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Centros Chilenos en el Exterior

Opinión

Chile fue el país de la región que más armas compró

Opinión
Estados Unidos es el país que más gasta en armamento

Por ernesto Carmona
www.argenpress.info 

Estados Unidos fue el país del planeta que más gastó en armas en 2005, según el Anuario 2006 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, según su sigla en inglés), difundido el 12 de junio. El gasto en armas de EEUU ascendió al 48% de la inversión mundial en ese rubro, prácticamente la misma cantidad que gastó el resto del mundo.

El gasto en armas de EEUU ascendió a 536.640 millones de dólares, sobre un total mundial de 1.118.000 millones. Significaría que los demás 192 países de la tierra gastaron en conjunto casi lo mismo, o sea, 581.360 millones de dólares, pero el armamentismo mundial está concentrado en 15 países que concentran el 84% del gasto total en armas efectuado en todo el planeta, con EEUU a la cabeza (48%), seguido a respetable distancia por el Reino Unido, Francia, Japón y China, cada uno con 4% a 5% del total mundial, vale decir, unos 56 mil millones de dólares por país, equivalentes al 10% del gasto estadounidense 2005.

El gasto mundial en armamento creció en 2005 en 34% respecto al promedio del decenio 1996-2005, pero el 80% de este incremento pertenece a EEUU. Es decir, el gasto del imperio en 2005 creció en 27,2% respecto a esa década. El gasto mundial 2005 aumentó en 3,4% desde 2004. El mundo gasta en armas el 2,5% del PIB, 173 dólares por persona, pero el presupuesto del Pentágono, o ministerio de Defensa de EEUU, alcanza a 1.604 dólares por ciudadano.

Las ventas de armas de las 100 compañías más grandes del mundo en 2005 crecieron en 15% respecto a 2004, con un total combinado de 268 mil millones de dólares. Según el informe del SIPRI, el 63,3% de las ventas corresponde a 40 compañías de EEUU, o sea, 170 mil millones; el 29,4% corresponde a las ventas de 36 corporaciones de Europa occidental; y el magro 7,3% restante de las ventas mundiales de armas 2005 lo comparten los demás países productores, Rusia, China e Israel, entre otros.

El informe también advierte una creciente concentración en la industria del armamento. Cinco de las 100 compañías más grandes estudiadas por el SIPRI aumentaron su participación de mercado de 22% en 1990 a 44% en 2003. Por la tecnología de los nuevos sistemas de armas, en su fabricación existe una gran participación de empresas civiles electrónicas.

Chile no se queda atrás

Chile fue el país de América Latina y el Caribe que más invirtió en armas, aunque en la región los presupuestos de defensa han caído en relación a los años 80.

De acuerdo con el informe anual del SIPRI sobre la producción armamentista y el desarme, los gastos mundiales en armamento aumentaron 34 por ciento frente a los de 2004, y la cifra equivale a un desembolso de 173 dólares per cápita.

El reporte, divulgado en Estocolmo, indicó que 80 por ciento de todos los gastos militares adicionales registrados en 2005 correspondió a Estados Unidos.

Para Washington, el gasto hecho en 2005 representó un incremento de uno por ciento respecto de 2004, mientras su presupuesto de defensa alcanzó mil 604 dólares por ciudadano.

El aumento del presupuesto militar estadunidense es explicado por la continuidad de las guerras entabladas contra Irak y Afganistán, y por los eventos para cubrir las consecuencias del paso de los ciclones Katrina y Rita en territorio nacional.

A Estados Unidos le siguen, muy de lejos, Gran Bretaña Francia, Japón y China, con apenas 4 y 5 por ciento del gasto mundial en 2005.

Europa fue la única región del mundo donde los gastos militares disminuyeron en 1.7 por ciento, sobre todo por las reducciones de los presupuestos de defensa en Europa occidental. Las disminuciones más significativas se registraron en Italia y Gran Bretaña.

Medio Oriente fue la región donde el alza relativa fue más importante por los diversos conflictos que enfrenta y el aumento del presupuesto de Defensa en Arabia Saudita. Los gastos totales en la zona habrían sido más elevados si Irak y Qatar no hubieran sido excluidos del cálculo debido a datos poco fiables.

Pese a que los gastos militares de China e India experimentan un claro aumento desde hace años, el desembolso de ambos países es una minucia frente a Estados Unidos, señaló el Instituto.

Respecto de las exportaciones de armamento, los expertos del SIPRI constataron que sigue la tendencia al alza con un volumen de un 44 mil a 53 mil millones de dólares, y los principales exportadores son desde 2001 Rusia y Estados Unidos, cada uno con una cuota de mercado de alrededor de 30 por ciento. A ellos les siguen, a mucha distancia: Francia, Alemania y Gran Bretaña, con 20 por ciento entre los tres.

En 2005 Rusia vendió 30 por ciento de las armas comercializadas y tuvo entre sus principales compradores a China e India, mientras que Estados Unidos tiene entre sus principales clientes a Grecia, Israel, Gran Bretaña y Egipto.

En cuanto a América Latina y el Caribe, los gastos militares aumentaron 7.2 por ciento en 2005, bajo el impulso de Chile, Brasil y Colombia que totalizan las tres cuartas partes de los gastos de defensa en la región.

Los gastos de Chile crecieron gracias al aumento de los ingresos procedentes del cobre, que han ayudado a las fuerzas armadas del país a financiar el programa de modernización en marcha, que prevé que el país pueda ser en 2010 el primero en la región en poseer fuerzas armadas equiparables a las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), indicó el SIPRI.

En Venezuela, el aumento de los ingresos procedentes del petróleo se tradujeron en un incremento de los gastos militares, y se convirtió en el tercer país de la región donde más aumentaron los gastos militares, tras Brasil y Chile.

En Centroamérica, donde fue ubicado México, los gastos militares fueron estables entre 2004 y 2005, y ese país sumó 85 por ciento del total. Las cifras no fueron completas por la carencia de datos fiables sobre Cuba.

En este contexto, un centro de investigación británico independiente, el Oxford Research Group, advirtió que la 'guerra contra el terror' lanzada por Estados Unidos y Gran Bretaña aumenta, en vez de disminuir, el riesgo de ataques como los perpetrados contra Nueva York, Madrid y Londres, pues Al Qaeda 'está tan activa' como antes.

El centro destacó que la prioridad dada a la guerra contra el terror distrae a los políticos de los verdaderas problemas que representan 'una verdadera amenaza, duradera y destructiva', mayor que el 'terrorismo internacional'.

Entre estas amenazas mencionó a la pobreza, la desigualdad comercial, la militarización global, la competencia por los recursos y el cambio climático, que son las 'causas más probables de un conflicto futuro'.

'Son esas las tendencias que pueden conducir a una inestabilidad global y regional, y a una pérdida de vidas de una magnitud incomparable con (la causada por) otras amenazas potenciales, incluidas la del terrorismo', indicaron los investigadores.

La política de los gobiernos de Washington y Londres es 'una estrategia fundamentalmente equivocada, que consume miles de millones de dólares' y que sólo consigue 'crear más reclutados y más apoyo para el terrorismo, en vez de derrotarlo', apuntó.

El SIPRI llamó a los países a adoptar un 'nuevo enfoque' para enfrentar las causas fundamentales de la inseguridad, y dar la prioridad a combatir la pobreza, al desarrollo de energías renovables para frenar el cambio climático, y a frenar la carrera armamentista.

China, exportador 'irresponsable'


Otro estudio, este elaborado por Amnistía Internacional, indicó que China es uno de los exportadores de armas más 'irresponsables' del mundo y contribuye a alimentar conflictos en Birmania, Sudán y Nepal. Sus exportaciones de armas están estimadas en más de mil millones de dólares anuales.

Explicó que China es la única gran potencia que exporta armas sin haber firmado ninguno de los acuerdos multilaterales cuyos criterios están destinados a impedir la exportación de armas que podrían contribuir a graves violaciones de los derechos humanos.

Fuente:
http://yearbook2006.sipri.org/chap8/chap8
Chapter 8. Military expenditure
Petter Stålenheim, Damien Fruchart, Wuyi Omitoogun and Catalina Perdomo

El robo de los siglos XX y siglo XXI: Los errores del ministro Velasco

Chile

Por: Orlando Caputo y Graciela Galarce 

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en forma reiterada ha señalado y exigido seriedad en las formulaciones económicas que hacen diferentes economistas y otros actores sociales. Sin embargo, él no ha sido serio ni riguroso en sus planteamientos en relación al precio actual del cobre y sobre sus proyecciones.

En primera plana de El Mercurio del 21 de junio de 2006, destaca la intervención del ministro Velasco en el “Seminario AmCham-El Mercurio”, afirmando:

“El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, señaló que el grueso del alza en el precio internacional del cobre es transitorio […]”. Citando directamente al ministro señala: 'En Wall Street proyectan el precio de la libra a 2010 en US$ 1,10'. La Presidenta Bachelet y otras autoridades de gobierno han repetido lo mismo en varias de sus intervenciones.

Según nuestros estudios y otras investigaciones, afirmamos que los precios actuales del cobre no son transitorios. Se mantendrán a un nivel elevado aunque menores al precio promedio del mes de mayo de 2006, que fue de 365 centavos de dólar la libra. Sobre la base de la información que presentamos a continuación, los precios del cobre se mantendrán en niveles elevados por muchos años.

Los precios del cobre como tendencia empezaron a subir a partir de septiembre de 2003. Los altos precios promedio anuales de los últimos años: 130 centavos en 2004 y 167 centavos en 2005, y el precio promedio anual a la fecha -21 de junio de 2006- de 272,7 centavos de dólar. Esto señala que por casi 3 años los precios del cobre ya han sido elevados.

Además, el Banco Central en el Informe de Política Monetaria – IPOM- de mayo de este año, estima para 2006 un precio de 260 centavos y para 2007 estima un precio de 225 centavos de dólar la libra de cobre. Las cotizaciones de precios a futuro del cobre, según la Bolsa de Metales de Londres (BML), al día 21 de junio de 2006, a 15 meses es de 269,7 centavos de dólar la libra y a 27 meses, que es el período máximo a futuro que reproduce Cochilco, es de 234,7 centavos de dólar la libra de cobre.

Estos precios elevados del cobre por 5 años, reflejan claramente que los precios elevados del cobre no son una situación transitoria.

Como mostraremos más adelante, los precios elevados del cobre se mantendrán por varios años más, respecto de las informaciones que hemos citado. Esto se debe a que en el mercado mundial se ha dado un cambio histórico, de un período de términos de intercambio desfavorables a términos de intercambio favorables, para los energéticos y para las materias primas, particularmente, las no renovables. El ministro no es serio ni riguroso, ya que informes internacionales como el más reciente del Fondo Monetario Internacional, basado en un estudio profundo de los precios internacionales, llega a la conclusión que los precios de los energéticos y de los metales se mantendrán elevados debido a una ampliación de la demanda mundial, particularmente debido a la creciente demanda de China. Por otro lado, el mercado mundial enfrenta actualmente una oferta limitada de energéticos y de metales. Adicionalmente, la información señala que la oferta presenta rigidez debido a una escasez relativa de yacimientos mineros, y particularmente de energéticos.

El ministro no es serio al citar como fundamento central las proyecciones del Wall Street. Más aún, por el significado que el precio del cobre tiene para la economía chilena. El rigor exige basarse en investigaciones propias o en otras investigaciones reconocidas que sean evaluadas por las instituciones del Estado y que todos tengan acceso a ellas.

El ministro no es serio ni riguroso, sobre todo por la importancia que el cobre tiene en la economía chilena. El precio del cobre en Chile ha sido y seguirá siendo una de las categorías económicas fundamentales en la determinación de la dinámica económica. No cabe la menor duda de que el precio del cobre influye en forma decisiva en los ingresos globales por exportaciones, en la determinación del valor del dólar y en otras variables monetarias. En la actualidad, el impacto del precio del cobre sobre otros sectores exportadores es muy significativo, así como también para los sectores nacionales que compiten con las importaciones, afectando directamente el empleo. En síntesis, el precio del cobre influye en forma determinante en las variables monetarias y en las variables reales de la economía.

Los impactos del precio del cobre sobre las variables monetarias son mayores cuando se deja que los mercados actúen libremente, como es la lógica en la actualidad, ya que se rechaza regular el mercado del dólar, a pesar de la masiva afluencia de dólares.

En El Mercurio del lunes 19 de junio, se informa que Ronald Bown, Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, señaló enfáticamente: “Hemos tenido crisis relacionadas con el tipo de cambio que ha llevado a que algunas empresas perdiesen su competitividad. Recordemos que Chile exportaba zapatos, textiles y una gran cantidad de productos que hoy no estamos exportando”.

El mismo artículo, señala que la Presidenta de Asexma (Asociación de Exportadores de Manufacturas), Patricia Pérez, afirmó que el dólar ha golpeado tan fuerte a los manufactureros que el 44% de las empresas de Asexma decidieron paralizar sus inversiones en 2006.

Señalábamos que los precios del cobre serán elevados varios años más allá de los 5 años mencionados. Esto, se fundamenta en que los stocks de cobre en el mercado mundial han bajado a niveles mínimos como se puede observar en la gráfica.

Los stocks mundiales en 2002 llegaron a cerca de un 1.000.000 de toneladas de cobre. Los precios en ese período estaban en torno a 70 centavos de dólar la libra. Los stocks empezaron a bajar sistemáticamente y los precios al comienzo empezaron a crecer moderadamente La gráfica ilustra claramente que cuando los stocks llegaron a niveles mínimos y se mantuvieron por debajo de 120.000 toneladas, los precios aumentaron fuertemente.

En los últimos meses se ha dado un incremento de los stocks que ha hecho bajar los precios de los niveles cercanos a 4 dólares. Sin embargo, como se observa, los stocks se mantienen a niveles muy bajos respecto de los años 2002 y 2003. Los stocks de los últimos meses, incluyendo los stocks de los últimos días, sólo cubren poco más de dos días del consumo mundial de cobre.

En el cobre se produce en forma muy acentuada la escasez relativa que el estudio reciente del Fondo Monetario Internacional señalaba para los metales. Esta situación de escasez por el lado de la oferta continuará según las proyecciones hasta 2010 como se puede observar en el cuadro siguiente.

En efecto, en la mayoría de los años, y especialmente a partir de 2005 se observa que la producción mundial de cobre no alcanza a cubrir la demanda mundial de cobre. De 2005 al año 2010, el Balance arroja un déficit de 552.000 toneladas de cobre, situación que es muy marcada en los años 2009 y 2010. Por lo anterior, reafirmamos que los planteamientos del ministro Andrés Velasco y de la Presidenta Michelle Bachelet, no son serios ni rigurosos.

Los planteamientos del gobierno coinciden con el interés de las grandes empresas mineras mundiales que operan en Chile, las que tratan de crear la imagen de que los precios altos del cobre son transitorios. Con ello, pretenden desviar la atención sobre las extraordinarias ganancias que son dos o tres veces los elevados excedentes de Codelco en los últimos años. Como hemos demostrado en notas anteriores, las ganancias de estas empresas en 2005 fueron de 10.000 millones de dólares y en 2006 serán de 18.000 millones de dólares aproximadamente. De esta manera, en el gobierno y en otras instituciones del Estado se tiene una actitud complaciente y de complicidad con el robo del siglo XX y del siglo XXI a Chile que continuará en los próximos años, como resultado de la desnacionalización del cobre que nacionalizó Salvador Allende, si no hay un cambio profundo que permita el rescate de parte importante del sueldo de Chile.


* Orlando Caputo. Economista Universidad de Chile, Investigador de Cetes y del Grupo de Economía Mundial de Clacso y de la Redes // Graciela Galarce. Economista Universidad de Chile, Magíster en Ciencias Sociales – Flacso, Investigadora de Cetes.

El País secuestrado

Chile

Por Alvaro Remis

Puede sonar extraño que todo un país pueda estar secuestrado, pero no es raro si lo analizamos a la luz de verdadera capacidad de autodeterminación que posee Chile.

Al finalizar la dictadura, quienes habían ejercido el poder absoluto desde 1973 evaluaron que para proteger sus intereses necesitaban generar una serie de mecanismos de control que impidieran que las mayorías pudieran cambiar, democráticamente, las políticas que habían implementado sin mayor contrapeso que su propia voluntad. En ese momento resolvieron secuestrar la soberanía popular de todo un país. Decidieron devolver la administración del Estado, pero se guardaron las llaves que le permitirían a la población hacerse con el control de sus propias vidas. Y todo para evitar que ese pueblo, sospechoso de querer subvertirlo todo, vuelva a 'usar mal' su libertad.

Ya contaban con la Constitución de 1980, que incorporaba una serie de 'resguardos institucionales' que impedían su reforma. Pero era necesario clausurar, aún más, los posibles cambios al sistema. De esa forma surgieron las más creativas e impensadas formas de amarre, consagradas en leyes entre octubre de 1988 y el 10 de marzo de 1990. Un amarre para cada tema sensible: La LOCE para la educación, el Sistema Binominal y los nuevos distritos electorales para asegurar la sobre-representación de la derecha y la exclusión de la izquierda, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para garantizar la afectación del 10% de los ingresos de Codelco en beneficio del Ejército, las designación del tribunal constitucional, y un largo etcétera.

El año recién pasado, algunos de los más burdos instrumentos del secuestro fueron eliminados: los senadores designados, el amenazador título que se designaba a las FFAA como ' garantes de la institucionalidad', la inamovilidad de los comandantes en jefe, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras. Pero estas concesiones se basan en la seguridad que tienen los secuestradores de poder disponer de muchas otras formas de control.

Este secuestro constituye el mayor y más apremiante desafío que Chile enfrenta desde su nacimiento como república. En cuatro años más conmemoraremos doscientos años de vida como nación 'independiente'. Vaya paradoja. El bicentenario nos encontrará secuestrados, despojados de nuestra propia soberanía, sin la capacidad de autodeterminar nuestra forma de vida, de gobierno, de educación, o de implementar las más nimias decisiones sobre nuestros propios asuntos. Es cierto que ningún país, ni tampoco ningún individuo, puede decir que dispone de una libertad total. Todos estamos condicionados en algún aspecto. Pero estar condicionados (es decir, estar afectados por límites estructurales, presupuestarios, o por el hecho mismo de tener que alcanzar los consensos propios de la vida en sociedad) no es sinónimo de estar determinados. Lamentablemente hoy todos y todas estamos determinados por un orden social que no escogimos y que parece eternizarse.

Si entendemos de la misma forma este panorama, creo que es lógico entender que estamos ante un desafío nacional, que no admite límites en el bando de quienes estén decididos a reconstruir la auténtica soberanía del pueblo.

El martes 20 de junio, Arturo Martínez, presidente de la CUT, encabezó la constitución del frente contra la exclusión política en Chile, formado por los principales líderes de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria. Esta iniciativa es un acuerdo que llega de una forma tardía, pero no por ello deja de ser de enorme relevancia. Lo que está en juego no sólo es dar una representación parlamentaria a fuerzas políticas que teniendo en variados distritos una importante votación, no han accedido al Congreso. Lo verdaderamente importante es que se trata de un gesto político que compromete a las partes a articular su acción con el objetivo de devolver al país su capacidad de autodeterminación y terminar con el secuestro permanente de nuestra soberanía.

Superar el secuestro de Chile es una causa nacional. No es un objetivo ideológico, ni partidista. No puede ser subordinado a las disputas por pequeñas parcelas de poder local, gremial o sectorial. Es tarea urgente, pero de tal importancia, que merece que se le dedique el tiempo que sea necesario. En esta tarea debemos ser muchos los que aportemos con generosidad. No es posible en este momento anteponer el corto-plazo, la mirada estrecha, la agenda corta, y el interés particular.


* Alvaro Ramis es Teólogo del Centro Ecuménico Diego de Medellín y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Estados Unidos y la ODCA presionan a Bachelet para que vote contra la aspiración de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU

Chile

Por Ernesto Carmona

www.argenpress.info

La presidenta de la Democracia Cristiana de Chile, senadora Soledad Alvear, saltó al ruedo para presionar -con cuatro meses de anticipación y en sintonía con la embajada de EEUU- al gobierno de Michel Bachelet contra la aspiración de Venezuela de integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de octubre. El voto chileno en la ONU constituirá una definición clave en la política exterior de la presidenta.

Alvear quebró lanzas por alinear a Chile detrás de EEUU, bajo el pretexto de que Venezuela es “un país que critica públicamente a un presidente electo”, en alusión a los comentarios de Hugo Chávez sobre el peruano Alan García. El candidato de EEUU es Guatemala, país obediente a Washington, mientras se espera que Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay y numerosas naciones del Caribe se inclinen por el país de Bolívar.

El temprano esfuerzo de Alvear fue sincronizado con el secretario general de la DC, Moisés Valenzuela; el encargado internacional del mismo partido, Ezequiel Silva; y Tomás Jocelyn-Holt, un ex diputado y ex encargado internacional, quienes criticaron a los senadores socialistas Ricardo Núñez y Alejandro Navarro por emitir opiniones en favor de Venezuela, pero además se oyó la voz disidente del senador DC Jorge Pizarro. También saltaron al ruedo los senadores PS Camilo Escalona, presidente del partido y Jaime Gazmuri.

El canciller Alejandro Foxley, un hombre proclive a EEUU, se inclinó por un tercer candidato de consenso. Aunque Chile está comprometido a retribuir el decisivo apoyo de Venezuela para elegir al PS José Miguel Insulza como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), contrariando entonces frontalmente los deseos de EEUU, el DC Foxley dijo ayer por radio Concierto que 'América Latina [...] está llena de conflictos emergentes entre los países, está muy fragmentada; creemos que hay que tratar de escoger un país que acerque de alguna manera a los que están peleados, es decir, que produzca convergencia y no divergencia, y que nos represente a todos'.

La última palabra no la tiene Foxley sino Bachelet. La política exterior tampoco la conduce la jefatura de un partido o una bancada parlamentaria, sino la jefa del Estado. 'Esta es una decisión que se va a tomar en octubre, que definirá la Presidenta Bachelet y será informada oportunamente', sentenció un escueto ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber.

Presiones de Washington

Bachelet declaró el lunes que todavía no está decidido si el país votará por Venezuela. 'Falta mucho tiempo; voy a tomar una decisión en función de los intereses del país y de lo que me parezca a esa altura', dijo. Ante la pregunta de si votar por Venezuela significaría ganarse la enemistad de Washington, respondió: 'Voy a tomar una decisión que sea la mejor para Chile'.

La ciudadanía aún ignora como votó Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a causa de cierto secretismo en política exterior que cultiva el gobierno. La mandataria aseguró que Bush no la presionó para votar contra Venezuela durante su visita oficial a Wasghington de hace dos semanas. Al abandonar el Salón Oval de la Casa Blanca, Bachelet aseveró que no se tocó este tema y que 'no hubo presiones'. Según versiones de prensa, Foxley sí fue presionado en favor de Guatemala durante su reunión de trabajo en abril.

El diario 'Los Angeles Times', citando fuentes diplomáticas latinoamericanas anónimas, reportó el martes que Washington amenazó con no entrenar pilotos para manejar los aviones F-16 que venderá a Chile si este país vota por Venezuela, pero Adam Ereli, portavoz del Departamento de Estado, desmintió la aseveración. Venezuela padece, precisamente, la venganza de EEUU que mantiene en tierra su flota de aviones F-16 por el bloqueo de Washington a la venta de repuestos e incluso al traspaso de las naves a terceros.

'Obviamente, depende de cada país decidir a quién van a votar para el lugar en el Consejo de Seguridad', dijo Ereli. También es obvio que mentir y desmentir es la esencia de la diplomacia estadounidense. Para 'Los Angeles Times' y sus fuentes, la administración Bush 'dejó en claro' que su 'prioridad total' es que Venezuela no ocupe ese cargo. 'Pensamos que la elección de un miembro no permanente en el Consejo de Seguridad es crucial y que afecta cuán bien el consejo podrá encarar las amenazas a la paz y la seguridad internacional', dijo Ereli.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, cinco permanentes y diez no permanentes, pero el poder real radica en los 5 miembros permanentes con derecho a veto, que son China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Los otros 10 miembros son elegidos anualmente en grupos de a cinco para períodos de dos años. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2006 expiran los períodos de Argentina, Dinamarca, Grecia, Japón y República Unida de Tanzania y el 31 de diciembre de 2005 terminan el Congo, Eslovaquia, Ghana, Perú y Qatar. En la elección de octubre, Venezuela aspira a sustituir a Argentina a partir del 1 de enero 2007.

Posturas disidentes

En Chile, también se escuchó la voz disidente del senador DC Jorge Pizarro, quien discrepó del cuestionamiento tajante de Venezuela. “No me gusta la demonización que se hace del gobierno del Presidente Hugo Chávez y de su figura”, dijo a través de El Mercurio. “El tiene una interesante vocación por la integración latinoamericana que es loable”.

Quedó bastante claro que los socialistas y el Partido Por la Democracia piensan de manera distinta, dispuestos a honrar el compromiso por el socialista Insulza en la OEA y marcando una clara distancia con sus aliados DC. 'Venezuela tiene un peso significativo en el continente que sería absurdo no tomar en cuenta', dijo Escalona a La Tercera del miércoles.

'La mayoría está con Venezuela, así que sería inapropiado que Chile le diera la espalda a América del Sur en una decisión tan importante', precisó Escalona. 'No vaya a ser que Foxley quede prisionero de su propio argumento', agregó el timonel del PS, señalando el riesgo de que su búsqueda de un candidato distinto a Guatemala -pero aceptado por EEUU- no encuentre eco en países clave de la región, como Brasil y Argentina, quienes probablemente se inclinarán por Caracas.

Chile 'debiera alinearse con Argentina y Brasil y votar por Venezuela', aseguró el presidente del PPD, Sergio Bitar. Expresó que era prematuro hablar del tema pero que si no surge un tercer candidato de consenso Chile debería retribuir el esfuerzo venezolano por Insulza. 'No es un tema menor que Chávez se jugó por la candidatura de Insulza a la secretaría general de la OEA. Más allá del agrado que nos represente Chávez o no, lo que Chile tiene que hacer con su votación es la defensa de los intereses de Chile, en el contexto latinoamericano y sudamericano', dijo Bitar.

El senador Ricardo Núñez (PS), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y encargado de relaciones internacionales de su partido, estuvo en desacuerdo con la búsqueda de un candidato de consenso anunciada por el canciller Foxley.

Núñez señaló que esa opción tiene pocas probabilidades, porque Buenos Aires y Brasilia ya comprometieron su voto, lo que haría fracasar cualquier intento por levantar una nueva opción. Invocó la reciprocidad por el apoyo de Venezuela a Insulza en la OEA, añadió que Chile siempre apoya a países sudamericanos y dijo que la decisión final deberá pasar por escuchar la opinión de 'los vecinos'.

El senador PS Jaime Gazmuri, también de la comisión de RREE, dijo que lo lógico es que Chile respalde a Venezuela si su postura es coherente con su política exterior, “salvo que convirtamos esta situación en una cuestión ideológica”.

La voz disonante en el PS fue el senador Jaime Naranjo, citado por El Mercurio diciendo que “la personalidad de Chávez ha generado un clima de tensión, de división y descalificación a otros gobiernos y mandatarios; por consiguiente, la candidatura de Venezuela no es la más representativa del sentir de la comunidad latinoamericana”.

El Mercurio del miércoles publicó opiniones contra Venezuela como la de Felipe Errázuriz, ex canciller de la dictadura de Pinochet, quien señaló que Chile debe exhibir 'moderación': 'Es lo que esperan los demás países', dijo y añadió que 'sería incomprensible' que el país se aliara con Chávez. 'EEUU es un país amigo con intereses importantes en juego. No hay que dar dramatismo a esto porque falta mucho por recorrer'.

La mano ODCA

El director chileno del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Arturo Valenzuela, ex asesor de Clinton, aseguró que 'el Consejo de Seguridad son palabras mayores para EEUU y América Latina no es tan importante'. Se inclinó por 'buscar un consenso maduro y responsable de los países de la región'.

La inquietud de Alvear resulta explicable porque la Organización Demócrata Cristiana (ODCA), que encabeza su marido, Gutenberg Martínez, conspira continuamente contra Chávez, apoyada en los restos del otrora poderoso partido Social Cristiano Copey de Venezuela. Además, siendo ella ministra de Relaciones Exteriores de Ricardo Lagos, la Cancillería chilena suscribió un comunicado oficial que avaló el golpe orquestado por EEUU, el 11 de abril de 2002, contra el presidente venezolano y le echó la culpa… al mandatario que se hallaba cautivo en la isla La Orchila.

“Ante los hechos ocurridos en las últimas horas en Venezuela, el Gobierno de Chile lamenta que la conducción del Gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática con un alto costo de vidas humanas y de heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”, afirmó el comunicado oficial de la Cancillería de Alvear, emitido el 12 de abril de 2002. Esta pieza todavía puede leerse en la página web del ministerio (http://www.minrel.gov.cl/webMinRel/home.do?sitio=1).

La campaña anti-Chávez coincide con un proyecto de acuerdo contra Cuba, presentado en la Cámara de Diputados por los DC Patricio Walter, Jorge Burgos, Gonzalo Duarte y Gabriel Ascensio, al que se sumarían la diputada PPD Laura Soto (ex PC) y el jefe de la bancada PS Iván Paredes.

El proyecto consiste en pedir que Chile solicite de gobierno a gobierno la libertad de opositores supuestamente encarcelados en la isla, pero la iniciativa no alude al bloqueo de 46 años ni al campo de torturas de Guantánamo, la base de EEUU en territorio cubano.

El factor García

La ofensiva de Alvear emergió en vísperas de la presencia de Alan García en Chile, quien arribará el jueves a Santiago, tras visitar anteriormente Brasil en busca del apoyo de Inazio Lula Da Silva.

El presidente electo, quien fue apoyado en segunda vuelta como 'mal menor' por sus enemigos políticos de la oligarquía peruana, ante el 'mal mayor' representado por el izquierdista Ollanta Humala, presidirá más bien una gobernabilidad débil, expuesta a la erosión del resurgimiento de viejos odios locales existentes desde su deplorable gestión presidencial de hace dos décadas.

En contraste, las fuerzas de Ollanta quedaron con una sólida oposición parlamentaria, tras haber obtenido el 47% de los votos, prácticamente la mitad del electorado peruano.

García ganó las elecciones de 1985 como abanderado del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, o Partido Aprista Peruano (PAP), que nació en los años 30 como una formación radicalmente anti-oligárquica y anti-imperialista, pero devino en un reformismo socialdemócrata pro-estadounidense, prohijado por la Alianza para el Progreso de EEUU en los '60, la misma época en que surgió la “revolución en libertad” demócrata cristiana apoyada por EEUU como antídoto de la Revolución Cubana.

El APRA conquistó por primera y única vez el poder hace 21 años, con García levantando banderas de cambio y transformación, con una campaña basada en la denuncia del modelo neo-liberal de mercado aplicado por su predecesor, Fernando Belaúnde Terry, y poniendo énfasis en la moralización de la administración, pero salió del poder con una aureola de corrupto y ladrón, debiendo enfrentar numerosos juicios pero sin haber sido condenado.


* Ernesto Carmona escritor y periodista chileno.

El Mercurio y La Tercera fabrican noticias vía “encuestas” para fortalecer su agenda política

Chile

Por Ernesto Carmona
www.argenpress.info

El Mercurio y La Tercera emprendieron una campaña que socava al gobierno de Michelle Bachelet a partir de encuestas fabricadas en sus talleres mediáticos. Los estudios, más bien sibilinos, se presentan a los lectores desprevenidos como mediciones “de popularidad” rigurosamente científicas.

La campaña comenzó cuando la Presidenta cumple 100 días de su mandato de 4 años y resolvió o -por lo menos- envió al parlamento las 36 medidas prometidas en su campaña electoral. El Mercurio publicó en la tapa del domingo que el “60% cree que Bachelet debe cambiar algunos ministros”, según una encuesta del diario y la empresa Opina, que consultó a escasas 400 personas con una tasa de respuesta de apenas 57,3%.

La encuesta de La Tercera señaló, por su parte, que el 55% cree que Bachelet ha sido “una Presidenta con poca autoridad” que ha mostrado incapacidad para tomar decisiones por sí misma (49% versus 49%). Y para mayor confusión de la opinión pública local e internacional, contradictoriamente añadió que “un 57% dice que Bachelet ha demostrado capacidad de liderazgo para gobernar” contra un 41% que opina lo contrario. Las empresas serias que observan los estados del ánimo político de la opinión pública con cierto rigor científico todavía no entregan ningún estudio que pueda entenderse como “medición de popularidad” para los primeros 100 días de la gobernanta.

La acción persigue varios objetivos subliminales, entre otros implantar la sensación de que la Presidenta pierde apoyo y popularidad, impulsar la agenda de cambios en el gabinete en que ambos diarios se embarcaron como “vanguardia pensadora” o “think tank” de la oposición de extrema derecha. La fase siguiente de desestabilización podría ser un cuestionamiento a la “gobernabilidad”, como bien sabe hacerlo el diario fundado en Valparaíso en 1828.

La misma encuesta sirvió, de paso, para castigar a tres diputados y dos senadores que viajaron por su cuenta a Bolivia a estrechar lazos de amistad y expresar su apoyo a la reivindicación marítima que sustenta el gobierno de Evo Morales, tal como puede viajar y opinar cualquier ciudadano de un país libre. El Mercurio “descubrió” que los diputados Marcos Enríquez-Ominami (PS), Alejandro Sule (PRSD) y René Alinco (PPD), más los senadores Alejandro Navarro (PS) y Nelson Avila (PRSD) fueron “Reprobados: masivo rechazo se expresó frente a la actitud de parlamentarios oficialistas en Bolivia”, según escribió el diario.

En el fondo, y sin que nadie los haya elegido para esa tarea, los dueños de El Mercurio y La Tercera -Agustín Edwards y Alvaro Saieh- aspiran a un protagonismo más activo en la política chilena, dictando pautas a todos los poderes del Estado, como lo hace casi toda la gran prensa monopólica de América Latina, que en ciertos países -como Venezuela- logró sustituir a los partidos políticos que antes destruyó ante la opinión pública.

Una vez creada la “noticia” del domingo, el principal titular del lunes de El Mercurio “reflejó” las “repercusiones”: “Revuelo político por cifras que apoyan cambio de gabinete: secuela de estudio de opinión El Mercurio-Opina”. La desfachatez del diario más antiguo de América Latina raya en una suerte de infantilismo senil. En sus páginas abundan las declaraciones cuestionadotas de las 36 medidas formuladas a partir de la “encuesta” por los barones de la clase política, principalmente de extrema derecha.

Recetario desestabilizador

La sibilina política mediática de ambos matutinos siguió alimentando “repercusiones” el martes y obligó al gobierno a prestarle atención a la supuesta caída de la popularidad presidencial. “Gobierno acusa ofensiva contra el gabinete”, tituló El Mercurio, refiriéndose a una “ofensiva” creada por él mismo. “Ministro del Interior se quejó de una ‘persistente campaña’”, añadió, aludiendo a su propia “persistente campaña”.

Probablemente, la Presidenta terminará por cambiar al ministro del Interior, Andrés Zaldívar, por su deficiente desempeño político y por haber soltado a las jaurías de Carabineros que maltrataron a los manifestantes estudiantiles y a los periodistas que cubrieron sus movilizaciones de fines mayo, pero no tiene por qué hacerlo cuando lo dispongan El Mercurio, La Tercera y los barones políticos del pinochetismo encubierto de extrema derecha e incluso la propia clase política de la alianza gobernante, en rigor más a la centro derecha que a la “centro izquierda”. Asimismo, pudiera ser que pronto se vaya el soberbio ministro demócrata cristiano de Educación, el médico Martín Zilic, por el mal manejo de un conflicto que derivó en una crisis de envergadura que abrió la oportunidad de poner en el debate a la educación de apartheid que proporciona el mercado, un sistema educacional definitivamente malo y discriminatorio para los jóvenes más pobres.

La manipulación mediática irrita a cualquier ciudadano pensante lector de los únicos periódicos de circulación nacional que existen en el país. La labor del periodismo consiste en reflejar la realidad, lo más veraz y oportunamente posible, no en fabricar noticias para cambiar mañosamente esa realidad. La intención desestabilizante pretende cuestionar arbitrariamente la capacidad de gobernar de Bachelet por su mera condición de mujer, aunque esa pregunta no figuró explícitamente en la encuesta.

Aunque la administración Bachelet se perfile como “ninguna maravilla” y bien pueda ser “más de lo mismo” que Ricardo Lagos, con algunos ministros y ministras que dejan mucho que desear, todavía resulta prematuro emitir un juicio de fondo más o menos serio. A la Presidenta le toca hoy enfrentar el imprevisto reclamo estudiantil que busca cambios de fondo en el modelo de educación privada y semiprivada que la dictadura de Augusto Pinochet impuso como herencia justo el día anterior a la entrega del poder ejecutivo a Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 2000. Hasta hace pocas semanas todo el país ignoraba la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Loce), publicada en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1990, después de ser “dictada” en una oficina palaciega por Toribio Merino, el almirante encargado de “legislar”, pero hoy su reforma requiere el concurso de más personas, por el quórum especial de 2/3 y 4/5 que exigen los cambios a la Constitución.

Y la educación de apartheid es un asunto espinudo, al que la clase política y los medios le hicieron verónicas durante 16 años, como a otros aspectos del modelo neoconservador de sociedad legado por Pinochet. Estas grandes cuestiones cruciales no se debaten libremente en ninguna parte, justamente porque la prensa escrita de circulación nacional la controla el duopolio Edwards-Saieh, un binomio que probablemente quisiera, además, dirigir a todo el país desde sus escritorios corporativos, mientras lavan continuamente el cerebro de sus lectores.

Gasto público subsidiador

Lo insólito es que los dos grandes diarios corporativos que representan casi el 100% de todos los contenidos políticos que leen los chilenos, al mismo tiempo resultan generosamente subsidiados por los gobiernos democráticos de los últimos 16 años. El Estado chileno salvó de la quiebra a El Mercurio y a La Tercera precisamente cuando el gobierno de Aylwin inició la “transición a la democracia” y desde entonces ningún gobierno cesó de prestarle oxígeno, a pesar de su clara oposición al nuevo esquema de convivencia “democrática”, sin escatimar ataques arteros.

Un informe del Observatorio de Medios Fucatel, difundido el 9 de mayo por sus directivos Manuela Gumucio y Marcelo Contreras, reveló que el Estado chileno prefiere destinar los dineros públicos del gasto publicitario precisamente a los diarios del conglomerado El Mercurio, al matutino gobiernista La Nación y a Copesa, de Alvaro Saieh, cuyo diario insignia es La Tercera.

El Estado Chile destina aproximadamente un tercio del gasto en propaganda y publicidad a los diarios de papel, mientras la televisión se lleva dos tercios de la torta. Los ministerios, que responden directamente al gobierno central, prefieren gastar más de la mitad de su presupuesto en El Mercurio, que posee tres periódicos en Santiago y una veintena en regiones, aparte de la red de radio Digital FM.

Los ministerios destinaron el 58% del gasto en avisos a los medios de circulación nacional de Edwards, El Mercurio de Santiago (38%), el tabloide farandulero Ultimas Noticias (18%) y %) y el vespertino La Segunda (2%). Copesa, que incluye a La Tercera, La Cuarta, el desaparecido diario Siete y la revista Qué Pasa, obtuvo un magro 10%. El Estado destinó un 30% del gasto a La Nación, diario gubernamental de muy pocos lectores, controlado mayoritariamente por capital del Estado.

Las escasas empresas públicas que todavía sobreviven, y tienen más autonomía que los ministerios por estar descentralizadas del gobierno, también mostraron debilidad por el grupo El Mercurio, al que destinan actualmente el 63% del gasto publicitario en periódicos. Copesa se lleva el 21%, a través de La Tercera, y 16% lo absorbe La Nación.

Según los autores del informe, el gasto no resulta consistente con la eficiencia del mensaje publicitario. Muchos avisos de los ministerios de Vivienda y Salud están destinados a usuarios modestos que jamás leen El Mercurio, pero van a parar a ese diario.

En el lenguaje de Fucatel: “El 88% de la inversión está concentrado entre empresas El Mercurio y La Nación. Podemos, a priori, establecer que la distribución no es consecuente con los niveles de lectoría disponibles. El porcentaje destinado a La Nación claramente no corresponde a la realidad, ni es eficiente. Respecto de las empresas El Mercurio, que concentra el 58% de la inversión, tendríamos que ver caso a caso cada Ministerio, o al menos los que tengan mayor inversión. Pero a primera vista parece desproporcionada su participación versus los soportes de Copesa y los gratuitos”.

La muerte del diario Siete

La publicidad del Estado tampoco beneficio al diario progresista Siete, publicado por Prensa Asociada, SA, que alcanzó a sobrevivir un año y medio con un capital precario aportado en 50% por el mismo Alvaro Saieh.

El diario fue levantado por Saieh para un “nicho de mercado” de lectores-electores de la Concertación, en alianza con sectores demócrata cristianos representados por el ex ministro y ex embajador Genaro Arriagada más empresarios y políticos de la alianza gubernamental personificados en algunos miembros del directorio de la empresa y del comité editorial del periódico, entre otros el político-empresario Sergio Bitar, presidente del Partido por la Democracia (PPD); el ministro Secretario General de Gobierno Ricardo Lagos Weber; el dirigente DC Gutenberg Martínez, presidente de la Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA), y el ex ministro Enrique Correa.

Tanto Correa como Bitar intervinieron, a comienzos de los años 90, en la sepultura de otros medios progresista, como el diario Fortín Mapocho y la revista Página Abierta. El diario Siete acumuló deudas por un millón de dólares, el mayor esfuerzo de sobre-vivencia corrió por cuenta de los talleres de impresión de Copesa y a los socios concertacionistas de Saieh les faltó voluntad política para sostener el medio, tal como ha venido ocurriendo en las últimas dos décadas. La paradoja es que en Chile hubo más libertad de expresión… bajo la dictadura, por lo menos con dos diarios de circulación nacional -Fortín Mapocho y La Epoca- y numerosas revistas semanales, quincenales y mensuales.

La letal ambición de CELCO

 Chile

Por Antonia Fortt
www.argenpress.info

No sólo en Argentina la comunidad se está movilizando en contra de las papeleras. A mediados de junio un millar de personas protestaron en Trehuaco, Octava Región de Chile, por la instalación de una nueva planta de celulosa en nuestro país. Pese a que este masivo evento fue escasamente difundido por la prensa, la lucha que están dando los vecinos del valle del Itata debiera interesarnos a todos, pues ya sabemos lo que la producción de celulosa ha significado para los ecosistemas del cono sur.

La multitudinaria marcha tuvo su origen en un previo encuentro de bases de localidades en conflicto con la empresa de celulosa CELCO, organizado por la Municipalidad de Cobquecura, cuyo alcalde es un férreo opositor al proyecto. A dicho encuentro asistieron pescadores artesanales, agricultores y juntas de vecinos de Constitución, Arauco y Valdivia, los que contaron sus experiencias respecto a los impactos que ha dejado esta empresa en su hogares y barrios. Los distintos relatos fueron seguidos atentamente por la comunidad del valle del Itata, a quienes el tema les preocupa especialmente por ser las próximas víctimas de la inescrupulosa empresa.

En Chile, ya existe una planta operando en la ciudad de Constitución desde el año 1976 (US$386 millones de inversión y mejoras en US$68 millones en el año 1990), existe otra en Arauco hace algunos años y una en Valdivia que comenzó a operar en el año 2004, con una inversión de US$1.200 millones. Todas estas plantas han sido causantes de diversos daños al medio ambiente y a la salud de las personas que viven en los alrededores. La ciudad de Constitución, por ejemplo, ha sido muda testigo de enfermedades respiratorias crónicas entre su población, así como del hundimiento económico de la comuna. La planta de Arauco provocó por su parte la muerte de miles de peces en una vasta zona de crianza, que era el principal recurso económico para cientos de familias de pescadores artesanales. Finalmente, el caso más emblemático de daños provocados por plantas de celulosa, es la destrucción del Humedal del Río Cruces, debido a los desechos vertidos por la planta Valdivia de la misma empresa. Recordemos que un informe de la Universidad Austral determinó que CELCO era la responsable directa por la muerte de cientos de cisnes y otros animales en el Santuario Carlos Anwandter, una zona supuestamente protegida por el Gobierno.

Estamos a pocas semanas de la apertura de una nueva planta de producción de celulosa en Chile y Latinoamérica, la planta Itata, perteneciente a CELCO, con una inversión de US$1.000 millones en sus fases iniciales. La boca del río Itata es una región donde conviven actividades económicas tan diversas como la pesca artesanal, la vitivinicultura, la agricultura y el turismo. Construir una planta de celulosa está absolutamente en contra la idiosincrasia de la zona. Destruir el agua que riega el valle y que desemboca en la costa significa dañar una de las pocas zonas de crianza de peces que van quedando junto a alrededor de 15.000 puestos de trabajo que la pesca entrega, también significa dañar el santuario Islote y la Lobería Iglesia de Piedra de 250 hectáreas, una zona protegida, hogar de miles de lobos marinos. La ciudadanía no puede darse el lujo de perder las riquezas y belleza de un nuevo valle a causa de las ambiciones de una empresa. Esta vez ya sabemos que CELCO contamina y mata, Itata no debe ser la próxima víctima.

* Antonia Fortt es Ingeniera Ambiental de OCEANA.

Pueblo Mapuche, derechos colectivos y territorio

Pueblo Mapuche, derechos colectivos y territorio

 Chile

Por Pedro Cayuqueo

www.argenpress.info

Libro publicado bajo el sello del Programa Chile Sustentable, y la edición de LOM, es un ensayo que se propone contribuir con algunos antecedentes sobre la situación de los derechos y territorio del pueblo mapuche, para la revisión de las políticas indígenas en Chile de cara al Bicentenario. 'El debate sobre cuáles son los deberes del Estado y de la sociedad chilena respecto de los pueblos indígenas necesita ser reabierto de cara al siglo XXI', señaló su autor.

El pasado martes, en una conferencia de prensa realizada en la Biblioteca Nacional, el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, director del Centro de Políticas Publicas y Derechos Indígenas de la Universidad ARCIS, lanzó el estudio titulado 'Pueblo Mapuche, Derechos Colectivos y Territorio: Desafíos para la Sustentabilidad Democrática”, publicación que a juicio del abogado José Aylwin, revela 'las contradicciones de una política publica que, junto con impulsar una política sectorial de tierras, criminaliza la protesta social mapuche, llegando a utilizar para ello la legislación antiterrorista, cuestión que ha sido constatada por diversas instancias de Naciones Unidas y organismos no gubernamentales'.

El libro publicado bajo el sello del Programa Chile Sustentable, y la edición de LOM, es un ensayo que se propone contribuir con algunos antecedentes sobre la situación de los derechos y territorio del pueblo mapuche, para la revisión de las políticas indígenas en Chile de cara al Bicentenario, desde un enfoque de derechos. Contiene por tanto una síntesis de los principales conflictos sobre derechos y territorios entre el pueblo mapuche y el estado chileno, aporta información sobre los avances de la agenda de derechos indígenas en los convenios internacionales y entrega orientaciones sobre los desafíos a enfrentar para avanzar hacia un acuerdo democrático entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena.

Respecto de las reclamaciones territoriales mapuches, Toledo Llancaqueo criticó la política gubernamental de 'considerar que sólo se puede reclamar las tierras respecto de las cuales había títulos de merced. Eso es una falacia que no puede dar pie a la criminalización del movimiento, porque ha existido usurpación de territorios. Encima, con los tratados de libre comercio con Corea del Sur y Estados Unidos, se pretende pasar de 2 millones de hectáreas plantadas por empresas forestales, a más de 5 millones, sin atender a las consecuencias que trae eso, especialmente en la Región de la Araucanía'.

El texto aludido plantea que la cuestión indígena en Chile ha generado gran solidaridad en diversos sectores de la sociedad nacional, especialmente en aquellos afines a la defensa de los Derechos Humanos, la protección ambiental, la justicia social y la profundización de la democracia. Sin embargo, los avances de la política indígena en la agenda pública están prácticamente estancados desde la dictación de la Ley Indígena 19.253 en 1003 y su primera etapa de aplicación. Actualmente, la discriminación y la persistencia de los conflictos territoriales expresan un profundo desencuentro entre la Agenda Indígena y la política pública.

El autor recopiló contundentes documentos históricos, y en base a ellos, señala -por ejemplo- que 'la política gubernamental de Ricardo Lagos, vía represión, logró el objetivo de corto plazo de disminuir las acciones directas de reclamaciones de tierras mapuches, abrir paso a los megaproyectos, y dar relativa gobernabilidad a la región sur de Chile, en interés de la industria forestal que aumentó sus exportaciones. No obstante, en la perspectiva del largo plazo el saldo es favorable al movimiento indígena, que logró poner al Estado chileno en la mirada del sistema internacional de derechos humanos. Quedó en evidencia el déficit de la transición democrática chilena: el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas'.

'El debate sobre cuáles son los deberes del Estado y de la sociedad chilena respecto de los pueblos indígenas necesita ser reabierto de cara al siglo XXI y a los avances de la agenda indígena internacional. Al mismo tiempo, constituye un desafío ético-político para la convivencia nacional y la sustentabilidad democrática en Chile', señaló Toledo el día de su lanzamiento, acompañado por el abogado y director del Observatorio de Derechos Indígenas, José Aylwin, el poeta mapuche Elicura Chihuailaf y la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, editora del texto mencionado.

Un enfoque territorial

Como un aporte a un debate cada vez más urgente y necesario, calificaron cada uno de los participantes del lanzamiento la publicación del ensayo. 'Varios son a mi entender los aportes de este libro. Primero, la información que este contiene, las cifras, los mapas, son sin duda un aporte para entender la realidad pasada y presente del pueblo mapuche, para entender sus luchas actuales. Segundo, el enfoque interdisciplinario. En este sentido cabe valorar el análisis que Víctor hace de los procesos hoy en desarrollo a nivel internacional y comparado en materia de derechos de los pueblos indígenas', señala el director del Observatorio de Derechos Indígenas.

'Lo novedoso del trabajo de Víctor es la utilización del enfoque territorial, puesto a que en el análisis de cada una de estas etapas analiza las implicancias que para el espacio geográfico mapuche tienen las acciones desplegadas por el Estado. De particular relevancia es el análisis que hace el en libro de los impactos del régimen neoliberal sobre el territorio, los recursos y los derechos del pueblo mapuche. Se detiene en la identificación de lo que llama la expansión de las fronteras forestales en el territorio mapuche, todo lo cual resulta a juicio de Víctor en la reestructuración espacial del territorio mapuche', indica.

'También da cuenta de la expansión minera en territorio mapuche que a 2005 afectaba a mas de 100 comunidades al sur del Bio-Bio con cerca de 180 mil hectáreas de explotación. Da cuenta de la política de los gobiernos de la transición democrática a partir de 1990, en particular del Fondo de Tierras, sus limitaciones, sus logros sus contradicciones. Y destaca que a diferencia de lo señalado por el gobierno que habla de la ampliación de las tierras indígenas, gran parte de las tierras consideradas tituladas a indígenas en estos años no son tierras ampliadas, sino son tierras ancestrales cuya propiedad ha sido reconocida a mapuche', reseña Aylwin.

Necesidad de autocrítica

No obstante concordar con las líneas argumentativas centrales del libro, Aylwin no dejó pasar la oportunidad para manifestar algunos puntos de discrepancia con lo señalado por su autor. 'Entiendo las invitaciones a comentar un libro no como una invitación al halago, sino también como una orientada a generar debate en torno a los temas de que se trata, en este caso la relación pueblo mapuche sociedad y estado chileno. Una mirada critica puede contribuir a dar respuestas a la preguntas planteadas por el autor en su libro; ¿qué hacemos para vivir todos juntos, diferentes y en dignidad de derechos?', señaló el abogado.

En lo central, Aylwin lamentó la ausencia en el ensayo de un análisis autocrítico del propio movimiento mapuche, de sus limitaciones y carencias, en particular de las dificultades que se observan para alcanzar grados mayores de cohesión interna y de esta forma, enfrentar el escenario adverso que hoy se expande en el territorio mapuche. Usando como ejemplos la huelga de hambre registrada hace un par de semanas, Aylwin admitió que 'existe una fragmentación que persiste hasta el día de hoy'. Ellos 'tienen dificultades internas para buscar aliados. No sólo en tiempos de dictadura, sino hoy, frente a la compleja realidad en que vivimos', señaló.

'Hay una simpatía creciente de la sociedad chilena hacia la causa mapuche, pero no queda claro cuál es el espacio asignado a los que no somos indígenas. Salvo el de ser espectador', argumentó el abogado, quien ejemplificó que 'en la experiencia comparativa con otros pueblos indígenas de América Latina, estos han desarrollado mejores estrategias en función de alianzas, para lograr el reconocimientos de derechos históricos y reivindicaciones'. 'Si bien esto entra dentro del ámbito de la autodeterminación indígena, no es menos cierto que uno hecha de menos este tipo de análisis para entender la realidad actual', finalizó.

Espacio de conversación

Tomando como base de su exposición el nuevo escenario político generado tras la movilización nacional de los estudiantes secundarios, el poeta Elicura Chihuailaf también tuvo palabras de elogio para el ensayo. 'A mí, personalmente, este libro me deja claro cuál es el papel que cada uno de nosotros tiene frente a la política del Estado y me parece que es el momento. Si hay una lección que nos dejan los estudiantes es precisamente asumir que vivimos en un territorio donde hay muchas culturas, hay muchas etnias y tenemos que asumir un rol no solamente en relación con lo mapuche o lo chileno en el caso de la visión oficial', señaló.

'El movimiento estudiantil ha demostrado que la sensibilidad no es algo que se regala, es algo que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con los sueños, con la esperanza, pero que también tiene que ver con el saber remecer al otro, porque hoy cuando aparentemente las utopías han desaparecido y cuando la palabra sueños es en realidad una subversión para el Estado. Estos espacios de conversación son eso, espacios donde se ejerce la posibilidad de la democracia, que no es ni más ni menos que participación, que el sistema no nos va a regalar', agregó el poeta.

'Es la razón por la cual yo he aceptado estar aquí y agradezco la posibilidad que se me ha brindado. Este libro es, para quienes nos movemos desde la emotividad en esta lucha por ternura, la posibilidad de conectar esa emoción con elementos que, si bien están frente a nosotros, precisan de textos que nos permitan un análisis más global de aquellas situaciones que están generando un dolor', finalizó.

Pueblo Mapuche, derechos colectivos y territorio

Chile

Por Pedro Cayuqueo

www.argenpress.info


Libro publicado bajo el sello del Programa Chile Sustentable, y la edición de LOM, es un ensayo que se propone contribuir con algunos antecedentes sobre la situación de los derechos y territorio del pueblo mapuche, para la revisión de las políticas indígenas en Chile de cara al Bicentenario. 'El debate sobre cuáles son los deberes del Estado y de la sociedad chilena respecto de los pueblos indígenas necesita ser reabierto de cara al siglo XXI', señaló su autor.

El pasado martes, en una conferencia de prensa realizada en la Biblioteca Nacional, el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, director del Centro de Políticas Publicas y Derechos Indígenas de la Universidad ARCIS, lanzó el estudio titulado 'Pueblo Mapuche, Derechos Colectivos y Territorio: Desafíos para la Sustentabilidad Democrática”, publicación que a juicio del abogado José Aylwin, revela 'las contradicciones de una política publica que, junto con impulsar una política sectorial de tierras, criminaliza la protesta social mapuche, llegando a utilizar para ello la legislación antiterrorista, cuestión que ha sido constatada por diversas instancias de Naciones Unidas y organismos no gubernamentales'.

El libro publicado bajo el sello del Programa Chile Sustentable, y la edición de LOM, es un ensayo que se propone contribuir con algunos antecedentes sobre la situación de los derechos y territorio del pueblo mapuche, para la revisión de las políticas indígenas en Chile de cara al Bicentenario, desde un enfoque de derechos. Contiene por tanto una síntesis de los principales conflictos sobre derechos y territorios entre el pueblo mapuche y el estado chileno, aporta información sobre los avances de la agenda de derechos indígenas en los convenios internacionales y entrega orientaciones sobre los desafíos a enfrentar para avanzar hacia un acuerdo democrático entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena.

Respecto de las reclamaciones territoriales mapuches, Toledo Llancaqueo criticó la política gubernamental de 'considerar que sólo se puede reclamar las tierras respecto de las cuales había títulos de merced. Eso es una falacia que no puede dar pie a la criminalización del movimiento, porque ha existido usurpación de territorios. Encima, con los tratados de libre comercio con Corea del Sur y Estados Unidos, se pretende pasar de 2 millones de hectáreas plantadas por empresas forestales, a más de 5 millones, sin atender a las consecuencias que trae eso, especialmente en la Región de la Araucanía'.

El texto aludido plantea que la cuestión indígena en Chile ha generado gran solidaridad en diversos sectores de la sociedad nacional, especialmente en aquellos afines a la defensa de los Derechos Humanos, la protección ambiental, la justicia social y la profundización de la democracia. Sin embargo, los avances de la política indígena en la agenda pública están prácticamente estancados desde la dictación de la Ley Indígena 19.253 en 1003 y su primera etapa de aplicación. Actualmente, la discriminación y la persistencia de los conflictos territoriales expresan un profundo desencuentro entre la Agenda Indígena y la política pública.

El autor recopiló contundentes documentos históricos, y en base a ellos, señala -por ejemplo- que 'la política gubernamental de Ricardo Lagos, vía represión, logró el objetivo de corto plazo de disminuir las acciones directas de reclamaciones de tierras mapuches, abrir paso a los megaproyectos, y dar relativa gobernabilidad a la región sur de Chile, en interés de la industria forestal que aumentó sus exportaciones. No obstante, en la perspectiva del largo plazo el saldo es favorable al movimiento indígena, que logró poner al Estado chileno en la mirada del sistema internacional de derechos humanos. Quedó en evidencia el déficit de la transición democrática chilena: el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas'.

'El debate sobre cuáles son los deberes del Estado y de la sociedad chilena respecto de los pueblos indígenas necesita ser reabierto de cara al siglo XXI y a los avances de la agenda indígena internacional. Al mismo tiempo, constituye un desafío ético-político para la convivencia nacional y la sustentabilidad democrática en Chile', señaló Toledo el día de su lanzamiento, acompañado por el abogado y director del Observatorio de Derechos Indígenas, José Aylwin, el poeta mapuche Elicura Chihuailaf y la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, editora del texto mencionado.

Un enfoque territorial

Como un aporte a un debate cada vez más urgente y necesario, calificaron cada uno de los participantes del lanzamiento la publicación del ensayo. 'Varios son a mi entender los aportes de este libro. Primero, la información que este contiene, las cifras, los mapas, son sin duda un aporte para entender la realidad pasada y presente del pueblo mapuche, para entender sus luchas actuales. Segundo, el enfoque interdisciplinario. En este sentido cabe valorar el análisis que Víctor hace de los procesos hoy en desarrollo a nivel internacional y comparado en materia de derechos de los pueblos indígenas', señala el director del Observatorio de Derechos Indígenas.

'Lo novedoso del trabajo de Víctor es la utilización del enfoque territorial, puesto a que en el análisis de cada una de estas etapas analiza las implicancias que para el espacio geográfico mapuche tienen las acciones desplegadas por el Estado. De particular relevancia es el análisis que hace el en libro de los impactos del régimen neoliberal sobre el territorio, los recursos y los derechos del pueblo mapuche. Se detiene en la identificación de lo que llama la expansión de las fronteras forestales en el territorio mapuche, todo lo cual resulta a juicio de Víctor en la reestructuración espacial del territorio mapuche', indica.

'También da cuenta de la expansión minera en territorio mapuche que a 2005 afectaba a mas de 100 comunidades al sur del Bio-Bio con cerca de 180 mil hectáreas de explotación. Da cuenta de la política de los gobiernos de la transición democrática a partir de 1990, en particular del Fondo de Tierras, sus limitaciones, sus logros sus contradicciones. Y destaca que a diferencia de lo señalado por el gobierno que habla de la ampliación de las tierras indígenas, gran parte de las tierras consideradas tituladas a indígenas en estos años no son tierras ampliadas, sino son tierras ancestrales cuya propiedad ha sido reconocida a mapuche', reseña Aylwin.

Necesidad de autocrítica

No obstante concordar con las líneas argumentativas centrales del libro, Aylwin no dejó pasar la oportunidad para manifestar algunos puntos de discrepancia con lo señalado por su autor. 'Entiendo las invitaciones a comentar un libro no como una invitación al halago, sino también como una orientada a generar debate en torno a los temas de que se trata, en este caso la relación pueblo mapuche sociedad y estado chileno. Una mirada critica puede contribuir a dar respuestas a la preguntas planteadas por el autor en su libro; ¿qué hacemos para vivir todos juntos, diferentes y en dignidad de derechos?', señaló el abogado.

En lo central, Aylwin lamentó la ausencia en el ensayo de un análisis autocrítico del propio movimiento mapuche, de sus limitaciones y carencias, en particular de las dificultades que se observan para alcanzar grados mayores de cohesión interna y de esta forma, enfrentar el escenario adverso que hoy se expande en el territorio mapuche. Usando como ejemplos la huelga de hambre registrada hace un par de semanas, Aylwin admitió que 'existe una fragmentación que persiste hasta el día de hoy'. Ellos 'tienen dificultades internas para buscar aliados. No sólo en tiempos de dictadura, sino hoy, frente a la compleja realidad en que vivimos', señaló.

'Hay una simpatía creciente de la sociedad chilena hacia la causa mapuche, pero no queda claro cuál es el espacio asignado a los que no somos indígenas. Salvo el de ser espectador', argumentó el abogado, quien ejemplificó que 'en la experiencia comparativa con otros pueblos indígenas de América Latina, estos han desarrollado mejores estrategias en función de alianzas, para lograr el reconocimientos de derechos históricos y reivindicaciones'. 'Si bien esto entra dentro del ámbito de la autodeterminación indígena, no es menos cierto que uno hecha de menos este tipo de análisis para entender la realidad actual', finalizó.

Espacio de conversación

Tomando como base de su exposición el nuevo escenario político generado tras la movilización nacional de los estudiantes secundarios, el poeta Elicura Chihuailaf también tuvo palabras de elogio para el ensayo. 'A mí, personalmente, este libro me deja claro cuál es el papel que cada uno de nosotros tiene frente a la política del Estado y me parece que es el momento. Si hay una lección que nos dejan los estudiantes es precisamente asumir que vivimos en un territorio donde hay muchas culturas, hay muchas etnias y tenemos que asumir un rol no solamente en relación con lo mapuche o lo chileno en el caso de la visión oficial', señaló.

'El movimiento estudiantil ha demostrado que la sensibilidad no es algo que se regala, es algo que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con los sueños, con la esperanza, pero que también tiene que ver con el saber remecer al otro, porque hoy cuando aparentemente las utopías han desaparecido y cuando la palabra sueños es en realidad una subversión para el Estado. Estos espacios de conversación son eso, espacios donde se ejerce la posibilidad de la democracia, que no es ni más ni menos que participación, que el sistema no nos va a regalar', agregó el poeta.

'Es la razón por la cual yo he aceptado estar aquí y agradezco la posibilidad que se me ha brindado. Este libro es, para quienes nos movemos desde la emotividad en esta lucha por ternura, la posibilidad de conectar esa emoción con elementos que, si bien están frente a nosotros, precisan de textos que nos permitan un análisis más global de aquellas situaciones que están generando un dolor', finalizó.