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Centros Chilenos en el Exterior

Medicos y oficiales DINA procesados por asesinato de agente de la DINA

24 de Julio de 2007

Por asociación ilícita, homicidio y secuestro
Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

por  Jorge Molina Sanhueza


Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Taboada.

Esta última es prima de Ana María Bolumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Detenidos cuatro médicos por el crimen de ex agente de la DINA

Detenidos cuatro médicos por el crimen de ex agente de la DINA

El juez Madrid procesó hoy a cuatro médicos y dos enfermeras por el crimen de Manuel Leyton, miembro de la DINA, organización represora de la dictadura de Pinochet, ocurrido en 1977 en la llamada clínica London.



Agencias

Los procesados son los médicos Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Vitorio Orvietto Teplizky y Hernán Tarico Lavín, que quedaron detenidos hoy, al igual que las enfermeras Eliana Bolomburú Taboada y Gladys Calderón Carreño.

Los cuatro médicos y las enfermeras fueron encausados por el delito de asociación ilícita del asesinato del cabo Leyton, que pertenecía a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Los detenidos serán prontuariados por la Policía de Investigaciones para luego ser notificados de la decisión del magistrado en el 19º Juzgado del Crimen de Santiago. Luego, serán derivados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y al Batallón de Policía Militar.

En su investigación, el magistrado determinó que el motivo que tuvo la DINA para asesinar a Leyton es que éste habría revelado a efectivos de la Policía que el organismo represor hacía desaparecer cuerpos de presos políticos lanzándolos al mar, lo que fue considerado una traición.

Según el auto de procesamiento, "el cabo Leyton fue llevado por agentes de la policía secreta de Augusto Pinochet a un cuartel de la DINA y después trasladado a la Clínica London del organismo, donde estuvo privado de libertad y después falleció".

El juez Madrid agrega que "se presume con fundamento que su deceso se produjo a consecuencias de la aplicación del denominado gas sarín", que desarrolló en Chile el químico de la DINA Eugenio Berríos, quien fue hallado muerto en 1995 en Uruguay.

El juez Madrid está a cargo del llamado "caso Berríos" y también de la investigación del presunto asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que murió en 1982 en una clínica de Santiago, tras una intervención quirúrgica de mínimo riesgo.

El abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, tras conocer los procesamientos advirtió hoy que los médicos enjuiciados son también sospechosos de la muerte del ex mandatario.

Según la versión oficial, Frei Montalva falleció a causa de una infección, pero siempre se sospechó que su muerte pudo haber sido causada por algún elemento químico o biológico introducido por agentes de la policía secreta.

- Juez acredita uso de gas sarín y procesa a ex fiscal Torres Silva
- Lea el procesamiento dictado en el caso Berríos
- Lea el fallo en el caso Leyton

Se reacomodan las fuerzas políticas chilenas

Foto:  Michelle Bachelet, presidenta de Chile, encabeza la ceremonia de celebración de los 50 años de FLACSO en el Palacio de la Moneda. (foto: José Manuel de la Maza - Presidencia Chile)

El gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afronta en el Congreso una dura oposición de la derechista Alianza por Chile y de la coalición en el poder, indicio de un reacomodo de las fuerzas políticas del país.

La coyuntura pone en riesgo la aprobación de futuros proyectos de ley, como la nueva nómina del canal público de televisión TVN; la reforma provisional y la elección del presidente del Banco Central.

Ninguna de las iniciativas ni la aprobación del presupuesto 2008 tiene asegurados los votos en el senado.

El fondo de este problema es la fragilidad que presenta la coalición que gobierna Chile desde 1990, cuando finalizó la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La llamada Concertación de Partidos por la Democracia está integrada por los partidos Socialista (PS), Demócrata Cristiano (DC), Radical Socialdemócrata (PRSD) y Por la Democracia (PPD).

En el anterior gobierno del presidente Ricardo Lagos hubo serias manifestaciones de descontento de los democratacristianos por no haber logrado tener su propio candidato presidencial.

Los democratacristianos decían que les correspondía tener uno de sus militantes como presidente, y no a la socialista Michelle Bachelet, con lo que el Partido Socialista repetía la carta presidencial después de Lagos.

El senador Adolfo Zaldívar, entonces presidente del PDC, capitalizaba ese descontento y más de una vez hizo críticas al presidente Lagos por la forma en que gobernaba, pero jamás votó en contra de los proyectos de ley que éste enviaba al senado.

En Chile, siempre había existido los llamados 'Tres Tercios' en cómputos electorales: un tercio para la derecha, un tercio para el centro (léase Democracia Cristiana) y un tercio para la izquierda (con mayoría de socialistas).

En las elecciones de 2005, cuando Bachelet fue elegida, la coalición gobernante, denominada Concertación de Partidos por la Democracia, obtuvo 21 senadores, que significaba una mayoría simple frente a la oposición. También obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados.

Problemas actuales

Mientras la oposición de derecha mantiene una actitud de confrontación frente al gobierno, en la coalición de gobierno, hay cada vez más signos de agotamiento y división con vistas a los comicios municipales y presidenciales de 2009.

La primera alarma de esta nueva realidad se encendió con la salida del Partido Por la Democracia (PPD) del senador Fernando Flores, pero en La Moneda confiaban en que el parlamentario seguiría alineado con la concertación.

Flores ha formado con otros ex parlamentarios de ese partido una agrupación política llamada 'Chile Primero', que aspira a convertirse en un partido en las próximas elecciones. Por ello, actúa como 'independiente' en el Senado.

Pronto vino la segunda alarma: el proyecto de ley que financiaba con 290 millones de dólares el plan Transantiago. Aquí se produjo la 'rebeldía' de los senadores de la coalición gobernante.

El gobierno debió comprometer recursos para regiones, hacerse cargo de un plan para las islas de Chiloé y modificar su iniciativa legal original para lograr el apoyo de los senadores Flores, Carlos Ominami (PS) y Eduardo Frei (DC).

La presidenta Michelle Bachelet debió conseguir el apoyo del senador independiente por el derechista Renovación Nacional, Carlos Bianchi y del senador Andrés Zaldívar (DC).

La tercera alarma se encendió el pasado martes. En el Senado, Adolfo Zaldívar, Fernando Flores y Alejandro Navarro, este último del Partido Socialista, no dieron su voto a la propuesta de la mandataria para integrar nuevos miembros al directorio del canal de televisión estatal, lo que significó un serio revés para el gobierno de Bachelet.

El vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, reconoció que a partir de ahora habrá que tomar con pinzas el predominio de la Concertación, lo que significa que el gobierno carece de mayoría en el Senado.

Los cuatro partidos que integran la Concertación de Partidos por la Democracia reconocen que es la más exitosa pues ha durado más tiempo en la vida política de Chile.

Pero la crisis actual no permite asegurar que la coalición gobernante se mantendrá unida en el futuro.

Al parecer los desencuentros entre el gobierno, los partidos y los parlamentarios serán frecuentes, poniendo en peligro los proyectos del gobierno de la presidenta Bachelet.

Ex auditor del Ejército y coronel (R) Ibarra procesado por asociación ilícita

Ex auditor del Ejército y coronel (R) Ibarra procesado por asociación ilícita

 Juez acredita uso de gas sarín y procesa a ex fiscal Torres Silva

Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.

Foto: El ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva

Jorge Escalante
La Nación

Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.

Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.

Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.

En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.

Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva

Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.

Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.

Conexión Lautaro.

Coronel (R) Enrique Ibarra.

En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.

La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.

El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.

Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció”.

El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”. LN


El asesinato del ex agente de la DINA Manuel Leyton

En el caso de la muerte del cabo Manuel Leyton, el juez Madrid estableció en su fallo de procesamiento que cuando al interior del Ejército se conoció que la real causa de muerte del agente se produjo a causa del gas Sarín, y luego de que su cuerpo ya había sido entregado a su familia, “se suspendió el velatorio y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para una autopsia, pero portando documentos falsos”.

Agrega la resolución que “luego de ser presionados los directivos superiores del SML, se obtuvo un protocolo de autopsia, así como informes de exámenes químico-toxicológicos y de anatomía patológica, que no fueron fidedignos. Como tampoco lo fueron la historia clínica de atención médica y hoja de enfermería del cabo Leyton, las que aparecen confeccionadas en la Clínica London y firmadas por facultativos pertenecientes a la DINA”.

El motivo por el cual la DINA decidió asesinar a Leyton, habría sido que éste habría entregado información a Carabineros, que él y otros agentes robaban vehículos de personas que detenían, para aumentar la dotación móvil de los grupos operativos de la DINA.

Por el secuestro y homicidio del cabo Manuel Leyton, fueron procesados:

Los médicos de la DINA Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton

 

 Operación “Control de Bajas”

La participación del ex auditor y fiscal del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, en el caso Berríos, al igual que la del coronel (R) Enrique Ibarra, tiene que ver con la operación llamada “Control de Bajas”.

Esta consistió en sacar del país en forma clandestina para sustrarlos de los tribunales, a los agentes que, a comienzos de la década de los años 90, habían entrado en serio conflicto con la justicia, o sabían mucho como el caso de Berríos.

De esa forma sacaron al ex químico, al ex agente Arturo Sanhueza Ros involucrado en la Operación Albania, y a Carlos Herrera Jiménez, uno de los autores del crimen de Tucapel Jiménez.

A través del seguimiento detallado de todas las causas por violaciones a los derechos humanos, la Auditoría de Torres Silva e Ibarra, aportaban toda la información a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, para que ésta dirección diseñara “los cursos ilícitos de acción a seguir respecto de quienes eran requeridos por la justicia”.

De esta manera, en la investigación se estableció que entre la Auditoría de Torres Silva y la DINE que entonces dirigía el general Hernán Ramírez Rurange y después el general Eugenio Covarrubias, se bloqueó la acción de los jueces que indagaban las causas.

Igualmente, entre ambas instancias militares se preocuparon de aportar información falsa o distractiva a los jueces.

 

Indemnizaciones políticas

Domingo 22 de julio de 2007. Diario “LA DISCUSIÓN” de Chillán
Por Alejandro Witker www.alejandrowitker.cl.

La igualdad ante la ley es una conquista de la civilización consustancial a la democracia, pero en Chile esta igualdad no corre cuando se trata de los grandes de la clase política.

La familia de un ministro que fue víctima del terrorismo por agentes del Estado chileno recibió una millonaria indemnización. El crimen fue abominable y la familia tenía derecho a una reparación que compensara mínimamente un daño irreparable. El repudio del crimen y la reparación están fuera de discusión, el punto es establecer criterios sobre la base de la igualdad ante la ley.
Algo parecido ocurrió en el caso de un líder sindicalista.
 
Se acaba de aprobar por el Parlamento un nuevo caso de un funcionario internacional que corrió la misma suerte. Su familia recibirá más de 1.500 millones de pesos de indemnización.

Pocas voces en el Senado han reparado que se están consagrando privilegios inaceptables: “hay víctimas de primera y de segunda categoría”, dijo el senador Roberto Muñoz Barra.

Resulta bien curioso, para decir lo menos, que personeros que militan en corrientes políticas propiciadoras de la igualdad no tengan ningún escrúpulo en recibir millonadas por cuenta de una “discriminación positiva” propia de una clase política con intereses que la diferencian de ese “perraje” que debe conformarse con las compensaciones “austeras y simbólicas” que se han otorgado a miles de chilenos afectados por la violencia política durante el régimen militar.

Desde luego que esas indemnizaciones precarias son algo cuando no había nada, pero adolecen de un vicio moral inaceptable: se niveló con cálculo matemático y la frialdad de una tecnocracia desalmada. ¿Cómo van a igualarse detenciones de unos cuantos días con torturas que dejaron graves secuelas, encarcelamientos por años, quemazones de bibliotecas, largos exilios? Y no se diga que no hay plata en caja.
Llama la atención que ciertos políticos populistas que andan a la caza de escándalos no hayan abierto la boca para denunciar estos atropellos a la igualdad ante la ley. Dicen estar siempre “junto a la gente”, pero esta vez con su silencio se han olvidado de las 28 mil víctimas que están recibiendo indemnizaciones “simbólicas y austeras” y desde luego miren para el techo cuando el cheque grueso va al destino de sus pares de la clase política.

Este cronista cree en la igualdad ante la ley y por lo mismo quiere ser consecuente con su compromiso social: denunciar privilegios y el aprovechamiento del poder a favor de unos pocos. Las indemnizaciones millonarias forman parte de la escandalosa desigualdad denunciada por los obispos pero algunos sólo creen en la desigualdad que genera las utilidades de la empresa y no las desigualdades que genera la “carrera política”..


Chilenos en Australia

Gustavo Mártin-Montenegro 
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Chile

El caso Fujimori

Javier Zúñiga, programas Regionales del Secretariado I. de Amnistía Internacional; Sergio Laurenti, director de AI Chile; Ismael Vega, director de AI Perú

Es paradógico e incluso sorprendente que la extradición del ex Presidente de Perú Alberto Fujimori haya encontrado obstáculos en Chile, uno de los países que más está haciendo en el frente contra la impunidad en el continente. La propia Corte Suprema del país ha emitido fallos que permitieron que Augusto Pinochet quedara encausado (aunque no juzgado) hasta el fin de su vida. Fujimori no es simplemente un sospechoso acusado de robar automóviles que está combatiendo su extradición con todos los medios a su alcance, es un individuo que durante sus diez años, como jefe del Ejecutivo lideró, organizó y con frecuencia siguió de cerca las acciones que se saldaron con la detención, tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzosa de miles de personas. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú no puede ser más claro al respecto.

La experiencia de Chile y de otros países muestra que resulta muy difícil, pero no imposible, remontar el hilo de responsabilidad penal por los crímenes de Estado hasta su autor intelectual: el Presidente de la República. Es difícil porque éste se esfuerza en no dejar trazas materiales de sus órdenes. Por lo general, no existen escritos en los que haya autorizado la desaparición de cientos o miles de personas, no existen testigos de las órdenes y, con frecuencia, no existe ni siquiera cuerpo del delito. Cuando por fin se logra localizar a los responsables, por regla general son los ejecutores de los abusos y no aquellos que en un nivel superior diseñaron la política de eliminación física del adversario real o supuesto.

Las investigaciones sobre la desaparición forzada de personas se paralizan por la falta de pruebas “clásicas”: testigos, cuerpo del delito, etc. Sin embargo, en un dictamen que la honra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, determinó que para probar la responsabilidad del Estado, cuando éste se negaba a reconocer cualquier implicación, había que tomar en cuenta muchísimos más índices, como por ejemplo, los patrones en la perpetración de los crímenes, la línea de mando, el criterio de que como Jefe de Estado y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas conoció o debió conocer los graves hechos de violación a los derechos fundamentales; y omitió obrar con debida diligencia. Estos hechos, de acuerdo con la Corte Interamericana, tomados separadamente no mostraban la responsabilidad del Estado pero en su conjunto constituían, como justamente lo dice la CVR a propósito de Fujimori, “indicios razonables” para afirmar que él tiene “responsabilidad penal” por las decenas de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina.

A nivel de la jurisprudencia latinoamericana, el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras abrió las puertas a la justicia para muchos casos de desaparecidos en el continente. Posteriormente, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido también dictámenes y fallos que inexplicablemente el ministro de la Corte Suprema chilena Orlando Álvarez no ha tomado en cuenta. Su dictamen no refleja la gravedad de los crímenes de los que se acusa a Fujimori, ni el hecho de que sus acciones afectaron a decenas de miles de personas. De ahí la comparación de que el ex Presidente peruano parece haber sido tratado como un simple ladrón de automóviles (que por supuesto tiene derecho a ser tratado con apego a la ley).

Sin embargo, para juzgar los actos de un ex Jefe de Estado se debe hacerlo desde la perspectiva de la jurisprudencia internacional en la materia y de los avances en contra de la impunidad del Poder Ejecutivo en América. Esta jurisprudencia fue citada por el tribunal londinense que ordenó finalmente la extradición de Pinochet a España. Como todo el mundo recuerda, esa orden fue revocada por el entonces ministro del Interior inglés, Jack Straw, sobre la base de informes médicos.

Esperamos que la Corte Suprema sea consciente de la responsabilidad que tiene frente a los centenares de miles de víctimas en el continente que han sufrido políticas represivas organizadas al más alto nivel del Estado, y más allá, ante el resto de la humanidad, y que contribuya con una página más al imperio del derecho en América, por encima del cual no debe estar nadie y mucho menos un Jefe de Estado. Pero aun suponiendo, no concediendo, que la demanda de extradición pueda ser defectuosa en algún respecto, la evidencia acumulada contra Fujimori es tal que la justicia chilena está obligada a abrir proceso en contra del ex Presidente peruano por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad, ilícitos que son un agravio para todos nosotros

 

 

Vicuña agradece alta audiencia de Héroes: "Fue una comunión con el pueblo de Chile"

Vicuña agradece alta audiencia de Héroes: "Fue una comunión con el pueblo de Chile"

www.latercera.cl 

Benjamin Vicuña, el actor que anoche encarnó a Manuel Rodríguez en la serie Héroes de Canal 13, agradeció el apoyo de los televidentes quienes optaron por ver la historia del "hijo de la rebeldía", la que finalmente alcanzó una leve ventaja sobre el programa Animal Nocturno de Felipe Camiroaga que contó con Coco Legrand y su hijo como invitados especiales.

"Fue una comunión con el pueblo de Chile y este personaje que tanto se esperaba", dijo la pareja de Pampita en entrevista con Alfombra Roja.

Vicuña agregó que la serie, dirigida por Cristian Galaz, "fue un trabajo bien intenso y estuvimos varias semanas aprendiendo a trabajar el sable; estuvimos también aprendiendo a bailar zamacueca", explicó.

El capítulo de ayer lideró el horario prime registrando 22,3 puntos promedio entre las 22:00 y las 00:27 horas. Se impuso así a TVN, que registró un promedio de 21,9 puntos entre las 22:00 y las 23:56 horas.

En tanto, Red TV, con la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, también peleó por la primera posición, promediando  16,9 puntos entre las 22:00 y las 00:48 horas.

Mega en tanto, con los goles de Pasión de primera registró un promedio de 11,9 puntos entre las 21:30 y las 22:27 horas. Luego con Caiga Quien Caiga registró 9,3 puntos entre las 22:28 y las 00:39 horas.

Chilevisión con Tolerancia Cero Prime registró 4,8 puntos promedio entre las 22:01 y las 00:00 horas. Más tarde con Chilevisión Noticias Noche obtuvo un promedio de 5,4 puntos entre las 00:01 y las 00:32 horas.

 

 

Abuelita bloguera conquista al mundo por Internet

Abuelita bloguera conquista al mundo por Internet

Foto: María Amelia López no se queda sentada en casa.

Recibe mensajes del mundo entero y hasta felicitaciones del presidente del gobierno. A sus 95 años, María Amelia López se ha convertido en una abuelita famosa, también en Alemania.

 "Querida María Amelia, ¡estoy fascinada con usted! ¡Me encanta su valor para ocuparse todavía a esa edad de cosas como el Internet y los weblogs (mis padres, que apenas tienen la mitad de la edad suya, deberían tomarla como ejemplo...) pero, sobre todo, su actitud hacia estas ‘cosas nuevas'! Lástima que mi español sea demasiado malo como pata entenderlo todo. Muchos cariñosos saludos desde Alemania." Mensajes como ése se encuentran por cantidades impresionantes en el blog de María Amelia López, una abuelita gallega que, al cumplir 95 años el pasado 23 de diciembre, recibió de un nieto el ingenioso regalo de un blog.

"A mí me tienen que teclear"

Desde entonces, su vida cambió. "Ahora me comunico con gente de todo el mundo, no sólo de España", nos cuenta por teléfono desde el pueblito costero de Muxía, donde nació y ahora está veraneando con familiares. Ya no le sorprende recibir llamadas como ésta, de DW-WORLD. La prensa alemana ya la ha descubierto y también la de muchos otros países, como puede apreciarse entrando a su blog, que es toda una sorpresa multimedial, con audios y videos de sus entrevistas. La técnica no es sin embargo lo suyo. De hecho, sus postings los pone su nieto con lo que ella va diciendo. "A mí me tienen que teclear", explica.

María Amelia no tiene pretensiones, pero no oculta el orgullo que le produce haber recibido un mensaje de felicitación y aliento de parte del propio presidente del gobierno español. Admiradora declarada de José Luis Rodríguez Zapatero y socialista desde sus 16 años, le interesa desde luego la contingencia política de España, como se puede apreciar en sus postings. "Soy española y amo a mi patria", nos recalca. Su mayor deseo es que "la ETA parara" y que "no hubiera provincias que se quieren separar". Pero también se siente a gusto como europea. Y, habría que agregar, como ciudadana del mundo, que es en lo que se ha convertido gracias a Internet.

"Internet es mi vida"

Ahora que está de vacaciones, echa de menos su blog. "Internet es mi compañero, es mi vida. Porque yo desde que tengo Internet tengo compañía". Por eso, alienta también a otras personas mayores a aventurarse en este mundo de la comunicación electrónica. Su ejemplo puede realmente entusiasmar. "Para nosotros esto es fantástico", afirma, recordando que hay mucha gente anciana que está sola.

"Yo no hago esto para figurar, ni para ganar dinero", afirma. Por eso no la seducen las varias propuestas que ha recibido, por ejemplo, la de hacer programas en radio. Para ella, el blog ha sido una puerta por la que ha entrado mucha gente, sus blogeros, o "sus nieteciños", como ella los llama, haciendo hincapié en que "los quiero a todos". Y ellos, los usuarios de todo el mundo que la visitan virtualmente, también la colman de cariño. ¿Cuál es el secreto? "Yo no sé, les gustará mi sencillez... y mis añitos".

Emilia Rojas Sasse

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2703947,00.html?maca=spa-Titulares-640-html