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Centros Chilenos en el Exterior

Derechos Humanos

DENUNCIAN PRIVILEGIOS OTORGADOS A REPRESORES

Corte chilena rechaza entregar identidad de torturadores de la dictadura

El senador socialista Alejandro Navarro y el abogado Hugo Gutiérrez denunciaron hoy ante la Corte Suprema los privilegios que disfrutan ex militares condenados a prisión por crímenes cometidos durante la dictadura

Comidas servidas por mozos, gimnasios, internet y un extenso horario de visitas son algunas de las garantías que poseen los uniformados recluidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, un enclave especialmente remodelado para acoger a los represores, dijeron.

Los denunciantes pidieron a la Corte Suprema para que ordene revertir las "condiciones envidiables" en que cumplen prisión preventiva los militares que se vieron involucrados en violaciones a los derechos humanos y otras causas.

Entre los privilegios figuran: tres comidas diarias servidas por un mozo,horario de visitas entre las 09:00 y las 22:00 horas, chequeo diario por parte de un enfermero, gimnasio, Internet, teléfono libre a red fija, periódicos, comidas especiales y vajillas de lujo.

Naranjo y Gutiérrez acompañaron su denuncia con el documento denominado "Instructivo y disposiciones para el personal en situación especial", firmado por un coronel, que establece estas "condiciones envidiables" de reclusión.

Los denunciantes señalaron que esta situación constituye una afrenta ante el principio de igualdad ante la ley y por ello entregaron los antecedentes al presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, para que disponga una investigación.

Gobierno chileno en “grupo de presión” pro Convención de Desaparecidos

Gobierno chileno en “grupo de presión” pro Convención de Desaparecidos

PROPUESTA SE PRESENTÓ DURANTE PRIMERA SESIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE DDHH DE NACIONES UNIDAS

Junto a Argentina, Bélgica, Francia, España y México, Chile forma parte de un equipo especial para promover la aprobación del proyecto, que podría ser votado antes de fin de mes. Paulina Veloso, ministra Secretaria General de la Presidencia chilena, defendió la iniciativa en la ONU y agradeció el apoyo internacional en la lucha contra la dictadura.

Por Juan Gasparini
La Nación

Foto: Paulina Veloso, ministra Secretaria General de la Presidencia y representante chilena al Consejo de DDHH de la ONU, que comenzó a sesionar ayer en Ginebra.

Ginebra.-“Ver nacer esta Convención (contra la desaparición forzada de personas) sería un gran éxito”. Así resumió ayer la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, la opinión chilena sobre este sensible tema y que motivó a nuestro país a apuntar su nombre en el llamado “grupo de presión” que intentará lograr la aprobación de este acuerdo. Todo esto, en el marco de la primera sesión del flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra.

Además de Chile, Argentina, Bélgica, Francia, España y México formarán parte de este selecto grupo que consideran vital la existencia de la Convención sobre Desapariciones.

Veloso asistió al nacimiento del CDH agradeciendo a la comunidad internacional el apoyo en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet.

En lenguaje diplomático rindió homenaje al “importante trabajo de relatores especiales y expertos independientes, que fueron decisivos para que nuestro país superara un período oscuro de su historia, cuando la democracia chilena fue interrumpida abruptamente y se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Pese a no integrar el consejo, Chile abogó para que la próxima semana se apruebe el proyecto de una Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, y que se mandate a un grupo de expertos, cuya misión será la de negociar un protocolo que comprometa a los Estados a reforzar los mecanismos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes del planeta.

Veloso explicó que el asunto tiene “enorme importancia” para nuestro país, que

sufrió la tragedia de las desapariciones durante la dictadura militar.

Asimismo, el canciller argentino Jorge Taiana, destacó los aportes de la propuesta presentada, “que declara como crimen de lesa humanidad” la desaparición forzada de personas y establece “la jurisdicción universal para los responsables”. Ello haría posible su detención y procesamiento en terceros países y no sólo en el de origen o donde se cometió el crimen.

En tanto, la vicecanciller para Asuntos Multilaterales de México, María del Refugio González, destacó que el nuevo instrumento jurídico se propone “llenar lagunas” y tiene una mayor precisión “técnica y jurídica”

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Philippe Douste Blazy, explicó que el “grupo de presión” presentará formalmente al CDH el proyecto de Convención con la intención de que sea adoptada en su actual sesión, que concluye el próximo 30 de junio.

El CDH comenzó a trabajar ayer con la presión de demostrar que puede hacerlo mejor que su desacreditado predecesor. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se eviten los señalamientos y las peleas que obstaculizaron el trabajo de la desarticulada Comisión de Derechos Humanos.

“Este consejo representa una importante nueva oportunidad para las Naciones Unidas y para la humanidad para que renueve la lucha en favor de los derechos humanos. Les imploro que no dejen que esta oportunidad se desperdicie”, pidió Annan.


EN BUSCA DE LEGITIMIDAD

Integrado por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, este consejo se pone en marcha reemplazando a la abolida Comisión de Derechos Humanos.

El nuevo organismo busca más legitimidad que su predecesor. A tal efecto inspeccionará periódicamente y de manera obligatoria a los 192 países del sistema onusiano, pretendiendo una mayor jerarquía, similar a la del Consejo de Seguridad. Tendrá un carácter permanente, reuniéndose tres veces al año durante un total de 10 semanas. Actuará de común acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la canadiense, Louise Arbour, quien vió duplicar su presupuesto.

Entre los 47 miembros actuales no se encuentra Estados Unidos, que en el marzo votó en contra de la creación del Consejo pues, según sus autoridades, los cambios realizados no son suficientes.

Información general de la Agrupación Ex Menores

Santiago, 13 de junio de 2006

Estimados y estimadas,


Después de un largo silencio, la Agrupación de Ex Menores se vuelve a comunicar con todos ustedes.

Como muchos de ustedes sabrán, porque les han llegado varios y variados correos electrónicos, la Agrupación de Ex Menores de Santiago tuvo durante el mes de mayo una crisis grave de la cual sólo vamos a hablar en la próxima Asamblea, ya que no nos parece seguir alimentando rumores que van y vienen y que sólo contribuyen a sembrar la cizaña y la desconfianza entre nosotros mismos.

Aclarado este punto, paso a comunicarles todas las gestiones que la Agrupación ha hecho durante estos silenciosos meses de trabajo.

Como habíamos acordado en la Asamblea del día domingo 9 de abril, solicitamos audiencia ante la Presidenta Michelle Bachelet y ante la señora Paulina Veloso, de la Subsecretaría General de Gobierno, para plantearle nuestras demandas en torno a los temas de verdad, justicia y reparación integral. Como tema prioritario a abordar, estaba el tema de la posibilidad de que el actual gobierno creara una nueva Comisión sobre Prisión Política y Tortura para las víctimas que se encuentran sin reconocimiento.

Á partir de esta petición, fuimos convocados por la Presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de la Personas, señora Marta de la Fuente, a petición de la señora Paulina Veloso, para conocer nuestras demandas. Esta reunión se llevó a cabo el día 27 de abril, con la presencia de delegados de las regiones de Valparaíso, Temuco, Chillán y Santiago. En esta reunión se hizo énfasis en la cantidad de personas que siendo menores de edad, fueron detenidas y torturadas, y que hoy se encuentran sin poder ejercer su derecho a la reparación integral. Se solicitó formalmente la creación de una nueva Comisión sobre Prisión Política y Tortura para reconocer a quienes hoy se encuentran excluidos, y se pidió que se nos entregara una respuesta por escrito a nuestras demandas.

El día domingo 07 de mayo hubo una asamblea en Santiago, con la asistencia mayoritaria de delegados regionales, en las que la Agrupación de Santiago tuvo una crisis sobre la cual por el momento no vamos a hablar vía correo electrónico, y sólo se informará brevemente en la próxima asamblea.

Como consecuencia de esta crisis, les advertimos que ya no tenemos acceso al antiguo correo de la agrupación (exmenores@gmail.com), ya que éste o fue hackeado o algún miembro de la agrupación le cambió la clave.

Fuera de lamentar este hecho, les contamos que el nuevo correo de la agrupación es agrupexmenores@amnistia.cl  Este correo va a ser revisado periódicamente, según nuestras modestas posibilidades.

El día miércoles 10 de mayo nos reunimos con la Asociación de Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra y de visita oficial en Chile, para plantearles nuestras demandas de verdad, justicia y reparación integral. En esta reunión, también estuvo presente el destacado profesor Theo van Boven, fundador del Comité contra la Tortura, quien se mostró interesado en el trabajo realizado.

La APT se comprometió en esa ocasión a transmitir nuestras demandas al gobierno de Chile, e integrar nuestro tema a su informe oficial a entregar en Ginebra.

El día 27 de mayo llegó la respuesta oficial de la señora Marta de la Fuente, con quien nos reunimos a petición de la señora Paulina Veloso. En la carta que nos envió, nos plantea que están estudiando en el gobierno la posibilidad de crear una nueva comisión de reparación para víctimas de prisión política y tortura. Nos planteó también que el tema se va a empezar a trabajar después de que la Presidenta haya cumplido con las 36 medidas de los primeros cien días de su gobierno.

El día 01 de junio nos reunimos también con la delegación presente en Chile del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para tratar los mismos temas, y hacer las mismas solicitudes.

Esas son las gestiones que la Agrupación de Ex Menores ha hecho en Santiago durante estos meses, para lograr el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas de tortura excluidas del Informe Valech.

Por otra parte, les informamos que a la fecha se han realizado todos los encuentros regionales por la memoria, en las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Chiilán y Temuco.

Actualmente, nos encontramos organizando el Encuentro Nacional de Víctimas de Tortura por la Memoria, a realizarse los días 24 y 25 de junio en el Canelo de Nos. La participación en este encuentro es gratuita, pero quienes quieran participar, deben postular, ya que los cupos son limitados.

La postulación se realizará solicitando una ficha de inscripción al correo electrónico agrupexmenores@amnistia.cl Las comisiones y agrupaciones de Antofagasta, Chillán, Valparaíso y Temuco deben proponer su listado como región, llenando también las fichas de sus postulantes. 

Además, les avisamos que Valparaíso ha avanzado exitosamente en la organización del Primer Seminario sobre tortura de niños y niñas. Cuentan ya con un programa confirmado, y las inscripciones están abiertas. Comunicarse con exmenoresvalpo@gmail.com

Esperando que esta crisis nos sirva para crecer como agrupación, y para volver a centrarnos en los objetivos que nos unen, les convocamos a una asamblea el día domingo 18 de mayo a las 16:00 horas en Casa América, ubicada en Hurtado Rodríguez 382. Esta es una asamblea sólo para la gente de Santiago, ya que las demás regiones funcionan adecuadamente en sus propias dinámicas.

Tabla de la reunión: Información sobre las gestiones realizadas ante el gobierno y pasos a seguir en adelante.

Actividades en torno a la Conmemoración del Día Internacional de Apoyo a Víctimas de Tortura Información sobre Encuentro Nacional y Seminario Varios

Se despide afectuosamente, Jaime Fuentes Contreras – Ana Cortez Salas – Carlos Borquez Wilson.
Agrupación de Ex Menores Región Metropolitana.

Agrupación de Ex Menores de Edad
Víctimas de Prisión Política y Tortura
agrupexmenores@amnistia.cl

La historia del primer trabajador con VIH/sida que derrotó la discriminación

La historia del primer trabajador con VIH/sida que derrotó la discriminación

Justicia condenó a sus ex empleadores por presionarlo a hacerse el test de Elisa

Foto: Andrés no está conforme. Cree que la multa es una burla. “¿De qué indemnización me hablan? La cifra da risa. Me reconforta que haya un precedente contra la discriminación, pero siento que hice un show. Como siempre, triunfaron los poderosos”, dice. 

Andrés es pastelero. Lo suyo es la cocina. Y lo hacía bien. Hasta que un rumor puso en peligro el negocio de sus jefes. No podían trabajar con un “sidoso”, dijeron ellos. Entonces, el “sidoso” los llevó a tribunales y sentó un precedente histórico en favor de quienes son segregados por vivir con el virus de inmunodeficiencia.

La Nacion

Por Frnacisco Ramírez

Andrés asegura que nunca imaginó que viviría una historia así. Dice que siempre fue reservado y cuidadoso. Que nunca dio motivos para ser calificado de mal empleado. Al contrario, sólo meses después de ser contratado como pastelero, fue ascendido a jefe de área y destacó por mantener buenas relaciones laborales. Pero un rumor que lo apuntaba como portador del virus VIH y la persecución de sus empleadores terminaron por estropearlo todo. “Me mataron laboralmente”, dice, escondiendo su verdadero nombre.

Todo empezó cuando una compañera de trabajo abrió casualmente su agenda y encontró un examen de sangre. No era el test de Elisa, pero la trabajadora se quedó con la primera impresión de lo que vio. “Ella leyó la palabra ‘positivo’ y sacó sus propias conclusiones. Le hizo un comentario al jefe de cocina y él fue a hablar directamente con el administrador. De mi boca nunca salió nada”, cuenta Andrés.

Nadie le comentó el episodio. Sin embargo, sus jefes le informaron de ciertos rumores y de lo importante que era que Andrés los sepultara de un plumazo. ¿Cómo? Practicándose el test de Elisa. “No fue una recomendación, fue una presión. Nunca fue por la buena. Yo les pregunté por qué. Me respondieron que era por mi bien. ¿Mi bien? Ellos querían quedarse tranquilos porque sabían que el tema podía afectar el negocio”.

Incluso, cuenta que lo “animaron” a hacerse el test con plata de por medio. “Me dijeron ‘te apostamos tres veces tu sueldo a que no tienes nada’. Lo sentí como un chantaje. Les dije que esto no era un juego y que era ilegal que me lo exigieran”.

El tema no afectó el negocio. No pasó lo mismo con la vida de Andrés.

“Sé porqué lo hacen”

El 23 de octubre de 2003, entró a la pastelería de la empresa Comercial Franco Andesa Limitada (Cofra), concesionaria en el rubro “Restaurant, casino y producción de banquetes y eventos” del exclusivo Club de Polo y Equitación San Cristóbal. El turno empezaba a las 16 horas, pero no alcanzó a cambiarse de ropa. Los directores de la empresa, Yann Marcel Yvin y Álvaro Parada Rojas, lo esperaban. “Sabía a lo que iba”, relata.

Sobre el escritorio, estaba la carta de despido y el finiquito.

- Aquí están tu cheque e indemnización. No sigues. Los papeles fueron enviados a la Inspección del Trabajo. Todo está en regla. Te recomendamos que firmes, le dijo Parada.

Yvin no intervino. Tras venderle parte de sus acciones, su socio controlaba la empresa. Al día siguiente, se firmó contrato para renovar indefinidamente la concesión. La piedra de toque -nunca explícita- era la permanencia del pastelero.

-“No, gracias. Quédese con el cheque”, respondió. “No lo quiero. Me voy por la puerta ancha... como llegué. No me echan por ladrón o mal trabajador. Sé porqué lo hacen. Pero esto no termina aquí. Nos vemos en tribunales”.

Parada no entendió. Repuso que el Código del Trabajo en su artículo 161 permitía despedir por “necesidades de la empresa” y así lo argumentaron en los documentos.

-¿Qué harás? No tienes nada a tu favor.

- Se equivoca. Una ley me protege.

- ¿De qué hablas?

- Lo sabrá en tribunales...

- Demándanos si quieres. Pero el Club tiene un excelente bufete de abogados. Son muy poderosos, créeme.

Andrés hizo caso omiso de la “recomendación” de su ex jefe y demandó a la empresa y el club, convirtiéndose en el primer civil portador de VIH/sida que enfrentó judicialmente a sus empleadores. Y les ganó.

Pero la pelea no fue fácil. A medida que las peticiones del test eran más frecuentes, su ánimo se deterioró. Y mucho. Sentirse todo el tiempo cuestionado le provocó depresión. En septiembre de 2002 se le diagnosticós “transtorno adaptativo”.

“Mi vida profesional se vio truncada. Empecé a buscar trabajo y me di cuenta que mi tema fue divulgado. El rubro gastronómico es chico, todos se conocen. Me decían: ‘ah, usted es el pastelero del Club de Polo...’. Ahí me cerraban la puerta”, cuenta.

Durante las dos semanas de licencia, se encerró en sí mismo y descuidó su alimentación y aseo. Tocó fondo una tarde en que quiso tirarse del quinto piso de su departamento, pero detenido por su primo, con quien vivía.

LOS ILÍCITOS

Meses atrás, Andrés se había acercado a Vivo Positivo. El encargado jurídico de esa agrupación, Vasili Deliyanis, le recomendó no intimidarse ya que la legislación prohibía despedir a un trabajador por negarse al test. Deliyanis fue incluso a reclamar al club. “Me contó la conversación. Le dijeron que no trabajarían con un ‘sidoso’ porque no estaban dispuestos a que saliera un postre con sangre y matara a los socios”, asegura Andrés.

Tras su despido, Vivo Positivo y la Clínica de Acciones de Interés Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, por medio de los abogados Samuel Buzeta y Domingo Lovera, entablaron una demanda indemnizatoria por daño moral de 100 millones contra el club y Cofra en el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.

En agosto de 2005 la jueza Cecilia Villarroel eximió de responsabilidad al club por no ser empleador directo, pero multó a Cofra con 20 millones de pesos por violar la ley 19.779 (conocida como ley del Sida) en su artículo 5º que establece la “confidencialidad y voluntariedad” del examen de VIH y el 7º que prohíbe se condicione la contratación o renovación contractual, permanencia laboral o ascenso, a sus resultados o exigencia.

“¿Mi dolor vale dos millones?

Cofra recurrió a la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el 16 de mayo la segunda sala dictó una sentencia histórica: ratificó la primera condena contra una empresa privada por discriminar a un trabajador con VIH/sida.

¿Una condena ejemplificadora? No del todo. La misma Corte rebajó a 2 millones de pesos la multa. La defensa del trabajador elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema por considerar que el resarcimiento económico resultaba insuficiente, considerando además que se había violado la confidencialidad de sus antecedentes médicos al difundirse verbalmente su condición en la empresa.

Andrés no está conforme. Cree que la multa es una burla. “¿De qué indemnización me hablan? Si así debía pagar Cofra, la cifra da risa. Me reconforta que haya un precedente contra la discriminación, pero siento que hice un show. Como siempre, triunfaron los poderosos. ¿De qué sirvió todo lo que luché? ¿Mi dolor vale dos millones? Parece que uno tiene que matarse o ser declarado loco para que la justicia reaccione”.

El presente laboral de Andrés tampoco lo tranquiliza. “Afortunadamente, en mi lugar de trabajo nadie sabe nada. Pero me siento con tejado de vidrio. Sé que en cualquier momento un llamado telefónico me puede dejar en la calle”.

El administrador general de Cofra, Franco Montecinos, declinó pronunciarse sobre el caso. “Nosotros no daremos ningún comentario hasta que termine el proceso. Tras el resultado de la Corte Suprema, emitiremos un comunicado público”, dijo a La Nación. Sin evadir las consultas, recalcó que la controversia judicial no afecta el funcionamiento de la empresa ni a sus trabajadores. “Es un caso muy aparte y llevado exclusivamente por los propietarios y el abogado”.

Andrés, el primer civil que logró un pronunciamiento condenatorio de los tribunales por transgredir la ley de Prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana, fue diagnosticado portador de VIH/sida el 23 de diciembre de 1999. LN

 

LA TORTURA ES EL TRABAJO SUCIO DE CARABINEROS EN EL SUR DEL PAIS

LA TORTURA ES EL TRABAJO SUCIO DE CARABINEROS EN EL SUR DEL PAIS

EX CABO DE CARABINEROS, JULIO PINO UBILLA, DESDE INGLATERRA:

Foto: Canal13.cl

"¿Torturas? es el trabajo sucio que nos toca hacer en el sur."


  El reciente caso de los jóvenes comuneros torturados en Ercilla no es aislado en la zona mapuche. Tampoco es novedad para Carabineros, por más que el Jefe de la IX Zona Policial se haya apresurado en descartar, de manera "tajante", cualquier abuso de sus funcionarios contra los detenidos. "La ciudadanía por suerte nos conoce", señaló el alto oficial.
Si hay alguien que si los conoce, es el ex funcionario de Carabineros Julio Pino Ubilla, a quien se entrevistó desde Newcastle.

  Fuente Periodico AZKINTUWE
  
  Por Pedro CAYUQUEO - Sábado 20 de Mayo de 2006
  
  TEMUCO / El pasado viernes, acompañados del werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, tres jóvenes mapuches interpusieron en la Corte de Apelaciones de Temuco una querella criminal contra Carabineros por "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes". Se trató de Felipe Cayul Huenchullan (20), Henry Queipul Morales (18)y Jorge Huenchullan (29), quienes el pasado jueves 11 de mayo fueron detenidos por efectivos de fuerzas Especiales de Carabineros en un camino rural de la comuna de Ercilla, distante unos 90 kilómetros al norte de la capital regional, y brutalmente golpeados, tal como lo constataron sendos informes médicos y las propias imágenes de los noticieros de TV que dieron cuenta del operativo.
  
  Según la versión policial, los tres jóvenes habrían formado parte de un grupo de encapuchados que atacó un piquete de Fuerzas Especiales que se movilizaba en un bus institucional, en las inmediaciones del fundo Montenegro, propiedad del particular Rene Urban, uno de los 42 fundos de la región que cuenta con protección policial las 24 horas del día por orden del Ministerio Público. Producto de estos incidentes y en el marco de la respuesta policial al ataque, se habría procedido a efectuar las detenciones de los tres jóvenes mapuches, precisó el comisario de Carabineros de Collipulli, capitán Eduardo Berríos.
  
  Una versión distinta es la que manifiestan los afectados. Jorge Huenchullán, uno de los tres jóvenes que denuncia los atropellos, relata que los hechos ocurrieron el pasado jueves alrededor de las 14 horas, mientras transitaba junto a su hermano y cuñado de regreso a la casa de sus padres que residen en el predio Santa Elisa, a unos 2 kilómetros de Temucuicui. Al transitar por el camino público del lugar, fueron abordados por personal policial apostados en las inmediaciones, quienes los detuvieron violentamente, acusándolos de ser prófugos de la justicia.  "Necesariamente teníamos que pasar por ese camino y Carabineros que tiene un puesto allí insistía en que éramos buscados. Nosotros seguimos caminando y nos siguieron al interior de la comunidad. Así primero nos dispararon, nos detuvieron, nos llevaron amarrados y nos subieron a la micro y ahí nos castigaron. Nos castigaron como dos horas. Después llegó Carabineros de Ercilla y nos cambiaron de carros policiales y de ahí nos llevaron a la ciudad de Collipulli" relató Huenchullán.
  
  En poder de Carabineros, los jóvenes fueron golpeados y torturados.

Lo muestran las piernas del propio Huenchullán, plagada de moretones y heridas diversas, así como su rostro, que presenta una herida en el ojo izquierdo, producto de un culatazo. "Aquí me dieron un culatazo de escopeta que me llegó a hacer saltar la sangre... Llegué a constatar lesiones al Servicio Medico Legal de Angol y se me fotografió todo el cuerpo, porque estoy lleno de moretones y hematomas. Incluso el doctor me dijo, pero como pueden hacer esto con ustedes... son como los peores tiempos de la dictadura, eso nos dijo", relata el joven.
  
  Paradójicamente, los tres jóvenes fueron acusados de "agresión a Carabineros" por lo que fueron llevados a la Fiscalía Militar, donde finalmente fueron dejados en libertad por falta de méritos. La Fiscalía de Collipulli, sin embargo, los acusó de "daño a la propiedad", siendo formalizados por dichos cargos. Cinco días permanecieron detenidos y hoy buscan que se haga justicia. "La querella tiene por objeto que ante la justicia, la policía uniformada responda del por qué del accionar violento de sus funcionarios, del por qué detienen a personas en forma ilegal, por qué se les dispara sin haber agresión", señalan.
  
  No solo eso. También esperan que el alto mando de la institución policial muestre las "armas" que se informó portaban al momento de ser arrestados, las capuchas que la policía informó andaban usando, que muestren ante los medios de comunicación el vehículo policial que habría sufrido serios daños tras el supuesto ataque y, finalmente, que se den a conocer las identidades del personal policial que habría sido herido en el ataque y se muestren las heridas que dijeron les habían provocado los tres jóvenes. Se trata de peticiones razonables, ajustadas al derecho de cualquier detenido, pero que dudan puedan ser finalmente satisfechas.

  Negra historia policial
  
  El caso de los jóvenes comuneros de Ercilla no es aislado en la zona mapuche. Tampoco es novedad para Carabineros, por más que el Jefe de la IX Zona Policial se haya apresurado en descartar, "de manera tajante", cualquier abuso de sus funcionarios contra los detenidos. "La ciudadanía por suerte nos conoce", señaló el General, restando de esta forma validez a las denuncias del werken Aucán Huilcamán. Si hay alguien que si los conoce, ese es el ex funcionario de Carabineros Julio Pino Ubilla, quien actualmente reside en la ciudad de Newcastle, Inglaterra, mientras espera como peticionante de refugio político la resolución final de un largo proceso judicial (Ver nota aparte).
  
  Desde fines del año 2002, Pino Ubilla se encuentra en suelo británico, tras huir de Chile luego de recibir sendas amenazas de muerte por parte de oficiales de Carabineros ¿La razón? La férrea oposición del funcionario policial a seguir silenciando los constantes abusos y malos tratos contra detenidos que le tocó presenciar y conocer de oídas en los cuarteles policiales donde prestaba servicios. Perseguido por sus ex compañeros de armas, el cabo escapó junto a su esposa, también ex funcionaria policial, rumbo a Inglaterra, siendo acogida en agosto del año 2003 una petición de refugio político presentada por ambos ante la Corte de Inmigración inglesa.  A casi tres años de su llegada a Inglaterra, Pino intenta con dificultades rehacer su vida, mientras espera una resolución judicial que le permita trabajar con normalidad, así como acceder plenamente a los beneficios de su condición de refugiado político. Su historia es atípica. No se trata de un perseguido por razones políticas, religiosas o étnicas. Lo persiguen por no callar, por intentar decir la verdad respecto del funcionamiento interno de una institución policial que heredó de la dictadura militar no solo su perfil militarizado, sino además conductas que atentan contra los derechos humanos y las libertades civiles de cientos de ciudadanos al año, tal como aún consignan informes de Amnesty International o la propia Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

  La siguiente es una entrevista exclusiva -vía correo electrónico-,  sostenida con el ex funcionario policial desde la ciudad de Newcastle, al norte de Inglaterra.
  
  ¿Julio, qué te parecen las nuevas denuncias contra Carabineros en la zona de conflicto mapuche?
  
  Bueno, para ser sincero, ninguna novedad. Es el pan de cada día, siempre está pasando lo mismo pero nadie hace nada al respecto, menos el gobierno que es cómplice de estos abusos. Siempre leo los diarios independientes o regionales por Internet y siempre se están denunciando este tipos de hechos. La tortura continúa en democracia, pero de manera un poco más sofisticada, de manera de no dejar evidencias físicas. Y esto no pasa solo con el pueblo mapuche, pasa en las poblaciones y con los homosexuales, con los vendedores ambulantes, con la gente de bajos estratos económicos, decenas de casos donde muchas veces la gente no se atreve a denunciar y si lo hacen son víctimas de represalias.

  ¿No se atreven por temor a quién o a quiénes?..
  
  A los propios uniformados. Es que en Chile no existe un sistema seguro para denunciar los abusos de la policía. No existe una institución judicial que recoja estas denuncias, piensa que es hoy la propia fiscalia militar quien ve estos asuntos, y ellos son jueces y parte. Entonces, ¿a dónde vas a denunciar algo así? Tampoco existen instancias para que los propios funcionarios de Carabineros denuncien esta situación al interior de la institución, me refiero a denuncias sobre abusos que puedan ser ordenadas por los oficiales. Si tu denuncias a un funcionario de menor grado, por la falta que sea, es probable que sea sancionado y pueda ser dado de baja, retirado, pero cuando se trata de un oficial, no puedes hacerlo, porque es tu superior y tiene mando sobre ti. No puedes denunciar a un oficial sin recibir represalias y muchas veces son ellos quienes ordenan los abusos. No estoy justificando a los funcionarios, pero mi experiencia me dice que muchos de ellos son presionados por los mandos para reprimir duramente.

  Tú opinión es que estos abusos están en conocimiento de los oficiales y que son aceptados e incluso promovidos por los mandos medios. Me refiero a tenientes, comisarios, mayores.. Obvio que es así. Es obvio que los mandos medios e incluso superiores tienen conocimiento de estos hechos. Acuérdate de la famosa frase militar de que "aquí no se mueve ningún papel sin mi conocimiento". Eso eso pasa también en Carabineros, ya que la institución tiene la herencia del Ejército, es por tanto una policía militarizada regida por viejos códigos de instituciones militares, más aun tras estar tantos años al servicio de una dictadura como ocurrió en Chile. No se trata de hechos aislados, de uno o dos funcionarios pasados de violentos o de uno o dos cuarteles acostumbrados a golpear. La tortura aun es una práctica al interior de Carabineros y no lo digo solo yo, que lo vi personalmente, sino también muchos informes que son silenciados.

  ¿Y qué ocurre con las denuncias que se realizan?...
  
  Cuando pasa algo grave, algo que es conocido por la opinión pública y genera un impacto, como la muerte de algún detenido en un cuartel o cosas así, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Caen uno o dos funcionarios, el alto mando lamenta los hechos, las autoridades dicen confiar en que las instituciones funcionan y santo remedio. Cuando hay una protesta como por ejemplo la de los escolares en el centro de Santiago, yo se que la orden de dispersarlos y reprimir duramente viene desde el gobierno y la bajan los oficiales. Pero si hay excesos, la culpa será de los Carabineros, de los funcionarios de menor grado. El perro culpa a la cola, en pocas palabras.
  
  Tu denunciaste el año 2003 que personal especializado era enviado desde Santiago a reprimir a las comunidades mapuches... ¿Ellos también tenían el mandato de sus altos mandos de torturar y abusar de los detenidos?
  
  No existen instructivos que digan: "ya, ustedes tienen la orden de torturar a tal o cual dirigente". Es una práctica que se realiza, pero que no está normada, porque los tratados internacionales y la legislación chilena lo prohíben. Pero el personal de fuerzas especiales que era enviado al sur era preparado, principalmente, para concurrir a zonas de conflicto violento y eran sometidos a un intenso programa de entrenamiento, donde además se les enseñaba dónde y cómo golpear a los detenidos, técnicas de tortura que aun hoy se enseñan en las instituciones armadas. "Lo que pasa en el servicio muere en el servicio", se nos decía, es como un tipo de pacto. Si ves algo malo, haces como si no lo viste. Además, abusar y torturar a muchos detenidos es aún el trabajo sucio que nos toca hacer en el sur y las órdenes siempre vienen de la superioridad.   

  ¿Qué piensas respecto de que los altos mandos siempre nieguen la existencia de abusos y atropellos a los detenidos mapuches?
  
  Yo tuve, cuando era alumno, instructores que nos levantaban todos los días y nos aporreaban duro. Y mi jefe de grupo era el General Jara Fernández. Pasábamos a las 1, 2 y 3 de la mañana por su jardín (vivía en la escuela en una casa fiscal) cantando en chalas y pijamas, a esa hora en invierno en Chiloé hace mucho frío y muchos compañeros se enfermaban. ¿Tú crees que el general decía algo al día siguiente? Entonces, si el permitía eso con los Carabineros alumnos, que estaban bajo su responsabilidad directa, qué mas podría pasar con los detenidos, sean o no mapuches. Los altos mandos son los reyes del cinismo en este tema.
  
  ¿Cuál es la imagen de los mapuches que tienen los uniformados de la policía en Chile?
  
  Muy mala. Hay racismo contra ellos. Incluso en las filas institucionales hay muchos descendientes de mapuches y ellos son víctimas de discriminación o burlas del resto, muchas veces por sus similares o superiores, pero como no existe ninguna manera segura de denunciar estos abusos, todo queda en la impunidad. La imagen que existe en general entre los Carabineros de la Región Metropolitana, donde yo trabaje, es como si los mapuches fueran de otro planeta y sus reivindicaciones no fueran justas ni tuvieran antecedentes históricos. Además hay aun tema de clase social. En los procedimientos donde nos toca participar, siempre, en el 95% de los casos, los oficiales nuestros están del lado donde está el dinero, los dueños de fundo, por ejemplo. Y todos ellos son gente pudiente, de clase media alta y como nuestros oficiales tienen delirios de grandeza, están de su parte y los defienden con todo, abusando de los
mapuches si es necesario.
  
  ¿Cómo era el comportamiento de los funcionarios de origen mapuche en la institución?
  
  Cuando yo estaba en la 3º Comisaría Santiago Central, había un carabinero de origen mapuche el cual era victima del Capitán Yerko Sáez Guerra, todo el tiempo lo discriminaba por su color de piel, su pelo, rasgos faciales, siempre lo sancionaba, humillaba, se burlaba de él ante el resto de los funcionarios. ¿Cómo crees entonces que será el comportamiento de un funcionario mapuche?... sumiso, porque los oficiales son amos y señores de la institución y si piensas lo contrario, toma mi caso personal como ejemplo de la impunidad que los rodea.
  
  ¿Qué opinas de los cursos que el gobierno está promoviendo al interior de Carabineros sobre   cultura mapuche? ¿Crees que eso sirva para mejorar la conducta de la policía?
  
  Me gustaría saber como esos cursos son impartidos, en qué tiempo, a qué hora. Los oficiales son muy creativos para dar charlas o dar cursos, ellos siempre eligen horarios muy especiales, como por ejemplo cuando estás saliente de servicio nocturno o entrante de servicio nocturno... ¿Tú crees cuando estás trasnochado podrías poner atención en esas condiciones o mostrar algo de interés? Es probable que muchos funcionarios deban asistir obligados y es posible que los cursos hayan sido impuestos por la presión de las autoridades civiles, para maquillar este asunto. Ojalá sirva de algo, aunque lo dudo .

Aparece primer vínculo entre misteriosa muerte de Eduardo Frei Montalva y la Colonia Dignidad

Aparece primer vínculo entre misteriosa muerte de Eduardo Frei Montalva y la Colonia Dignidad

Relaciones del doctor Hartmut Hopp con médicos que hicieron autopsia a ex Mandatario

El ministro Alejandro Madrid descubrió dos operaciones de inteligencia, llamadas “Olimpo” e “Yngecto”, que habrían sido el inicio de la producción de toxinas que terminaron con la vida de Frei.

Foto: El doctor Helmar Rosenberg, quien realizó la necropsia al ex Presidente Frei.

www.lanacion.cl

Jorge Molina Sanhueza

Uno de los primeros vínculos entre la Colonia Dignidad y la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva apareció en el proceso que sustancia el ministro Alejandro Madrid.

Este indicio surgió a raíz de un interrogatorio que realizó el magistrado con un cuestionario de preguntas preparado por la abogada Fabiola Letelier y su colega Sergio Corvalán al ex líder de la ex Villa Baviera, el doctor Hartmut Hopp.

De acuerdo con los antecedentes recabados por La Nación, Hopp conoció en 1971 precisamente a los doctores que efectuaron la autopsia al ex Mandatario cuando falleció en enero de 1982 en la Clínica Santa María, los patólogos Roberto Barahona y Helmar Rosenberg. Esto porque el entonces líder de la Colonia Dignidad, Herman Schmidt, le ayudó con las autoridades de la Universidad Católica a estudiar la carrera de Medicina, ingresando al tercer año, por intercambio, ya que venía desde Estados Unidos.

El testimonio, contenido en la foja 7.049 del tomo 19 del expediente, aparece en momentos en que Madrid ha logrado unir muchas piezas respecto a la muerte de Frei Montalva, donde Hopp también es mencionado.

El miembro de la cúpula de Villa Baviera siempre estuvo relacionado al hospital que el recinto tenía en la Séptima Región; además fue parte de la aplicación de medicamentos para mantener el control sicológico de los colonos durante muchos años, como también en la fabricación de toxinas para lo cual usaba al ex Bacteriológico, conocido hoy como Instituto de Salud Pública (ISP), donde obtenía ratas de laboratorio para sus experimentos.

Ayuda desinteresada

En el otro proceso que lleva el ministro Madrid, relacionado con el secuestro y el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos -ligado al de Frei- se logró establecer cómo Hopp concurrió al Bacteriológico a buscar conejillos de Indias, cuando era dirigido por el coronel Joaquín Larraín Gana. Este último mantenía estrechos contactos institucionales con el ahora general (R) de Sanidad, Eduardo Arriagada Rehren y el coronel (R) Sergio Rosende, precisamente los hombres fuertes del laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército.

Pero la sorpresa vino cuando un funcionario del Bacteriológico, Sergio Romero, aseguró que el doctor Hartmut Hopp concurrió, en la década de los ’80, en varias oportunidades a buscar conejos de laboratorio. Cuando éste se negó, el director del recinto, coronel Joaquín Larraín Gana, le ordenó entregárselos sin dejar registro. Igual caso ocurrió con Sergio Rosende.

Estas relaciones han ido construyendo paulatinamente las convicciones del ministro Madrid y de hecho ha consultado, aunque indirectamente al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general (R) Hernán Ramírez Rurange, al respecto.

Este último era el edecán de Augusto Pinochet cuando Frei murió en 1982 en la Clínica Santa María.

Madrid le interrogó -a fojas 7.006- acerca de dos grandes operaciones realizadas en 1975, una de ellas llamada “Olimpo” y otra “Yngecto”, respecto de las cuales existen sospechas que pudieron haber sido el inicio de la producción de toxinas que siete años más tarde terminaron con la vida de Frei.

Ramírez Rurange dijo que la primera “se trató de algo meramente militar y de seguridad nacional, mientras que la segunda, me parece, que puede ser de contraespionaje”.

Con estos antecedentes, el magistrado ha logrado acrecentar su convicción acerca de que la muerte de Frei no fue una mera casualidad, como tampoco la autopsia que se le hizo sin autorización de la familia, que se guardó por más de 20 años y se adulteró poco antes de ser descubierta en el Hospital de la Universidad Católica.

Nexos celulares

Al respecto es ilustrativa la solicitud de procesamiento que presentó el abogado Álvaro Varela, patrocinante de la familia Frei en el proceso y cuya resolución está pendiente.

En el documento judicial que consta en el proceso entre las fojas 3.186 a 3.204, Varela pidió el encausamiento de seis personas por el delito de obstrucción a la justicia.

Así Roberto Barahona, profesor titular del Departamento de Anatomía Patológica de la UC, es quien dio la orden al doctor Helmar Rosenberg para realizar la necropsia a Frei, junto a Sergio Gómez Bombardieri.

Rosenberg declaró a fojas 202 un hecho poco convincente para la familia Frei, como también para el magistrado respecto a las intenciones de su jefe para hacer la autopsia a Frei.

“La intención del doctor Barahona (actualmente fallecido) era estudiar los órganos de Frei, pues le inquietaban las consecuencias de una tuberculosis que sufrió de joven”, dijo. También aseguró que Barahona conocía al ex Mandatario, porque estudiaron en el Colegio Alemán, lo que claramente no era cierto.

Así, las relaciones entre nombres de la UC, la Colonia Dignidad, el doctor Hartmut Hopp y el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército cobran más sentido cada día para el ministro Madrid porque, misteriosamente, todo parece calzar. LN

Cuando la DINA infiltró a la Iglesia

Cuando la DINA infiltró a la Iglesia

AGENTES A LA CAZA DE “CURAS CONFLICTIVOS”
Archivos hallados por LND revelan que la DINA espió sistemáticamente a la Iglesia Católica, especialmente el trabajo de ayuda a los perseguidos del Comité Pro Paz, y elaboró listas de “curas marxistas”.
 

Jorge Escalante

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El agente Alberto Palacios González inventó una historia de perseguido político y trabó contacto con el obispo Fernando Ariztía. Era el comienzo de la infiltración por la DINA del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, más conocido como el Comité Pro Paz. Corría el año 1974 y la represión tras el golpe militar de 1973 campeaba a sus anchas.

El obispo, que representaba en esa instancia ecuménica a la Iglesia Católica nombrado por el cardenal Raúl Silva Henríquez, confió en Palacios y le fue entregando dinero, a veces en escudos de ese tiempo, otras veces en dólares. Palacios se ofreció para sacar a Argentina personas que huían de la dictadura. A medida que éste y otros agentes infiltrados ganaban también la confianza del sacerdote Fernando Salas, que dirigía el comité, y del combativo cura Rafael Maroto, la DINA iba obteniendo mayor cantidad de información acerca de las operaciones del comité.

Pero también reunía antecedentes y hacía listas de los “curas conflictivos” para el régimen, entre los que, por cierto, se encontraban Ariztía, Salas y Maroto, la troica del trabajo del comité para asilar perseguidos en las distintas embajadas de Santiago, o para sacarlos del país hacia Argentina.

La infiltración de la Iglesia Católica, desconocida hasta ahora como una operación sistemática montada por el régimen militar, está graficada en archivos de la DINA hallados por LND.

SALVAR PERSEGUIDOS

Pinochet comenzaba a sentir los aguijones del Comité Pro Paz creado el 9 de octubre de 1973 por el cardenal Silva Henríquez, que además integraban las iglesias Metodista, Luterana, Metodista Pentecostal y la comunidad israelita. Finalmente, el dictador le dio el zarpazo al comité en noviembre de 1975, lo que obligó al cardenal Silva a crear el 1 de enero de 1976 la Vicaría de la Solidaridad.

Entre Ariztía y Maroto acordaron con Palacios que debían sacar de Chile a Argentina, en camiones, a una treintena de personas. Palacios puso el precio: “350 escudos por cabeza”. Antes de ello, el informe del agente a la DINA sostiene que Ariztía “entregó hace unos días 50 mil escudos” para sacar a otras personas, entre ellas “a un extremista herido que estaba clandestino”.

A medida que avanzaban las semanas, la DINA iba reuniendo datos de los “curas conflictivos”, como los calificó en el informe “Nº 7”que fechó entre “el 1 de noviembre de 1973 y el 17 de mayo de 1974”.

Vale decir, el documento es un elemento más que confirma que la DINA existió desde mucho antes de su creación por el Decreto Ley 521, de 14 de junio de 1974.

La DINA le informó a Pinochet que “se ha detectado la creación de un servicio de inteligencia del clero, en íntima colaboración con el marxismo, que ha logrado infiltrar a numerosos sacerdotes, los que en Santiago llegarían a un grupo de 37 curas marxistas”.

Uno de ellos, el sacerdote español Joan Alsina, ya habría sido asesinado el 20 de septiembre de 1973. El otro, Antonio Llidó, también español, desapareció en octubre de 1974.

En la lista, Llidó tiene el número 12, bajo la información “ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista” (ver lista aparte).

En un apretado resumen de junio de 1974 se informa que la “situación de sacerdotes es: interrogados, 4; detenidos y liberados, 12; detenidos, 14; salieron del país, 10; expulsados, 18; muertos, 1”.

PELUQUERAS Y PATINES

Otro informe de la DINA, titulado “Asunto Operación Ariztía”, de julio de 1974, en el que se entregan más detalles del Comité Pro Paz para proteger fugitivos, contiene una relación de parroquias y colegios que debían ser vigilados, donde Ariztía, Salas y Maroto “guardan extremistas”. Figuran el “Convento de los Capuchinos, Padres Franceses, Casa de la Sagrada Familia, Gratitud Nacional, Centro Belarmino, Colegio Filipense y el Colegio Saint George”.

Este último reporte está firmado por un “Jefe Agrupación Santiago” y en él se explica que, además, la penetración al trabajo del Comité Pro Paz se hacía a través de “peluqueras y patines [prostitutas]” que actúan como “enlaces de grupos extremistas”.

“La Carmen es enlace de un grupo de extremistas. Se acuesta con el coronel José Pérez Luco, del cual manifiesta obtener algunas informaciones, inclusive antes del 11 de septiembre de 1973. Vive en una pensión en calle Dieciocho 195”.

Otra fuente de la DINA es “la señora Pepa (alias ‘La Vieja’), dueña de la residencial de calle Dieciocho 195, que es enlace de un grupo de guerrilleros y extremistas de doble militancia del PS y el MIR que se reúnen ahí y toman acuerdos”.

Para la DINA, el sacerdote Fernando Salas “vive en Santa Mónica 2938, fono 94161, y se dedica a la protección de extremistas buscados por la Justicia militar. Es el enlace de Fernando Ariztía y prepara la falsificación de documentos. Se hace el inocente. Es un cura joven, rubio y cabezón”.

De Fernando Ariztía (ya fallecido, al igual que Maroto) se dice, además de su dirección y señas de sus movimientos por Santiago, que “en su calidad de obispo auxiliar es, sin duda, la cabeza visible de todas las actividades anti Junta Militar”.

EL CURA PEPO Y ALDO FRANCIA

Ganada la confianza, el agente Alberto Palacios comenzó a salir de Santiago para rastrear en provincias para la DINA el trabajo del Comité Pro Paz y los sacerdotes que protegían fugitivos. Así llegó a Valparaíso y Viña del Mar.

“Ahí, el encargado por intermedio de Ariztía para llevar a la clandestinidad a todo tipo de personas es el padre Pepo Gutiérrez, que vive en la Población Vergara, calle 1 Oriente 215 de Viña. Tiene contactos con órganos revolucionarios y proporciona dinero a la gente que queda sin trabajo. El dinero lo recibe del médico que trabaja para las Fuerzas Armadas Aldo Francia, de Valparaíso. Éste lo recibe de un tercero que tiene contacto con París. El padre Ignacio Pujadas se encuentra en Europa gestionando fondos y es amigo personal de Aldo Francia”, es parte del informe de Palacios.

En su reporte, el agente entrega además datos de los sacerdotes “Jorge Cacharos, que antes era de derecha; Salvador Ruiz Paniagua, Miguel Donavin, Carlos Pizzinnani y la monja Valeria, que trabaja con el cura Ariztía”.

De todos ellos aporta sus domicilios y características de sus casas y alrededores.

De los movimientos de Ariztía, Salas y Maroto para sacar gente de Chile o asilarlos en las embajadas, cuyos trayectos, vehículos usados y horas de salida desde iglesias o casas la DINA tenía el detalle minuto a minuto, detectaron además que el comité “opera con una agencia de turismo de calle Morandé del mapu Garretón”, y otra “agencia de turismo Villalonga”, donde se tramitó la salida de “Juan Ramón Núñez”, a quien le negaron el pasaporte porque tenía una orden de arresto.

La DINA siguió la historia de Núñez desde un comienzo, cuando Ariztía y Salas lo asilaron en la Embajada de Polonia el 16 de octubre de 1973. En una declaración de Núñez que forma parte de los documentos hallados, éste relata su “calvario” a la espera de salir de Chile, sobre todo cuando a los pocos días llegaron otros 38 asilados, “entre comunistas, socialistas y del MIR, donde yo era el único mapucista”, y se trabaron repetidas veces a golpes discutiendo quiénes eran los culpables del fracaso del Gobierno de Salvador Allende. Al final, Núñez se arrancó y volvió al comité a pedir ayuda.


LISTA DE SACERDOTES “MARXISTAS” INFORMADA POR LA DINA

Gonzalo Arroyo: “Jesuita de los Cristianos por el Socialismo”.

Juan Pablo Richard: “Profesor del seminario, de los Cristianos por el Socialismo, vinculado al MIR, escribió en ‘Punto Final’ y vive en población marginal”.

Esteban Gumucio: “De los Sagrados Corazones, hermano de Rafael Agustín, de la Izquierda Cristiana, de tendencias marxistas”.

Mario Miranda Núñez: “Párroco de la Natividad del Señor, que llamó Hotel Pinochet El Estadio Nacional en una prédica. Fue detenido y allanado y puesto en libertad”.

Ignacio Serrano: “Sacerdote que actúa como obrero, detenido en Tejas Verdes”.

Rafael Maroto: “Ex vicario episcopal de zona centro, ideas extremistas”.

Fernando Ariztía: “Obispo auxiliar de Santiago y vicario zona poniente, alienta a los marxistas y reprendió públicamente al cura Hasbún”.

Enrique Alvear: “Obispo de San Felipe, criticado por acoger marxistas”.

Mauro Gil: “Cura español de la Población Villa Sur. Participó en tomas de terrenos incitando a oponerse al Gobierno”.

Jesús Rojo: “Español de la Población Dávila, habría participado en tomas”.

Antonio Ronchi: “Italiano de ideas marxistas, ejerció en Aysén”.

Antonio Llidó Mengual: “Ex sacerdote español, miembro del MIR de Quillota, que continuaría ejerciendo. Activista extremista”.

Alejandro Goic: “Vicario de Magallanes, colabora con marxistas, relacionado con grupos de chilenos refugiados en Río Gallegos. Constituye un frente de resistencia”.

Mónica García Huidobro: “Monja del Colegio Filipense que continuaría realizando labor pro marxista. En su residencia de Ejército 72 asila a extremistas extranjeros”.

Juan Ysern: “Vicario de Calama que amparó a curas holandeses vinculados al MIR”.

Fernando Salas: “Se dedica a dar protección a extremistas buscados por la Justicia militar”.

Martín Gárate: “Relacionado con el Comité Central del MIR, prófugo”.

Mando militar de EE.UU. revela que Al Zarqaui no murió en el acto

Mando militar de EE.UU. revela que Al Zarqaui no murió en el acto

Ejército de Estados Unidos entregó detalles del operativo para asesinar al número dos de Al Qaeda, mientras el Presidente Bush dijo que su muerte “ayuda mucho” pero no al punto de terminar la guerra en Irak. Talibanes anunciaron represalias.

www.lanacion.cl/Agencias

Abu Musab Al Zarqaui sobrevivió al bombardeo de las fuerzas militares de Estados Unidos para eliminarlo, no murió en el acto. Incluso balbuceó algunas “palabras ininteligibles” e intentó escapar cuando estaba en una camilla.

Así lo informó ayer el general del Ejército de EEUU, William Caldwell, al ofrecer una conferencia de prensa para revelar detalles del ataque con dos aviones F-16 para acabar con el número de Al Qaeda, y líder de esa organización terrorista en Irak.

Caldwell señaló que los primeros en llegar al lugar donde se encontraba Zarqaui fueron los soldados iraquíes e inmediatamente después los estadounidenses, que lo identificaron. "Inicialmente, estaba consciente, y evidentemente reconoció quiénes eran porque intentó levantarse de la camilla y huir al darse cuenta", dijo Caldwell.

El jefe militar añadió que “no sabemos por qué sobrevivió al ataque (...) Murió poco después, casi inmediatamente, como consecuencia de las heridas sufridas tras el ataque aéreo”.

En el momento del ataque aéreo se encontraban en la vivienda donde estaba el terrorista jordano tres hombres y tres mujeres y no hubo sobrevivientes. El portavoz del Ejército indicó que Zarqaui no ofreció información antes de morir, pero insistió en que se dio un golpe letal a la organización. "Teníamos a dos (el otro era el asesor espiritual de Zarqaui, Sheik Abdul-Rahman) de las figuras más destacadas de la red de Al Qaeda en Irak en ese lugar...todo lo que tenían lo tenemos ahora las fuerzas de la coalición que lo están estudiando", agregó.

Pese a la confianza expresada por Estados Unidos, Interpol informó que solicitó que se le envíen las huellas dactilares del cuerpo, para confirmar que se trata de él. En tanto, los familiares del jodano pidieron a Estados Unidos la entrega del cuerpo de su pariente para sepultarlo, como prescribe la religión islámica.

La cautela de Bush

Si bien celebró la muerte de Al Zarqaui, a quien calificó de un “asesino a sangre fría", el Presidente norteamericano George W. Bush fue cauto, al señalar que este golpe a Al Qaeda "ayuda mucho", pero "no va a terminar la guerra y con seguridad no va a terminar con la violencia”

"No quiero que los estadounidenses piensen que la guerra está ganada con la muerte de una persona", dijo Bush, poniendo paños fríos al optimismo de un sector de la opinión pública de su país.

Durante una conferencia conjunta con el primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, uno de los pocos países europeos aliados de Washington en Irak, Bush tampoco aventuró dar una fecha para fijar el fin de la ocupación del país. "Me gustaría retirar las tropas cuanto antes, pero la definición de 'cuanto antes' depende de una victoria en Irak".

En este sentido, agregó que la semana próxima mantendrá una reunión con sus consejeros de seguridad y los generales del Pentágono, en Camp David, para analizar cuándo las fuerzas iraquíes puedan asumir el control en el país, un paso clave para el retiro de las fuerzas norteamericanas.

La amenaza del talibán

Oculto desde 2001 en el sector fronterizo de Pakistán y Afganistán, el mullah Omar, líder espiritual del régimen talibán, reapareció ayer con un mensaje donde anuncia represalias por la muerte de Al Zarqaui.

El mensaje, leído por teléfono a las agencias internacionales por su vocero Mohammed Hanif, anuncia que "tengo una buena noticia para los musulmanes en el mundo, la resistencia contra las fuerzas cruzadas en Afganistán y en otras partes del mundo islámico no será debilitada".

"Muchos, muchos jóvenes pueden convertirse en Zarqawi, los sucesores podrán ser incluso más fuertes que él", agregó. "En tanto siga la invasión de los cruzados, cada joven de la nación islámica los resistirá, se convertirá en mártir para salvar su credo, su honor y su pureza. Esta resistencia seguirá".