Puerto Montt: Indígenas presentan demanda contra el Estado ante CIDH

15 de Febrero del 2007
Comunidad Pipiukelen de Pargua objeta la presencia de la firma Los Fiordos, aunque la compañía recibió las autorizaciones ambientales, las que fueron confirmadas por la Corte Suprema, que rechazó por extemporáneo un recurso de protección.

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Una comunidad indígena de Puerto Montt solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar una medida precautoria contra el Estado chileno, asegurando que no se ha hecho justicia en la ocupación que realiza una empresa salmonera en territorios indígenas.

La comunidad Pipiukelen de Pargua, al sur de Puerto Montt, objeta la presencia de la firma Los Fiordos, aunque la compañía recibió las autorizaciones ambientales, las que fueron confirmadas por la Corte Suprema, que rechazó por extemporáneo un recurso de protección.

El abogado Diego Carrasco, director de Observatorio Interamericano de Inmigrantes y patrocinante del requerimiento, al que prontamente se sumará una demanda propiamente tal, explicó que la medida busca evitar el “desplazamiento forzado” del que están siendo víctimas las comunidades indígenas.

"El objeto de hacer el reclamo es que las comunidades indígenas no pueden hacer uso de tierras ancestrales”, comentó el profesional, en conversación con El Mostrador.cl.

Carrasco sostuvo que, producto de las operaciones de la empresa en la zona ha habido muertes de animales, se han secado plantaciones y árboles, se a corroído el terreno, y se ha contaminado el lugar, tanto visual como ambientalmente, debido a la elaboración de harina de pescado.

"Nadie podría vivir ahí, porque el hedor es tremendamente alto. Entonces, lo que se reclama es la desprotección de los derechos indígenas. Incluso, hay varios de ellos que han sido objeto de amenazas”, aseguró.

En ese sentido, indicó que lo que buscan es que la CIDH decrete la suspensión de las actividades de la empresa, que el Estado chileno, a través del gobierno, se haga responsable de la seguridad de la integridad física y síquica de los indígenas y que, de ser necesario, dé curso a la demanda.

Derecho a vivir

En tanto, Francisco Vera Millaquén, miembro de la comunidad, afirmó a Ecocenos que “lo que estamos reclamando en primer lugar es el derecho a la vida, por cuanto la instalación de esta empresa no solamente genera ruido y olores, sino que nosotros estamos viendo como se están secando nuestros terrenos, producto de las excavaciones que hizo esta empresa”.

“Anteriormente nuestra comunidad había tenido problemas con la empresa Long Beach, pero se retiró de acá, pero es el mismo terreno que ahora está usando Los Fiordos, entonces simplemente el problema se cambio de nombre y pasó a manos de otra empresa”, relató Vera Millaquén.

Asimismo, aseguró que los cultivos se han visto perjudicados por las obras industriales que ya ha comenzado a realizar Los Fiordos, y que las autoridades de la zona han respaldado las operaciones de la empresa.

"La Contraloría dijo el año pasado que la aprobación del proyecto Los Fiordos no se ajustó a lo que señala la Ley y la normativa ambiental chilena. Lo mismo ocurre con la Ley Indígena que dice que los pueblos indígenas son patrimonio de la Nación y que por tanto deben ser resguardados y protegidos. Esto tampoco ha ocurrido”, agregó.

La comunidad también acusa que se han producido problemas en la salud de las personas. “Producto de todo esto, tenemos personas con problemas nerviosos, con depresión, producto de lo que uno ve a los alrededores”, puntualizó.