El Mercurio y La Tercera fabrican noticias vía “encuestas” para fortalecer su agenda política

Chile

Por Ernesto Carmona
www.argenpress.info

El Mercurio y La Tercera emprendieron una campaña que socava al gobierno de Michelle Bachelet a partir de encuestas fabricadas en sus talleres mediáticos. Los estudios, más bien sibilinos, se presentan a los lectores desprevenidos como mediciones “de popularidad” rigurosamente científicas.

La campaña comenzó cuando la Presidenta cumple 100 días de su mandato de 4 años y resolvió o -por lo menos- envió al parlamento las 36 medidas prometidas en su campaña electoral. El Mercurio publicó en la tapa del domingo que el “60% cree que Bachelet debe cambiar algunos ministros”, según una encuesta del diario y la empresa Opina, que consultó a escasas 400 personas con una tasa de respuesta de apenas 57,3%.

La encuesta de La Tercera señaló, por su parte, que el 55% cree que Bachelet ha sido “una Presidenta con poca autoridad” que ha mostrado incapacidad para tomar decisiones por sí misma (49% versus 49%). Y para mayor confusión de la opinión pública local e internacional, contradictoriamente añadió que “un 57% dice que Bachelet ha demostrado capacidad de liderazgo para gobernar” contra un 41% que opina lo contrario. Las empresas serias que observan los estados del ánimo político de la opinión pública con cierto rigor científico todavía no entregan ningún estudio que pueda entenderse como “medición de popularidad” para los primeros 100 días de la gobernanta.

La acción persigue varios objetivos subliminales, entre otros implantar la sensación de que la Presidenta pierde apoyo y popularidad, impulsar la agenda de cambios en el gabinete en que ambos diarios se embarcaron como “vanguardia pensadora” o “think tank” de la oposición de extrema derecha. La fase siguiente de desestabilización podría ser un cuestionamiento a la “gobernabilidad”, como bien sabe hacerlo el diario fundado en Valparaíso en 1828.

La misma encuesta sirvió, de paso, para castigar a tres diputados y dos senadores que viajaron por su cuenta a Bolivia a estrechar lazos de amistad y expresar su apoyo a la reivindicación marítima que sustenta el gobierno de Evo Morales, tal como puede viajar y opinar cualquier ciudadano de un país libre. El Mercurio “descubrió” que los diputados Marcos Enríquez-Ominami (PS), Alejandro Sule (PRSD) y René Alinco (PPD), más los senadores Alejandro Navarro (PS) y Nelson Avila (PRSD) fueron “Reprobados: masivo rechazo se expresó frente a la actitud de parlamentarios oficialistas en Bolivia”, según escribió el diario.

En el fondo, y sin que nadie los haya elegido para esa tarea, los dueños de El Mercurio y La Tercera -Agustín Edwards y Alvaro Saieh- aspiran a un protagonismo más activo en la política chilena, dictando pautas a todos los poderes del Estado, como lo hace casi toda la gran prensa monopólica de América Latina, que en ciertos países -como Venezuela- logró sustituir a los partidos políticos que antes destruyó ante la opinión pública.

Una vez creada la “noticia” del domingo, el principal titular del lunes de El Mercurio “reflejó” las “repercusiones”: “Revuelo político por cifras que apoyan cambio de gabinete: secuela de estudio de opinión El Mercurio-Opina”. La desfachatez del diario más antiguo de América Latina raya en una suerte de infantilismo senil. En sus páginas abundan las declaraciones cuestionadotas de las 36 medidas formuladas a partir de la “encuesta” por los barones de la clase política, principalmente de extrema derecha.

Recetario desestabilizador

La sibilina política mediática de ambos matutinos siguió alimentando “repercusiones” el martes y obligó al gobierno a prestarle atención a la supuesta caída de la popularidad presidencial. “Gobierno acusa ofensiva contra el gabinete”, tituló El Mercurio, refiriéndose a una “ofensiva” creada por él mismo. “Ministro del Interior se quejó de una ‘persistente campaña’”, añadió, aludiendo a su propia “persistente campaña”.

Probablemente, la Presidenta terminará por cambiar al ministro del Interior, Andrés Zaldívar, por su deficiente desempeño político y por haber soltado a las jaurías de Carabineros que maltrataron a los manifestantes estudiantiles y a los periodistas que cubrieron sus movilizaciones de fines mayo, pero no tiene por qué hacerlo cuando lo dispongan El Mercurio, La Tercera y los barones políticos del pinochetismo encubierto de extrema derecha e incluso la propia clase política de la alianza gobernante, en rigor más a la centro derecha que a la “centro izquierda”. Asimismo, pudiera ser que pronto se vaya el soberbio ministro demócrata cristiano de Educación, el médico Martín Zilic, por el mal manejo de un conflicto que derivó en una crisis de envergadura que abrió la oportunidad de poner en el debate a la educación de apartheid que proporciona el mercado, un sistema educacional definitivamente malo y discriminatorio para los jóvenes más pobres.

La manipulación mediática irrita a cualquier ciudadano pensante lector de los únicos periódicos de circulación nacional que existen en el país. La labor del periodismo consiste en reflejar la realidad, lo más veraz y oportunamente posible, no en fabricar noticias para cambiar mañosamente esa realidad. La intención desestabilizante pretende cuestionar arbitrariamente la capacidad de gobernar de Bachelet por su mera condición de mujer, aunque esa pregunta no figuró explícitamente en la encuesta.

Aunque la administración Bachelet se perfile como “ninguna maravilla” y bien pueda ser “más de lo mismo” que Ricardo Lagos, con algunos ministros y ministras que dejan mucho que desear, todavía resulta prematuro emitir un juicio de fondo más o menos serio. A la Presidenta le toca hoy enfrentar el imprevisto reclamo estudiantil que busca cambios de fondo en el modelo de educación privada y semiprivada que la dictadura de Augusto Pinochet impuso como herencia justo el día anterior a la entrega del poder ejecutivo a Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 2000. Hasta hace pocas semanas todo el país ignoraba la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Loce), publicada en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1990, después de ser “dictada” en una oficina palaciega por Toribio Merino, el almirante encargado de “legislar”, pero hoy su reforma requiere el concurso de más personas, por el quórum especial de 2/3 y 4/5 que exigen los cambios a la Constitución.

Y la educación de apartheid es un asunto espinudo, al que la clase política y los medios le hicieron verónicas durante 16 años, como a otros aspectos del modelo neoconservador de sociedad legado por Pinochet. Estas grandes cuestiones cruciales no se debaten libremente en ninguna parte, justamente porque la prensa escrita de circulación nacional la controla el duopolio Edwards-Saieh, un binomio que probablemente quisiera, además, dirigir a todo el país desde sus escritorios corporativos, mientras lavan continuamente el cerebro de sus lectores.

Gasto público subsidiador

Lo insólito es que los dos grandes diarios corporativos que representan casi el 100% de todos los contenidos políticos que leen los chilenos, al mismo tiempo resultan generosamente subsidiados por los gobiernos democráticos de los últimos 16 años. El Estado chileno salvó de la quiebra a El Mercurio y a La Tercera precisamente cuando el gobierno de Aylwin inició la “transición a la democracia” y desde entonces ningún gobierno cesó de prestarle oxígeno, a pesar de su clara oposición al nuevo esquema de convivencia “democrática”, sin escatimar ataques arteros.

Un informe del Observatorio de Medios Fucatel, difundido el 9 de mayo por sus directivos Manuela Gumucio y Marcelo Contreras, reveló que el Estado chileno prefiere destinar los dineros públicos del gasto publicitario precisamente a los diarios del conglomerado El Mercurio, al matutino gobiernista La Nación y a Copesa, de Alvaro Saieh, cuyo diario insignia es La Tercera.

El Estado Chile destina aproximadamente un tercio del gasto en propaganda y publicidad a los diarios de papel, mientras la televisión se lleva dos tercios de la torta. Los ministerios, que responden directamente al gobierno central, prefieren gastar más de la mitad de su presupuesto en El Mercurio, que posee tres periódicos en Santiago y una veintena en regiones, aparte de la red de radio Digital FM.

Los ministerios destinaron el 58% del gasto en avisos a los medios de circulación nacional de Edwards, El Mercurio de Santiago (38%), el tabloide farandulero Ultimas Noticias (18%) y %) y el vespertino La Segunda (2%). Copesa, que incluye a La Tercera, La Cuarta, el desaparecido diario Siete y la revista Qué Pasa, obtuvo un magro 10%. El Estado destinó un 30% del gasto a La Nación, diario gubernamental de muy pocos lectores, controlado mayoritariamente por capital del Estado.

Las escasas empresas públicas que todavía sobreviven, y tienen más autonomía que los ministerios por estar descentralizadas del gobierno, también mostraron debilidad por el grupo El Mercurio, al que destinan actualmente el 63% del gasto publicitario en periódicos. Copesa se lleva el 21%, a través de La Tercera, y 16% lo absorbe La Nación.

Según los autores del informe, el gasto no resulta consistente con la eficiencia del mensaje publicitario. Muchos avisos de los ministerios de Vivienda y Salud están destinados a usuarios modestos que jamás leen El Mercurio, pero van a parar a ese diario.

En el lenguaje de Fucatel: “El 88% de la inversión está concentrado entre empresas El Mercurio y La Nación. Podemos, a priori, establecer que la distribución no es consecuente con los niveles de lectoría disponibles. El porcentaje destinado a La Nación claramente no corresponde a la realidad, ni es eficiente. Respecto de las empresas El Mercurio, que concentra el 58% de la inversión, tendríamos que ver caso a caso cada Ministerio, o al menos los que tengan mayor inversión. Pero a primera vista parece desproporcionada su participación versus los soportes de Copesa y los gratuitos”.

La muerte del diario Siete

La publicidad del Estado tampoco beneficio al diario progresista Siete, publicado por Prensa Asociada, SA, que alcanzó a sobrevivir un año y medio con un capital precario aportado en 50% por el mismo Alvaro Saieh.

El diario fue levantado por Saieh para un “nicho de mercado” de lectores-electores de la Concertación, en alianza con sectores demócrata cristianos representados por el ex ministro y ex embajador Genaro Arriagada más empresarios y políticos de la alianza gubernamental personificados en algunos miembros del directorio de la empresa y del comité editorial del periódico, entre otros el político-empresario Sergio Bitar, presidente del Partido por la Democracia (PPD); el ministro Secretario General de Gobierno Ricardo Lagos Weber; el dirigente DC Gutenberg Martínez, presidente de la Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA), y el ex ministro Enrique Correa.

Tanto Correa como Bitar intervinieron, a comienzos de los años 90, en la sepultura de otros medios progresista, como el diario Fortín Mapocho y la revista Página Abierta. El diario Siete acumuló deudas por un millón de dólares, el mayor esfuerzo de sobre-vivencia corrió por cuenta de los talleres de impresión de Copesa y a los socios concertacionistas de Saieh les faltó voluntad política para sostener el medio, tal como ha venido ocurriendo en las últimas dos décadas. La paradoja es que en Chile hubo más libertad de expresión… bajo la dictadura, por lo menos con dos diarios de circulación nacional -Fortín Mapocho y La Epoca- y numerosas revistas semanales, quincenales y mensuales.