No fue la única cuenta. El 11 de junio de 1984 abrió otra, pero esta gestión no la firmó Ballerino con su apellido de resonancia italiana, sino ya con el apodo de John Long, un alias que, según relató a “El Mercurio” en septiembre de 2005, se lo recomendó un ejecutivo de la institución financiera, tal vez mirando a este oficial alto y delgado que se había transformado en uno de los favoritos de Pinochet, al punto de que apenas pasado el fuego armado del golpe de Estado lo llevó al comité asesor de la Junta Militar.
Desde ese lugar, en que se planificaron los primeros pasos de la refundación de la República a que apostaron los Pinochet, los economistas neoliberales y el gremialismo, Ballerino hizo la carrera que lo convirtió en el general de la transición a la democracia. Él y Ernesto Videla -cuya trayectoria maduró en el equipo a cargo de la mediación papal por el diferendo del Beagle con Argentina- eran los militares “civilizados”, los más sensibles a los códigos políticos, los menos “milicos”, en definitiva, de acuerdo con la caracterización que se hicieron del alto mando del Ejército los hombres de la Concertación y la derecha en los complejos días posteriores al plebiscito que hace 19 años perdió Pinochet.
Un ministerio en La Moneda
El rol estelar de Ballerino se inauguró en noviembre de 1988, cuando el derrotado comandante en jefe remodeló su gabinete para enfrentar los quince meses finales de su régimen. A la entrada de Carlos Cáceres en Interior, Gonzalo García Balmaceda en la subsecretaría y Hernán Felipe Errázuriz en Relaciones Exteriores, se sumó Ballerino en la Secretaría General de la Presidencia.
El cuarteto se hizo cargo de manejar un escenario difícil: el intento inmovilista del propio Pinochet y asesores suyos como Sergio Rillón y Hugo Rosende -refractarios a hacer concesiones a la coalición triunfadora- y la presión opositora orientada, desde luego con grados diversos de intensidad, a conseguir espacios de poder y negociación.
El principal logro del binomio Cáceres-Ballerino, que tenía el respaldo de la Junta de Gobierno -en rigor, de la FACH y la Armada-, fue convencer a Pinochet de que había que ceder algo de territorio para evitar el riesgo de que el primer gobierno democrático hiciera “tabla rasa” de la obra del régimen militar. Para este propósito, admitieron un paquete limitado de reformas políticas al que la Concertación, como dijo Patricio Aylwin en el otoño de 1989, debió dar su “aquiescencia” para que la transición perdiera traumatismo.
Como se sabe, una corriente más “revisionista” de la historia dentro de la Concertación aún cree que no era necesario haber aceptado tanta imposición de las Fuerzas Armadas, pero otra más “catastrofista” también evalúa que en aquellos años la amenaza de la involución autoritaria y el autogolpe nunca estuvo firmemente descartada.
Otra “pata” del mandato Cáceres-Ballerino fue ordenar el frente doméstico, durante varios meses al borde de la fragmentación, hasta que desde La Moneda con la intervención de Pinochet mediante- se consiguiera que el voto pinochetista y de derecha efectivamente decantara hacia la alianza de RN y la UDI, expulsando hacia los márgenes de la política a la variopinta mezcla de nacionalistas, populistas y nostálgicos del dictador.
En el ocaso de la dictadura, luego de la victoria de Aylwin, la pobre performance de Hernán Büchi y el sorprendente resultado de Francisco Javier Errázuriz en diciembre de 1989, Ballerino fue pieza clave de la transferencia de funciones a los dos delegados aylwinistas: Edgardo Boeninger y Enrique Correa.
¿Se negoció algo más en el movido año 89? Después de que el procesamiento de Pinochet en 2000 abriera el dique de contención para enjuiciar a militares violadores de los derechos humanos, varios de éstos sugirieron que había un pacto de la transición que presuponía la no-imputabilidad y el respeto a la Ley de Amnistía (esta tesis, en todo caso, encuentra también partidarios en la izquierda extraparlamentaria).
El propio Ballerino lo ha negado. Lo mismo han hecho Boeninger y Correa y no hay ninguna evidencia que documente un acuerdo de esa naturaleza. Si la cuestión estuvo en la mesa, fue de una manera tan implícita que no dejó trazos.
Lo más lógico parece ser que los propios negociadores de la Concertación eran escépticos de que se pudiera avanzar en “verdad y castigo” a los culpables (entre el 87 y el 89 en Argentina la inestabilidad política se asoció a los juicios a militares y este antecedente pesaba). De hecho, años después Aylwin declaró en una entrevista que lo había sorprendido que Pinochet no dictara una segunda ley de amnistía para el período 1978-90 que hubiese complicado notablemente la transición.
Al estrellato
El 11 de marzo de 1990 supuso el término de la gestión Ballerino en la Segpres, pero no opacó su rol político; al contrario, la democracia le dio más lustre y lo rodeó del aura del mito. Pinochet lo puso a cargo de su Comité Asesor -un órgano de discutible legalidad que Ballerino definió como un ente “muy necesario para cubrir la retaguardia del Ejército”- y desde Bandera 52, el general debió amenazar -alguien podría decir chantajear- y negociar los intereses de su institución y de Pinochet con el primer gobierno democrático y un Congreso ansioso por pasar factura.
Leyes Cumplido, Pinocheques, Ejercicio de Enlace, Piñeragate y el Boinazo, fueron algunos de los episodios críticos de la transición que pasaron por las manos de Ballerino, en un circuito de halago y poder donde la admiración mutua que fraguó con el ministro Enrique Correa -en menor medida con Edgardo Boeninger- contribuyó a convertirlo en el general con el cual todos los que algo presumían en política querían tener línea directa.
Mientras Ballerino fascinaba a muchos en la Concertación, a uno no lo convencía. Nada menos que a Aylwin, quien formado en el país de las Fuerzas Armadas no deliberantes y apolíticas no simpatizó nunca con este oficial tan politizado.
La hora del ajuste de cuentas llegó a fines de 1993. Ballerino, siendo inspector general del Ejército y cuarta antigüedad, debió viajar a Estados Unidos a operarse de un tumor cerebral. Durante su ausencia se conformó al alto mando para 1994, año en que debutaría un nuevo gobierno, y Pinochet habría propuesto a Aylwin que Ballerino siguiera en la Inspectoría General, pero sólo tras ser advertido que el Presidente no lo quería en el Estado Mayor ni en la Vicecomandancia. En esta última, de hecho, Aylwin prorrogó a través de la Ley Canessa la permanencia del general Jorge Lucar, evaluado como un oficial más profesional y disciplinado.
Aquí el curso de la historia difiere: en el Ejército se acusó a La Moneda de vetar a Ballerino; desde Palacio se filtró, en cambio, que Pinochet nunca fue muy entusiasta en ascenderlo e, incluso, lo usó como moneda de cambio para mantener dentro del generalato a cuatro oficiales que sí le importaban.
Ballerino, convaleciente de su operación en California, consideró que todo había terminado. Envió en noviembre un fax a Pinochet pidiéndole cursar su dimisión. El comandante en jefe guardó silencio durante un mes y la Contraloría cursó el decreto que lo mantenía en la Inspectoría.
El ocaso
Ballerino regresó el 22 de diciembre y se entrevistó con Pinochet el 23. No hubo acuerdo -era virtualmente imposible luego de renunciar por teléfono- y en víspera de Navidad se comunicó su paso a retiro: el fiel oficial “político” de Pinochet quería la Vicecomandancia. Probablemente, en su horizonte estaba el hecho que había rumores de que al asumir Eduardo Frei -cuya agenda era postransicional-, Pinochet podría dar un paso al costado y él estaría en la inequívoca primera línea de la sucesión.
Sin embargo, los civiles prefieren a los generales dentro de los cuarteles y el ciclo de Ballerino entendido como una suerte de ministro del Ejército se eclipsaba de manera sorpresiva, aunque no dramática mientras Chile salía de vacaciones. Quizás porque además- la transición en sentido estricto acabó ese año 93 con el fin del aylwinismo y el partido transversal.
En sus entrevistas posteriores, Ballerino siempre se ha quejado de que su rol “político” no fue una opción personal, sino una misión y, por tanto, no correspondía que lo castigaran por ello.
Una vez fuera del Ejército, el general de la transición fue tentado por Enrique Correa para irse a trabajar a Flacso. No obstante, Ballerino no estaba para una pirueta ideológica tan extrema y prefirió la seguridad del terreno conocido: desembarcó en el Instituto Libertad y Desarrollo, dirigido por Carlos Cáceres, para hacerse cargo de un programa de seguridad y defensa.
También le coqueteó a la UDI por una postulación senatorial, pero cuando en el gremialismo se instaló el lavinismo, a fines de los años 90, ya nadie quiso saber más de militares tan cercanos a Pinochet en las filas. Como lo demuestra la “operación John Long” en cuanto símbolo de obediencia y lealtad, Ballerino es un hombre del dictador, aunque haya sido su rostro amable durante un período clave de la historia.
