Perú

Los terremotos más mortíferos de América Latina

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ANSA

Esta es una relación de los terremotos más mortíferos de los últimos años en América Latina, según los datos recopilados por el servicio de sismología de Estados Unidos.

- Dos terremotos, uno de 7.6 puntos de magnitud ocurrido el 13 de enero y el segundo de 6.6 el 13 de febrero del 2001 mataron 1.150 personas en El Salvador.

- El 26 de enero de 1999 un terremoto de 6 puntos escala Richter en la zona central de Colombia causa la muerte de 938 personas.

- También en Colombia, el 6 de enero de 1994 unas mil personas perecen bajo las avalanchas causadas por un sismo en el valle del río Páez, en el sudoeste del país.

- El 1 de setiembre de 1992 un terremoto de 7 puntos de magnitud sacude la costa del Pacífico en Nicaragua, matando a unas 120 personas.

- Perú vivió un grave terremoto el 29 de mayo de 1990, cuando un movimiento sísmico de 5.8 puntos alcanzó la ciudad de Moyobamba, dejando 101 muertos.

- Más de mil personas murieron el 5 de marzo de 1987 cuando un terremoto de 7 puntos de magnitud golpeó la zona de El Reventador, al este de Quito, en Ecuador.

- El 10 de octubre de 1986 un sismo de 7.5 puntos alcanzó la capital de El Salvador, donde fallecieron unas 1.500 personas.

- El 19 de setiembre de 1985 un terremoto de 8.1 puntos conmovió la ciudad de México y sus alrededores, matando entre 6.000 y 12.000 personas.

- El 3 de marzo de 1985, 177 personas murieron a consecuencia de un terremoto de 7.4 puntos en Santiago de Chile.

- Un sismo de 5.5 puntos deja medio millas de muertos en la localidad colombiana de Popayán.

- Otra vez en Colombia, el 12 de diciembre de 1979 un terremoto submarino de entre 7.7 y 8.1 puntos mata a unas 600 personas en el puerto de Tumaco, destruido a causa del sismo y de las olas gigantescas subsiguientes.

- Un terremoto de 7.5 puntos al norte de la ciudad de Guatemala mató unas 23.000 personas el 4 de febrero de 1976.

- El 23 de diciembre de 1972 un terremoto de 6.5 puntos arrasa Managua, la capital de Nicaragua, causando la muerte de entre 5.000 y 7.000 personas.

- Más de 50.000 personas murieron el 31 de mayo de 1970 cuando un terremoto de 7.9 puntos sacudió las localidades de Chimbote, Huaraz y Yungay, en Perú.

 

 

Foxley y Barros informan al Congreso de diferendo con Perú

"Estamos preparados para cualquier escenario", dijo esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley. Respecto a la demanda marítima de Bolivia, descartó que exista ninguna fórmula de acuerdo.

lanacion.cl

El canciller Alejandro Foxley y el embajador de Chile en Perú, Cristián Barros llegaron esta tarde al Congreso sin dar mayores detalles del curso que seguirá Chile en el diferendo marítimo con Perú.

Foxley y Barros informan esta tarde a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado los pasos que darán en este caso, luego que el vecino país publicara en su diario oficial una cartografía que modifica de modo unilateral los límites marítimos.

El secretario de Estado señaló que "ayer la Presidenta me pidió en el consejo de gabinete del Cerro Castillo que explicara lo que el gobierno estaba haciendo en el problema Perú. La Presidenta respaldó cien por ciento lo que planteamos y lo mismo hicieron todos los miembros del gabinete, así es que quedamos muy satisfechos".

Enfatizó entonces que "ninguna decisión fundamental que afecte el interés nacional, particularmente en temas fronterizos, se va a tomar sin consultar ampliamente con los parlamentarios y con los sectores representativos del país".

Inaceptable y sin validez

Esta mañana, a su arribo a La Moneda para participar en la promulgación del TLC con Japón y dialogar con la Presidenta Michelle Bachelet, Foxley enfatizó que la polémica cartografía será discutida en todas las instancias.

Es más, el canciller recalcó que "la proposición peruana, lo que está escrito, es inaceptable, no tiene jurídicamente absolutamente ninguna base y, por lo tanto, estamos preparados para enfrentar esa situación o cualquier otra".

Al arribar al país pasada la medianoche, Barros declinó comentar con la prensa el incidente, y justificó su mutismo señalando que "el silencio no inquieta a nadie, ustedes comprenderán que la primera persona que tiene que ser informada es mi jefe superior".

El embajador fue llamado a consultas ayer ante la publicación el domingo en el diario oficial peruano de un mapa que considera territorio marítimo hasta ahora considerado como chileno como área de "controversia".

Luego de una extensa reunión con el equipo encargado de las relaciones regionales, Barros dialogó a puertas cerradas por cerca de una hora con Foxley, a quien le entregó detalles del conflicto.

La cita terminó cerca de las 13:00 horas, y comenzó apenas concluyeron las dos horas de trabajo que el diplomático tuvo con el equipo de expertos de la Dirección de América Latina de esa repartición, que encabeza Juan Pablo Lira.

Declaraciones bolivianas

Además del impasse a raíz de la cartografía peruana, otro tema que estará en la mesa esta tarde es el de las últimas declaraciones de personeros bolivianos respecto a al inminencia de un acuerdo con Chile para dar una salida marítima a su país.

Al respecto, el canciller indicó que en el caso de la nación altiplánica "ha habido algunos comentarios absolutamente inexactos que habrían indicado que estábamos a punto de llegar a un acuerdo, que habría una fórmula, que la fórmula estaba encima de la mesa".

"Nada de eso es efectivo, cuando estemos en ese punto, si es que alguna vez lo estamos, vendremos igual que hoy a comentarlo, compartirlo y consensuarlo con los parlamentarios de la Cámara y del Senado", recalcó.

 

El Perú avanza en definición de límite marítimo y Chile reclama

• Trascendental paso hacia la corte de La Haya. El acto soberano del Perú no gustó a Chile, que envió una enérgica protesta que pone en entredicho la buena relación bilateral.

Por Carolina Martín.

Foto: Carta del límite exterior - Sector Sur del dominio marítimo del Perú.

Sesenta años después de haber establecido una zona de control náutico de 200 millas, el Perú pasó de las palabras a los hechos: mediante un Decreto Supremo, el Ejecutivo aprobó la primera Carta del Límite Exterior-Sector Sur del dominio marítimo, lo que representa un paso decisivo en la controversia con Chile.

De este modo, Perú, de acuerdo con los criterios de delimitación establecidos por el derecho internacional, fijó la frontera oceánica con el vecino país.

Cabe recordar que la defensa de la llamada "tesis de las 200 millas" es también compartida con Chile, cuyo gobierno determinó ese mismo espacio de protección apenas un mes antes que Perú, en junio de 1947.

La cartografía, que consigna en el extremo sur un área de controversia marítima con Chile, fue elaborada de acuerdo con la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo (ley 28621), que establece 266 puntos que marcan la anchura del dominio marítimo justo hasta las 200 millas de la costa.

 

Tensión. Las relaciones entre Perú y Chile no atraviesan por su mejor momento. (Foto: EFE)

 

 La decisión. La Corte de La Haya será la que decida exactamente cuál es la frontera marítima entre Perú y Chile. (Foto: EFE)

NOS VEMOS EN LA HAYA

La aprobación del mapa es un nuevo paso en un cronograma trazado por el ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como objetivo la demanda del Estado peruano contra Chile en la Corte de Justicia de La Haya.

Según el anuncio del presidente Alan García el 18 de junio, y reiterado en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, Perú optó por acudir a esta instancia internacional para resolver de forma pacífica y a través de un ente jurídico el diferendo marítimo con el vecino país. Una decisión adoptada tras las reiteradas negativas de éste para solucionar el impase mediante el diálogo diplomático.

Desde entonces, Perú contrató tres abogados europeos especializados en resolver litigios en ese tribunal para asesorar al Estado. Una comisión de juristas, diplomáticos y miembros de la Marina ya está trabajando en la elaboración de un expediente que, previa traducción al inglés, sustentará la posición peruana ante la Corte.

Ayer en la mañana, desde Colombia, donde se encuentra en visita oficial, el canciller José Antonio García Belaunde informó a La República que en aproximadamente una semana Perú registrará la cartografía publicada ayer en las Naciones Unidas (ONU), organismo que a su vez enviará dicha información a todos los países miembros, indicando que el Perú ha cumplido satisfactoriamente con ese requisito internacional.

Protesta enérgica

El estratégico paso peruano, si bien ya había sido anunciado, disgustó al gobierno de Chile, que ayer mismo entregó, en horas de la tarde, una nota de protesta formal ante la embajada peruana en la capital del país, Santiago.

Según la prensa sureña, el canciller Alejandro Foxley informó que "se entregó una nota de protesta al embajador del Perú, Hugo Otero". Y de acuerdo con un comunicado leído del ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país, el gobierno de Chile ha tomado conocimiento de la publicación de la Carta del Límite Exterior-Sector Sur, y que la misma "desconoce los tratados vigentes sobre la delimitación fronteriza con Chile".

"El gobierno (de Michele Bachelet) rechaza esta publicación que contradice abiertamente los esfuerzos realizados para avanzar en todos los ámbitos de la relación bilateral con Perú", expresó enfáticamente Foxley, aunque hasta la fecha siempre había defendido que las relaciones comerciales y económicas entre Perú y Chile y el tema del diferendo marítimo eran asuntos que debían ser tratados "por cuerdas separadas".

Es una premisa, llegados a este punto de la controversia, ya difusa, ya que el comunicado chileno especificó finalmente que el gobierno de este país "continuará ejerciendo plenamente todos los derechos que le corresponden en los espacios bajo su soberanía y jurisdicción (...). El pleno respeto del derecho internacional constituye la base de las relaciones de amistad y cooperación entre los estados".

La protesta chilena, de cualquier modo, era un gesto ya esperado por García Belaunde. "Está claro que tenemos una discrepancia en esa materia y es por eso que vamos a La Haya", reiteró a este periódico.

No es la primera vez que Chile ha protestado por este tema. Ya lo hizo hace dos meses, a través de una queja formal ante la ONU después de que Perú presentara ante el mismo organismo la Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo.

Y en ese entonces el gobierno de García envió la correspondiente nota de protesta al país del sur por la pretensión de la nación de Michelle Bachelet de confundir la delimitación marítima entre los países con la frontera terrestre.

Sea como fuere, la aprobación del Ejecutivo de la cartografía de dominio marítimo en la frontera sur fue aplaudida en nuestro país por congresistas y diplomáticos. Así, el presidente del Congreso (y canciller durante el primer gobierno de Alan García), Luis Gonzales Posada, destacó que el movimiento del Ejecutivo responde a una estrategia de Estado para reafirmar la posición peruana.

Política de Estado

"Para nosotros es inaceptable la posición chilena de tratar de convertir los convenios de pesca de 1952 y 1954, que son referenciales y buscan evitar conflictos pesqueros, en tratados limítrofes que deben ser precisos y presentar las coordenadas geográficas", aseveró el parlamentario.

Gonzales Posada, asimismo, recordó la estrecha relación entre el Ejecutivo y el Legislativo (la Comisión de Relaciones Exteriores, de la que él formó parte en la anterior legislatura) en cuanto al diferendo marítimo con Chile. "Todos debemos mirar en una misma dirección final, porque el proceso puede durar diez años y debe haber concertación", indicó.

El ex embajador (y ex cónsul en Arica) Hugo de Zela calificó de muy relevante la aprobación de la cartografía, pues ésta ratifica la posición peruana de que no existe ningún tratado delimitatorio marítimo y desvirtúa la "falsa posición asumida por el gobierno chileno para señalar que la línea divisoria es el paralelo y no la bisectriz".

"Es un paso más que nos acerca a La Haya, y remarca la fortaleza de los argumentos de Perú frente a la débil posición chilena, que recurre a dos acuerdos pesqueros como si fueran un tratado delimitatorio marítimo. Ahora nuestros argumentos serán mayores", afirmó.

Una opinión compartida con el ex embajador Luis Solari Tudela, quien dijo que la cartografía era un paso conveniente para el Perú. "Debe quedar establecido cuál es el límite de nuestro mar", manifestó el diplomático.

Precisión

ACORDADO. El 30 de mayo el canciller José Antonio García Belaunde presentó a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, en una reunión informal, la cartografía del dominio marítimo del Perú.

ANUNCIADO. En aquella ocasión el diplomático también informó a los congresistas que la cartografía sería publicada en El Peruano, algo que se ha cumplido casi dos meses y medio después.

 Perú y Chile: dos posiciones encontradas

1) En la actualidad no existe ningún tratado de límite marítimo entre Perú y Chile, por lo que la frontera náutica entre ambos países no está definida de manera conjunta. Determinar cuál es dicho límite será labor de la Corte de La Haya cuando Perú, tal y como ya anunció, presente su demanda contra Chile.

2) Las posiciones de ambos países respecto a este tema, además, son totalmente opuestas. Así, Chile sostiene que los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 son tratados limítrofes. Dichos documentos, sin embargo, lo único que fijaron fue una zona especial de pesca entre ambos países para evitar posibles conflictos diplomáticos, dada la dificultad de los pescadores artesanales de determinar si estaban en Perú o en Chile.

3) El gobierno peruano sostiene que el límite entre ambos países es la línea equidistante que parte del Punto de La Concordia, sito en las coordenadas Latitud 18º 21 08" y Longitud 70º 22 39". El gobierno de Bachelet dice, por su parte, que la frontera marítima está fijada en la línea del paralelo que pasa por el Hito Nº 1, un punto ubicado a 220 metros de La Concordia, que sirve solo como instrumento referencial (es un pilar).

4) Con la pretensión chilena Perú no solo perdería 37 mil 900 kilómetros cuadrados de mar y 26 mil km² de altamar, sino también más de 37 mil m² de tierra.

 

 

El oficialismo chileno pidió firmeza para enfrentar la posición peruana

El presidente de la Cámara de Diputados de Chile suspendió su viaje oficial a Lima

Santiago de Chile (DPA) .- Los partidos oficialistas de Chile pidieron hoy firmeza para enfrentar la crisis diplomática originada este fin de semana luego que Perú publicara un mapa desconociendo la frontera marítima que Santiago considera vigente.

"Chile tiene que mantener su posición. No veo ninguna razón para que la conducta tradicional que tenemos en temas de relaciones exteriores y defensa nacional se deba modificar", dijo Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista.

Escalona, el político más cercano a la presidenta Michelle Bachelet, además recomendó evitar acciones impulsivas, como enviar buques de guerra a la frontera.

La presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora y precandidata presidencial Soledad Alvear, sostuvo que hay que aclarar la situación, preservando "un diálogo permanente y una agenda constructiva (con Perú)".

El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker, calificó la acción peruana como una "abierta provocación" y suspendió un viaje oficial a Lima que incluía una reunión con el presidente peruano Alan García.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, el socialista Marcelo Díaz, denunció que es "imposible tener un socio comercial, estratégico y militar si no confías en él".

Sobre lo mismo, insistió en que Perú demostró que es "capaz de olvidar acuerdos que han tenido validez por más de 50 años", en relación a los tratados de 1952 y 1954, que Lima considera pactos pesqueros y no de límites.

Perú publicó el domingo, mediante Decreto Supremo, la cartografía derivada de una Ley de Líneas de Base de Dominio Martítimo promulgada en 2005, bajo el gobierno de Alejandro Toledo.

Esa publicación oficializó que Perú discrepa de Chile en cuanto a los límites marítimos, lo que genera una "área de controversia" de 37.900 kilómetros cuadrados, según Lima.

 

 

El Organo Asesor Indigena del Consejo de Derechos Humanos (OAI/IAB)

                                 Por: Tomas Alarcon "CAPAJ"

1.- Antecedentes

El Caucus de los Pueblos indigenas ( celebrado en Ginebra el 3 de agosto 2006)

Recomendo que el Consejo de Dererechos Humanos de las Naciones Unidas, cree un organo subsidiario en el seno del nuevo Consejo, sobre los Derechos humanos de los  Pueblos indigenas que cubra todos los aspectos del mandato y mas fortalecido del ex-GTPI.

2.- En el V periodo de sesiones del CDH el 18 de Junio 2007

Se aprobo, entre otros acuerdos sobre construccion institucional,  por el CDH elaborar los mecanisnos apropiados para dar continuidad a los trabajos del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indigenas. Varios delegados indigenas asistentes como Clarie Charter, kent Deer, Lez Malesser, Tomas Alarcon, Rolnald Burns, Sharon H. Venne, Willy Litle Child, coincidieron en una propuesta al CDH para que establesca en su seno un grupo de expertos en Derechos Humanos de Pueblos indigenas, propuesta que circulo el 17 de abril 2007,  mereciendo la opinion de la delegacion de Francia, que saludo el proyecto y propuso discutirlo oportunamente.

3.- Sesion del 23 de Julio de 2007 del Bureau del CDH.-

Anuncia una reunion informal informal del CDH el 30 de Julio de 2007, entre otros, para iniciar consultas con las partes consernidas, para discutir mecanisjmos apropiados para continuar el trabajo de los grupos de trabajo del CDH sobre Pueblos indigenas, formas contemporaneas de esclavitud, minorias y Foro social. El Presidente del CDH sera el facilitador para estos temas, nombro facilitadores a Marruecos para el Examen periodico Univerzal y Nicaragua para criterios de nominacion de los miembros del grupo asesor.

4.- La propuesta de 17 de abril de 2007 preparada por los Pueblos indigenas esta en pie, y debe ser fortalecida con el aporte de los delegados concurrentes a la sesion informal del 30 de Julio y los dias siguientes hasta que el 24 de agosto en que se volvera a reunir el CDH en sesion informal para aprobarlo y tenerlo preparado para someterlo a aprobacion definitiva en la sestion de Setiembre del CDH.. Se espera el aporte de todos los Pueblos indigenas durante estos 23 dias, para consensuar una propuesta firme del Grupo Asesor indigena del CDH.

5.- Propuestas innovadoras.-

Este nuevo escenario para los pueblos indigenas en el seno del CDH, supone

La elaboracion de propuestas innovadoras para,  lo que sera el organo asesor indigena del CDH, y marque las nuevas pautas de una nueva relacion con la ONU. Agregando a las ya sugeridas, es necesario acopiar mas sugerencias  de reforzamiento del mandato para el Organo Asesor Indigena:

6.- Proponemos un Organo Asesor Indigena permanente y activo.- 

Una dinamica innovadora del Nuevo Organo Asesor Indigena, se esmera en brindar consejos sobre derechos humanos de los pueblos indigenas al CDH, pero sobre todos se proyecta a ser actor  de denuncias ante los Comites de Tratados, en caso de flagrantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indigenas, previniendo el genocidio y otros males que amenacen a los Pueblos indigenas. Debiendo asumir -en su labor asesora- las siguientes tareas:  

1.- Promover la Inclusion de los valores de las culturas de los Pueblos indigenas, en los debates de todos los organos del Consejo de Derechos Humanos.

2.- Elaborar y proponer Nuevos standares que eviten el recurdecimiento de las violaciones de los Derechos Humanos de los Pueblos indigenas.

3.- Plantear relamaciones para la revision de las legislaciones nacionales que contravienen los derechos humanos de los Pueblos indigenas.

4.- Promover el cumplimiento de los acuerdos de los Comites de Tratados que afectan los Derechos de los Pueblos indigenas y les haga seguimiento.

5.- Recomendar acciones concretas a la Dependenia de lucha contra la discriminacion de la Oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos.

6.- Fomentar el paradigma del multiculturalismo igualitario en el ambito de los Derechos humanos colectivos de los Pueblos indigenas.

7.- Detectar y denunciar a los programas politicos que inciten a la violacion de los Derechos Humanos de los Pueblos indigenas.

8.- Promover la resistencia cutural de los Pueblos indigenas y sus efectos constructivos en el concierto de las naciones.

9.- Promover trabajos de estudio y la memoria de los Pueblos indigenas, condenando los crimenes de lesa humanidad cometidos en agravio de los p.i.

10.- Recibir los informes del Relator Especial sobre Pueblos indigenas y otros Relatores tematicos,  sobre abusos detectados en sus visitas a los paises.

11.- Prevenir la incitacion al odio racial contra los Pueblos indigenas y elevar

los hechos percibidos en ese ambito al Examen periodico universal del CDH.

12.- Orientar un enfoque holistico de los Derechos Humanos, desde la optica indigena en Naciones Unidas, en amplias consultas con los pueblos indigenas.

13.- Fomentar el equilibrio y el caracter complementario de los Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas con el resto del sistema de Naciones Unidas.

14.- Suegerir acciones para la superacion de la brecha existente entre el Estado Nacion (expresion de la identidad nacional excluyente) y la multiculturizacion.

15.- Guiar la contribucion de los Pueblos indigenas al sistema de valores y a la historia y la identidad de los Pueblos y Naciones.

7.- Consideraciones al mandato del Relator Especial.-  Sugerimos en lo sucesivo se le denomine Relator Especial sobre Pueblos Indigenas

Al continuar su mandato, el Relator Especial sobre Pueblos Indigenas   debe tener la capacidad de defensa legal a favor de los indigenas y poder:

-Intervenir en las "zonas al margen de la ley" en las fronteras, puestos o aeropuertos donde hubiera indigenas en espera de migrar o de asilo.   

-Dirigirse a los gobiernos en el marco de los procedimientos de denuncias cuando detecte violaciones graves a los derechos humanos de los Pueblos indigenas y dar cuenta al Organo Asesor Indigena.

                                                  Ginebra, 30 de Julio de 2007  

 

 

El caso de Alberto Fujimori podría crear jurisprudencia internacional

www.argenpress.info 

Mientras Alberto Fujimori espera con paciencia el veredicto final sobre su extradición a Perú, en este país y en Chile siguen las expresiones de rechazo al fallo en primera instancia del juez Orlando Alvarez, que resultó favorable al ex mandatario.

Fujimori se mantiene en arresto domiciliario en una mansión del lujoso barrio residencial de Chicureo, de la capital chilena.

Pese a las connotaciones políticas que Fujimori le ha incorporado a este proceso por su condición de ex presidente del Perú (1990-2000) y como candidato a senador en Japón, la justicia chilena le ha dado, hasta ahora, el mismo tratamiento que a cualquier persona, al igual que las decenas de peruanos que son extraditados cada año desde Chile a Perú.

Finalmente será la II Sala Penal de la Corte Suprema la que tendrá en sus manos la decisión final del proceso, que podría extenderse hasta el mes de octubre.

La derrota sufrida por Perú podría ser revertida con la aportación de nuevos elementos probatorios contra Fujimori durante el examen que hará la Segunda Sala, cuya decisión es incierta. Históricamente, esta sala confirma generalmente los fallos de primera instancia en materia de extradiciones.

En Chile se prevé que el último capítulo de este caso siga su curso normal, al margen de las implicaciones políticas, y pese al indudable interés público que ha generado en Perú y Japón.

Diferencias entre la fiscal y el juez

Las diferencias mostradas en este caso entre el informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y la resolución del juez Alvarez están dentro de los parámetros de un proceso normal de extradición en Chile, donde hay una tendencia histórica a rechazar las extradiciones, sobre todo cuando intervienen elementos políticos.

Como se recordará, la fiscal, en un informe de 60 páginas, le había recomendado al juez la extradición de Fujimori, sobre todo por los delitos de violaciones de los derechos humanos, corrupción y malversación.

Por su parte, Alvarez concluyó que en los cargos que se le imputan al ex mandatario no existen suficientes elementos para acreditar su culpabilidad, se aplica la prescripción o no se trata de hechos que configuren delito, de acuerdo con la legislación chilena.

El magistrado señaló que no existió ninguna documentación concreta ni testimonios precisos y sólo pruebas basadas en meras especulaciones o declaraciones de oídas.

Uno de las principales diferencias de criterio entre ambos fue la ponderación que se hizo del testimonio de Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor de Fujimori y hoy cumple varias condenas por corrupción, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir.

La única coincidencia entre ambos documentos fue el rechazo a los nueve cargos de asociación ilícita que la justicia peruana incluyó en los cuadernillos para solicitar la extradición del expresidente.

Japón sigue de cerca el proceso judicial contra Fujimori

Las autoridades japonesas han reiterado que sólo 'observan' el proceso contra Fujimori, quien ostenta también la ciudadanía nipona. En Japón siempre ha habido organizaciones y personalidades políticas interesadas en que Fujimori sea devuelto a ese país.

El mayor interés se mostró cuando el pequeño pero influyente Partido Popular decidió incluirlo en la lista de candidatos a senadores. Aunque fuera electo, según el juez Alvarez, este hecho no tendría ninguna influencia en el proceso de extradición.

Pero al ostentar un cargo de elección popular no se descarta que el gobierno de Japón realice gestiones para dotar a Fujimori de algún tipo de inmunidad, sobre todo si es extraditado a Perú, donde su candidatura ha sido considerada como un intento de escapar a la justicia.

Analistas chilenos y peruanos coinciden en que el mejor escenario para los gobiernos de Perú y Chile es que Fujimori regrese a Japón y continúe con su 'exilio dorado' junto a su joven esposa.

El gobierno de Alan García tiene de hecho una alianza con el movimiento fujimorista, que ha posibilitado sacar adelante un conjunto de leyes con el apoyo de sus 13 congresistas.

Si Fujimori es extraditado podría romperse esa alianza, lo que desembocaría en una oposición más dura que no conviene al gobierno aprista. Hay que tener en cuenta, además, que las relaciones chileno-peruanas pasan por un delicado momento por la presentación por parte de Perú ante la Corte de la Haya de una demanda contra Chile para revisar los límites marítimos.

Si no es extraditado y vuelve a Japón, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet sufriría un duro golpe en su política de promoción de los derechos humanos. Es sintomático que, aunque siempre el gobierno chileno ha dicho que respetará el fallo de la Corte Suprema, los líderes de la coalición de gobierno y varios ministros han reiterado que Fujimori debe ser juzgado en Perú por la violación de los derechos humanos.

Incertidumbre sobre el resultado veredicto final de la Corte Suprema

A varias semanas de que dilucide este caso de extradición, es difícil hacer un pronóstico sobre la decisión que tomará finalmente la Corte chilena.

Los analistas chilenos consideran que la segunda sala del Tribunal Suprema fallará por la extradición, al considerar que los jueces de esta instancia judicial tienen una línea apegada a los principios de los derechos humanos y la democracia.

Sin embargo, esta sala ha rechazado casos de extradición de los asesores de Fujimori, considerando que han tenido una motivación política y que los documentos presentados no han demostrado la culpabilidad de los implicados.

Aunque todo puede suceder, hay que tener en cuenta que el juez Alvarez ha estado más de un año analizando toda la documentación presentada por Perú y su decisión de primera instancia tiene un peso específico importante ante sus pares de la segunda semana.

Hasta ahora, Fujimori se ha salido con la suya: su movimiento político obtuvo 13 escaños en el Congreso y su hija Keiko se ha revelado como una figura política de alcance nacional.

Aunque su popularidad ha caído, su figura mantiene cierto apoyo popular en Perú; si resulta electo senador en Japón, el escenario se le hará más favorable en el futuro; y, de ser extraditado, siempre se le disminuirán los cargos que sean rechazados por la justicia chilena en un eventual juicio en su tierra natal.

Se trata de un caso que pudiera establecer jurisprudencia internacional, tanto si es extraditado como si no, porque sería el primer ex presidente sudamericano que se enfrenta este peculiar proceso de extradición en el presente siglo.

 

ALAN GARCÍA PIERDE CREDIBILIDAD CON LA VIOLENCIA.

Perú paralizado. 18 muertos, incontables heridos y 160 detenidos.

El ministro Jorge del Castillo amenazó de ninguna manera el gobierno va a aceptar que gente con ideologías extrañas a Perú o enemigas del avance y el progreso pretendan impedir el desarrollo normal de las actividades'.

 El presidente Alan García, a días de cumplir su primer año de mandato, obligó a las fuerzas armadas a tomar control de todo el territorio nacional.

 El motivo: el Perú se encuentra totalmente  paralizado por la huelga general convocada por los principales sindicatos  y organizaciones campesinas.

 Los reclamos son diversos: maestros contra la ley de Carrera Pública Magisterial,  la CGTP (trabajadores) por la solución de los más de 70 conflictos laborales, en Puno por obras de inversión social, Tacna y Moquegua por presupuesto, Cusco por demandas sociales y locales, los agraristas contra la explotación minera, los cultivadores de hoja de coca contra las medidas represivas norteamericanas, Pisco y Tupac Amaru marchan contra la ampliación de una planta de Pluspetrol y prácticamente todas las fuerzas sociales muestran su desaprobación por la firma de un tratado de 'libre' comercio con EEUU sin consultarle al pueblo.  

O sea como en Fuenteovejuna: Todos a una.

 La mayor crisis que enfrenta un remozado Alan García, hoy neoliberal  a  ultranza y alineado junto a Bush y Uribe, en el inicio de su segunda  presidencia, tiene que ver con el deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de los peruanos, que viven bajo el umbral de la pobreza, a pesar de los anuncios rimbombantes de un 'crecimiento' macroeconómico.

 Según la encuesta divulgada hoy por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), "la aprobación de los  peruanos a la gestión del presidente Alan García bajó a 35%, mientras que el 59 % la desaprueba, según la encuesta a nivel nacional.

 Por otro lado un 43% y 33% de los entrevistados expresaron que tienen poca y ninguna confianza, respectivamente, en la administración del Partido Aprista Peruano, que encabeza García Pérez", según da a conocer el diario digital  Sur Noticias.

 Según el medio, Fernando Tuesta, responsable de la encuesta, afirmó que los resultados "son realmente preocupantes" dado que Alan  García cumple recién un año al mando del país el próximo 28 de julio.

 Dijo  además que "los peruanos siguen con las carencias extremas,  frustradas y  quizás alimentadas por lo menos en el primer medio año".

 La multitudinaria y unitaria marcha de anteayer reunió a las distintas  fuerzas sociales en la capital peruana. Allí, llenando hasta las cercanías la histórica plaza 2 de Mayo, estaban el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, SUTEP, en huelga indefinida; gremios afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Federación de Estudiantes del  Perú, FEP; la Confederación Campesina del Perú, CCP; la Confederación Nacional Agraria, CNA; y la CONACAMI.

 Se unieron también agrupaciones de  militantes del Partido Nacionalista, Partido Socialista, Movimiento Nueva  Izquierda, Partido Comunista Peruano, así como otras fuerzas políticas y organizaciones sociales.

Los gritos de "no tenemos presidente, tenemos  delincuente", "Alan come echado: cuándo has trabajado?"; "Ahora que diga  que somos minoría"; terminaron con un coro que se  generalizó: "y va a caer...y va a caer...Alan García va a caer..."

La expectativa aumenta a medida que pasan las horas.

 La represión que deja 18 muertos, decenas de heridos y 160 presos (aunque fueron liberados ya Javier Diez Canseco y sus compañeros) más la orden de militarización, marcan un camino gubernamental.

 Las masivas protestas, marcan un camino social. Las cartas están lanzadas.

ALTERCOM

http://www.altercom.org

Alberto Fujimori en Chile

Protección múltiple frente a la extradición
Por: Juan Francisco Coloane //  ARGENPRESS.info

El presidente de la Corte Suprema de Chile Enrique Tapia negó la existencia de presiones en el reciente fallo del 11 de julio que rechazó la extradición del ex -presidente peruano Alberto Fujimori. Se refirió al tema en Bio Bio La Radio, el viernes 13 de julio en Santiago, aunque admitió extrañeza por la decisión. El fallo será revisado por la Corte Suprema, instancia que podría tomar tiempo, no obstante el abogado de DDHH Eduardo Contreras señaló a radio Nuevo Mundo el domingo pasado, que en el caso de violaciones a los DDHH, la Corte Suprema por consistencia, debería fallar en favor de la extradición. De no ser extraditado, el nuevo Derecho Internacional en lenta gestación, se encontraría con otro tropiezo o falla de estado, el anterior también localizado en Chile en el caso de Pinochet. Como que Chile fuera también modelo por una forma especial de interpretar la jurisprudencia.

Hay molestia y sospecha en una amplia gama de sectores políticos, y todas las preguntas conducen a lo mismo: ¿Qué está haciendo el ex presidente peruano en Chile? Como ha enfatizado una abundante legión de políticos locales y peruanos, Fujimori no tiene nada que hacer el Chile. Pero llegó, y descifrar por qué, quizás sea la punta del actual puzzle.

A Fujimori se le acusa principalmente por dos casos de violaciones a los derechos humanos y diez de corrupción. Fujimori huyó de su país en 2000, frente al descubrimiento de una extensa red de corrupción creada por su asesor Vladimiro Montesinos, refugiándose en Japón, donde adoptó la nacionalidad viviendo como refugiado político durante cinco años, hasta que llega a Chile el 7 de noviembre de 2005. El proceso de extradición contra el ex mandatario peruano comenzó en enero de 2006.

El ex presidente que gobernó Perú por una década (1990-2000), llegó a Santiago el 7 de noviembre de 2005 sorprendiendo al ambiente político local. Fue arrestado, permaneciendo encarcelado hasta el 18 de mayo de 2006, cuando la Corte Suprema, le otorgó la libertad bajo fianza con arraigo. Fujimori comenzó a reactivar intensamente su vida política, bajo la acuciosa protección del gobierno japonés a través de su embajada. En el entretanto recibió una reprimenda del gobierno chileno para “bajar su ruido político”. El 8 de junio de 2007, un juez determinó su arresto domiciliario en preparación para el fallo de extradición. Este arresto fluye bajo un régimen de alta flexibilidad, en una mansión ubicada en un sector de altos ingresos, con protección policial. El 7 de junio, la fiscal Mónica Maldonado, recomendó la extradición a Perú de Fujimori, generando expectación en los organismos de derechos humanos, pero también se abre la posibilidad de una medida sorpresiva, por ejemplo: una posible fuga.

Este proceso de extradición complejo, y “gestionado” con un alto grado de sensibilidad política, se sitúa en un punto clave de las relaciones internacionales de última generación. Por muy insólita que parezca, emerge la perspectiva de un nuevo tipo de funcionamiento. La lenta desprogramación del mundo bipolar, permite a los países formar nuevas asociaciones y alianzas. Sin embargo, aún persiste el fenómeno de la penetración de los intereses de unos estados en las políticas de otros estados. El nuevo orden es esquivo y más bien hay un desorden político. La necesidad en los países de proteger su política exterior aumenta bajo un contexto de nuevas amenazas producto de estas nuevas alianzas. El capital transnacional también hace lo suyo actuando como una espada de Damocles sobre estas nuevas expectativas.

En esta dimensión, es importante resaltar respecto al caso Fujimori, el rol histórico de las relaciones entre Perú y Japón, y donde existe un tercer eslabón histórico que no es precisamente Chile, sino que EEUU. La potencia oriental y EEUU han sido contendores en la estrategia de establecer una plataforma sólida en la parte occidental del área Pacífico Sur, y para eso cuentan con Perú. La Segunda Guerra Mundial, produjo el clima revelando el fondo de esta disputa, al ser la colonia japonesa en el Perú objeto de permanente e intensa observación por la inteligencia militar estadounidense. EEUU y Japón son, hasta ahora firmes aliados, pero los ánimos de supremacía están intactos. Japón debe contener la creciente influencia de China en la región, y a EEUU le interesa esta parte del dossier.

Fujimori en la presente instancia, se siente doblemente protegido, y talvez no habrá causa legal que justifique su extradición. Fujimori y su movimiento, reflejan la protección de una pieza clave en el dominio estratégico. La idea es mantener un “pool” de recursos humanos de nivel global en un sistema que debe regularse. Lo que ya no es paradójico, es que este pool de recursos representando al capital transnacional, sea integrado por personajes que, aunque sean desacreditados en sectores amplios de la población, son eficientes en representar el control global, y tenaces articuladores de la seguridad interna. El tipo de estabilidad que entrega Fujimori, se acerca más a la que exhibe el Presidente colombiano Alvaro Uribe, que a la proyectada por Hugo Chávez, Evo Morales, o el propio Lula. Este dossier de alta corrupción y violación a los derechos humanos en Alberto Fujimori, es insustancial a la hora de proteger el capital transnacional, porque la idea de fondo es manejar los estados desde la perspectiva del interés global.

Estados de cuerpo doble y transgobiernismo

Estados de cuerpo doble, o “double bodied states”, son aquellos que al ser penetrados por las políticas de otro estado, por medio de la infiltración, o por consentimiento, se transfiguran, asumiendo paralelamente el rol y los intereses de dos estados. Existiría así una dualidad en la lealtad. La base del término surge de un polémico ensayo, “The Israel Lobby and the US Foreign Policy”, (S.Walt y J. Mearsheimer. 2006).

Este trabajo fundamenta que la simbiosis entre la política exterior y doméstica de los Estados Unidos, con los intereses del Estado de Israel, ha vulnerado la seguridad de los Estados Unidos. Una de las principales causas estaría en el poder del lobby israelí en las estructuras de poder de los EEUU, hacia lo cual contribuye su sistema político abierto. El ejemplo puede ser paradigmático en un sistema de relaciones donde el lobby es una importante herramienta de persuasión, y que es donde comienza a configurarse el “estado de cuerpo doble”. La historia europea está plena de estos ejemplos. Con el alineamiento durante la disputa bipolar, los estados funcionando con cuerpo doble constituían un rasgo común.

El plano local e internacional son cada vez mas interdependientes, y la idea de un estado en “condición de autonomía pura”, no existe, y tal vez nunca existió. El transgobiernismo, es “una forma de gobernabilidad internacional”, dice Anne. M. Slaughter (The Real New World Order”, 2005), donde “el internacionalismo liberal tradicional ha sido reemplazado por un “nuevo medievalismo, con el estado-nación en permanente declinación”.

El rol fuerte reside en agencias de gobierno descentralizadas como las cortes de justicia, las estructuras reguladoras, y cámaras legislativas formando redes globales. Existe un mundo de redes funcionando fuera de la órbita del gobierno, estableciendo una nueva cultura de gobernabilidad, con códigos y tiempos propios, donde la tradicional fuerza centralizadora del estado es limitada. Para que el mundo de redes internacionales prospere, la independencia de los poderes del estado debería funcionar bajo un clima de estrecha intersección en sus atribuciones o, de alta promiscuidad. El caso de Fujimori en Chile, es un indicador del poder asumido por empresas de alcance global y/o gobiernos con similar potencia, en los asuntos internos de un estado. Considerando un contexto cruzado por variables de poder global y local, y más allá de la especificidad de la jurisprudencia, Fujimori es el personaje político que responde a tal dimensión.