Estado reconoce oficialmente uso de bienes fiscales como centros de tortura

8 de Julio de 2007

A fin de mes se conoce listado

Por  Gabriel Angulo

Ministra de Bienes Nacionales dijo que ése es el objetivo del ''Catastro histórico de Inmuebles Fiscales'' que considera 512 edificaciones, la mayoría de las FF.AA., que fueron identificadas por el informe Valech. Aclaró que con esto no se pretende ''perseguir a nadie'', sino que ''construir la memoria histórica del país para que esto no ocurra nunca más''.

Transcurridos 17 años del retorno a la democracia, el Estado de Chile está por primera vez reconociendo de manera oficial que, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, parte importante de su infraestructura fiscal fue puesta al servicio de la política represiva de la dictadura, como centros de detención o tortura.

Esa es la visión que tiene la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, respecto del rol que cumplirá el “Catastro histórico de Inmuebles Fiscales”, que está terminando de elaborar su cartera y que será publicado a fin de mes a través de Internet.

Se trata de un registro de 512 inmuebles utilizados durante el régimen que encabezó el fallecido general (r) Augusto Pinochet, que van desde escuelas matrices de las Fuerzas Armadas hasta retenes de Carabineros y cuarteles de la policía civil, los cuales fueron identificados e individualizados de acuerdo a la información recopilada por el informe Valech.

Schmidt sostiene que la elaboración de este listado se ajusta a la línea de trabajo que está impulsando la Presidenta Michelle Bachelet en materia de Derechos Humanos y que, en el caso de Bienes Nacionales, era una deuda pendiente, principalmente porque durante la dictadura dicha repartición dejó de cumplir su rol histórico de “apoyo a las políticas públicas” y de orientarse a proteger a las minorías y grupos socialmente vulnerables.

“Yo diría que recién con el informe Valech esta sociedad terminó de aceptar que aquí hubo represión. Antes de eso todavía había mucha gente que señalaba que no hubo tortura, que las ejecuciones fueron en medio de un proceso judicial, y después del informe Valech esto pasó a ser un hecho de la causa, como decimos los abogados”, afirmó la secretaria de Estado entrevistada por El Mostrador.cl.

Sin embargo, advirtió que faltaba que el propio Estado hiciera un reconocimiento oficial de lo sucedido. “Esto lo hizo el Estado, no un grupo terrorista, no una fracción, aquí fue el Estado, que es otro tipo de represión. ¿Dónde lo hizo?, ¿fue aislado?, ¿fue dentro de los grandes grupos urbanos del país?, ¿fue también en la ruralidad?”, se preguntó la secretaria de Estado sin ocultar su satisfacción por la posibilidad de responder estas interrogantes, en parte, a través de la iniciativa que elaboró su cartera con el apoyo de una mesa interinstitucional conformada por representantes de los ministerios del Interior, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, además de la Comisión Presidencial en materia de DD.HH. y el Consejo de Monumentos Nacionales.

”No hay un afán de perseguir a nadie”

Schmidt aclara que el objetivo del catastro es transparentar una situación que ocurrió en Chile e involucró de distinto modo a miles de compatriotas y no estigmatizar a las instituciones en cuyas dependencias se produjeron estos actos.

“No hay un afán aquí de perseguir a nadie. El afán es ayudar a construir la memoria histórica del país para que esto no ocurra nunca más. Esto es algo en lo que hemos ido avanzando pero no está concluido y tal vez nunca terminemos de concluirlo. Entonces quisimos hacer un aporte en eso, a la transparencia, construir la memoria histórica del país y también con eso acoger muchas inquietudes, muchas frustraciones de la gente”, sostuvo.

“Bienes Nacionales no se hace cargo de señalar quién ejerció la represión. La institución sí, pero no personas con nombre y apellido. Ese es un problema que tal vez la justicia tenga que deliberar (...). Hoy día tenemos ubicadas 515 –inmuebles- que están en ejercicio, o sea están en uso, y la mayoría de ellos están destinados a las mismas instituciones que lo estaban para el 11 de septiembre de 1973, pero es muy distinto lo que hoy día pasa sobre ellas. Lo que era comisaría de Carabineros y que fue un centro de represión, hoy día es comisaría de Carabineros y cumple las funciones de tal, no es un centro de represión”, recalcó.

Dejó claro también que cada ciudadano estará en su derecho a sacar sus propias conclusiones. “Hay gente que se sorprenderá por la cantidad de inmuebles fiscales que se ocuparon para esto y hay otra gente que, por el contrario, le parecerá muy poco. Esto va a decir relación con las inquietudes personales, con las historias personales que la gente tenga, y desde el lugar de la sociedad en que se esté”.

Y agregó que “probablemente para aquellas personas que desde los distintos ámbitos de las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en ejercer la represión les va a parecer que esto es un chiste; en cambio, al otro lado de la moneda, a las víctimas, con quienes hemos tenido un nivel de contacto, les parece que esto es algo sumamente necesario y agradecen la posibilidad de canalizarlo”.

La ministra reconoció que si bien el catastro incluye la fotografía, la ubicación e incluso una reseña histórica de los recintos, que en gran parte pertenecen a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, el tema no ha sido abordado con las autoridades de estas instituciones, sino que solamente con agrupaciones de víctimas y la mesa intersectorial.

"No hemos tenido conversaciones con las Fuerzas Armadas porque para esta acción nosotros no vamos a hacer intervención de los lugares”, argumentó, y sostuvo que dichos contactos sólo se llevarían a cabo si prosperan otras iniciativas, como la “Ruta de los Derechos Humanos” que requeriría el eventual ingreso a esos recintos o la instalación de algún tipo de señalética alusiva a las situaciones que allí ocurrieron.

Esmeralda y recintos privados excluidos

Schmidt advirtió que el catastro abarca solamente los recintos fiscales reconocidos en el informe Valech y no aquellos de carácter privado u otros que, si bien pertenecen a instituciones dependientes del Estado, no tienen el carácter de “inmuebles públicos”, aunque figuran igualmente como lugares usados como centros de detención y tortura.

“Hay edificación privada puesta para estos fines, pero no podemos hacernos cargo, porque sale de nuestro ámbito de competencia. Si alguien quiere construir un catastro de ello es una posibilidad que está abierta, pero Bienes Nacionales no se puede pronunciar”.

Y sobre el buque Escuela Esmeralda, la secretaria de Estado afirmó que “no es una edificación, no es un inmueble. Entiendo que es un bien de la Armada, pero no es un inmueble y por lo tanto no lo administra Bienes Nacionales, en el catastro no estaría”.

Dentro de los recintos que si estarán considerados, se encuentra el propio edificio de Bienes Nacionales, ubicado en el número 720 de la Alameda Bernardo O’Higgins de la capital, y los fines “oscuros” para los que fue usado durante la dictadura, fue uno de los que sirvieron de inspiración para llevar adelante el catastro. De hecho, más de algún funcionario que actualmente se desempeña en esa repartición fue alguna vez privado de libertad por el Comando Conjunto tras el golpe militar y llevado en calidad de prisionero a dichas dependencias.

Pero el listado incluye un amplio espectro de edificaciones que van desde escuelas matrices de las ramas de las Fuerzas Armadas hasta cuarteles policiales de todo el territorio nacional. De hecho, de los 515 recintos fiscales -de los 802 reconocidos por el informe Valech-, más del 50% (285) corresponde a recintos de Carabineros, como retenes y comisarías, seguido bastante más abajo por el Ejército (alrededor de 60), Gendarmería e Investigaciones (estos dos últimos con poco menos de medio centenar), la Armada, la FACH, y con menos cantidad, pero por cierto no menos relevantes, los que estaban a cargo de la CNI y la DINA.

Asimismo, y a diferencia de lo que se cree comúnmente, la mayor cantidad de recintos que fueron utilizados dentro de la política represiva del régimen de Pinochet se localizan en la Región del Bío Bío (81 recintos) y Valparaíso (76), seguidos por la Región de la Araucanía (59) , Los Lagos (58), Santiago (58); El Maule (46); O’Higgins (35); Antofagasta (29), Tarapacá (17), Atacama (17), Magallanes (17) , Coquimbo (16) y Aisén (6).

Por todas estas variables es que Romy Schmidt prefiere no emitir un juicio sobre cuales son los lugares más “emblemáticos” del catastro, ya que a su juicio es un criterio que varía caso a caso. “Es muy difícil decir cuál es el más simbólico, ¿aquel que tuvo al torturado más importante?, ¿aquel que tuvo la mayor cantidad de ejecutados?. Entonces es complejo establecer qué define lo simbólico”, dijo, recalcando que toda situación de tortura, sin importar donde haya ocurrido, es igualmente relevante.

Expectativas de las víctimas

Respecto a los aspectos técnicos, Schmidt dijo que se adaptó una ficha similar a la que se utiliza para otro tipo de inmuebles. “Para estos efectos, se creó una ficha especial para cada edificación relacionada para derechos humanos. Llegamos entonces a tener fotos de los 515 lugares, la ubicación incluso con un plano, a qué institución estaba destinada en este período, y a qué institución está destinada hoy día. El nombre de fantasía también, y eventualmente, cuando se tiene el dato, el organismo que ejerció la represión en él, cosa también sacada del informe Valech”.

Añadió que en el sitio web habrá un banner de DD.HH. donde los ciudadanos podrán buscar información región por región, identificar el listado de todos los centros de detención y tortura, y conocer la ficha de cada uno de ellos, su historia y también un contacto donde se pueden enviar vía correo electrónico más información al respecto.

“La idea es permitir que haya una expresión ciudadana sobre los inmuebles fiscales y ayudar a construir la parte de la historia que a Bienes Nacionales no le compete, a través e los aportes de la gente”.

Al respecto, indicó que no son pocas las personas que debieron transitar como detenidos por estos recintos y que tienen interés en recavar información de los mismos. “Ellos saben que hay determinados lugares donde sufrieron esta represión, pero no tenían idea donde estaban porque entraban y salían con los ojos vendados y los ubicaban sólo por el nombre clandestino que les tenía la gente, y ahí se construyeron nombres simbólicos como la ‘Venda sexy’, ‘Cuatro Álamos’, etcétera”, sostuvo.