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Centros Chilenos en el Exterior

Derechos Humanos

En julio estará listo catastro de lugares usados como centros de tortura


Se trata de un trabajo que considera un total de 515 inmuebles de propiedad fiscal que fueron usados durante el régimen militar como centros de detención y tortura. Para la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, la existencia de este material es un aporte del Gobierno a los compromisos de perfeccionamiento democrático en materia de derechos Humanos.

La ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, dio a conocer este viernes el avance del Catastro Histórico de Inmuebles Fiscales usados como lugares de detención y tortura entre 1973 y marzo de 1990.

Se trata de una especie de “mapa” de la represión, que contiene más de 500 sitios identificados con sus señas básicas y cuyo contenido estará disponible a través de Internet a fines del mes de julio.

Para la secretaria de Estado la existencia de este material es un aporte a los compromisos de perfeccionamiento democrático en materia de derechos Humanos.

“Hoy en día, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, estamos trabajando además en la preservación de la memoria histórica, a través de iniciativas como la creación del Instituto de Derechos Humanos, del Museo de la Memoria, y las que lleva adelante Bienes Nacionales, todas conducentes al mismo objetivo”, dijo la ministra Schmidt.

En ese sentido recalcó que los gobiernos de la Concertación han realizado importantes esfuerzos en materia de reparación a las víctimas, de transparentar la verdad sobre los hechos ocurridos y de procurar una justicia cada vez más posible.

“Queremos que todo el país sepa qué pasó y dónde. El perfeccionamiento de esta información permitirá establecer un mapa de la distribución territorial de la represión, la focalización de la misma y las peculiaridades de los entornos, lo cual posibilitará a su vez avanzar a futuro en la caracterización social del hecho represivo en el país”, destacó.

"Este proyecto de catastro histórico persigue dotar de otro significado a aquellos recintos donde se cometieron crímenes de lesa humanidad", detalló la secretaria de Estado, explicando que con ese fin cuenta con información básica de un total de 515 inmuebles de propiedad fiscal administrada.

Posteriormente, en los meses venideros, el Ministerio avanzará hacia un catastro que contenga además un historial de los hechos ocurrido en cada uno de ellos.

Este catastro es el primer paso para dar cabida a una Ruta Patrimonial de la Memoria que el Ministerio de Bienes Nacionales está elaborando. La idea, como lo explicó la secretaria de Estado, es señalizar el entorno de algunos de estos lugares, partiendo por la Región Metropolitana, para que puedan ser recorridos y reconocidos, sin que haya que intervenirlos directamente.

 

General Izurieta sostuvo "histórico" encuentro con familiares de detenidos desaparecidos

General Izurieta sostuvo "histórico" encuentro con familiares de detenidos desaparecidos

 El comandante en jefe del Ejército se reunió por cerca de tres horas con la agrupación y el ministro de Defensa para analizar la situación del general (R) Raúl Iturriaga.

Los familiares de las víctimas, sin embargo, se mostraron insatisfechos tras la cita, pues aseguran que Izurieta no manifestó "un rechazo abierto" a la actitud del prófugo militar.

 

General (R) Raul Iturriaga Neumann (Profugo)

El comandante en jefe del Ejército chileno, general Oscar Izurieta, se reunió hoy durante tres horas con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en un inédito encuentro que sin embargo dejó insatisfechos a estos últimos.

La reunión, en la que participó también el ministro de Defensa, José Goñi, tuvo como tema central la situación del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, que está prófugo desde el pasado 11 de junio tras negarse a cumplir una condena por violaciones a los derechos humanos.

El ministro calificó de "histórico" el encuentro, el primero entre un jefe del Ejército y la agrupación que aglutina a los familiares de los 1.197 detenidos desaparecidos que dejó el mandato de Augusto Pinochet.

Goñi añadió que la reunión, solicitada por la AFDD, es "un gesto más de normalidad democrática" y valoró "la profundidad del diálogo que se dio".

Iturriaga Neumann fue sentenciado a cinco años y un día de prisión por la desaparición, en 1975, del izquierdista Luis Dagoberto San Martín.

El ex militar, que envió desde la clandestinidad un mensaje en el que se declara en rebeldía, está procesado además por el asesinato del ex jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, que murieron víctimas de un atentado el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde vivían exiliados.

En relación con Iturriaga, la AFDD pidió ayer al Ejército que investigue si ha recibido apoyo de personal en servicio activo.

Sin embargo, después de la reunión de hoy, las dirigentes se declararon insatisfechas pues el general Izurieta, según dijo a los periodistas la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, no manifestó "un rechazo abierto" a la actitud del prófugo militar, que califican de "peligrosa".

También lamentó que el jefe castrense no hubiese dado una respuesta concreta a la demanda de que el Ejército deje de financiar a los abogados de los militares imputados por violaciones a los derechos humanos.

Según Pizarro, el jefe del Ejército al respecto sólo les señaló que el tema "estaba en estudio".

El ministro de Defensa, en tanto, afirmó que el Ejército dejó en claro que no había ningún funcionario castrense involucrado en una red para proteger al prófugo, y añadió que Izurieta reiteró lo que señaló en una declaración anterior, en cuanto a que la institución condena esta situación.

Goñi destacó su "convicción y disposición" para seguir avanzando en la relación entre el Ejército y la AFDD, en la que a su juicio, este miércoles se marcó "el inicio de una nueva etapa".

IMAGEN DEL PAIS
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, también se refirió hoy a la situación de Iturriaga Neumann señalando que su figura "no tiene la más mínima importancia" para la imagen exterior de Chile.

Tras participar de la inauguración de la Conferencia Internacional de Memoria y Democracia, Van Klaveren señaló que "este tema no ha estado presente (en la conferencia), la situación del señor Iturriaga es una situación importante, desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia, pero es un tema muy menor (en el contexto de la imagen internacional de Chile)... el señor Iturriaga no tiene la más mínima importancia".

El subsecretario agregó que lo "que si es importante, es que él formó parte de un régimen que violó masivamente los Derechos Humanos, y que en Chile se está haciendo justicia, y que nadie puede estar al margen de ella; pero (la situación del general retirado) no ha sido un tema de tratamiento de este seminario".

El gobierno realiza un monitoreo constante y se mantiene informado de las pesquisas que realiza la policía de Investigaciones para dar con el paradero del general (R).

Según informó La Tercera hace unos días, las indagaciones se concentran en la Quinta Región, específicamente en los balnearios de Maitencillo y Zapallar. Paralelamente el fin de semana las distintas unidades de Carabineros recibieron el encargo para detener a Iturriaga lo que contempla además informar de inmediato al alto mando.

 

 

Iturriaga reclama derecho que nunca concedió

Iturriaga reclama derecho que nunca concedió

El “indebido proceso” que tuvo Dagoberto San Martín

El joven mirista Dagoberto San Martín fue tomado prisionero, torturado y hecho desaparecer en 1974 sin que se le respetara ninguno de los derechos que hoy apasionadamente reclama el prófugo militar (R).

Foto: Dagoberto San Martín fue detenido en diciembre de 1974 y su rastro se perdió desde el recinto conocido como “Venda Sexy” donde fue visto en muy malas condiciones por al menos nueve testigos.

La Nación

Soraya Rodríguez

Con su nueva imagen, demacrado, con barba descuidada y que mantuvo la mirada dura y lejana, el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, argumentó que se rebelaba al fallo judicial que lo condenó a cinco años de prisión (por la desaparición en 1974 del mirista Dagoberto San Martín) por no haber sido respetado su derecho a “un debido proceso”. Su declaración la hizo a través de un video que transmitió la TV abierta y ayer sus ex compañeros de armas le brindaron su “apoyo moral”.

La frase caló profundo en quienes pasaron por el cuartel “Venda Sexy”, donde operó el militar (R) como jefe de la brigada Purén de la DINA y a quienes, por cierto, nadie les respetó su derechos.

Así se puede leer en los “considerandos” de la sentencia dictada por el juez Alejandro Solís Muñoz el 9 de noviembre de 2004, que condenó a Iturriaga, como autor de secuestro calificado contra Luis Dagoberto San Martín Vergara, a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Condena que más tarde la Corte Suprema rebajó a sólo cinco años que debía cumplir a partir del lunes 11 de junio pasado en el penal Cordillera de Peñalolén.

EL PELUCA

En diciembre de 1974, Luis Dagoberto San Martín tenía 22 años, estudiaba en tercer año de Agronomía en la Universidad de Chile, le decían “El Peluca” por su larga cabellera y era reconocido militante del MIR en el campus Antumapu.

Allí también se ubica la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estudiaban Jorge Véliz y Claudio Cabello, que pololeaba con Ema Iribarren, quien arrendaba un departamento junto a María Inés Hidalgo en calle Roberto Espinoza, hasta donde a veces llegaba Dagoberto a visitar a Inés.

Las detenciones

El 6 de diciembre de 1974, dos personas que viajaban en una camioneta blanca, Chevrolet C-10, preguntaron en el domicilio de su madre por Dagoberto, diciendo que eran compañeros de carrera. No lo encontraron, pero siguieron rondando el sitio.

El 11 de diciembre, la amiga de Dagoberto, Carmen Holzapfel, fue detenida en su domicilio y al día siguiente se llevaron a Beatriz Bataszew, entonces polola de San Martín.

El 16, según el testimonio de Ema, estaba en un departamento de calle Roberto Espinoza con Diez de Julio, que compartía con sus amigas Alejandra Holzapfel y María Inés Hidalgo; la primera había sido detenida; ella estaba en el living y en un dormitorio estaban Alejandro Véliz y el novio de ella, Claudio Cabello. Golpearon a la puerta y al abrir se encontró con varios sujetos que portaban armas, algunos de civil y otros con uniformes de Carabineros. Los llevaron a los tres hasta una camioneta cubierta con lona; al día siguiente los trasladaron a otro lugar. Allí estuvo unos 5 días y la interrogaban preguntándole por sus actividades y por “El Peluca”, le aplicaban corriente eléctrica mientras permaneció desnuda en la llamada “parrilla” y por el lugar circulaba un perro al que le decían Volodia.

Jorge Véliz fue compañero de curso de Dagoberto San Martín en el Liceo de Aplicación y fue el primero en reconocer a Miguel Krassnoff a cargo del grupo que los detuvo.

Al día siguiente, en “Venda Sexy”, una persona malherida lo golpeó en la pierna y lo llamó “Oso”, entonces supo que era San Martín, ya que sólo lo llamaban así sus amigos del liceo. Dagoberto San Martín le dijo que no se preocupara porque él no diría nada.

VíCTIMA Y TESTIGO

En la declaración judicial entregada por Claudio Cabello, el 16 de diciembre de 1974, estaba estudiando con Jorge Véliz en casa de Ema, cuando fueron detenidos. Los llevaron primero a un lugar que sería Villa Grimaldi y de allí a calle Irán 3937 donde funcionaba el recinto de detención clandestino que fuera conocido como “Venda Sexy” por las aberraciones sexuales cometidas contra los prisioneros mientras estaban vendados.

“A los dos días llegó Luis Dagoberto San Martín y durmió cerca suyo; estaba en muy malas condiciones físicas, se notaba que había sido muy golpeado y no podía sostenerse de pie”, se lee en la sentencia.

Dagoberto había quedado de reunirse con su hermana Patricia, a las 14 horas del 17 de diciembre, en Grecia con Lo Encalada, pero nunca llegó.

Proceso indebido

Nueve detenidos en “Venda Sexy” reconocieron haber visto a Dagoberto San Martín en pésimas condiciones y que incluso le dio un paro cardiorrespiratorio, que lo llevaron a la clínica Santa Lucía y lo devolvieron a calle Irán, desde dónde “desapareció” para siempre.

Ninguno de los tres jóvenes secuestrados en calle Roberto Espinoza, torturados en “Venda Sexy” y amenazados luego por varios años, era militante de partido político alguno.

Ellos reclaman con desgarro contra la argumentación de Iturriaga de no haber tenido un debido proceso. La entonces polola de Dagoberto, Beatriz Bataszew, respira y dice: “hay que ser muy cara dura”. LN



“Venda Sexy”

El ex ministro del Interior y ex senador de la UDI Sergio Fernández declaró en 1979 que el inmueble de Irán 3937, en la actual comuna de Macul, llamado “Venda Sexy” o “la discoteque” no se había podido comprobar que fuera un recinto donde operaba la DINA.

Era una casa con una mirilla a la entrada, tenía una escalera, con un hall y en cada pieza había entre 15 y 20 personas, recuerdan testigos del lugar donde el fuerte fueron las vejaciones sexuales a hombre y mujeres. En el segundo piso estaba una sala de torturas, pero lo peor sucedía en el sótano.


Autoimagen omnipotente de los otros condenados

En la sentencia del juez Alejandro Solís por la desaparición de San Martín se declara que Miguel Krassnoff Martchenko y Gererado Urrich González (este último absuelto por la Suprema) no serán motivo de las medidas alternativas entre otras cosas porque sus informes señalan, en el caso del primero que:

“...dada la presencia de características como su disminuida capacidad de autocrítica, minimización de la influencia de antecedentes históricos familiares en la determinación de su conducta, la ausencia de conciencia del daño causado, la entrega de una imagen sobredimensionada y mejorada de sí mismo, el estilo devaluador y egocéntrico en sus relaciones interpersonales y la observación de un relato de tipo lógico-abstracto que delimita las actuaciones y responsabilidad en tercero... este tipo de funcionamiento social y sicológico afectaría su adecuación a figuras de control ajenas a su voluntad, mermando su permeabilidad ante la influencia de terceros, sin mediar además requerimientos de intervención externa ni motivación a un proceso de cambio”.

Y respecto de Gerardo Urrich González se agrega:

“resulta ineficaz dada la presencia de características de personalidad tales como déficit en la capacidad de autocrítica, dificultad para establecer vínculos comprometidos y una autoimagen omnipotente, elementos que lo hacen impermeable a intervención de un agente normativo externo... falta de compromiso emocional con el delito, con una evidente minimización de los hechos”.

 

General que huye...

•Familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes de los centros de tortura que dirigió el general (R) Raúl Iturriaga Neumann reaccionaron ayer en contra de los militares retirados que insisten en solidarizar con su subversivo compañero de armas.

•Los oficiales (R) realizaron fuertes críticas contra los jueces que instruyen procesos por violaciones de los derechos humanos acusándolos de prevaricación y de “sometimiento al poder político de turno”.

•La derecha, esta vez, guardó silencio. Parlamentarios de la Concertación entregaron una dura respuesta a las justificaciones a la fuga que levantaron algunos senadores y diputados de la UDI.

•Testimonios del juicio por la detención y desaparición de Dagoberto San Martín, delito por el que el militar en retiro está condenado a cinco años. de prisión, demuestran que el ex DINA nunca otorgó a sus prisioneros lo que hoy exige: un debido proceso.

 

 

Organizaciones de DDHH se enfrentan con milicos en retiro a salida del Club de la Union.

18 de Junio de 2007

Organizaciones de DDHH se enfrentan con ex militares por Iturriaga


Entidades llegaron hasta el Club de la Unión donde el Círculo de Oficiales en Retiro realizaba un conferencia de prensa para apoyar al prófugo general retirado.

Organizaciones de derechos humanos llegaron hasta el Club de la Unión donde el Cuerpo de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas ofrecía una conferencia para apoyar la actitud de rebeldía del general retirado Raúl Iturriaga Neumann, quien se encuentra prófugo de la Justicia, tras ser condenado por violaciones a los derechos humanos.

En primera instancia, la agrupación de ex militares, encabezada por el general (R) Jaime Núñez, entregó su "apoyo moral" a Iturriaga Neumann, quien el pasado lunes no se presentó a cumplir la sentencia a cinco años y un día de cárcel dictada en su contra por el secuestro calificado del mirista Luis Dagoberto San Martín.

En la oportunidad, Núñez calificó como una "ficción jurídica inexistente en el Código Penal" la figura de secuestro calificado usada por los magistrados, y que ha permitido aplicar condenas a los ex uniformados involucrados en la desaparición de opositores a la dictadura militar.

Más duro, sin embargo, fue el capitán (R) Román Balla, secretario de la entidad, quien repudió declaraciones como las del subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien calificó como un delincuente al prófugo ex uniformado, otrora jefe del Departamento Exterior de la disuelta DINA.

"(Expresamos nuestro) total repudio a las insolentes y desmedidas declaraciones de personeros de Gobierno y colaboradores de él, en el que han como delincuente a un prestigioso y distinguido general de la República, tratando de ponerlo a la altura de delincuentes comunes", afirmó.

Tras la conferencia, los ex uniformados fueron increpados por un grupo de manifestantes, entre los cuales había miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que desplegaron lienzos y carteles alusivos al prófugo militar retirado del Ejército, donde destacaban su carácter de "peligro para la sociedad".

Los uniformados en retiro aseguraron no tener información sobre el prófugo, e indicaron que debe haber voluntad política para modificar la aplicación de las leyes que están haciendo tribunales. Además de manifestar su defensa del mecanismo de la amnistía y prescripción de los crímenes cometidos durante el gobierno militar.

PC entrega carta al Ejército

Por su parte, la dirección regional del Partido Comunista entregó esta mañana una carta en la Comandancia en Jefe del Ejército en la que llamó a la institución a no colaborar de ninguna forma con el militar condenado por violaciones a los derechos humanos.

"No podemos dejar de manifestar que la imagen de este ex funcionario daña a la democracia, al estado y a las FFAA, ya que es la del cobarde, que fue capaz de sacrificar miles de vidas mientras estaban atadas, vendadas y hoy cuando tiene que enfrentar como hombre por sus actitudes, se esconde en la oscuridad del desacato como el más cobarde", señala la misiva.

 

Oficiales (R) injurian y calumnian a jueces que llevan causas de DDHH

Oficiales (R) injurian y calumnian a jueces que llevan causas de DDHH

Les imputaron el delito de prevaricar y apartarse de la Constitución y las leyes
 

En una enardecida rueda de prensa solidarizaron con el prófugo Iturriaga Neumann y justificaron las muertes y desapariciones argumentando que “en una guerra hay violencia”. De paso, dijeron que los únicos delincuentes fueron Allende y sus colaboradores.

Foto: Una verdadera encerrona debieron soportar los oficiales (R) que ayer apoyaron a Iturriaga y criticaron la labor de la justicia. Foto: Leandro Chávez

La Nación

Jorge Escalante

Organizaciones de oficiales y suboficiales retirados que respaldaron al prófugo ex agente de la DINA, y general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, acusaron a los jueces que instruyen procesos por violaciones de los derechos humanos y a los ministros de cortes que revisan sus resoluciones, de cometer el delito de prevaricación, “poniéndose al margen de la ley y la Constitución sometiéndose al poder político”.

Con ello sostuvieron que estos jueces y ministros, de acuerdo con lo que implica el delito de prevaricación, dictan resoluciones “a sabiendas de que son injustas”, negando de esa forma -afirmaron- que los militares cuenten “con un debido proceso”.

De paso acusaron de “insolente” al subsecretario de Interior Felipe Harboe “y colaboradores de éste que, aprovechando su transitoria posición de poder, han motejado como delincuente a un prestigioso y distinguido general de la República, tratando de ponerlo a la altura de delincuentes comunes, terroristas y pedófilos”.

UNA GUERRA

En una enardecida conferencia de prensa realizada ayer en su local de Alameda 1452, justificaron las muertes y desaparición de personas argumentando que “era una guerra y en la guerra hay violencia”, agregando que no se entregaron los cuerpos de los prisioneros lanzados al mar “porque no había condiciones para hacerlo”.

Representados por el general (R) Jaime Núñez Cabrera, el coronel (R) Haroldo Latorre Sánchez y el capitán (R) Renán Ballas, sostuvieron que “los verdaderos delincuentes” fueron el derrocado Presidente Salvador Allende y sus colaboradores “que ostentaban ilegítimamente el poder de la nación” a quienes las Fuerzas Armadas “desalojaron de La Moneda” el 11 de septiembre de 1973.

Errores jurídicos

Al repudiar la actuación de los jueces y ministros que procesan y condenan a sus camaradas de armas que estuvieron involucrados en violaciones de los derechos humanos, entraron no obstante en serios errores jurídicos.

Expresaron que los principales tratados internacionales invocados por jueces y cortes, que resguardan los derechos humanos y penalizan los crímenes de guerra y lesa humanidad estableciendo que éstos no prescriben por el paso del tiempo ni pueden ser amnistiados, “no están vigentes en Chile”.

Se les hizo ver por la prensa que, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, a los que aludían en sus argumentos, sí se encuentran firmados y ratificados por Chile y por lo tanto vigentes, el primero desde el 10 de mayo de 1972, la segunda desde el 10 de abril de 1975, y los terceros desde el 12 de octubre de 1950.

Incidentes

Familiares de desaparecidos y ejecutados que llegaron hasta la puerta del lugar de encuentro de los militares en retiro, para manifestar su repudio tanto al prófugo Iturriaga como a los conferencistas. A estos últimos los acusaron de asesinos y torturadores y luego enfrentaron en la calle a los oficiales convocantes, acorralándolos al interior de un local comercial y en los alrededores con puntapiés y escupiéndolos.

Al verse cercado en una zapatería, el capitán (R) Ballas pidió “reconciliación” y “unámonos como chilenos”. Por su parte, el coronel (R) de Ejército Sergio Angelotti Cádiz que también fue objeto de una encerrona, reaccionó respondiendo algunos puñetes y refugiándose después en la estación del Metro La Moneda.LN



Coronel (R) Latorre fue procesado por secuestro

Uno de los conferencistas, el coronel (R) Haroldo Latorre, fue denunciado por los familiares que protestaron frente al local como quien, al mando de una patrulla, el 23 de agosto de 1974 secuestró al alumno de la Escuela Industrial Cuatro Álamos de Maipú y militante comunista José Flores Araya, de 19 años.

Consultados archivos judiciales, Latorre Sánchez enfrenta procesamiento como autor del secuestro del estudiante, causa que instruye el ministro Alejandro Solís.

Latorre ordenó aquel día formar a los alumnos de la escuela y sacó de la fila al joven y se lo llevó detenido. En el libro de clases del 4º año A de 1974, quedó registrado que “el 23 de agosto de 1974, el teniente Haroldo Latorre retira al alumno José Flores Araya para interrogarlo”. La nota está firmada por el director de la escuela, Luis Figueroa.

Testigo de la detención fue el profesor del establecimiento José Alfaro Acuña, también arrestado. Ambos fueron llevados por Latorre a la Escuela de Suboficiales y desde allí trasladados a Villa Grimaldi. El joven desapareció y el profesor quedó en libertad seis días después.

A su vez, el coronel (R) Sergio Angelotti se encuentra en calidad de imputado (no procesado) en el episodio Curicó de la Caravana de la Muerte, por su calidad de comandante del regimiento de esa ciudad a septiembre de 1973.

Desde ese regimiento el general Sergio Arellano sacó a los GAP Wagner Salinas y Francisco Lara, ordenando su traslado a Santiago donde los mataron y tiraron sus cuerpos a la calle.

 

Corte Suprema 

“No me gustan para nada esas opiniones porque no creo que sea así”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, respondiendo una consulta por los referidos dichos proferidos ayer en contra de jueces y ministros por los conferencistas. Aludiendo al alegado no debido proceso de Iturriaga, el presidente dijo irónicamente “tengo entendido que son varias hojitas, donde el señor ha declarado como cualquier ciudadano y un Estado de derecho las sentencias se cumplen, pero simplemente el señor Iturriaga se fugó”.

Brigada Lautaro de la DINA habría usado gas sarín para eliminar a peruanos

www.elmostrador.cl

 18 de Junio de 2007

En cuartel de Simón Bolívar

Por  Héctor Cruzatt

Investigación que realiza el ministro en visita Víctor Montiglio en el caso Calle Conferencia reveló que mortal agente químico fue utilizado para experimentar con dos ciudadanos limeños detenidos en un operativo callejero. Aunque la identidad de las víctimas se desconoce, se estima que no habrían estado relacionados con la oposición a la dictadura.

La investigación en contra de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que participaron de la Brigada Lautaro revela cada vez hechos más atroces cometidos en la exterminación de opositores del régimen militar en el cuartel de Simón Bolívar 8630 y que se dedicó a la represión del Partido Comunista en el año 1976.

La investigación que realiza el ministro Víctor Montiglio Rezzio revela que los agentes del organismo, gran parte de los cuales está procesados, actuaron con impunidad para cometer graves delitos de violaciones a los derechos humanos afectando incluso a personas que no tenían relación con grupos opositores al régimen militar y que hasta ahora resultan desconocidos.

Uno de los últimos antecedentes agregados al proceso da cuenta de la experimentación que se realizó con el gas sarín en el cuartel de la DINA y revela que el agente químico fue utilizado para eliminar incluso a ciudadanos extranjeros detenidos en ese cuartel.

El testimonio de uno de los procesados reveló que a mediados de 1976 dos ciudadanos de origen peruano se encontraban detenidos en el cuartel Simón Bolívar, debido a las tensiones propias de la crisis diplomáticas con el país limítrofe, y que fueron utilizados como "conejillos de indias" por el químico Eugenio Berríos y el agente estadounidense Michael Townley que manjeban el agente tóxico.

Del destino de los peruanos nada se sabe y tampoco de quiénes eran, ya que los organismos de derechos humanos que trabajaron en dictadura nunca supieron de casos de peruanos que figuren como detenidos desaparecidos.

En tanto, el Informe de la Comisión Rettig sólo registra una persona del país limítrofe como víctima de la dictadura, el cantante Percy Arana, acribillado en 1984 en Avenida Santa Rosa a la salida de un local nocturno.

La revelación de la utilización del gas sarín en extranjeros se suma al hecho de que el propio Townley pudo haber sido víctima del agente químico al manipular por error la sustancia, cuando era inoculada a un opositor.

Los testimonios dan cuenta de que Townley comenzó a sentir los efectos del peligroso elemento, pero en ese momento la agente Gladys Calderón le inyectó un antídoto para salvarle la vida.

La utilización del gas sarín se suma a otros agentes químicos como el cianuro que era inyectado a los detenidos de ese cuartel y que fue utilizado por eliminar a personas como el subsecretario del Partido Comunista Víctor Díaz, padre de la dirigenta de familiares de Detenidos Desaparecidos Viviana Díaz.

Además, los agentes han revelado otros métodos de tortura como pasar vehículos por sobre las piernas de los detenidos para quebrarlas antes de eliminar o usar sopletes para quemar a los capturados y borrar huellas digitales de sus manos, que permitieran una eventual identificación de sus restos.

 

 

Crimenes de la Base de Talcahuano.

C O M U N I C A D O    P U B L I C O.

El próximo día Lunes 18 de Junio 2007 a las 09.00 horas será presentada Querella Criminal en los Tribunales de Concepción contra los autores materiales y los autores inductores miembros del Ancla 2 de la desprestigiada Base Naval de Talcahuano, por familiares de los cuatro compañeros del MIR de Tomé asesinados por miembros del Ancla 2 de la Armada de Talcahuano, el libelo acusatorio será  patrocinado por Nelson González ante el Ministro Carlos Aldana.

Los compañeros militantes del MIR de Tomé fueron detenidos el 27 de Septiembre en el sector llamado Buena Vista de Tomé y posteriormente trasladados a la   Base Naval y luego de ser sometidos a horrendas torturas es muerto en el Fuerte Borgoño Ricardo Antonio Barra Martínez y los otros tres sobrevivientes a estos flagelos Miguel Angel Catalán Febrero, Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz y Héctor Lepe Moraga son  ejecutados después de ser secuestrados desde la Cárcel de Tomé, simulando  una acción de rescate con un burdo montaje que nadie nunca creyó.

Treinta y cuatro (34) años hemos han debido de transcurrir para lograr la identificación de los criminales miembros de la Inteligencia Naval de Talcahuano. La Armada sistemáticamente ha ocultado información de sus responsabilidades en los delitos de Lesa Humanidad cometidos en nuestro país.  Hoy se encuentra ya en manos del Ministro Especial designado para acometer justicia en Concepción y el Lunes a serán presentadas las querellas a objeto pueda proceder a imputar y procesar y esperamos este Ministro se atreva a condenar finalmente a los malhechores de la Marina de Talcahuano.

A estos compañeros prisioneros de guerra se les negó el derecho a cumplir las condenas a que fueron sometidos tres de ellos que luego de ser Procesados en Juicios de guerra por la Fiscalía Militar efectuados en el primer Consejo de Guerra caratulado como Consejo de guerra Ancla Uno. La patrulla de entonces al Mando de un Teniente y varios Infantes  de Marina que se encuentran al fin identificados como los autores materiales deberán ser localizados por la Brigada de D.D.H.H. del Dpto. Quinto de Investigaciones y notificados por el Ministro para comparecer a declarar e individualizar a los autores inductores que dieron la orden de su asesinato sin respetar las propias reglas que habían resuelto con los Consejos de Guerra.

Invitamos a los medios y a todos quienes deseen acompañar a los familiares, allí estaremos para darles nuestro apoyo y solidaridad en la esperanza que estos crímenes no queden impunes. Nadie esta olvidado, nadie será olvidado hasta que el ultimo criminal pague.

Ex Prisioneros Políticos de Concepción.

 

Incumplimiento de sentencias internacionales

15 de Junio de 2007

WWW.ELMIRADOR.CL

Por  Felipe Portales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el año pasado al Estado de Chile por violaciones de estos derechos en dos casos específicos: el caso Claude Reyes y otros, el 19 de septiembre de 2006; y el caso Almonacid Arellano y otros, el 26 de septiembre de 2006.

En el caso Claude la condena fue por violación al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y por violación a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención. Estas violaciones están referidas a la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras a entregar información a Marcel Claude y al entonces diputado Arturo Longton, en 1998, respecto de un proyecto de inversión en el extremo sur del país; y a que los tribunales chilenos no aceptaran el recurso de protección correspondiente, presentado por los anteriores y por Sebastián Cox.

En el caso Almonacid la condena fue por violación a los derechos a la justicia consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención. Estas violaciones están referidas a la aplicación del decreto-ley de autoamnistía de 1978, en perjuicio del detenido-desaparecido Luis Almonacid Arellano.

El Gobierno chileno ha incumplido materialmente las diversas partes de ambas sentencias que a la fecha debió haber efectuado. En el caso Claude, debido a que luego del plazo de seis meses no le ha entregado todavía a las víctimas (Marcel Claude y Arturo Longton) las informaciones requeridas por la sentencia. Y a que si bien cumplió formalmente con la disposición de publicar en dicho plazo ciertas partes de la sentencia en un “diario de amplia circulación nacional” (en “La Nación” del 22 de enero de este año), la incumplió materialmente al escoger el matutino de circulación nacional que tiene, lejos, la menor circulación (1,56% de promedio diario, según el sistema de verificación de la Asociación Nacional de la Prensa); pero, sobre todo, porque las publicó en su sección de Avisos Económicos, con lo que prácticamente nadie se enteró de ellas.

En el caso Almonacid, debido a que también publicó las partes requeridas de la sentencia en la sección de Avisos Económicos de “La Nación”, del 13 de mayo de este año; con lo que, además, incumplió el plazo cerca de dos meses.

El virtual ocultamiento de dichas sentencias, por parte del Gobierno chileno, adquiere todavía mayor gravedad si consideramos que en un caso se trata de una condena por no entregar información pública y en el otro por denegación de justicia respecto de una persona detenida y luego desaparecida.

Estos incumplimientos confirman, lamentablemente, una política sistemática de los gobiernos de la Concertación (y para qué hablar de la dictadura) de falta de transparencia respecto de la información pública, la que también se ha visto dramáticamente reflejada en el último tiempo con el caso del Transantiago. Le añaden a esto un insólito engaño a la Corte Interamericana y al conjunto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y hacen surgir serias dudas acerca de la voluntad del Gobierno de cumplir efectivamente con el resto de ambas sentencias.

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Felipe Portales. Programa de Libertad de Expresión; Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI); Universidad de Chile.