La historia del primer trabajador con VIH/sida que derrotó la discriminación

Justicia condenó a sus ex empleadores por presionarlo a hacerse el test de Elisa

Foto: Andrés no está conforme. Cree que la multa es una burla. “¿De qué indemnización me hablan? La cifra da risa. Me reconforta que haya un precedente contra la discriminación, pero siento que hice un show. Como siempre, triunfaron los poderosos”, dice. 

Andrés es pastelero. Lo suyo es la cocina. Y lo hacía bien. Hasta que un rumor puso en peligro el negocio de sus jefes. No podían trabajar con un “sidoso”, dijeron ellos. Entonces, el “sidoso” los llevó a tribunales y sentó un precedente histórico en favor de quienes son segregados por vivir con el virus de inmunodeficiencia.

La Nacion

Por Frnacisco Ramírez

Andrés asegura que nunca imaginó que viviría una historia así. Dice que siempre fue reservado y cuidadoso. Que nunca dio motivos para ser calificado de mal empleado. Al contrario, sólo meses después de ser contratado como pastelero, fue ascendido a jefe de área y destacó por mantener buenas relaciones laborales. Pero un rumor que lo apuntaba como portador del virus VIH y la persecución de sus empleadores terminaron por estropearlo todo. “Me mataron laboralmente”, dice, escondiendo su verdadero nombre.

Todo empezó cuando una compañera de trabajo abrió casualmente su agenda y encontró un examen de sangre. No era el test de Elisa, pero la trabajadora se quedó con la primera impresión de lo que vio. “Ella leyó la palabra ‘positivo’ y sacó sus propias conclusiones. Le hizo un comentario al jefe de cocina y él fue a hablar directamente con el administrador. De mi boca nunca salió nada”, cuenta Andrés.

Nadie le comentó el episodio. Sin embargo, sus jefes le informaron de ciertos rumores y de lo importante que era que Andrés los sepultara de un plumazo. ¿Cómo? Practicándose el test de Elisa. “No fue una recomendación, fue una presión. Nunca fue por la buena. Yo les pregunté por qué. Me respondieron que era por mi bien. ¿Mi bien? Ellos querían quedarse tranquilos porque sabían que el tema podía afectar el negocio”.

Incluso, cuenta que lo “animaron” a hacerse el test con plata de por medio. “Me dijeron ‘te apostamos tres veces tu sueldo a que no tienes nada’. Lo sentí como un chantaje. Les dije que esto no era un juego y que era ilegal que me lo exigieran”.

El tema no afectó el negocio. No pasó lo mismo con la vida de Andrés.

“Sé porqué lo hacen”

El 23 de octubre de 2003, entró a la pastelería de la empresa Comercial Franco Andesa Limitada (Cofra), concesionaria en el rubro “Restaurant, casino y producción de banquetes y eventos” del exclusivo Club de Polo y Equitación San Cristóbal. El turno empezaba a las 16 horas, pero no alcanzó a cambiarse de ropa. Los directores de la empresa, Yann Marcel Yvin y Álvaro Parada Rojas, lo esperaban. “Sabía a lo que iba”, relata.

Sobre el escritorio, estaba la carta de despido y el finiquito.

- Aquí están tu cheque e indemnización. No sigues. Los papeles fueron enviados a la Inspección del Trabajo. Todo está en regla. Te recomendamos que firmes, le dijo Parada.

Yvin no intervino. Tras venderle parte de sus acciones, su socio controlaba la empresa. Al día siguiente, se firmó contrato para renovar indefinidamente la concesión. La piedra de toque -nunca explícita- era la permanencia del pastelero.

-“No, gracias. Quédese con el cheque”, respondió. “No lo quiero. Me voy por la puerta ancha... como llegué. No me echan por ladrón o mal trabajador. Sé porqué lo hacen. Pero esto no termina aquí. Nos vemos en tribunales”.

Parada no entendió. Repuso que el Código del Trabajo en su artículo 161 permitía despedir por “necesidades de la empresa” y así lo argumentaron en los documentos.

-¿Qué harás? No tienes nada a tu favor.

- Se equivoca. Una ley me protege.

- ¿De qué hablas?

- Lo sabrá en tribunales...

- Demándanos si quieres. Pero el Club tiene un excelente bufete de abogados. Son muy poderosos, créeme.

Andrés hizo caso omiso de la “recomendación” de su ex jefe y demandó a la empresa y el club, convirtiéndose en el primer civil portador de VIH/sida que enfrentó judicialmente a sus empleadores. Y les ganó.

Pero la pelea no fue fácil. A medida que las peticiones del test eran más frecuentes, su ánimo se deterioró. Y mucho. Sentirse todo el tiempo cuestionado le provocó depresión. En septiembre de 2002 se le diagnosticós “transtorno adaptativo”.

“Mi vida profesional se vio truncada. Empecé a buscar trabajo y me di cuenta que mi tema fue divulgado. El rubro gastronómico es chico, todos se conocen. Me decían: ‘ah, usted es el pastelero del Club de Polo...’. Ahí me cerraban la puerta”, cuenta.

Durante las dos semanas de licencia, se encerró en sí mismo y descuidó su alimentación y aseo. Tocó fondo una tarde en que quiso tirarse del quinto piso de su departamento, pero detenido por su primo, con quien vivía.

LOS ILÍCITOS

Meses atrás, Andrés se había acercado a Vivo Positivo. El encargado jurídico de esa agrupación, Vasili Deliyanis, le recomendó no intimidarse ya que la legislación prohibía despedir a un trabajador por negarse al test. Deliyanis fue incluso a reclamar al club. “Me contó la conversación. Le dijeron que no trabajarían con un ‘sidoso’ porque no estaban dispuestos a que saliera un postre con sangre y matara a los socios”, asegura Andrés.

Tras su despido, Vivo Positivo y la Clínica de Acciones de Interés Público de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, por medio de los abogados Samuel Buzeta y Domingo Lovera, entablaron una demanda indemnizatoria por daño moral de 100 millones contra el club y Cofra en el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.

En agosto de 2005 la jueza Cecilia Villarroel eximió de responsabilidad al club por no ser empleador directo, pero multó a Cofra con 20 millones de pesos por violar la ley 19.779 (conocida como ley del Sida) en su artículo 5º que establece la “confidencialidad y voluntariedad” del examen de VIH y el 7º que prohíbe se condicione la contratación o renovación contractual, permanencia laboral o ascenso, a sus resultados o exigencia.

“¿Mi dolor vale dos millones?

Cofra recurrió a la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el 16 de mayo la segunda sala dictó una sentencia histórica: ratificó la primera condena contra una empresa privada por discriminar a un trabajador con VIH/sida.

¿Una condena ejemplificadora? No del todo. La misma Corte rebajó a 2 millones de pesos la multa. La defensa del trabajador elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema por considerar que el resarcimiento económico resultaba insuficiente, considerando además que se había violado la confidencialidad de sus antecedentes médicos al difundirse verbalmente su condición en la empresa.

Andrés no está conforme. Cree que la multa es una burla. “¿De qué indemnización me hablan? Si así debía pagar Cofra, la cifra da risa. Me reconforta que haya un precedente contra la discriminación, pero siento que hice un show. Como siempre, triunfaron los poderosos. ¿De qué sirvió todo lo que luché? ¿Mi dolor vale dos millones? Parece que uno tiene que matarse o ser declarado loco para que la justicia reaccione”.

El presente laboral de Andrés tampoco lo tranquiliza. “Afortunadamente, en mi lugar de trabajo nadie sabe nada. Pero me siento con tejado de vidrio. Sé que en cualquier momento un llamado telefónico me puede dejar en la calle”.

El administrador general de Cofra, Franco Montecinos, declinó pronunciarse sobre el caso. “Nosotros no daremos ningún comentario hasta que termine el proceso. Tras el resultado de la Corte Suprema, emitiremos un comunicado público”, dijo a La Nación. Sin evadir las consultas, recalcó que la controversia judicial no afecta el funcionamiento de la empresa ni a sus trabajadores. “Es un caso muy aparte y llevado exclusivamente por los propietarios y el abogado”.

Andrés, el primer civil que logró un pronunciamiento condenatorio de los tribunales por transgredir la ley de Prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana, fue diagnosticado portador de VIH/sida el 23 de diciembre de 1999. LN