Justicia

Ex agente DINA Basclay ''El Troglo'' Zapata ingresó al penal de Punta Peuco

9 de Junio de 2007

Cumple condena por caso desaparecido 

Por  Héctor Cruzatt

Suboficial en retiro del Ejército, considerado uno de los torturadores más crueles de la dictadura militar, ingresó a cumplir una condena de 10 años y un día de presidio por el caso de cuatro detenidos desaparecidos. La sentencia había sido dictada el 10 de mayo por la Corte Suprema, pero el ex uniformado no había podido ser ubicado por la policía.

El suboficial en retiro del Ejército Basclay Zapata Reyes ingresó el jueves al Penal Militar de Punta Peuco para comenzar a cumplir la condena de 10 años y un día por el secuestro permanente de cuatro detenidos desaparecidos en agosto de 1974, condena que había sido ratificada por la Corte Suprema el 10 de mayo pasado.

Desde esa fecha, Zapata Reyes, alias “El Troglo”, no había sido ubicado por los policías para que empezara a cumplir con su prisión por los secuestros de los hermanos Hernán Galo y María Elena González Inostroza y de Elsa Leuthner Muñoz y Ricardo Troncoso Muñoz, detenidos por un comando de la DINA en un departamento de calle Bueras 172, de la comuna de Santiago.

La condena es la primera que empieza a cumplir efectivamente Zapata Reyes, que es sindicado como uno de los torturadores más crueles de la DINA.

Además de esta sentencia, "El Troglo" debe cumplir una pena de 3 años de presidio remitido por el secuestro del detenido desaparecido Manuel Cortez Joo, que fue confirmada este miércoles por la Corte Suprema. Y, adicionalmente, enfrenta otras tres penas que suman 20 años de reclusión por otros casos de desaparecidos.

El ex agente formaba parte de la Brigada Águila de la DINA y compartía labores con Osvaldo Romo Mena en la tortura de opositores del régimen militar y se mantuvo en el Ejército hasta comienzos de los años 90’, en labores de instrucción de la Escuela de Suboficiales.

Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, Hernán Galo González Inostroza, María Elena González Inostroza y Elsa Victoria Leuthner Muñoz, Reyes fueron detenidos el 15 de agosto de 1974 en un allanamiento realizado por agentes de la DINA en el departamento ubicado en calle Bueras 172, Departamento D de Santiago y conducidos a los recintos de reclusión de Londre 38 y Tres y Cuatro Álamos desde donde se les perdió el rastro.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

 

 

Capturado en Valparaíso responsable de la matanza de hornos de Lonquén

Ayer fue detenido mayor (R) de carabineros Lautaro Castro quien llevaba seis meses prófugo de la justicia

La fuga del general (R) Raúl Iturriaga no es la única a la que se han enfrentado la justicia y la policía, ante la postura rebelde adoptada por ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que se niegan a aceptar las condenas por violaciones de los derechos humanos.

Foto: El mayor (R) Lautaro Castro (61 años) fue trasladado desde Valparaíso al Cuartel Independencia de Investigaciones, en Santiago, pasadas las 16 horas, donde fue interrogado.

La Nación

L. Narváez / J. Rebolledo

La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAE) de la Policía de Investigaciones capturó ayer, en Valparaíso, al mayor (R) de Carabineros Lautaro Castro (61), quien fuera jefe de la tenencia de la policía en Isla de Maipo, al sur de la Región Metropolitana, cuando pocos días después del 11 de septiembre de 1973 ordenó la detención y fusilamiento de 17 campesinos.

Del total de prisioneros 15 fueron asesinados sin ningún tipo de procedimiento legal e inhumados ilegalmente en los hornos de Lonquén. Los otros dos, fueron ejecutados en el puente Naltahua.

REAPERTURA

Antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros integraba la Corte de Apelaciones de San Miguel. En ese tribunal estaba a cargo de los crímenes cometidos en la localidad rural. Hasta el año pasado, el proceso por las muertes de Lonquén estaba cerrado, por aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la causa por la muerte de los dos campesinos en el puente Naltahua había sido reabierta.

Las víctimas son Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo. Ambos de 29 y 39 años, respectivamente, eran obreros agrícolas y fueron detenidos el 14 de septiembre de 1973 por una patrulla de Carabineros, acompañada por el dueño de los terrenos colindantes que había actuado como delator.

Desde esa fecha en adelante nunca más se supo de su suerte. Sólo se sospecha que fueron enviados al campo de prisioneros del Estadio Nacional o el Estadio Chile y que pueden haber sido enterrados en el Patio 29 del Cementerio General.

Todos los policías que participaron de las detenciones fueron sometidos a proceso el año pasado.

En tanto, pese a que Lautaro Castro -que hace unos años se cambió el nombre a “Marcelo”- declaró en una oportunidad, cuando nuevamente fue requerido para el interrogatorio, el que daría paso a su procesamiento, desapareció sin dejar rastro.

Actualmente, el caso estaba en manos de la ministra de la Corte de San Miguel, Marta Hanke, la que entregó una orden de captura a la BAE.

Tras meses de investigación, en las últimas dos semanas se pudo establecer que estaba oculto en Valparaíso.

Tras pesquisar un total de ocho domicilios, los detectives centraron su atención en uno ubicado en el Cerro Las Mercedes. En ese sector varios vecinos identificaron la fotografía del mayor retirado.

SIN RESISTENCIA

Durante la mañana, un equipo de cuatro detectives solicitó una orden a la jueza para allanar el lugar. En su interior estaba Lautaro Castro, quien no opuso resistencia al arresto. Al momento de su captura estaba acompañado por su esposa, Ana Dipsi, y pese a que sus familiares más cercanos decían desconocer su paradero, inmediatamente comenzaron a llegar al lugar y hacer llamadas telefónicas al lugar.

Al cierre de esta edición, Castro era sometido a un chequeo médico para hoy ser puesto a disposición del tribunal.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Joseph Bereaud, indicó que la captura de Castro era fundamental para cerrar el sumario e iniciar la etapa de condenas. LN

El caso Lonquén El descubrimiento de los cuerpos enterrados en Lonquén, en 1978, se transformó en un emblema de la defensa de los derechos humanos y dejó al descubierto la política de Estado impulsada por la dictadura de ocultar los cuerpos de las víctimas. Pinochet y el resto de los cerebros del régimen militar sabían que el macabro hallazgo de los hornos de Lonquén generaría problemas. De allí que se originara una nueva y siniestra estrategia para ocultar los crímenes cometidos a lo largo del país: la operación “retiro de televisores”. Mediante esta clave, todas las unidades militares se encargaron de ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían arrojado los cuerpos de cientos de personas asesinadas. Posteriormente, los restos fueron quemados o lanzados al mar. Tras la desaparición de los dos campesinos en el puente Naltahua, entre el 7 y 8 de octubre de 1973, los mismos carabineros de Isla de Maipo detuvieron a decenas de campesinos. Quince de ellos sufrieron la represión de los policías, a cargo del entonces teniente Lautaro Castro. Tras un ir y venir de familiares que nunca encontraron respuesta por la suerte de sus seres queridos, el 1 de diciembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el hallazgo de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén. Los antecedentes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante que, mediante un sumario, comprobó la existencia de restos humanos al interior de los hornos. El caso pasó a la justicia militar y el 16 de agosto de 1979, se dictó la sentencia que sobreseyó total y definitivamente a los carabineros procesados en virtud de la Ley de Amnistía. El año pasado el abogado Nelson Caucoto pidió la reapertura del caso y se espera que con la detención de Castro, se sanciones a los también a los demás responsables.

 

 

 

Detienen en Osorno al coronel (r) Rolf Wenderoth

Viernes 29 de Junio de 2007

 Fuente: El Mercurio Online

 Ayer el abogado del ex agente de la Dina dijo desconocer si su cliente seguiría los pasos del fugado general (r) Iturriaga, por lo que la Corte Suprema aceleró el proceso que permitió su detención.

 TEMUCO.- El coronel en retiro Rolf Wenderoth, condenado por el secuestro del militante del MIR, Manuel Cortez Joo, en 1975, fue detenido este viernes en Osorno por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (Briaes).

Según se informó, el ex oficial será trasladado a Santiago esta tarde donde ingresará al penal Cordillera.

Ayer el abogado Enrique Ibarra, quien representa ante la Justicia al ex agente de la Dina dijo desconocer si su cliente se presentaría a cumplir la condena a 5 años y 1 día que le impuso la Corte Suprema o seguiría los pasos del fugado general (r) Raúl Iturriaga Neumann.

Para que ello no ocurriera, la Corte Suprema aceleró el proceso, envió la causa al tribunal de alzada capitalino que dictó el cúmplase de la sentencia y la remitió al ministro de fuero, Alejandro Solís.

El juez ordenó de inmediato el ingreso del ex uniformado al centro de reclusión, donde por primera vez cumplirá una condena.

Además de este caso, Wenderoth está condenado en primera instancia a 10 años y 1 día de presidio por el secuestro del militante del MIR Julio Flores Pérez. También está procesado en el caso Villa Grimaldi, y en el caso Colonia Dignidad, por el secuestro del Mapu Juan Maino Canales, y del matrimonio de Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo.

 

Ejército anuncia apertura de archivos del DINE a juez del caso Prats

27 de Junio de 2007

Negó tener documentos de organismos del régimen militar 



Tras reunirse por más de una hora con una de las hijas del asesinado general, Óscar Izurieta informó que permitirá al juez Alejandro Solís revisar la documentación existente en la Dirección de Inteligencia. Confirmó que está en revisión aporte de militares activos para pagar a abogados de procesados por causas de derechos humanos.

El comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, negó que la institución tenga documentos de los organismos de inteligencia del régimen militar, al tiempo que anunció que pondrá a disposición del ministro del caso Prats, Alejandro Solís, todos los archivos de la Dirección de Inteligencia (DINE).

El jefe castrense hizo el anuncio tras reunirse por más de una hora con una de las hijas del fallecido general Carlos Prats, María Angélica, luego de que la semana pasada se conociera un documento aportado por el brigadier (R) Pedro Espinoza, que supuestamente estuvo hasta 2004 en dependencias de la entidad.

"En el Ejército no hay información" de los organismos de inteligencia del régimen militar, enfatizó en más de una ocasión Izurieta, quien la semana pasada ya había sostenido un inédito encuentro con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El documento aportado por Espinoza reveló los seguimientos de los que fueron víctima Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, antes del atentado que el 30 de septiembre de 1974 les costó la vida en un barrio de Buenos Aires, Argentina.

El informe, incluso, permitió al magistrado Solís la reapertura de la causa y procesar al general retirado Juan Morales Salgado.

La revelación también motivó a distintos sectores, fundamentalmente políticos, a exigir al Ejército entregar los informes que tendría de las disueltas Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Central Nacional de Informaciones (CNI), los organismos represivos de la dictadura.

Por esta razón, Izurieta anunció que permitirá al juez Solís revisar todos los archivos del DINE, lo que permitirá que sea el propio magistrado el que establezca si existen antecedentes al interior de la institución castrense que permitan ayudar al esclarecimiento de causas de violaciones a los derechos humanos.

Revisión de aporte militar

Sin embargo, tras la cita el jefe del Ejército también confirmó que está en revisión la obligación que tienen los militares en servicio activo para ir en apoyo financiero de los militares que se encuentran procesados por violaciones a los derechos humanos.

El aporte, que se materializa a través de descuentos por planillas, permite a los ex uniformados costear en parte los gastos en que incurren para la contratación de abogados.

Sin embargo, este mecanismo fue puesto en entredicho luego de que el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado a cinco años y un día de prisión por el secuestro de mirista Dagoberto San Martín y también procesado en el caso Prats, se negara a cumplir su sentencia.

Espinoza declaró que documento Prats lo obtuvo de la inteligencia del Ejército

Lo señaló bajo su firma en el proceso por el doble homicidio en Buenos Aires

En una declaración judicial de fines de mayo de 2007, sostiene que lo “sustrajo” de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en el año 2004 “para preparar mi defensa”.

Foto: El brigadier (R) Pedro Espinoza al momento de ingresar al Penal Cordillera para cumplir condena por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval

Jorge Escalante

La Nación

En forma inequívoca y bajo su firma, el brigadier (R) Pedro Espinoza afirmó en una declaración judicial de mayo de 2007, que el documento “confidencial” que confirma que la DINA espió al general Carlos Prats para matarlo y que fue difundido el viernes pasado por las hijas del general y sus abogados, lo “sustrajo” de “los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el año 2004”.

En aquella declaración Espinoza no dice que el documento lo obtuvo de archivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) porque obviamente el 2004 la represiva organización no existía, pero sí existía la DINE. En su declaración Espinoza deja claro que lo “sustrajo”, al igual -dice- que otros documentos “para mi defensa”.

Lo que Espinoza no aclara es cómo “sustrajo” de los archivos de la DINE aquel documento de fecha 26 de junio de 1974 firmado por el capitán Juan Morales Salgado, ya como jefe de la Brigada Lautaro, en el que éste le informa al jefe de la DINA, Manuel Contreras, sobre los pasos y señas del general Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires.

El jueves pasado Espinoza agregó personalmente otros antecedentes en el palacio de tribunales manifestando en una nueva declaración que “este documento tiene que ver concretamente con un operativo de la inteligencia respecto del general Prats en el que tomaron parte varios grupos, uno de los cuales tuvo que ver con su vigilancia previa”.

Fuentes vinculadas al Ejército manifestaron a La Nación que la institución “está muy preocupada con las afirmaciones de Espinoza, y en la comandancia en jefe sostienen que es imposible que él haya declarado que ese documento lo obtuvo de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el 2004”.

No obstante, el Ejército ya está informado de la declaración en la cual Espinoza afirma lo que dice, sin confundir la DINE con la DINA.

Ayer el abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, sostuvo que éste se habría confundido de instituciones y que habría declarado al juez Alejandro Solís que el documento lo obtuvo de los archivos de la DINA de Manuel Contreras, y no de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Sin embargo, en su declaración de fines de mayo de 2007 Espinoza dice algo distinto.

Ante el juez

En otro plano pero vinculado al affaire Espinoza y a la fuerte disputa que mantienen los ex DINA recluidos en el Penal Cordillera en Peñalolén, ayer el abogado Nelson Caucoto pidió al ministro Juan Fuentes Belmar que cite a declarar al propio Espinoza, a Manuel Contreras y al actual comandante de la guarnición de Santiago, general Gonzalo Santelices, para que entreguen antecedentes de la reunión que Santelices sostuvo en ese penal con Espinoza, Contreras y el resto de los oficiales (R) que allí cumplen sentencia.

Como informó LND en su última edición, el general Santelices concurrió a esa reunión para mediar en la disputa que existe entre Contreras y Espinoza, quienes se están acusando mutuamente de diversos crímenes. En el marco de esta disputa es que Espinoza entregó al juez Solís en mayo pasado el documento “confidencial” que permitió a Solís procesar a Morales Salgado.

El interés de Caucoto es conocer qué antecedentes se entregaron en esa reunión para que Contreras afirmara que fue Espinoza quien mató a Víctor Jara. Tal acusación aparece relatada en la declaración de Espinoza de fines de mayo de 2007, en la misma en que cuenta de la reunión con el general Santelices.

Hasta ahora el Ejército no se ha pronunciado oficialmente respecto de lo afirmado por Espinoza al juez Solís, manifestando que el documento de Morales Salgado de 1974 lo obtuvo de los archivos de la DINE.

Pedro Espinoza hizo otra serie de acusaciones a Contreras que aparecen registradas en otro documento firmado por él de fecha 13 de abril de 2007, que éste hizo llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago.

En él Espinoza acusó a Contreras de ser el responsable del destino final de los prisioneros “con sus brigadas de exterminio que obedecían sus órdenes”.LN

Diputados envían oficio a Defensa Un oficio dirigido al ministro de Defensa José Goñi para que “tenga a bien disponer la desclasificación de todos los archivos y documentos en poder de la Dirección de Inteligencia del Ejército que dicen relación con la participación de efectivos militares en la violación de los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar”, enviaron los diputados Antonio Leal (PPD) y Tucapel Jiménez (independiente PPD). El oficio tiene su origen en las afirmaciones del ex segundo hombre de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Pedro Espinoza, quien declaró que un documento “confidencial” confirmatorio de la responsabilidad de la DINA en el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa, y que éste entregó al ministro Alejandro Solís en mayo pasado, lo obtuvo de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el año 2004. A pesar de que el Ejército manifestó a La Nación que esa Dirección de Inteligencia no cuenta con ningún documento de ese tipo, los parlamentarios sostendrán mañana una reunión con el ministro Goñi. La hija del general Prats, Angélica, junto a los abogados Hernán Quezada y Pamela Pereira, expresaron el viernes pasado al entregar a la prensa el referido documento, que “el Ejército debe responder” por los dichos de Espinoza y entregar toda la documentación que guarda sobre el crimen de sus padres. En el mismo sentido se han manifestado en las últimas horas diversos sectores políticos y de derechos humanos.

 

 

Hija de general Prats pide más colaboración al Ejército

La Nación

Que el Ejército haga una búsqueda exhaustiva de todos los archivos que posee y que colabore más allá de lo hecho hasta ahora, solicitará la hija general Carlos Prats al actual comandante en jefe castrense, general Óscar Izurieta.

En la institución, el coronel Carlos Mezzano confirmó que la petición de entrevista formulada por María Angélica Prats fue recepcionada y que cuando Izurieta vuelva de Argentina, la recibirá.

La petición de audiencia la formuló la hija del ex comandante en jefe del Ejército, luego que el brigadier (R ) Pedro Espinoza diera a conocer el viernes pasado un documento que da cuenta del seguimiento a sus padres, que habría sustraído desde la Dirección de Inteligencia del Ejército el 2004.

“Espero explicarle a Izurieta el interés de la familia de que el Ejército colabore más allá de lo hecho hasta ahora con los procesos respecto de violaciones a los derechos humanos, haciendo una búsqueda exhaustiva en sus archivos”, explicó.

Versión del Ejército

En el Ejército se informó que “hasta el momento” no habían recibido el oficio de los diputados Antonio Leal y Tucapel Jiménez, en el cual solicitarían la desclasificación de todos los archivos que vinculen a ex militares con violaciones de los derechos humanos.

“En caso que se concretara la petición, la vamos a responder, pero es bueno aclarar que en el Ejército no hay ningún archivo de la DINA, así lo hemos dicho a tribunales cuando nos han requerido. Y no tenemos, porque DINA no era parte del Ejército”, explicó el coronel Mezzano.

Consultado acerca de si el Ejército estimaba que Espinoza mentía cuando afirmó que el documento lo sustrajo de la DINE el 2004, dijo que en la institución “no damos opiniones sobre casos que están en tribunales”.

Funa

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), en tanto, realizó ayer una nueva “funa” ante la sede de los oficiales del Ejército en retiro, en calle Alameda, entre Lord Cochrane y Dieciocho, y anunció que repetirán tal acción cada lunes, a las 11 horas.

“Es inaceptable que se reúnan de manera sediciosa, que protejan y encubran a aquellos que hoy, con la misma prepotencia que tuvieron en dictadura, resuelvan no acatar una condena por la causa de un detenido desaparecido”, señaló Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, en relación a la defensa que los ex oficiales han hecho del prófugo general (R) Raúl Iturriaga.

Respecto del documento revelado por Espinoza, Pizarro afirmó que en el encuentro que tuvieron con el comandante en jefe del Ejército el miércoles pasado, “le pedimos que enviara carta a todas las dependencias de la entidad, para exigir información, pero se negó” y agregó que les recalcó que no tienen archivos de la DINA.

En tanto, el subjefe de la bancada DC, Gonzalo Duarte, dijo que “poco le creo a esta gente ligada a violaciones de los derechos humanos, no puedo dar por cierta la versión de Espinoza, pero en lo específico es un deber patriótico del Ejército esclarecer los hechos”. En tal sentido, dijo que se suma a la solicitud de Leal y Jiménez.

 

Documento clave revela cómo la DINA investigó a Prats

En manos del ministro Solís quedó un documento suscrito por el ex agente Juan Morales en que indica cómo investigó los pasos del ex comandante en jefe del Ejército en Argentina. Ayer el magistrado encausó a Morales como autor de homicidio y asociación ilícita.

Foto: General Carlos Prats

lanacion.cl

Un documento clave para entender las circunstancias que rodearon el homicidio el general (r) Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert se conoció ayer en tribunales y significó de inmediato sumar un nuevo procesado en la causa que instruye el ministro Alejandro Solís.

El escrito, según relató el abogado querellante en la causa Hernán Quezada, fue entregado por el brigadier (r) Pedro Espinoza, y en este se indica como el ex agente de la DINA, Juan Morales Salgado, investigó detalles de la vida en Argentina del ex uniformado.

"Se ha revelado la participación que tuvo este oficial, Juan Morales Salgado, en los seguimientos del general Carlos Prats previo a su asesinato", dijo Quezada. Y añadió que

"Pedro Espinoza no ha confesado su propia participación, pero sí ha aportado este y varios antecedentes más que permiten finalmente dejar en forma absolutamente clara la participación de las más altas autoridades del país en este crimen y de la DINA, encabezada por el general Manuel Contreras", agregó el jurista.

Bajo las letras Confidencial se lee el escrito fechado el 26 de junio de 1974 firmado por el capitán Juan Morales Salgado de la Agrupación Lautaro y dirigido al director de la DINA.

Se indica que “conforme a la misión encomendada por usted puedo informar lo siguiente relacionado con el señor Carlos Prats”:

A: “Vive en la calle Malavia con Libertadores Nº3359, tercer piso, depto. 3, fono 71-8044”.

B: “Trabaja en la calle Venezuela Nº 132, en firma Cincotta, donde desempeña el puesto de Gerente de Relaciones Públicas, fono 386554 y 386663, con un sueldo de U$. 650 mensuales. En la mencionada empresa no dan su nombre por ningún motivo aducen que éste se encuentra en la carpeta de la gerencia general, siendo representado en las reuniones públicas por un socio de Cincotta”.

C: “La señora (alude a Sofia Cuthbert) tiene una boutique de ropa interior de mujeres en calle Rodríguez Peña al llegar a Santa Fé”.

D: “Usa un Mercedes Benz azul, patente 020895 y un Fiat 1500 blanco, patente 0382290 (sirve de escolta) además de una camioneta carrozada con vidrios empañados (no fue vista por el suscrito).

E: “Usa un vehículo como escolta y el otro como contraseguimiento (esto no pudo ser verificado)”.

F: “Se mencionó que tenía guardia personal en su casa habitación como en los bajos del edificio. El suscrito constató que nadie lo protege ya que llegó hasta su departamento sin encontrar ningún obstáculo (se verificó en primer lugar si los vehículos se encontraban en su lugar habitual y se llamó por teléfono al número que figura en el punto A).

G: “Se mencionó que era protegido por gente a contrata de la policía federal (no pudo ser verificado).

H: “Los autos y la firma en que se trabaja pertenecen al Ministerio de Economía Helgar; de quien es protegido incondicional”.

I: “Visita solamente a su amigo personal Ramón Huidobro”.

J: “Varía diariamente su recorrido al trabajo”.

K: “Se anexa cróquis de su domicilio”.

Causa En este caso el ministro Solís mantiene procesados al general (r) Manuel Contreras, el fugado general (r) Raúl Iturriaga Neumann, los brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara, Cristoph Willike, además de los civiles Mariana Callejas y Reginaldo Valdés. También está acusado el ex agente civil de la DINA Jorge Iturriaga Neumann. Además, el propio juez ha señalado que está pronto a iniciar la etapa de plenario para luego dictar las condenas en primera instancia en esta causa.

 

 

 

Documento aportado por brigadier (r) Espinoza da pista clave en caso Prats

23 de Junio de 2004

Oficio con seguimientos

por  Héctor Cruzatt

Hace una semana, el ex militar decidió entregar una serie de antecedentes al ministro Alejandro Solís para aclarar su real participación en el asesinato del matrimonio de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Informe era desconocido incluso por su defensa y, según el brigadier, en retiro se mantuvo guardado hasta 2004 en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

La semana pasada, el brigadier en retiro Pedro Espinoza Bravo, recluido en el Penal Militar de Cordillera, pidió ser interrogado por el ministro de fuero Alejandro Solís para entregarle un importante antecedente sobre la participación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa Sofía Curthbert.

Espinoza, condenado a 10 años y un día de cárcel por el secuestro de la militante del MIR Diana Aron Svigilinsky y acusado por el doble homicidio del matrimonio Prats-Cuthbert entregó al magistrado una prueba que podría resultar clave en el proceso y que permaneció, según su versión, oculta hasta 2004 en los archivos de la Dirección Inteligencia del Ejército (DINE).

El documento era un oficio remitido por el entonces capitán Juan Morales Salgado al director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, fechado el 26 de junio de 1974, en el que se informan las labores de seguimiento y vigilancia a las actividades del ex comandante en jefe del Ejército en Buenos Aires, y que da cuenta al detalle de la residencia domicilio de Prats, su trabajo, y las amistades que frecuentaba.

Los detalles del documento sorprendieron a las hijas del general Prats y los abogados querellantes Pamela Pereira y Hernán Quezada, ya que además de la detallada cuenta de las actividades del matrimonio Prats-Cuthbert, había un croquis de la calle donde residía el matrimonio en calle Malabia 3359, tercer piso, incluyendo el lugar donde habitualmente el general en retiro estacionaba el auto Fiat 125 que fue hecho volar el 30 de septiembre de 1974 por el agente Michael Townley con una bomba adosada a su carrocería.

El documento revela que Morales Salgado cumplió una misión encomendada por Manuel Contreras para seguir al general Prats y su esposa y que seguramente esa información fue clave para cometer el atentado que costó la vida al ex jefe militar y su esposa.

La autenticidad del documento fue ratificada por Contreras, el coronel en retiro Juan Morales Salgado y el brigadier en retiro Pedro Espinoza Bravo, de acuerdo a la ronda de comprobaciones que realizó el ministro Alejandro Solís.

Además María Angélica Prats pidió al Ejército que de explicaciones a ella y sus hermanas, y al país, por mantener oculto un documento clave para el proceso y que permaneció, según la versión de Espinoza, guardado hasta hace tres años en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINE)

“Estamos impactados de ver un documento oficial del gobierno de Chile que da cuenta del seguimiento que se le hizo a mi padre en Buenos Aires, un documento oficial que ha estado en las oficinas del Ejército hasta el año 2004. El Ejército nos debe una explicación porque la justicia argentina y la justicia chilena han solicitado en numerosas oportunidades colaboración y estos estuvo oculto en sus oficinas”.

La abogada Pamela Pereira afirmó que con el documento se entrega una prueba irrefutable que hubo integrantes del Ejército que idearon un plan para asesinar a un ex comandante en jefe de la institución, lo que constituye un hecho gravísimo en la historia militar del país.

Asimismo la profesional advirtió que el Ejército debe responder por la seguridad del brigadier en retiro Espinoza Bravo, ya que con la fuga del general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, también acusado en el asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert, se está revelando un nueva estrategia de los violadores de derechos humanos de eludir la acción de la justicia. Pereira incluso planteó que hay cierto temor por la seguridad del brigadier Espinoza por la actitud de colaboración que está teniendo con la justicia.

Defensa desconoce documento

El abogado Jorge Balmaceda, que representa al brigadier en retiro Pedro Espinoza Bravo, aseguró que desconoce el documento y que sólo se enteró de su existencia por las revelaciones que le hizo la prensa, luego del procesamiento dictado por el ministro Solís.

Balmaceda afirmó que en el caso que el documento sea auténtico lo utilizará para solicitar que se anule el procesamiento dictado en contra del general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, que también representa, ya que inicialmente el jefe del Departamento Exterior de la DINA estaba acusado de realizar los seguimientos al general Carlos Prats.

“Si hay un documento que prueba que otra persona realizó los seguimientos al general Prats es claro que no hay ningún antecedente que ligue al general Iturriaga Neumann con este caso”, dijo el profesional a El Mostrador.cl, quien afirmó que hasta el momento sigue representando a los dos militares en retiro.

Iturriaga Neumann se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 11 de junio, cuando no se presentó a cumplir una condena a cinco años y un día de prisión por el secuestro calificado del mirista Luis Dagoberto San Martín.

El coronel en retiro Morales Salgado participó desde sus inicios en la DINA y fue guardaespaldas de Manuel Contreras Sepúlveda, lo que lo sindica como un oficial de la total confianza del ex jefe del organismo represor. En los días posteriores al golpe militar, participó en la represión en la zona de Constitución al ser parte del Regimiento de Artillería de Linares, por lo que fue procesado por el ministro Solís en 2002

Posteriormente, fue jefe del cuartel Simón Bolívar de la DINA, donde se torturó y asesinó a las diversas directivas del Partido Comunista en 1976, y que fue descubierto recientemente por el ministro Víctor Montiglio Rezzio en las indagaciones del denominado caso Calle Conferencia y además se encuentra involucrado en la muerte del cabo de la DINA Manuel Leyton Robles, posiblemente asesinado con gas sarín en marzo de 1977.