El plan ha supuesto el rechazo de los líderes ambientalistas nacionales y extranjeros, como Boby Kennedy Jr, quien encabeza un lobby para impedir la construcción de las represas (ver entrevista en pág. 6).
La reforma al Código de Aguas, aprobada en julio de 2005 luego de 13 años de intenso lobby y debate parlamentario, estableció que todo caudal que no se utilice para obtener electricidad o para consumo debe ser cancelado a través de una patente. Como nada es gratis, se acordó que el Estado recibirá 300 megawatts en reposición a los derechos de agua solicitados. “La zona austral tiene siete años de gracia establecidos por la ley para las empresas”, cuenta el senador RN Antonio Horvath, uno de las pocos parlamentarios de la Alianza que no se opuso a la reforma.
LA DÉCADA DEL LOBBY
Corría 1998 y la reforma al Código de Aguas estaba en plena negociación parlamentaria. En ese entonces, Endesa tenía un 58,8% de los derechos de aguas sin usar (lo que equivale al caudal de dos veces el del río Baker); también otro 42% en trámite. Le seguía Colbún, con un 14,1,% sin uso, y un 19,1 en trámite.
El entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, fue enfático al señalar que no se podía aceptar que todo quedara como estaba. “No está bien y cada año que pase serán mayores los problemas, ya que el agua cada vez será más importante y cada vez más escasa. Uno de los dilemas es que “conseguir derechos de agua del Estado y mantenerlos en el tiempo, aunque sea sin uso, es gratis”.
La preocupación de Lagos se topaba con “la oposición política de la derecha. En 1997, los diputados de la UDI y RN fueron en masa al Tribunal Constitucional diciendo que el cobro de patente era ilegal. Se oponían porque lo veían como un atentado contra la propiedad”, señala un ex director de la Dirección General del Agua (DGA) que impulsó la reforma del Código de Aguas. “Víctor Pérez se opuso desde la Cámara de Diputados y Evelyn Matthei desde el Senado. Hernán Hochschild, ex presidente de Sonami, también se opuso, junto al Instituto Libertad y Desarrollo”.
Fuentes del Congreso confirmaron a LND que la gremialista sería la principal defensora de Endesa frente a la modificación al Código de Aguas. “Es evidente el lobby que la senadora desplegó. Es cosa de ver las diferentes indicaciones en los informes preparados por la comisiones del Senado”, afirma un parlamentario.
Consultada por LND, la senadora Matthei declinó referirse al tema, excusándose de hablar sobre la acusación en su contra. Sin embargo, un ministro sectorial asegura que quien propuso excluir del pago de la patente a la zona austral fue la senadora UDI.
Zarko Luksic, subsecretario del Trabajo, sostuvo en marzo de 2005 que “Endesa tuvo un lobby muy activo” durante la discusión de la reforma del Código de Aguas.
EL NEGOCIO ESPECULATIVO
Qué habrá motivado a Endesa a concentrar tantos derechos de agua en nuestro país es una pregunta que, para muchos, tiene una respuesta clara. Un ex director de la DGA asegura que “simplemente buscaba tener toda el agua y no construir. Así, cuando hay menos oferta y más demanda de energía, los precios suben”.
Y mal no le ha ido a la eléctrica. En 2006, las lluvias y la alta demanda ayudaron a que las empresas dispararan sus utilidades. Enersis ganó 530 millones de dólares, mientras que Endesa Chile hizo lo propio con 351 millones. Chilectra, en tanto, registró ganancias por unos 430 millones. El negocio es cada vez más auspicioso.
Los abogados ambientalistas Álex Quevedo y Lorenzo Soto están estudiando la posible irregularidad de los derechos de los ríos Baker y Pascua adquiridos por Endesa durante su privatización. De confirmarse, no descartan realizar impugnaciones al proceso de adjudicación. “La empresa se vendió con todos sus activos, incluyendo los derechos de aguas, que son bienes nacionales de uso público. La pregunta es si al transferirse estos derechos no se produce la violación de la Constitución y el Código de Aguas. Creo que sí, y eso constituiría una irregularidad”, advierte Soto.
Según un ejecutivo de Enersis, Endesa se privatizó con los derechos que tenía la empresa cuando era estatal. “No hubo separación con los otros activos y en el precio de la privatización se pagó como un activo más. Eso consta en los balances financieros de la época”.
Para un importante ministro sectorial, Endesa no sólo se quedó con buena parte de los derechos de aguas, sino que con “toda la información hidrológica relevante del país. El Estado debió sacar los derechos de aguas antes de la privatización, y no entregar más derechos, o entregarlos a aquellos que quisieran hacer proyectos de verdad”.
Gustavo Manríquez, director de la DGA entre 1990 y 1994, explica que Endesa estatal construía sus propias mediciones de aguas, de manera de llevar un mejor control. “Esas mediciones se las entregaron a la Endesa privada y ahora no la sueltan. Tienen información privilegiada. Cuando estaba en la dirección, le pedimos a Endesa que entregara los datos, pero nos dijeron que eso tenía un precio”, denuncia.
Para el economista de la Universidad de Chile Andrés Gómez-López, la privatización de Endesa con todos los derechos de aguas y los estudios técnicos de los proyectos hidroeléctricos fue extremadamente desafortunado. “Esto, más el control de la infraestructura de transmisión en el Servicio Interconectado Central, constituyó un perjuicio para la competencia durante los años ’90”, sentencia el especialista.
ÚNICA, GRANDE Y NUESTRA
La hidroeléctrica siempre fue el segundo sueldo del país, después de Codelco, por su liderazgo indiscutible en materias de electrificación desde 1943. Por lo mismo, se le daba el carácter de empresa estratégica y ni siquiera los uniformados estaban muy convencidos de la maniobra privatizadora, que empezó en 1978. “Endesa fue el gran puntal del desarrollo del país. Por eso los militares no querían privatizarla. Siempre entendieron que era una empresa clave”, sostiene un ex alto personero de la empresa.
La interpretación por parte de los directivos era clara: reducir altos costos de infraestructura. Sin embargo, las decisiones finales nuevamente provinieron del equipo económico dirigido por el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi.
La estrategia de Pinochet de poner a castrenses en el directorio de la eléctrica no sirvió de mucho, como al general del Ejército Jaime Concha Pantoja, involucrado en el caso de tráfico de armas a Croacia. Tampoco tuvieron éxito los brigadieres (R) Bruno Siebert y su subsecretario, Patricio Díaz. Este último fue director de la filial de Famae, Arcomex, hasta el 2004 y procesado por Caravana de la Muerte.
A finales de los ’80, Endesa contaba con más de la mitad de la producción y distribución eléctrica, además de la mayoría de derechos de aprovechamientos de aguas para generación. Desde Enersis –otra hidroeléctrica, anteriormente conocida como Chilmetro, privatizada en 1987–, el empresario José Yuraszeck armaba un completo plan de adquisición de acciones, en el cual se contabilizaban como activos el traspaso de los codiciados derechos de aguas.
EL ASCENSO DEL TUCÁN
La llegada de Yuraszeck a los directorios de las principales hidroeléctricas del país se remonta a los primeros años de la dictadura. Su inicio profesional se gestó gracias al fallecido “Chicago Boy” Miguel Kast –hermano del diputado UDI José Antonio Kast–, quien lo llevó a Odeplan como seremi en la XI Región. Las vueltas de la vida mostrarán más tarde su ascenso como subdirector del mismo órgano estatal, en donde cultivó las confianzas necesarias con el reducido número de empresarios, para luego convertirse en el amo y señor de las aguas territoriales de Chile.
“Enersis comenzó a comprar acciones de Endesa a finales del año 1989, cuando ya estaba privatizada. El 91% de las acciones de la empresa fueron compradas durante el Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin”, afirma Yuraszeck.
Sin embargo, hasta el 23 de diciembre de 1988, el 20% de las acciones de Endesa aún pertenecían al Estado. “Entre los activos de Endesa estaban los derechos de aguas en una serie de cuencas”, afirma Yuraszeck, y luego fueron traspasados como activos en un valor difícil de calcular por la escasez de mercado y las diferencias de precio ante la abundancia de un recurso poco explotado en las zonas extremas del país.
A comienzos de ese mismo año, la participación de la estatal ascendía a más del 75%, junto con los propios trabajadores de la empresa (8%) y las incipientes ganas de las AFP por ingresar al popular staff de accionistas de la eléctrica. Reducida la participación de los trabajadores al 1,6% en 1995, hoy la situación patrimonial de Endesa está compuesta por un 60% de Enersis y un 21% de las AFP.
El de Endesa es uno de los casos de privatización más dudosos y con pésimos resultados para las arcas estatales, avaluados por la Contraloría en alrededor de mil millones de dólares en pérdidas a principios de los ’90.
Una vez en el directorio de Endesa, en 1990, Yuraszeck y Piñera iniciaron una campaña de externalización de la empresa con provechosos resultados, invirtiendo en potentes zonas eléctricas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, lo que explica las crecientes utilidades del año pasado. Junto con esto, la adquisición de Endesa por parte de Yuraszeck a través de las sociedades Las Chispas (Chispa 1 y 2, Luz y Fuerza, Los Almendros y Luz) significó uno de los escándalos más bullados del decenio pasado, cuando finalmente Endesa pasó a manos españolas en una transacción en la cual sus utilidades alcanzaron 500 millones de dólares para los principales accionistas de la sociedad, entre ellos el ex Odeplan.
EN LAS CUERDAS
Actualmente, Endesa está siendo acusada de prácticas monopólicas por parte de las sociedades ganaderas de la XI Región y por empresas que quieren ingresar al sector hidroeléctrico. La sociedad HidroAysén, a través de la cual se realizaría el proyecto de las represas en los ríos Pascua y Baker, tiene al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estudiando desde comienzos del 2006 la situación. No es para menos si se considera que, según la DGA, Endesa acapara el 98% de los caudales en Aysén, y unida a Colbún, el riesgo de monopolio sería inminente.
Mientras, la transnacional minera suiza Xstrata –ex Falconbridge– ya sufrió los efectos de querer ingresar a un mercado tomado por Endesa. Los temores de la competencia alertaron a la Fiscalía Nacional Económica. Ésta sugirió al tribunal que si aprueba el proyecto Aysén, Endesa y Colbún deberán renunciar a los derechos de aguas que actualmente tramitan en la zona. En ese caso, la guerra del agua tendría una tregua sin referentes para Endesa: no podrá solicitar nuevos derechos con fines hidroeléctricos. LND
