Luis Narváez y Javier Rebolledo
Hace tres semanas, Raúl Iturriaga Neumann se sentó, como de costumbre, frente a sus amigos y camaradas de armas en el Café Havanna, de Huérfanos 1033. El resto de los generales y altos oficiales en retiro prestaron especial atención a las palabras que pronunciaría, ya que todos entendieron que uno de los hombres de la línea más dura de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tenía algo importante que contarles.
El fuerte olor a café y el humo de cigarrillo se hacía más denso en el segundo piso de dicho café, lugar especialmente discreto y apartado de las miradas de los funcionarios de Gobierno que frecuentan el local.
Mientras la camarera traía la bandeja repleta de tazas, Iturriaga se desabotonó el abrigo que llevaba puesto y dejó a la vista el empuñadura de su pistola 9 milímetros, de la que nunca se despega.
“Amigos, la condena en mi contra es una realidad y no pienso entregarme. La humillación hacia las Fuerzas Armadas es inaceptable. Me voy a escapar, así que les pido que cuiden de mi familia durante el tiempo que esté ausente”, dijo provocando admiración en los presentes, boquiabiertos ante el anuncio.
Después de la reunión, Iturriaga se dedicó a completar el plan para evitar ser descubierto y burlar el cerco policial. El lunes pasado debía entregarse ante la justicia, luego de llegar a un acuerdo “de caballeros” con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien debía notificarlo para que comenzara cumplir ese mismo día la condena a cinco años y un día de presidio por la desaparición de Dagoberto San Martín.
La sentencia había pasado a firme el 28 de mayo último, día en que la Corte Suprema confirmó la sentencia y ordenó que fuera ejecutoriada.
Iturriaga supo cómo se venía la mano, al menos con una semana de anticipación. Asesorado por su abogado, Jorge Balmaceda, también sabía que una vez que el fallo fuera oficializado, pasarían al menos 15 días para que el documento, junto con todo el expediente del caso, fueran devueltos al juez Solís, para que éste dictara el “cúmplase” la sentencia.
AMPLIOS PODERES PARA ALLANAR
Como ha sido el procedimiento en los últimos años, los detectives que indagan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, pasaron a primera hora de ese día, 11 de junio, a buscar a la actuaria que cumpliría con el trámite de notificación.
En un vehículo policial se dirigieron hasta el Penal Cordillera, a un costado del ex Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.
Ingresaron al recinto a la espera de que apareciera el general retirado, minutos antes de las diez de la mañana, la hora acordada para que Iturriaga se notificara. Pero el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA no llegó. Pasaron casi dos horas y la comitiva judicial decidió retirarse.
Ese mismo lunes, el juez Solís firmó una orden de aprehensión en contra de Iturriaga para que cumpliera con el trámite de la notificación. Al día siguiente emitió una orden amplia de investigar con la instrucción de capturarlo, facultando para ello a la policía civil a descerrajar y allanar todo lugar donde pudiese estar o haber información sobre su paradero.
El primer gran problema “logístico” que se desató por la sorpresiva acción del ex general se debió a que la prensa de tribunales se enteró de la detención el martes a las once y media de la mañana e hizo pública la noticia. La policía, sin embargo, sólo fue notificada recién a las tres de la tarde, perdiendo horas clave para iniciar la cacería.
No obstante, los problemas de comunicación se resolvieron a la brevedad y la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, a cargo del prefecto inspector Rafael Castillo, elaboró de inmediato un plan de contingencia.
El diseño implicaba conformar un equipo multidisciplinario integrado por la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, la Brigada de Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales.
LA CACERÍA
¿Qué dificultad extra podría acarrear la ubicación de un prófugo como Iturriaga? El ex general formó parte de la cúpula de la DINA desde sus inicios y hasta su disolución, en 1976. Se trata entonces de un oficial que cuenta con una amplia experiencia en materia de inteligencia y con redes que le facilitarían mantenerse en la clandestinidad, al menos, por unas semanas.
Sin embargo, en Investigaciones existe un cierto optimismo y se piensa que la captura se concretará pronto. “Iturriaga maneja conceptos de inteligencia militar, pero nosotros contamos con los elementos de la inteligencia policial, que son muy distintos y que nos dan las herramientas suficientes como para detectarlo en cualquier momento”, dijo a LND el prefecto Rafael Castillo.
El primer paso que dieron para armar el complejo puzzle de pistas sueltas que dejó el ex jefe de la temida Brigada Purén de la DINA, fue reconstruir sus pasos. Hasta ahora presumen que habría escapado en su auto, patente RG. 4273.
Las versiones de prensa señalan que Iturriaga se dio a la fuga el lunes 11 de marzo, la fecha en que se debía entregar ante el juez Solís. Sin embargo, se ha logrado acreditar que el prófugo salió el viernes 8 del departamento (ubicado en calle Vaticano 4232, Las Condes) de su actual conviviente, Máxima Martota.
La mujer, de 64 años, entrevistada por la policía, se mostró desconfiada y no aportó datos que permitieran arrojar luces sobre el paradero de Iturriaga. “Sus dichos permiten inferir que nos estaría ocultando datos”, explica una fuente de Investigaciones.
Para evitar cualquier sospecha sobre su fuga, el general en retiro se preocupó, en las últimas dos semanas, de llamar constantemente al tribunal para confirmar el día y la hora en que iba a ser notificado. De paso, también reafirmó en cada una de esas ocasiones su decisión de concurrir voluntariamente al Penal Cordillera.
Cuando los funcionarios de Investigaciones que trabajan con el juez Solís supieron que en realidad se había escapado el viernes, se sorprendieron porque esa misma tarde, a eso de las cuatro, ya clandestino, Iturriaga realizó su última llamada al tribunal confirmando su asistencia el lunes.
El asombro fue aún mayor cuando el equipo encargado de su búsqueda, se enteró de otra pista distractiva que dejó el general. Reservó por dos noches y a partir del lunes 11 –el día en que debía ser notificado– una habitación en el Hotel Militar del Ejército, en Providencia. Una maniobra que tenía por objeto concentrar en ese lugar la atención policial, en caso de que se detectara anticipadamente su plan para evadir la detención.
La primera visita de Investigaciones al domicilio de Iturriaga permitió descubrir también datos relevantes que apuntan a la red de apoyo con que el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA cuenta desde hace varios años. Según un testimonio, durante una de sus detenciones en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén en 2005, el general (R) salió todas las noches del recinto para alojar en su hogar, en circunstancias que no contaba con ningún beneficio penitenciario. Esto nadie lo supo en esos momentos y constituye parte de los entretelones del verdadero historial de Iturriaga.
CUENTA BANCARIA Y CELULAR
Los efectivos de la Policía de Investigaciones barajan por estos días dos hipótesis sobre el paradero de Irurriaga. La primera indica que podría estar en Coquimbo, en la IV Región. La segunda, en la VIII, hacia la cordillera de los Andes, en una localidad cercana a las Termas del Flaco.
El plazo para detenerlo aún no se ha fijado y se habla de un máximo de 30 días, pues los agentes saben que su formación en inteligencia le da un paso de ventaja. Lo más probable es que no cometa errores básicos, como llamar a su familia desde su teléfono celular.
De registrarse alguna llamada, las empresas de telefonía ya recibieron una orden de entregar los datos de origen y destino de las mismas, mediante la triangulación de las antenas utilizadas en tiempo real.
Lo mismo sucede en el caso de que decida sacar dinero de su cuenta bancaria desde algún cajero automático, y trascendió que la Superintendencia de Bancos recopilará la información sobre sus cuentas.
La policía tiene prácticamente descartada la opción de que Iturriaga salga del país. Esto, porque en el extranjero existen tres órdenes de captura internacional en su contra. Una, por la condena que le impuso la justicia italiana por el atentado contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. La segunda proviene de Argentina, donde la jueza María Servini de Cubría lo procesó y acusó del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. La última es de España, donde el juez Baltasar Garzón lo requiere por los asesinatos de los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó, y el diplomático Carmelo Soria.
Investigaciones tiene elaborado un perfil sicológico de Iturriaga, que permite plantear distintos escenarios para su captura. Se trataría de un personaje ególatra y, al mismo tiempo, astuto. Por ejemplo, en todas las ocasiones en que fue interrogado por jueces y policías evadió las respuestas haciendo gala de su formación en técnicas de contrainterrogación. Calificado como extremadamente orgulloso, los policías están conscientes de que Iturriaga tiene carácter como para resistir con la fuerza el arresto, en caso de que se vea acorralado. Por otra parte, su formación católica descartaría el suicidio.
La estrategia policial apuntaría a lograr que el ex militar deponga su actitud y se entregue voluntariamente, para evitar la tensión que significaría un enfrentamiento directo.
Tal escenario ya fue probado con el general (R) Manuel Contreras, a quien se le ofreció una entrega pacífica, cuando se negó a ser notificado. El frustrado diálogo dio paso a la fuerza, donde incluso el ex director de la DINA fue reducido con su pistola en mano.
La gran incógnita es si Raúl Iturriaga Neumann aceptará entregarse o si, a diferencia de su ex jefe, usará su pistola 9 mm.
Mañana, a las once y media, las principales organizaciones compuestas por ex integrantes de las Fuerzas Armadas darán una conferencia de prensa para hacer presente el malestar “insostenible” que sienten los ex uniformados frente a la “persecución” de que serían víctimas debido al número creciente de procesados (más de 500) por causas de derechos humanos. La cita tomó mayor repercusión luego de la frustrada detención del general (R) Raúl Iturriaga Neumann, situación que, según ellos, es “la gota que rebasó el vaso”.
Pero el meeting trae una sorpresa extra. En éste hará su estreno la Agrupación de Soldados Presos Políticos en Democracia, la que estaría compuesta por cerca de tres mil familiares de militares procesados a lo largo del país. Por lo menos así lo señaló el capitán (R) Renán Ballas, quien además se desempeñó como diplomático desde el inicio de la dictadura hasta el 2005, fecha en que jubiló de la Cancillería. A su juicio, la creación de esta organización “es una respuesta a las agrupaciones de izquierda, que están mucho mejor armadas que nosotros”. También advirtió que “todos nos sentimos representados por la situación del general [Iturriaga]. La persecución judicial a los miembros de las Fuerzas Armadas no hace más que agruparnos. Hace poco se suicidó Marcos Muñoz [colgado en su celda del Batallón de Policía Militar de Peñalolén], y antes Germán Barriga, quien se lanzó de un edificio. Por eso, esto ya no da para más”.
Ballas anunció que en el corto plazo se presentará una querella criminal por asociación ilícita en contra de la Comisión Funa, a quienes sindica como los principales responsables de las decisiones extremas de estos militares.
Estos temas serán expuestos en Alameda 1452, a pocos metros de la DC, por el presidente de la Coordinadora del Personal en Retiro de las FFAA, brigadier (R) Jaime Núñez. También intervendrá el presidente del Cuerpo de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, coronel (R) Haroldo Latorre.
