fondos en el SML.
 

“Responsabilidades políticas”

Es un error centrarse en buscar responsables cuando se trata de buscar la verdad, dijo Enrique París, hijo del médico del mismo nombre que se encuentra entre los 48 restos cuya identidad fue cuestionada. La abogada de derechos humanos Pamela Pereira, a quien le correspondió abrir el Patio 29 como abogada querellante, en representación del obispo Sergio Valech y cuyo padre es detenido desaparecido, dijo que alertó al presidente Ricardo Lagos en 2005 sobre las irregularidades en las identificaciones. Añadió que el entonces primer mandatario se mostró conmovido, porque entre las víctimas se encuentra su amigo Enrique París padre. La abogada la pidió la destitución del director del SML y del ministro Bates. Cuenta que Lagos dijo: ’Lo voy a ver’..., ’tengo que verlo’, pero no hizo nada. ’Al final, los presidentes también están limitados por las realidades del poder, aún en cuestiones humanas que los afectan’, aseguró Pereira en el vespertino La Segunda del martes.

El ex ministro de Justicia y actual senador radical José Antonio Gómez dijo estar ’abierto a colaborar y no voy a eludir responsabilidades políticas’. Y añadió: ’Hay que tener cautela en la difusión de versiones sobre la identidad de los cuerpos... el ADB mitocondrial no es 100% seguro’. El ministro jubilado Juan Guzmán, quien adquirió notoriedad por ser el primer juez que procesó a Augusto Pinochet, causó revuelo el año pasado cuando dijo que haber sido presionado desde la oficina Gómez para suavizar su trato judicial al ex dictador.

Soledad Alvear, actual senadora DC y también ex ministra de la misma cartera, dijo que ’es delicado que se haya señalado categóricamente, antes de que se realicen los contraperitajes, que un número determinado de cuerpos no corresponde’. También aseguró que ’no ocultamos ninguna información..., me siento tranquila’.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) focalizó las responsabilidades políticas en los ex ministros de Justicia Bates y Gómez porque ’no tomaron medidas’, además responsabilizó al equipo que identificó y a los directores del SML y a otras autoridades en torno a no escuchar antes estas denuncias que se venían haciendo’.

Pizarro agregó que los familiares tienen conciencia de las dificultades para identificar osamentas, pero señaló que aún persistiría el error si el juez Sergio Muñoz no hubiera pedido la exhumación en marzo de 2005. Cuando Muñoz ascendió a la Corte Suprema fue sustituido en el caso por Carlos Gajardo. La dirigente protestó por la errática conducta del gobierno de Lagos, que toleró la mala identificación y a la vez indultó al principal asesino del dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre otros gestos que pudieron desembocar en un abortado proyecto de punto final, muy poco antes de concluir su mandato.

La vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, dijo que ’siempre hay responsabilidades políticas cuando una institución del Estado comete errores tan grandes’ y recordó que al ministro Bates le señalaron la necesidad de que se regularizaran los procedimientos y se tomaran las medidas que correspondía tomar. ’Sin embargo, no hubo ninguna reacción’.
 

Nomina de las 48 víctimas

Entre las 48 víctimas que estarían mal identificadas se encuentran los médicos Enrique París y Carlos Paredes, colaboradores de Salvador Allende apresados en La Moneda la misma mañana del golpe, el 11 de septiembre de 1973. Un caso que se hizo emblemático fue el de Fernando Olivares Mori, por el documental “Fernando ha vuelto”, de Silvio Caiozzi, obra de 1998 que registra el regreso de sus restos supuestos al hogar familiar y su emotivo velatorio y sepultación. El film de 31 minutos exalta el trabajo de los tanatólogos hoy cuestionados.

En la lista aparecen también los periodistas Ernesto Traubmann Riegelhaupt, comunista, nacido en Checoslovaquia, capturado cuando trataba de hacer funcionar un sistema de radio, y Sergio Contreras Contreras, periodista socialista, detenido en La Moneda. (Ver sus historias en Morir es la Noticia, http://shop.logos.it/users/carmona/html/ii.html).

Precisamente, el 20 de abril, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le dobló la mano al ministro Juan Fuentes Belmar al revocar la prescripción aplicada a nueve inculpados de efectuar exhumaciones ilegales de víctimas de La Moneda sepultadas secretamente en el Regimiento de Peldehue y trasladadas al Patio 29 en 1978. El hallazgo del Patio 29 ocurrió en 1991.

La corte invocó los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad y resolvió que “el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados”. Además, estableció que la remoción de los cuerpos fue el último eslabón de una cadena de acciones que se inició con la detención de un grupo de personas en La Moneda.

El magistrado Fuentes investigó las detenciones ejecutadas el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda en una causa sobre la llamada operación “Retiro de televisores”, que desenterró cuerpos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país. Fuentes consideró que exhumar los cuerpos de los prisioneros de La Moneda y sacarlos de Peldehue para arrojarlos al mar desde helicópteros o volver a enterrarlos en otros lugares, no podía ser considerado un delito de lesa humanidad sino una simple infracción al Código Sanitario.

Según la apreciación de Fuentes, las exhumaciones sólo fueron “un delito de exhumación ilegal tipificado y sancionado en el Código Penal con pena de reclusión menor en grado mínimo (61 días a un año) y multa de diez UTM”, equivalentes a unos 300 dólares. El magistrado había absuelto al ex jefe del Comando de Aviación del Ejército, general retirado José Darrigrandi, y a los militares retirados Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz. Los tribunales chilenos ventilan todos los días causas de derechos humanos por crímenes acontecidos hace más de 30 años.

Las 48 víctimas que estarían mal identificadas, según el informe de ADN Mitocondrial del Servicio Médico Legal, son las siguientes:

1.- Albornoz Prado Hernán
2.- Albornoz Prado Juan
3.- Avilés Jofré Oscar
4.- Carreño Calderón José
5.- Cádiz Molina Luis
6.- Castro Maldonado José
7.- Castro Zamorano Manuel
8.- Cofré Martínez Germán
9.- Contreras Contreras Sergio
10.- Dávila García Luis
11.- Del Canto Rodríguez José
12.- Duque Orellana Patricio
13.- Fernández Pavez Sergio
14.- Fonseca Faúndez Carlos
15.- Freire Medina José
16.- Gallegos Gallegos Juan
17.- Gutiérrez Ayala Daniel
18.- Gutiérrez Rivas Luis
19.- Guzmán Altamirano Carlos
20.- Jiménez Cortés Luis
21.- Largo Vera Luis
22.- Lazo Maldonado Luis
23.- Marambio Araya Oscar
24.- Maturana Valderrama Samuel
25.- Montero Montero Enrique
26.- Muñoz Bizama José
27.- Muñoz Contreras José
28.- Muñoz Muñoz Raúl
29.- Muñoz Peñaloza Mario
30.- Olivares Mori Fernando
31.- Paredes Barrientos Eduardo
32.- París Roa Enrique
33.- Pavez Henríquez Jorge
34.- Pérez Godoy Pedro
35.- Pincheira Núñez Héctor
36.- Ramírez Ramírez José
37.- Reyes Avila Carlos
38.- Rodríguez Lazo Daniel
39.- Rodríguez Riquelme Luis
40.- Serrano Galaz Roberto
41.- Sobarzo Sepúlveda José
42.- Sotelo Ojeda Jaime
43.- Toledo Garay Enrique
44.- Traubmann Riegelhaupt Ernesto
45.- Utreras Beltrán Juan
46.- Vargas Barrientos Pedro
47.- Zárate Alarcón Pedro
48.- Zúñiga Aguilera Francisco
  

EN ESTADO CRITICO SE ENCUENTRAN EN PRISION PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Grave deterioro físico experimentan en la cárcel de Angol –Novena Región- los prisioneros políticos Patricia Troncoso Robles, "Chepa" (36 años), y los hermanos Juan Patricio Marileo Saravia (31 años) y Florencio Marileo Saravia (27 años), al cumplir 44 días de una huelga de hambre completamente ignorada por las autoridades de gobierno, y silenciada por los medios de comunicación. El padre de Patricia Troncoso, don Roberto” “Troncoso, demandó urgente solidaridad pues su hija (36 años de edad, auxiliar de párvulos, ex alumna de Teología) muestra los efectos del ayuno con pérdida de peso, marcada debilidad y orina con rastros de sangre. Asimismo, un informe del doctor Patricio Guzmán Muñoz, del recinto penal de Angol señala que Juan Patricio Marileo Saravia ha perdido ya 14 kilos de peso, y padece mareos, adinamia y astenia. Con alarma, su esposa denunció que el sicólogo del recinto penal lo examinó para luego decirle al reo "Usted no merece la libertad". El lonko Cariqueo explicó que allí se vive directamente el racismo y repudio al pueblo mapuche. Gendarmería considera como muestra de mala conducta que los presos se nieguen a reconocerse como terroristas. Por tanto no certifica su buena conducta. Aunque hay presos que ya cumplieron la mitad de la pena, (Pascual Pichún, Aniceto Norín y Víctor Ancalaf, que no se plegaron a la huelga de hambre), no se les ha concedido la salida dominical ni menos la libertad condicional.

Movilizaciones de apoyo

En Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, que celebra el jueves 27 de abril sus cien años con una tocata en Portugal con Alameda a las 13 horas, dará un espacio a la solidaridad con la huelga de hambre. Y el viernes 28 se realizarán manifestaciones al mediodía frente a La Moneda, para exigir a la Presidenta Bachelet la libertad de los presos políticos mapuche.

La única mujer del grupo, Patricia Troncoso, es oriunda de Chillán Viejo, una activista de reconocido liderazgo que ha sido sometida a cinco procesos y declarada culpable sólo en el juicio en que se la encausó por incendio terrorista. En todos los casos las acusaciones han sido formuladas tanto por el gobierno (a través de un abogado del ministerio del interior) como por la Forestal Mininco. Cada vez que ella ha sido absuelta, el gobierno ha apelado considerándola miembro de una "asociación ilícita terrorista", pese a que el tribunal ha señalado que hablar de terrorismo implica acciones que conlleven desprecio a la vida humana, propia o ajena, lo que no ocurre en los hechos descritos en estos procesos.

Piden anular las sentencias

Un recurso de revisión de las sentencias de estos tres presos políticos mapuche, presentó la abogada Alejandra Arriaza el miércoles 26 de abril en Tribunales, acompañada por familiares y amigos de los prisioneros. El recurso, dirigido a la Corte Suprema, solicita anular la sentencia y ordenar la libertad inmediata de los recurridos. La movilización iniciada el pasado 16 de marzo en la cárcel de Angol demanda del gobierno el fin de la condena a diez años y un día, impuesta por tribunales chilenos como supuestos autores de "incendio terrorista" en el fundo Poluco Pidenco de la empresa forestal Mininco. A esta sentencia se suma el pago de la suma de 425 millones de pesos a la forestal.

Los incendios del año 1977

El fundo Poduco-Pidenco en que ocurrieron los hechos por los que se ha condenado a los mapuche, ocupa tierras que pertenecieron ancestralmente a comunidades mapuche cuyos territorios fueron "reducidos" en el siglo XIX, cuando el Estado chileno entregó títulos de merced sólo por el área correspondiente a viviendas y chacras, usurpando los grandes espacios ocupados para pastoreo, recolección, fuentes de agua y bosques. Sin embargo durante la reforma agraria, en el gobierno del Presidente Salvador Allende esas tierras fueron expropiadas y recuperadas por la comunidad.

Después del golpe de Estado, en 1977, los comuneros de Tricauco del fundo Podenco fueron desalojados y sus casas “fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol “. Esas son las tierras que los mapuche de Ercilla siguen reclamando como propias y que fueron adquiridas por Forestal Mininco entre los años 1982 y 1986.

“El vocero de los huelguistas”

Junto a la abogada Arriaza se encontraba el vocero de los huelguistas, longo José Cariqueo Saravia, de la comunidad mapuche José Guiñón de la comuna de Ercilla, novena región, a la que pertenecen también estos prisioneros políticos. Cariqueo fue recientemente absuelto de idénticas acusaciones y el tribunal sostuvo que no se pudo probar el carácter "terrorista" del incendio ni su participación en él. Parlamentarios y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, como CODEPU, la Comisión Etica Contra la Tortura, y el Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales, así como Moiura Millan, del Frente de lucha Mapuche y Campesino, de los mapuche del lado argentino, apoyaron la presentación del citado recurso y el rechazo de la aplicación de la ley antiterrorista a quienes luchan por reivindicaciones territoriales ancestrales de su pueblo.

“Fundamentos del recurso”

El recurso plantea que en Angol sólo hubo una “apariencia de juicio “, ya que no se probaron los cargos formulados ni se valoraron los medios de prueba, emitiéndose una sentencia que "podría hacer sido hecha por un infante de 7 años con un computador". El tribunal de Angol en su considerando décimo noveno, destinado a probar el carácter terrorista del delito imputado, "se limitó a hacer uso de las funciones computacionales de 'cortar' y pegar" para condenarlos, copiando textualmente el Considerando Décimo de una sentencia anterior dictada por el mismo Tribunal en el juicio oral seguido contra Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso, en abril de 2003. El recurso sostiene que esa sentencia es un documento no conocido en el proceso, hecho contemplado legalmente como causal válida de revisión si es de tal naturaleza que prueba la inocencia del condenado.

“Apoyo internacional”

A nivel internacional se está desarrollando una intensa campaña de solidaridad con los huelguistas de hambre, enfatizando que el gobierno chileno se niega a cumplir las recomendaciones formuladas por Rodolfo Stavenhagen, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos de los mapuche, en particular su derecho a un debido proceso. El experto rechazó la aplicación de la legislación antiterrorista, creada en tiempos de dictadura, a los luchadores sociales mapuche. En similares términos se ha expresado la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, luego del informe de una misión que estuvo en Chile como observadora de uno de los procesos contra presos políticos mapuche. El pasado 3 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en audiencia especial concedida en el marco de su 122º periodo ordinario de sesiones, recibió a una delegación integrada por el alcalde de la comuna de Tirúa y representante de la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche, Adolfo Millabur; el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander, y la abogada del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez quienes informaron sobre la situación que viven los presos políticos mapuche, entre otros aspectos.

El próximo viernes 28, Día Mundial de la Solidaridad con los presos políticos mapuche, se realizarán en capitales europeas y latinoamericanas de países con gran intercambio comercial con Chile, movilizaciones de apoyo a los huelguistas y repudio a la legislación antiterrorista.

Otras gestiones

La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche y organizaciones de derechos humanos, han emprendido diversas gestiones en Chile y el exterior. De parte del Ministerio del Interior no se ha expresado voluntad alguna de intervenir en la situación, por lo que los próximos pasos apuntan directamente a una intervención de la Presidenta Bachelet. Un indicio preocupante es que el nuevo gobierno no ha cambiado la política del Presidente Lagos en cuanto a la aplicación de la legislación antiterrorista a los luchadores mapuche. Recientemente el gobernador de Ercilla, Rubén Quilapi, por instrucción del gobierno, presentó un recurso de nulidad de la sentencia absolutoria del lonko José Cariqueo, vocero de la huelga de hambre.

En cambio, sectores parlamentarios comienzan a involucrarse en el tema. Luego de visitar a los presos políticos en Angol, el senador Alejandro Navarro y el diputado Marco Enríquez-Ominami elaboraron un proyecto de ley de amnistía argumentando la aplicación errónea de la legislación antiterrorista a los mapuche. La iniciativa de los parlamentarios del Partido Socialista puede contribuir a visibilizar el tema en el Parlamento y la opinión pública, pero tiene nulas posibilidades de ser aprobada, ya que el elevado quórum requerido no se conseguirá pues los partidos de derecha nunca han votado a favor del pueblo mapuche.

Gracias por salvarnos la vida

DETENIDOS POLITICOS HOMENAJEARON AL OBISPO 

Por Edmundo Rosinelli
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“Gracias padre obispo Tomás González por ayudarnos a sobrevivir, defender la vida, los derechos humanos, la libertad y la democracia. Por siempre gracias”, reza el galvano que los familiares de ex presos políticos de Magallanes le entregaron ayer al pastor.
 

A un mes de abandonar definitivamente Punta Arenas, fue este uno de los primeros homenajes para quien se la jugó por ellos y los ayudó en momentos tan difíciles, como la detención y apremios sufridos en los campos de concentración durante la dictadura militar.
 

“Este era un acto muy esperado por los presos políticos y sus familiares, en favor del padre obispo por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, dijo un emocionado Baldovino Gómez.
 

Y quisieron hacerlo en dependencias del obispado, “porque esta fue la casa donde tantas veces vinimos nosotros y nuestros familiares”.
En el reconocimiento también mencionó al padre Alejandro Goic, que, junto a Tomás González, después de septiembre del ‘73 “fueron importantes en aliviar y evitar muchas otras desgracias”.
 

En la sencilla ceremonia Nelso Reyes agradeció a nombre de los ex presos políticos la acogida que siempre les entregó el sacerdote y la tan importante ayuda “para transformar el llanto en esperanza”. Esto, dijo, jamás lo olvidarán y en ellos permanecerá el recuerdo de un obispo que supo acogerlos en momentos tan dolorosos.
 

Sandra Báez protagonizó en los presentes un momento muy especial y emotivo cuando interpretó, a capella, el tema Libertad, de conocida interpretación de la griega Nana Mouskouri. Este momento emocionó al pastor y a los asistentes, que en coro terminaron acompañando a la esposa de Baldovino Gómez.
 

“UNA PALABRA QUE SALVO A MUCHOS”
 

Un agradecido obispo emérito Tomás González recordó que siempre quiso ayudarlos por sentir que estaban privados de derechos tan fundamentales como la libertad y la democracia.
 

Una anécdota, tal vez nunca contada públicamente, fue la que le ocurrió cuando estaba a cargo de la Pastoral del Exilio.
Atendió a cientos de chilenos que eran expulsados de Chile y llegaban a buscar asilo a otros países, como Noruega y Suecia. Pero a estos lugares también arribaban personas de otras nacionalidades.
 

En una ocasión, cuando Tomás González estaba interviniendo a favor de un grupo de exiliados chilenos, en Noruega, frente al ministro de Migración, éste se le acerca para decirle que tenían un problema.
 

“Acaba de llegar un buque de la Cruz Roja Internacional y vienen muchos chilenos. Estamos decididos a darles asilo político, pero tenemos que saber quiénes son”, le dijo el ministro.
 

Y se dirigieron al puerto de la capital, en Oslo. “Al llegar me encontré con hermanos de muchas partes a quienes les entregué un pequeño saludo en inglés y otro en español”, recordó el obispo.
 

Pero cómo hacía para saber quiénes eran compatriotas. Muy fácil. Les dijo a viva voz: “queridos chilenos, estoy seguro de que todos saben decir huevón”. Después de pronunciar este chilenismo todos corrieron a formar una sola fila y gracias a esto recibieron asilo político en Noruega.
 

El ministro preguntó qué les había dicho para que la gente se moviera tan rápido. Como no podía traducir textualmente, le respondió, “es una muletilla que en Chile se usa mucho”.
 

Muy bien, asintió el ministro. “Entonces todos tienen asilo político”, le dijo al pastor. “Esa palabra salvó a muchos hermanos”, recordó monseñor González Morales.

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Desaparecido que inspiró documental fue erróneamente identificado

“Fernando ha vuelto”, de Silvio Caiozzi, impactó en 1998 al narrar la historia del detenido desaparecido Fernando Olivares Mori, exhumado del Patio 29 e identificado por el SML. Ahora sus restos deberán ser desenterrados por segunda vez y sometido a nuevas pericias para determinar su identidad.

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Cuando en 1998 el cineasta Silvio Caiozzi presentó su documental “Fernando ha vuelto”, su trabajo fue percibido como una intima mirada al esfuerzo por identificar los restos de los escasos detenidos desaparecidos que han sido recuperados, con el único objetico de permitir el duelo de los familiares que, sin el rito del adiós, no tendrán descanso.
 

Entonces nadie se imaginó que ocho más tarde el protagonista de esta historia tendría que ser desenterrado por segunda vez, y ser sometido a una nueva oleada de pericias para determinar su verdadera identidad. Mucho menos que su familia sería sometida a este nuevo y desgarrador dolor.
 

Pero en la tarde de ayer el nombre de Fernando Olivares Mori figuraba en la lista de 48 cuerpos del Patio 29 del Cementerio General que fueron erróneamente identificados por el Servicio Médico Legal, y su familia recibió la noticia de boca de las propias dirigentas de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.
 

Hoy, 24 horas después de esta dura confirmación, el documental se aparece ante los ojos de sus espectadores como la mejor prueba del enojo que ha causado este episodio, pues en sus 31 minutos de duración narra cómo dos médicas forenses, encargadas de la Oficina de Identificación del Instituto Médico Legal, determinan la identidad del cuerpo.
 

Las profesionales muestran entonces la técnica utilizada para identificar a Fernando Olivares, un chileno de 27 años de edad, funcionario de un organismo dependiente de las Naciones Unidas, que desapareció en manos de los agentes del dictador Augusto Pinochet el 5 de Octubre de 1973.
 

Después de cuatro años de trabajo, las peritas afirman que han establecido fehacientemente la identidad de Fernando y le presentan los restos a su viuda, para comunicarle de manera oficial las causas de su muerte.
 

“A través de sus imágenes, el documental es testigo del impacto que el retorno de Fernando causa en su familia: su hijo, sus hermanos y su madre. Su testimonio ilustrará hasta qué punto el dolor humano carece al fin de color político”, reza la reseña del español Centro Virtual Cervantes, dejando ahora abiertas más preguntas que respuestas sobre la identificación de todos los cuerpos que han sido encontrados.
 

Patio 29: el dolor de verlos desaparecer dos veces

Con dolor, impotencia, y mucha rabia. Así reaccionaron los familiares de detenidos desaparecidos que concurrieron anoche a la Casa de la Memoria para ser notificados de la errónea identificación de 48 osamentas encontradas en las fosas comunes del Patio 29 del Cementerio General.

Por Alejandra Chacón www.lanacion.cl ¡No era, no era! El fantasma del denominado Informe Glasgow, que en 1994 sembró dudas sobre la certera identificación de los restos de los detenidos desaparecidos encontrados en 1991 en el Patio 29 del Cementerio General, cobró vida ayer para revivir el dolor de 48 familias que, después de enterrar a sus deudos, deben asumir ahora, por segunda vez, que están perdidos.

El trauma por las muertes, apenas enfrentado con los entierros y el duelo que sobrevino casi 30 años después del golpe militar, revivió ayer su lado más amargo cuando 48 familiares fueron notificados de que lloraron sobre una tumba de una víctima que les era extraña.

De allí el dolor, la rabia y la impotencia que sentía el centenar de familiares de las víctimas que llegó hasta la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para conocer la nómina de los restos mal identificados a causa de un error del Servicio Medico Legal que, recién este miércoles, confirmó el director de ese organismo Óscar Vargas.

En medio de la luz de velas y focos de televisión, por un inesperado corte de la energía eléctrica, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, fue la encargada de confirmar a las familias la amarga noticia de que volverán a abrir sus heridas, a vivir otra vez la pena de no saber el paradero de sus padres, hijos, hermanos o esposos.

“Con mucho dolor hemos recibido la noticia que de un total de 96 víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticos del patio 29, 48 identificaciones estaban erradas. Además, 37 de esas familias hoy no pueden asegurar que es su ser querido”, dijo en medio de una sala que se hizo pequeña, para la gente y para sus pedidos de justicia.

La AFDD aseguró asimismo que en los próximos días iniciará las acciones legales pertinentes. Pizarro aseguró que “vamos a exigir por parte de la autoridad que asuman toda la responsabilidad que corresponde como Estado en enfrentar la solución particular para el caso del Patio 29, que significa dotar de todos los recursos y de todas las disposiciones y voluntades políticas para conocer a la brevedad la identidad de aquellas familias que hoy no saben si a quien tienen es su familiar o no, para conocer a la brevedad el nombre de a quién corresponden esos detenidos desaparecidos que no son de sus familias y finalmente también vamos a exigir que la autoridad se haga responsable de esta negligencia, de esta falta de voluntad para escuchar a los familiares y para enfrentar el tema de las violaciones de los derechos humanos”.

Pero ni las disculpas pedidas por el director del SLM, que asistió ayer a la AFDD, pueden aplacar la desesperación y el desconcierto de los familiares. La dirigenta Viviana Díaz, dice que si bien valora el perdón expresado por Vargas, ello “no repara el daño provocado. Hoy hemos sido testigo de la expresión de cada uno de los familiares a los cuales les hemos tenido que entregar la terrible noticia de que su familiar pasa a ser nuevamente un detenido desparecido. Somos testigos de un enorme dolor que se les ha hecho a estas familias, y a las nuevas generaciones, a los nietos, bisnietos”.

“Dicen que se cometieron errores. Las disculpas siempre están, pero las disculpas no ayudan en nada. La disculpa agrava la falta, en este caso”, señaló a su vez Álex Díaz, hijo de uno de los detenidos desaparecidos que ahora se enfrenta al horror de tener que exhumar los restos que creía eran de su padre, Juan Carlos Díaz, ya que deberán repetir las pruebas para determinar con certeza su identidad.

Y precisamente aquí la palabra clave es “repetir”. Volver a perder, por una falla, a los seres queridos que ya una vez vieron partir en manos de agentes del Estado, que al alero del manto de impunidad que les brindaba la dictadura de Augusto Pinochet, les quitaron la vida y se rehusaron a aclarar su paradero.

El infinito ciclo del dolor

Pasaron casi 30 años hasta que en 1991, en los inicios de la recién recuperada democracia, las denuncias del vicario de la Solidaridad, Sergio Valech, dieron curso a las excavaciones en el Cementerio General que permitieron el hallazgo de las fosas comunes del Patio 29.

Según consta en el proceso judicial, se trata de 107 tumbas y en ellas se enterró a 126 personas. Los familiares de los detenidos desaparecidos debieron soportar entonces que Pinochet se burlara del penoso encuentro de más de un cuerpo por tumba, afirmando con sarcasmo “¡pero qué economía más grande!”.

Y luego debieron aguardar aún más hasta que se les informara que 96 osamentas habían sido identificadas, y esas cajitas con lo que quedó de los suyos les fueran entregadas para terminar con la angustiosa búsqueda.

Pero todo ello quedó en nada. Después que los restos fueron devueltos a las familias, y éstas por fin pudieron silenciar su dolor con el rito mortuorio ya no tienen ninguna certeza.

Y ese otro compañero asesinado podría ser cualquiera, y todos los familiares de las víctimas lloran y vuelven a soñar, y a los sobrevivientes les cuesta resistir el daño que ha causado ese Estado que se llevó a los suyos con vida y ahora se equivoca al devolverles sus cuerpos...

INFORME GLASGOW El Informe Glasgow dio cuenta en 1994 del resultado de las pericias que efectuó el doctor de esa universidad escocesa, Peter Vanezis, en virtud del contrato que efectuó el Servicio Medico Legal con esa casa de estudios para colaborar en la identificación de los restos del Patio 29. La duda nunca dejó de rondar en el SML. El 14 de enero de 2002, la abogada Pamela Pereira recurrió a la Fiscalía de la Corte Suprema para denunciar irregularidades en los procedimientos del organismo forense sobre la identificación de víctimas del patio 29. En esa época se descubrió que el servicio había omitido entregar a los tribunales las conclusiones a las que arribó Vanezis en 1994, luego de periciar 27 cráneos y partes de las osamentas del Cementerio General y contrastar sus resultados con las identidades que preliminarmente había realizado el instituto forense nacional. En junio de 2003, la fiscal de la Suprema Mónica Maldonado confirmó que el SML omitió dicho informe, pero que en ello no hubo faltas funcionarias ni delitos. Como descargo, las autoridades del organismo cuestionaron su valor científico y la tardanza en la entrega de dichos resultados por parte de la Universidad de Glasgow.

DIRECTOR DEL SML

A diferencia de Pamela Pereira, abogada de derechos humanos que pidió la renuncia del director del Servicio Médico Legal, la AFDD plantea que el tema no debiera ir en esa dirección.

“No nos parece que se deba centrar en la renuncia del director. Porque es muy fácil que el tema se centre allí y no avancemos en la investigación de las negligencias cometidas al interior del SML cuando fueron entregadas las osamentas, y que también tienen que ver con la necesidad de conocer quienes fueron los ministros y las autoridades de gobierno que no escucharon nuestras demandas en su momento", señaló Lorena Pizarro, apuntando a la responsabilidades de los personeros de las anteriores administraciones de la Concertación

“No quisiéramos que la solución que se encuentre para esta tremenda y brutal información sea: ‘se despide el director del SML y aquí no se informa más porque aquí esto concluyó’”, explicó la dirigenta.

La abogada Pereira, junto con pedir una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar el caso, cuestionó a Vargas por el compromiso administrativo y político que tiene ante semejantes errores. Criticó la falta de competencia del director del SML para ejercer el cargo y desechó sus disculpas. “Los perdones que pide Vargas ahora simplemente para mí no son nada. Que vaya a la Iglesia...”, espetó.

Mientras, Vargas desmintió durante la jornada los rumores que indicaban que había presentado la renuncia. Por la tarde, tras concurrir a la reunión en la Casa de la Memoria, se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.