Oficiales (R) injurian y calumnian a jueces que llevan causas de DDHH

Les imputaron el delito de prevaricar y apartarse de la Constitución y las leyes
 

En una enardecida rueda de prensa solidarizaron con el prófugo Iturriaga Neumann y justificaron las muertes y desapariciones argumentando que “en una guerra hay violencia”. De paso, dijeron que los únicos delincuentes fueron Allende y sus colaboradores.

Foto: Una verdadera encerrona debieron soportar los oficiales (R) que ayer apoyaron a Iturriaga y criticaron la labor de la justicia. Foto: Leandro Chávez

La Nación

Jorge Escalante

Organizaciones de oficiales y suboficiales retirados que respaldaron al prófugo ex agente de la DINA, y general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, acusaron a los jueces que instruyen procesos por violaciones de los derechos humanos y a los ministros de cortes que revisan sus resoluciones, de cometer el delito de prevaricación, “poniéndose al margen de la ley y la Constitución sometiéndose al poder político”.

Con ello sostuvieron que estos jueces y ministros, de acuerdo con lo que implica el delito de prevaricación, dictan resoluciones “a sabiendas de que son injustas”, negando de esa forma -afirmaron- que los militares cuenten “con un debido proceso”.

De paso acusaron de “insolente” al subsecretario de Interior Felipe Harboe “y colaboradores de éste que, aprovechando su transitoria posición de poder, han motejado como delincuente a un prestigioso y distinguido general de la República, tratando de ponerlo a la altura de delincuentes comunes, terroristas y pedófilos”.

UNA GUERRA

En una enardecida conferencia de prensa realizada ayer en su local de Alameda 1452, justificaron las muertes y desaparición de personas argumentando que “era una guerra y en la guerra hay violencia”, agregando que no se entregaron los cuerpos de los prisioneros lanzados al mar “porque no había condiciones para hacerlo”.

Representados por el general (R) Jaime Núñez Cabrera, el coronel (R) Haroldo Latorre Sánchez y el capitán (R) Renán Ballas, sostuvieron que “los verdaderos delincuentes” fueron el derrocado Presidente Salvador Allende y sus colaboradores “que ostentaban ilegítimamente el poder de la nación” a quienes las Fuerzas Armadas “desalojaron de La Moneda” el 11 de septiembre de 1973.

Errores jurídicos

Al repudiar la actuación de los jueces y ministros que procesan y condenan a sus camaradas de armas que estuvieron involucrados en violaciones de los derechos humanos, entraron no obstante en serios errores jurídicos.

Expresaron que los principales tratados internacionales invocados por jueces y cortes, que resguardan los derechos humanos y penalizan los crímenes de guerra y lesa humanidad estableciendo que éstos no prescriben por el paso del tiempo ni pueden ser amnistiados, “no están vigentes en Chile”.

Se les hizo ver por la prensa que, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, a los que aludían en sus argumentos, sí se encuentran firmados y ratificados por Chile y por lo tanto vigentes, el primero desde el 10 de mayo de 1972, la segunda desde el 10 de abril de 1975, y los terceros desde el 12 de octubre de 1950.

Incidentes

Familiares de desaparecidos y ejecutados que llegaron hasta la puerta del lugar de encuentro de los militares en retiro, para manifestar su repudio tanto al prófugo Iturriaga como a los conferencistas. A estos últimos los acusaron de asesinos y torturadores y luego enfrentaron en la calle a los oficiales convocantes, acorralándolos al interior de un local comercial y en los alrededores con puntapiés y escupiéndolos.

Al verse cercado en una zapatería, el capitán (R) Ballas pidió “reconciliación” y “unámonos como chilenos”. Por su parte, el coronel (R) de Ejército Sergio Angelotti Cádiz que también fue objeto de una encerrona, reaccionó respondiendo algunos puñetes y refugiándose después en la estación del Metro La Moneda.LN

Coronel (R) Latorre fue procesado por secuestro Uno de los conferencistas, el coronel (R) Haroldo Latorre, fue denunciado por los familiares que protestaron frente al local como quien, al mando de una patrulla, el 23 de agosto de 1974 secuestró al alumno de la Escuela Industrial Cuatro Álamos de Maipú y militante comunista José Flores Araya, de 19 años. Consultados archivos judiciales, Latorre Sánchez enfrenta procesamiento como autor del secuestro del estudiante, causa que instruye el ministro Alejandro Solís. Latorre ordenó aquel día formar a los alumnos de la escuela y sacó de la fila al joven y se lo llevó detenido. En el libro de clases del 4º año A de 1974, quedó registrado que “el 23 de agosto de 1974, el teniente Haroldo Latorre retira al alumno José Flores Araya para interrogarlo”. La nota está firmada por el director de la escuela, Luis Figueroa. Testigo de la detención fue el profesor del establecimiento José Alfaro Acuña, también arrestado. Ambos fueron llevados por Latorre a la Escuela de Suboficiales y desde allí trasladados a Villa Grimaldi. El joven desapareció y el profesor quedó en libertad seis días después. A su vez, el coronel (R) Sergio Angelotti se encuentra en calidad de imputado (no procesado) en el episodio Curicó de la Caravana de la Muerte, por su calidad de comandante del regimiento de esa ciudad a septiembre de 1973. Desde ese regimiento el general Sergio Arellano sacó a los GAP Wagner Salinas y Francisco Lara, ordenando su traslado a Santiago donde los mataron y tiraron sus cuerpos a la calle.

 

Corte Suprema 

“No me gustan para nada esas opiniones porque no creo que sea así”, dijo el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, respondiendo una consulta por los referidos dichos proferidos ayer en contra de jueces y ministros por los conferencistas. Aludiendo al alegado no debido proceso de Iturriaga, el presidente dijo irónicamente “tengo entendido que son varias hojitas, donde el señor ha declarado como cualquier ciudadano y un Estado de derecho las sentencias se cumplen, pero simplemente el señor Iturriaga se fugó”.