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Centros Chilenos en el Exterior

Castro en foto el viernes con Correa

Castro en foto el viernes con Correa

Diaro Juventud Rebelde relató encuentro del ex Presidente de Cuba con el mandatario ecuatoriano que está en la isla en viaje de vacaciones.

Domingo 23 de agosto de 2009   

La Nación / EFE 

 Foto: La imagen que difundió Juventud Rebelde con Castro y Correa

El líder cubano, Fidel Castro, se entrevistó el pasado viernes durante varias horas con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó este domingo el diario oficial Juventud Rebelde, que publica una foto de ambos de pie y con camisas deportivas blancas.

Según el periódico de la Juventud Comunista, Castro y Correa tuvieron "un profundo intercambio de impresiones (...) acerca de la actualidad revolucionaria de ambos pueblos en la búsqueda de una mayor equidad y justicia social".

"En un diálogo amplio y sincero, se refirieron a los avances obtenidos por la revolución ciudadana que impulsa Correa, en particular en las materias económica, de educación y salud", agrega la información divulgada por el único diario que circula en la isla los domingos.

También hablaron de la actualidad internacional, de asuntos culturales e históricos y de la amistad de Ecuador y Cuba, según Juventud Rebelde.

Fidel Castro, que cumplió 83 años el pasado día 13, no aparece en público desde julio de 2006 por razones de salud, pero con relativa frecuencia recibe a personalidades de otros países en entrevistas de las que han surgido las fotos y algunos vídeos que se conocen durante su convalecencia.

Correa llegó a La Habana el mismo viernes, junto con su esposa, Anne Malherbe, en una visita "de vacaciones, para descansar unos cuatro días", informó a Efe el embajador de Ecuador en Cuba, Universi Zambrano.

Es la segunda visita a Cuba en 2009 del jefe de Estado ecuatoriano, de 46 años. La primera fue oficial, en enero, y en aquella oportunidad se entrevistó con su colega cubano, el general Raúl Castro, pero no con su hermano mayor y antecesor.

 

Golpe de Estado a la izquierda del MAS

 Enviado por Jorge Rossel

Comunal Venezuela del

Movimiento Amplio Social de Chile

movimientoampliosocial1@gmail.com

redizquierdachilena@google.groups.cl 

             

             La izquierda del Movimiento Amplio Social de Chile M.A.S. representada por su actual Secretario General  el Compañero Francisco Bucat Oviedo sufrió un golpe de Estado al día jueves 20 de agosto, el golpe fue dirigido por el empresario tercerista del Partido Socialista Ricardo Solari  y ejecutado por el empresario de la urea, el capitalista Fernando Zamorano junto a su socio político Alejandro Navarro.

El método usado por los golpistas para acabar con la izquierda del MAS fue un tongo secreto hecho en Vallenar y preparado por los mismos en total secreto y sin convocatoria de ninguna clase, con puros delegados controlados a sueldo, los militantes del Partido nos enteramos un día antes por el diario La nación de que se haría un consejo general entre gallos y media noche,  incluso todavía hay compañeros del Partido en distintas partes del país que no tienen conocimiento detallado de este tongo. Alejandro Navarro y Fernando Zamorano criticaron a Camilo Escalona por el tongo usado por este para escoger a Freí, fanfarronearon que era antidemocrático, que no le daba participación a la gente, que estaba hecho entre cuatro paredes, etc.  pero la verdad es que el tongo de estos dos supera en asquerosidad moral al tongo de Escalona. No hubo convocatoria de ninguna clase, los delegados fueron designados a sueldo por Alejandro Navarro y Fernando Zamorano.

 

El objetivo del tongo de Navarro era barrer a la izquierda de la dirección del MAS y así el junto a su socio Fernando Zamorano poder negociar con la concertación dos cupos parlamentarios, un cupo para un familiar de Navarro en Coronel y otro cupo para Zamorano en Vallenar, esto a cambio de vender el proyecto popular del MAS a los poderosos del sistema neoliberal.

 

Los mismos que hoy dan este golpe de estado a la izquierda del MAS se han esforzado en los últimos días por liquidar a la Dirección Metropolitana emanada de las bases, pero no han podido,  a pesar de los millones que manejan no tienen ninguna influencia moral sobre la base, podrán tener muchos millones provenientes de los negocios de la urea pero no tienen un solo gramo de moral.

 

La orden dada a los golpistas para continuar la negociación con los poderosos de chile es bajar al compañero Juan Guzmán Tapia como candidato a senador por la quinta costa y así blindar al neoliberalismo en la zona representado por Ricardo Lagos Weber y Joaquin Lavin, El capitalista Fernando Zamorano apodado ahora por las bases del partido como el Michelleti del MAS tiene la orden de los poderosos del sistema neoliberal del Bajar al Juez Juan Guzmán, vienen por el Compañero Juan Guzmán pero no podrán, las bases estamos en pie y dispuestas a dar el combate para defender a nuestra gente.

 

Este tongo es ilegal e ilegitimo no tiene ninguna validez  desde el punto de vista jurídico y moral, por lo tanto hasta que las bases de nuestro Partido expresen otra cosa el secretario General del MAS es y seguirá siendo  el compañero Francisco Bucat oviedo y las bases del Partido ya han tomado debida nota de esto,  seguiremos llevando adelante el proyecto popular junto con nuestro secretario general legitimo, seguiremos levantando candidatos desde las bases en todo Chile, tenemos mil veces mas moral y conciencia que los golpistas millonarios, los golpistas manejan dinero que no es de ellos, es dinero del pueblo chileno, han engañado a amigos del proyecto popular pidiendo plata para llevarlo adelante y lo que han hecho es satisfacer sus fines personales, ellos deberán rendir cuentas políticas por esto, el pueblo chileno no es tonto, es un pueblo que ha sido mil veces traicionado por gente como esta pero es un pueblo que esta de pie y dispuesto a dar el combate por un futuro mejor, Alejandro Navarro y su socio político Fernando Zamorano le han hecho perro muerto a las expectativas del pueblo chileno, esto se sabrá en toda América Latina, los pueblos están despiertos y conocen a los traidores.

 

Seguiremos Luchando desde las bases junto al pueblo y los trabajadores por unir a toda la izquierda en Chile y por instalar a la Clase Trabajadora Chilena en la vida política chilena como protagonistas de primera linea en el cambio histórico socialista que Chile requiere, seguiremos luchando por organizar a los sectores populares junto a los trabajadores en sus luchas que son nuestras luchas, seguiremos luchando por construir un aparato organizativo donde se expresen democráticamente las bases, seguiremos luchando por construir una estrategia socialista que libere al pueblo chileno de la opresión en la que hoy se encuentra, seguiremos luchando por situar a Chile en los grandes cambios que se dan hoy en América latina.

Compañeros el futuro nos pertenece, el horizonte de la libertad, la igualdad y la fraternidad social con el que ha soñado y por el que ha luchado siempre nuestro pueblo sera alcanzado con nuestras luchas.

Vivan el pueblo de Chile, sus trabajadores y su valiente juventud!!!

Viva Salvador Allende que inspira nuestro camino con su ejemplo!!!

Venceremos compañeros!!! 

 

Jorge Rossel

Representante Oficial del MAS en el Exterior

 

Compañero envía este artículo a todos tus contactos.

 


Mientras la burguesía, sus defensores ideológicos y los parásitos reformistas se hunden en la desesperación y el pesimismo, los marxistas miramos al futuro con confianza y optimismo.

 

La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

La araucanía tras el homicidio de Mendoza Collío

 La mil caras del conflicto mapuche

Domingo 23 de agosto de 2009   

 Por Mariela Vallejos / La Araucanía /

La Nación Domingo 

Mapuches con palos en alto en actitudes amenazadoras. Numeroso contingente policial en tenida de combate. Agricultores que lamentan la pérdida de sus bienes. Autoridades que llaman a la calma y acotan el conflicto a menos de una decena de comunidades de un total de más de 1.800. Dirigentes que afirman que el 80% de su pueblo está detrás de ellos. La Nación Domingo estuvo esta semana en la Araucanía. Pase, lea y medite.

 Foto: Imágenes. Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco juegan chueca en los mismos patios (arriba izquierda) en que otros compañeros instalan lienzos. En el campo, las comunidades se organizan y algunos optan por las piedras (a la derecha).

Hace frío en Temuco, pero los muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan sorprendidos.

Nos es habitual que los alumnos de la Universidad Católica practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavimento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa atentamente: "Esto no es un juego- advierte con una sonrisa algo tensa-. Es una provocación". ¿Y a quién quieren provocar los estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. "A toda la comunidad, a Chile", responde.

Tras el homicidio a manos de Carabineros del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, hay indignación en el campus de la Católica.

En la Universidad de La Frontera la situación es parecida. Hay asambleas, consignas y letreros y, prácticamente, no se habla de otra cosa.

Por otra parte, los medios muestran una Araucanía en creciente conflicto, con imágenes de policías que se enfrentan a pandillas de jóvenes que arrojan piedras y huyen a campo traviesa.

Organismos internacionales denuncian exceso de violencia policial, militarización del conflicto, aplicación de la Ley Antiterrorista y de justicia militar y planes de restitución de tierras que no se cumplen.

La Presidenta envía una comisión especial de alto nivel a la región, y el gobierno dice que en un total de mil 851 comunidades, siete están en conflicto.

Sin embargo, lonkos de la Alianza Territorial afirman desde Ercilla que su movimiento representa al 80 por ciento de las comunidades de la zona.

¿Cuál es la real magnitud del conflicto? En opinión del dirigente PPD y consejero de Conadi, Hilario Huirilef, "es difícil saber, pues no se pueden verificar las distintas versiones".

Agrega que lo que sí se nota es frustración y decepción. "Vemos que el Estado no tiene ninguna intención de cambiar nada. Que el reconocimiento constitucional (promulgación del Convenio 169 de la OIT que reconoce la existencia de los pueblos originarios en la legislación chilena) es una especie de blanqueamiento de imagen del Estado de Chile ante los organismos internacionales", explica. Y recomienda que "para reanudar el diálogo, lo primero que debe hacer el Estado de Chile es reconocer su violencia, pedir perdón y desarrollar una política especial para nuestro pueblo".

El dirigente afirma que mientras el gobierno destina 3 mil quinientos millones de pesos a mejorar el acceso a Temuco, en zonas rurales no se asigna fondos para mejorar rutas al interior de comunidades, pues se las considera propiedad privada.

"El comunero tiene que gastar 5 mil pesos para salir de su casa por un camino de barro a hacer un simple trámite a Temuco", se queja.

"La restitución de tierras se atrasa, tenemos gente esperando desde 2001, faltan becas, hogares, oportunidades de desarrollo, créditos. Y cuando los comuneros protestan con piedras, les disparan por la espalda, y el gobierno no hace nada".

La intendenta Nora Barrientos sale al paso de las acusaciones: "Gran parte de la presencia de Carabineros en la zona tiene que ver con mandato del Ministerio Público y no del gobierno regional. Estamos conmocionados con la muerte del joven Mendoza y rechazamos la violencia. La fiscalía está investigando y se aplicarán las sanciones que la justicia determine", subraya.

Tras reunirse con la comisión especial enviada por la Presidenta, Barrientos descarta que la Araucanía esté "en llamas", insistiendo en que los hechos de violencia, aunque graves, son aislados: "Hay unas 2 mil 800 comunidades indígenas entre Biobío y Arauco.

Y en este momento tenemos siete, todas en Ercilla, con las cuales no es posible el diálogo", asegura. Según la autoridad, es importante mantener la perspectiva: "Seguimos avanzando en el pacto Re-Conocer, impulsado por el gobierno, que está funcionando bien y muestra que gran parte de las comunidades mapuches se desarrollan en paz.

Me reúno casi todos los días con algún representante de comunidades con las cuales trabajamos. Ellos dialogan con nosotros porque reconocen los avances de las políticas del gobierno", asegura.

Barrientos sostiene que, pese a los incidentes de violencia, las políticas públicas en Ercilla siguen el plan trazado, y destacó la edificación de escuelas mapuches y la construcción de más de 3 mil kilómetros de camino en el sector.

"Estamos asignando unos 4 mil 500 millones de pesos de aquí al 2010 para la concreción de proyectos", subraya.

Sin embargo, los líderes mapuches difieren. Carlos Curinao, lonko de la comunidad Guañaco Millao, perteneciente a la Alianza Territorial (AT), es terminante: las comunidades mapuches alzadas "no son una minoría", y asegura: "Hace unos días éramos treinta comunidades, y después de la muerte de nuestro hermano (Mendoza Collío) nuestro movimiento ya incluye al 80 por ciento de las comunidades. La CAM y los universitarios nos apoyan".

José Naín, también de la AT, anuncia que mañana el movimiento hará una manifestación en Temuco para exigir que el gobierno pida perdón a la familia de Mendoza Collío y se comprometa a compensarla por su pérdida.

Desde el 23 de julio, la AT está promoviendo tomas. Los enfrentamientos con la policía, enviada a desalojar los recintos, han terminado con comuneros y efectivos heridos.

Un autobús interprovincial y dos camiones fueron atacados por encapuchados cerca de Temuco, por la CAM. En respuesta, el gobierno presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Funcionarios del gobierno regional admiten un aumento de las demandas mapuches previo a la muerte de Mendoza Collío y lo atribuyen al período electoral.

Hablan de "tomas mediáticas", para forzar nuevas compras de tierra antes de un eventual cambio de gobierno, e incluso llaman la atención sobre colusiones entre comuneros y propietarios, una de ellas detectada por el diario Las Noticias de Victoria.

Éste publicó una entrevista con el comunero Victor Huenchupán, quien admite haberse puesto de acuerdo con un propietario de tierras para tomar un predio y lograr así que la Conadi lo comprara: "La Conadi no compraba, indicando para ello que no contaba con fondos. Por eso- y de común acuerdo con Paulsen hijo (dueño de la tierra)- procedimos a tomarnos los terrenos y, de esa manera, luego de 14 años, la Conadi nos compró 130 hectáreas", reconoce el comunero, hijo de un lonko de la zona.

Mediáticas o no, las tomas dan cuenta de un proceso que exige atención. El antropólogo socialista Eugenio Alcamán propone "acelerar la respuesta del Estado a las legítimas demandas de tierra basadas en títulos legales o ancestrales" y valora la pronta promulgación del Convenio 169 de la OIT.

"Establece la consulta a las comunidades para aprobar nuevos proyectos de inversión. Permite exigir indemnizaciones, mitigación de daños y participación en los beneficios a las comunidades afectadas o involucradas", enumera.

ONG regionales afirman que muchos predios ocupados en las últimas semanas por los mapuches llevan años estancados en el proceso de adquisición a través del Fondo de Tierras y Aguas de Conadi.

El presupuesto asignado para ello en los últimos 15 años es algo más de US$150 millones de dólares. Parece mucho. Pero en la ONG Observatorio Ciudadano contrastan esta cifra con "el presupuesto asignado por el gobierno a otras políticas públicas, el cual es muchísimo mayor".

Uno de sus directores, el abogado José Aylwin, puntualiza que "sólo este año, el gobierno de Chile adquirirá armamentos en EEUU por US$275 millones".

Los fondos destinados a tierras se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades, acota Aylwin. "Como lo denunció la Presidenta, el Estado termina pagando tres veces más de lo presupuestado porque hay gente que está lucrando a costa del conflicto", añade.

Según el abogado, de las 115 comunidades priorizadas por el gobierno, a la fecha sólo 36 han recibido solución debido al alza de precios de la tierra.

Aunque la ministra Carolina Tohá dijo que el gobierno analiza hacer una compra masiva de predios para bajar los valores, Aylwin es más drástico y propone que el Estado recurra a la expropiación: "Se trata no sólo de un mecanismo cuya validez jurídica es inobjetable, sino además, de uno que utiliza el Estado con frecuencia en territorios indígenas para materializar proyectos de inversión carreteros o hidroeléctricos. Su utilización en favor de los mapuches daría cuenta de una nueva actitud del Estado para responder a las legítimas demandas de sus comunidades", sostiene.

Pero el gobierno señaló que no está considerando esta opción por ahora.

En Temuco, la intendenta Nora Barrientos insiste en que el gobierno busca activamente soluciones, pero no negociará con quienes recurran a la violencia para presionar a la autoridad.

Aseguró que se mantendrá el cronograma ordenado por la Presidenta Bachelet, para que la Conadi adquiera otros 91 fundos, que se sumarán a los 31 ya adquiridos, de acuerdo a un mecanismo técnico que es necesario respetar".

Por su parte los dirigentes de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), de Temuco, llamaron al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, con el objeto de "imponer el orden".

Respecto de las denuncias del gobierno, Gastón Caminondo, presidente de esta entidad, dijo que "no es responsable" intentar atribuir las alzas de precios a los agricultores. Hay gente que no quiere vender y que por causa del conflicto se ven obligados".

Agrega que en la zona "no hay interés de los privados en comprar tierras donde hay problemas, por lo que el único que puede comprar es el gobierno", y llamó a la autoridad a enfocar su atención en las negociaciones que hace la Conadi en la región.

Cae la tarde y comienza a llover en el campus de la Universidad Católica. Los estudiantes recogen sus palos de chueca y se van a una asamblea. Las discusiones sobre qué hacer están recién comenzando.

¿Hora de agudizar las contradicciones? "Si no nos hacemos cargo del giro que están tomando las cosas, el conflicto se mantendrá y crecerá", mueve la cabeza el padre Díaz.

"¿Sabe que en los allanamientos a los mapuches les quitan los zapatos para comprobar las marcas que pudieran dejar sus suelas. Les revuelven todas las cosas, les quitan cuchillos de cocina. No les devuelven nada. Es humillante. ¿Quién va a defender a esas personas?", pregunta. Y se responde: "Los mapuches de hoy ya no son como antes. Hoy ya no se dejan humillar. Están recomponiendo su tejido social".

 

Ex ministros Mideplan

Clarisa Hardy: “La temática indígena no puede ser abordada, ni resuelta, con la actual institucionalidad. Por una parte, la Conadi es un servicio que ya no responde a la lógica de la compleja problemática indígena y, por otra, hay una deuda del Estado chileno (no del gobierno) con la demanda de reconocimiento de los pueblos indígenas”.

Andrés Palma: “Hay gente que quiere agudizar el conflicto, porque políticamente es rentable y hay gente también que quiere resolver los problemas de fondo. Yo creo que vamos a ganar los que queremos resolver el problema de fondo. La Presidenta Bachelet desarrolló el Programa Re-Conocer, que es la implementación del nuevo trato con los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional está pendiente y se avanzó con el Convenio 169, que se aprobó con el actual gobierno”.

Alejandra Krauss: “Esto no tiene que ver, única y exclusivamente, con políticas de gobierno. Si uno circunscribe el conflicto mapuche a un tema de un programa de gobierno, este país va a seguir teniendo estos conflictos y muchos otros. Éste no es un problema en el que haya fallado el gobierno. Es la sociedad, y Chile entero, quien tiene una deuda con el pueblo mapuche. Debemos reconocer que somos un pueblo multicultural, multiétnico”.

Roberto Pizarro: “Los gobiernos de la Concertación han fracasado sistemáticamente en relación al tema mapuche. No han respetado los derechos ancestrales u originales del pueblo mapuche. Todos esos resentimientos se convierten en rabia y eso, a su vez, en movilización y protesta. Por otra parte, los gobiernos reaccionan en contra de la protesta, militarizando la Araucanía, reprimiendo y por eso es que tenemos conflicto. El tema no solamente es una cuestión de tierra, sino que hay una problemática cultural”.

 

 

Inclusividad: “Tenemos la convicción de que avanzar en los derechos indígenas tiene que ver con fortalecer nuestra democracia, y esto es hacernos corresponsables de cómo construimos una sociedad más inclusiva. Me siento interpretada por las palabras del obispo (Vial) cuando convoca a toda la sociedad. Vivo hace 20 años aquí y me llama la atención el contraste evidente, y la actitud muy frecuente de discriminación en la relación entre los ciudadanos de la Araucanía. Hay barrios segmentados, espacios donde hay solamente mapuches. Hay una sociedad construida desde la fuerza que no reconoce todavía la identidad que la constituye. Cambiar nuestra cultura tomará tiempo. Una demanda muy sentida del pueblo mapuche es que se fortalezca el Fondo de Tierras, pero se tiene que complementar con otras políticas de inclusión. Esto no significa que los habitantes de la Araucanía que no tienen ascendencia mapuche tengan que irse de esta región o que sus inversiones corran riesgos. Todos podemos vivir en esta sociedad multicultural”.

Intendenta Nora Barrientos.

“Queremos eliminar la discriminación en paz”: A través del programa Orígenes, la comunidad Antonio Curapil (10 kilómetros hacia la costa de Temuco) acaba de construir un centro comunitario. A la fiesta de inauguración asisten dirigentes de otras comunidades cercanas, autoridades regionales y el alcalde de Temuco. Dos machis inician una rogativa, que culmina con cánticos. Ocho niños bailan danzas ancestrales y los visitantes se reúnen a almorzar al interior de la sede. “Estamos muy orgullosos de servir a nuestra comunidad”, afirma el lonko Armando Catrileo con una copa en la mano. “Todos sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Nos peleamos muchas veces con las autoridades -ríe-, pero aquí estamos. Logramos construir la sede. Todavía hay discriminación en esta zona, pero queremos trabajar juntos en paz para eliminarla”.

 

Criminalidad

“El Estado chileno está criminalizando la demanda indígena sin darse cuenta de que es una demanda legítima y creciente. No pueden seguir cabiendo en la sociedad como mano de obra barata; empleada doméstica y para el cuoteo político en que se les reparte migajas. ¿Se construye Ralco? Migajas. ¿Un aeropuerto? Migajas. ¿Un bypass? Migajas. El Estado construye macro proyectos que enriquecen a grupos conocidos y a la comunidad indígena le queda contaminación y marginalidad, asentamientos irregulares y propiedad fragmentada en que se les ahorca espacialmente. Uno se pregunta por qué la buena vida se la pueden dar sólo los que tienen una parcela a orillas del lago Caburgua. Y las comunidades que han vivido siempre así no tienen derecho a una vida decente y limpia”.

Sacerdote Fernando Díaz, coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur.

 

 

 

Chile busca importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras

Chile busca importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras

13-08-09

Por Jéssica Esturillo O.

Trascendió que fueron autoridades chilenas las que pusieron sobre la mesa la idea de iniciar conversaciones para regular este tema, conscientes de la escasez de recursos hídricos que se registra actualmente en varias zonas del país.

"Con Argentina tenemos un tratado minero y se ha conversado también la posibilidad de hacer un uso compartido de las aguas y un mejor aprovechamiento". Esta declaración del ministro de Obras Públicas (MOP), Sergio Bitar, dejó al descubierto una de las más importantes conclusiones alcanzadas en la II Reunión Bilateral de Ministros, que se desarrolló la semana pasada en la capital argentina. Trascendió que fueron autoridades chilenas las que pusieron sobre la mesa la idea de iniciar conversaciones para regular este tema, conscientes de la escasez de recursos hídricos que se registra actualmente en varias zonas del país.

"Un punto que Chile quiere dejar en la agenda, aunque para Argentina es políticamente complicado, es la posibilidad de exportación de agua en zonas limítrofes", dijo un conocedor de las tratativas.

Aunque finalmente, por decisión del titular de Planificación Federal del país vecino, Julio De Vido, en la declaración final de la cita bilateral -que suscribieron ambas delegaciones-, sólo quedó plasmada la intención de establecer un equipo de trabajo que analizará, entre otros, los factores legales, técnicos y políticos de un futuro acuerdo, fuentes del sector público señalaron que la opción de aprovechar el agua de varios ríos que por el lado trasandino corren muy cerca de la frontera con Chile, apuntaría directamente a la gran minería.

Problema común para la industria La falta de agua entre la I y III regiones se ha convertido en un problema que las mineras han debido abordar desde las fases más iniciales de sus proyectos.

En este tema no hay distinción entre actores públicos o privados, e incluso firmas como Codelco, Antofagasta Minerals (grupo Luksic) y Escondida (operada por BHP Billiton), han buscado alternativas en conjunto.

Comprar derechos de aprovechamiento, desalar agua de mar y "subirla" hasta la zona cordillerana, y también acceder a recursos al otro lado de la cordillera, han sido algunas de las opciones analizadas. Así al menos trascendió en el caso de BHP Billiton, que hace un par de años habría evaluado técnica y económicamente la opción de habilitar un ducto desde la provincia de Salta para abastecer la operación de Escondida, mina que ellos operan.

La falta de certeza jurídica respecto de la continuidad del suministro fue el factor que habría impedido a la compañía seguir adelante con este proyecto. Así, al menos lo comentaron en ese momento fuentes del gobierno chileno.

En la industria comentaron que en esta oportunidad, las gestiones de las autoridades locales buscarían apoyar a un proyecto específico que está siendo desarrollado por un tercero para ofrecerlo al yacimiento Caserones de la japonesa Lumina Copper.

Lo que esta firma estaría evaluando es llevar hasta el proyecto -ubicado en la cordillera de III Región- agua del río Salado, ubicado en la provincia argentina de La Rioja, a 4 kilómetros del proyecto cuprífero.

Se comenta que bastaría con llevar el agua 100 metros arriba para que el yacimiento obtenga los 800 litros por segundo que necesitaría.

La opción de desalar está económicamente fuera de alcance para la firma y esta importación abarataría significativamente el costo de abastecimiento hídrico.

Si bien la idea sería que un eventual acuerdo se incluya en el tratado minero vigente, conocedores del tema apuntaron que por lo complejo del tema, la opción que daría más garantías sería diseñar un acuerdo individual. http://www.ecoportal.net

Diario Financiero - www.df.cl

 

Museo será inaugurado en enero del año entrante

Museo será inaugurado en enero del año entrante

 La memoria tiene dónde estar

Domingo 23 de agosto de 2009   

 Por Libio Pérez / La Nación Domingo 

Más de cinco mil metros cuadrados de construcción y otros ocho mil de espacios abiertos albergarán retazos de la historia del Chile bajo el régimen militar. Muestras del sufrimiento y también de las esperanzas y apuestas por la vida de quienes fueron víctimas de la represión, de quienes resistieron a la dictadura. Para no olvidar.

 Foto: Este manuscrito corresponde a un pañuelo firmado por los prisioneros del Estadio Nacional, 1973. Donación de Santiago Cavieres Korn.

"Mi hijo podrá ver y escuchar mi testimonio y el de muchos más y, por fin, creerá lo que yo viví", dice con los ojos humedecidos por la emoción el ex dirigente campesino y mapuche Mario Carril Huenumán, que estuvo un par de años encarcelado en el Regimiento Tucapel de Temuco, donde sufrió -como la inmensa mayoría de los presos políticos tras el golpe militar de 1973- torturas y vejaciones.

Pero durante su cautiverio también aprendió a leer y a escribir. Su nombre hoy está en la lista del Informe Valech, trabaja como taxista, y es uno de los testigos de cargo contra un ex fiscal militar que está preso en Italia por su responsabilidad en la desaparición del sacerdote Omar Venturelli.

El cura y el dirigente campesino compartieron celda en el regimiento temuquense; el primero desapareció, el segundo pudo dejar su testimonio que podrá ser visto y oído desde enero próximo en el Museo de la Memoria.

En el soleado domingo del Día del Niño, millares de familias paseaban por la Quinta Normal, pero pocas reparaban que frente a la estación del Metro está creciendo un enorme edificio que tendrá más de 5 mil 300 metros cuadrados de construcción y otros ocho mil de espacios abiertos y plazas, además de un estacionamiento subterráneo y acceso directo desde el Metro.

El Museo de la Memoria está emplazado en un eje de desarrollo cultural y barrial en la zona poniente de Santiago y albergará retazos de la historia reciente de Chile, aquella que partió con el bombardeo a La Moneda la mañana del martes 11 de septiembre.

Es una las obras más preciadas de la Presidenta Michelle Bachelet, que junto a su madre, Ángela Jeria, estuvo secuestrada en Villa Grimaldi en 1975.

La Mandataria y su madre ya hicieron sus donaciones: un cuadro repujado en cobre que hizo el general de la FACh Alberto Bachelet, fallecido mientras estaba encarcelado.

El diseño del Museo de la Memoria se lo adjudicó una firma de arquitectos brasileños -donde participa un chileno radicado en Sao Paulo desde niño- a través de un concurso público que recibió 406 inscripciones (60 de ellas extranjeras) y 57 proyectos (cuatro desde fuera de Chile), que destaca por el uso de estructuras de cobre y revestimientos de vidrio, que alojará una muestra permanente de objetos, arte carcelario, publicaciones (afiches, prensa clandestina, panfletos, colecciones de revistas opositoras a la dictadura), archivos de procesos judiciales, documentos oficiales, fotografías, películas y videos, así como espacios para muestras itinerantes de regiones o del extranjero.

Las obras de construcción están a cargo del Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto cercano a los 6 mil 500 millones de pesos, en coordinación con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y bajo la dirección general de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos, que encabeza María Luisa Sepúlveda, que recibió el mandato de Bachelet para el desarrollo del proyecto a fines de 2006.

Desde septiembre de 2007, una quincena de profesionales de distintas disciplinas está desarrollando el diseño museográfico, que es dirigido por la periodista Marcia Scantlebury (ver recuadro).

La propuesta de crear un Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos ya estaba contenida en los informes Rettig (sobre ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura) y Valech (que documentó los casos de prisión política y torturas).

La Presidenta Bachelet materializó la idea el 10 de diciembre del año pasado, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, poniendo la primera piedra de la construcción.

Junto al escritorio que ocupaba al momento de ser acribillado el sacerdote André Jarlan durante una protesta antidictatorial en 1984 en la población La Victoria, Bachelet definió los objetivos del museo: "Para que la memoria de tanto dolor y el recuerdo de quienes jamás olvidaremos nunca más permita que el desprecio a los derechos humanos pueda imponerse. Para que esa memoria y ese recuerdo inspiren siempre a un Chile unido en el respeto a los derechos de las personas".

Y agregó: "Habrá distintas interpretaciones acerca de las causas del quiebre democrático. Habrá distintas interpretaciones acerca del legado del régimen autoritario. Pero sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias. Debemos mirar de frente esa terrible realidad".

LA MUESTRA PERMANENTE

Para mirar de frente "esa terrible realidad" el proyecto del Museo de la Memoria ha comenzado a hurgar en los lugares más recónditos de Chile y el mundo para recoger un legado para los historiadores del futuro.

Carmen Garretón, que trabajó más de 20 años en la Vicaría de la Solidaridad, es una de las especialistas que está en contacto con las organizaciones de derechos humanos a lo largo de todo el país, para facilitar el acopio de materiales que albergará el museo, mientras la recepción y clasificación del acervo está a cargo de la bibliotecaria y documentalista María Luisa Ortiz.

El patrimonio del museo se ha ido formando desde distintas vertientes. Los primeros documentos provienen de los testimonios recogidos y plasmados en los informes Rettig y Valech.

También incluye el material entregado por la Casa de la Memoria que reúne a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee) y Teleanálisis.

La Unesco ya incorporó este acervo en el Programa Memoria del Mundo. Entre el material ya recolectado está una puerta de la Cárcel Pública, así como una torre de vigilancia que la CNI instaló en calle República.

También están algunas amarras con que fueron inmovilizados los prisioneros en La Moneda, que luego fueron trasladados al Regimiento Tacna, desde donde fueron sacados y después ejecutados.

A ello se agregan las donaciones, entregas en comodato o por legado testamentario, entre otras modalidades, entregadas por organizaciones o particulares.

Entre éstas están las cartas censuradas de los prisioneros, sus artesanías hechas en los campos de concentración, ropas o guantes usados en los trabajos forzados, diarios de vida, fotografías, pasaportes "válidos sólo para salir del país" que daban a los expulsados de Chile y "barretines" usados en las comunicaciones clandestinas desde las cárceles.

Un lugar destacado también está reservado para los afiches y publicaciones elaborados por la solidaridad internacional. No hay día en que alguien, a veces acompañado por su familia entera, llegue hasta las oficinas del Museo de la Memoria para entregar un objeto.

"Es un acto de gran desprendimiento, son cosas que han guardado hasta por más de 30 años y que ahora entregan; es emocionante", relata María Luisa Ortiz.

El periodista Claudio Garvizo coordina el proyecto "100 entrevistas", que realizan las productoras audiovisuales Midia, que dirige Gilberto Villarroel, y Nuevo Espacio, que encabeza Patricio Polanco.

Equipos de camarógrafos, sonidistas y productores han recorrido todo Chile recogiendo testimonios de ex presos y presas, familiares de desaparecidos o ejecutados, dirigentes sociales, abogados defensores en consejos de guerra, historiadores, artistas, campesinos, sobrevivientes de hechos represivos y activistas de derechos humanos, entre otros, que forman un mapa que abarca la memoria y registro de hechos desde Arica a Punta Arenas.

Los que entrevistan son periodistas que estuvieron en medios de prensa que resistieron a la dictadura.

El personal del museo también realiza una búsqueda activa en los Archivos Nacionales y en los centros de documentación de los servicios públicos. Ya tienen un sus manos decretos de expulsión de personas, firmados y timbrados en el Ministerio del Interior de la época.

También los registros de la Cancillería cuando enviaba instrucciones a las embajadas sobre cómo tratar las condenas y censuras de la comunidad internacional a la dictadura militar.

Así como los "decretos secretos" que promulgó el general Augusto Pinochet durante los 17 años de su régimen y que pronto serán públicos cuando el Congreso levante sus reservas. Todo eso y mucho más será parte del Museo Nacional de la Memoria, para que el hijo del campesino Mario Carril Huenumán -como muchos otros- le crea a su padre que vivió esta historia y pueda "mirarla de frente".

 

Sólo el 1% de los mares en aguas abiertas está protegido

Sólo el 1% de los mares en aguas abiertas está protegido

 Ecologistas buscan apoyo para proteger océanos

Sábado 22 de agosto de 2009   

 Por Kate Galbraith 

Los conservacionistas están en una nueva cruzada: crear parques nacionales en el océano abierto, más allá de las zonas económicas exclusivas.

 Foto: Arrecife del área protegida de las Islas Phoenix, alrededor de Kiribati, uno de los pocas zonas de alta mar del mundo que tienen este estatus.

El fin de semana pasado, el Presidente Barack Obama llevó a su familia a un tour al Gran Cañón y a Yellowstone para subrayar la importancia de los parques para el legado de Estados Unidos. Yellowstone tiene una significación profunda: establecido en 1872, fue el primer parque nacional jamás creado. Nació un movimiento.

"Fue una de las grandes ideas que Estados Unidos ha producido", dijo Bill Eichbaum, del World Wildlife Fund. Hoy, el 12,2% de las áreas terrestres de los países está protegido. Cerca del 6% de las aguas territoriales (definidas en una extensión de 12 millas náuticas desde la costa de un país) están protegidas.

Pero sigue habiendo un área con vastas posibilidades: el océano. Menos del 1% más allá de las aguas territoriales está protegido.

Los conservacionistas están dirigiendo cada vez más su atención hacia el mar. Pero los ambientes marinos tienden a ser "más frágiles" en relación al cambio climático. Son altamente vulnerables a los cambios de temperatura, lo que puede afectar los arrecifes de coral y otra vida marina. La sobre pesca es también, por supuesto, un problema extendido.

Charles Besançon, jefe del Programa de Áreas Protegidas de Naciones Unidas señaló que en los años recientes el mayor crecimiento en áreas protegidas ha ocurrido en el océano. Como el área protegida de las Islas Phoenix, alrededor de Kiribati, una nación insular del Pacífico. El área es un trozo de océano casi del tamaño de Suecia.

El ex Presidente George W. Bush ganó elogios de grupos ambientales por sus acciones para proteger el océano. Poco antes de dejar su cargo, designó a una enorme área del océano Pacífico bajo control de Estados Unidos como monumento nacional y ya en 2006, estableció una gigantesca reserva marina cerca de Hawai.

Desafío mayor

Para los impulsores de los parques, sin embargo, el océano abierto (lejos de cualquier masa de tierra) sigue siendo el desafío mayor. El problema radica en que el océano abierto es esencialmente libre para todos: nadie es su dueño, aunque los países pueden controlar sus "zonas económicas exclusivas". "Encontrar las autoridades legales que creen áreas protegidas es complicado, tanto por los temas legales como por los políticos", dijo Eichbaum, refiriéndose al océano.

Los lobbies pesqueros se oponen generalmente a las restricciones a sus actividades. Eichbaum y otros conservacionistas están impulsando una iniciativa pionera para establecer un área protegida en el Atlántico Norte. Esta sección del océano, conocida como la Zona de Fractura Charlie Gibbs, es importante para los tiburones de aguas profundas, las ballenas y otras especies. Pero incluso si los conservacionistas tienen éxito en crear áreas protegidas en el Atlántico Norte y en otras partes, difícilmente será el final de la historia. Monitorear y aplicar los acuerdos sobre océanos abiertos traerá desafíos especiales. "No se puede instalar guardias en alta mar".

* HERALD TRIBUNE DERECHOS EXCLUSIVOS PARA LA NACIÓN

 

A nuestra sangre…

A nuestra sangre…

Fernando Morales Escobar

Llegaron con sus rayos y el fuego en sus manos

Manos asesinas, ropa de metal

En sus carros de carne de hueso, cuatro patas

Se robaron mis tierras

Nos matan

Me prohibieron hablar mi idioma, tocar mi música, usar mi ropa...

Han pasado más de 500 años...

Y una vez más, asesinan, pisotean la dignidad

Hablan de derechos humanos...de los suyos,

ignoran el de los otros, el nuestro.

Cómo decirte y exprimirte, querido hermano, el inmenso dolor que siento frente a tanta ignominia, a la traición de nuestra sangre.

Nosotros que somos parte de este pueblo que nació de la invasión extranjera.

Pueblo mestizo por tu cuerpo corre la sangre amerindia, Lautaro, Galvarino, Caupolicán, Fresia, Guacolda...

Chileno mestizo, siervo, lacayo de la Oligarquía, tus botas una vez más mancillan nuestro pueblo con su sangre.

Una vez más con tus rodillas a la altura de los pies y una vez más traicionas a tu madre a tu padre, a la vida, tu sangre, te traicionas a ti mismo y traicionas a tu pueblo...

Militar cobarde, vendido, mírate, ves en lo que te convertiste, mira tu sangre, tus hijos y di si tienes honor, dignidad. Di si respetas a nuestro pueblo. Tu código de honor es la muerte.

Lautaro, Galvarino, Caupolicán, Fresia, Guacolda, hermanos amerindios...Perdón por este dolor, por la traición a vuestra, nuestra sangre.

 

IMPRESIONANTES REVELACIONES SOBRE DESAPARECIDOS EN COLONIA DIGNIDAD

IMPRESIONANTES REVELACIONES SOBRE DESAPARECIDOS EN COLONIA DIGNIDAD

Impresionantes Revelaciones sobre Desaparecidos en Colonia Dignidad

Derechos Humanos - 18 de agosto, 2009

Si hay un lugar en esta tierra cuya sola mención evoque de manera más rotunda los múltiples significados del fascismo; si hay un lugar en Chile donde adquiere cuerpo la terrible admonición de Dante grabada a fuego en el dintel del infierno, aquella que dice "Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza", ése es el fundo El Lavadero, en la comuna de Parra, donde todavía tiene su sede la fatídica Villa Baviera, alias Colonia Dignidad, la misma a la que el Consejo de Defensa del Estado acaba de acordar, con delicadeza, gracia y consideración, levantarle embargos por más de cuatro mil millones de pesos.

Esa misma Colonia Dignidad sobre la que ríos de tinta y kilómetros de cinta magnética no alcanzan para describir la totalidad de sus horrores, y que no obstante, no termina de sorprender, en ocasiones hasta el nivel del espasmo.

Es el caso del contenido de los documentos del archivo local de la CIA, que estamos en condiciones de publicar, o tal vez sería más apropiado decir filtrar, en esta oportunidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado el término desclasificación, lo cual ha generado alguna confusión, tal vez debida al hecho de que dicho verbo es asociado a una decisión oficial y deliberada de cualquier dependencia del gobierno norteamericano, de abrir o desclasificar su información. Es así como en días recientes, un canal de noticias por cable, una radio y un quincenario dedicado a la chacota, consultaron la opinión de Peter Kornbluh, especialista en desclasificación de información de agencias gubernamentales norteamericanas, quien manifestó dudas sobre la autenticidad de los documentos, dado el hecho de que están en castellano, y por otras cuestiones de forma.

Sin embargo, como se trata de un especialista serio, concluyó que con la información disponible, en última instancia no estaba en condición de afirmar o desmentir la autenticidad de los documentos; no obstante lo cual, el periodista del quincenario en cuestión, con una ética y una técnica periodísticas muy por debajo de estándares aceptables, le atribuyó la afirmación de que eran "más falsos que la sonrisa de tatán".

Mejor hubiera hecho el bisoño periodista en enfocarse sobre la información que le fue suministrada, en lugar de limitarse a filosofar sobre exterioridades o de suponer que un periodista de un medio como El Siglo, que hace más de veinte años rema a contracorriente de la complacencia mediática de la que en última instancia ese quincenario es tributario, vaya a publicar información que no puede sostener, aún en estrados judiciales.

Archivo

Todavía no ha llegado el momento de revelar el origen de los documentos. Pero por ahora, podemos afirmar que pertenecían al Departamento de Inteligencia de la Embajada, dependencia encargada de la compilación de información proveniente de la DEA y de la CIA, para fines internos. Ambas dependencias operaban sobre la base de redes de colaboradores voluntarios e informantes pagados. Los antecedentes así recabados llegaban en español, por la sencilla razón de que los colaboradores e informantes eran -y son- en su mayoría chilenos. Esa información se traducía al inglés, y era enviada, por vías reservadas, a Washington. Nuestro informante supone que se remitían al Departamento de Estado y a la CIA, aunque esa parte no le consta, porque no entraba dentro de sus atribuciones. Afirma que sólo tenía acceso a aquella parte del archivo que compilaba información recabada por los equipos de tarea de nivel local, y que otra instancia de la estructura de comunicaciones de la Embajada resolvía archivar. Sin embargo, al igual que en la totalidad de los documentos filtrados hasta la fecha, la mayor prueba de suficiencia y validez es la información misma, más aún cuando, metodológicamente, sólo hemos publicado aquella que se pueda contrastar al menos con una segunda fuente.

Metodología del terror

El memorando secreto 11-22 corresponde a una recopilación de inteligencia sobre el centro de detención y torturas que funcionó en Colonia Dignidad, y entrega información hasta ahora desconocida sobre la incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos, en el contexto de la denominada Operación Retiro de Televisores, que como ya está probado en autos, fue ordenada por un criptograma del propio general Pinochet, distribuido a divisiones, regimientos y unidades militares del país, incluida Colonia Dignidad.

Los dos primeros puntos del documento acreditan los nexos gestados en los albores mismos de la dictadura, entre la DINA y Colonia Dignidad, la cual puso a disposición de los agentes del Estado para sus tareas represivas los fundos Lavadero, San Manuel y El Litral, así como un inmueble en la ciudad de Parral.

La inteligencia norteamericana identifica a Erwin Fege como jefe de seguridad de Colonia Dignidad, y a Willy Malessa como el encargado de la incineración de los cuerpos. El procedimiento consistía, primero, en rociar los cuerpos con fósforo químico, luego incinerarlos en alguno de los ocho hornos construidos para el efecto, para terminar esparciendo las cenizas dentro de los predios.

Todo esto mientras la maquinaria oficial negaba las detenciones a sus familiares y los tribunales rechazaban los recursos de amparo, la mayor parte de las veces "por no haberse acreditado el cuerpo del delito".

Difícil imaginar crueldad más lejana a la condición humana.

El 26 de marzo de 2004, el noticiario central de Chilevisión dio a conocer el testimonio de José Efraín Vetter Veuhof, fugado de Colonia Dignidad, el que después rindió ante el ministro Jorge Zepeda. Algunos párrafos de ese testimonio: "Willy Malessa enterró 15 autos de detenidos desaparecidos, por orden de Paul Schäfer, usando una retroexcavadora K-235 (.,.) El encargado de la seguridad era Erwin Fege; él estaba a cargo de un grupo de unas 20 personas, armadas. Hacían prácticas de tiro, en las noches, en un subterráneo (...) Willy Malessa recibió la orden de Shäfer de remover el ‘paquete’, de sacarlo desde donde estaba y llevarlo a otro lugar. El estuvo trabajando más de una semana, solo, en un valle interior. Willy y Erwin Fege pueden saber donde están los restos de los desaparecidos. Cuando el tema de los DDHH resurgió se preocuparon de que alguien pudiera entrar y vinieran a hacer excavaciones. Hoy quizás ya creció el bosque y es imposible saber dónde están los restos, pero están preocupados. (...) Ellos podrían ayudar a muchos chilenos. Ellos tienen que pensar que un día van a llegar al cielo y tendrán que dar cuentas a su Dios. Hoy Willy y Erwin tienen casas en el sur y viven como reyes. ¿Cuándo despertarán y ayudarán a tantos chilenos? ¿Por qué lo hicieron?" El 17 de julio de 2005, después de declarar ante el ministro Jorge Zepeda, le dijo a El Mercurio: "Willy Malessa y Erwin Fege se fueron, pero siguen viviendo de los que están allí. Cuando se fueron pidieron 90 millones. Y aunque en asamblea dijimos que no, igual se les dio. Después hasta yo trabajé llenando fardos y fardos de pasto para el fundo de Fege. Y todavía se les mandan los productos de la Colonia para vender".

Según este testigo, Malessa y Fege viven en Purrranque, sin haber sido sometidos a proceso hasta la fecha.

Retiro de televisores

Otro antecedente de la máxima importancia es el que dice relación con la denominada Operación Retiro de Televisores, que como se sabe consistió en la exhumación e incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos. De acuerdo al documento de la inteligencia norteamericana, se realizó en dos etapas, los años 1977 y 1989.

La orden codificada, según el criptograma A-1 de la Comandancia en Jefe del Ejército, habría sido impartida por el propio general Augusto Pinochet y enviada a todas las guarniciones y divisiones del país.

Por lo que respecta a Colonia Dignidad, el documento P-100930, del 8 de octubre de 1990, firmado por el jefe de Dicomcar 2, documento oficial, susceptible de ser periciado, corrobora esa información en términos casi absolutos. Señala que "por orden del Señor Director General", cargo que por entonces desempeñaba el general Rodolfo Stange, se procedió a la "exhumación e incineración" de las personas individualizadas, "según criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército".

El hecho de que un documento de Dicomcar aparezca en el archivo de la CIA revela la porosidad del entorno de la inteligencia, y confirma la versión de nuestro informante, en el sentido de que las más de las veces el método de las redes locales de la CIA consistía en la compra de información. En todo caso, conviene insistir: la última palabra compete a tribunales.

Lista fatídica

En la lista adjunta aparece Juan Maino Canales, militante del MAPU, detenido el 26 de mayo de 1976, por agentes de la DINA. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el delito de secuestro calificado de Maino Canales, el ministro Jorge Zepeda tiene encausados a Paul Schäfer Schneider, Rolf Wenderoth Pozo, Carlos López Tapia, Osvaldo Pincetti Gac y Eugenio Fieldhouse Chávez.

Luego, aparecen los nombres de Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, ambos sin militancia política, detenidos por Carabineros el 28 de julio de 1974, en Parral, y de José Luis Morales Ruiz, detenido el 1 de agosto de 1974, en la misma ciudad. Por el caso de 15 detenidos desaparecidos de Parral, entre los que están Sarmiento, Laurie y Morales, el ministro de Dedicación Exclusiva Alejandro Solís condenó a penas que van entre 10 y 17 años al ex coronel de Carabineros, Pablo Caullier Grant; al ex teniente coronel de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela, y al ex sargento Luis Alberto Hidalgo.

A continuación, vienen los nombres de dos militantes de las Juventudes Comunistas, Pedro Merino Molina, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la casa de un conocido, en Coronel, y Adán Valdevenito Olavarría, detenido el 25 de septiembre del mismo año, en Lota. Aparte de la militancia, ambos comparten la circunstancia de que sus nombres aparecieron en la lista publicada en la revista O’Día de Curitiba, en el marco de la Operación Colombo, y que sus casos judiciales están sobreseídos temporalmente, sin culpables.

En la lista del documento de Dicomcar sigue el nombre de José Hilario San Martín, identidad que probablemente corresponda a José Isaías San Martín Benavente, jefe de Dirinco de Temuco, quien se presentó voluntariamente a Carabineros, el 19 de septiembre de 1973. Por este caso, están encausados el ex general de Carabineros Gonzalo Arias González, el ex-capitán Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y los ex-suboficiales Juan de Dios Fritz Vega y Omar Burgos.

Terrorismo selectivo

Luego, aparecen Alan Bruce Catalán y Alvaro Vallejos Villagrán, integrantes de estructuras de dirección intermedia del MIR. Bruce fue detenido el 13 de febrero de 1975, en una ratonera en la que además cayeron Iván Monti Cordero, Carmen Díaz Darricacarrere, y Jaime Vásquez Sáenz, todos desaparecidos hasta el día de hoy.

Los últimos testimonios disponibles dan cuenta de su presencia en Villa Grimaldi, en pésimas condiciones físicas y mentales, antes de que su rastro se perdiera hasta el antecedente entregado por el documento de Dicomcar 2, que por una caprichosa parábola terminó en el archivo de la CIA.

Vallejos Villagrán, detenido el 20 de mayo de 1974, también fue bárbaramente torturado. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el secuestro calificado de Vallejos Villagrán se encuentran procesados los ex coroneles de Carabineros César Manríquez Bravo y Ciro Torré, y los colonos alemanes Gerhard Mücke y Kurt Schenellenkamp. La lista de Dicomcar 2 suministra los nombre del del ex-diputado Carlos Lorca Tobar y Exequiel Ponce Vicencio, integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista, detenidos el 25 de junio de 1975, en un golpe represivo que además incluyó a Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña Herreros. Mireya Rodríguez, Carolina Wiff, Rosa Solís y Sara Donoso Pacheco, todos desaparecidos hasta el día de hoy. Procesado por el secuestro y desaparición de Carlos Lorca Tobar, permanece el ex agente de la DINA, suboficial Basclay Humberto Zapata Reyes. El antecedente de que los cuerpos de Lorca y Ponce habrían sido incinerados en Colonia Dignidad era desconocido hasta ahora.

Finalmente, la lista entrega los nombres de Jorge Muñoz Poutays y Mario Zamorano, detenidos en la ratonera de Calle Conferencia, en el contexto de una operación represiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista, que se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 1976. Por ese caso, el ministro de Dedicación Exclusiva, Víctor Montiglio tiene 74 encausados, entre los que cabe mencionar a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Germán Barriga Muñoz y Federico Chaigneau Sepúlveda, integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, que además incluía personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Centro de exterminio

Como puede apreciarse, la lista de la Dicomcar acredita la condición de centro de exterminio de Colonia Dignidad, toda vez que incluye casos de detenidos desaparecidos de fechas diversas y distintos lugares de detención, en que se superponen víctimas de detenciones indiscriminadas, propias de la primera fase de la represión, con aquellas altamente selectivas, característica de la segunda, con "neutralización" de cuadros de dirección de los partidos Socialista y Comunista, y del MIR.

Esa condición es corroborada por el punto 7 del documento de inteligencia norteamericana, que señala que a ese recinto eran trasladados detenidos de Santiago, Talca y Temuco, y agrega que en Dignidad se utilizó el método de cámaras de gas y petróleo, en tanto crematorios "científicamente planificados" para asegurar la "eliminación" de los cuerpos. De estos hornos, según el documento, habrían existido unos ocho, con capacidad para dos o tres cuerpos.

También por el documento se puede saber que los alemanes se encargaban de la tortura, y luego suministraban a la DINA análisis de inteligencia y directrices de búsqueda, es decir, listas de personas a detener, elaboradas con información obtenida bajo tortura.

También, fluye que en el recinto se elaboraba armamento de guerra, así como armas químicas y bacteriológicas, entre otras, gas sarín, en el contexto del Proyecto Andrea, en el que también participaron Michael Townley y Eugenio Berríos.

El documento de la inteligencia norteamericana sugiere vínculos entre el servicio secreto alemán y la Colonia Dignidad.

La lista de Schäfer

En su punto 10, el documento individualiza a los integrantes de la Brigada Sur de la DINA, integrada por Eduardo Guy Neckelmann Schültz, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Gómez Segovia; Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvecce Massera. Al día de hoy, Gómez Segovia está procesado por asociación ilícita, y Wenderoth por el secuestro de Juan Maino Canales. Asimismo, está acreditado que Neckelmann, Deichler y Luvecce vivieron en una casa situada Carrera Pinto 262, en Parral, cedida por la Colonia Dignidad.

Entre los integrantes de las unidades operativas de nacionalidad alemana, el documento 11-22 identifica a Gerd Seewald Lefebre, Hans Jurgen Bollman, Albert Schreiber Rauschenberger; Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies, Karl van den Berg Schuurman, Gerhard Mücke Koschitzke, Erwin Fege y Willy Malessa. Salvo estos dos últimos, el resto, además de Paúl Schäfer Schneider, Harmut Hopp Moittel, Gisela Gruhlke Hann, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Zeitner Bohnau; Matthias Gerlach Maschke; Renate Freitag Hartman; Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia, y Armando Fernández Larios, están procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita, por el ministro Jorge Zepeda, que acumula todas las causas por violaciones a los derechos humanos, perpetradas en Colonia Dignidad.

De acuerdo con el informe de inteligencia norteamericano, todas estas personas participaron, en las décadas de los 70 y los 80, en alrededor de 140 desapariciones en predios de Colonia Dignidad. Sólo en la Operación Cerro Gallo, comandada, aparentemente, por el ex teniente coronel Hugo Cardemil, se habrían ejecutado y hecho desaparecer en las condiciones descritas a unos veinte militantes del Partido Comunista.

Por último, el documento 11-22 de la CIA, informa que por Monte Maravilla se designaba a un campo de concentración y trabajos forzados, tanto para opositores a la dictadura, como para castigo de colonos alemanes díscolos.

En suma, postular que Colonia Dignidad es sinónimo de infierno matizado con los trazos más crueles del fascismo, es incluso condescendiente

Impresionantes Revelaciones sobre Desaparecidos en Colonia Dignidad

Derechos Humanos - 18 de agosto, 2009

Si hay un lugar en esta tierra cuya sola mención evoque de manera más rotunda los múltiples significados del fascismo; si hay un lugar en Chile donde adquiere cuerpo la terrible admonición de Dante grabada a fuego en el dintel del infierno, aquella que dice "Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza", ése es el fundo El Lavadero, en la comuna de Parra, donde todavía tiene su sede la fatídica Villa Baviera, alias Colonia Dignidad, la misma a la que el Consejo de Defensa del Estado acaba de acordar, con delicadeza, gracia y consideración, levantarle embargos por más de cuatro mil millones de pesos.

Esa misma Colonia Dignidad sobre la que ríos de tinta y kilómetros de cinta magnética no alcanzan para describir la totalidad de sus horrores, y que no obstante, no termina de sorprender, en ocasiones hasta el nivel del espasmo.

Es el caso del contenido de los documentos del archivo local de la CIA, que estamos en condiciones de publicar, o tal vez sería más apropiado decir filtrar, en esta oportunidad. En ocasiones anteriores hemos utilizado el término desclasificación, lo cual ha generado alguna confusión, tal vez debida al hecho de que dicho verbo es asociado a una decisión oficial y deliberada de cualquier dependencia del gobierno norteamericano, de abrir o desclasificar su información. Es así como en días recientes, un canal de noticias por cable, una radio y un quincenario dedicado a la chacota, consultaron la opinión de Peter Kornbluh, especialista en desclasificación de información de agencias gubernamentales norteamericanas, quien manifestó dudas sobre la autenticidad de los documentos, dado el hecho de que están en castellano, y por otras cuestiones de forma.

Sin embargo, como se trata de un especialista serio, concluyó que con la información disponible, en última instancia no estaba en condición de afirmar o desmentir la autenticidad de los documentos; no obstante lo cual, el periodista del quincenario en cuestión, con una ética y una técnica periodísticas muy por debajo de estándares aceptables, le atribuyó la afirmación de que eran "más falsos que la sonrisa de tatán".

Mejor hubiera hecho el bisoño periodista en enfocarse sobre la información que le fue suministrada, en lugar de limitarse a filosofar sobre exterioridades o de suponer que un periodista de un medio como El Siglo, que hace más de veinte años rema a contracorriente de la complacencia mediática de la que en última instancia ese quincenario es tributario, vaya a publicar información que no puede sostener, aún en estrados judiciales.

Archivo

Todavía no ha llegado el momento de revelar el origen de los documentos. Pero por ahora, podemos afirmar que pertenecían al Departamento de Inteligencia de la Embajada, dependencia encargada de la compilación de información proveniente de la DEA y de la CIA, para fines internos. Ambas dependencias operaban sobre la base de redes de colaboradores voluntarios e informantes pagados. Los antecedentes así recabados llegaban en español, por la sencilla razón de que los colaboradores e informantes eran -y son- en su mayoría chilenos. Esa información se traducía al inglés, y era enviada, por vías reservadas, a Washington. Nuestro informante supone que se remitían al Departamento de Estado y a la CIA, aunque esa parte no le consta, porque no entraba dentro de sus atribuciones. Afirma que sólo tenía acceso a aquella parte del archivo que compilaba información recabada por los equipos de tarea de nivel local, y que otra instancia de la estructura de comunicaciones de la Embajada resolvía archivar. Sin embargo, al igual que en la totalidad de los documentos filtrados hasta la fecha, la mayor prueba de suficiencia y validez es la información misma, más aún cuando, metodológicamente, sólo hemos publicado aquella que se pueda contrastar al menos con una segunda fuente.

Metodología del terror

El memorando secreto 11-22 corresponde a una recopilación de inteligencia sobre el centro de detención y torturas que funcionó en Colonia Dignidad, y entrega información hasta ahora desconocida sobre la incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos, en el contexto de la denominada Operación Retiro de Televisores, que como ya está probado en autos, fue ordenada por un criptograma del propio general Pinochet, distribuido a divisiones, regimientos y unidades militares del país, incluida Colonia Dignidad.

Los dos primeros puntos del documento acreditan los nexos gestados en los albores mismos de la dictadura, entre la DINA y Colonia Dignidad, la cual puso a disposición de los agentes del Estado para sus tareas represivas los fundos Lavadero, San Manuel y El Litral, así como un inmueble en la ciudad de Parral.

La inteligencia norteamericana identifica a Erwin Fege como jefe de seguridad de Colonia Dignidad, y a Willy Malessa como el encargado de la incineración de los cuerpos. El procedimiento consistía, primero, en rociar los cuerpos con fósforo químico, luego incinerarlos en alguno de los ocho hornos construidos para el efecto, para terminar esparciendo las cenizas dentro de los predios.

Todo esto mientras la maquinaria oficial negaba las detenciones a sus familiares y los tribunales rechazaban los recursos de amparo, la mayor parte de las veces "por no haberse acreditado el cuerpo del delito".

Difícil imaginar crueldad más lejana a la condición humana.

El 26 de marzo de 2004, el noticiario central de Chilevisión dio a conocer el testimonio de José Efraín Vetter Veuhof, fugado de Colonia Dignidad, el que después rindió ante el ministro Jorge Zepeda. Algunos párrafos de ese testimonio: "Willy Malessa enterró 15 autos de detenidos desaparecidos, por orden de Paul Schäfer, usando una retroexcavadora K-235 (.,.) El encargado de la seguridad era Erwin Fege; él estaba a cargo de un grupo de unas 20 personas, armadas. Hacían prácticas de tiro, en las noches, en un subterráneo (...) Willy Malessa recibió la orden de Shäfer de remover el ‘paquete’, de sacarlo desde donde estaba y llevarlo a otro lugar. El estuvo trabajando más de una semana, solo, en un valle interior. Willy y Erwin Fege pueden saber donde están los restos de los desaparecidos. Cuando el tema de los DDHH resurgió se preocuparon de que alguien pudiera entrar y vinieran a hacer excavaciones. Hoy quizás ya creció el bosque y es imposible saber dónde están los restos, pero están preocupados. (...) Ellos podrían ayudar a muchos chilenos. Ellos tienen que pensar que un día van a llegar al cielo y tendrán que dar cuentas a su Dios. Hoy Willy y Erwin tienen casas en el sur y viven como reyes. ¿Cuándo despertarán y ayudarán a tantos chilenos? ¿Por qué lo hicieron?" El 17 de julio de 2005, después de declarar ante el ministro Jorge Zepeda, le dijo a El Mercurio: "Willy Malessa y Erwin Fege se fueron, pero siguen viviendo de los que están allí. Cuando se fueron pidieron 90 millones. Y aunque en asamblea dijimos que no, igual se les dio. Después hasta yo trabajé llenando fardos y fardos de pasto para el fundo de Fege. Y todavía se les mandan los productos de la Colonia para vender".

Según este testigo, Malessa y Fege viven en Purrranque, sin haber sido sometidos a proceso hasta la fecha.

Retiro de televisores

Otro antecedente de la máxima importancia es el que dice relación con la denominada Operación Retiro de Televisores, que como se sabe consistió en la exhumación e incineración de cuerpos de detenidos desaparecidos. De acuerdo al documento de la inteligencia norteamericana, se realizó en dos etapas, los años 1977 y 1989.

La orden codificada, según el criptograma A-1 de la Comandancia en Jefe del Ejército, habría sido impartida por el propio general Augusto Pinochet y enviada a todas las guarniciones y divisiones del país.

Por lo que respecta a Colonia Dignidad, el documento P-100930, del 8 de octubre de 1990, firmado por el jefe de Dicomcar 2, documento oficial, susceptible de ser periciado, corrobora esa información en términos casi absolutos. Señala que "por orden del Señor Director General", cargo que por entonces desempeñaba el general Rodolfo Stange, se procedió a la "exhumación e incineración" de las personas individualizadas, "según criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército".

El hecho de que un documento de Dicomcar aparezca en el archivo de la CIA revela la porosidad del entorno de la inteligencia, y confirma la versión de nuestro informante, en el sentido de que las más de las veces el método de las redes locales de la CIA consistía en la compra de información. En todo caso, conviene insistir: la última palabra compete a tribunales.

Lista fatídica

En la lista adjunta aparece Juan Maino Canales, militante del MAPU, detenido el 26 de mayo de 1976, por agentes de la DINA. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el delito de secuestro calificado de Maino Canales, el ministro Jorge Zepeda tiene encausados a Paul Schäfer Schneider, Rolf Wenderoth Pozo, Carlos López Tapia, Osvaldo Pincetti Gac y Eugenio Fieldhouse Chávez.

Luego, aparecen los nombres de Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, ambos sin militancia política, detenidos por Carabineros el 28 de julio de 1974, en Parral, y de José Luis Morales Ruiz, detenido el 1 de agosto de 1974, en la misma ciudad. Por el caso de 15 detenidos desaparecidos de Parral, entre los que están Sarmiento, Laurie y Morales, el ministro de Dedicación Exclusiva Alejandro Solís condenó a penas que van entre 10 y 17 años al ex coronel de Carabineros, Pablo Caullier Grant; al ex teniente coronel de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela, y al ex sargento Luis Alberto Hidalgo.

A continuación, vienen los nombres de dos militantes de las Juventudes Comunistas, Pedro Merino Molina, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la casa de un conocido, en Coronel, y Adán Valdevenito Olavarría, detenido el 25 de septiembre del mismo año, en Lota. Aparte de la militancia, ambos comparten la circunstancia de que sus nombres aparecieron en la lista publicada en la revista O’Día de Curitiba, en el marco de la Operación Colombo, y que sus casos judiciales están sobreseídos temporalmente, sin culpables.

En la lista del documento de Dicomcar sigue el nombre de José Hilario San Martín, identidad que probablemente corresponda a José Isaías San Martín Benavente, jefe de Dirinco de Temuco, quien se presentó voluntariamente a Carabineros, el 19 de septiembre de 1973. Por este caso, están encausados el ex general de Carabineros Gonzalo Arias González, el ex-capitán Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez y los ex-suboficiales Juan de Dios Fritz Vega y Omar Burgos.

Terrorismo selectivo

Luego, aparecen Alan Bruce Catalán y Alvaro Vallejos Villagrán, integrantes de estructuras de dirección intermedia del MIR. Bruce fue detenido el 13 de febrero de 1975, en una ratonera en la que además cayeron Iván Monti Cordero, Carmen Díaz Darricacarrere, y Jaime Vásquez Sáenz, todos desaparecidos hasta el día de hoy.

Los últimos testimonios disponibles dan cuenta de su presencia en Villa Grimaldi, en pésimas condiciones físicas y mentales, antes de que su rastro se perdiera hasta el antecedente entregado por el documento de Dicomcar 2, que por una caprichosa parábola terminó en el archivo de la CIA.

Vallejos Villagrán, detenido el 20 de mayo de 1974, también fue bárbaramente torturado. Numerosos testimonios dan cuenta de su presencia en Colonia Dignidad. Por el secuestro calificado de Vallejos Villagrán se encuentran procesados los ex coroneles de Carabineros César Manríquez Bravo y Ciro Torré, y los colonos alemanes Gerhard Mücke y Kurt Schenellenkamp. La lista de Dicomcar 2 suministra los nombre del del ex-diputado Carlos Lorca Tobar y Exequiel Ponce Vicencio, integrantes de la Comisión Política del Partido Socialista, detenidos el 25 de junio de 1975, en un golpe represivo que además incluyó a Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña Herreros. Mireya Rodríguez, Carolina Wiff, Rosa Solís y Sara Donoso Pacheco, todos desaparecidos hasta el día de hoy. Procesado por el secuestro y desaparición de Carlos Lorca Tobar, permanece el ex agente de la DINA, suboficial Basclay Humberto Zapata Reyes. El antecedente de que los cuerpos de Lorca y Ponce habrían sido incinerados en Colonia Dignidad era desconocido hasta ahora.

Finalmente, la lista entrega los nombres de Jorge Muñoz Poutays y Mario Zamorano, detenidos en la ratonera de Calle Conferencia, en el contexto de una operación represiva contra la dirección clandestina del Partido Comunista, que se realizó entre los días 30 de abril y 6 de mayo de 1976. Por ese caso, el ministro de Dedicación Exclusiva, Víctor Montiglio tiene 74 encausados, entre los que cabe mencionar a Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence Mires, Germán Barriga Muñoz y Federico Chaigneau Sepúlveda, integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, que además incluía personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Centro de exterminio

Como puede apreciarse, la lista de la Dicomcar acredita la condición de centro de exterminio de Colonia Dignidad, toda vez que incluye casos de detenidos desaparecidos de fechas diversas y distintos lugares de detención, en que se superponen víctimas de detenciones indiscriminadas, propias de la primera fase de la represión, con aquellas altamente selectivas, característica de la segunda, con "neutralización" de cuadros de dirección de los partidos Socialista y Comunista, y del MIR.

Esa condición es corroborada por el punto 7 del documento de inteligencia norteamericana, que señala que a ese recinto eran trasladados detenidos de Santiago, Talca y Temuco, y agrega que en Dignidad se utilizó el método de cámaras de gas y petróleo, en tanto crematorios "científicamente planificados" para asegurar la "eliminación" de los cuerpos. De estos hornos, según el documento, habrían existido unos ocho, con capacidad para dos o tres cuerpos.

También por el documento se puede saber que los alemanes se encargaban de la tortura, y luego suministraban a la DINA análisis de inteligencia y directrices de búsqueda, es decir, listas de personas a detener, elaboradas con información obtenida bajo tortura.

También, fluye que en el recinto se elaboraba armamento de guerra, así como armas químicas y bacteriológicas, entre otras, gas sarín, en el contexto del Proyecto Andrea, en el que también participaron Michael Townley y Eugenio Berríos.

El documento de la inteligencia norteamericana sugiere vínculos entre el servicio secreto alemán y la Colonia Dignidad.

La lista de Schäfer

En su punto 10, el documento individualiza a los integrantes de la Brigada Sur de la DINA, integrada por Eduardo Guy Neckelmann Schültz, Rolf Wenderoth Pozo, Fernando Gómez Segovia; Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvecce Massera. Al día de hoy, Gómez Segovia está procesado por asociación ilícita, y Wenderoth por el secuestro de Juan Maino Canales. Asimismo, está acreditado que Neckelmann, Deichler y Luvecce vivieron en una casa situada Carrera Pinto 262, en Parral, cedida por la Colonia Dignidad.

Entre los integrantes de las unidades operativas de nacionalidad alemana, el documento 11-22 identifica a Gerd Seewald Lefebre, Hans Jurgen Bollman, Albert Schreiber Rauschenberger; Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies, Karl van den Berg Schuurman, Gerhard Mücke Koschitzke, Erwin Fege y Willy Malessa. Salvo estos dos últimos, el resto, además de Paúl Schäfer Schneider, Harmut Hopp Moittel, Gisela Gruhlke Hann, Peter Schmidt Spinti, Wolfgang Freidhelm Zeitner Bohnau; Matthias Gerlach Maschke; Renate Freitag Hartman; Rebeca del Carmen Schäfer Schneider, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Fernando Gómez Segovia, y Armando Fernández Larios, están procesados en calidad de autores del delito de asociación ilícita, por el ministro Jorge Zepeda, que acumula todas las causas por violaciones a los derechos humanos, perpetradas en Colonia Dignidad.

De acuerdo con el informe de inteligencia norteamericano, todas estas personas participaron, en las décadas de los 70 y los 80, en alrededor de 140 desapariciones en predios de Colonia Dignidad. Sólo en la Operación Cerro Gallo, comandada, aparentemente, por el ex teniente coronel Hugo Cardemil, se habrían ejecutado y hecho desaparecer en las condiciones descritas a unos veinte militantes del Partido Comunista.

Por último, el documento 11-22 de la CIA, informa que por Monte Maravilla se designaba a un campo de concentración y trabajos forzados, tanto para opositores a la dictadura, como para castigo de colonos alemanes díscolos.

En suma, postular que Colonia Dignidad es sinónimo de infierno matizado con los trazos más crueles del fascismo, es incluso condescendiente