Procesamiento a general (R) del Ejército obliga a reabrir caso Prats
Encausamiento del ministro Alejandro Solís a Juan Morales Salgado fue decretado gracias a antecedentes aportados por un oficio que el brigadier (R) Pedro Espinoza consiguió en la Dirección de Inteligencia de la rama castrense, en el cual se detallan seguimientos al malogrado ex comandante en jefe del Ejército y su esposa en Buenos Aires.
El ministro de fuero Alejandro Solís procesó al coronel en retiro del Ejército Juan Morales Salgado por su participación en el homicidio del ex comandante en jefe de la institución Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.
El magistrado impugnó al ex oficial los delitos de asociación ilícita y doble homicidio agravado por el crimen ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.
Morales Salgado era el tercer miembro en la jerarquía de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al momento del crimen y, además, se encuentra acusado en el caso Calle Conferencia por Víctor Montiglio.
El encausamiento obligó a Solís a reabrir el sumario de la causa y paralizar el proceso de acusación en contra de los restantes agentes del organismo represor involucrados, según lo informó el abogado querellante Hernán Quezada.
La clave de la medida estuvo en un documento aportado por el brigadier en retiro de la misma rama de las Fuerzas Armadas Pedro Espinoza, en el que se da cuenta de los seguimientos de la DINA al general Prats antes del crimen.
El oficio fue enviado desde Buenos Aires por Morales Salgado a Manuel Contreras, por entonces director de la entidad, y detallaba todas las actividades del malogrado ex jefe castrense y hasta un bosquejo de un plano de su vivienda.
Según María Angélica Prats, hija del matrimonio asesinado, el documento permaneció guardado hasta 2004 en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y prueba que la rama se concertó para acabar con la vida de sus padres.
"Estamos impactado de ver un documento oficial del Gobierno de Chile, que da cuenta del seguimiento que se le hizo al general Prats, un documento oficial que da cuenta de donde vivía para definir donde se estacionaba Townley par detonar la bomba. Y ese documento ha estado en las oficinas del Ejército hasta 2004. Nosotros sentimos que el Ejército nos debe una explicación", dijo.
La también abogada querellante Pamela Pereira comentó que resulta indesmentible la participación de altos mandos institucionales, incluido el comandante en jefe Augusto Pinochet, en el homicidio.
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