MUERTE EN PUERTO MONTT: UN ERROR IMPERDONABLE
La muerte de los jóvenes de Puerto Montt prueba que la autoridad no fue capaz de garantizar siquiera la supervivencia de los jóvenes privados de libertad, según el abogado Rodrigo Quintana. 24-10-2007
Hace poco más de seis meses, la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Justicia para monitorear la implementación de la Reforma Penal Adolescente (Ley 20.084) recomendó su postergación, porque, según expuso, no existían condiciones mínimas para su entrada en vigencia. Esa propuesta de postergación fue desechada por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
La misma propuesta surgió nuevamente cuando se modificó el cuerpo original. Todo ello motivó un intenso debate que llegó incluso al Tribunal Constitucional. En esa oportunidad, el ministro Maldonado esbozó su explicación para reiterar su rechazo a cualquier intento de postergación de la Reforma Penal Adolescente: "No va a haber un óptimo, pero va a haber condiciones básicas que permitirán atender la demanda inicial".
Desde el 8 de junio hasta ahora la aplicación de la nueva legislación sobre responsabilidad juvenil había pasado casi inadvertida para el público en general, salvo por un par de motines y de algunos juicios publicitados por los medios. Sin embargo, todo ello cambió la noche del 22 de octubre.
La noticia de la muerte de jóvenes en un centro del Sename en Puerto Montt nos hizo recordar aquello que ---de un modo u otro--- habíamos olvidado. La Reforma Penal Adolescente se está aplicando en Chile sin gradualidad alguna, y, peor aún, fruto de las últimas modificaciones legales, la privación de libertad no es una medida excepcional ni de último recurso, como exigen los tratados internacionales.
Si hiciéramos caso a la autoridad, no habría razones para preocuparse. No hay condiciones óptimas, pero sí "condiciones básicas". Además, como ha señalado algún senador a propósito de este tema, la privación de libertad sería buena para los jóvenes. Una especie de favor del Estado, que los encierra para luego devolverlos a la vida comunitaria plenamente rehabilitados.
Sin embargo, a estas alturas no importa lo que el ministro Maldonado haya estimado como básico para esos jóvenes, ni lo que los parlamentarios que promovieron esas modificaciones consideren como una efectiva rehabilitación. Debemos concluir ---no cabe otra posibilidad--- que no fue suficiente para salvar lo más básico que tenían esos ocho jóvenes: sus vidas. De nada sirve entonces lamentar ahora estas muertes.
Dos reflexiones surgen de esta tragedia, que desgraciadamente no fue la primera que afecta a jóvenes privados de libertad en Chile, y seguramente tampoco será la última:
En primer lugar, cabe preguntarse qué es lo que ha llevado al Gobierno a poner en vigencia una ley como ésta sin contar para ello con la infraestructura necesaria.
Tal vez la respuesta la encontremos en la necesidad de dar "señales políticas" de decisión en el combate a la delincuencia. Frecuentemente se comete el error de pensar que la privación de libertad es un instrumento eficiente para el combate al crimen, aunque éste sea perpetrado por jóvenes. Ése es un error. No hay que tratar los temas de justicia desde una óptica puramente política, sin atender a la evidencia empírica y a lo que nos enseña en esta materia la experiencia comparada.
Sin embargo, cuando ese error lo comete la autoridad encargada de la formulación de la política pública en materia de justicia, de quien depende además el servicio encargado de implementarla, el error se convierte en imperdonable.
Si además la autoridad fue advertida por los expertos que ella misma nominó, por el propio Parlamento y por los funcionarios que trabajan en los centros acerca de la falta de condiciones mínimas para el funcionamiento del sistema ---precisamente por falencias de los centros privativos de libertad, como el que se incendió---, la situación se hace inexplicable.
La segunda reflexión que debo plantear tiene que ver con la situación que se vive en estos centros hoy, después de estas muertes, en todo Chile. Hablar de tratados internacionales y Convención sobre los Derechos del Niño parece una sofisticación y una burla.
Sólo queda esperar que el ministro de Justicia asegure mínimamente la supervivencia de los jóvenes que siguen hoy privados de libertad, y que seamos capaces de entregar una respuesta más racional y responsable a un problema serio como es el de la delincuencia juvenil, que, como demuestra la tragedia de Puerto Montt, requiere para su solución de algo más que frases amenazantes y juegos retóricos acerca de lo que es mínimo, óptimo o básicoRodrigo Quintana Meléndez, abogado
"El Mercurio", 24 de octubre de 2007
RODRIGO QUINTANA MELÉNDEZ, Abogado (1989), Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Valparaíso (1989). Ha realizado estudios sobre litigación avanzada en Mc George School of Law de la University of the Pacific (2004). A partir de 1990 desarrolló el ejercicio libre de la profesión de abogado. Asesor Jurídico (1990 a 1991) y, posteriormente, Jefe del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile (1991 a 1992). Jefe del Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Menores (Sernam) de Chile (1992 a 1994). Se desempeñó como Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia de Chile (1994 a 1995). Ha sido asesor político y legislativo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2000 a 2002). Ha ejercido el cargo de Defensor Nacional de la República de Chile (2002 a 2006), contribuyendo en la puesta en práctica del servicio de la defensa Penal en Chile. Tiene una amplia experiencia en la implementación de políticas públicas en materia de justicia, diseño y aplicación de reformas normativas. Es experto en materias de juventud e infancia. Posee también una vasta experiencia de trabajo en el ámbito. Ha realizado diversas publicaciones, nacionales e internacionales en materias como Familia, Infancia, Defensoría Pública y Reforma Procesal Penal en Chile, entre otros. Es miembro del Consejo de Defensa del Estado y del Partido Socialista.
Foto: En mayo de 2007 los trabajadores del Sename se tomaron el Cereco de Puerto Montt, en protesta por la falta de medidas adecuadas para poner en marcha la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.