Opinión

El puente de Chiloé y Escondida: ¿Expansiva o Regresiva?

 Chile

Por: Orlando Caputo y Graciela Galarce

Economistas de la Concertación han criticado a los ministerios del área económica y particularmente a Hacienda, calificando la política económica como conservadora. El neoliberalismo fue asumido por las economistas de la Concertación que lo habían criticado en Dictadura, muchos de ellos participaron en el primer gobierno de la Concertación y siguen participando como Foxley y Ominami. Otros, luego de trabajar en el gobierno trabajan para los bancos extranjeros y para las empresas extranjeras que se apropiaron de las empresas del Estado. Con Lagos, todavía actuaban economistas críticos a la Dictadura, que después adhirieron al neoliberalismo – Eyzaguirre, Rodríguez Grossi y otros.

En el gobierno de Michelle Bachelet, se dio un paso adicional en la línea conservadora. Los ministros del área económica: Hacienda, Economía, Minería y Obras Públicas, no se adhirieron al neoliberalismo, son formados en el neoliberalismo en Estados Unidos. Crearon ‘Expansiva’, pero su accionar y sus políticas son ‘regresivas’

Este grupo ‘expande’ el conservadurismo y frena la economía: ‘Expansiva’ es ‘Regresiva’. Los sectores exportadores – no mineros-, pierden competitividad. Los medios destacan que los exportadores de fruta “cierran difícil temporada por caída de precios y tipo de cambio bajo”. Sectores que producen para el mercado interno pierden mercado frente a las importaciones, disminuyen las ventas inmobiliarias. La desocupación crece y se acerca al 10%. Este grupo es el que manda, el que tiene el poder. La presidenta Michelle Bachelet está en una ‘jaula de hierro’.

La última gracia del grupo ‘Regresiva’, es no cumplir los acuerdos de Frei y de Lagos, compromisos políticos de Presidentes de la Republica, no sólo frente a los habitantes de Chiloé, sino que frente a todo Chile. Este tipo de compromisos son los que se deberían ‘honrar’, palabra usada con tanta solemnidad en este último tiempo.

En relación al puente, utilizan el mismo método de evaluación que aplicaron con los estudiantes, al comparar con gastos sociales. Deberían comparar con los 1.000 millones de dólares que costaron los dos submarinos recientemente adquiridos por Chile.

Un argumento central es que ‘no hay recursos’ y esto es completamente falso. Los excedentes del cobre captados por el Estado en los últimos años y en el presente año, suman más de 15.000 millones de dólares. En los próximos 3 años, -período que requiere la construcción del puente-, los excedentes del cobre captados por el Estado serán en torno a 10.000 millones de dólares anuales, de acuerdo a los precios futuros, - menores a los actuales. En total, los excedentes captados por el Estado serán 45 mil millones de dólares, que equivalen a 64 veces el costo de la construcción del puente. Si se trata sólo de financiar el subsidio a la concesionaria, digamos 300 millones de dólares, los excedentes captados por el Estado en el período considerado son 150 veces el valor del subsidio.

Con el 30% de estos recursos acumulados de los excedentes que capta el Estado, se puede financiar lo que corresponda del puente y financiar programas en salud, vivienda, obras públicas, no sólo en Chiloé, sino en el país.

Con la mentalidad de los ‘Regresiva Boys’, no se hubiera construido en Chile la carretera Panamericana; en Francia la Torre Eiffel: en Roma, el Coliseo. En Egipto, las Pirámides. Nunca se pensó en la rentabilidad. La explotación del trabajo humano en diferentes etapas de la historia de la humanidad, todavía rinde grandes y permanentes recursos a las economías de Francia, Egipto e Italia. El aumento del metro cuadrado en la Isla de Chiloé financia varias veces el costo del puente y podría constituirse también en una obra que pase a la Historia. El ex ministro Etcheverry y muchos dirigentes de la Concertación han señalado que de todas maneras en algún momento el puente se construirá.

El conservadurismo y la regresividad del grupo Expansiva, ha acentuado el accionar de la Concertación. Es blando con los de arriba y duro con los de abajo. Las empresas privadas del cobre, -entre 2005 y 2006-, tendrán utilidades operacionales por cerca de 30 mil millones de dólares. En los próximos 3 años se acumularán por lo menos, 45 mil millones de dólares adicionales, estimados en base a los precios futuros, según los informes de Cochilco.

Lo que sí debería revisarse, es la legislación del mal llamado royalty, que se elaboró cuando los precios del cobre estaban bajos. Cuando se discutió el ‘royalty’, los expertos del gobierno, estimaron precios de largo plazo del cobre menores a 1 dólar. Todos los gobiernos anteriores a la nacionalización del cobre, realizada por Salvador Allende, modificaron en 42 oportunidades acuerdos anteriores porque resultaban perjudiciales para el país. .

Ahora sucede lo mismo. Más aún, si se confirma que con el mal llamado royalty, los recursos captados por el Estado serán menores a lo que se hubiera captado con la legislación anterior. El mal llamado royalty contempla un nuevo impuesto de 3 a 5 por ciento: Pero el impuesto anterior se disminuyó en 7 puntos porcentuales. Ambos operan sobre bases tributarias diferentes.

Pero lo central es que el royalty se discutió cuando se estimaban precios de largo plazo menores a 100 centavos. Con los precios diarios actuales, superiores a 350 centavos de dólar y el reciente cálculo de Cochilco, de que el precio promedio anual de 2006 será de 3 dólares la libra de cobre, las bases del acuerdo cambian radicalmente.

Las empresas extranjeras están obteniendo utilidades muy grandes, porque se apropian del cobre, del oro, de la plata y del molibdeno sin pagar por el valor que ellos tienen en el yacimiento, a pesar de que la Constitución señala que “las minas son de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado chileno”.

Este también es el tema central de la actual huelga de los trabajadores de la Minera Escondida. El Convenio anterior en Escondida, se firmó cuando el precio del cobre estaba en tono a 70 centavos. El Convenio Colectivo en la Compañía Minera Andina, contempló un Bono relacionado con el precio del cobre, que en tres años hasta ahora les ha rendido a cada uno de los trabajadores 5 millones de pesos anuales. Es decir, 15 millones de pesos entre el Convenio Colectivo anterior y el que se firmará en los próximos meses. Esto es lo que justifica el aparente elevado Bono solicitado por los trabajadores de Escondida., quienes no incluyeron un Bono relacionado a precio del cobre en su Convenio anterior. El Bono solicitado de 16 millones de pesos, debe por lo tanto interpretarse como un Bono precio de dos años anteriores y de término de Conflicto.

En 2006, las utilidades de Escondida serán de 7.000 millones de dólares. El costo de la planilla salarial completa del Sindicato es menor a 70 millones de dólares. Es decir, los trabajadores captan una cifra tan pequeña, que equivale solamente al 1% de las ganancias de Minera Escondida.

Las utilidades de Minera Escondida salen del país. En cambio, los ingresos de los trabajadores y el incremento de ingresos que obtendrán por su movimiento, se gastan en Chile y particularmente en la Segunda Región de donde los mineros extraen el cobre que exporta Escondida.

Las reivindicaciones de Chiloé, se pueden solucionar con una parte pequeña de los excedentes del cobre que el gobierno de Chile invierte en el exterior, apoyando las economías de otros países. Las reivindicaciones de los trabajadores de Escondida se solucionarán captando una mínima parte de las grandes utilidades que Escondida envía al exterior. Ambas situaciones están emparentadas por el cobre, principal riqueza básica del país, es decir, por el ‘sueldo de Chile’ como lo llamó el Presidente Salvador Allende.

Israel está a las puertas de Moscú

Opinión

Por Jeffrey Steinberg

www.argenpress.info

El fin de semana del 17 y 18 de julio de 2006 el vicepresidente estadounidense Dick Cheney estuvo en un cónclave con el primer ministro israelí y dirigente del Partido Likud, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro del gabinete israelí Natan Sharansky, en Beaver Creek, Colorado, el cual fue auspiciado por el American Enterprise Insititute. Aunque nunca se dio a conocer el contenido preciso de sus intercambios, Netanyahu anunció a voz en cuello que volaría inmediatamente de regreso a Israel para reunirse con el primer ministro Ehud Olmert y su camarilla de “ex primeros ministros” -entre los que están el viceprimer ministro Shimon Peres y el ex primer ministro Ehud Barak, del Partido Laborista- para darles las órdenes de marcha de Cheney.

Por su parte, Sharansly salió de Colorado para Washington y Filadelfia, donde despotricó en la Fundación Heritage y el Foro para el Oriente Medio que el Gobierno de Bush está abandonando su compromiso con la “democracia” en el Oriente Medio, lo cual significa, en el código cifrado de los neoconservadores, “cambio de régimen” preventivo por la fuerza en Siria, Irán, Arabia Saudita y Egipto en base al modelo de su plan maestro de 1996 para que Washington y Tel-Aviv dominen militarmente la región, “Un rompimiento limpio”. A Sharansky se le sumó de inmediato una retahíla de editoriales de neoconservadores como Richard Perle, Lawrence Kudlow y Michael Rubin, que le cayeron encima a Bush y a la secretaria de Estado Condoleezza Rice por dar siquiera la impresión de querer una solución “diplomática” a la llamada crisis de Irán.

La reunión en Beaver Creek no fue sino un canal de comunicación entre Washington y Tel-Aviv que anuncia que ha llegado la hora de hacer reventar toda la región del Sudoeste de Asia mediante una serie de provocaciones que llevan mucho tiempo cocinándose. Y, aunque Cheney fue el mensajero más que voluntarioso del llamado a las armas, la decisión de emprender la actual carnicería de Israel contra el Líbano la tomaron redes de financieros privados de más altos vuelos que el matón Dick Cheney dentro de la internacional sinarquista.

Como señaló Lyndon LaRouche: “Esta es la guerra de Félix Rohatyn”, en referencia al viejo banquero del Lazard Fréres que en los últimos 30 años ha protagonizado el desmantelamiento sistemático de la base industrial de tecnología de avanzada de Estados Unidos, y quien cuenta a George Shultz, el “padrino” del Gobierno de Cheney y Bush, entre sus colaboradores sinarquistas más cercanos.

Un financiero europeo de alto nivel secundó la evaluación de LaRouche de que la catástrofe que se desenvuelve en el Sudoeste de Asia es parte de una insurgencia sinarquista global, encaminada a provocar una sucesión de guerras inconclusas que, de conjunto, sumerjan al planeta entero en una nueva guerra de los Treinta Años. “La invasión israelí del Líbano”, le comentó la fuente a {EIR} “ocurre al mismo tiempo que Afganistán cae en el caos, e Irak le sigue de cerca. Súmese a esto el hecho de que el sistema financiero mundial está tambaleándose al borde del colapso, y tenemos una situación sin precedente en tiempos modernos”. Añadamos los factores de los bombazos recientes en Bombay, India; las nuevas desestabilizaciones en el “exterior cercano” de Rusia, que se entienden hacia Europa Central; y las erupciones de caos en las ciudades principales de Brasil, y la pauta global de provocaciones es clara.

Una misión suicida israelí

Como recalcó LaRouche, los actos de Israel, que se ordenaron desde Washington, no sirven al interés de ningún Estado nacional del orbe. Ciertamente no sirven al interés nacional de Israel, al que han soltado en una trayectoria de autodestrucción.

Un embajador estadounidense retirado equiparó la incursión israelí en el Líbano con las derrotas que tanto Napoleón como Hitler sufrieron a las puertas de Moscú. “Las sobre extensión estratégica es suicida”, comentó, “e Israel está atrapado justo en semejante sobre extensión”.

Un militar estadounidense retirado, con décadas de experiencia en el Sudoeste de Asia, añadió que el Gobierno de Cheney y Bush está atrapado en sus propios cuentos sobre Hezbolah. “No pueden permitirse aceptar la idea de que Hezbolah es un movimiento político genuino con una gran base de apoyo”. Y continuó: “Ahora buscan que el caos se propague desde el Líbano, a través de todo el Oriente Medio. Esto pronto golpeará a las Américas. Eso es parecido a la guerra de los Treinta Años”.

El 20 de julio el coronel estadounidense retirado Patrick Lang, ex director de inteligencia de defensa a cargo del Cercano oriente, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que el ataque de Israel contra el Líbano “no tiene ningún sentido para mí. Como sabes, yo he trabajado en todos estos países y con las Fuerzas de Defensa de Israel, bastante, y siempre lo estudié. Y para mí esto simplemente no tiene ningún sentido, lo que están haciendo, porque como dijo este mayor de la Fuerza Aérea israelí, es imposible andar por ahí en una suerte de cacería de todos estos lanzacohetes que están por todas partes. Hezbolah es una numerosa guerrilla disciplinada y bien organizada. Tienen reservas en profundidad entre el pueblo chiita del Líbano. Han estado organizando este terreno por cinco o seis años. Hay toda clase de trampas antitanques y puestos de emboscada. Toda clase de cosas como esa”.

“Es un lugar sanguinario para pelear”, continuó. “Y la idea de que puedes desarraigar a gente como esa, que son fanáticos islámicos, y hacerlos que desistan y huyan con el poderío aéreo y la artillería, y algunas operaciones de pequeña escala, simplemente... simplemente carece de fundamento. Lang le dijo a CNN que la única forma en que Israel puede hacer que Hezbolah deje de bombardear blancos israelíes, es si hace que “su línea de artillería retroceda. La única forma de hacer eso, en mi opinión, es con infantería. Ahora bien, yo sé que las Fuerzas de Defensa de Israel no quieren ocupar de nuevo parte del Líbano, pero de algún modo se han puesto en una posición en la que quizá no haya otra alternativa... La otra parte de esto, que es hacer que el Gobierno del Líbano sea algo que no es, un gobierno unido con un ejército que sea un ejército verdadero, en vez de un símbolo de unidad nacional, que actúe contra Hezbolah, eso simplemente no tiene bases. No está en los libaneses hacerlo”.

La desesperación de los banqueros sinarquistas

Desde la perspectiva de las redes financieras privadas de Londres, París y Nueva York que conforman el núcleo de la internacional sinarquista, una guerra de los Treinta Años como la que está desencadenando ahora Israel con su incursión demente en el Líbano, es justo lo que recetó el doctor. Por meses, en anticipación de un desplome del sistema financiero internacional, importantes instituciones financieras internacionales han venido deshaciéndose de sus papeles -que pronto no valdrán nada-y mudando sus fondos a los bienes físicos, lo cual ha disparado una espiral hiperinflacionaria en los precios del petróleo, el oro, el cobre y otras materias primas estratégicas vitales, y llevado al borde del derrumbe a todo el sistema financiero mundial posterior al Bretton Woods.

Al mismo tiempo -como lo indican las intenciones de Nissan-Renault con la General Motors-, estos mismos círculos financieros, de los que son típicos Rohatyn y Lazard, están consolidando su dominio sobre las empresas industriales que aún quedan en Occidente. Están decididos a crear ahora la misma suerte de carteles industriales que promovieron el nazismo y el fascismo en el período de 1922-45. Más aun, como LaRouche puso de relieve el 20 de junio, estos financieros pretenden destruir los fundamentos mismos del sistema del Estado nacional. Al crear empresas internacionales por fuera de las jurisdicciones legales de las naciones soberanas, y establecer su propio dominio mundial alternativo sobre la capacidad industrial y los productos estratégicos, pretenden imponer, vía la globalización, una “solución final” al odiado sistema del Estado nacional, en especial al EU de la Constitución de 1789.

Chile es la caperucita roja de la región

Opinión
Entrevista al Cientista Político Eduardo Bustelo Graffigna

Por Juan Francisco Coloane
 www.argenpress.info

Dicho con el respeto al proceso de la Concertación en Chile, Chile actúa en la región a veces como una especie de Caperucita Roja; demasiado pendiente por donde viene el lobo.

Nuestra invitación fue para conversar sobre la “tensión” entre Chile y Argentina generada a partir del gas, a sabiendas de que el tema responde a una situación energética más amplia, dentro de un contexto de transiciones políticas y financieras a escala mundial.

Para el cientista político argentino Eduardo Bustelo (London School of Economics), Chile tiene que buscar una definición más clara frente a los nuevos escenarios de las relaciones de poder en la región. Profundo conocedor de la situación internacional y de los procesos políticos en Chile y en la región, ha tenido una vasta trayectoria académica, así como en funciones de dirección y asesoría en organismos internacionales, y en el gobierno argentino. Actualmente dirige el programa de magister en políticas públicas en la Universidad de San Juan, (Argentina) y es director de varias fundaciones humanitarias.

Sus escritos críticos de los años 90 sobre los programas del ajuste económico de los años 80 promocionados por el Banco Mundial, son hasta hoy referentes obligados. Más aún, pronosticaron las crisis sociales agudas que se perfilan en el presente.

Bustelo es un ejemplo atípico del funcionario internacional. A mediados de los años 90, siendo Director de la Oficina de UNICEF para la Argentina, enfrentó con fuerza inusual las políticas del ajuste económico y social aplicadas por el ex presidente Carlos Menem. Advirtió del inevitable aumento de la pobreza y su efecto en la infancia. Como resultado, el ex presidente hizo un reclamo en la dirección central de UNICEF, “aconsejando” su salida en caso de persistir con su crítica. El tiempo le dio ampliamente la razón a Bustelo.

Juan F. Coloane: Lo del problema del gas entre Chile y Argentina que viene desde hace tiempo, es una tensión sobre el gas, o es el contorno de una situación política más amplia, más global...

Eduardo Bustelo: En lo del gas, para ambos países tiene que haber un ajuste de la ecuación vía importación, pero también vía acuerdos políticos más amplios. Esta importación es más crítica para Chile porque Argentina sería también como un “pasaje” del gas boliviano. Bolivia alzó las tarifas en un 56 % para la Argentina. De que venía esta alza, se sabía, y más aún, en cualquier análisis económico y político de tendencias futuras, es la ecuación que hay que “ajustar”. La energía en un porcentaje importante de la ecuación en el sentido económico, pero también en ésta hay un componente político.

JFC: Un cientista político estadounidense Michael Lynch, experto mundial del tema energético, señala que, en el análisis de las “crisis energéticas”- sean por alza de precios o fallas de manejo en la oferta o la demanda-, el uso unilateral del punto de vista político (la geopolítica), o del económico (recurso vital no ilimitado), ha sido fuente de distorsiones. La tendencia es que un enfoque domine al otro. La intersección equilibrada ha sido esquiva, y se difunden síntomas de crisis que no son tales. Lynch plantea que en general, no hay crisis energéticas, sino que lo que hay, son países sin el recurso, y con problemas para comprar el insumo y absorber las alzas de los precios. Las reservas energéticas están, y es la información estratégica más protegida.

EB: Precisamente, hay una intersección de las dos consideraciones, y el país que tiene dinero para comprar gas no debería tener problemas, así como economías sanas con empleos de calidad y bien pagados, no deberían tener problemas para absorber alzas de precios. Argentina tiene que elevar las retenciones para equiparar el costo de la exportación a Chile. Es una decisión económica, pero que atraviesa por una opción política.

JFC: Hasta qué punto el panorama en la región sur de América Latina 2006 es diferente. ¿No será una pátina o un espejismo, y que las relaciones de poder no han cambiado?

EB: Hay que reconocer existe una coyuntura especial en América Latina.

No estoy seguro si en Chile, me refiero a algunos sectores influyentes, reconocen la existencia de una nueva polaridad, por llamar así de alguna forma a una situación que abre un futuro de relaciones políticas diferente. Aunque se podrá argumentar que es incierto, pero está, y no se puede desconocer.

Los fenómenos políticos que representan presidentes como Morales, Chávez, Lula y Kirchner, abren un espacio de negociación más amplio, y menos unilateral. Distinto del que existe. Claramente este espacio tiene vida, funciona, establece acuerdos y relaciones, e incide en políticas locales y externas. Se descubre un tipo de pragmatismo desde un ángulo que siempre estuvo subordinado a una política central. Se palpó con la elección del Secretario General de la OEA.

México se “pega” a los EEUU; no le queda otra alternativa. Centro América también. Para contrarrestar EEUU trata de formar un nuevo eje con Ecuador, Colombia, Perú que es el juego de los equilibrios. Hay que ver donde está Chile.

En una forma de decir, cuando se examina a Chile, uno piensa si “Chile está con el MERCOSUR o no está”. “Está con la Comunidad Europea o no está”. “Está con China o no está”. Esto dicho más allá de los acuerdos comerciales, sino conjugando la variable política que impregna las relaciones a una asociación de intereses más amplio.

JFC: Es cómo que el acuerdo comercial “avasalla” el sistema de relaciones entre dos países, aunque las “relaciones” implican muchas otras cosas.

EB: No puede crearse una nueva ortodoxia de los acuerdos comerciales en los cuáles sólo priman las conveniencias comerciales y no se consideran los otros aspectos.

Dicho con todo el respeto que le tengo al proceso de la Concertación en Chile, Chile se presenta a veces con su sigilo, en una especie de Caperucita Roja que está pendiente por donde viene el lobo. Chile sabrá lo que hace, pero la percepción es que se tiene que definir políticamente en esta especie de nueva polaridad, que no es más que acceder a espacios nuevos de negociación y grados mayores de autonomía.

La palabra polaridad tal vez no sea la más apropiada, pero cuando el sistema multilateral está golpeado por la forma en que ha sido golpeado, y cuando prevalece la vía unilateral, nuevas formas de alianza a través de formas no tradicionales, no es una polarización para la confrontación. Es una realidad de un sistema de relaciones políticas diferente. Todos sabemos donde está el lobo y no es precisamente en la región sur. Y no todos los espacios de relaciones deben estar determinados por esta situación.

JFC: Y los tratados entre Chile y Argentina, que hay de ello.

EB: Claro que hay límites políticos en los TLCs. Es notorio como Chile hace tratados con casi todo el mundo, menos con Argentina que está al lado. Eso es raro. Nadie puede hacerse el desentendido, con un país que comparte toda una frontera inmensa. Chile tiene tratados de libre comercio con más de 50 países menos con Argentina. Eso no pasa inadvertido, debe tener una razón de peso.

JFC: Y la salud del lobby anti Kirchner. ¿Se desactivó?

EB: Es fácil ser antiargentino en la región. En parte es responsabilidad nuestra por la tradicional soberbia del argentino, y al vernos tan golpeados en la economía, hace algunos años atrás, claro, estaba allí la posibilidad de “devolvernos” esa soberbia. Pero ahora es una situación diferente. Todos hacen su juego, los presidentes Lula, Vázquez de Uruguay...

JFC: Y las empresas españolas le siguen haciendo la vida difícil al Presidente Néstor Kirchner?

EB: No. Con el cambio de Gobierno, de Rodríguez Zapatero, se encuadraron en un marco político, y este marco político es regional, no solo argentino o español. Los gobiernos se entienden entre gobiernos, y las empresas se enmarcan en las relaciones de estado.

JFC: ¿Por qué eso de que Chile se está pareciendo a la Caperucita Roja y el cuento del lobo, obviamente es el tema de Chávez y su itinerario internacional y el poder del petróleo?

Hay que entender que con Chávez, “se abrió la cancha”. Extendió los espacios. Con los presidentes Lula, Morales y Kirchner se formó un marco de espacios políticos más abiertos. Son formas de alianzas diferentes en tiempos diferentes. No es el lobo. Ahora en Chile, como en Argentina, al sector empresarial y de derecha más tradicional, le conviene mantener esa perspectiva de que es el lobo cuando aparecen nuevos actores en el plano comercial e internacional. Se ha demostrado que la política llevada exclusivamente a términos comerciales, tiene límites, y no puede ser sustento de una política internacional.

JFC: Y el respeto a los acuerdos asumidos por el precio del gas. En Chile se dice que Argentina no los respeta. Se habla de los derechos internacionales no respetados

EB: El Presidente Argentino no ha asumido acuerdos más allá de que los acuerdos son concebidos como parte de un proceso político continuo. No existe un “metaderecho” de los acuerdos. No puede haber acuerdos fuera de la política. No existe una ecuación política, que esté basada fuera de las relaciones de poder. Como que las relaciones de poder estuvieran enmarcadas por una especie de metaderecho.

La ecuación energética en Chile es que por el momento va a tener que comprarle gas a Argentina bajo nuevas condicionantes. Está el gobierno de Evo Morales, hay otras opciones, nuevos protagonismos en el plano energético y eso atraviesa por un proceso político de negociaciones, y buscar una salida energética en el largo plazo. Chile sabe que se han abierto otras opciones energéticas en la región.

JFC: El tema Hugo Chávez pone nervioso a mucha gente

EB: Como dije. Chávez, abre la “cancha”, él aumenta las posibilidades en las relaciones de poder. La idea del Gasoducto Sur es un proyecto donde hay complementariedad política junto a ella. Se le puede llamar integración. Y no es solo Chávez y solo gas. Están los otros países que desean nuevos espacios de relaciones. El MERCOSUR es muy anterior a la situación de unilateralidad excesiva por los TLCs.

No se pueden llevar a cabo las relaciones internacionales en la región por el tradicional eje vertical Norte-Sur.

La Universidad Pinochetista/Concertacionista, el Movimiento Estudiantil y la nueva Universidad

Chile
 Por Prof. Dr. Hugo Mereno Peralta

Bajo el nombre del Pinochetismo (Pinochet, su familia, sus amigos y sus aliados: UDI y RN, etc.) se han escondido bastantes elementos diversos -asesinatos, desapariciones, torturas, trafico de armas, narcotráfico, malversación del erario publico, etc.-, que habría que precisar cuando de Pinochetismo hablamos.

El Pinochetismo considera en primer lugar el dominio económico del país, por un grupo de privilegiados cuyo interés primordial es enriquecerse. En segundo lugar, el Pinochetismo supone el control de los medios mercuriales mediáticos de comunicación -prensa, radio, televisión, etc.-, y en especial la eliminación sistemática de toda publicidad respecto de la actividad especulativa de la oligarquía económica, en tercer lugar para mantener la actividad de los especuladores, el Pinochetismo suprime las garantías jurídicas -la constitución y decreta otros bandos de amarre- y que especialmente le impiden al ciudadano ser denunciante o censor de la nueva clase que utiliza el poder del Estado para su beneficio económico. En cuarto lugar el Pinochetismo implica un complejo sistema de falsas legitimidades -hasta nuestros días vigentes-, que van desde la colaboración religiosa por parte de la jerarquía de la iglesia católica hasta la colaboración estética, y, en quinto lugar, para poder mantener todo lo anterior, el Pinochetismo utiliza de manera arbitraria el poder de dominación del Estado colocándolo en manos de la oligarquía esencialmente económica, que lentamente va destruyendo al país.

La Universidad Pinochetista/Concertacionista

A la luz de todo lo anterior se ve con mediana claridad que las ideas, en cuanto a expresión de inteligencia crítica alimentadas por valores éticos y por una concepción del mundo progresiva, no podían ser toleradas por el Pinochetismo. La corrupción nota prevalente para definir a la oligarquía especuladora, se oponía a la universidad crítica. Desde el primer intento su intención fue desaparecer cualquier Casa de Estudios Superiores progresista -las dos primeras victimas: la Universidad del Norte de Chile y la Universidad Técnica del Estado-, corromperla, para finalmente enajenarla. Según la especulación iba provocando el crecimiento económico, la universidad fue disminuyendo de capacidad en el orden del profesorado, de seriedad en los conocimientos y de responsabilidad genérica en cuanto a tal Universidad. Todo bajo la tutela de un militar rector/delegado.

Al compás del crecimiento económico se observa en la Universidad Pinochetista la multiplicación de catedráticos prosélitos con puestos políticos en el régimen en general. El Pinochetismo terminó por copar también el poder judicial.

Como colofón, la universidad perdió su dignidad, su nivel académico, su contacto con la sociedad, etc.

Antes había perdido su autonomía -académica, administrativa y territorial-, su nivel crítico, etc. Definitivamente, debe sobrevivir ajena a los problemas sociales que afligen a la sociedad de la cual era su conciencia crítica. La ideología fascista del Régimen Pinochetista incorporó a la Universidad Chilena definitivamente. Esta será a partir de este infausto momento una factoría para ganar dinero y formar la juventud considerada como la semilla intelectual del poder y asegurar la eficacia y continuidad de la dictadura de marras.

Pero, a los epígonos pinochetistas y sus administradores concertacionistas les fallaron los cálculos: el incremento rápido y formidable del estudiantado en pocos años, que multiplicó casi exponencialmente su número en las grandes ciudades, obligó a que entrasen si no en calidad de catedráticos, si en calidad de docentes a muchos profesores jóvenes, que estaban al margen de la corrupción o, por lo menos, no encadenados por ésta y dispuesto a ejercer una función docente critica y objetiva. Este camino obligó a las universidades progresistas del país a tomar actitudes políticas claras frente a la dictadura y la corrupción y comenzó el largo periodo de lucha entre la universidad y el Pinochetismo/Concertacionista. El precio que se ha pagado ha sido alto por parte del movimiento estudiantil, pero los estudiantes saben que “luchar es vivir”: las detenciones masivas encarcelamiento, tortura, etc. no los ha amilanado.

Los estudiantes no aceptan la universidad apolítica, neutral y “solo para aprender” heredada de la dictadura de marras. Por suerte esta no caló en la conciencia de los estudiantes y de los profesores progresistas, ni se consiguió pervertir su dignidad intelectual.

La clase politica pinochetista/concertacionista, satisfecha, con su lema ”esto es lo que hay”, atacó a través de los medios mediáticos mercuriales de comunicación a los estudiantes y profesores progresistas motejándolos como parte de un pasado negativo y contrarios al progreso de la macroeconomía.

La Universidad Pinoichetista/Concertacionista significa universidad enajenada, sumisa, resignada, dogmática, fatalista, que aceptó sin más la oscuridad educacional y cultural de su pueblo que le impuso la dictadura de marras. Más aún, ignoró los crímenes, los desaparecidos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la destrucción de su autonomía y el estado de derecho y lo más grave, frente a la desaparición de las universidades: del Norte de Chile y Técnica del Estado, guardo un cómplice silencio…

Los descontentos y las protestas del movimiento estudiantil significan que la mentalidad de las generaciones más jóvenes comenzaron a asumir una conciencia crítica que apartaba en todos los aspectos a la universidad que he llamado “nueva” del Régimen Pinochetista/Concertacionista.

Los jóvenes están dispuestos a terminar con la intromisión de la ideología fascista del Opus Dei en la universidad, de una parte, de otra, con el negocio de la educación, el bajo nivel de la enseñanza y en general, la mediocridad que tanto en el orden espiritual como en el material definen la vida universitaria actual.

Las manifestaciones recientes señalan el punto de ruptura entre la Universidad Pinochetista/Concertacionista y la nueva universidad. No se trata de ningún “Mayo Berlinés o Francés”, sino de la típica protesta universitaria que tiene consecuencias sociales y políticas. Es un hecho significativo e importante desde el punto de vista sociológico que el momento de máxima protesta estudiantil coincida con las protestas de los sectores marginados del modelo de sociedad consumista, insolidaria, inhumana, e irracional, impuesta por el imperio y administrada por la concertación.

Antes reprimir que reformar

Los administradores concertacionistas de la herencia de la dictadura de marras en vez de escuchar a los jóvenes, al futuro de este país, los reprimen. Para esto la dictadura les heredo el instrumento “de la mano dura” que hay que aplicar: crímenes, desapariciones y torturas.

Los jóvenes exigen una renovación de las estructuras universitarias y de la mentalidad universitaria. Pero la clase politica pinochetista/concertacionista no acepta cambiar su modelo de universidad de minorías para quienes tienen como pagarla. Esta es insuficiente, enseña mal, aprende mal y no tiene capacidad creadora, pero, los hechos frente a los cuales es menester encontrar una reforma suficiente están claros:

- superación de la universidad clasista, autoritaria pinochetista
- devolución a la universidad de la capacidad de investigación y de creación
- estructuración de un cuerpo académico con conciencia que enseñar no implica privilegio alguno
- esfuerzo para que el estudiante adquiera el conocimiento de que aprender es una obligación política de primera magnitud que no empequeñece ni obstaculiza la función critica general inherente al aprendizaje universitario

Para refrescar la memoria de los que viven olvidando. El presidente de Chile Dr. Salvador Allende Gossens en el Consejo de Rectores -el suscrito era el representante de la Universidad del Norte de Chile- reunido el 26.9.1973 expresó: “Con los señores rectores coincidimos plenamente, reitero, en que la Universidad, conservando plenamente su autonomía -académica, administrativa y territorial-, lo que no significa estar aislada, será una Universidad vinculada en la profundidad de los anhelos y realidades de la Patria para convertirse en un laboratorio de ideas y pensamiento al servicio del Pueblo y del progreso nacional.”

* Hugo Moreno Peralta es Director CESAL e.V. Berlín (Alemania).

Una corrupta relación entre la CIA y los Democristianos de Chile

Opinión

Por Hernán Uribe

Sugestivamente el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile adoptó sendos acuerdos en contra de Venezuela y Cuba días antes de que George Bush, junior, aprobara un proyecto de la “Comisión para la asistencia a una Cuba libre” que en violación absoluta del derecho internacional destina 80 millones de dólares a la subversión anti cubana. Según el diario derechista “La Segunda”, el PDC argumentó que “La administración Chávez no nos da garantías”, aunque el vocero no aclaró si pedía garantir a su partido o a Chile.

En la ocasión, el PDC dijo apoyar el canciller Alejandro Foxley -miembro de esa colectividad- quien, aseguraron, busca una “tercera alternativa” y desecha tanto a Venezuela como a Guatemala. Estas claras maniobras político-publicitarias son observadas como un intento para influir en la presidenta Michele Bachelet que por disposición constitucional maneja las relaciones exteriores. A las posturas democristianas se sumó otra entidad gubernamental, el Partido Por la Democracia (PPD) motejado en el campo de la chismografía como la corte de los milagros. Inventado por el expresidente Ricardo Lagos para asegurar su candidatura, es una agrupación que carece de principios y nadie la toma en serio.

En círculos políticos chilenos se cree que el PDC fue informado en secreto sobre la nueva embestida yanqui contra La Habana-Caracas y actuó para “hacer méritos” a fin de acceder a una tajada suculenta pues son antiguos sus lazos con la Central Intelligence Agency (CIA) de la cual ha recibido asistencia financiera a partir de los años sesenta del siglo pasado. El PDC, planteó en concreto, el 30 de junio pasado, su oposición a que Chile respalde a Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, y el 11 de julio se adhirió en el Senado a una declaración en contra de Cuba presentada por colectividades extremo derechistas.

“Apoyar a Chávez negaría toda nuestra política exterior de 15 años” declaró Gutenberg Martínez, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en una entrevista del diario conservador “El Mercurio” (Santiago de Chile) que agrega condimento a la escalada relacionada con los suculentos dólares del plan Rice-Bush. Sin embargo, la afirmación del jefe de la ODCA habla de algo real pues todos los gobiernos posteriores a Pinochet han sido en extremo pro estadounidenses.

El PDC chileno no es una copia al carbón de sus homólogos europeos surgidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial (SGD). Su origen se encuentra en el Partido Conservador fundado a mediados del siglo XIX y que durante un siglo representó fielmente a la derecha ultramontana. El anquilosamiento ideológico de la colectividad provocó desprendimientos, el más importantes protagonizado por la Juventud Conservadora que se convirtió en un ente político aparte con el nombre de Falange Nacional.

En 1957, se fusionaron lo que restaba del Partido Conservador y la Falange para fundar el Partido Demócrata Cristiano que se proclama como “un movimiento nacional y popular”.Transcurridos siete años logra la presidencia Eduardo Frei Montalva, líder del PDC quien es súbitamente respaldado por la derecha tradicional, que retira su propio candidato, ante “el peligro” de que resultara triunfante Salvador Allende.

Fue el golpe de estado que derrocó al presidente Allende el 11 de septiembre de 1973 y la posterior investigación del Senado norteamericano lo que permitió conocer documentalmente algo que era un secreto a voces: la intromisión de la CIA en la política chilena, vía el soborno especialmente ejercido con el PDC. He aquí un registro mínimo de los dineros recibidos por el PDC al tenor del conocido Informe Church:

“En 1960, el Grupo Especial (estadounidense) autorizó varios centenares de miles de dólares para fortalecer (sic) al PDC con anticipación a las elecciones presidenciales de 1964”. Otro párrafo: En 1964, “la CIA gastó más de dos millones 600 mil dólares para apoyar la elección del candidato democristiano. Más de la mitad de la campaña del candidato (Frei) fue financiada por Estados Unidos, aunque aquel no recibió información sobre la ayuda”.

Otros detalles:

1962: 230 mil dólares para vigorizar (sic) al PDC;

1964: Tres millones de dólares para la elección de Frei;

1965: 175 mil dólares para apoyar a los candidatos al parlamento;

1968: 350 mil dólares para apoyar a candidatos escogidos (sic) para elecciones de marzo de 1969:

1971: 177.000 dólares para una imprenta del diario del PDC. (2)

Entre 1970 y 1973 hay una “inversión” de tres millones 475 mil dólares para opositores que no son individualizados, pero debe presumirse que buena parte llegó a las arcas del PDC cuya postura fue decisiva para el golpe militar. El 22 de agosto/73, el PDC promovió en la Cámara de Diputados y en alianza con la extremo derecha, una declaración que prácticamente apuntaba a la ilegalidad del gobierno, cuando sostuvo que se registraba “el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República”. El once de septiembre, el primer bando de los golpistas apuntó: “Teniendo presente: que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad”, etc. Apenas un mes después del levantamiento, Eduardo Frei, ahora expresidente del Senado porque había sido clausurado el Parlamento, expresaba en el “ABC” (Madrid):”Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros”. ¡Notable!

La aversión del PDC hacia Cuba y ahora también acerca de Venezuela, posee un factor ideológico público y con ello visible, aunque tiene asimismo un factor oculto e inmoral como es el financiamiento exterior, más claro, de los aparatos de espionaje y subversión de los Estados Unidos. En 1995, la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) creó un “Comité sobre Cuba” (CSC) con base en dirigentes de la antes mencionada ODCA. Curiosamente, el CSC se reunió por vez primera en…Madrid y a la cita acudió un tal Nuccio Richard, entonces asesor directo del presidente Bill Clinton. ¡Saque usted las conclusiones!

Ese grupo especial sobre Cuba fue integrado por altos dirigentes democristianos de Venezuela, Panamá, México y, en plan de parodia, por un miembro del PDC de Cuba que funciona en Miami. Otro participante en la directiva del CSC fue el chileno Claudio Huele, actual embajador de Santiago en Caracas. ¿Mantendrá todavía aquella función partidaria?

Notas:
1) Valencia, Carlos (Recopilador) (*) periodista/escritor chileno. La CIA: 10 años contra Chile (Documentos de la CIA y Consejo de Seguridad) Bogotá, 1975.
2) Ver: Uribe, Hernán. La Democracia Cristiana Digitada por Washington, Punto Final, marzo 1996 Julio 18/7/06.

Los claroscuros de la política exterior chilena

Opinión
El veto chileno a Chávez

Por Nelson Spza Montiel

La anunciada decisión del gobierno chileno de buscar en nuestra región ‘una candidatura de consenso’ alternativa a la venezolana para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas merece al menos dos lecturas, y ninguna de ellas deja muy bien parada a la política exterior liderada por la Presidenta Michelle Bachelet.

La primera es que el veto a la política tan furibundamente pro-América Latina como anti-Bush del Presidente Jorge Chávez debiera (aunque sea por sus opuestos) ayudarnos a entender cuál es el diseño estratégico de la política exterior chilena. Entonces, podría decirse que ésta no tiene entre sus ejes prioritarios la integración política y económica de nuestra región, y que (como ya ocurrió en las administraciones Aylwin y Frei) sigue mirando al Norte liderado por la Casa Blanca.

Señales en esa dirección, por lo demás, ya había varias, aunque la más notoria ha sido la no resuelta adhesión de nuestro país al Tribunal Penal Internacional -cuya ratificación ha sido dilatada por los gobiernos de Lagos y Bachelet ante el temor de que Washington responda interrumpiendo el suministro de repuestos de esa procedencia a las FF.AA. chilenas. Esta indecisión mantiene a nuestro país como una suerte de ‘isla´ en la región, y ella ha sido cuidadosamente negociada entre bambalinas entre La Moneda y la Casa Blanca.

Independiente de la justificación ética que ha llevado a la mayor parte de los países del mundo a adherir al TPI y (nuevamente por defecto) de las motivaciones estrechamente pragmáticas que han tenido a la vista los gobiernos de la Concertación para no haberlo hecho hasta hoy, salta a la vista que éstas no podrían ser otras que el temor a Washington; la inquietud por la reacción de Bush ante la actitud desafiante de un socio comercial suyo. Pero incluso si el fundamento de nuestra política exterior fuese un actuar estrechamente apegado a las conveniencias comerciales, iguales consideraciones podrían tenerse a la vista frente al entorno vecinal -y preguntarse si estas actitudes aislacionistas favorecen los intereses chilenos en la región.

Ausencia de estrategia

Ambos episodios (no los únicos, claro) reflejan que el accionar de la política exterior chilena continúa guiado por una inquietante ausencia de visiones estratégicas sobre cuáles son -o, más bien, debieran ser- las políticas que acompañen la declarada ‘opción preferencial por América Latina’ que han dicho profesar los dos últimos gobiernos concertacionistas y en particular el que encabeza Bachelet. El tan esperado cambio de rumbo reclamado por numerosos parlamentarios de la coalición gobernante (del cual ha sido una muestra el viaje de algunos de ellos a La Paz para empujar una actitud más proactiva de nuestra cancillería respecto de las relaciones con el nuevo gobierno boliviano) no sólo no parece haberse materializado. Aún más: los pocos gestos de la diplomacia criolla bajo Bachelet expresan la misma suerte de ‘bipolaridad’ de sus predecesores: unas políticas cuando menos inconsistentes con el discurso. No está demás recordar que uno de los más persistentes reclamos hechos al Mercosur y después a la naciente Comunidad Suramericana de Naciones bajo la administración Lagos fue la necesidad de dar mayor sustrato político a los esquemas de integración regionales, precisamente para lograr una mayor coordinación y ojalá una vocería común ante los entes multilaterales.

Una segunda lectura al veto chileno a la candidatura venezolana es preguntarse sobre los porqués de su cuestionamiento a la política integracionista del Presidente Chávez -que en definitiva éso es lo que está en cuestión. No hay mucho dónde pueda especularse al respecto: o a Chile le preocupa el protagonismo que ha venido cobrando Chávez en la región, o (y esto pareciera más plausible) discrepa abiertamente con el modelo de asociación (económica, pero también política) que el mandatario propugna.

Un ‘outsider’ regional

Llegados a este punto, lo lógico sería preguntarse si el modelo cepaliano de ‘regionalismo abierto’ que los gobiernos concertacionistas dicen perseguir no se ha trasformado a estas alturas en una cacerola vacía de contenido. Por lo demás, aunque así no fuese, ni los modelos son estáticos, ni inmutables los contextos históricos en los cuales algunas propuestas fueron concebidas. Pero el hecho es que la política exterior chilena (a diferencia de la venezolana bajo Chávez) ha hecho muy poco para impulsar con propuestas concretas (cuantificables, para usar un concepto de moda en La Moneda) y conductas coherentes una estrategia alternativa de convergencia, integración y desarrollo alternativos a las doctrinas y corrientes extraídas del Norte.

Situado antes como un outsider que como un promotor activo de la política regional, Chile no ha logrado (pese a su discurso) remecer al Mercosur para dotarlo de una más eficiente institucionalidad, y ha congelado ad eternum su estatus de Asociado. Ha tenido más bien una actitud reactiva que proactiva ante la Comunidad Suramericana de Naciones. Sin ser una idea suya, se sumó y empujó (hasta donde pudo, es cierto) la materialización del ‘anillo energético’, pero más por interés cortoplacista que por convicciones doctrinarias. Su desempeño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad no logró reunir tras suyo la representación ni menos asumir la vocería regional. Antes de ello, se integró a desgano y asumió una actitud deslavada en el G20 (que ha intentado representar los intereses comerciales del Sur en la Ronda de la OMC). Se ha alineado abiertamente junto a Canadá, México y los EEUU para defender (cuanto y hasta donde pudo) el ALCA ‘en la versión-Washington’. Incluso su desempeño junto (y tras de) Brasil en la ‘misión pacificadora de Haití’ (asumido como uno de los principales éxitos recientes de la diplomacia chilena) ha generado más anticuerpos que apoyos regionales -principalmente por la desembozada intervención de un par de potencias extra-regionales en la expulsión de su Presidente Bertrand Arístide.

Detrás de todo este conjunto de conductas y hechos de la política exterior chilena (resumidas ellas en el veto a Chávez) parece ocultarse un síndrome muy parecido al que durante década y media impidió a políticos y partidos de la coalición gobernante materializar un debate respecto de ‘cuánto más mercado’ y ‘cuánto más Estado’ desea el país (lo que equivale a sentarse a reflexionar, por incómodo que ello sea, sobre el tipo de desarrollo futuro). En este caso, el ‘chavismo’ encarna todos esos ‘ismos’ que aterrorizan a por igual a burócratas y tecnócratas. Independiente de que sus acciones de cooperación y propuestas de asociaciones se afinquen en unos bolsillos venezolanos rebosantes de petrodólares (que para el caso, cuentan igual que los ‘cobredólares’ criollos, y ya sabemos en dónde terminó la propuesta de una ministra de Bachelet de usar una mínima parte de los mismos para ayudar a Haití), la estrategia de Chávez desborda un nacionalismo que aterroriza al gobierno chileno. Sin poder o querer ver algo más allá de la miopía cortoplacista, se descarta este tipo de visiones porque ‘el mundo no está para ‘enfoques trasnochados’.

Chile no es Brasil

Pero incluso en ello la política exterior chilena no ha sido original, ni menos preactiva. Si visión sigue estrechamente de cerca los pasos dictados por la cancillería brasileña, que por razones del todo diferentes (a fin de cuentas, ‘Brasil es Brasil’) siempre ha tenido un pie en el Sur -junto a sus socios del Mercosur- y otro en el Norte, para negociar sin intermediarios con los EEUU o la Unión Europea. Porque la ‘alianza estratégica’ entre Chile y Brasil (más implícita que explícita) es cosa sabida y de larga data.

Itamaraty (cuyos designios de política exterior navegan en un mar inmutable al color o la procedencia de los gobiernos brasileños) tiene hoy una gran responsabilidad en esa lectura que desconfía (cuando no reniega) de visiones altermundistas como la Chávez. Y cuyos exponentes dicen apoyar la multipolaridad de la política internacional, pero a fin de cuentas terminan acoplados como vagón de cola a los diseños de Washington. Pero hay una pequeña diferencia: Brasil puede hacerlo y simultáneamente romper con ello cuantas veces quiera, porque su peso específico se lo permite. No es el caso chileno: nuestro país necesita de socios, y cuanto más cercanos estén y más simétricos sean sus intereses, mejor.

Así, tanto en Brasil como en Chile (y entre mucha de la intelectualidad que dícese progresista) se propugna la integración regional, pero se mira con displicencia todos los ‘ensayos populistas’ que levantan opciones al ALCA o plantean la industrialización como alternativa a la exportación en bruto de nuestros recursos naturales. Que proponen asociaciones empresariales intra-regionales para desarrollar sinergias y economías de escala en proyectos de infraestructura supranacionales. O incluso evaden el dólar (y la especulación asociada normalmente a su volatilidad) para intercambiar en moneda local los bienes requeridos entre los países.

La política exterior de Planalto y La Moneda es en esencia igual: en su discurso, ambas lamentan la fragmentación y la crónica incapacidad de los gobiernos para unificar al continente, y -claro-alientan la integración. Pero al mismo tiempo rehuyen ante cualquier asomo concreto de unión -por ‘populista’, ‘nacionalista’ o estar ‘desfasado en tiempos de globalización’. En último término, ésta es una forma perversa de anti-nacionalismo, encierra una sutil dosis de racismo y representa una peculiar forma de sub-imperialismo (en el caso de Brasil, por tamaño; en el chileno, porque su ‘modelo y su estabilidad son un ejemplo para América Latina’ -Bush dixit).

Alan García, el PS y los derechos humanos

Opinión
Desde Chile

Por Roberto Avila

www.argenpress.infp

 Me habría gustado no tener que escribir este artículo. Lo hago no sin cierta desazón y después de haber rehusado una invitación al programa televisivo del prestigioso periodista Fernando Paulsen a conversar sobre el tema. La polémica entre socialistas la prefiero al interior de nuestros locales Pero, después de mucho pensarlo llegué a la conclusión que el tema va más allá de nuestros límites partidarios.

Si se le preguntara a un socialista que relación tienen los derechos humanos con el socialismo, este debería responder que son parte integrante de su doctrina y que políticamente él hará cuanto le sea posible por asegurar su vigencia y sancionar su violación, cualquiera sea la ideología que el victimario diga profesar. Es decir, los Derechos humanos como una cosa de principios por sobre cualquier contingencia o consideración política.

Pero, esto es el deber ser, pues el ser, lo realmente existente, se me ha mostrado distinto en días recientes.

Junto al abogado Hugo Gutiérrez me tocó asistir como abogado a un grupo de refugiados políticos peruanos que iniciaron una acción judicial, similar a la que permitió la detención de Pinochet en Londres, en contra del ex-presidente peruano Alan García por una serie de delitos de lesa humanidad y, particularmente, por el fusilamiento de más de trescientos presos políticos el 19 de Junio de 1986 en los penales peruanos de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.

Los senadores socialistas Escalona y Núñez me exhortaron públicamente a deponer las acciones, pues esto sería un gesto inamistoso contra el futuro gobernante peruano, el cual además milita en el APRA, organización con la que el socialismo chileno mantiene tradicionales e históricos vínculos de amistad. Esos fueron los argumentos.

El razonamiento, insisto en este planteo, de que las violaciones a los derechos humanos que cometen nuestros amigos o aliados políticos no las debemos perseguir, no lo puedo compartir. Si así fuera tendríamos que aceptar que los Derechos Humanos no tienen valor universal y que sólo se puede reclamar su sanción ante violaciones cometidas por el adversario político. Eso no sería otra cosa que un mero instrumento de la contienda política.

Las relaciones con Perú son muy importantes, pero eso es un ámbito de gobierno no del partido.

Se invocó mi calidad de socialista, miembro de su comité central, para instarme a no interponer las acciones judiciales. Pero tal condición me obligaba precisamente a ello.

De otra parte, el senador Jaime Gazmuri, socialista no histórico, señaló, en un afán de devaluar nuestros esfuerzos, que era una cosa meramente propagandística.

Me evocó lo que vociferaban los ministros de la dictadura militar chilena respecto de lo que hacíamos los abogados de derechos humanos en aquellos negros años.

Lo de Escalona y Núñez sí me preocupa, son dirigentes capaces, de indudable talento y que asumieron los mayores riesgos personales para la recuperación democrática chilena. Tienen autoridad como pocos para hablar de derechos humanos en Chile. Creo que de pensarlo mejor no habrían supeditado los derechos humanos a la contingencia política.

Es posible que lo hecho por Alan García no se conozca bien, hagamos pues una muy apretada síntesis.

El 18 de Junio se de 1986 se sublevaron los penales de El Frontón Lurigancho y Santa Bárbara (cárcel de mujeres). Estos amotinamientos habían ocurrido dos veces en meses anteriores y se habían solucionado pacíficamente. Precisamente ahora se pedía el cumplimiento de los acuerdos anteriores por parte del gobierno y que decían relación con las condiciones de vida en los penales.

Pero dos hechos precipitaron el crimen. Se celebraba en Lima una reunión de la Internacional Socialista presidida por Alan García y el jefe de la inteligencia naval había caído víctima de la violencia política un par de días antes. El jefe de la Armada amenazó con que 'le han pisado la cola al león', con que 'hay gentes que son irrecuperables', 'dicen patria o muerte; en lo segundo les daremos en el gusto'.

Los penales fueron atacados con fuego de artillería. Sin que pudiera intervenir la estatal Comisión de Paz que había solucionado los amotinamientos anteriores.

Unos pocos amotinados murieron producto del ataque y el resto se rindió. Sacados de sus pabellones fueron masivamente fusilados en un número no inferior a trescientos. Un par de decenas logró salvarse debido a que llegaba un helicóptero con periodistas.

Al día siguiente el presidente Alan García dictó un decreto declarando que los penales eran 'zona militar exclusiva', lo que permitió trasladar la investigación desde los tribunales ordinarios a la justicia militar. Lo que seguiría era cosa sabida.

El senador socialista peruano Javier Díaz Canseco denunció estos hechos como crímenes de lesa humanidad. El propio Alan García reconoció 'excesos'. Pero era él, el generalísimo de las fuerzas armadas `peruanas y él quien presidió la reunión de gabinete y comandantes militares de la que salió la orden de ataque a los enales.

Los asesinados permanecen aún en calidad de detenidos desaparecidos, toda vez que sus cuerpos nunca fueron entregados.

El año 2001 la Corte Interamericana de derechos humanos ordenó al Estado peruano investigar y sancionar la muerte y desaparición de presos políticos de estos penales. Nada concreto resulta aún de ello.

El 23 de Agosto de 2003 la Comisión estatal peruana de la Verdad y Reconciliación, símil a las chilenas Rettig y Valech, creada por el presidente Paniagua, entregó al presidente Alejandro Toledo su informe sobre la violencia política en el país hermano entre 1980 y 2000, disponible en Internet.

En este informe, minucioso y detallado, que recibió miles de testimonios y documentos se señala: 'la Comisión de la Verdad y la Reconciliación está en condiciones de afirmar que en el Centro Penitenciario de San Pedro (Lurigancho) y el ex Centro Penitenciario de la Isla (El Frontón) ubicada frente al provincia de El Callao, más de doscientos internos acusados o condenados por terrorismo perdieron la vida durante el mes de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez controlados y rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado'. Esto lo consigna un organismo estatal peruano, más claro echarle agua; asesinatos masivos.

Durante el Gobierno de Alan García 1985-90 operó el escuadrón para-estatal 'Rodrigo Franco', que en ferocidad y número de crímenes nada tiene que envidiarle al Comando Conjunto chileno o a la Triple A argentina.

El año 2000 Alan García fue acusado constitucionalmente por estos hechos y se salvó de ser sancionado por los votos de los parlamentarios fujimoristas.

No podía dejar de colaborar en los afanes de justicia de los refugiados peruanos. Precisamente porque pertenezco a un partido y a un país con miles de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados que en su momento recibieron la solidaridad internacional. Y a los cuales nunca se les dijo que el lamento de sus heridas era propaganda.

La ilegalidad de Transantiago

Opinión
Chile

Por Arnaldo Pérez Guerra

Hasta ahora y a pesar de las demoras en su implementación a cabalidad Transantiago ha asido un buen negocio para algunos. BancoEstado, Banco Santander, Banco de Crédito e Inversiones, Banco de Chile, Sonda y CMR Falabella, operarán como Administradores Financieros del Transantiago (AFT), gracias al sistema de tarjetas Multivía. Ganarán millones de dólares en la implementación y operación del sistema. Pero hay dudas sobre la legalidad de la licitación que ganaron estas entidades financieras.

Según los gremios del transporte, el pasaje aumentará. La tarifa saldrá del valor de los servicios prestados por las empresas de buses, el costo operacional que cobrará el AFT por gestionar los recursos y su remuneración fija asociada a la red de carga, más el valor por el sistema de gestión que incluye la atención de millones de pasajeros al día. AFT administrará, recaudará y distribuirá los ingresos entre los operadores. Además comercializará la tarjeta Multivía, proveyendo, manteniendo y operando todo el equipamiento necesario para el funcionamiento de la tarifa integrada, custodiando la Reserva Técnica Operativa que -se dice- asegura la estabilidad del sistema. AFT también deberá “proveer de la tecnológica asociada al apoyo a la gestión operativa de los futuros concesionarios'. Este último punto se ha convertido en el entuerto.

AFT tendrá a su cargo la gestión de por lo menos 5 millones de tarjetas Multivía, equivalentes a los viajes diarios que realizan los pasajeros del transporte público de Santiago. Son más de 700 millones de dólares al año, según las propias palabras del ex subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz. Y esas cifras podrían aumentar. Pero el negocio redondo del consorcio podría venirse abajo.

El año pasado y ante los primeros problemas de recorridos y demoras en el Transantiago, el diputado Pedro Sainz (PPD), atribuyó los inconvenientes a una mala evaluación técnica y a la manera cómo se licitó: “No se consideró la experiencia de las empresas ligadas al transporte y, por lo tanto, no hay una medición efectiva del tipo de empresa que se necesita para un transporte de calidad. Queda demostrado que aquí lo único que se consideró fue el factor económico”.

Siguen las postergaciones

Las autoridades anunciaron que el 10 de febrero de 2007 se iniciará la fase final de Transantiago. Según el ministro de Transportes, Sergio Espejo, pronto -en octubre- se implementará el Sistema de Información y Atención al Usuario (Siaut). Todas las obras de infraestructura vial pendientes deberán concluir antes de febrero. No parece posible conociendo las negligencias del MOP, el Serviu y los municipios. Según las autoridades se pondrá en marcha el pago de pasajes con “tarjetas magnéticas” y en diciembre todos los buses “contarán con la tecnología necesaria”. Tampoco parece muy real el anuncio. “Transantiago parte en febrero sí o sí”, ha dicho el ministro Espejo. Pero las empresas SuBus y Red Bus aún no llegan a un acuerdo con las autoridades tras alegar que la última “postergación” del plan -que debería haber estado en marcha en octubre de 2006- se les generó problemas financieros. Quieren ser “indemnizados”. El dueño de SuBus, el empresario y ex dirigente camionero Héctor Moya, militante de RN y ex MAPU durante el gobierno de la Unidad Popular; y Red Bus, encabezada por el cuestionado empresario UDI José Yuraszeck están presionando a las autoridades para ser compensados económicamente. En mayo pasado, tras la sesión de la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados, ocho de las diez firmas llegaron a un acuerdo con las autoridades. SuBus y Red Bus anunciaron que iniciarían acciones legales.

A mediados de mayo también se dijo que TransValparaíso estará operativo desde el segundo semestre. La Secretaría Regional Ministerial de Transportes recién seleccionó a las empresas y declaró tres recorridos “desiertos”. Es muy posible que los plazos estipulados también sean modificados a última hora. Las empresas seleccionadas fueron Trolebuses de Chile S.A., Transportes Fenur S.A., Viña Bus S.A., Sociedad de Transportes Sol y Mar S.A., Viña Bus S.A., Buses del Gran Valparaíso S.A. y Transportes de Pasajeros Top Tur S.A.

“No corresponde indemnizar a nadie porque el sistema permite cambios en su partida. El fisco no tiene responsabilidades en esta materia. Si alguien pretendiera hacerlas exigibles, pues tendrán que resolverlo los tribunales”, dijo el ministro Ricardo Lagos Weber en clara alusión a Héctor Moya y José Yuraszeck. De paso, exigió explicaciones a los empresarios: “Hay cuestiones que aún no están al día”. La Presidenta Bachelet no se quedó atrás y dijo: “Asumiremos la responsabilidad de tomar esta decisión, pero también los usuarios y los empresarios. Transantiago es un paquete de iniciativas, obras públicas, información a los usuarios, tarjetas de pago, en fin, todo un sistema. No es posible que una parte se inicie mientras la otra no funciona. Hay dos licitaciones que se han atrasado porque hubo que declarar desierta una de ellas”.

Y qué dirá el gobierno de esto

El Administrador Financiero del Transantiago (AFT) fue adjudicado por el Ministerio de Transportes al BancoEstado y un grupo de entidades bancarias, entre estas la empresa Sonda. El empresario Andrés Navarro - quien apoyó a Sebastián Piñera en la última elección presidencial- es dueño de Sonda y posee importantes contratos con el Registro Civil y otras ramas del Estado.

Sonda, NEC Chile y BancoEstado han sido acusados por la empresa Transporte Inteligente Intermodal (TIMM) -propiedad del empresario mexicano Carlos Slim y del ingeniero chileno Roberto Sone-, de “apropiación indebida de información y tecnología” obtenida para ganar la licitación pública del sistema AFT. Un caso de “espionaje industrial”. Un grupo de abogados del estudio Chadwick & Aldunate presentó ante el 23º Juzgado Civil de Santiago pruebas y documentos intercambiados entre estas empresas antes y durante el proceso de licitación. La apropiación de información y tecnología fue clave para que Sonda, NEC Chile y BancoEstado se adjudicaran la licitación del AFT, sistema de control de pagos en el que los usuarios utilizarán tarjetas Multivías.

Según La Tercera, Sone - MSc. en ingeniería de producción especializado en robótica-, a mediados de 2002 viajó a La Habana invitado por el Ministerio de Industria y Tecnología de Cuba. Allí sostuvo una serie de encuentros con expertos en informática y la creación de equipos electrónicos. La idea de Sone era reemplazar el dinero por una tarjeta magnética. “Un alto dignatario” del Palacio de la Revolución se habría contactado con el millonario Carlos Slim, quien finalmente lo contrató para implementar el sistema junto al departamento de Tarjetas Inteligentes de Inbursa, banco de su propiedad.

Slim es dueño de Telmex, Telcel y Smartcom y de una fortuna que se calculaba hace algunos años en 7.400 millones de dólares, la tercera más grande del mundo según la revista Forbes. TIMM desarrolló “soluciones tecnológicas” y posee “patentes de invención” desarrolladas para funcionar como una solución técnica para el AFT. Un 55 por ciento de TIMM es propiedad del grupo Inbursa -cuyo dueño es Slim-, y el 45 por ciento restante está en manos del chileno Roberto Sone.

Se sabe que TIMM dio a conocer sus “soluciones tecnológicas” a Sonda y BancoEstado bajo contratos de confidencialidad. Posteriormente, BancoEstado ganó la licitación para operar el AFT, lo que significaba -según el MOP-, administrar 700 millones de dólares anuales durante 12 años. Pero el MOP informó que todo esto se haría con “la solución técnica de Sonda S.A.”. Por intermedio del entonces jefe técnico del plan Transantiago, Andrés Silva, la empresa TIMM se enteró que su tecnología y experiencia en “monederos electrónicos” en México había sido presentada en Chile a la licitación al AFT por Sonda y BancoEstado, luego de sus conversaciones. La “solución técnica” resultó “adjudicada” en la propuesta pública, pero “sin el consentimiento” de TIMM.

Hasta ahora el gobierno ha guardado silencio sobre el caso. TIMM intentó obtener copia de la “propuesta” presentada por BancoEstado ante la licitación del AFT sin resultados. Ni BancoEstado, ni el MOP o Sonda respondieron sus demandas. Sólo después de una resolución en tribunales, luego que TIMM presentara una demanda prejudicial probatoria para exigir le fueran entregados esos documentos, accedieron.

La causa se tramitó en el 23º Juzgado de Civil de Santiago. El juez Rubén Mejía ordenó a BancoEstado, a Sonda y NEC Chile la entrega de la documentación. La resolución demuestra que fue la “solución técnica” de TIMM y su experiencia en “monederos electrónicos” en el grupo financiero Inbursa de México lo que presentó Sonda como propios, tanto en la documentación que BancoEstado adjuntó a la licitación como en lo que Sonda entregó a BancoEstado.

En los próximos días se presentarán querellas criminales en contra de Sonda y su presidente Andrés Navarro- y contra BancoEstado y su ex presidente Javier Etcheberry, y demandas civiles por daños, generando un serio cuestionamiento a la adjudicación de la licitación del AFT y el propio Transantiago. TIMM reclama una indemnización superior a los 300 millones de dólares.

La demanda pone en tela de juicio todo el proceso de licitación de Transantiago. Señalada como una de las grandes realizaciones del gobierno de Ricardo Lagos. Según Roberto Sone la licitación pública ganada por Sonda y BancoEstado esta “viciada” por cuanto estas empresas presentaron como propias soluciones tecnológicas aportadas por TIMM. Se trataría de una “apropiación indebida de patentes e invenciones”. Cuando TIMM dio a conocer su “solución técnica” a Sonda y BancoEstado era para ser analizada sujeta a contratos de confidencialidad que se limitaron a un mero estudio preliminar anterior a cualquier propuesta. BancoEstado ganó la licitación para operar el AFT con la solución técnica de Sonda S.A., sin el consentimiento de TIMM: “Pese a la negativa inicial de los involucrados de mostrar a TIMM la propuesta hecha ante el Ministerio de Transportes, el estudio de abogados Chadwick y Aldunate logró que el Juez del 23º Juzgado Civil de Santiago ordenara a BancoEstado, Sonda y NEC Chile exhibir los documentos de la propuesta pública que antes sistemáticamente se habían negado a mostrar, quedando a la vista que fue la solución técnica de TIMM lo que presentó Sonda y BancoEstado como propias. Hasta ahora hemos esperado una negociación y solución a esto de parte del AFT y las autoridades que están enteradas de lo que sucede, pese a que hoy BancoEstado asegura que ‘nunca supo’ que habíamos quedado fuera de la licitación. Sólo hemos recibido una posibilidad de ‘arreglo’ por parte de NEC Chile, que es absolutamente irrisoria. BancoEstado y Sonda no han ofrecido nada. Buscamos una compensación económica que esté acorde con los montos que están en juego en este negocio -alrededor de 300 millones de dólares-, o bien, que se nos deje instalar la solución que verdaderamente ganó el Transantiago, la nuestra. De otra forma estas empresas y Transantiago estarán operando en la ilegalidad”, señala desde México el ingeniero Roberto Sone.