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Centros Chilenos en el Exterior

Derechos Humanos

Testimonio de suboficial (r) lo involucra en hechos de sangre General Trincado habría participado como fusilero en Caravana de la Muerte

www.elmostrador.cl 9 de Mayo del 2005

Por  Jacmel Cuevas P.

La situación judicial del alto oficial, jefe de la II División del Ejército, se vislumbra compleja a raíz de las declaraciones de ex uniformados que integraron la unidad militar de Calama. Estos relatos, además de vincularlo con el traslado clandestino de cuerpos, lo sindican como uno de los que dio muerte a 26 detenidos desaparecidos.

La férrea defensa que emprendió el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, para resguardar la honra del general a cargo de la División del Ejército más grande del país, Miguel Trincado Araneda, parece debilitarse cada día más, a medida que nuevos antecedentes del caso Caravana de la Muerte son recopilados por la policía de Investigaciones y el tribunal que sustancia esta causa.

El martes de la semana anterior, cuando el uniformado apareció mencionado en un artículo de prensa del diario La Nación como uno de los que participó en la operación conocida como “retiro de televisores”, realizada en 1978, en la que al menos 26 cuerpos de detenidos desaparecidos fueron inhumados ilegalmente en las cercanías de la ciudad de Calama y después fueron lanzados al mar, la máxima autoridad de esta rama castrense intervino para desmentir esa información que afectaba a su subalterno.

Sin embargo, al día siguiente, los abogados de derechos humanos Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra, presentaron una querella criminal en contra de Trincado, el general (r) Augusto Pinochet, y otros ex militares en retiro, así como de dos oficiales (r) de la Fuerza Aérea, uno de los cuales está fallecido.

Fusilamientos en Calama

Pero lo cierto es que los delitos de inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, que se le imputan a este uniformado, miembro del entorno más cercano al general Cheyre, no son los únicos hechos en que aparece mencionado en el proceso más emblemático con respecto a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el régimen militar.

Dentro de las últimas declaraciones prestadas por suboficiales en retiro del Ejército, que se desempeñaron en la unidad de Calama durante el año 1973, al entonces subteniente Miguel Trincado también se lo sindica como uno de los oficiales de esa ciudad nortina que participó en el fusilamiento de 26 presos políticos, quienes fueron asesinados en el marco de una supuesta fuga que habrían protagonizado.

Los testimonios de la mayoría de los suboficiales que se desempeñaron en esa repartición concuerdan en que en horas de la tarde del 19 de octubre de 1973, el mismo día que llegó a la zona la comitiva militar encabezada por el general (r) Sergio Arellano Stark, que arribó en el conocido helicóptero Puma, se produjeron las ejecuciones, las que fueron llevadas a cabo en parte por los oficiales que venían desde Santiago y en parte por otros seis que pertenecían a la mencionada unidad militar.

Dentro de esas declaraciones, este medio tuvo acceso al testimonio prestado en dos ocasiones por un suboficial en retiro, de iniciales L.B.P.P., quien menciona a Trincado entre los militares de Calama que habrían dado muerte a los prisioneros que debían ser trasladados originalmente desde la cárcel pública de esa ciudad hasta Antofagasta.

Este testimonio fue recogido por el personal de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones el 13 de enero de 2004 y ratificado por el mismo testigo el 29 del mismo mes.

Asimismo, varios suboficiales coinciden en que los mismos oficiales que participaron de los fusilamientos, fueron los que después integraron la comitiva que trasladó los cuerpos enterrados en la pampa, cerca del cerro Topater, hasta el aeródromo El Loa de Calama para luego ser arrojados al mar, hecho que habría acontecido en 1978.

Chofer del camión

En esa línea de investigación, surgieron declaraciones de suboficiales (r) que afirman que el entonces teniente Trincado participó personalmente en esa operación, ya que habría sido incluso el chofer del camión en que se transportaron los cuerpos de las personas que, hasta hoy, figuran como detenidas desaparecidas.

Dicha tarea habría estado encabezada por el comandante (r) Julio Salazar Lanterry, de Antofagasta, y el capitán (r) Carlos Minoletti, además de otros dos suboficiales que también se desempeñaban en Calama.

En junio del año pasado, prestó declaración uno de estos dos últimos uniformados, quien aseguró que el ahora general Trincado también formó parte del grupo que desenterró los cadáveres, y depositó los restos luego en sacos de dormir de loneta blanca, labor que se prolongó por casi nueve horas seguidas. Al cabo de ello, se le instruyó al entonces teniente de Ejército Trincado conducir el camión militar de marca REO, acompañado por el testigo presencial de estos hechos, de iniciales M.S.A.C.

Este vehículo se trasladó hasta el aeródromo El Loa, lugar en que esperaron a un avión de la Fuerza Aérea proveniente de la base aérea de Cerro Moreno, piloteado por el comandante de la FACH Carlos Emilio Desgroux Camus.

Luego que la nave DC-3 despegara con rumbo noroeste, el camión militar se trasladó hasta el puente Topater, en cuya ribera se limpió el interior de éste con agua del río Loa y los que participaron en la tarea se cambiaron de ropa y quemaron la vestimenta que utilizaron para esta macabra faena.

Participación culpable

A juicio de una de las querellantes en este caso de lesa humanidad, la abogada Carmen Hertz, hay antecedentes concretos para comprobar la participación de este general en servicio activo y de otro oficial del mismo grado, que se desempeña actualmente como general de Brigada, cuyo nombre este medio se reservará por el momento.

“Me parece lamentable el respaldo que el Ejército presta al actual general Trincado, no obstante que en el proceso que se sigue en los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte está acreditado en forma evidente la participación criminal de este oficial en actos de remoción e inhumación ilegal de cadáveres y también en actos de perpetración de la masacre que significó la muerte de 26 prisioneros políticos en Calama”, enfatizó la profesional.

En ese sentido, consideró que este tipo de accionar no se condice con un régimen democrático en el que, tanto la sociedad chilena como la comunidad internacional, condenan de manera irrestricta la comisión de delitos de lesa humanidad.

El general Miguel Trincado actualmente encabeza la Segunda División del Ejército, la cual abarca la zona contemplada desde La Serena a Chillán, constituyéndose como la más grande y con mayor poder de fuego del país, y como se dijo antes es uno de los hombres de confianza del general Juan Emilio Cheyre.

EX-MILITARES PONEN NUEVAMENTE A LA VENTA LONDRES 38

El Colectivo ACZION KULTURAL, desde Punta Arenas, Magallanes, se suma y adhiere a la campaña del Colectivo LONDRES 38 para salvar de las garras del militarismo el inmueble de Londres 38 en Santiago, centro de torturas, miedo y muerte. 

El Instituto O'Higginiano ha puesto a la venta,  una vez más, este inmueble, debido a que el Ministerio de Bienes Nacionales no ha logrado materializar la permuta que se ha venido negociando desde hace dos años y a la que dicho Instituto había accedido en marzo pasado. En esta oportunidad, no se trata solo de evitar su venta sino, sobre todo, su eventual destrucción. 

Esto ya ha sucedido en numerosas ocasiones con recintos de este tipo y con lugares que han sido declarados Monumentos Históricos, cuyos propietarios, muchas veces, prefieren destruirlos para así obtener una mayor renta de la venta del terreno, que de inmuebles que resulta complejo vender, remodelar y darles otros usos debido a las limitaciones que impone  la  Ley  de  MonumentosNacionales.  

CHILE DD.HH. : OTRA CONDENA PARA UNO DE LOS MÁS REPUGNANTES

Corte Suprema confirma nueva condena contra torturador chileno

Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- La Corte Suprema chilena, en un fallo unánime, confirmó hoy una sentencia a siete años de prisión contra el ex torturador de la DINA Osvaldo Romo, por el secuestro en 1974 del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge Espinoza Méndez.

En la resolución, el máximo tribunal rechaza el recurso de casación presentado por la defensa del ex agente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el que se solicitaba se aplicara la amnistía y la prescripción a su favor.

La Segunda Sala de la Suprema rechazó el recurso y ratificó la tesis de que el secuestro o desaparición es un delito permanente.

"De los referidos hechos no es posible desprender, como pretende el recurrente, que Espinoza Méndez no hubiera sobrevivido a su cautiverio ni menos aún que a junio de 1974 estuviera muerto", señaló la corte en el fallo.

Junto con ello, insistió en que "desde la privación de libertad de Espinoza Méndez se desconoce su paradero, de manera que no puede concluirse que haya cesado el curso de consumación del delito de secuestro por el cual ha resultado condenado (Romo)".

La condena contra Romo fue dictada en primera instancia por el juez Joaquín Billard, del Primer Crimen de Santiago y había sido confirmada por la Corte de Apelaciones, tribunal ante el que apeló la defensa del imputado.

Espinoza Méndez tenía 24 años y era estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile cuando fue detenido el 18 de junio de 1974 por agentes de la DINA.

La víctima fue detenida en el sector céntrico de Santiago y fue trasladada al centro de detención y torturas denominado "Londres 38", desde donde se perdió su rastro.

La nueva condena es la segunda que afecta el ex agente Romo, uno de los torturadores más crueles de la DINA y quien se encuentra cumpliendo condena de prisión en otras dos causas por violaciones a los derechos humanos.

La primera sentencia a firme en su contra es la que se le impuso por su participación en el secuestro calificado de la periodista Diana Aarón,
caso en el que fue condenado a 10 años de prisión. En tanto, se encuentra en trámite una tercera condena a diez años de prisión contra el considerado peor torturados de la Dina, esta vez por el secuestro de cuatro opositores a la dictadura en 1974, aprobada en junio pasado por el tribunal de alzada y que debe ser ratificada por la Corte Suprema.

Según organizaciones de derechos humanos, el "Guatón Romo",un izquierdista que acabó formando parte de los servicios secretos de la dictadura, participó en los escuadrones de la muerte en Brasil y fue uno de los más crueles torturadores que tuvo la dictadura chilena.

De hecho, se le acusa de llevar al extremo los métodos de tortura contra prisioneros en Villa Grimaldi, considerado uno de los más crueles
centros de detención del régimen militar y donde fueron vistos por última vez con vida decenas de presos políticos.

EFE
mw/ns/

Patio 29, en la hora de las definiciones

Patio 29, en la hora de las definiciones Desde un forense del FBI hasta una experta nacional que ha indagado las momias de Chinchorro, y peritos considerados como los mejores en identificar cuerpos y han trabajado con las víctimas de la dictadura del cono sur, son los convocados en el panel de expertos que buscará las fórmulas más idóneas para terminar con la historia de errores que se cierne sobre el Patio 29.

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108 tumbas, 96 restos humanos periciados, 48 con dudas. Estas son las negras cifras que rodean al Patio 29 del Cementerio General, escenario que desde la década del ‘70 se ha teñido de dolor y que sigue manteniendo en vilo a los familiares de las víctimas de la dictadura que la próxima semana presenciarán, junto a representantes del Servicio Médico Legal, la Cruz Roja e Investigaciones, entre otros, cómo un panel de -hasta el momento- trece expertos extranjeros y nacionales anuncian los mecanismos más idóneos para dejar atrás las incógnitas.

Se trata de peritos que han desarrollado su trabajo en Bosnia y en el atentado al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, pasando por la identificación de víctimas de la dictadura del cono sur, que se sentarán frente a frente para exponer durante una semana sus propuestas respecto a tópicos específicos, definidos por la comisión que lidera la delegada presidencial María Luisa Sepúlveda

A fin de garantizar la transparencia del proceso y la presencia de todos los actores involucrados se definió un grupo de observadores que escucharán con atención a los especialistas.

Los escogidos son la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados Políticos, de Víctimas de La Moneda, de Víctimas de Paine, del Patio 29, la Cruz Roja, representantes del Laboratorio de Criminalística de Investigaciones, la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Raquel Mejías e incluso la abogada de derechos humanos Pamela Pereira.

Ellos no participarán en el debate, ya que el panel está previsto como una instancia para que los especialistas expongan, propongan soluciones, identifiquen necesidades e incluso develen errores, aspectos que no serán incluidos en una conclusión general, sino que serán entregados a las entidades que corresponda, como los tribunales o al gobierno para su análisis y puesta en práctica.

La agenda

Está previsto que el lunes el panel debata sobre la definición de la metodología de la auditoria científica. El martes revisarán los aspectos necesarios para que el SML cuente con acreditación internacional, que incluye necesidades de nuevas herramientas tecnológicas y capacitación de personal.

El miércoles está programado que los peritos formulen recomendaciones que podrían ser útiles para la labor de identificación de restos óseos, aunque esta cita podría sufrir un cambio y trasladarse para el viernes.

La exposición de casos pendientes será el jueves, punto vital ya que se refiere a los errores en las 48 osamentas y el viernes está programado revisar el funcionamiento y los requerimientos de un banco de datos efectivo.

La elección con lupa que se hizo de los especialistas hace prever que la tónica será entregar respuestas concretas y soluciones o consejos que permitan no sólo avanzar en la identificación de estas osamentas, sino que también garantizar que en el futuro no queden más dudas ya que los organismos que revisarán a las víctimas serán plenamente capaces y contarán con los elementos tecnológicas adecuados para su tarea.

En esta apretada agenda está previsto el lunes una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, encuentro en que todo hace pronosticar que la Mandataria rayará la cancha planteando qué es lo que espera del trabajo de estos peritos. Y el martes está contemplada una visita al Servicio Médico Legal, entidad cuyo director (s) Alvaro Erazo también será parte del panel, pero como observador.

Quién es quién

En el Hotel Crowne Plaza los peritos tendrán en sus manos la tarea de “recomendar diligencias y las pericias que sean necesarias para avanzar en la correcta identificación”, trabajo en que destacan dos chilenos.

Uno de ellos es Eugenio Aspillaga, antropólogo físico y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El otro es Vivien Standen, kinesiólogo, magíster en Arqueología, en cuyo extenso currículum destaca su trabajo sobre las momias del norte de país y trabajo forense en restos humanos en Arica.

El grupo también lo integra un conocido en la identificación de víctimas de la dictadura, el antropólogo argentino Luis Fonderbrider, fundador en 1984 del equipo de antropología forense de ese país y que se ha desempeñado nada menos que en 27 países prestando asesoría.

Una mención especial merece Douglas Ubelaker, de Estados Unidos, curador del departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, cuyos logros lo han llevado a integrar el FBI, donde ha trabajado desde 1977 y ha participado en 735 casos, entre ellos el suicidio masivo en la secta de David Koresh ocurrido en Waco, Texas, en 1993 y el ataque al Pentágono en septiembre del 2001.

Suma y sigue, pues otro protagonista es el norteamericano, Lance Gima, director del Bureau of Forensic Services, del Departamento de Justicia de California, que se ha especializado –entre otros tópicos- en la importancia de descubrir evidencias.

Participa también Thomas Parson, director de ciencia forense de la Comisión Internacional de Personas Perdidas y que ha desarrollado su trabajo en Bosnia, tarea en que ha puesto énfasis al uso de ADN.

Desde Latinoamérica destaca Máximo Duque, director del Instituto de Medicina Legal de Colombia, organismo que por ejemplo ha jugado un rol vital en la investigación del asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex secretario general de la OEA y ex Presidente, César Gaviria.

Otro nombre conocido en este círculo es el español José Luis Prieto, del Instituto de Medicina Legal de Madrid, médico forense especialista en antropología, data de muerte y maduración óseo dentaria.

Y junto a él se encuentra Ranajit Chakraborty, Ph.D, genetista, forense que es considerado como uno de los tres más destacados del mundo en su área y que se ha especializado en poblaciones y en identificación genética, tareas por las que es reconocido en la Universidad de Texas, EEUU.

Cinco días y trece especialistas para conclusiones que pueden marcar un antes y después en la identificación de víctimas de la dictadura, ya que sus informes serán traspasados –por ejemplo- al juez Carlos Gajardo, quien indaga el Patio 29.

Concluida esta tarea, la delegada presidencial seguirá en funciones prestando ayuda a los organismos encargados de esta materia y sobre todo, reconcentrando esfuerzos en un trabajo arduo que desarrolla desde que fue nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet: apoyar a los familiares de las víctimas que en estos días se acercan a un nuevo y difícil trance.

119 chilenos en la Alameda

Por Verónica San Juan Periodista


El suelo empedrado de la calle Londres va acogiendo esta mañana las esculturas de color sepia, que recuerdan a cada uno de los 119 chilenos que fueron detenidos, asesinados y desaparecidos entre 1974 y 1975, y cuyos nombres aparecerían en una nómina publicada el 28 de julio de 1975. Los periódicos “Lea”, de Argentina y “Novo O Dia”, de Brasil, sólo fueron creados para esta acción de inteligencia, conocida como Operación Colombo, un burdo montaje que establecía que los 119 habían sido asesinados por sus compañeros de partido.

Este sábado 22  de julio las esculturas humanas copan la entrada de la calle Londres y parte de un murallón blanco de la Iglesia San Francisco. Camino entre las figuras de estos 100 hombres y 19 mujeres. Estoy buscando un nombre preciso: Teobaldo Tello, fotógrafo y ex funcionario de la Policía de Investigaciones. Desconocía su historia, hasta que Osvaldo Ahumada, compañero de Teobaldo en Investigaciones, me habló –en mayo o junio de 2004,  de su amigo. Por eso hoy busco su nombre y pienso en Osvaldo, un ex prisionero político y cuentista talentoso  que jamás ha olvidado a Teobaldo.

Ahora busco el rostro del arquitecto Francisco Aedo Carrasco. Mis amigos que estuvieron presos en el campo de concentración de Chacabuco me han hablado de este hombre de 63 años que después de recuperar su libertad, fue detenido por agentes de la Dina, en septiembre de 1974. Francisco, junto con Adam Policzer y mi amigo Juan Sáez (ambos residentes en Canadá), fueron uno de los tantos chacabucanos que registraron en sus dibujos y acuarelas, los días y noches de los cientos de chilenos detenidos en la ex oficina salitrera. 

Es mediodía en la calle Londres y el escenario ha sido ubicado a un costado de la casona asignada con el número 38. Casi todos los que aquí son recordados, pasaron por este centro de tortura de la Dina. Hay poca gente. Tal vez es el frío; tal vez es la porfiada desmemoria.   No lo sé. 

Varios extranjeros que salen de los hostales del barrio recorren los puestos que diversas organizaciones han instalado a lo largo de la calle. Algunos expositores aún no llegan y otros se apresuran en ordenar libros, discos, boletines, artesanías, alimentos, fotografías y documentos, que vienen a  mostrar a esta pequeña feria de la memoria. 

Recorro la feria.

Hablo con Elena Cerón, del Galpón, un centro artesanal ubicado en la Alameda, cerca de la calle Tucapel Jiménez. Detengo la vista en las pequeñas arpilleras creadas por Elena. Inmediatamente pienso en las arpilleristas que surgieron a mediados de la década del 70, en distintas poblaciones de Santiago. Las arpilleristas de Lo Hermida o Huamachuco, alentadas por trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad, se transformaron en cronistas de su época. Sus tapices transportaban noticias, algunas veces, noticias trágicas, como los allanamientos masivos que hacían los carabineros en la madrugada, o las incursiones de los militares en los días de protesta. Las arpilleras de Elena son delicadas; están hechas con paño lency de colores brillantes, luminosos.

Elena es una cronista portadora de noticias buenas.
  
Del Galpón también han venido los dueños de La Ruca, proveedores de gastronomía mapuches. Pruebo los catutos (pequeñas panes de trigo cocido) y varias sopaipillas. También pruebo el pebre con merkén.      

Ida y vuelta

Como la feria es pequeña voy y vengo por la calle Londres. Veo a la psiquiatra Laura Moya en el sitio que ha levantado el Colectivo José Domingo Cañas, otro centro de detención y tortura. Laura es tía de Lumi Videla y tía abuela de Dago Pérez Videla. Veo a Laura y pienso en mi infancia en la calle La Tranquera; en el año 1976 o 1977, cuando un vecino nuevo apareció en el edificio de al lado; un niño llamado Dago, que vivía con su abuela y su bisabuela. Con el tiempo, el niño se convertiría en el nieto postizo de mi abuelo, en visitante de nuestra mesa. Tatara-tatara-abuelo lo llamaba. Recuerdo a Dago gateando por unas planchas metálicas para cruzar desde su patio hasta el mío. El departamento que ocupaban Dago y sus abuelas hoy es la sede del Colectivo.

Nuevamente llego hasta la esquina de Londres con la Alameda. Han empezado a circular personas entre las esculturas. Hay un efecto visual en esta nueva escena: la gente camina y ellos (los 119) también parecen circular por la calle empedrada.   

Se han ido sumando puestos como el de la Unión General de Estudiantes Palestinos (www.ugep.cl), la Comisión Funa (www.funachile.cl) y la Coordinadora Memoria Feminista. Ellas han colgado pequeños lienzos con los nombres de mujeres asesinadas por sus parejas o parientes, en el último año. Leo los nombres de María Allende, Elba Romero, Virginia Soto, Marcela Gómez, Laura Basualto. También leo el nombre de Elisabeth Tolosa, una muchacha de Machalí. Es extraño. Hace tres meses vivo en Machalí y aún nadie me habla de este crimen tan manoseado por los medios de comunicación. En Machalí no se toca el tema. 

También han llegado los integrantes del Sindicato de Cantores Urbanos. Son los hombres y mujeres que suben a las micros de Santiago a cantar. Recuerdo que un grupo de ellos apareció por la casa de Michelle Bachelet, no sé si antes o después del traspaso de mando, pero vi la escena por televisión. El Transantiago los estaba dejando abajo de las micros, reclamaban los cantores. Hoy día, un afiche informa que han participado en un catastro regional de artistas de la locomoción colectiva. ¿Y ahora qué viene?, pregunto a una mujer que porta una guitarra en la espalda y ordena unos trozos de queque en una bandeja. Me deriva a un dirigente. Ahora viene un “casting”, dice el hombre adoptando un lenguaje “fashion” que no deja de asombrarme.  ¿Una selección? ¿Y después qué?, insisto. Ahí van a elegir a los mejores y los van a mandar a distintas partes... pero esta semana tenemos una reunión, me cuenta otro cantante que no parece saber mucho cuál será su destino laboral en la era Transantiago.


Los muchachos del Centro de Investigación Escénica AKI (http://www.fotolog.com/okupa_aki) despliegan su lienzo en una esquina. Son okupas que desde noviembre de 2005 se han instalado en República 550, una casona que estuvo bajo la tutela de la CNI. Los okupas están acusados por el Ministerio de la Vivienda (dueño de la propiedad) de “usurpación violenta”. El asunto está en tribunales. Ahora enfrentan un nuevo juicio y el demandante (el Estado a través del Serviu) ha pedido el “desalojo urgente”. Mientras, ellos siguen inscribiendo alumnos para los talleres de yoga, dramaturgia, iluminación teatral, mapudungun, ajedrez o electricidad.

En el puesto de la nueva editorial Quimantú tomo la revista “Perro muerto” (www.revistaperromuerto.cl) y la separata “Ladridos con Eco”; del mesón del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) recojo los números 7 y 8 del periódico “El Remolino Popular”. También tomo del suelo tres ejemplares de la revista “Abya Yala” (“Tierra en plena madurez”), editado por el Movimiento por el Poder Popular. Ninguno de estos periódicos o revistas es vendido a precio fijo; el precio lo fija el lector.

Un retrato de Teobaldo

En el puesto del Colectivo 119 veo el CD que contiene el fallo definitivo del caso de los 119, emitido por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas de Chile. Recuerdo que en ese fallo está el nombre de dos mujeres periodistas que participaron en el  montaje informativo diseñado por los diarios El Mercurio y la Segunda. Una de ellas está   acusada de ser la autora de aquel temible titular de La Segunda: “Exterminan como ratas a miristas”. A ambas las conocí hace cinco años, cuando reporteaba temas de teatro para El Mercurio. Estábamos en el mismo piso. Una se sentaba casi al frente de la sección donde yo trabajaba, y escribía la crónica roja. La otra, unos pasos más allá, redactaba artículos para la sección política. Sentí escalofríos cuando leí sus nombres en el fallo publicado en marzo de este año.

Estas periodistas siguen escribiendo y firmando sus notas, a pesar de la condena ética de sus pares. Camino nuevamente hacia la Alameda; camino sobre los pasos blancos que ha pintado un grupo de muralistas. No comprendo bien el diseño, pero me hace evocar el juego del luche. Los pasos conducen hacia el portón de Londres 38. En Londres con la Alameda las esculturas siguen ahí, con el reverso pintado de negro y con un número rojo estampado en cada espalda. Hace frío en Santiago. Antes de partir, camino entre las esculturas y repaso cada nombre de estos 119 chilenos. Me detengo nuevamente en la figura de Teobaldo Tello; en su mano cuelga una cámara fotográfica, en la mía también. Mi última foto es para el fotógrafo Tello, el amigo de mi amigo Osvaldo.
 

Juez Madrid confrontó a ex responsables de Auditoría General del Ejército

Caso Berríos:

por  Jacmel Cuevas P.

Magistrado retomó diligencias tendientes a establecer el grado de responsabilidad que podría haber tenido la entidad castrense en el secuestro del ex químico de la disuelta DINA. El general (R) Torres Silva niega existencia de una reunión donde Pinochet ordenó sacar a Berríos del país, versión que contrasta con las del general (R) Ramírez Rurange y el coronel (R) Enrique Ibarra.

En una reservada diligencia, el ministro en visita Alejandro Madrid confrontó al ex Auditor General del Ejército (AUGE), general (r) Fernando Torres Silva, con el ex jefe del Departamento IV de dicha unidad, coronel (r) Enrique Ibarra, en el marco del caso por el secuestro y homicidio del ex químico de la disuelta DINA Eugenio Berríos.

El careo se realizó durante la tarde de este miércoles en el Comando de Telecomunicaciones de la rama castrense, ubicado en Peñalolén, extendiéndose por cerca de 40 minutos.

Según trascendió, esta pesquisa resulta fundamental para que el magistrado pueda resolver la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) respecto a someter a proceso a ambos ex uniformados como integrantes de la asociación ilícita para el secuestro y posterior homicidio de Berríos.

Fuentes consultadas por este medio explicaron que ambos militares en retiro se mantuvieron en sus dichos, y que la principal diferencia entre sus versiones fue la existencia de una reunión de generales en la casa presidencial ubicada en Presidente Errázuriz, a mediados de 1991.

En dicho encuentro el entonces comandante en jefe de la institución, general Augusto Pinochet, analizó los avances del caso por la muerte del ex canciller Orlando Letelier y sus posibles repercusiones.

Según declaró en el proceso el general (r) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en dicha cita Pinochet le habría dado la orden para sacar a Berríos del país, para frenar la investigación sobre el atentado contra el ex ministro de Relaciones Exteriores que entonces sustanciaba el ministro Adolfo Bañados.

No obstante, Torres Silva niega la existencia de dicha reunión y, por ende, su presencia en la misma. En tanto, su subalterno ha respaldado la versión del ex director de Inteligencia del Ejército.

       

¡Quemados con fósforo químico!

¡Quemados con fósforo químico!

Los desaparecidos de Colonia Dignidad

Gerhard Mücke, jerarca de la secta de Parral, encaró a su jefe, Paul Schäfer, exigiéndole que asuma su responsabilidad. Contó al juez las dramáticas horas finales de los prisioneros dentro del fundo. Los desenterraron en 1978, quemaron químicamente sus restos y tiraron las cenizas al río Perquilauquén.


Por Jorge Escalante

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Foto: Gerhard Mücke, el guardaespalda de Schäfer que confesó el destino final de los prisioneros. 

Con las luces encendidas de la vieja retroexcavadora Fuchs, Erich Fege salió ya oscuro desde el sector habitado del fundo y se alejó cinco kilómetros hasta el sector Chenco, dentro de Colonia Dignidad. Tenía la orden de Schäfer de cavar un hoyo ancho y profundo. Fege, nacido en Alemania en 1926, hizo la excavación y por radio le mandaron: “¡Aléjate 200 metros del lugar y mantente alerta!”.

Un grupo de efectivos del Ejército estaba ya dentro del predio. Venían desde Parral, pero pertenecían a la Escuela de Artillería de Linares.

El “Doc”, como le decían a Schäfer los militares, llamó a Gerhard Mücke y le ordenó conducir a los huéspedes hasta la fosa cavada por Fege. Él obedeció sin chistar y, con trato amistoso, guió a los visitantes. Al acercarse al lugar indicado, Mücke (mosquito) se retrasó un poco, pero antes les mostró el sitio preparado. Desde una camioneta, los militares bajaron a un grupo de detenidos, presumiblemente cinco, los mataron a tiros y los arrojaron a la fosa.

Mücke, el guardaespaldas de “Glasaugen” –como también le decían a Schäfer por su ojo de vidrio–, llamó a Fege por radio para que acercara la máquina: “¡Ahora tapas el hoyo y no preguntas nada!”, le ordenó. Enseguida guió a los oficiales, suboficiales y soldados hacia las casas de Dignidad, donde el “Doc” los agasajó con los típicos manjares de la tradición bávara.

Dentro de las alambradas de la secta caían y desaparecían los primeros prisioneros políticos. Habían transcurrido sólo algunas semanas desde el golpe militar de 1973.

Otros prisioneros –colonos sometidos por la violencia y el terror impuesto por Schäfer y sus jerarcas– sobrevivían bien alimentados en el predio, pero sufriendo como peones al servicio del rigor maléfico.

Pocos días después, Schäfer repitió la orden a Fege. “¡Sales oscuro!”, le dijo. Con la antigua Fuchs que operaba con un sistema de huinchas, el alemán enfiló hacia el mismo lugar y cavó otro hoyo similar. Un nuevo contingente del Ejército arribó al fundo desde las cercanías. Cumplida la tarea, Fege volvió a alejarse a la espera de que lo llamaran por radio, poco después de escuchar los disparos. Presumiblemente, esta vez los detenidos también fueron cinco. Murieron de la misma manera y tuvieron el mismo destino. El agasajo se repitió. “Glasaugen” era un excelente anfitrión, aunque muy mal vecino.

LOS DESAPARECIDOS DE PARRAL

El macabro ritual se repitió al menos dos veces más. En total, durante los dos meses tras el golpe, al interior de Dignidad fueron eliminados y sepultados “unos 20” prisioneros, recuerda Mücke en el proceso judicial contra Colonia Dignidad.

Cifra que se aproxima a los 22 parralinos que desaparecieron entre septiembre y octubre de 1973 en cuatro oportunidades distintas. Primero, el 26 de septiembre, cinco detenidos fueron trasladados desde la cárcel de Parral a un lugar desconocido por orden del gobernador de la zona, el hoy coronel (R) de la Escuela de Artillería de Linares Hugo Cardemil Valenzuela. Otros cinco desaparecieron desde la comisaría, entre el 11 y el 15 de octubre de 1973. El tercer grupo, también de cinco, desapareció el 13 de octubre desde el retén policial de Catillo, a unos 10 kilómetros de Colonia Dignidad. Y, por último, el 23 de octubre fueron sacados siete prisioneros desde la cárcel de Parral por orden de Cardemil.

Los datos coinciden con los recuerdos de Mücke y Fege. Ellos no mencionan a otros detenidos eliminados en la colonia, aunque sí señalan que en 1974 llegó otro montón de prisioneros, pero después fueron sacados por la DINA hacia un destino desconocido.

Pero el autor material de las 40 mil fichas de amigos y enemigos de la colonia, empresarios, militares, curas, monjas y autoridades políticas de diversas épocas, el “filósofo” Gerd Seewald Lefevre, presentado siempre como el “director de la escuela de Villa Baviera”, devela que otros prisioneros sí desaparecieron desde el fundo.

Menciona a Hernán Sarmiento Sabater y Haroldo Laurie Luengo, detenidos en Parral; Pedro Merino Molina, en Coronel; Adán Valdebenito Olavaria; en Lota, y a José Hilario San Martín Llancán, que no figura en ninguna lista oficial, y a otro de apellido Santibáñez. Todos corresponden al período de 1974, año en el que fue internada una gran cantidad de prisioneros en Dignidad. En aquel tiempo, Schäfer le comentó a Seewald: “Sie dürfen nicht überleben” (ellos no deben sobrevivir). Los mencionados aparecen en fichas incautadas el año pasado en el predio alemán.

“TODOS FUERON QUEMADOS”

Paul Schäfer sigue negando todo, pero sus “fieles” hablaron.

Corría 1978 cuando un día Schäfer convocó a su fiel “tío Mauk”, como llamaban a Mücke, y le ordenó: “¡Hay que limpiar el fundo! ¡Anda, sácalos y deshazte de ellos!”.

El pintor de brocha, como se autodenomina Mücke ante los jueces, pidió ayuda a Rudy Collen y Willy Malessa. La “limpieza” les tomó un par de semanas. Fue durante ese año cuando por orden de Pinochet se inició a la “Operación Retiro de Televisores”. En las distintas guarniciones militares se debían ubicar las fosas clandestinas, desenterrar los cuerpos de los detenidos asesinados y lanzarlos al mar, amarrados a un trozo de riel para hacerlos desaparecer definitivamente. La alarma había sonado en los cuarteles poco después que en una mina abandonada en Lonquén fueran ubicados los restos de 15 campesinos desaparecidos. Aunque se sospechaba, hasta ahora no se sabía que la orden también llegó a Colonia Dignidad.

Esta vez la vieja Fuchs la manejó Collen, mientras el “tío Mauk” dirigía las obras y se ensuciaba las manos enguantadas. El trabajo avanzó bajo la supervisión del “Doc”, empeñado en cumplir la orden de su general. Tras desenterrar los cuerpos ya putrefactos, “aunque aún con partes blandas”, como recuerda “Mauk”, éste y Collen metieron a cada uno en un saco bien amarrado y luego puesto dentro de otro “que tenía una sustancia que era fósforo y que quemaba fuertemente. Todos los cuerpos fueron quemados”, confesó Mücke.

 

 

Cuando la siniestra operación concluyó, “las cenizas se arrojaron al río Perquilauquén en un camión”, dijo el alemán con su gruesa voz de barítono a mal traer. Y afinó más el cálculo: “Fueron entre 18 y 21 cuerpos y conté cuatro o cinco fosas”.

Una versión, aún más escabrosa, no confirmada pero no ajena a la sofisticada ferocidad de los “benefactores”, indica que los desechos se los habrían arrojados a los chanchos.

FRENTE A FRENTE

Veintiocho años después, encarcelados y respondiendo a la justicia por los crímenes de lesa humanidad, en julio pasado Mücke y Schäfer fueron careados. Mücke enfrentó a su jefe por primera vez:

“¡Basta! Ya está bueno que reconozcas tu responsabilidad. Tú diste las órdenes y después me dijiste: ahora hay que limpiar el fundo. ¡Sácalos, y deshazte de ellos!”.

Schäfer miró a Mücke con frialdad y en mal castellano dijo: “No tengo idea de qué me habla este señor”.

Mücke contraatacó: “¡Los militares entraron al fundo por orden tuya y tú me ordenaste que los guiara por los caminos interiores!”.

“Bueno, ellos entraban a la villa y hacían lo que les daba la gana, eran el Gobierno. Es cierto que pasaron centenares de militares y carabineros. Llegaban sin avisar. Pero de eso que tú dices no sé nada. ¡Estuvimos 40 años juntos, Gerhard, y todo lo que se hizo se decidió en comunidad!”.

“¡No, señor, usted daba las órdenes!”, le espetó “Mauk”.

Decepcionado, “Mosquito” se sumaba a lo que un par de semanas antes habían sido las duras quejas ante la justicia de otro peligroso hombre del politburó de Dignidad, Kurt Schnellenkamp, en contra del “Ewige Onkel” (el “Tío Permanente”):

“Paul nos engañó a todos y más encima se quedó con nuestro dinero”.

Algo parecido había proferido en el juicio “el filósofo” de las fichas, Seewald. Nacido en 1922, sostiene que estudió filosofía en la Universidad de Hamburgo y ahí aprendió “a fichar”.

“Él nos manejó a todos”, manifestó.

Ahora, todos se sentían engañados por la sagacidad extrema del ex cabo nazi que, según cuentan, no perdió el ojo en la guerra, sino desatándose la amarra de los bototos con un tenedor.

DE CARRASCO A MERTINS

Kurt Schnellenkamp, el “gerente” del arsenal y brazo derecho de “Glasaugen”.

“Ku”, como todavía llaman a Schnellenkamp dentro de Dignidad y por fuera sus amigos chilenos, tenía razones de sobra para estar enojado con el “Doc”. Por años, fue él quien dio la cara por el sur y el norte para cumplir la orden de Schäfer de conseguir armas y municiones para defenderse “de los comunistas”. Tarea que cumplía en paralelo como jefe de la planta chancadora de Bulnes, donde producen ripio y otros materiales que todavía venden a empresas de la construcción e, incluso, dicen, al Estado.

Es en sus recientes palabras en el proceso de Colonia Dignidad donde aparecen nuevos nombres de altos oficiales que, durante la dictadura, tuvieron estrechos lazos con la secta. Dedicado a conseguir pertrechos de guerra o chatarra militar que creativamente transformaban dentro del fundo, afirmó que “fue en esta oportunidad cuando tomé contacto con algunos señores oficiales de Concepción, como Washington Carrasco, Luciano Díaz Schneider y Dante Iturriaga, y otros cuyos nombres en este momento no recuerdo”.

Si de ellos también recibieron prisioneros que llevaron al predio, no lo dice.

Asimismo se relacionó con suboficiales armeros de distintos regimientos del país, con los que también conseguía algunas armas y municiones bajo cuerda “a cambio de quesos y cosas de ese tipo”.

Los alemanes habían decidido incrementar su arsenal, que más tarde fue “subiendo de pelo” y sofisticación, por ejemplo, en negocios con el traficante de armas internacional y ex oficial de las SS hitlerianas Gerhard Mertins. El mismo “Ku” admitió los contactos que, acompañado por Helmuth Seelbach, otro alemán de la colonia, tuvo con Mertins en sus fundos de Durango (México) y Bonn (Alemania). Éste se transforma en el primer reconocimiento abierto de estos negocios con Mertins hecho por un miembro de la jerarquía de esta asociación ilícita criminal.

A SOLAS CON WILLOUGHBY

A “Ku” la memoria tampoco le falla para recordar que un día de 1974 condujo el bus Mercedes Benz de la colonia hasta el estadio de Talca:

“El viaje fue para trasladar hasta Villa Baviera a unos 15 prisioneros. Cuando llegué de vuelta los dejé en el galpón de las papas en medio de la noche y le dije a Paul: ¡misión cumplida!”.

Qué pasó con ellos después no está seguro, dice, pero afirma que le parece que la DINA los sacó en un bus.

En julio de 1974, Schäfer dijo a Schnellenkamp: “Me vas a llevar al fundo Las Palmas, entre Melipilla y Las Cabras. En el camino hablamos”.

Cuando arribaron al lugar, Schäfer le explicó: “Bueno, ahora me esperas aquí porque tengo una reunión importante con el señor Federico Willoughby, él es como un ministro de nuestro Gobierno”.

“Ku” sostiene que esperó cerca de una hora. Cuando el “Doc” salió y partieron de vuelta en el vehículo, le contó:

“El agente de la DINA Miguel Becerra murió en la villa, y no conviene que se sepa que murió adentro. Cuando lleguemos, tú y Rudi [Collen] van a cargar su camioneta en el Magiruz [Deutz, un camión] con su cuerpo adentro. Lo sacan, en Parral bajan la camioneta con su cuerpo, Rudi se vuelve, y tú conduces la camioneta hasta la carretera en Linares. Te desvías por algún camino no muy transitado y lo dejas ahí, sentado al volante. Que parezca cualquier cosa. Alguien te va a seguir para traerte de regreso”.

“Así lo hice. El cuerpo ya estaba descompuesto. Creo que Becerra, a quien apodamos “Uno” porque siempre andaba solo y vivía con nosotros adentro, quería salirse de la DINA”, contó “Ku” en el proceso.

Quién sabe por qué, “Glasaugen” pareció recobrar el don del recuerdo cuando, interrogado por el episodio Becerra, expresó casi en una alegoría:

“Alguien vino un día a mostrarme una manzana mascada que estaba en la pieza de Becerra. Corté un pedazo y se lo di a las lauchas. Cayeron muertas de inmediato. A Becerra le gustaba comer de noche una manzana. Mi teoría es que lo envenenaron, por lo de las lauchas, creo.

EL PERRITO DE MAGAÑA

El operativo militar que los alemanes llamaron “Cerro Gallo”, monte ubicado al este del río Perquilauquén, que cruza el predio de 17 mil hectáreas, se realizó en 1974. Según Mauk, “Ku”, Fege y un nuevo testigo, Franz Baar –un chileno robado a sus padres cuando niño y adoptado ilegalmente–, a Dignidad llegó una tarde un contingente de unos 500 efectivos del Ejército. Durmieron dentro y al amanecer salieron de cacería, pero humana, apoyados por helicópteros. Ninguno dijo hasta ahora si se detuvo gente, aunque algunos lo presumen.

Sin embargo, el episodio arrojó otro nombre desconocido hasta ahora –fuera de los de Manuel Contreras, Pedro Espinoza y el mismísimo Pinochet, que se pasearon por el fundo–. Un oficial de apellido Magaña que, según los testigos, pertenecía al Regimiento Chacabuco de Concepción, iba a cargo del operativo.

“Andaba con un perrito bajo el brazo”, recordaron Baar y Mücke.

Lo que les pareció fuera de toda marcialidad militar fue que Magaña, antes de iniciarse el operativo rastrillo, armó un gran escándalo porque se le había perdido su mascota y puso a alemanes y soldados de cabeza a buscarlo.

“Lo raro es que, cuando lo encontraron, se subió al helicóptero con la mascotita”, comentó socarronamente el “tío Mauk”.

Al final del operativo, Magaña le entregó a Schäfer un diploma de agradecimiento que decía: “Al General, Doctor y Profesor”. LND

Fisco deberá pagar 6 mil millones de pesos a familiares de víctimas de la Operación Albania

Fisco deberá pagar 6 mil millones de pesos a familiares de víctimas de la Operación Albania

Suprema rechazó recurso del consejo de defensa del estado que buscaba evitar la indemnización

En su tradicional sesión de los martes, el CDE analizó en profundidad las opciones que tienen para apelar a este dictamen. Uno de los consejeros dijo ayer que “es difícil que podamos revocar o minimizar los efectos de este dictamen y parece que habrá que pagar”.

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L.N.A./J.M.S./A.CH.S.
 

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El ministro Hugo Dolmestch, que jurará como supremo, fue quien aclaró el caso y decretó una indemnización de 250 millones de pesos, la que fue duplicada por la Corte.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema aprobó ayer el pago de 500 millones de pesos a los familiares de cada una de las doce víctimas de la Operación Albania. Esto luego de rechazar un recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evitar que el fisco pagara la no despreciable suma total de 6 mil millones de pesos, que se inscribe como la indemnización más grande dentro de los casos de violaciones de los derechos humanos.

El dictamen del máximo tribunal confirmó de esta manera la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que en diciembre de 2005 decidió, por una parte, confirmar las condenas a los agentes de la CNI encargados de secuestrar y asesinar a los frentistas entre el 15 y 16 de junio de 1987 y duplicó la indemnización aplicada por el ministro que sustanció el caso, Hugo Dolmestch, quien estableció una suma de 250 millones en primera instancia.

Los condenados en la oportunidad fueron, entre otros, el director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel a presidio perpetuo y el ex jefe operativo, mayor (R) Álvaro Corbalán, a quince años y más de doce personas, entre oficiales, suboficiales, detectives y personal civil.

Golpe duro

La decisión del máximo tribunal se produjo luego que el CDE recurrió mediante dos recursos de casación. El primero de ellos para aumentar las penas a los ex CNI y el segundo para oponerse a fin de que se rebajara o anulara la indemnización. Para el caso de la primera presentación, la Suprema otorgó admisibilidad al recurso de las condenas, pero rechazó el otro. De esta manera, los abogados del organismo fiscal presentaron un recurso de reposición, pero que también fue rechazado.

El golpe es duro para el CDE, pero dos consejeros explicaron ayer aún quedan algunas opciones para tratar de revertir el fallo que les afecta. Una de ellas es que durante los alegatos ante la Suprema en la parte relativa a lo penal, la sala pudiera revocar de oficio la indemnización, aunque es poco probable, se indicó.

Otra opción es la presentación de una queja contra los magistrados que fallaron la presentación del CDE. Para ello el organismo cuenta con sesenta días de plazo desde que es notificado.

Tan duro fue el fallo contra los intereses del fisco que ayer el pleno del CDE utilizó varias horas de su tradicional debate de los martes para analizar esta situación.

Sin embargo, dijo un miembro del organismo, “es difícil que podamos revocar o minimizar los efectos de este dictamen y parece que habrá que pagar”.

Las muertes

En la llamada Operación Albania murieron, producto de un plan de “neutralización” planificado por la CNI y ordenado por el entonces director, Hugo Salas Wenzel, contra el jefe del FPMR, Recaredo Valenzuela Pohorecke, en calle Alhué de Las Condes; Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica; Patricio Acosta Castro, en calle Varas Mena 630; Wilson Waldemar Henríquez Gallegos, en Varas Mena 415; Juan Henríquez Araya, en Varas Mena 417.

En tanto, Esther Cabrera Hinojosa, Manuel Valencia Calderón, Ricardo Rivera Silva, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, José Valenzuela Levy y Ricardo Silva Soto, fallecieron en Pedro Donoso 582, en Recoleta.

Estas últimas víctimas fueron presas de un montaje preparado por Álvaro Corbalán quien intentó hacer parecer los hechos como un enfrentamiento. Sin embargo, las pruebas balísticas, las confesiones de los agentes y la pericia del ministro Dolmestch destaparon el velo que cubrió esta caso por casi 20 años.LN