Andrés López y Luis Narváez
Perú vive su propio caso Pinochet. Al igual que el ex dictador detenido en Londres, Alberto Fujimori está bajo arresto domiciliario en una mansión –aunque no tan lujosa como la de Virginia Waters– en el exclusivo sector residencial de Chicureo. En tanto, los medios del vecino país escriben páginas y páginas, así como gastan horas y horas en radio y televisión para cubrir el proceso de extradición que esta semana culminó en su primera fase.
Fujmori, advertido por el Gobierno chileno de no hacer declaraciones políticas, tomó con cautela el fallo en primera instancia. Su situación ahora debe ser resuelta definitivamente por la Corte Suprema. Una decisión que no se ve tan lejana, pero que promete tener un estrecho resultado a la luz de las antagónicas conclusiones a las que llegaron, primero, la fiscal Mónica Maldonado (partidaria de extraditarlo) y, luego, el ministro instructor, Orlando Álvarez, quien rechazó los 12 delitos que se le imputan al ex Presidente peruano.
La decisión del juez será vista por la Sala Penal del máximo tribunal, órgano especialista en esta materia. Fuentes de esa instancia comentaron que sus cinco integrantes ya han hablado del tema, preparando lo que será, primero, la audiencia donde se realizan los alegatos y, después, la discusión interna para resolver el tema.
Según el fallo dictado por Álvarez, una vez más lo habría salvado Vladimiro Montesinos (“Vladi”), debido a que buena parte de las pruebas entregadas por la justicia peruana para acreditar la participación del ex Mandatario en los delitos que se le imputan vienen de una sola persona: el propio Montesinos. Pero, como se verá más adelante, no es el único testigo en su contra.
Consultado por LND, el ministro Orlando Álvarez señaló que los testimonios de Vladimiro Montesinos no fueron tomados en cuenta porque es un testigo inválido, ya que no se tiene certeza en qué condiciones se tomaron sus declaraciones. Además, “El doctor” cambió constantemente de versión a lo largo de sus procesos ante la justicia peruana.
PIEZAS DE UN EXPEDIENTE
LND tuvo acceso al expediente del proceso de extradición, las mismas piezas que la Sala Penal de la Corte Suprema deberá revisar en los próximos días para zanjar la situación del ex Mandatario. Según el ministro Álvarez, las debilidades respecto a Montesinos comenzarían a quedar en evidencia en el caso de los 15 millones de dólares. En su declaración judicial de fojas 246, Montesinos relata que Fujimori le dijo que iba a desviar fondos del Tesoro Nacional hacia una cuenta en Suiza para financiar su candidatura presidencial en el año 2006. Para llevar a cabo el plan se le entregó una compensación a Montesinos por el dinero desviado.
Días más tarde, el general Luis Muente entregó a Montesinos dos bolsas de lona que contenían el dinero en billetes de 100, 50 y 20 dólares. Según lo acordado con Fujimori, las bolsas llegaron a manos de Sudir Wasserman y James Stone, para ser depositadas en Suiza. Pero éstos se habrían apropiado del dinero.
“Fujimori entrega en una reunión al ministro de Defensa cuatro maletas que contenían ese dinero, indicándole que proceda a devolverlo al Tesoro Público, lo que hace al día siguiente. Es evidente que el dinero devuelto no es el mismo que sacaron Wasserman y Stone, por la diferencia de denominación de los billetes, y no se expidió otro decreto de urgencia, dejando sin efecto el 081-2000”, declara Montesinos en el expediente.
Otra de las declaraciones importantes en el proceso es la entregada en el caso denominado “Medios de Comunicación”. Acá, “Vladi” revela cómo el ex Presidente peruano le manifestó la necesidad de tener el control del Canal Diez de Televisión.
“Dentro de este orden de ideas, el ingeniero Fujimori le manifestó al declarante que conversara con los comandantes generales del Ejército, José Villanueva; de la Marina, Américo Ibarcena, y de la Fuerza Aérea, Esleván Bello, a efectos de que ellos, con dineros provenientes de sus instituciones, formaran un fondo para comprar acciones del canal de televisión”, indica el expediente.
Finalmente señala que la instrucción del control de los medios de comunicación fue concebida por el propio Presidente Fujimori. Para lograr su objetivo le pagó grandes sumas de dinero al ex director del diaro “El Expreso”, Eduardo Calmell del Solar, para que limpiara su imagen.
OTROS TESTIGOS
Sin embargo, existe otra declaración que muestra las grandes sumas de dinero fantasma movidas por el ex Presidente. Se trata del testimonio que prestó su ex esposa, Susana Higuchi, en el proceso llamado “Desvío de Fondos”: “En 1994, la declarante le comunicó que se iba a separar de él, a lo que Fujimori le ofreció muchas cosas para que abandonara el Palacio de Gobierno. Su último recurso fue mostrarle un gran número de cajas de cartón, que previamente las hizo subir por unos soldados a su despacho. De una de ellas sacó una bolsa de plástico con medio millón de dólares. Él le dijo que todas las cajas contenían un total de 100 millones de dólares”.
Este testimonio tampoco fue tomado en cuenta por el ministro Álvarez, porque –según él– la testigo no era confiable.
Pero Montesinos no fue el único que entregó pistas sobre la participación directa del ex Mandatario en delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Existen dos declaraciones, pertenecientes al general en retiro Rodolfo Robles Espinoza y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, que dan cuenta de que el ex Mandatario conocía plenamente las acciones del grupo de inteligencia Colina, responsable material de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
Robles se presentó ante el Congreso peruano para manifestar que “el esquema de toma de decisiones pragmático en el campo militar y de inteligencia funcionaba siempre igual, teniendo en la cúspide del triunvirato a Fujimori [como jefe supremo de las Fuerzas Armadas], Montesinos [como jefe real de seguridad] y Hermoza [como comandante en jefe del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las FFAA]”.
A esto se agrega que el otrora Jefe de Estado impulsó desde 1994 una serie de leyes que buscaban asegurar la impunidad de esta brigada de inteligencia en las masacres de la Universidad de La Cantuta y el exterminio en Barrios Altos. Por ejemplo, la denominada “Ley Cantuta” que permitió pasar el juicio a la justicia militar. Además de una ley de amnistía que dejó libre a gran parte de los agentes y de la llamada “Ley Barrios Altos” que impidió las investigaciones o denuncias posteriores.
Por otra parte, el general Hermoza afirmó que Montesinos le dijo en varias oportunidades que Fujimori tenía conocimiento de las muertes.
“Que después de los hechos de La Cantuta, Fujimori emitió un memorando por el cual felicitaba a Martín Rivas [jefe del operativo] y otro integrantes del grupo Colina por su buen trabajo de inteligencia; que cuando el declarante recibe esa comunicación, comenta con Montesinos respecto que se estaba premiando a una persona implicada en homicidios, a lo que éste le contesta que el Presidente sabe lo que hace y así había firmado el documento”, declara Hermoza a fojas 456.
Respecto a las torturas al interior de los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el expediente contiene los casos de desaparición forzada de tres personas. Allí está adjuntado un informe emanado por la Policía Nacional del Perú en el que se presentan fotos del horno existente en el recinto.
En las conclusiones se indica que “la muestra número uno es una estructura ósea que corresponde a la especie humana, siendo parte de la diáfasis de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha”.
Por su parte, Leonor la Rosa testificó que en el año 1992, cuando trabajó en el SIE, el grupo Colina se reunía con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en el salón de conferencias de la jefatura.
“En dos o tres oportunidades [Fujimori] se acercó al salón de conferencias para entregar notas informativas al jefe del SIE, por lo que pudo escuchar que Montesinos daba órdenes e indicaciones operativas al grupo Colina, las que eran aceptadas con entusiasmo por sus integrantes, escuchando también que Fujimori manifestaba que eso era lo correcto”, señala el pedido de extradición.
LA SELECCIÓN
Si los tiempos corrieran con puntualidad europea, es posible que la extradición se resuelva durante el mes de septiembre. Esta semana, el expediente del proceso pasará a la Sala Penal, la que ordenará que un relator estudie el caso. Se calcula que necesitará al menos dos semanas de estudio. Luego, cada una de las partes (el Gobierno peruano, representado por el abogado Alfredo Etcheverry, y la defensa de Fujimori, a cargo de Gabriel Zaliasnik) podrán solicitar la suspensión de la audiencia por una semana. Una tercera postergación puede darse en caso que ambos litigantes estén de acuerdo.
Álvarez no es especialista en Derecho Penal. Por esta razón adquiere mayor interés el hecho de que el caso será visto por especialistas en la materia, no sólo por la experiencia de la ley chilena, sino por la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch son sus actuales integrantes. Es una sala contraria a la aplicación de la amnistía y a la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
En esta materia el decano del grupo es Chaigneau, que como presidente de la instancia ha sostenido desde 1999 a la fecha la doctrina de la aplicación de los tratados internacionales en la Suprema en este sentido.
Un manto de duda queda sobre la situación del ministro Rodríguez, quien hace dos años rechazó la extradición del publicista Edgardo Borobio, ex asesor de Montesinos y Fujimori.
El caso visto por él es uno de los que se le imputa a Fujimori por el Gobierno peruano y podría ser un argumento para sacarlo de la instancia, por vía de recusación. Una alta fuente del máximo tribunal sostiene que “si se cuestiona la presencia de Rodríguez, también podría cuestionarse a toda la sala que en ese momento revisó aquella extradición, porque la Sala Penal conoció esos antecedentes y también rechazó aquella extradición”.
Por ahora, desde el estudio de Alfredo Etcheverry se indica que no se ha estudiado dicha posibilidad. Francisco Veloso, uno de los abogados que representa a Fujimori, señaló a LND que “no lo hemos estudiado aún, pero no creo que lo hagamos. Lo único claro hasta ahora es que la próxima semana se decidirá si solicitamos la libertad provisional”.
Pero falta bastante tiempo aún, y los aires más cálidos de septiembre podrían traer las ofensivas, tanto de la defensa como del Estado peruano, en lo que será la última batalla de Fujimori en Chile.
