Procesan por“asociación ilícita genocida a ex oficiales de la Academia de Guerra de la FACH

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“Se encuentra justificado que en 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista... con el objeto de exterminar a estos grupos sociales (…) se los mantuvo incomunicados por prolongados períodos y se los sometió a tratamientos crueles y degradantes”, dice el fallo.

Foto: El juez Carlos Cerda uno de los jueces que procesó a los ex FACH, investigó antaño al Comando Conjunto.

www.lanacion.cl / A.L.V.

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago procesó ayer a nueve oficiales (R) de la FACH por el delito de “asociación ilícita genocida” a causa de las detenciones ilegales y torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la Fuerza Aérea entre 1973 y 1975.

Los encausados son el general (R) Ramón Cáceres Jorquera, el coronel (R) Sergio Contreras Mejías, el comandante Luis Campos Poblete y los oficiales Juan González Figueroa, Omar Insunza Melo, Juan Luis López López, Víctor Mattig Guzmán, Roberto Serón Cárdenas y el comandante Luis Campos Poblete.

El tribunal integrado por los ministros Carlos Cerda, Rosa María Maggi –voto disidente- y la abogada integrante Andrea Muñoz resolvió también procesar a Contreras, González y Mattig como coautores de la desaparición de José Luis Baeza Cruces.

“Se encuentra justificado que en el año 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista o activismo de izquierda, con el objeto de exterminar a estos grupos sociales (…) se los mantuvo incomunicados por prolongados períodos y se los sometió a tratamientos crueles y degradantes y otras variadas formas de tortura física y sicológica”, estipula el fallo.

En el dictamen se estipula que por estos mismos delitos ya fue procesado el general (R) Edgar Cevallos Jones, jefe de inteligencia de la FACH y cabecilla del Comando Conjunto.

Reacciones

El abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, catalogó esta resolución como histórica, debido a que por fin se esclarece que al interior de esta unidad se estableció una estructura permanente para cometer los crímenes de lesa humanidad.

“Se solicitó en agosto pasado los procesamientos de los ex uniformados al ministro Eduardo Fuentes Belmar, pero su respuesta fue clara al rechazar nuestra petición. Esta resolución pone el proceso en el carril exacto para su buen término”, dijo Villagra.

En tanto, el abogado del programa de derechos humanos del Gobierno, Cristián Cruz, declaró que este fallo “se ajusta a derecho y era evidente que la sala tenía que dictar los encausamientos, porque las pruebas son demasiado contundentes y los hechos hablan por sí solos”.

Secuestro

José Luis Baeza Cruces era dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del Partido Comunista, cuando fue detenido el 9 de julio de 1974 por efectivos de seguridad de la FACH. Tras su captura fue trasladado a la AGA, donde se le vio en muy mal estado físico producto de las torturas a que era sometido.

Meses más tarde su mujer, Ulda Ortiz, fue informada que su marido se encontraba recluido en un centro de detención. Sin embargo, pasaron los días y la versión fue cambiada radicalmente por el Ministerio de Defensa de la época, debido a que su investigación no dio resultado positivos y se desconoce el paradero de Baeza hasta la fecha.

Centro de detención

Este recinto de reclusión funcionó desde fines de 1973 hasta comienzos de 1975, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).

A partir del mismo 11 de septiembre de 1973, se la utiliza para mantener presos políticos. Principalmente allí queda confinado el grupo de civiles, suboficiales y oficiales de la FACH que fueron enjuiciados junto al padre de la Presidenta de la República, Alberto Bachellet,

El local se convirtió más tarde en el principal centro de detención de personas incomunicadas por el SIFA, reemplazando así a la Base Aérea de Colina. Los detenidos en esta última son trasladados al AGA. A cargo de la SIFA se encontraba el Comandante Edgar Ceballo Jones, mejor conocido como “Inspector Cabezas”. LN

Ceballos, el primer encausamiento El año pasado la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, procesó como autores del delito de tortura a los oficiales de la Fuerza Aérea (FACH) general (R) Edgar Ceballos Jones y al coronel (R) Ramón Cáceres, por los hechos ocurridos en la Academia de Guerra Aérea (AGA) tras el golpe militar de 1973. Lermanda los encauzó a raíz de la querella presentada por 30 ex funcionarios de la institución que fueron detenidos y torturados en la AGA. Entre los querellantes figuran Pedro Guerrero Rojas y Néstor Galaz Guzmán, voceros del grupo que acusa a los oficiales. Edgar Cevallos es mencionado en varios procesos como el jefe del Servicio de Inteligencia de la FACH, responsable de parte importante de la represión de los primeros meses del régimen militar.

 

Prescripción

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó en abril el dictamen del ministro en visita Juan Fuentes Belmar.

El magistrado aplicó la prescripción a cuatro de los nueve acusados de haber participado en las exhumaciones ilegales ocurridas en el Regimiento Peldehue en 1978.

El tribunal resolvió que “el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados”.