Las desafortunadas declaraciones de Foxley, un lacayo de los Estados Unidos

Por: Eduardo Andrade Bone www.argenpress.info

Dentro de los diversos ministros que forman parte del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, una de las elecciones más desafortunada, entre varias otras, ha sido la del actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley. Foxley, militante de la derecha Demócrata Cristiana, ha sido uno de los grandes promotores para que en Chile, se imponga la impunidad y las leyes de punto final, con respecto a las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo bajo la dictadura del criminal y ladrón Augusto Pinochet. Pero no sólo eso, el actual Canciller, que fuera ministro de Hacienda en el primer gobierno de la Concertación, ha sido uno de los grandes defensores e impulsores del capitalismo neoliberal; modelo económico heredado de la dictadura y que ha sido responsable de las escandalosas desigualdades sociales existentes en el país sudamericano y que incluso la Iglesia Católica del país, ha condenado, y eso que él es cristiano. Foxley es un hombre del Departamento de Estado norteamericano, del FMI, del Banco Mundial, del BID, es un representantes de las mafias económicas y financieras internacionales, que han sido los grandes responsables del hambre, la pobreza, la cesantía, la inestabilidad laboral, la falta de viviendas dignas y de todos los flagelos que ha causado el capital neoliberal en Chile, Latinoamérica y el resto de los países del mundo. Dicho personaje, a propósito del derecho soberano del gobierno y pueblo boliviano por nacionalizar sus riquezas naturales, ha emitido declaraciones en las cuales se ha entrometido en los asuntos internos del país altiplánico, expresando que la nacionalización de los hidrocarburos podrían afectar la “integración regional”. Sin embargo cabe destacar, que uno de los pocos países que vive de espaldas a los procesos de integración regional, es precisamente Chile, el que hace esfuerzos denodados por jugar algún tipo de protagonismo en América Latina, al margen del resto de los países del continente, pero todo por cierto, monitoreado desde la Casa Blanca. Las dos visitas realizadas por la presidenta Bachelet, a la Argentina y Brasil, hace algunas semanas atrás, terminaron sin los resultados que su Canciller y la propia mandataria esperaban, en el terreno real fueron un absoluto fracaso y no pudieron arrastrar a Argentina y Brasil, a los dictados del gobierno de Bush. De acuerdo a las directrices entregadas por Condoleezza Rice, en su última visita a Chile al gobierno de la presidenta Bachelet y su Canciller, estas aún no han tenido efectos positivos, y no han logrado crear un polo paralelo a los procesos de integración que se están desarrollando en la región a través del ALBA-TCP, del gaseoducto latinoamericano impulsado por los gobiernos de Ernesto Kirchner, Lula Da Silva, Hugo Chávez y ahora Evo Morales. Además de los esfuerzos que se hacen por superar las dificultades existente en el MERCOSUR. El canciller Foxley sostuvo que la medida adoptada por el Presidente Evo Morales era motivo de inquietud. 'Tenemos una preocupación importante porque los sistemas de integración están siendo cuestionados, y podría afectar en el sector laboral y en el crecimiento económico de la región”, destacó. El mandatario venezolano, Hugo Chávez, aseguró que en la cumbre de Puerto Iguazú tratarán de contrarrestar todas aquellas noticias alarmistas que han empezado a ser reflejadas por los diferentes medios de comunicación del mundo, en donde Chile, pretende llevar el pandero. «Lo que quieren es sembrar cizaña entre nosotros y alarmar a las empresas y a los pueblos. Todo marchará bien para Bolivia y para todos los actores involucrados con el tema de los hidrocarburos en ese país», expresó Chávez. El ministro de relaciones exteriores chileno, es el único que parecer cuestionar los procesos de integración que no complacen a la Casa Blanca, puesto que a pesar de todas las manipulaciones y mentiras descaradas de la prensa latinoamericana ligadas a los capitales y grupos económicos de la región. Lo cierto es que el gobierno de 'Lula' sostuvo en un comunicado que la decisión de Morales era una acción soberana de su Gobierno. 'La decisión de Bolivia de nacionalizar las riquezas de su subsuelo y controlar su industrialización, transporte y comercialización es reconocida por Brasil como un acto inherente a su soberanía', sostuvo en un comunicado, al tiempo que añade que 'Brasil, como manda su Constitución, ejerce pleno control sobre las riquezas de su propio subsuelo'. El Sr. Foxley, sin duda que habla en el lenguaje de los depredadores, de la rapiñas, en el lenguaje de las trasnacionales, de los que conspiran contra los pueblos que está deseosos de cambios profundo y reales en nuestros países. Foxley es un buen fomentador de la sedición y la intervención en los asuntos internos de Bolivia. Es de los elementos con los cuales cuenta el gobierno terrorista y genocida de G.W . Bush, para crear las condiciones propicias para desestabilizar el gobierno de Evo Morales o de Hugo Chávez, y desatar un baño de sangre de la misma forma como hicieron con Chile, durante 17 años de dictadura. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, parece saber bien de campañas del terror y debe añorar las dictaduras sangrientas que asolaron el cono sur latinoamericano en la década de los 70-80, que pusieron a buen recaudo los intereses de los grupos económicos y las oligarquías políticas y financieras locales. Sin duda que Foxley, no tiene autoridad moral para expresarse en contra de la decisión soberana y legitima de Bolivia, por recuperar sus recursos naturales para su país. Este personaje nada dice sin embargo del saqueo que han llevado a cabo las trasnacionales en su propio país, en donde sólo el 35% del cobre esta bajo control del Estado chileno. Recordemos que la nacionalización del cobre en Chile, fue apoyada por el conjunto sociedad chilena. Posteriormente los “patriotas militares chilenos”, crearon los resquicios legales para entregar nuevamente el cobre a los capitales privados, a las trasnacionales. Luego durante tres gestiones administrativas de los gobiernos de la Concertación, nada hicieron por renacionalizar la principal riqueza natural chilena. Sin duda que nuestros lectores se preguntarán cuantos problemas podría haber resuelto el Estado chileno, si la totalidad del cobre hubiese permanecido bajo control estatal, más aún con los precios que éste tiene actualmente en el mercado internacional. Los que pretenden hoy en día estigmatizar a Bolivia porque se propone administrar sus recursos naturales en beneficio del país y de su pueblo, son los mismo que ayer apoyaron el golpe militar sangriento de Pinochet y sus secuaces, cuando el presidente Allende y la Unidad Popular nacionalizaron el cobre. Son los mismo que durante más de 500 años, han expoliados los recursos naturales de nuestros países. No han pagado, ni quieren pagar impuestos, o pagan royalties irrisorios como en Chile, han contrabandeado, y ahora pretenden decir incluso que la medida adoptada por el gobierno de Evo Morales es ilegal, es un grave problema o un inesperado anuncio. Se olvidan que la decisión de nacionalizar las riquezas naturales de Bolivia, es algo que está consagrado en el programa de gobierno de Evo Morales y el MAS, ha sido una nacionalización anunciada y querida por el pueblo boliviano. Ahora para quien es un grave problema que el pueblo boliviano y su gobierno, opten por su más plena soberanía. Acaso es un problema para los trabajadores españoles, para los trabajadores brasileños, para los trabajadores franceses o ingleses? Sin duda que no, los que se encuentran irritados y alarmados son las trasnacionales que operan en la región, los empresarios, los gremios patronales, las oligarquías locales, las agrupaciones políticas de centro derecha que están al servicio de quienes explotan a sus pueblos y los militares guardianes, que están dispuestos a venderse por un plato de lentejas a los capitales. Los que se pueden encontrar preocupados son los centros del poder económico y financiero internacional, el Imperio; pues que Bolivia decida nacionalizar sus recursos naturales, es un muy mal ejemplo para los países de la región. También pueden estar preocupados los elementos pro norteamericano, pro capitalista, como los testaferros, lacayos y borriquitos que dependen de los dólares del Imperio, los Alan García, los Ricardos Lagos, los Alejandro Toledo, los Foxley, los Alvaro Uribe, los que preparan sanciones comerciales y diplomáticas contra Bolivia, los que desatan campañas brutales a través de los medios de comunicación a favor de las trasnacionales afectadas por la medida. De allí, que antes los preparativos de la conspiración y la intervención en los asuntos soberanos de Bolivia, no caben segunda o terceras posiciones. A la luz de las experiencias vividas con la instalación de lo que fueran las dictaduras militares en Latinoamérica, hoy es más necesario que nunca levantar un gran movimiento de solidaridad internacional con el pueblo y el gobierno de Bolivia, con Hugo Chávez y la revolución bolivariana y con la heroica Cuba. Los miles de latinoamericanos concientes que residen en los Estados Unidos, Canadá y Europa, deben contribuir a denunciar las maniobras de los Imperios, que pretenden impedir que los pueblos de la región opten por su propio camino, para construir un mundo mejor para todos.

Solicitan extender beneficios de exonerados a ex cooperados de Tierra Amarilla

Solicitan extender beneficios de exonerados a ex cooperados de Tierra Amarilla

El diputado radical Alberto Robles sostuvo que muchos de estos pirquineros no pueden acceder a los beneficios porque sus cooperativas fueron intervenidas en el gobierno militar.

El parlamentario recordó que el Congreso ha aprobado tres proyectos de ley que benefician a los exonerados políticos.

Puntualizó que "sin embargo, en mi región, particularmente en Tierra Amarilla, hay un problema que se viene suscitando desde hace algún tiempo y que no ha permitido que aquellos pequeños mineros exonerados por la dictadura, puedan perpetrar el beneficio que este Parlamento aprobó otorgarles".

Se trata, agregó, de los pequeños mineros de las cooperativas Batea, Mantos Verdes, Abundancia y Rodesia, fundadas entre los años 1970 y 1972, y que fueron disueltas por las autoridades militares.

Por ello, demandó al ministerio de Economía, particularmente a la división de Cooperativas, que le remita los antecedentes, para determinar si están actualmente vigentes, cuándo fueron intervenidas, porqué se despidió a sus funcionarios, qué acción tomó el gobierno y qué registros tiene.

Jueves 4 de mayo de 2006

editor: [e-mail]

 

 

 

Agradecen esfuerzo de investigaciones por aclarar incendio intencional

	Agradecen esfuerzo de investigaciones por aclarar incendio intencional
El diputado socialista Fidel Espinoza expresó su reconocimiento a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, por descubrir la causa de incendio intencional, con resultado de muerte, ocurrida el 22 de noviembre de 2004, en la localidad de La Huacha Casma, comuna de Frutillar.
El trágico suceso afectó a Roberto Alvarado Núñez, padre de tres menores de edad, Rosa, Jennifer y Roberto Alvarado, de 15, 11 y 10 años, respectivamente, quienes fallecieron calcinados en el interior de su vivienda, lo que causó honda preocupación en la provincia de Llanquihue por las características que rodearon los hechos. En la oportunidad, los medios de comunicación informaron sobre un incendio que provocó la muerte de cuatro personas en horas de la madrugada, lo que, sin duda, a la vista de la opinión pública, era un mero accidente doméstico que provocó la muerte de los moradores de la casa. Sin embargo, dijo el diputado, las pericias realizadas por detectives de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas indicaron que esta tragedia que destrozó una familia, fue causada por un familiar, el cual fue visto cerca del domicilio y desapareció misteriosamente, tras desencadenarse el incendio. Con posterioridad, se descubrió que, por razones más dramáticas aún, este hombre dejó encerradas a las víctimas para, luego, provocar el incendio. Agregó que en los últimos días, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó al único imputado en la causa, Humberto Alvarado, quien resultó ser hermano de una de las víctimas, al ser encontrado culpable del incendio con resultado de muerte, por lo que fue condenado a 15 años y 1 día. Sostuvo Espinoza que lo anterior no hubiese sido posible de no existir una investigación minuciosa, como la que llevó a cabo la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, la que entregó certeros antecedentes, que permitieron llegar a esta condena. Por lo anterior, congratuló a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas por su trabajo eficiente y eficaz, que permitió hacer justicia en este caso, concluyó el parlamentario. La intervención la hizo ayer el diputado en la Hora de Incidentes. Miércoles 3 de mayo de 2006 editor: [e-mail]

A través del Senado intentan anular decreto ley de amnistía

A través del Senado intentan anular decreto ley de amnistía   Los senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Mariano Ruiz-Esquide presentaron una nueva iniciativa legal para derogar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 de 1978.   La moción, que por razones constitucionales los diputados no pudieron tramitar en la Cámara, deroga la amnistía concedida a las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, incurrieron en hechos delictuosos durante la vigencia del Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978. El proyecto de ley había sido ingresado a la Cámara por diputados de la Concertación, pero fue retirado por estimarse que la materia era iniciativa del Senado. Sin embargo, los tres senadores mencionados recogieron el texto legal y lo sometieron a tramitación en la Cámara del Senado. El proyecto declara "insanablemente nulo" por inconstitucional el decreto Ley 2.191, de 19 de abril de 1978. Añade la iniciativa que el citado decreto "carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna del artículo 18 del Código Penal". Se agrega que se declaran inadmistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un periodo de interrupción constitucional, que cometidos individual o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En los fundamentos de la iniciativa, se sostiene que la amnistía del año 1978 "es nula porque contraviene el orden internacional de los Derechos Humanos y está sujeta a una serie de limitaciones", puesto que es contraria a la Constitución y a los Tratados vigentes una amnistía que abarque delitos atentatorios contra los derechos allí garantizados aunque no de manera explícita, como el genocidio, las torturas y la desaparición forzada de personas, pero que sí están mencionados en al Convención de Ginebra. Viernes 28 de Abril de 2006

Miles de chilenos reclaman por 'Más Democracia y Justicia Social'

Convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

(Fecha publicación:01/05/2006) www.argenpress.info

Miles de chilenos convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), principal gremio del país, desfilaron hoy por el centro de esta capital bajo la consigna 'Más Democracia y Justicia Social'. La marcha, que fue interrumpida en varios pasajes por actos de violencia de grupos de encapuchados, exigía reformas al sistema de pensiones, el fin de las exclusiones políticas y sociales y regular la actividad de subcontratación, que afecta a miles de trabajadores. La actividad en Santiago por el Día Internacional de Trabajo comenzó pasadas las 10:00 horas desde la Plaza Los Héroes, por la Alameda hacia el escenario ubicado frente a calle Portugal, a un costado del edificio Diego Portales. Entre los participantes se aprecian miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) que portan fotografías de sus seres queridos victimas de la dictadura militar, y otras personas que portaban lienzos pancartas y banderas del Partido Comunista. En el escenario esperaron a los trabajadores el grupo musical 'Tierra Nueva' y poco antes de mediodía el presidente del la CUT, Antonio Martínez, presentó sus propuestas y demandas para el mundo laboral. El líder gremialista resalto que la masiva concentración es una demostración que los trabajadores chilenos siguen viendo en el movimiento obrero y el sindicalismo una manera efectiva de reivindicar derechos, mejorar las condiciones laborales y dignificar el trabajo. Dijo que las mayor prioridad será puesta este año en la aprobación de la ley sobre Subcontratación y Servicios Transitorios, que afecta actualmente a miles de trabajadores y que de lograrse 'sería un gran triunfo' del sindicalismo chileno. También hizo particular hincapié en el tema de las pensiones y el cambio del sistema electoral binominal, así como otros reclamos, como una nueva ley de negociación colectiva y terminar con el despido por necesidad de la empresa. Además de los temas gruesos del mundo laboral habló tmbién de aspectos políticos, como el fin de la exclusión, la concentración de la riqueza y la desigualdad social. 'Nuestro norte es cambiar esta realidad', aseguró Martínez. Dijo que la novedad de este año en la celebración por el 1 de mayo es que la CUT ya no está planteándose cambiar el país sola, sino que está apostando por un movimiento amplio, 'que hemos llamado Por más Democracia y Justicia Social'. Martínez criticó duramente a los gobiernos de la Concertación (1990-2006) por su responsabilidad en los errores cometidos en la identificación de restos de detenidos desaparecidos y el ocultamiento de información y se solidarizó con los familiares de las víctimas. Durante el recorrido de la marcha se registraron varios incidentes entre grupos de encapuchados y Carabineros. Uno de ellos fue interceptado cuando pretendían apedrear el Palacio de La Moneda, pero terminaron destruyendo al menos dos centros de venta de comida rápida. Grupos de mapuches y activista intentaron también por la fuerza subir al escenario para hacer oír sus demandas de libertad para cuatro de sus líderes presos, acusados de terroristas, que llevan 50 días sin ingerir alimentos en reclamo de un nuevo juicio por un tribunal civil. La policía intervino violentamente para parar los disturbios con sus tradicionales carros de lanza agua y abundantes gases lacrimógenos. Aunque todavía no existen reportes, se presume fueron detenidos numerosos manifestantes.

Chile: Mapuches en huelga de hambre

'Cuántos tienen que morir para ver la libertad' o el genocidio que continúa Por: Claudia Korol (Fecha publicación:30/04/2006)

Pasaron más de 500 años. Continúa el genocidio y el silencio continúa. Un pueblo, muchos pueblos originarios, resisten la muerte silenciosa y el silencio mortal. Morir puede ser una forma de gritar, cuando no quedan maneras de defender la vida. Los presos políticos mapuche, en el penal chileno de Angol, están en huelga de hambre desde el 13 de marzo. En 48 días de huelga de hambre se ha deteriorado la salud, pero no la decisión de ser libres de Juan Huenulao, Patricio Marileo, Jaime Marileo y la estudiante Patricia Troncoso (detenidos desde agosto del 2004). Ellos demandan que el Chile que se dice progresista, -sobre todo a partir del triunfo de Michelle Bachelet, quien se ha embanderado con la defensa de los derechos humanos-, extienda este concepto hacia el de “derechos humanos para todos”, y termine con los siglos de olvido y negación del pueblo mapuche, con la indiferencia hacia su palabra y su cultura. En una carta dirigida a la Presidenta de Chile, la Asamblea Mapuche de Izquierda le escribe: “Presidenta, nuestro pueblo ha visto y sufrido en carne propia, como usted, las exaltaciones de una régimen dictatorial y autoritario como el que vivimos durante 17 años. En ese período se obraba y actuaba reprimiendo, castigando, silenciando a los más débiles y los que pensaban diferente. Por eso nuestra mente se cierra cuando se invoca la ley antiterrorista para condenar a nuestros hermanos, porque esa ley es herencia del régimen pinochetista, y aunque fue modificada por el primer gobierno democrático, sigue siendo un instrumento menoscabador de una democracia plena, y pensamos que eso usted lo sabe tan bien como nosotros. Este precedente, respetada Presidenta, nos confirma que históricamente nuestro pueblo ha sido discriminado, jamás incluido como sujeto de derecho dentro del Estado chileno. Por eso ahora más que nunca nos queda claro que jamás hemos sido parte de la Nación chilena. Decimos esto porque cuando ésta se constituyó en 1810 lo hizo sin nosotros, y hoy como entonces no existimos, pocos son los que se atreven a reconocernos constitucionalmente, poco son los que se atreven a ratificar el Convenio 169 de la O.I.T., pocos son los que acuerdan algún interés al informe del Relator Especial de la O.N.U. Sr. Rodolfo Stavenhagen, en definitiva, pocos son los que se acuerdan de sus promesas de campaña una vez que son elegidos”. Los presos mapuche, con su huelga de hambre demandan que se respeten los derechos y la dignidad de la “gente de la tierra” (que esto significa mapuche). Exigen que se revise el fallo que los condena a 10 años de prisión y -además- a pagar una indemnización de más de 425 millones de pesos (chilenos). Señalan las irregularidades de un juicio realizado con testigos sin rostro o anónimos, aplicando la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. Ley que prolonga la conquista y la destrucción de las comunidades, afectadas por las trasnacionales forestales. Recuerdan que en el marco de ese proceso plagado de irregularidades, la jueza de garantía que rechazó el carácter terrorista que se le imputaba al delito, fue inhabilitada por la Corte de las Supremas Injusticias. El viernes 28 de abril, como parte de la jornada internacional por la libertad de los presos mapuche en Chile, cuando se movilizaban frente a la Moneda, para requerir respuesta a estas demandas por parte del Ministro del Interior, Andrés Zaldívar (demócrata cristiano), recibieron palos y nuevas detenciones por parte de carabineros. En esas circunstancias fue detenida, junto a 15 compañeros más, Moira Millán, una de las voceras del Frente Mapuche Campesino de Argentina, quien acompañaba solidariamente la resistencia de los hermanos chilenos, y había intentado junto a Verónica, otra hermana mapuche, encadenarse en La Moneda. Los 16 detenidos, que recuperaron luego la libertad, fueron golpeados, insultados con expresiones racistas y maltratados en las comisarías primera y tercera de Santiago de Chile. Unos días antes, el 26 de abril, en otra manifestación pacífica realizada en Temuco, habían sido detenidos seis estudiantes universitarios que se solidarizaron con los presos y presas mapuche. Esto habla del carácter de la respuesta que el Estado chileno viene dando a las demandas de los pueblos originarios de la tierra. Vale la pena analizar algunas características del conflicto y de los intereses en juego del nuevo reparto territorial. Los presos fueron acusados de “incendio terrorista” a un fundo de propiedad de la forestal MININCO S.A., perteneciente a la compañía maderera de papeles de cartón (CMPC), empresa que tiene más de un millón de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos. El dueño de esta empresa es Eugenio Matte Larrain, integrante del grupo Matte, uno de los principales grupos económicos de Chile. El otro millón de hectáreas lo tiene la Forestal Bosques Arauco S.A., perteneciente al grupo Angelline. Anacleto Angellini, el hombre más rico de Chile, tiene una fortuna personal que asciende a los 2.500 millones de dólares, informa la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco [1]. Las empresas forestales trasnacionales, estuvieron entre las principales beneficiarias del Decreto Ley 701 de la dictadura de Pinochet, que premitió redefinir estratégicamente el territorio mapuche como campo de acción para sus inversiones. Entre la Forestal Bosques Arauco y la Forestal Mininco, controlan actualmente en Chile el 100 % de la producción de celulosa, el 100% de la producción de papel de diarios y de la producción de paneles, y el 80% de la producción de madera aserrada del país [2]. Señala también en el informe la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, que las empresas forestales Arauco S.A, Mininco S.A., y Volterra Ltda., utilizan la siguiente estrategia para expulsar a las comunidades mapuches de sus tierras. “El primer paso comienza con la toma de lo que ellos llaman “medidas ligeras”. Esto consiste en anuncios verbales a las comunidades para que abandonen sus lugares de asentamiento, ya que estarían ocupando ilegalmente tierras que no les pertenecen. Este tipo de anuncio se convierte rápidamente en amenazas, donde se les señala las consecuencias que sufrirán si no dejan el lugar. Esta etapa generalmente se acompaña de algunas proposiciones, como por ejemplo, la cancelación por parte de la empresa de los gastos de traslado y la compra de terrenos en las ciudades más próximas. En todo caso, la única solución que les dejan a los mapuches es la partida, como producto de una reciente compra legal de una tierra que ellos ocupaban ilegalmente sin saberlo. El segundo paso es más agresivo y se sitúa al limite de la legalidad. Consiste en que la empresa procede a plantar todo el espacio libre que existe alrededor de las casas de los mapuches, para luego proceder a cerrarlo con cercos de alambres de púas, hecho presentado como una medida de “protección de los árboles”. Este acto se complementa instalando guardias forestales, quienes tienen órdenes de evitar el ingreso de personas a los terrenos forestales. Así, si alguna persona es encontrada en el interior de la plantación, es detenida temporalmente. En el caso de que sean sus animales, estos son simplemente robados o eliminados. A partir de este momento el argumento de la represión es aquel que invoca el derecho constitucional de la propiedad privada, más aun si dicha propiedad es un bien productivo generador de “desarrollo y progreso” para el país. El tercer paso consiste en hacer intervenir a la autoridad local o a los funcionarios del Estado, para que ellos busquen una solución al problema. Por lo general, dicha solución consiste en la relocalizacion de la comunidad en un sector periférico del pueblo mas cercano, en donde pasarán a engrosar -lejos de sus tierras originales- la población de las capas más bajas y explotadas de la sociedad chilena. Pero los problemas que acarrea la presencia de las empresas forestales en los territorios mapuches no están referidos solo a la usurpación de predios, sino que también al grave deterioro del medio ambiente, en especial la contaminación de suelos, ríos, mares y el aire. Cada planta de celulosa utiliza variados productos químicos en el proceso de transformación de la madera, entre los que destacan Sulfato de Soda, Cloro, Soda Cáustica, Clorato y Petróleo. A continuación enumeramos algunos casos de daño al medio ambiente provocados por las transnacionales forestales: - Contaminación de playas próximas a Concepción, Bahía de Concepción, río Bio Bio y Golfo de Arauco por descarga de residuos químicos líquidos y descargas de las plantas de celulosa. - Tala indiscriminada de bosque nativo, extinción de especies arbóreas y plantas medicinales utilizadas de tiempos ancestrales por el Pueblo Mapuche. - Intoxicación y enfermedades congénitas en las comunidades, producto de las fumigaciones con productos químicos sobre las plantaciones. -Reforestación con especies exóticas, pino radiata y eucaliptus, que provocan el secado de las napas subterráneas dejando a las comunidades sin agua para la subsistencia diaria”. Estas trasnacionales, controlan también la información, lo que explica el cerco de silencio que sigue a la cerca del territorio. A partir de las acciones y movilizaciones, y de las redes solidarias que fueron rompiendo aquel cerco, una delegación mapuche logró entrevistarse en el día de ayer con el Ministro del Interior, quien se comprometió que en otros procesos contra el pueblo mapuche no se vuelva a aplicar la Ley Antiterrorista. Sin embargo, no se consiguió una respuesta para las demandas de los presos que se encuentran en huelga de hambre, con señales fuertes de deterioro de su salud. “Cuántos tienen que morir/ para ver la libertad”, cantaba el poeta Víctor Jara... “es la sórdida pobreza/ que se pretende ignorar”... En el Chile actual, que se dice “socialista”, hay un pueblo que sigue batallando por el fin del saqueo de sus territorios. Por el derecho a vivir su cultura y su identidad, en comunidad con la tierra en la que nacieron. Por el derecho a la libertad. La de los presos por luchar, y la de todo su pueblo, que no pudo ser acallado a pesar del genocidio. La batalla ancestral de este pueblo, extendido a ambos lados de la cordillera, es parte fundamental en la creación de un nuevo proyecto histórico popular, latinoamericano, que no reconozca las fronteras creadas para dominarnos, dividirnos y negarnos. Asumirlo como propio, es una manera de ir rompiendo con la colonización cultural que nos impide reconocernos en nuestras identidades, y que ha transformado en actos de heroísmo y de civilización, las acciones de conquista salvaje y de destrucción de pueblos y territorios, que hoy continúan realizando las trasnacionales, con la complicidad de los gobiernos subordinados. El proyecto histórico popular, para que sea tal, tendrá que encontrar sus raíces y sus palabras, sus señales y gestos fundantes. Tal vez un gesto posible, inicial, sea asumir sin dilaciones, la lucha por la libertad y por la vida de los presos políticos mapuche en Chile.

WASHINGTON ADMITE QUE ESPÍA AL CONTINENTE COMO EN LA GUERRA FRÍA

Enviado por Cristina MIHURA

Fecha de Envío: Jueves, 27 de Abril de 2006

En un reportaje con la revista Time, el actual director nacional de la Inteligencia de EE.UU., John Negroponte, admite que su país fortaleció las tareas de espionaje a niveles equiparables al otrora mundo bipolar. Reclutan espías entre los ciudadanos de los países vigilados.

Washington volvió a poner la mira en su patio trasero. En los últimos años, Estados Unidos ha “fortalecido” sus operaciones de espionaje en América latina, a niveles sólo comparables con los de la Guerra Fría, según admitió el propio director nacional de Inteligencia estadounidense, John Negroponte, en una entrevista con la revista Time. Esto fue ordenado por la administración Bush, especialmente después del 11-S y a partir de la importancia que adquirió para la Casa Blanca la “guerra contra el terrorismo”. Principalmente, según explicó Negroponte, las agencias estadounidenses se enfocan en lo que llaman “Inteligencia Humana”, que consiste en el reclutamiento de espías entre los ciudadanos de los países vigilados y un aumento del personal estadounidense –agentes de inteligencia, diplomáticos, agentes antinarcóticos, FBI, etc.– en el lugar.

“Estamos fortaleciéndonos en lugares en los que no hemos estado (recientemente), donde habíamos dejado que las cosas se atrofiaran desde la Guerra Fría: en América latina”, aseguró a la revista estadounidense el ex embajador norteamericano en Irak, que actualmente maneja un presupuesto de 44 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, el espionaje en la región no se limita a las actividades mencionadas por Negroponte. Según varios medios –El Tiempo de Colombia, el británico The New London Day y The Washington Post–, Estados Unidos habría enviado un submarino nuclear, que cuenta con capacidad para lanzar misiles Tomahawk y desde el cual se pueden realizar operaciones del grupo de elite Navy Seals a la región “en apoyo de la guerra contra el terrorismo”. Entre sus primeros viajes se cuenta un paseo de 90 días por el Caribe. En Estados Unidos no faltaron las críticas. “Esta historia es increíble. Construimos un submarino a un costo de 2400 millones de dólares con capacidades que hacen recordar la Guerra Fría y la primera misión que se le asigna es ir a Sudamérica a interceptar conversaciones vía celular”, cuestionó The Washington Post.

La confesión de Negroponte inmediatamente hace recordar versiones, rumores y denuncias que refuerzan este renovado interés de Washington en la región latinoamericana. Por ejemplo, la denuncia de algunos diarios mexicanos sobre la compra clandestina de bases de datos de ciudadanos latinoamericanos –argentinos, mexicanos, brasileños, chilenos, entre otros– es una política habitual de varias agencias federales de Estados Unidos, que argumentan que es “un mecanismo de seguridad” para conocer de antemano los antecedentes de las personas que ingresan a Estados Unidos. Todo, por supuesto, en el nombre de la lucha contra el terrorismo.

A la hora de buscar las razones, las causas económicas se entremezclan con lo político y con lo ideológico. Para la Casa Blanca, Centroamérica, la Triple Frontera y cualquier territorio en donde el control estatal es poco confiable son “lugares propicios para el establecimiento de células durmientes de grupos como Al Qaida y Hezbolá”. Más aún, Estados Unidos ha llamado la atención sobre las posibles alianzas entre terroristas y grupos narcos o pandillas que, dado el control que estos mantienen sobre grandes partes de la región, podrían asegurarles una libre circulación, que eventualmente les permitiera acceder a territorio estadounidense.

En lo económico, la preocupación central es claramente el petróleo y los gobiernos que manejan las mayores reservas del crudo. Pero también hay una dimensión ideológica que preocupa a Washington. No sólo el llamado “giro a la izquierda” de gran parte de los países de la región, sino también el incipiente acercamiento y solidaridad con regímenes islámicos. A todos sorprendió que Hamas, después del bloqueo de fondos de la UE y de la Casa Blanca, anunciara que enviaría misiones a Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia para buscar vías alternativas de financiación. Desde luego, Hugo Chávez ya confirmó su ayuda.

Informe: Laura Carpineta

Página 12, Argentina 27-04-2006

Amnistía para los mapuches en huelga de hambre

Valparaíso | 28/04/2006 | Departamento de Prensa |

Por Alejandro Navarro, senador por la región del Bío Bío

Senador Alejandro Navarro, región del Bío Bío

Como ha sido de conocimiento público, un grupo de comuneros mapuches, más bien procesados,  desde hace más de un mes y medio están en huelga de hambre en Angol por el caso  Puluco Pidenco y la verdad es que más allá de las consideraciones legales, jurídicas en torno a su proceso o a su condena, creo firmemente que la protesta se basa en una petición justa.

Claramente la aplicación de la Ley Antiterrorista, rechazada por diversas internacionales -desde ya claramente el relator de las Naciones Unidas que recomienda en su informe sobre Chile de noviembre de 2004 que el Estado debe amnistiar a los presos políticos, en este caso, mapuches, indígenas, lo que ha planteado el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que ha recomendado el Estado de Chile desistir de perseguir penalmente a los mapuches y la conminación que se ha hecho a no aplicar la Ley Antiterrorista en organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, en su informe "indebido proceso"-, exhortan claramente de que el criterio de aplicación de la Ley Antiterrorista es injusto y represivo.

Cabe recordar que, el denominado caso Puluco Pidenco es el proceso judicial por un hecho que se registró  en diciembre del 2001, cuando se produjo un incendio en una plantación de pinos con ese nombre, de propiedad de Forestal Mininco. Es así que Juan Marileo Saravia y Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Leilmil y Patricia Troncoso, fueron condenados por incendio terrorista a la pena de diez años de cárcel más una indemnización de 400 millones de pesos a Forestal Mininco.

En estos momentos, lo que más preocupa a familiares y miembros de las comunidades mapuches es el estado, sin duda, de salud. Estos han evidenciado un deterioro serio, profundo, promediando la pérdida de 11 kilos de peso. Patricia Troncoso es quien presenta hasta este momento el mayor desgaste y serios trastornos de salud.

Quiero señalar que la sentencia de los presos en huelga de hambre se manifiesta, en mi opinión, mucha más injusta aún cuando el tribunal del juicio oral en lo penal de Angol hace tres semanas determinó absolver a otros tres mapuches detenidos y acusados por incendio terrorista por el mismo caso, cuyas causas estaban pendientes. Estoy hablando de José Cariqueo Saravia, Juan Antonio Colihuinca Ancaluán quienes se encontraban prófugos desde un tiempo y habían argumentado la imparcialidad de los jueces.

Pero una vez encontrados y, luego de nueve días de juicio, se dio lectura al veredicto de calificado como incendio común, no como incendio terrorista, ya que además jueces no se formaron la convicción de incendio terrorista.

No se entiende cómo por esta misma causa se han desarrollado tres juicios y en las oportunidades anteriores se han condenado a los acusados a penas aflictivas de diez años y un día, pero en esta última no.

Sin duda, el Poder Judicial es un poder independiente que reconoce tácitamente, a través de estas condenas, que la aplicación de la Ley Antiterrorista  es injusta y viola los tratados de derechos humanos.               

Quiero señalar que junto a organizaciones indígenas, y particularmente a familiares, vamos a pedir a la Presidenta de la República la aplicación o más bien el envío de una ley de amnistía a favor de estos detenidos, porque -como lo he señalado en muchas ocasiones y oportunidades- aplicar la Ley antiterrorista, particularmente en muchos otros casos, como el caso de los Loncos Pascual Pichón y Aniceto Norín, condenados por amenaza terrorista en un juicio que en primera instancia fueron declarados inocentes y luego bajo la apelación de un resquicio legal que hemos denunciado, pone en duda y atenta contra la credibilidad del nuevo sistema al argumentar para revertir la declaración de inocencia de que al no dar una redacción adecuada de los hechos no probados concluyeron que se anulaba la sentencia.

Es decir, el juez se preocupó sin duda de redactar muy bien los hechos probados, porque eran probados, a instancias del propio juicio, estoy hablando de juicios con testigos a rostro cubierto. Y ese juicio se revirtió y Pascual Pichún y Aniceto Norín cumplen una sentencia de cinco años por esta amenaza terrorista en la cárcel de la Novena Región.

Nuestra principal preocupación es en estos momentos sin duda humana, respecto del estado de salud de quienes han optado por esta vía que yo no comparto.                  

Durante muchos años realizamos acciones para recuperar la democracia que dieron espacio no sólo a protestas, movilizaciones, sino que también en innumerables ocasiones muchos de los militantes de los partidos políticos que trabajaron para recuperar la democracia, muchas de las personas que querían libertad en Chile recurrieron a la huelga de hambre como un instrumento de libertad, un instrumento de denuncias para señalar que en Chile no había democracia, que en Chile se violaban los derechos humanos.            

Siento que el hecho de que un grupo de ciudadanos y particularmente de comuneros, procesados o no procesados, tengan que recurrir a la huelga de hambre es un hecho que nos lleva a la reflexión.

Insisto no es solo mi opinión es una opinión de un conjunto importante de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y si bien Chile no tiene que dar ningún tipo de explicación, ni pasar ninguna prueba de la blancura, porque en Chile en el Estado de Derecho que hemos construido los derechos humanos se respetan, elementos particulares y muy precisos del proceso judicial que yo he mencionado desmienten esta afirmación.

Y creo que lo que procede, sin duda, es una reflexión mucho más profunda del país, de la ciudadanía, de los órganos de los poderes del Estado y aun cuando -reitero- los poderes del Estado son independientes, el hecho de que hoy día ocurra esta huelga de hambre y particularmente estas recomendaciones permanentes y reiteradas del relator de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch y particularmente de diversos organismos.

Quiero señalar que Rodolfo Stavenhagen hizo esta afirmación dentro de un informe que ha  conocido las Naciones Unidas y que, en definitiva, nos han llevado y nos van a seguir llevando a la Corte Internacional de los derechos humanos por grave incumplimiento de estas recomendaciones.

Por último,  espero que Gendarmería de Chile haya tomado las medidas preventivas necesarias para brindar la asistencia médica que este grupo de personas requiere en su huelga de hambre y que, en definitiva, nos puedan informar detalladamente si efectivamente las medidas que se están tomando garantizan la integridad física, psicológica de quienes hoy día realizan esta huelga de hambre.

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