Gobierno chileno en “grupo de presión” pro Convención de Desaparecidos

PROPUESTA SE PRESENTÓ DURANTE PRIMERA SESIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE DDHH DE NACIONES UNIDAS

Junto a Argentina, Bélgica, Francia, España y México, Chile forma parte de un equipo especial para promover la aprobación del proyecto, que podría ser votado antes de fin de mes. Paulina Veloso, ministra Secretaria General de la Presidencia chilena, defendió la iniciativa en la ONU y agradeció el apoyo internacional en la lucha contra la dictadura.

Por Juan Gasparini
La Nación

Foto: Paulina Veloso, ministra Secretaria General de la Presidencia y representante chilena al Consejo de DDHH de la ONU, que comenzó a sesionar ayer en Ginebra.

Ginebra.-“Ver nacer esta Convención (contra la desaparición forzada de personas) sería un gran éxito”. Así resumió ayer la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, la opinión chilena sobre este sensible tema y que motivó a nuestro país a apuntar su nombre en el llamado “grupo de presión” que intentará lograr la aprobación de este acuerdo. Todo esto, en el marco de la primera sesión del flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en Ginebra.

Además de Chile, Argentina, Bélgica, Francia, España y México formarán parte de este selecto grupo que consideran vital la existencia de la Convención sobre Desapariciones.

Veloso asistió al nacimiento del CDH agradeciendo a la comunidad internacional el apoyo en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet.

En lenguaje diplomático rindió homenaje al “importante trabajo de relatores especiales y expertos independientes, que fueron decisivos para que nuestro país superara un período oscuro de su historia, cuando la democracia chilena fue interrumpida abruptamente y se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Pese a no integrar el consejo, Chile abogó para que la próxima semana se apruebe el proyecto de una Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, y que se mandate a un grupo de expertos, cuya misión será la de negociar un protocolo que comprometa a los Estados a reforzar los mecanismos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes del planeta.

Veloso explicó que el asunto tiene “enorme importancia” para nuestro país, que

sufrió la tragedia de las desapariciones durante la dictadura militar.

Asimismo, el canciller argentino Jorge Taiana, destacó los aportes de la propuesta presentada, “que declara como crimen de lesa humanidad” la desaparición forzada de personas y establece “la jurisdicción universal para los responsables”. Ello haría posible su detención y procesamiento en terceros países y no sólo en el de origen o donde se cometió el crimen.

En tanto, la vicecanciller para Asuntos Multilaterales de México, María del Refugio González, destacó que el nuevo instrumento jurídico se propone “llenar lagunas” y tiene una mayor precisión “técnica y jurídica”

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Philippe Douste Blazy, explicó que el “grupo de presión” presentará formalmente al CDH el proyecto de Convención con la intención de que sea adoptada en su actual sesión, que concluye el próximo 30 de junio.

El CDH comenzó a trabajar ayer con la presión de demostrar que puede hacerlo mejor que su desacreditado predecesor. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se eviten los señalamientos y las peleas que obstaculizaron el trabajo de la desarticulada Comisión de Derechos Humanos.

“Este consejo representa una importante nueva oportunidad para las Naciones Unidas y para la humanidad para que renueve la lucha en favor de los derechos humanos. Les imploro que no dejen que esta oportunidad se desperdicie”, pidió Annan.

EN BUSCA DE LEGITIMIDAD Integrado por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, este consejo se pone en marcha reemplazando a la abolida Comisión de Derechos Humanos. El nuevo organismo busca más legitimidad que su predecesor. A tal efecto inspeccionará periódicamente y de manera obligatoria a los 192 países del sistema onusiano, pretendiendo una mayor jerarquía, similar a la del Consejo de Seguridad. Tendrá un carácter permanente, reuniéndose tres veces al año durante un total de 10 semanas. Actuará de común acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la canadiense, Louise Arbour, quien vió duplicar su presupuesto. Entre los 47 miembros actuales no se encuentra Estados Unidos, que en el marzo votó en contra de la creación del Consejo pues, según sus autoridades, los cambios realizados no son suficientes.