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Centros Chilenos en el Exterior

Juez del caso Riggs anula procesamiento de Oscar Aitken

Juez del caso Riggs anula procesamiento de Oscar Aitken

Enviado por Pedro Alejandro Matta p.matta@vtr.net 

El ministro en visita Juan González anuló hoy el procesamiento del abogado Oscar Aitken Lavanchy, ex albacea del fallecido general (R) Augusto Pinochet Ugarte, en el marco de la investigación del llamado caso Riggs.

Aitken se encontraba encargado reo como cómplice del delito de evasión tributaria y de acuerdo a las indagatorias, eludió el pago de impuestos por 232 mil millones de pesos, pues no declaró los honorarios adicionales que pactó con el otrora gobernante de facto, ni los ingresos que percibió en sus cuentas bancarias personales del Banco de Chile en Nueva York y en Coutts y Cía.

Asimismo, el juez González también sobreseyó en forma definitiva a la ex jefa de Extranjería del Servicio de Registro Civil, Erika Stemann, quien estaba imputada de falsificación de pasaportes del fallecido militar y sus hijos, en hechos acontecidos entre los años 1982 y 1990.

La mujer realizó acciones que alteraron el procedimiento normal de entrega de documentación, lo que causó el extravío de decenas de pasaportes, de varios de los que se hizo posteriormente uso con informaciones inexactas o falsas.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el pasado miércoles todos los procesamientos dictados por el ministro en visita Carlos Cerda en contra de los miembros de la familia y ex colaboradores del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, por una serie de ilícitos cometidos entre 1998 y 2005, por un monto que asciende a los 3.500 millones de pesos.

Así en este caso sólo continúan encausados Lucía Pinochet, Marco Antonio Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart y Mónica Ananías Kunkar.

 

Busco Chilenos en Polonia

Buenas a todos los compatriotas

Estimados amigos, soy un chileno que hace un par de meses vive en Poznań, Polonia y me encantaria saber si hay alguna colonia, o algun grupo de chilenos que viva aca.....Realmente me intersaria mucho, ya que en Chile me dedicaba a la musica y al folklore y extrańo muchisimo encontrarme con algun chileno para compartir una copa de vino y guitarrerar algunas buenas canciones...

Saludos a todos lo chilenos en el exterior

El gremio de los periodistas reacciona ante las sentencias por el asesinato de Pepe Carrasco

Por: Lucía Sepúlveda Ruiz (especial para ARGENPRESS.info

El Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, presidido por Patricio Martínez, manifestó en declaración pública su conformidad con las sentencias decretadas por la justicia contra los ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia en el asesinato del profesional de la orden, y Consejero Metropolitano José Carrasco Tapia el 8 de septiembre de 1986. 'Cuando el 2006 estaba llegando a su fin, nos enteramos de la noticia largamente esperada por los y las periodistas' afirman, recordando que en septiembre de este año conmemoraron los 20 años transcurridos desde el crimen. Agrega el comunicado: ' En este minuto de profunda emoción, recordamos a Pepone como un hombre, padre de familia, compañero y colega, que creía en el proyecto de una sociedad mejor, intentando recuperar la democracia y haciendo una defensa inclaudicable de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Es un momento de alegría, pero también debe ser de recuerdo para sus ex compañeros y compañeras de revista Análisis, de curso en la escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, de su familia, de sus colegas de aquella época como dirigente en el Colegio de Periodistas. Hoy, Pepe está más vivo que nunca entre nosotros.'

Las condenas

Los comentarios del dirigente del gremio se refieren a las sentencias conocidas el pasado 31 de diciembre. A 18 años de cárcel fue condenado Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, junto a 13 agentes que recibieron otras penas por los asesinatos del dirigente gremial de los periodistas y el MIR, José Carrasco Tapia, el profesor Gastón Vidaurrázaga (también mirista), el electricista Felipe Riveros, y el publicista Abraham Muskablitt (ambos militantes comunistas). El fallo por los crímenes perpetrados en represalia por el fallido atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el ex dictador Pinochet camino a El Melocotón, fue dado a conocer el último día hábil de 2006, por el ministro en visita Haroldo Brito, quien recibió las confesiones de los criminales de manos del juez Hugo Dolmetsch, al ser promovido éste a la Corte Suprema.

En esta sentencia de primera instancia ninguno de los criminales recibió beneficios carcelarios, por lo tanto deberían cumplir penas efectivas de cárcel. Brito condenó además al fisco a pagar 250 millones de pesos (unos 470.000 dólares) a las viudas, madres e hijos de las víctimas y unos 75 millones de pesos (141.000 dólares) a cinco hermanos de ellas. Sin embargo, ni los padres de José Carrasco, redactor de la revista 'Análisis' y colaborador de la revista Punto Final, ni su hijo Luciano, vivieron para ver el fin de la impunidad. En Chiloé, la señora Yolanda Manríquez, la madre del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga, en su condición de ex jueza, se mostró contenta de que finalmente se hiciera justicia. El hermano de Gastón, el periodista Ignacio Vidaurrázaga mostró conformidad con las sentencias pero sostuvo que habrá que estar atentos a las apelaciones de los condenados y luchar porque las condenas se hagan realidad.

El juez Brito condenó a trece años al ex capitán de ejército Jorge Vargas Bories y al ex mayor de carabineros Iván Quiroz, como autores de los homicidios de Carrasco y Muskablitt. Por el homicidio del profesor Vidaurrázaga fueron condenados a ocho años de prisión los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera. Corbalán y Quiroz ya estaban en Punta Peuco, el primero con perpetua por el crimen del carpintero Alegría y ambos además recibieron quince y diez años respectivamente, por su responsabilidad en los homicidios de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la llamada Operación Albania que investigó paralelamente el juez Dolmestch.

René Valdovinos, que tuvo una sentencia menor, también cumple condena por Operación Albania.

Otros crímenes de Bauer

Krantz Bauer era el ex jefe de la Brigada Verde de la CNI y pese a haber dirigido ese operativo de aniquilamiento conocido también como la matanza de Corpus Christi, fue absuelto por Dolmetstch en ese proceso, al igual que Vargas Bories. Actualmente Bauer también está procesado por la desaparición de cinco frentistas en 1987. Se estima que hasta la fecha Bauer y Vargas Bories siguen gozando de una suculenta pensión del Estado por supuesto 'estrés post guerra', que les permite una doble jubilación reajustable. El año 2004, el departamento de comunicaciones del Ejército informó al diario La Nación que esas pensiones tenían el carácter de 'irrevocables'.

Por el crimen de Felipe Rivera, los ex CNI Pedro Guzmán Olivares (ex coronel de ejército) y el detective Gonzalo Maas del Valle recibieron ocho años de prisión; los agentes civiles Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos (por Rivera); Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza (por Vidaurrázaga), así como Carlos Alberto Fachinetti (por Carrasco) y José Ramón Meneses (por Muskablitt) tienen cinco años y un día. El criminal número dos, el director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio, procesado por la ministra Dobra Luksic en mayo de 2000 por su directa responsabilidad en los hechos, murió de un infarto en junio del mismo año. Fue él quien luego de reunirse en la Moneda con el almirante Merino, ordenó a Corbalán, jefe del Cuartel Borgoña, asesinar a dos izquierdistas por cada escolta fallecido en el atentado.

La orden de Gordon

En su confesión, Corbalán relató al juez Dolmestch que luego de la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Gordon dispuso el acuartelamiento en grado uno de los miembros de la CNI. Corbalán estaba fuera de Santiago y regresó de inmediato dirigiéndose al Cuartel General de la CNI de calle República. Había sido citado allí por el general Gordon Rubio, quien poco antes había participado en una reunión de emergencia en La Moneda con el almirante Merino. A la reunión con Gordon llegó Corbalán y también Manuel Provis Carrasco, que dirigía la División Política Metropolitana, encargada del control de los partidos políticos de la época. Se lee en el expediente: 'El señor General nombrado, profundamente alterado por los hechos les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas'.

La orden se cumplió sólo en la División Antisubversiva que encabezaba Corbalán. 'Transmitida la orden por el comandante del Cuartel Borgoña a sus subalternos, se actuó por equipos separados de trabajo, respetándose estrictamente la jerarquía y el compartimentaje, como era la organización y forma normal de hacerlo.' El primer operativo de aniquilamiento se cumplió en la población Sara Gajardo de la comuna de Cerro Navia, donde secuestraron a Felipe Rivera, llevándolo en un vehículo hasta Américo Vespucio. Fue ejecutado frente a la Planta Toyota.

Alrededor de las 4 de la madrugada Krantz Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa asaltaron el hogar de Gastón Vidaurrázaga, ubicado en calle Fidel Angulo 1109 de la comuna de San Bernardo. El profesor trató de huir pero fue capturado y conducido a la Ruta 5 Sur donde a la altura del kilómetro 16 le dieron muerte, recibiendo doce impactos de bala.

Poco después, a las 5 horas de la madrugada del mismo día, siempre cumpliendo las órdenes de Corbalán, los agentes Iván Raul Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López ingresaron a la casa de José Carrasco, en calle Santa Filomena 111 donde 'procedieron a aprehender y secuestrar en presencia de su familia, a José Humberto Carraco Tapia, periodista y dirigente sindical vinculado al MIR, el cual fue introducido en un vehículo y conducido hasta la Avenida Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, frente al pasaje Merino González de la Villa Los Héroes de la Concepción, lugar donde se le dio muerte, siendo la causa de ésta traumatismo cráneo encefálico, facial y de la extremidad inferior izquierda por balas, estimando el perito forense que los disparos son de tipo homicida. Recibió según la autopsia de rigor, catorce impactos.'

En la siguiente madrugada, una patrulla integrada por Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Ramón Meneses Arcauz, se dirigió al domicilio de Abraham Muskablitt en Puente Alto, dirigente interno del Partido Comunista, secuestrándolo para ser ejecutado en el Camino Lonquén a la altura del Nº 2360, con nueve impactos de balas alojadas en el tórax, abdomen y brazos.

La acusación señala que los hechos relatados son constitutivos de sendos delitos de secuestro seguidos de homicidio…cometidos por terceros 'haciendo uso de la fuerza y aprovechando su condición de miembros de los servicios de seguridad'. El abogado Nelson Caucoto, defensor de la causa considera que Dolmestch realizó una profunda investigación y que dadas las confesiones obtenidas, las acusaciones -hoy convertidas en sentencias- son inobjetables.

Cuatro jueces

En 1991, ya en democracia, este proceso había estado con una insólita prohibición de informar dictada por la Corte Suprema y vigente por cinco años. El juez de la causa, Aquiles Rojas, fue quien dictó el primer auto de procesamiento contra Vargas Bories. Pero por haber aparecido el rostro del agente en primera plana en la prensa, antes de realizarse la rueda de reconocimiento que lo inculpó, esa resolución fue desautorizada por la Corte. Luego vino la prohibición de informar, medida siempre objetada por el Colegio de Periodistas.

Al asumir la causa la jueza Dobra Luksic se produjeron importantes avances, ya que ella investigó y dictó las 14 encargatorias de reos con los que profundizó la investigación que posteriormente debió asumir como ministro en visita Hugo Dolmestch, trabajando estos antecedentes en paralelo con la Operación Albania.

DDHH: Suprema establece que responsabilidad civil del Estado ya prescribió

Diario Electronico El Mostrador.

En caso de desaparición de militante mirista

Por  Jacmel Cuevas P.

Tercera Sala del máximo tribunal estimó que el plazo para presentar demandas, por el daño moral sufrido por los familiares de la víctima, se extinguió a cuatro años de ocurrida la desaparición, aclarando que los tratados internacionales de protección a los DD.HH. omiten referirse a la imprescriptibilidad en materia civil. Este fallo, sin duda, sentará jurisprudencia definitiva para estos casos.

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por los familiares de María Isabel Gutiérrez Martínez, en el marco de una demanda civil interpuesta contra el Fisco por los daños y perjuicios morales que les causó su desaparición, la cual se remonta al 24 de enero de 1975 desde el Regimiento Maipo de Valparaíso.

La instancia compuesta por los ministros Milton Juica, Adalis Oyarzún, Rubén Ballesteros y los abogados integrantes José Fernández y Arnaldo Gorziglia confirmaron la decisión de la Corte de Apelaciones y del Tercer Juzgado Civil de la Quinta Región, acogiendo las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la prescripción del delito.

Esta sentencia se constituye, de este modo, en el segundo fallo que se refiere a indemnizaciones civiles por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante el régimen militar. El anterior se refirió al caso del ejecutado político Luis A. Manríquez Wilden, quien fue detenido por Carabineros el 3 de noviembre de 1973 y, posteriormente, enviado al Campamento de Prisioneros de Pisagua, desde donde desapareció el 29 de enero de 1974, siendo su cadáver encontrado en 1990, en una fosa situada en la referida localidad nortina.

En tanto, María Isabel Gutiérrez fue detenida por ex agentes de la disuelta DINA en enero de 1975 y trasladada, junto a su novio, al regimiento Maipo. A fines de ese mes, la víctima fue traída a Santiago, al recinto clandestino de Villa Grimaldi, lugar desde donde se perdió su rastro a contar del 20 de febrero de ese año, junto a otras 8 personas.

Hasta antes de su captura, la mujer de 26 años se desempeñaba como empleada del Servicio Nacional de Empleados (Sermena) y era egresada de la carrera de Geografía, de la Universidad Católica de Valparaíso, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Tratados internacionales

Al referirse a este caso, el máximo tribunal recordó que la demanda por indemnización fue interpuesta por la familia de la víctima en noviembre de 2002, mientras que fue notificada al CDE el 15 de enero de 2003, en tanto que el hecho comenzó a perpetrarse el 20 de febrero de 1975.

Ante ello, precisó que las acciones civiles por indemnización de perjuicios prescriben en un plazo de 4 años, por lo cual los plazos de extinción de la responsabilidad civil están ampliamente vencidos.

"La prescripción constituye un principio general del derecho, destinado a garantizar la seguridad jurídica y, como tal, adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, entre otros, en las disciplinas correspondientes al Derecho Público, salvo que por ley o, en atención a la naturaleza de la materia, se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones", consignó la resolución.

Al referirse a los descargos de los demandantes acerca de los compromisos adquiridos por el Estado chileno al suscribir varios tratados internacionales sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la alta nagistratura aclaró que esos pactos no rigen en materia civil.

Sobre el Tratado de San José de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1.991, además de precisar que no estaba vigente al momento de los hechos, el fallo sostuvo que "la mencionada Convención no contiene regla alguna que permita afirmar la imprescriptibilidad de las acciones civiles encaminadas al resarcimiento de los perjuicios derivados de la violación de los derechos humanos".

En tanto, al referise a la Convención de Ginebra consideró que "la responsabilidad criminal por los graves delitos que dicha normativa describe no alcanza al ámbito de la responsabilidad civil en términos de vedar la prescripción de las acciones tendientes a hacerla exigible".

 

¿Por qué es tan importante que se condene a Israel y al grupo de presión sionista?

Por James Petras
Rebelión
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Las razones por las que las agencias judías continúan pregonando su apoyo a las desacreditadas políticas de esta fracasada administración no suponen ningún gran secreto. Consideran que el objetivo prioritario es la defensa de Israel, minusvalorando las demás cuestiones de la agenda. Esa única disposición las vincula aún más estrechamente a la Casa Blanca, que ha hecho de la lucha contra el terrorismo islámico su estandarte de combate. Los efectos de la campaña desplegada por el mundo han sido catastróficos. Pero eso les trae sin cuidado a las agencias judías” (8 de diciembre de 2006: declaración de J.J. Goldberg, editor de “Forward” (el principal semanario judío en Estados Unidos).

Introducción

Muchos escritores judíos, incluídos aquellos que se muestran un tanto críticos con Israel, han planteado preguntas mordaces tras nuestras críticas a la 'configuración del poder sionista' [Nota de la traductora: a partir de aquí, la CPS] en EEUU y a lo que, erróneamente, tachan de singular dura crítica hacia el estado de Israel. Algunos de esos acusadores proclaman que ven síntomas de “antisemitismo latente”; otros, de tendencia más ‘izquierdista’, rechazan que la CPS tenga un papel decisivo, argumentando que la política exterior estadounidense es consecuencia de la ‘geopolítica’ o de los intereses de las grandes corporaciones petrolíferas. Con la reciente publicación de varios textos ampliamente difundidos y extremadamente críticos con el poder del ‘Lobby’ sionista [Nota de la traductora: a partir de aquí utilizaremos el equivalente en español de la palabra "lobby": grupo de presión], varios propagandistas liberales favorables a Israel concedieron generosamente que ése es un tópico que debería debatirse (y no estigmatizarlo o descartarlo de forma automática) y quizá ser ‘tenido en cuenta’.

Los que niegan la CPS: falsos argumentos para falsas reivindicaciones

Las principales alegatos de quienes niegan la CPS adoptan diversas tácticas: Algunos proclaman que la CPS es tan sólo ‘otro grupo de presión’ más, como el de la Cámara de Comercio, el del Club Sierra o el de la Sociedad para la Protección de los Peces de Colores. Otros declaran que al centrarse principalmente en Israel y por deducción en el ‘grupo de presión’, los críticos hacia el sionismo ignoran los abusos igualmente violentos de ciertos gobernantes, regímenes y estados en otros lugares. Este ‘enfoque exclusivo’ sobre Israel, argumentan quienes niegan la CPS, revela un antisemitismo latente o patente. Sugieren que los defensores de los derechos humanos condenen a todos sus violadores en todas partes (¿al mismo tiempo y con el mismo énfasis?). Otros aún defienden que Israel es una democracia –al menos fuera de los Territorios Ocupados (TO)- y por tanto no es tan condenable como otros violadores de derechos humanos y que deberían ‘reconocérsele’ sus virtudes cívicas al lado de sus fallos en el área de los derechos humanos. Finalmente, hay otros que declaran que, debido al Holocausto y a la ‘Historia de los Dos Mil Años de Persecución’, deberían manejarse con gran prudencia las críticas hacia los grupos de presión proisraelíes financiados por los judíos, que uno debería dejar claro que critica sólo abusos específicos, que investiga todas las acusaciones –especialmente las de fuentes árabo/palestinas/Naciones Unidas/Derechos Humanos- y que reconoce que la opinión pública israelí, la prensa e incluso los tribunales o algunos sectores de los mismos pueden también mostrarse críticos con las políticas del régimen.

Esas resistencias a abordar el conflicto árabo-israelo-palestino y las actividades de los grupos de presión sionistas como algo esencial para la guerra y la paz sirven para diluir, disipar y desalentar las críticas y la actividad política organizada frente a la CPS y frente a quienes la dirigen desde Israel.

La respuesta ante esos ataques por parte de aquéllos que se muestran críticos con Israel y con la CPS ha sido débil en el mejor de los casos y cobarde en el peor. Algunos críticos han respondido que sus críticas sólo se refieren a una política o dirigente concretos, o a las políticas israelíes en los TO, y que reconocen que Israel es una democracia que necesita fronteras seguras y que entre los intereses del ‘pueblo’ israelí figura el de disminuir sus barreras de seguridad. Otros argumentan que su crítica va dirigida a asegurar los intereses israelíes, influir en el grupo de presión sionista o abrir un debate. Proclaman que los puntos de vista de la ‘mayoría de los judíos’ en EEUU no están representados por las 52 organizaciones que componen los Presidentes de las Organizaciones Judías Más Importantes de América, o los miles de PAC, federaciones locales, asociaciones profesionales y publicaciones semanales que hablan con una sola voz como partidarios incondicionales de cada giro y vuelta en la política del Estado Sionista.

Existen numerosas líneas similares de críticas que evitan básicamente las cuestiones fundamentales que el estado israelí y la CPS plantea y que nos vemos obligados a analizar. La razón de que esas críticas y acciones dirigidas contra Israel y la CPS tengan actualmente importancia fundamental en cualquier discusión sobre la política exterior de EEUU, especialmente (pero no exclusivamente) en la política hacia Oriente Próximo y en la política doméstica estadounidense, es porque juegan un papel decisivo y tienen un impacto histórico-mundial sobre el presente y el futuro de la paz mundial y de la justicia social. Vamos ahora a examinar las ‘grandes cuestiones’ que enfrentan los estadounidenses como consecuencia del poder de Israel en Estados Unidos.

Las grandes cuestiones planteadas en EEUU por la CPS y el poder israelí

Guerra o Paz:

Un estudio crítico del período preparatorio de la invasión estadounidense de Iraq, de la implicación de EEUU a la hora de proporcionar armas a Israel (bombas de fragmentación, bombas antibunker de dos toneladas e inteligencia obtenida de vigilancia vía satélite) antes, durante y después de la abortada invasión del Líbano, el apoyo de Washington al bloqueo inhumano al pueblo palestino y las demandas de la Casa Blanca y del Congreso de sanciones y de guerra contra Irán están directamente vinculados con la política estatal israelí y sus consejeros sionistas, muy presentes en la rama del ejecutivo y en el Congreso estadounidenses. Uno no necesita más que mirar los documentos, testimonios e informes del AIPAC y de los Presidentes de las Organizaciones Judías Más Importantes de América para observar sus declaraciones triunfales sobre su autoría tras determinados actos legislativos, a la hora de proporcionar inteligencia (falseada) y a la hora de dedicarse al espionaje (AIPAC) y de pasar documentos a la inteligencia israelí (actos todos ellos denominados ahora por los sionistas liberales como ‘discurso libre’).

Como las abrumadoras evidencias indican, si la CPS jugó un papel trascendental en las importantes guerras de nuestro tiempo, guerras capaces de provocar nuevos conflictos armados, nos corresponde entonces rebajar el papel del grupo de presión judío/sionista ante la posibilidad de que consigan que EEUU se lance a futuras guerras. Teniendo en cuenta el enfoque teocrático-militarista de Israel sobre el engrandecimiento territorial y sus anunciados planes de guerras futuras con Irán y Siria, y considerando los actos de la CPS como incuestionables y muy disciplinadas correas de transmisión del estado israelí, los ciudadanos estadounidenses que se oponen a los compromisos actuales y futuros de EEUU en las guerras de Oriente Próximo deben enfrentarse a la CPS y a sus mentores israelíes. Además, teniendo en cuenta los extendidos lazos entre las naciones islámicas, las propuestas de ‘nuevas guerras’ de la CPS/Israel contra Irán darán como resultado guerras globales. De ahí, que lo que está en juego al enfrentarnos a la CPS son cuestiones que van más allá del proceso de paz israelopalestino o incluso de los conflictos regionales de Oriente Próximo: implica la gran cuestión de la Paz o la Guerra Mundial.

Democracia o Autoritarismo:

Sin las bravatas y escuchas públicas del antiguo Senador Joseph McCarthy, el grupo de presión judío ha socavado sistemáticamente los principales pilares de nuestra frágil democracia. Aunque el Congreso estadounidense, los medios, los académicos, los militares retirados y las personalidades públicas son libres para criticar al Presidente, cualquier crítica a Israel, y mucho menos al grupo de presión judío, tropieza con ataques furiosos en todas las portadas de los periódicos más importantes por parte de un ejército de ‘expertos’ propagandistas proisraelíes, que se ponen a exigir que se fusile, purgue y expulse de sus puestos a los críticos o que se rechacen promociones o nuevos nombramientos. Frente a cualquier crítica seria que pida que se cuestione el papel del grupo de presión cuando moldea la política estadounidense para adaptarla a los intereses de Israel, todo el aparato (desde las federaciones judías, el AIPAC, los Presidentes de las Organizaciones Judías Más Importantes de América, etc.) entran en acción: desprestigiando, insultando y estigmatizando a los críticos como ‘antisemitas’. Al rechazar el libre discurso y el debate público a través de campañas de calumnias y de consecuencias reales y amenazantes, el grupo de presión judío ha aniquilado una de las libertades y derechos constitucionales más fundamentales de los estadounidenses.

Las masivas, sostenidas y bien financiadas campañas de odio dirigidas contra cualquier candidato del Congreso que se muestre crítico hacia Israel eliminan, efectivamente, el libre discurso entre la elite política. La abrumadora influencia de acaudalados contribuyentes judíos sobre ambos partidos –pero especialmente sobre los demócratas- consigue la exclusión de cualquier candidato que pudiera cuestionar algún aspecto de la agenda israelí del grupo de presión. La absorción de la financiación de la campaña demócrata por dos fanáticos ultrasionistas: el Senador Charles Schumer y el congresista israeloestadounidense Rahm Emanuel aseguró que todos los candidatos estuvieran totalmente subordinados al incondicional apoyo del grupo de presión a Israel. El resultado es que no hay debate en el Congreso, y mucho menos investigación, sobre el papel clave de prominentes sionistas situados en el Pentágono que están implicados en la elaboración de informes sobre las ‘armas de destrucción masiva’ en Iraq, en el diseño y ejecución de la guerra y en la desastrosa política de ocupación. Los ideólogos del grupo de presión, haciéndose pasar por ‘expertos’ en Oriente Próximo dominan las portadas y páginas editoriales de todos los periódicos importantes (Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post). En su pose de expertos sobre Oriente Próximo, se dedican a la propaganda de la línea israelí en las cadenas de televisión importantes (CBS, NBC, ABC, Fox y CNN) y en sus filiales en la radio. El grupo de presión ha jugado un papel fundamental en el apoyo y puesta en práctica de legislación altamente represiva, como el Acta Patriótica o el Acta de la Comisión Militar, así como en las modificaciones de legislación anticorrupción que le permiten al grupo de presión financiar, a costa del contribuyente, viajes ‘educativos’ de congresistas a Israel. El director de Seguridad Interior con sus cerca de 150.000 funcionarios y presupuesto multimillonario en dólares no es otro que el fanático sionista Michael Chertoff, inquisidor jefe contra organizaciones islámicas de beneficencia, organizaciones de ayuda palestina y otras organizaciones étnicas o musulmanas de Oriente Próximo en EEUU que pudieran suponer un desafío potencial frente a la agenda proisraelí del grupo de presión.

La mayor amenaza a la democracia, en su sentido más completo de la palabra –el derecho a debatir, a elegir, a legislar libre de coacciones-, se encuentra en los esfuerzos organizados del grupo de presión sionista a la hora de reprimir el debate público, en el control de la selección de candidatos y de sus campañas, en la legislación directa represiva y en las agencias de seguridad contra distritos o grupos electorales que se oponen a la agenda del grupo de presión a favor de Israel. Ningún otro grupo político o de activistas ha mantenido tanta y tan directa influencia en los procesos políticos, incluidos los medios, el debate y votación en el congreso, la selección de candidatos y financiación por parte del Congreso de cuotas de ayuda exterior y agendas en relación con Oriente Próximo como la organizada Configuración del Poder Sionista y sus portavoces indirectos que están en el Congreso al frente de una serie de puestos clave. Un primer paso para poder invertir la erosión de nuestras libertades democráticas es reconocer y denunciar públicamente las viles actividades financieras y organizativas de la CPS y movilizarnos para neutralizar sus esfuerzos.

¿Se trata de su política exterior o de la nuestra?:

Íntima y directamente relacionada con la pérdida de libertades democráticas y consecuencia directa de la influencia del grupo de presión judío sobre el proceso político se halla la elaboración de la política estadounidense en relación a Oriente Próximo y el sujeto que sale beneficiado de tal política. Todos los esfuerzos políticos del grupo de presión (sus gastos, las provocaciones étnicas, la censura y los viajes a costa de los demás) están dirigidos a controlar la política exterior de EEUU y, a través del poder estadounidense, influir en la política de sus aliados, clientes y adversarios en Europa, Asia y Oriente Próximo. El recorte sistemático de nuestras libertades democráticas por parte del grupo de presión está íntimamente relacionado con nuestra propia incapacidad para influir en la política exterior de nuestra nación. Nuestra mayoritaria posición contra la Guerra de Iraq, el repudio al principal ejecutor de la Guerra (la Casa Blanca) y nuestro horror ante la invasión israelí del Líbano y destrucción de Gaza se ven totalmente neutralizados por la influencia sionista sobre los políticos de la Casa Blanca y sobre los congresistas. Los recientemente victoriosos demócratas del Congreso ignoran a su electorado y siguen los consejos y dictados del liderazgo prosionista (Nancy Pelosi, Harry Reid, Rahm Emmanuel, Stephan Israel y otros) apoyando una escalada en los envíos de tropas y un aumento del gasto militar para la guerra en Iraq. Bush sigue la política de guerra contra Irán propuesta por los fervientes fanáticos sionistas del American Enterprise Institute, rechazando las propuestas diplomáticas de la bipartidista Comisión Baker. El Congreso cuadruplica la cantidad de armas almacenadas en Israel (supuestamente de doble uso) en el período posterior al bombardeo israelí del Sur del Líbano con un millón de bombas pequeñas antipersonas procedentes de las bombas de racimo, en desafío directo a la opinión electoral estadounidense. Mientras cientos de millones de niños y mujeres desnutridos sufren y mueren en África, Latinoamérica y Asia, el grupo de presión se asegura de que la mitad de la ayuda exterior estadounidense vaya a parar a los judíos israelíes, alcanzando unos ingresos per capita de alrededor de 22.000 dólares USA.

Ningún otro grupo de acción política organizada o firma de relaciones públicas actuando en nombre de los exiliados cubanos o venezolanos o estados árabes, africanos, chinos o de la UE consigue remotamente acercarse a la influencia del grupo de presión sionista a la hora de moldear la política de EEUU que sirve a los intereses de Israel.

Aunque el grupo de presión representa a menos del 2% del electorado estadounidense, su influencia en la política exterior excede con mucho al de la gran mayoría, que nunca ha tenido ni capacidad organizativa ni financiera para poder imponer sus puntos de vista.

En la historia de la república o imperio estadounidense, nunca una poderosa aunque diminuta minoría ha podido ejercer tanta influencia utilizando el poder económico y militar de una nación y las burdas presiones diplomáticas al servicio de un gobierno extranjero. Ni los francófilos durante la Revolución Americana, ni los anglófilos en la Guerra Civil, ni el Bund alemán en las etapas preliminares de la Segunda Guerra Mundial, ni el grupo de presión nacionalista anti-China de Taiwan tuvieron nunca el poder organizativo ni la sostenida influencia política que el CPS mantiene sobre las políticas interior y exterior de EEUU, ambas al servicio del Estado de Israel.

Enfrentando los asuntos del grupo de presión

La cuestión del poder del grupo de presión sobre las políticas de paz o guerra de EEUU, de autoritarismo o democracia y sobre quién define los intereses a los que sirve la política exterior de EEUU van obviamente más allá de la política en Oriente Próximo, el pillaje territorial colonial israelí en Palestina e incuso la salvaje ocupación de Iraq. El desarrollo de la influencia sionista sobre el poder militar más poderoso del mundo, que dispone de la mayor serie de estados clientes, bases militares, armas mortíferas y voz decisiva en las instancias internacionales (FMI/Banco Mundial/Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), significa que el grupo de presión tiene medios para apalancar sus posibilidades en la mayor parte de las zonas del mundo. Ese poder de apalancamiento se extiende sobre todo un registro de asuntos, desde la defensa de las fortunas de los homicidas y gangsters oligarcas rusojudíos, hasta el aporreamiento de los aliados europeos de EEUU para que sirvan de cómplices en la limpieza étnica que Israel lleva a cabo en Palestina.

La CPS representa una amenaza básica para nuestra existencia como estado soberano y para nuestra capacidad de influir en quienes elegimos y en qué tipo de agendas e intereses debieran perseguir nuestros representantes. Y lo que es aún peor, con tal de servir a los intereses israelíes, nos convertimos en cómplices de un estado cuyo Tribunal Supremo legaliza los asesinatos políticos que violan fronteras nacionales, la tortura, las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de un régimen que repudia las resoluciones de Naciones Unidas y unilateralmente invade y bombardea a sus vecinos y práctica un expansionismo colonialista militar. En resumen, Israel alienta y nutre las tendencias más retrógradas y las prácticas más brutales de la política contemporánea estadounidense. En ese sentido, el grupo de presión, a través de sus medios, influencias en el Congreso y think tanks, está creando una identidad que es la viva imagen de Israel. Como Israel, los EEUU han establecido en el Pentágono sus propios equipos de asesinos; como Israel, invade y coloniza Iraq; como Israel, viola y rechaza cualquier límite legal internacional o constitucional y tortura sistemáticamente a prisioneros a los que acusa sin haberlos sometido a juicio.

Por todas estas consideraciones fundamentales, no podemos presionar a nuestros colegas y compatriotas judíos ‘progresistas’ e inhibirnos nosotros a la hora de enfrentar con firmeza y urgencia al grupo de presión sionista. Están en juego demasiadas libertades; nos queda demasiado poco tiempo antes de que consigan afianzar una mayor escalada militar; nos queda demasiada poca soberanía frente al esfuerzo concertado del grupo de presión y sus ‘ideólogos y expertos’ en Oriente Próximo que presionan y nos empujan hacia una nueva y más devastadora guerra con Irán en aras de la búsqueda de Israel del dominio sobre Oriente Próximo.

Ningún otro país, que viole o no, los derechos humanos, con o sin sistemas electorales, tiene la influencia sobre nuestra política interior y exterior que tiene el estado de Israel. Ningún otro grupo de presión tiene el tipo de poder financiero y alcance organizativo del grupo de presión judío para socavar nuestras libertades políticas domésticas o nuestra capacidad para hacer la guerra. Tan sólo por esas razones, es lógico que nosotros, estadounidenses, tengamos una urgente necesidad de colocar nuestra lucha contra Israel y su grupo de presión en el primer puesto de nuestra agenda política. No es porque Israel tenga la peor agenda de derechos humanos del mundo –otros estados tienen incluso peores credenciales democráticas- sino por su papel impulsando a sus seguidores en EEUU para que degraden nuestros principios democráticos, nos roben nuestra libertad para el debate y nuestra soberanía para decidir nuestros propios intereses. El grupo de presión pone los recursos militares y presupuestarios del Imperio al servicio del Gran Israel, y eso provoca los peores derechos humanos del mundo.

Las respuestas democráticas, justas y pacíficas a las Grandes Preguntas con que se enfrentan estadounidenses, europeos, musulmanes, judíos y otros pueblos del mundo pasan por la derrota y desmantelamiento de la Configuración del Poder Sionista dirigida por los israelíes en EEUU. Otro planteamiento no nos permitirá comprometernos en un debate abierto sobre posibles alternativas a la represión en casa y al imperialismo fuera.

Sinfo Fernández pertenece al colectivo de Rebelión. URL de esta página: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=43981

 

Bachelet sube apoyo en CEP y obtiene aprobación del 52%

Bachelet sube apoyo en CEP y obtiene aprobación del 52%
El estudio constata un alza de seis puntos de la mandataria en comparación con el sondeo efectuado en junio del año pasado. En materia de corrupción, un 41% cree que el gobierno no ha actuado "ni bien, ni mal"; mientras que un 28% dice que...
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Bachelet sube apoyo en CEP y obtiene aprobación del 52%

Bachelet sube apoyo en CEP y obtiene aprobación del 52%

El estudio constata un alza de seis puntos de la mandataria en comparación con el sondeo efectuado en junio del año pasado. En materia de corrupción, un 41% cree que el gobierno no ha actuado "ni bien, ni mal"; mientras que un 28% dice que claramente mal y un 28% afirma que bien.

Foto: La Presidenta, esta mañana, durante la entrega de premios Capital Semilla para 111 mujeres emprendedoras.

lanacion.cl

Un alza en el apoyo a su gestión registró la Presidenta Michelle Bachelet, quien obtuvo un 52% de respaldo en la encuesta que el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer hoy.

La cifra representa un crecimiento de seis puntos en comparación con el sondeo anterior, efectuado entre junio-julio de 2006, oportunidad en que la jefa de Estado obtuvo un 46%.

El informe indica que un 31% desaprueba el trabajo realizado por la actual administración y un 15% no aprueba ni desaprueba el quehacer gubernamental. Con respecto a la oposición, un 47% desaprueba su labor y sólo un 24% la aprueba.

CEP aprovecho de revisar si los encuestados confían en la mandataria, a lo que el 58% de los hombres y el 60% en las mujeres respondió afirmativamente. Además un 49% estima que Bachelet le parece cercana, pero un 46% apuesta exactamente por lo contrario.

Al preguntarse por la destreza o habilidad que ha demostrado el actual gobierno a nivel de gestión, un 44% apuesta por habilidad, pero un 48% dice que carece de esta característica.

Consultados acerca de si el gobierno ha actuado con firmeza o debilidad frente a las presiones de instituciones o personas, un 36% apuesta a la primera opción, mientras que un 59% respalda la idea de debilidad.

Partidos Políticos

En el caso de la identificación con partidos políticos la Democracia Cristiana suma un 11%, el PS un 10%, RN un 8%, la UDI un 7% mientras que el PC alcanza un 4%. La mayoría (46%) se define como independiente.

Por posición política un 41% se dice independiente o con ninguna posición; luego con un 27% se encuentra la izquierda-centro izquierda; derecha-centro derecha suma un 18% de las menciones y centro un 11%.

En una consulta específica, CEP plantea si cree que la DC pasará a la Alianza y un 63% dice que no, mientras que un 32% afirma que sí.

Evaluación de personajes públicos

En la pregunta sobre evaluación de personajes políticos la mejor evaluación queda en manos del ex Presidente Ricardo Lagos (66%), le sigue Michelle Bachelet y Soledad Alvear (ambas con 61%), luego José Miguel Insulza (54%) y Ricardo Lagos Weber con 51% de las menciones.

Más abajo figuran Eduardo Frei (46%), Sebastián Piñera (45%), Nicolás Eyzaguirre (44%). De la oposición destaca, Jacqueline Van Rysselberghe (37%), Lily Pérez y Joaquín Lavín (ambos con 32%).

CEP constata que las mayores bajas en las menciones están en manos de Guido Giradi (19% menos), Carolina Tohá (14% menos), Ricardo Lagos E. (baja 9%) y la misma cifra anota Alejandro Foxley.

Mirada económica

En el plano económico, un 45% respalda la labor del gobierno y un 35% lo desaprueba.

Además, un 50% sostiene que la situación económica del país es “ni buena, ni mala”, un 29% dice que es mala y un 21% apuesta a que es buena. Y el optimismo en esta materia es escaso ya que un 33% cree que mejorará el panorama, un 55% dice que no cambiará y un 11% sostiene que empeorará.

En la consulta, cuáles cree que son los tres peores problemas en los que el gobierno debería dedicar su mayor esfuerzo se encuentra la delincuencia (50%), salud (37%), y educación (36%).


Corrupción

Considerando las denuncias de corrupción, El CEP constató que un 55% de los entrevistados opina que “muchos funcionarios públicos están involucrados” en estos casos, mientras que un 37% apostó por la opción “algunos” y un 5% dijo que casi ninguno.

Requeridos acerca de si el gobierno ha actuado adecuadamente en este punto, un 41% apuesta por ni bien, ni mal; un 28% dice mal y un 28% afirma que bien.

A su vez, un 59% cree que la corrupción está extendida en los partidos políticos, un 48% estima que ello sucede en los tribunales, un 44% en el congreso, un 43% en los municipios, un 41% en las empresas públicas, el 37% apuesta por la opción “algunos ministerios”, el 33% dice que en Investigaciones e igual cifra para Carabineros y, finalmente, un 24% menciona a las Fuerzas Armadas.

Un 57% cree que es responsabilidad del gobierno y la oposición que las medidas anticorrupción no se concreten, un 23% responsabiliza exclusivamente a La Moneda y un 9% apuesta por la derecha. Aún así un 82% considera fundamental que ambos sectores trabajen en conjunto para enfrentar este problema

En el mismo sentido, un 32% cree que el Ejecutivo gasta adecuadamente los recursos que recibe, pero un 60% opina que lo hace mal.

Por lo mismo, no extraña que un 83 respalde la siguiente afirmación: “la corrupción penetra en la administración pública debido a que los cargos públicos se llenan por cuoteo político y no por mérito”.

Un 73% dice que “en general los candidatos financian sus campañas políticas a través de prácticas ilegales” y un 45% respalda la idea de que “en general, el Estado chileno es profesional y eficiente”.

 

Mulet dice que “La Tercera miente” y reafirma acción legal contra el diario

Mulet dice que “La Tercera miente” y reafirma acción legal contra el diario

“Este diario miente porque sin duda me ha colocado en una situación que ha afectado profundamente mi honra”, sostuvo el diputado en la hora de incidentes, luego de ser vinculado a desvíos de dinero durante su campaña por la dirección de la Democracia Cristiana.

lanacion.cl

El diputado DC Jaime Mulet, quien fue acusado de haberse beneficiado en período de campaña con platas de proyectos estatales, acusó hoy en la sala de sesiones al diario La Tercera, señalando que este medio “miente” y reafirmando que iniciará acciones legales contra el diario.

“Puedo decir con mucha claridad que la Tercera miente, le miente al país, este diario miente, y miente porque sin duda me ha colocado en una situación que ha afectado profundamente mi honra, que para mí es el patrimonio más grande que tengo”, sostuvo el legislador del ala colorina del partido en la hora de incidentes.

Mulet aseguró que “este diario el 2 de enero, trata de vincular -el diario, porque no hay ninguna persona que haya afirmado el hecho- presuntos traspasos de fondos desde un proyecto de Chiledeportes a la campaña interna de la Democracia Cristiana, en donde yo fui uno de los competidores en una lista donde fui acompañado con la diputada Alejandra Sepúlveda”.

Recalcó que “eso esta demás decir que lo desmiento categóricamente, pero insisten en el día de ayer, de la misma manera oblicua, insisten en el día de hoy, incluso parte de la editorial me la dedican”.

Por ello, reiteró su decisión de “interponer una demanda civil indemnizatoria de perjuicios que está preparando un equipo de abogados, que me va a representar en esto en contra del propietario de este periódico que miente, Álvaro Saieh”.

En su intervención, Mulet cuestionó la forma en que el dueño de La Tercera hizo su fortuna y afirmó que “no le reconozco ninguna autoridad moral para hacer lo que hace, lejos de eso creo que más explicaciones le debe él, que cualquier personero que esté en la sala”.

Detalló que la indemnización “no la voy a pedir para mí, la pediré para una organización de caridad de mi distrito, pues no pretendo lucrar con esto, pero sí defender mi honor”.

El parlamentario DC enfatizó que “me gustaría que el señor Saieh, el señor (Cristián) Bofill (director del matutino), le expliquen al país la lógica que hay detrás de todo esto, quienes forman parte del consejo editorial, reservado, secreto, que tiene La Tercera en los últimos dos años”.

Recalcó que “me dicen que son políticos, me dicen que hay ex presidentes de partido. Me dicen que hay ex ministros de Estado, de diversas tendencias y de todos los colores. Yo pido públicamente por la transparencia que debe tener cualquier medio, como es La Nación, donde aparece su consejo editorial”.