Facebook Twitter Google +1     Admin

Centros Chilenos en el Exterior


http://centroschilenos.blogia.com

Bienvenidos al sitio Centros Chilenos en el exterior. Estamos construyendo un espacio para que ustedes puedan mostrar sus actividades culturales y sociales o anunciar la concreción de las mismas. Por favor, envíen sus notas a esta dirección: arischar@yahoo.com.ar. Los saludas cordialmente Arístides Chamorro Rivas.

SUBE TU CURRICULUM VITAE a este Blog utilizando el comando "Publicar Artículo"

"El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral": Santo Tomás Moro

Cel. de Contacto 54 9 2966 557877 (Argentina)

Temas

Archivos

Enlaces


Se muestran los artículos pertenecientes al tema Investigación.

JUEZ PIDE EXTRADICIÓN DEL JEFE DE LA MISIÓN MILITAR DE EEUU, EN ÉPOCA DE ALLENDE

20120111013504-missing.png

CON LA MANO DEL EJÉRCITO DE CHILE, LA CIA Y EL FBI ASESINARON AL PERIODISTA ESTADOUNIDENSE CHARLES HORMAN Y AL ESTUDIANTE FRANK TERUGGI  EN 1973:

  • *) Ernesto Carmona.
  • Enviado por COSALC cosalc@terra.es
  • Dic. 2001
  • MAPOCHO PRESS - Santiago - Chile
  • Reproducción permitida / Citar fuente

A casi 40 años del asesinato del joven periodista estadounidenses Charles Horman Lazar, de 30 años, ultimado por el ejército chileno el 17 de septiembre de 1973, y su amigo Frank Randall Teruggi Bombatch, 24 años, estudiante de economía muerto cinco días después, el juez especial Jorge Zepeda Arancibia, ministro fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó el procesamiento por homicidio calificado del capitán de navío estadounidense Ray E. David Charles, a la sazón Comandante de Grupo de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile. El magistrado también pidió a la Corte Suprema que autorice la solicitud de extradición del estadounidense Ray E. David Charles para que sea juzgado en Chile.

El autor material del asesinato fue el brigadier en retiro del ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, N° 2 de la DINA, preso por numerosos asesinatos relevantes, como los del ex canciller Orlando Letelier en Washington (1976) y el comandante en jefe, general Carlos Prats en Buenos Aires (1974), condenado –además– a cadena perpetua en París por matar a 4 franceses. La decisión del juez Zepeda señaló: “Que, con el mérito de los antecedentes reseñados, más la declaración de Pedro Octavio Espinoza Bravo, de fojas 5.437 y siguientes, aparecen presunciones fundadas para estimar que ha tenido participación en los referidos delitos de homicidio calificado, previstos en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal, en las personas de Charles Edmund Horman Lazar y de Frank Randall Teruggi Bombatch, en calidad de autor”.

Espinoza Bravo se ha hecho tristemente “célebre” por su papel relevante en numerosos crímenes como segundo hombre de la DINA, fundada oficialmente en junio de 1974 pero que comenzó a actuar en los hechos en cuanto ocurrió el golpe militar. Empero, la resolución judicial de procesarlo como “autor” del temprano asesinato de Horman –ocurrido exactamente a la semana del golpe del 11 de septiembre de 1973, el 18, “día de la patria”, y en estrecha connivencia con el espionaje de EEUU–, indicaría que Espinoza Bravo ya tenía de antaño una alta posición en el esquema clandestino de colaboración entre altos oficiales chilenos y la Misión Militar de EEUU, más los servicios de inteligencia gringos que ya tenían infiltradas a todas las ramas de las fuerzas armadas bajo el gobierno de Salvador Allende, probablemente a espaldas de algunos de sus jefes más leales al gobierno constitucional, como el general Carlos Prats González, comandante en jefe del ejército hasta agosto de 1973, asesinado por órdenes de Pinochet en Buenos Aires, en septiembre de 1974, por el esbirro estadounidense Michael Townley, experto en bombas a control remoto, que servía oficialmente en la DINA y asesinó también a Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976, con el mismo método de un bombazo controlado a distancia.

¿Quiénes fueron Horman y Teruggi?

La extensa resolución (1) del ministro Zepeda –33 páginas– aborda exhaustivamente la colaboración que ya existía entre los servicios de inteligencia de EEUU y el espionaje castrense de Chile al momento de decidir en conjunto el asesinato de Horman y Teruggi, jóvenes norteamericanos progresistas que vivían legalmente en este país, simpatizaban con el gobierno de Salvador Allende y denunciaban sistemáticamente ante la opinión pública local y de EEUU las acciones desestabilizadoras de Richard Nixon contra el gobierno de la Unidad Popular. Ambos formaron parte del grupo que sacó adelante la agencia noticiosa Fuente de Información Norteamericana (FIN), que pretendía mostrar la otra cara de EEUU, los sectores críticos a la intervención en Chile, totalmente ignorados por la gran prensa, aunque hicieron manifestaciones públicas frente a instalaciones de la embajada de EEUU, encabezadas algunas por Dean Reed, famoso cantante de la nueva ola avecindado en Chile bajo Allende y fallecido prematuramente en 1986. El grupo distribuía abierta y legalmente un boletín mimeografiado destinado a los medios y agencias noticiosas de ambos países, pero esta actividad periodística pública –que hoy se llamaría “contra-información”– era vigilada en Chile por la inteligencia de EEUU, que la consideraba “sensible” y “subversiva”.

Charles Horman trabajó, además, en Chile Films, productora cinematográfica del Estado que hacía filmes y emitía un noticiario en 35 mm difundido en las salas de cine del país. Antes de trasladarse a Chile, Horman alcanzó cierta notoriedad profesional en su país trabajando para la prestigiada revista The Nation, escribiendo en el diario Christian Science Monitor, colaborando en el magazine Innovation y haciendo filmes documentales para la WNetTV de Nueva York y Kmg TV de Seatle y Portland. El libro Morir es la Noticia, publicado en Chile en 1997, ofrece una investigación sobre su vida y asesinato realizada por el periodista chileno Cristian Opaso (2). El crimen alcanzó una gran difusión mundial desde que el director griego Costa-Gavras llevó la historia a la pantalla grande con la película Missing (Desaparecido), basada en el libro The Execution of Charles Horman, de Thomas Hauser, publicado en 1978 en Nueva York y reproducido en castellano en 1988, con el título Desaparecido, por Ediciones Martínez de Roca, de Barcelona. “Ambas obras llevaron a Charles y a los militares norteamericanos involucrados en el golpe a la conciencia de millones de personas, por lo menos de otros países, ya que la película nunca se ha comercializado en la cartelera oficial chilena. Sólo se ha visto en videos que circularon clandestinamente durante la dictadura”, escribió Opaso. Y hasta el día de hoy el film nunca se exhibió en cines chilenos, ahora por no existir copias en 35 mm con títulos en castellano. Sólo está disponible en DVD.

Mientras trabajó en Chile Films, Horman obtuvo imágenes recientes sobre la realidad local y escribió el guión del documental de 85 minutos The Avenue of Americas (La Avenida de las Américas), su último trabajo profesional, estrenado en 1975 con dirección del peruano Jorge Reyes. La película evoca las palabras de Allende que caracterizaron a Chile como “un Vietnam silencioso”, sometido a una guerra económica de baja intensidad emprendida por EEUU. Según un comentario de los críticos de cine Bill Sloan y Amos Vogel, el film del productor Walter Locke, de Pueblo Film Production, Inc., fue “uno de los mejores seis largometrajes documentales independientes del año [1975]”.

La descripción del documental indica que “esta guerra culminó el 11 de septiembre de 1973 con la muerte de Allende y el derrocamiento de la democracia en Chile en el golpe militar más sangriento de la historia latinoamericana. La Avenida de las Américas muestra cómo era el gobierno de la Unidad Popular y por qué Allende encontró una oposición profundamente arraigada, de Estados Unidos y de las clases acaudaladas de Chile. Involucra a su audiencia con gente que hoy sufre bajo un brutal régimen represivo al servicio del objetivo de la hegemonía de EEUU a expensas de un orden social injusto… y demuestra cómo la CIA y corporaciones transnacionales como la ITT precipitaron la caída de Allende”.

Frank Teruggi, asesinado a los 24 años, el 22 de septiembre de 1973, fue un ex seminarista vinculado a la Teología de la Liberación y fichado temprano por el FBI como miembro del Grupo del Área de Chicago para América Latina (CAGLA), ONG progresista y anti-imperialista considerada “subversiva” por el gobierno de Washington. También participó en manifestaciones y grupos de activistas contra la prolongada guerra imperial en Vietnam, que EEUU extendió a todo el sudeste asiático. Durante toda su permanencia en Chile Teruggi fue monitoreado en secreto por los servicios de inteligencia de EEUU que siempre han operado en este país sudamericano. Entretanto, el joven tomaba clases en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), de la Universidad Católica, para conocer mejor la sociedad chilena, estudiaba en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y, a la vez, aprendía el idioma galo en el Instituto Chileno Francés de Cultura. Convertido en la práctica en activo redactor y traductor de la agencia noticiosa FIN, fue secuestrado de su domicilio, en la calle Hernán Cortés de Ñuñoa, junto con otro estadounidense, David Hathaway, quien logró salir con vida del infierno militar chileno digitado por EEUU.

En un episodio poco conocido, Teruggi estaba en clases en el Instituto Chileno Francés de Cultura cuando se enteró del fallido intento de golpe del 29 de junio de 1973, protagonizado por ruidosos tanques del Regimiento Blindados 2 de Santiago. 83 días antes de su muerte, salió a observar qué ocurría en el centro de la ciudad, muy cerca de donde perdió la vida el camarógrafo argentino de TV Suecia Leonardo Henrichsen, y resultó herido por bala de guerra en una pierna. Trasladado a la Asistencia Pública fue curado de la lesión, pero al poco tiempo fue citado a declarar ante el fiscal militar Francisco Saavedra Moreno, quien investigó el fallido levantamiento contra Allende por cuenta de la justicia castrense. Frank debió explicar por qué fue herido con armamento de guerra –similar al que usaron para matarlo el 22 de septiembre– en una jornada en que los militares mataron a 22 civiles que miraban o arrancaban de susto. Probablemente, desde entonces este “herido por arma de guerra” resultó aún más sospechoso para el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del ejército chileno y sus secuaces estadounidenses que seguían de cerca sus pisadas e intercambiaban estrechamente con los chilenos la información sobre los norteamericanos residentes en Chile en tiempos de Allende, incluidos los corresponsales de medios de EEUU acreditados en el país.

La Embajada de EEUU en Santiago no prestó asistencia consular –ni de ninguna naturaleza– a sus compatriotas indefensos condenados a morir por los servicios de inteligencia estadounidenses a manos de militares chilenos. Al contrario, los funcionarios diplomáticos requeridos por familiares y amigos de las víctimas actuaron como cómplices y encubridores, desde el mismísimo cónsul Frederick Purdy a otros funcionarios menores como John Anderson, Marian Lipton, John Hall y Dale Shaffer. La resolución del juez deja constancia que “hay documentos que indican que para la familia Horman la Embajada de los Estados Unidos en Santiago no realizó ningún tipo de gestión a fin de interceder por sus ciudadanos detenidos y lograr una rápida liberación de ellos; al contrario la política de la Embajada era de no provocar conflicto alguno con el nuevo gobierno”.

Al finalizar la dictadura (1973-2000), en 2000 los abogados Fabiola Letelier del Solar y Sergio Corvalán Carrasco presentaron una demanda ante la justicia chilena –27 años después del crimen– para que se investigara el asesinato de ambos ciudadanos estadounidenses, a petición de Joyce Horman, viuda de Charles Horman, y Janis Teruggi Page, nombre de casada de la hermana de Frank Teruggi. Los eventuales e inminentes alegatos que decidirían la extradición de Ray E. David Charles en la Corte Suprema podrían airear públicamente aspectos desconocidos de la intervención de EEUU y su estrecha colaboración clandestina con el espionaje militar de Chile bajo el gobierno de Allende. En la causa judicial ahora se hicieron parte las instituciones públicas Consejo de Defensa del Estado e Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Pormenores de la resolución del juez.

El juez acreditó que el periodista Horman y su colega Terry Simon, de visita en Chile, fueron sorprendidos por el golpe del 11 de septiembre de 1973 cuando se hallaban en Viña del Mar. Hospedados en el lujoso Hotel Miramar se dieron cuenta que éste era usado como una suerte de cuartel que alojaba a numerosos estadounidenses encubiertos por la Operación Unitas que en esos días se realizaba en Valparaíso. El 15 de septiembre, Horman y su acompañante salieron de Viña rumbo a Santiago transportados nada menos que por el Oficial Jefe Comandante de la Misión del Grupo Militar de EEUU Chile y Jefe del Grupo Naval de los Estados Unidos de América en Chile, o sea, el mismísimo capitán de navío Ray E. David Charles, quien tenía su oficina en el propio ministerio de Defensa chileno, muy cerca del entonces jefe del Servicio de Inteligencia Militar, general Augusto Lutz. En esos días posteriores al golpe existían grandes dificultades de transporte, por la escasez artificial de combustible, y para cualquier destino se requería –además– un salvoconducto de las nuevas autoridades militares golpistas.

De acuerdo al dictamen de procesamiento del juez, la decisión de transportar a la pareja a Santiago “se produce al informarse el oficial norteamericano que Charles Edmund Horman Lazar y Terry Simon se hospedaban en el Hotel Miramar de Viña del Mar, de lo que da cuenta el antecedente consular desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que transmite: “Art Creter –ISND- Los 2 se registraron en el Hotel Miramar, pieza 315, a las 23:00 hrs. el 10 de Spt., dio la dirección Paul Harris 425, dijo “escritor”. Salió 15 de Sept.”. Este dato desclasificado significa que Horman y su acompañante estuvieron siempre sometidos a vigilancia estadounidense.

El documento judicial añade:

“Que el transporte de Charles Edmund Horman Lazar y de Terry Simon, desde la ciudad de Viña del Mar a Santiago, es hecho por el Capitán de Navío norteamericano con el salvoconducto del oficial de inteligencia del Departamento Segundo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el que se desempeñaba en las actividades de oficial de enlace con los militares americanos y la cumple en su labor de Jefe de División de Inteligencia, del Estado Mayor de la Defensa Nacional”.

“Que la acción en contra de la vida de Charles Edmund Horman Lazar –y en contra de la vida de Frank Randall Teruggi Bombatch– se insertó dentro la investigación secreta norteamericana de personas estadounidenses afectadas por la actividad de recolección de datos de lo que ellas hacían políticamente en Estados Unidos y en Chile; actividad calificada por los agentes del Estado de “subversiva” tanto al interior como exterior de los Estados Unidos.

El dictamen judicial observó que la inteligencia estadounidense cuestionaba como “subversiva” la labor de Horman en Chile Films, donde obtuvo material fílmico “sensible” sacado de Chile para el documental The Avenue of Americas. La resolución del juez hizo notar que en la empresa hubo una investigación de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, antes, durante y después de la muerte de Horman, “registrada en la documentación oficial militar”.

La orden de matar.

“La decisión de dar muerte a Charles Horman Lazar, por tratarse de un detenido extranjero, se dispone por el Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dependiente del General de Ejercito Augusto Lutz Urzúa, y se ejecuta por el Batallón de Inteligencia Militar o Cuartel de Inteligencia del Ejército, a cargo de determinado oficial de esa repartición encargado de súper vigilar la ejecución de detenidos”, reza la resolución del juez Zepeda. Las 33 páginas de la resolución no aportan mayores luces sobre ese “determinado oficial”, que debería ser Pedro Octavio Espinoza Bravo. Y el cuidadoso estilo de redacción del letrado indica que en Chile podríamos estar al borde de conocer revelaciones sensacionales, “sensibles” y explosivas, sobre el historial del entretejido de la inteligencia castrense local con sus pares estadounidenses.

“La detención y muerte de Charles Edmund Horman Lazar se produce durante las antes descritas operaciones secretas en contra de ciudadanos norteamericanos; y formó parte de la actividad de “inteligencia” del sujeto oficial Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos de América, pues, hay presunciones que luego de las operaciones encubiertas que cumplía en Chile, diseñadas en contra de Charles Edmund Horman Lazar, decide no anular la voluntad de los autores materiales de la muerte de éste, no obstante tener la posibilidad de hacerlo, atendida su actividad de coordinación con los agentes del Estado de Chile, y con su actuar favorece la muerte de la víctima, atendido que consideraba “subversiva” o “extremista” la actividad de investigación e información política periodística que ésta realizaba, agravada al haber conocido la víctima involuntariamente la actividad norteamericana en la ciudad de Viña del Mar, de colaboración con los acontecimientos militares en desarrollo en Chile;”

El juez determinó que “con anterioridad, según antecedentes desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, durante julio de 1972, Frank Randall Teruggi Bombatch es afectado por las actuaciones secretas de agentes oficiales de los Estados Unidos de América. Una agencia gubernamental de los Estados Unidos de América, que realizaba investigaciones del tipo seguridad avisa al FBI que estuvo en contacto con un informante y proporcionó para ella la siguiente dirección: Frank Teruggi, Hernán Cortés 2.575, Santiago, Chile”.

“La agencia comunica, además que, de acuerdo a la información recibida por sus fuentes, Teruggi es un americano residente en Chile que está estrechamente vinculado con el Grupo para la Liberación de las Américas Área Chicago”.

El largo brazo del FBI y CIA.

“Mediante memorándum, de 28 de noviembre de 1972, al Director Ejecutivo del FBI, desde la legación norteamericana en Bonn, Alemania, califica a Frank Teruggi de “subversivo” y se indica que la información en relación con Teruggi fue proporcionada por el 66° Grupo de Inteligencia Militar (66th MIGp), bajo clasificación confidencial y marcada (con la nota) ‘Alerta – Fuentes y Métodos sensibles involucrados. Originalmente provenía de… desde Heidelberg, Alemania. La naturaleza de esta fuente debiera ser protegida’”.

En esa época, los jóvenes estadounidenses estaban en rebelión contra la guerra en Vietnam, desertaban masivamente del servicio militar o lo eludían trasladándose a Canadá y otros países. Diferentes grupos de activistas contrarios a la guerra también promovían la deserción y exhortaban a abandonar las filas a los soldados reclutados. La resolución judicial chilena dictaminó que “el Grupo de Inteligencia Militar mencionado señala a Teruggi como una persona involucrada en actividades diseñadas para apoyar a hombres en servicio quienes se habían ausentado sin permiso de sus unidades y en actividades de apoyo a inducir el ausentismo sin permiso de hombres en servicio, tanto en actividades de ayuda y desorganización de disidentes del personal del Ejército de los Estados Unidos en Alemania. Se asevera, además, que tiene vastos contactos en Alemania y los Estados Unidos”.

“Al igual que con Charles Edmund Horman Lazar, la acción en contra de Frank Randall Teruggi Bombatch se inserta en las investigaciones secretas ejecutadas en contra de personas norteamericanas, afectadas por la actividad de recolección clandestina de datos de lo que ellas realizaban en el ámbito político; actividad realizada por agentes del Grupo de Inteligencia Militar estadounidense, dirigida por el sujeto oficial Comandante del Grupo de la Misión Militar de los Estados Unidos de A., en relación a extremismo político, tanto al interior como exterior de los Estados Unidos de América. En este caso, se trataba de la producción por parte de Frank Randall Teruggi Bombatch, de material periodístico de izquierda en el denominado Boletín FIN (Fuente de Información Norteamericana), destinado a ser entregado en los Estados Unidos de América, material sensible por considerarse por los agentes de Estado norteamericanos “subversiva” tal actividad mediática".

Los antecedentes que afectaban a Teruggi “fueron entregados al Servicio de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a cargo del General Augusto Lutz Urzúa, oficial del Estado Mayor del Ejército. Así, el día 20 de septiembre de 1973, tal autoridad militar da orden al personal de Carabineros de la dotación de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, de detener a la víctima Frank Randall Teruggi Bombatch y a su compatriota David Hathaway, en la morada de éstos de calle Hernán Cortés N° 2.575, comuna de Ñuñoa, Santiago, la que se cumple alrededor de las 20.15 horas, ante la presencia de la futura cónyuge de David Hathaway, la joven Olga Irene Muñoz Gómez; acción en la que, además, los captores decomisan ‘literatura sospechosa’ y fotografías personales”.

La resolución del juez señala, además:

 “… Frank Randall Teruggi Bombatch y David Hathaway quedaron privados de libertad en el campo del Estadio Nacional y en horas de la madrugada del viernes 21 de septiembre, son interrogados por un oficial del Ejército frente al camarín ocupado por extranjeros; luego, al mediodía, ambos ingresan a un camarín del Estadio Nacional, en el cual se encontraba un grupo indeterminado de extranjeros. Ese mismo día 21, alrededor de las 18 horas, un oficial del Ejército llama a un grupo de detenidos, entre ellos a Frank Teruggi Bombatch, el que es sacado del camarín sin que su compatriota David Hathaway vuelva a verlo; no obstante, éste último se percata que todos los días, después del viernes 21 de septiembre, militares preguntan y simulan buscar a la víctima Charles Horman Lazar, sin mencionar el nombre de Frank Randall Teruggi Bombatch, ambos ya muertos y hechos desaparecer por los hechores”.

“Que, en efecto, entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de septiembre de 1973 Frank Randall Teruggi Bombatch, es muerto al margen de todo proceso legal por los agentes del Estado que habían ordenado su privación de libertad en el Estadio Nacional, los que luego abandonan su cuerpo en las calles de Santiago; así Frank Randall Teruggi Bombatch fue muerto por múltiples heridas a bala mientras se hallaba privado de libertad y bajo la custodia de los agentes del Estado".

El Certificado de Defunción del Registro Civil e Identificación de Chile, extendido el 10 de octubre de 1973, indica que Frank Randall Teruggi Bombatch, falleció el 22 de septiembre de l973, a las 21:10 horas, y que la muerte fue por heridas a bala toráxico- abdominales. “Los datos corresponden a los del ingreso a la morgue del cuerpo de la víctima, pues su cadáver había sido abandonado en un lugar indeterminado de la vía pública, ello con la finalidad propiciada por los hechores para impedir que se conociera la acción que determinó su muerte”.

Notas:

Texto completo de la resolución del juez Jorge Zepeda:

http://www.poderjudicial.cl/noticias/File/PROCESAMIENTO%20HORMAN%20Y%20EXTRADICION.pdf?opc_menu=&opc_item=

Para mayor información sobre Charles Horman, ver Morir es la Noticia:

http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/reporter/capII15.html

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

XENTILEZA DO:   COSAL   A CORUÑA

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2012 21:35. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

HABLA EL OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO, CRISTIÁN CONTRERAS:

20110723024103-cura.jpg

“Sentí dolor, impotencia y rabia al constatar el sufrimiento causado por Karadima”.

Por : Mónica González en Actualidad y Entrevistas

Publicado: 20.07.2011

Enviado por Ciper Chile

Nunca habló hasta ahora de los abusos del sacerdote Fernando Karadima. Y eso que el obispo Cristián Contreras jugó un rol central en la hora cero del capítulo negro que se incubó en la Parroquia El Bosque y que ha remecido a la Iglesia Católica. Porque fue él quien recibió en 2005 a la doctora Verónica Miranda, la esposa del principal denunciante: James Hamilton. De allí saldrían las dos primeras declaraciones que dieron inicio a la travesía. Aquí cuenta cómo fue ese proceso, qué factores propiciaron la impunidad, qué errores se cometieron y qué se debe hacer para sepultar a los Karadima en ciernes.

Hasta ahora nunca había querido hablar del capítulo negro de la Iglesia Católica chilena: los abusos sexuales y psicológicos del sacerdote Fernando Karadima. Y tenía y tiene mucho que decir. Porque el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras Villarroel, tuvo un rol central en la hora cero de las denuncias contra Karadima. No sólo porque conoció de muy cerca la salida de Juan Carlos Cruz del Seminario, propiciada por el círculo de Karadima. Fue en 2005 cuando la esposa de James Hamilton, la también doctora Verónica Miranda, acudió al Arzobispado para contarle la verdad de lo ocurrido entre el ex párroco de El Bosque y su esposo. Poco después recibiría al doctor James Hamilton y meses después el ex presidente de la Acción Católica de El Bosque estampaba su primera denuncia formal contra su director espiritual por 20 años ante la Iglesia. Lo que ninguno de los tres sabía es que lo que venía sería una larga travesía con muchos obstáculos antes de que la investigación adquiriera fuerza y llegara finalmente al Vaticano.

Cristián Contreras vivió desde muy cerca lo que la iglesia hizo y no hizo en este proceso. Y aprendió a morderse la ira y la impaciencia. Pero todo lo que hizo y experimentó lo vivió entre su pequeño círculo, uno que lleva la impronta del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Y es que el obispo Contreras se ha esmerado en cultivar el bajo perfil. Y lo ha conseguido. Tanto por la forma como ejerce su magisterio, por cómo y dónde vive, además de su lenguaje sencillo, muchas veces la gente se engaña. Porque Contreras conoce los vericuetos del Vaticano y de su doctrina. No exhibe jamás su titulo de doctor en Teología Dogmática de la Universidad Gregoriana de Roma, y tampoco se viste con los diez años (1992-1999) en que fue Oficial de la Sagrada Congregación para los Obispos del Vaticano y también “Capellán de Su Santidad” (1996).

Su tesis doctoral -”La realidad del pecado y la misión de la Iglesia. Un estudio en los documentos pastorales y doctrinales de la Conferencia Episcopal de Chile 1962-1990″- es muy probable que le haya servido en estos últimos años. Aunque ahora lo más seguro es que tendría que reescribirla. Porque en momentos en que el ex párroco de El Bosque se ve cara a cara con sus denunciantes, Contreras analiza lo ocurrido, admite errores, resalta lo que según él hizo bien la iglesia y saca lecciones para sepultar a todos los Karadima en ciernes que se ocultan en distintos vértices de una Iglesia en plena ebullición.

-¿A cuáles de los acusadores de Fernando Karadima conoció usted?

A Juan Carlos Cruz y al doctor James Hamilton. A Juan Carlos lo conocí en 1985 cuando era seminarista de primer año. Yo estaba recién ordenado sacerdote, vivía en la parroquia de Lo Barnechea y acudía dos veces a la semana al seminario que por entonces estaba en Puente Alto. Era un curso muy grande con cerca de 50 seminaristas. Y resultó que con Juan Carlos coincidimos una vez en la micro y ahí nos fuimos conversando. Me pareció un joven espontáneo, cercano, con capacidad de establecer relaciones humanas. Después, en 1987 y 1988, el Cardenal Juan Francisco Fresno me pidió ir a trabajar al Seminario con el equipo de formadores que lideraba el padre Juan de Castro como rector. Ahí compartía día a día con los seminaristas, entre ellos Juan Carlos. Él tenía gran confianza en su director espiritual, don Vicente Ahumada, con el Rector el padre Juan de Castro y también conmigo.

-¿Qué le contaba Juan Carlos sobre El Bosque?

-Recuerdo lo doloroso que fue para él una amonestación pública en la parroquia El Bosque por su conducta de apertura hacia otros seminaristas y sacerdotes. Se estimaba que no era apropiada para la imagen que él tenía que proyectar y que constituía una falta de lealtad al sacerdote Karadima. Eso es lo que recuerdo a la distancia de más de veinte años. Juan Carlos tocaba guitarra, cantaba, era alegre, pero al parecer esas conductas no eran vistas como convenientes para la imagen que debía dar, según los paradigmas del sacerdote Karadima. Recuerdo que llegó muy afligido. Lo conversó conmigo y ciertamente antes con el padre Juan de Castro.

-¿Fue una ayuda Juan de Castro para Juan Carlos Cruz?

Sin duda. El padre Juan era también psicólogo y conocía muy bien el alma humana. Falleció en junio de 2007. Tanto él como don Vicente Ahumada, sacerdote excepcional, fallecido el 2003, lo ayudaron como auténticas figuras paternas. Lo mío era más bien una relación fraterna. Yo tenía 28 años y tres de sacerdocio, y Juan Carlos, 22 ó 23 años.

-¿Cuándo dejó de ver a Juan Carlos?

En septiembre de 1989 partí a Roma. El dejó el Seminario a comienzos de los ‘90. Ya en abril de 1991 me escribió a Roma una carta en que me contaba sus primeras experiencias periodísticas. Me dolió su salida del Seminario. Pero en mis visitas a Chile siempre nos encontrábamos para conversar de lo humano y lo divino. También de las cosas que conocemos: la personalidad del sacerdote Karadima, la poca libertad que él sentía para actuar. Sin embargo, nunca me habló de abusos de índole sexual. Con todo, el contexto era muy doloroso para él y para quienes lo escuchábamos.

"Estoy Esperanzado, aunque con

 dolor y vergüenza"

-¿Juan Carlos no le dijo de su identidad homosexual?

Lo hizo muchos años después cuando ya vivía en Estados Unidos, es decir, después de 2000. A las personas se las asume como son. Además lo conozco, sé que es una persona transparente y muy creyente y conozco a su mamá. A Juan Carlos siempre lo he considerado como un hermano menor.

-¿Y cómo llegó a usted James Hamilton?

-Su esposa Verónica vino a conversar conmigo enviada por un sacerdote. Agradecí y agradezco hasta ahora su confianza. Era una persona muy adolorida. Ella hizo un recuento de la situación que estaba viviendo con su esposo. Eso ocurrió en mayo de 2005. Y le dije que para que se ordenara en su relato, lo expusiera por escrito.

- ¿Le contó en 2005 toda la verdad sobre Karadima?

El mismo relato oral lo puso por escrito a los pocos días después. Trataba de la situación de su esposo con el sacerdote Karadima y de su situación familiar. Era su verdad. Y yo anhelaba internamente que su situación matrimonial pudiera ser restaurada. A eso quería apostar.

-¿Era la primera vez que usted escuchaba hablar de los abusos sexuales del padre Fernando Karadima?

Sí. El primer testimonio directo de abuso sexual que escuché y de la relación mantenida durante años con esa familia.

-¿No lo había escuchado como rumor?

No. Había escuchado comentarios de una conducta impositiva que afectaría la libertad de sus dirigidos espirituales. Y le dije a Verónica que una denuncia como esa debía hacerla su esposo porque era la persona directamente involucrada. Yo me ofrecí para escuchar su relato y orientarlo. Y así fue cómo después de algún tiempo escuché por primera vez el relato del doctor Hamilton.

-¿Quiero que me diga usted, padre, qué le pasa cuando escucha que otro sacerdote que conoce y supongo respeta, ha abusado de la forma como lo relata Hamilton y su esposa? ¿Qué sintió?

Dolor, impotencia y rabia muy grandes al constatar el sufrimiento de personas causado por comportamientos de un sacerdote. Fernando Karadima era visto por sus seguidores como “el” modelo de vida sacerdotal. A él lo conocía como persona pública, admirada por sus discípulos, pero también con muchos críticos al interior de la comunidad eclesial. Nunca tuve una relación personal con él.

-¿Su afecto y respeto no estaban comprometidos?

Así es, aunque afecto y respeto no debieran inhibir a nadie en situaciones tan conflictivas y traumáticas como es saber de eventuales abusos sexuales. Personalmente encontré que el relato del doctor Hamilton era muy coherente a la vez que muy adolorido. Y sentí un padecimiento muy grande por lo que él estaba viviendo, por las consecuencias que le estaba trayendo a su vida personal y matrimonial. Le dije que era él quien debía poner por escrito su relato y debía hacer una declaración ante el promotor de justicia del Arzobispado, independiente de la causa matrimonial. Esa declaración la hizo en enero de 2006, ante el padre Eliseo Escudero, promotor de justicia. A partir de ese momento comenzó a escribirme correos electrónicos o me llamaba por teléfono, porque quería saber cómo iba la causa, pero yo no tenía ninguna competencia ni injerencia. También nos reuníamos a conversar en la casa parroquial donde habito cada vez que lo sentía angustiado. Al padre Escudero a veces lo veía en la Curia, pero por varias razones, entre ellas un asunto de pudor, no le preguntaba…

-¿Un pudor que hoy día calificaría cómo?

De respeto y confianza en la institucionalidad. No correspondía que la autoridad presionara. Por otra parte nunca tuve con el padre Eliseo una relación de mayor cercanía y confianza.

¿Actuaría de la misma manera hoy?

Es difícil responder eso. El promotor de justicia tiene que ser enteramente libre, entonces si yo hago una pregunta o si llamo al Tribunal Eclesiástico para saber cómo va una determinada causa matrimonial, puede ser visto como una injerencia por parte de una autoridad eclesiástica. Y los tribunales y los promotores de justicia tienen que actuar con absoluta independencia. Y cualquier pregunta que uno haga, podría ser juzgada como un intento de influir ante ellos.

-Cosa que sí pasó en este juicio, como sabemos hoy. Porque lo han confesado los propios protagonistas.

Si se refiere al juicio de nulidad matrimonial, sí. Así lo reconoció arrepentido el presbítero Francisco Walker al haber comentado oralmente con el entonces párroco de El Bosque que habría en la causa matrimonial del doctor Hamilton una señalación de abuso sexual por parte del sacerdote Karadima. Antes, yo mismo le sugerí al doctor Hamilton algunos nombres de abogados del Tribunal Eclesiástico para que vieran su causa. La comunicación entre nosotros continuó hasta el año 2009. Para mí también era muy difícil escuchar sus demandas pues no tenía respuestas operativas a ellas.

-Es difícil entender que un obispo no tenga capacidad operativa frente a un relato de abuso sexual. La acusación de Hamilton es de una crudeza increíble, sórdida, y había otros jóvenes en El Bosque que podían estar pasando por lo mismo…

Creo que eso es parte del aprendizaje que me deja este caso en lo personal, también a todos quienes trabajamos en el Arzobispado. Para eso estamos implementando cambios en esta materia. En lo operativo esta dramática situación debía ser derivada al promotor de justicia, y por eso animé al doctor Hamilton a hacerlo. Se trataba del primer testimonio de una historia de muchos años. Hasta entonces, por lo que conocía y conozco, no habíamos tenido otras denuncias formales. De todos modos, en el caso del doctor Hamilton, pensé que lo que podía ofrecerle como sacerdote era más bien la escucha, la atención a un hombre roto por dentro. Paralelamente a eso pensaba que la institucionalidad del Arzobispado estaba funcionando, es decir, el trabajo del promotor de justicia y también la investigación que estaba llevando adelante el Cardenal Errázuriz… Creo que ahí, quizás en la primera conversación que tuve con él, debí haber clarificado que mi ánimo era ayudarlo sacerdotalmente, motivado por constatar el sufrimiento de su esposa que quería restaurar su vida matrimonial. Me hubiera gustado ayudarlo a salvar su matrimonio.

-Pero no lo aclaró.

Efectivamente, y eso creó en él expectativas.

"Se que el Padre Juan de Castro

 fue el primero en emitir un

 informe acerca de El

Bosque. No sé que fin tuvo ese

informe"

-Que usted no pudo satisfacer.

Así es. Sin embargo, hice varias cosas en relación a su situación. Por ejemplo, cuando él me plantea todo el asunto que ocurrió en el Tribunal Eclesiástico en mayo de 2009, por la causa de nulidad eclesiástica, puse el grito en el cielo…

- …Cuando hubo una filtración de los testimonios por parte de un sacerdote miembro de ese tribunal al grupo de Karadima. O sea, cuando se violó el secreto del proceso eclesiástico.

Efectivamente, porque si hay algo doloroso -y la gente confía en la Iglesia- son los relatos dramáticos de sus vidas matrimoniales. Esos deben permanecer siempre en el secreto de oficio. En su causa matrimonial fue una señalación que se hizo al entonces párroco de El Bosque. El doctor Hamilton me lo comentó y en ese momento se aceleraron muchas cosas. La misma investigación interna trató de aclarar lo que allí ocurrió porque fue gravísimo. Eso fue en 2009. Paralelamente llegan otros testimonios y eran coincidentes, aunque no en la materialidad de los hechos, pero sí en los paradigmas del abuso, sobre todo de conciencia.

-¿En algún momento Juan Carlos Cruz habló con usted y le contó más en detalle por lo que pasó en la parroquia El Bosque?

Cuando él vino a Chile a declarar, en 2009, lo hizo con mucha decisión. Fueron años que esperábamos su testimonio en la Cancillería del Arzobispado. Tiempo después también declaró formalmente José Andrés Murillo, a quien no conocía, hoy sí, y le tengo admiración por lo que hace en su Fundación. Y luego Fernando Batlle, que fue el último en declarar, en abril de 2010, a quien no conozco.

-Pero finalmente la institucionalidad no estaba funcionando en la Iglesia.

Estaba funcionando, pero de acuerdo al tiempo en que llegaban las declaraciones formales, que se aceleraron en mayo de 2009 con la revelación del relato del doctor Hamilton en su causa de nulidad eclesiástica.

-Se violó el secreto de un proceso para intentar desacreditar a los acusadores.

Distingamos. Una cosa es el proceso de nulidad matrimonial del doctor Hamilton, donde el mismo presidente del Tribunal Eclesiástico reconoció su error y renunció como tal, y otra cosa es el proceso contra el sacerdote Karadima por abusos sexuales incoado ante el promotor de justicia. Este seguía una línea paralela, independiente del proceso de nulidad matrimonial. Y ahí no hubo filtración de nada ni intentos de desacreditar personas. El padre Escudero, lo supe por una entrevista de él a CIPER, estaba haciendo un trabajo acucioso y, en ese sentido, yo creo que la institucionalidad del Arzobispado estaba funcionando. De hecho, desde 2006 cuando el doctor Hamilton declara ante el padre Escudero, el Arzobispado debió esperar hasta fines de 2009 e inicios de 2010 para las declaraciones de Juan Carlos, José Andrés y después se acercó el abogado Fernando Batlle. Efectivamente pasaron tres años, pero no había nuevos testimonios. Y esto avanzó gracias a la constancia de dos sacerdotes de la Cancillería, los padres Hans Kast y Oscar Muñoz, que siempre contaron con mi apoyo para contactar a los jóvenes mencionados y actuar como notarios.

-Los abusos de Karadima pudieron haberse detenido antes. Ya en 2006, cuando el Cardenal Errázuriz lo saca de párroco de El Bosque, aunque mantiene intacto el control sobre ella y la Unión Sacerdotal…

Cuidado con la premisa de esa afirmación. Porque la primera denuncia formal es la del doctor Hamilton, firmada a inicios del 2006. No tenemos noticias de abusos sexuales enmarcados en el período entre 2006 y 2010, años en los cuales se hizo la investigación.

Contreras saca lecciones: como el

cuidado que debe tener con 

"grupos eclesiales revestidos de

aparente piedad... que al final

han resultado ser depredadores

de la vida y de la fe de personas

jovenes".

-¿No sacaron a Karadima de párroco por las denuncias de abuso sexual que ya lo afectaban?

En 2006 el Cardenal Errázuriz ya conocía lo relatado por Hamilton. Y además del hecho objetivo de trasladar de parroquias a sacerdotes que llevaban muchos años en ellas, no me cabe duda que el Cardenal tiene que haber informado al sacerdote Karadima, al menos de palabra, de la denuncia en su contra.

-Usted ya era obispo auxiliar de Santiago ¿Le comentó usted al Cardenal Errázuriz los hechos que le relató Hamilton y su esposa?

Así es.

-¿Por qué?

Porque el doctor Hamilton al hablar conmigo estaba confiando también en la institucionalidad del Arzobispado y porque yo creía en su relato.

-Cuando se lo informó al Cardenal Errázuriz, ¿estaban solos o también estaba presente el otro obispo auxiliar, Andrés Arteaga?

En el Arzobispado existe un consejo de gobierno que en ese tiempo estaba compuesto por tres obispos auxiliares, incluido Andrés, el canciller y dos vicarios episcopales. Las cosas se conversaban ahí abiertamente. Y las veces que se comentó esto fue cuando el Cardenal tomó la resolución de seguir adelante con estas denuncias.

-¿Llevó la acusación de Hamilton contra Karadima al consejo de gobierno del Arzobispado cuando usted recibió el primer testimonio, es decir en 2005?

No. Debía llevarse al promotor de justicia, porque ese es el canal institucional. Es más, en esta situación fue el Cardenal Errázuriz el primero en abordarlo en el consejo de gobierno.

-¿Se inhibió usted de hablar por la presencia de Andrés Arteaga, que era director de la Unión Sacerdotal de El Bosque?

Conozco a Andrés desde 1979, año de su ingreso al seminario. Tenemos la misma edad. Siempre lo admiré por su inteligencia y capacidad pedagógica de hacernos fácil materias filosóficas difíciles. Ante él no me inhibo.

-El Cardenal ha dicho que no recibió a los denunciantes porque no creyó en la veracidad sus acusaciones, principalmente en virtud de quien era la opinión autorizada que tenía a su lado: Andrés Arteaga. No fue usted la persona que más influyó. Ahora, cuando ve la explicación que da el Cardenal públicamente, ¿no piensa “por qué no hice tal cosa”?

Yo hice todo lo posible, pero no me corresponde hacer públicas mis gestiones… Animé al primer denunciante a iniciar el camino formal de denuncia y traté de tender un puente entre las personas que yo conocía para que desde un punto de vista humano pudieran sentirse acogidas

-Pero eso no pasó…

No pasó. El Cardenal lo ha lamentado públicamente.

-No estamos hablando de un simple error personal del Cardenal Errázuriz, porque lo que no hizo, lo que finalmente permitió, afecta negativa y muy profundamente a la Iglesia Católica de Chile. Porque el Cardenal era el jefe de la Iglesia. Entonces, hay errores personales que provocan mucho daño. Este es un caso.

Ante todo dos precisiones: el Cardenal no era el jefe de la Iglesia en Chile, era el arzobispo de Santiago. Y fue él quien envió los antecedentes al Vaticano. Pero es cierto y reconocido que toda esta infausta situación ha dañado personas y de paso a la Iglesia de la que son parte James Hamilton, Juan Carlos, José Andrés y Fernando Batlle. Soy consciente de ello. Ha dañado mucho. Gracias a Dios, la fe y religiosidad de la gente no se resienten, por lo menos, esa es la experiencia que se ha visto en Semana Santa de este año 2011 y en los miles de jóvenes de Chile que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, junto al Papa Benedicto XVI. Obviamente todo lo que ha ocurrido tendrá que ser conversado ampliamente al interior de la Iglesia, con la participación de laicos y de profesionales expertos. También ha sido muy bueno y providencial el hecho de poner al día el protocolo de 2003. Un protocolo que indica que ya no habrá ninguna cosa de este tipo, de esta gravedad, que sea para uso interno, confidencial o privado. Estamos diciéndole a todos: este es el modo cómo la Iglesia procederá ante las denuncias de abusos sexuales y de ministerio.

-Excúseme, pero eso también tiene otra lectura: “qué mal hemos actuado hasta ahora frente a los abusos de sacerdotes”.

Y es que, según mi parecer, no hemos abordado con fuerza y contundencia la lamentable existencia de clérigos que dañan a personas y de quienes abusan de su ministerio.

- Entonces, la institucionalidad del Arzobispado…

… El arzobispado de Santiago está diseñando la estructura de un departamento para atender a quienes denuncian responsablemente abusos sexuales por parte de sacerdotes.

-Está bien, un cambio, pero no hay una autocrítica por todo lo que ocurrió antes. Se necesita una explicación.

Por supuesto que hay una autocrítica. Y las explicaciones las hemos dado todos, incluso esas explicaciones las ha dado públicamente el Cardenal Errázuriz. Pero no debemos olvidar que lo que hoy conocemos como resolución de la Santa Sede se debe también a este proceso interno incoado en el Arzobispado de Santiago. Por otra parte, el protocolo de la Conferencia Episcopal ha sido muy bien evaluado por la Santa Sede y es un instrumento muy liberador para todos.

-Hasta ahora, uno de los problemas es que frente a una acusación la reacción de la jerarquía de la Iglesia indicaba que por el sólo hecho de que un hombre sea sacerdote -y mucho más categórico si se trata de un obispo-, eso no podía ser cierto. Y la verdad es que, finalmente, son todos, al igual que los demás hombres, imperfectos.

El hecho de que todos seamos imperfectos no puede significar que si un sacerdote o un obispo cometen un delito no deba responder ante la justicia ordinaria. Tiene que someterse a las leyes. Personalmente soy de la opinión que toda denuncia responsable de abusos sexuales atribuidos a clérigos debiera ser interpuesta directamente ante la justicia ordinaria y paralelamente ante las instancias eclesiales. En ese orden.

"Fernando Karadima era visto

por sus seguidores como "el"

modelo de vida sacerdotal"

-¿Eso significa que si hoy llegara otro Hamilton, otro Juan Carlos Cruz, otro Murillo, otro Batlle al Arzobispado o a cualquier diócesis, la institucionalidad funcionaría distinto?

Tiene que ser distinto. Y tiene que serlo también sin dilaciones en el tiempo por parte de los denunciantes, sea quien sea el acusado, aún consciente de que la situación dramática y desgarradora son los procesos internos que padecen las víctimas. Pero hay que mirar con detención este caso, ya que la situación de esa parroquia donde estaba el sacerdote Karadima era muy compleja.

-Explíqueme…

Es una parroquia donde la mayoría de sus fieles son profesionales y gente de mucho prestigio en distintos ámbitos de la vida del país. Y si ese sacerdote tenía fama de santo, si como decían había hecho tanto bien, si tenía tantos lazos de muchos años con ese mundo social, si había vocaciones sacerdotales, vaya a saber qué tipo de presiones había. Me hace mucho sentido lo que me comentó el Cardenal Errázuriz, y se lo habían dicho en Roma: cuando se acusa a un sacerdote surgirá un coro de testimonios a favor, pero usted ocúpese del testimonio de la víctima o el denunciante, por ahí es donde se debe descubrir la verdad. Es un consejo muy sabio. Y si uno tiene cuatro testimonios ahora públicos, como en este caso, con mayor razón. Tanto así, que el Cardenal fue a Roma a preguntar cómo debía seguir la marcha de todo esto, hasta que en un momento determinado envió todo al Vaticano porque apareció un caso de una persona que habría sido abusada siendo menor de edad. Eso ocurrió el año 2010. Teniendo en cuenta que allá el trabajo ordinario durante los meses de julio, agosto y septiembre tiene otro ritmo, la resolución del Vaticano fue bastante rápida y dada a conocer el 18 de febrero de 2010, a las pocas semanas de asumir monseñor Ezzati como arzobispo de Santiago.

-Pero hubo apelación.

Efectivamente, como todo proceso de la Santa Sede, aunque en el Arzobispado nunca la conocimos. Supimos por los medios de comunicación que la defensa del sacerdote Karadima en el ámbito eclesiástico la envió en abril de este año, pero no supimos de su contenido.

-Y finalmente el Vaticano se pronunció…

Así es. El miércoles 22 de junio de este año 2011, monseñor Ezzati dio a conocer la resolución definitiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe que confirmaba definitivamente las penas impuestas al sacerdote Karadima. La resolución de la Santa Sede ha sido muy liberadora en la verdad, del mismo modo que fue muy liberador el mensaje que emitimos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en abril de 2011. Eso permite que en esta materia no existan dos opiniones. No puede haber dos opiniones. Por eso estoy esperanzado.

"Toda denuncia responsable de

abuso sexuales atribuidos a

clérigos debiera ser interpuesta

directamente ante la justicia

ordinaria y paralelamente ante

las instancias eclesiales. En ese

orden."

-Para la opinión pública quedó claro que de no haber sido por la emisión del programa de TVN “Informe Especial” sobre los abusos de Karadima, y la efervescencia posterior que hace estallar el escándalo públicamente, no se hubiesen acelerado las cosas.

Aunque reconozco el factor decisivo del programa de TVN en cuanto a la repercusión pública de los hechos, no es así, porque entonces ya estaba terminada la fase de los testimonios. La denuncia pública de TVN tuvo un efecto enorme, sin lugar a dudas, pero para entonces el Cardenal Errázuriz ya tenía toda la documentación para emitir un juicio sobre la base de la documentación recibida, hasta que, atendido que hubo testimonio de al menos una persona que adujo ser menor de edad al momento de los abusos, todo debía derivarse, por competencia, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así se hizo. Todo a Roma. Y fue mejor. Meses después vino la resolución de la Santa Sede.

-Resulta difícil entender por qué El Bosque era una comunidad tan cerrada, incluso para la propia Iglesia: se regía por sus propias normas y reglas. No se entiende, por ejemplo, que si el entonces rector del Seminario Juan de Castro tempranamente sabe, y usted también lo supo, que a los seminaristas del grupo de Karadima no los dejaban confesarse con ningún otro sacerdote que no fuera de El Bosque, eso perdurara, se permitiera. Muy raro…

No me pase facturas, por favor. Eso siempre fue muy tensionante en el Seminario. Lo viví como seminarista y como joven sacerdote formador. Lo ha dicho también Juan Carlos Cruz, también en otros ámbitos tan sensibles como el abuso sexual que ahora hemos conocido. Sé que el padre Juan de Castro fue el primero en emitir un informe contundente acerca de El Bosque. No sé que fin tuvo ese informe. Yo estaba ya en Roma. La historia es la historia y cada cual asume su responsabilidad; y no seré yo en llamar en causa a los muertos.

-Y entonces, ¿cómo se permitió que eso continuara?

No lo sé… Imagínese que recién el año pasado 2010, ¡recién el año pasado!, miembros de la Unión Sacerdotal que se distanciaron del sacerdote Karadima señalaron situaciones que nosotros ni siquiera imaginábamos y que también CIPER ha puesto en evidencia. Después hablaron otros sacerdotes y obispos este año. Hasta el año pasado no sabía del sufrimiento que ellos padecían al interior de esa Unión Sacerdotal. Si estas personas que estuvieron años en la Unión Sacerdotal no fueron capaces de tomar distancia y ver que eso estaba mal, y sólo décadas después dicen “esto estaba mal”, imagínate los que no formaban parte de ella… Lo importante es también lo que estamos haciendo hoy, liderados por nuestro arzobispo, monseñor Ezzati.

-El sacerdote Percival Cowley dijo que hace ya muchos años él habló con el Cardenal porque le parecía muy cerrado el ambiente de esa parroquia: “a mí me parecía raro todos tan ordenaditos, peinaditos, parecía un regimiento”.

También puede haber regimientos despeinados… A lo que debemos atender son otras cosas más graves y profundas que no admiten superficialidades como las señaladas por ese sacerdote.

-Otro aspecto que llama la atención es por qué el Arzobispado de Santiago ayudó en cierta forma a que se mantuviera estrictamente cerrado el círculo de El Bosque al autorizar durante años a los sacerdotes de la Unión Sacerdotal a que fueran destinados en dupla –párroco y vicario parroquial- a las iglesias, impidiendo en los hechos que se relacionaran con otros sacerdotes.

Mónica, esta premisa no es del todo exacta respecto del Arzobispado. Aunque no está alejada de la realidad. No es que estos sacerdotes no se relacionaran con otros sacerdotes. El tipo de pastoral que ellos promovían estaba marcado por una pastoral de devociones sin incidencia a mi entender, por ejemplo, en la historia concreta y en los cambios culturales y sociales que vive nuestra Patria. Creo que ellos han hecho, ahora, un reconocimiento de que tienen que adaptarse a las orientaciones pastorales de la diócesis, mirando la historia y la realidad social y cultural preñada de cambios.

-Lo importante ahora es que ustedes deben analizar y minuciosamente qué medidas adoptarán para evitar que esto se vuelva a reproducir. Porque éste es un tumor en la Iglesia…

Estoy absolutamente de acuerdo en que no podemos permitir algo así. Una cosa es que uno reconozca que haya gente que es carismática, y otra cosa es cómo permitimos que esas personas vayan creando un hábitat que gira en torno a ellos.

-Una secta.

Conozco a tantos sacerdotes buenos, probos, entregados a su ministerio que han salido de esa parroquia, que como hermano sacerdote y obispo no podría catalogarlos a ellos, por ningún motivo, como miembros de una secta. Honestamente jamás me atrevería a pensar siquiera en ello.

-Si hago que me llamen santo, que me adulen y obedezcan como tal, si ordeno que sólo se pueden confesar con los de mi grupo y castigo duramente a los que osan desobedecer mis órdenes, y si además abuso sicológica y sexualmente de los más jóvenes, ¿qué es eso?

En estos días, uno de los hermanos menores del sacerdote Karadima ha dado una entrevista al semanario Qué Pasa, refiriéndose a la psicología de su hermano. ¡Son muchas las víctimas de todo este hábitat creado por Fernando Karadima! Ya lo dice la resolución del Vaticano: es claro que el abuso del ministerio explica todo eso. Por eso es muy importante que haya hablado la Santa Sede. Ha sido providencial que el juicio lo haya emitido la Santa Sede y no una instancia del Arzobispado de Santiago. Eso le confiere mucha más autoridad. La resolución es absolutamente clarísima. La Santa Sede es muy rigurosa en estos ámbitos. Cuenta además con expertos, con estudiosos del derecho, de la auténtica espiritualidad cristiana y la psicología.

-Una resolución vaticana que debe dar cuenta de cómo se limpia y se interviene un grupo importante e influyente en el clero, que aparecía como un Estado autónomo dentro del Estado de la Iglesia Católica.

Era una manera muy particular de ejercer el ministerio sacerdotal y gestionar la pastoral en torno a la figura del sacerdote Karadima que dirigía esta asociación… Eso es lo que debemos analizar. En adelante, creo que cualquier indicio de que un sacerdote esté forjando un proyecto, un liderazgo de índole pastoral aglutinando a personas jóvenes, con un sello muy propio, al margen de las grandes orientaciones pastorales de la Iglesia en Chile, tiene que ser inmediatamente, no digo que intervenido, pero sí seguido de cerca por la autoridad eclesiástica. Eso sin lugar a dudas.

 -Hay interrogantes sin respuesta. Como por ejemplo, por qué un sacerdote que se caracteriza y se preocupa de sumar vocaciones en tiempos que estas disminuyen, que alimenta su imagen de santo, de que ahí en El Bosque un fenómeno religioso importante está ocurriendo bajo su conducción, no tratara de formar una Orden. Y permaneció bajo la autoridad del Arzobispado.

Es un cuestionamiento que muchos nos hicimos, porque formalmente estaban bajo la autoridad del Arzobispo, pero quien gobernaba esa Unión Sacerdotal era el sacerdote Karadima. ¿Formar una Orden? Quizás habría sido lo mejor. Pero no es fácil llegar a eso. Y seguramente Karadima lo sabía.

"Por supuesto que hay una

autocrítica... Pero no debemos

olvidar que lo que hoy

conocemos como resolución de la

Santa Sede se debe también a

este proceso interno incoado en

el Arzobispado de Santiago".

-Otro hecho complicado para el Arzobispado se produce cuando surgen las denuncias de pagos de mucho dinero a empleados de la parroquia por parte de Karadima y al denunciante del vicario de El Bosque, Diego Ossa, y se le pide a la Pía Unión que dé cuenta del dinero que recibe y de su uso. Y luego la Iglesia entrega un comunicado oficial afirmando que todo está en regla y que “no hay platas de fieles” en otro uso que al que están destinadas. Y en CIPER hemos descubierto que no es así.

Bueno, la explicación la dio monseñor Fernando Chomali. Lo que hace el tribunal de cuentas del Arzobispado es ver el libro de cuentas de la Parroquia, y él lo visó como se visan tantos libros parroquiales: los auditores dicen “hay que ordenar tal cosa, tal y tal ítem”. Pero yo creo que ahí nos faltó comunicar la segunda fase: la auditoría a fondo.

-A la luz de los hechos que hemos descubierto lo que aparece es que no hubo una real fiscalización por parte del Arzobispado del uso que le daba Karadima a los dineros de la parroquia y su mezcla con los de la Unión Sacerdotal, una fundación sin fines de lucro.

No es así, y de eso puedo dar testimonio: nosotros teníamos, además de la contraloría propia del Arzobispado, un contralor auditor externo. Incluso en su momento se le hicieron indicaciones respecto de la separación de los dineros de la Pía Unión Sacerdotal con las de la Parroquia. Fernando Chomali fue muy riguroso y estricto en ello, como lo es cada que vez que asume responsabilidades.

-Pero si Karadima viajaba a Europa todos los años con algunos jóvenes y regaló a los empleados de la parroquia varios millones e incluso autos. Y hay una investigación en curso por el posible pago de silencio a los empleados que habrían podido testificar sobre los abusos del ex párroco y de otros miembros de su círculo. Si todos los empleados de parroquia recibieran los regalos que recibieron los de El Bosque, la Iglesia se quedarían en la ruina.

Pero eso lo hemos venido a saber ahora. No sabíamos que hacía ese tipo de regalías. Todo eso lo hemos sabido también gracias al trabajo de investigación periodística de ustedes, de CIPER. Hay que entender que nuestra contraloría tiene acceso a la información que ellos entregaban. No había otro flujo de información desde dentro de la Parroquia. También tendrá que hacer lo suyo el visitador apostólico que la resolución del Vaticano dispuso para la Unión Sacerdotal, una tarea clave que se iniciará prontamente.

-Después del terremoto que significó el escándalo de los abusos cometidos por Marcial Maciel, el fundador de Los Legionarios de Cristo, viene este otro episodio de abusos con Karadima. Un daño enorme a mucha gente que se multiplica entre quienes confían en la Iglesia. ¿Cómo se recupera la confianza?

Es claro, aquí no sólo hay daño a personas sino que también de paso todo esto perjudica a la Iglesia. Es lamentable e indignante. Por lo mismo hay que poner toda la energía en cómo evitar que se vuelvan a producir hechos similares. Y debemos acompañar y ayudar a que se recupere la confianza. Eso lo hacemos anunciando a Jesucristo, acogiendo a los niños y jóvenes que acuden a nuestras parroquias, estando en el conflicto mapuche, en el debate acerca de la educación de calidad, del salario ético, del acceso a la salud, a una casa digna, a la promoción de la familia, a la prevención y rehabilitación de los jóvenes cautivos por los nefastos delincuentes narcotraficantes, por citar algunas realidades sensibles para nuestra fe cristiana.

Un consejo que le dieron al

Cardenal Errázuriz en Roma:

"cuando se acusa a un sacerdote

surgirá un coro de testimonios a

favor, pero usted ocúpese del

testimonio de la victima o el

denunciante, por ahí es donde se

debe descubrir la verdad".

-A la luz de los hechos que hoy conocemos, una causal de por qué Karadima pudo perpetrar sus abusos durante tantos años en total impunidad es porque logró ser influyente tanto en la jerarquía de la Iglesia como en el sector de mayor poder económico y social en Chile. ¿Se puede confiar en que después de esta experiencia y lección la Iglesia no va a volver a actuar con temor frente al poder?

La Iglesia no le teme o no debiera temerle a los poderosos. A lo que sí debemos atender es a un mayor discernimiento de grupos eclesiales revestidos de aparente piedad, de fingida adhesión a la totalidad de la doctrina de la Iglesia y amor al Papa, animados por personas aparentemente carismáticas y que al final han resultado ser depredadores de la vida y de la fe de personas jóvenes. Hoy día se puede confiar en que vamos a hacer todo lo posible para que este tipo de abusos que se cometieron en esa Parroquia no sucedan o para que ese modelo parroquial no se repita ni se replique en otras partes. Y esto porque la Iglesia tiene orientaciones pastorales claras, entre las cuales hay un elemento clave: el sacerdocio se vive, lo decía el Papa Juan Pablo II, como una realidad colectiva, no individualista. Entonces, en este marco, no deben existir sacerdotes que se manden solos. No debiera haberlos. Los sacerdotes nos debemos a una comunidad y estamos incorporados a un presbiterio, es decir al conjunto de sacerdotes en una diócesis. Por eso hay que buscar la unidad del presbiterio. Y cuando hay personas disgregadoras, entonces hay que actuar con mayor energía. Y para eso está la disciplina canónica de la Iglesia. Y no me refiero sólo a cometer delitos. Un sacerdote debe adherir a las grandes orientaciones pastorales y a tener una vida coherente con el evangelio. El sacerdocio no es algo de lo que uno se puede apropiar. El sacerdocio es un regalo de Dios a la Iglesia para el bien de la comunidad humana. Para que quede claro, son muchas las tareas que tenemos por delante.

-Demasiadas y con tantas víctimas que han quedado en el camino con un daño que para muchos es irreversible

Es triste todo esto, Mónica. El doctor Hamilton, Juan Carlos, José Andrés y Fernando Batlle eran jóvenes que quisieron ser sacerdotes. Algo noble y hermoso. ¡Mira en lo que terminó! Pero estoy esperanzado, aunque con dolor y vergüenza. Permíteme una anécdota que tú y los lectores de buena voluntad sabrán entender. No quiero rebajar el ámbito de esta conversación, porque es triste y doloroso lo causado por el abuso de ministerio. Sirva como mera analogía. Recuerdo una historieta de nuestro Condorito. Él venía del campo llegando a la Estación Central de Santiago, con hojotas, poncho y un canasto. Al salir de la estación encuentra a un vendedor. Exponía trencitos a cuerda. Condorito los ve y empieza a saltar sobre ellos hasta romperlos. El vendedor le grita: “¡huaso ignorante, ¿qué has hecho con mis trencitos?!”. Condorito le responde: “¡A estos trencitos hay que atacarlos desde pequeñitos, porque cuando crecen me han matado vacas, caballos y ovejitas!”. A buen entendedor, “Intelligenti pauca”, decían los latinos.

 

 

 

 

22/07/2011 22:41. Publicado por: Ciper Chile #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

Investigan la huella arquitectónica de la inmigración alemana en Chile

20110615014632-frutillar.jpg

 Foto: Casa Richter, en Frutillar, al sur de Chile.

Abrió en Berlín una exposición que investigó la huella arquitectónica de la migración alemana en el sur de Chile, resultado de una cooperación universitaria germano-chilena.

La inmigración alemana a Chile se remonta a 1845 cuando fue proclamada la „Ley de inmigración selectiva”, con la que el gobierno chileno quería atraer inmigración extranjera para colonizar el inhabitado sur del país que desde la Colonia había sido defendido como territorio propio por el Pueblo Mapuche.

Conocida como la décima región, llena de bosques con araucarias de tres mil años de antigüedad y unos 15 lagos que se formaron tras erupciones volcánicas, aquella zona de intensas lluvias se convirtió en hogar de unas seis mil familias de origen alemán que se instalaron en las zonas de Valdivia, Osorno y Llanquihue, en el sur del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Casa Strauch, construída entre 1890 y 1900, se utilizó unicamente maderas nativas.

Particular trabajo en madera

La migración alemana, además de haber dejado una fuerte huella cultural y económica llevó a Chile sus conocimientos en la construcción de casas y edificios y su manera de trabajar la madera. Una exposición en la Universidad Técnica de Berlín muestra las investigaciones de las técnicas de construcción de la inmigración alemana que llegó a Chile entre 1852 y 1875.

“El objetivo era analizar los sistemas constructivos de las viviendas de los inmigrantes en el sur de Chile”, afirma el ingeniero civil Francisco Prado García, uno de los tres investigadores del proyecto desarrollado por la Universidad Técnica de Berlín y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con apoyo del Fondart (El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile) y el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico).

FotoFrancisco Prado und Renato D’Alencon Castrillón. Co-investigadores del proyecto.

Investigación de campo

Unos 45 estudiantes e investigadores provenientes de ambas universidades recibieron el cometido de hacer investigaciones de campo.  Según las listas de emigrantes que partieron desde el puerto de Hamburgo, se investigaron a familias emigrantes provenientes de Bohemia, Hamburgo, Hesse, Silesia y Westfalia.

A partir de las zonas de origen se compararon los registros alemanes y los chilenos, es decir, la salida de los inmigrantes por barco desde Alemania y su llegada a Chile. Ahí se encontraron planos del terreno con los nombres de las familias. Entre unas 2.500 familias se eligieron 15 casos de origen y 15 casos de destino.

“Comenzamos a trabajar sobre las listas de emigrados en el semestre de invierno de 2009. Nos repartimos el territorio de acuerdo al mayor número de emigrados que hubiera. Yo en lo particular me ocupé de la región de Bohemia, en el triángulo entre Alemania, Polonia y la República Checa, desde donde viajaron 500 personas que emigraron a Chile en 1875.

Un grupo de nosotros viajó a esa región para documentar las casas y dibujar planos arquitectónicos de ellas”, afirma la estudiante de arquitectura Johanna Moser, una de las co-investigadoras del proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Casa en Gornowejska 6, hoy Görlitz, en el triángulo entre Alemania, Chequia y Polonia.

Construcción multi-usos

Lo que encontraron los estudiantes de arquitectura fue que en dicha región la construcción más común era la madera maciza, y un uso combinado en la misma construcción. Una parte era utilizada como vivienda de la familia y otra como establo para animales. Una costumbre que después en Chile no se retomó.

Entre los casos encontrados se encuentra la casa en Górnowiejska 6 (hoy Görlitz), que muestra las características arquitectónicas de la región fronteriza entre Polonia, Alemania y Chequia, que combina un piso de piedra y madera maciza con un segundo piso de entramado. Esta casa y otras 250 existentes en la región de Baja Silesia son ejemplos de un estilo arquitectónico que se ve también en la llamada “Suiza Sajona” y las llamadas montañas gigantes de Karkonosze (hoy Polonia).

Foto: Daniel Korwan y Johanna Moser, co-investigadores de la Universidad Técnica de Berlín.

Dos olas migratorias

El estudiante de arquitectura Daniel Korwan,  viajó a Silesia, hoy Polonia que en los tiempos en que los inmigrantes partieron era territorio del Reino Prusiano. “Hubo un grupo de tiroleses que emigró a Silesia a mediados del siglo XVIII y principios del XIX y construyeron casas de estilo tirolés, donde hubo una fuerte transferencia arquitectónica que fue llevada ahí por este grupo migratorio”, dice.

El co-investigador del proyecto añade que posteriormente un grupo de estos emigrantes abandonó Silesia y emigró a Chile. “Se asentó a orillas del lago Llanquihue, pero no construyeron como lo había hecho la generación anterior en Silesia. Fueron dos olas migratorias, la primera en 1830 y la segunda en 1860 y mientras la primera trasladó sus costumbres arquitectónicas, la segunda no”, dice.

El estudiante señala que mientras que el Estado Prusiano pagó a los inmigrantes los costos de construcción de sus nuevas viviendas y había herramientas, en Chile no encontraron ese apoyo. “Ahí construyeron lo que pudieron”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Casa Konrad, ejemplo de simplicidad en la construcción de los colonos alemanes.

Construcción funcional y simple

La vivienda que construyó la primera generación de inmigrantes en Chile fue muy funcional y simple. “El contrato que firmaron decía, entre otras cosas que tenían 365 días para construir una casa y trabajar el suelo, y cercar un predio que se les había asignado. A muchas familias se les asignó un predio alrededor del lago Llanquihue, que pudimos identificar”, afirma el ingeniero civil chileno Francisco Prado García.

Entre los casos estudiados se encuentra la Casa Richter en Frutillar, en la ribera oeste del lago Llanquihue, que opera actualmente como Escuela de las Artes de la localidad. La familia Richter recibió 97 cuadras en Frutillar. La casa fue construida en 1895 y de acuerdo a las necesidades de la época, debía alojar a una familia numerosa. La familia se dedicó a la agricultura y hasta avanzado el siglo XX seguía abasteciendo de leche a la población.

Autora: Eva Usi

Editora: Claudia Herrera Pahl

DW-WORLD.DE

 

 

 

 

14/06/2011 21:46. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

Senador Navarro se querelló amparado en Ley 20.393

20110509023525-ko-dama.jpg

"Deben investigarse delitos de Kodama como empresa”

Con la presentación de un querella criminal por la responsabilidad penal que le cabe a la empresa Kodama, como responsable del delito de cohecho, solicitando la disolución o la cancelación de la persona jurídica de la misma, o en subsidio se establezca la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado y se fije una multa proporcional a la gravedad de los hechos, el senador Alejandro Navarro se amparó en la Ley 20.393 para solicitar “que se investiguen los eventuales delitos cometidos por la empresa Kodama y no sólo los cometidos por sus ejecutivos”.

El presidente del MAS, primer denunciante en este caso dijo que “aunque es una ley relativamente reciente, que parece no haber sido aún utilizada en tribunales, nos parece que calza perfectamente con las características de este caso, toda vez que entre los delitos contemplados para determinar la responsabilidad penal de las empresas está el de cohecho, que a nuestro juicio y por los antecedentes públicos que obran en el proceso, está claramente acreditado, siendo su expresión más visible hasta ahora el famoso viaje del director jurídico del Minvu pagado por la empresa”.

Navarro sostuvo que “parece absolutamente relevante utilizar todas las herramientas legales que existen para enfrentar graves irregularidades como las detectadas, denunciadas e investigadas en el caso Kodama-Minvu, porque ciertamente rompe con esa tendencia natural de muchas empresas involucradas en hechos de este tipo de cortar siempre el hilo por lo más delgado, desvincular a algunos ejecutivos y seguir actuando como si nada hubiera pasado. Como claramente lo señala la ley 20.393, la responsabilidad de las personas jurídicas es independiente de la responsabilidad de las personas naturales. Incluso cuando no es posible determinar responsabilidad penales individuales, la empresa igual puede ser sancionada penalmente”.

“Por eso -agregó- es que solicitamos que a través de la configuración del delito de cohecho se le apliquen a la empresa Kodama las sanciones establecidas en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, tales como la disolución o la cancelación de la persona jurídica de la misma, o en subsidio se establezca la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado y, por cierto, se fije una multa proporcional a la gravedad de los hechos”.

“De esta forma -prosiguió- una vez fallada la condena que esperamos se dicte contra Kodama, esta empresa no podrá cambiar de nombre o razón social para volver a postular a obras públicas con Vivienda u otro ministerio. Es decir esta ley contempla una sanción efectiva contra quienes delinquen defraudando al Estado, evitando que la sanción sea letra muerta como ocurría antes, cuando las empresas cambiaban de razón social y volvían muchas veces a ser favorecidas con la asignación de fondos públicos para ejecutar obras”.

El parlamentario dijo que “no es posible -y así lo entendió la ley- que tras determinarse la existencia de delitos como el de cohecho, al final del día solo pagaran algunos ejecutivos y a las empresas no les pasara nada. Además es difícil creer que los ejecutivos siempre actúen por su cuenta, sin consentimiento o conocimiento de la empresa”.

Navarro agregó que “además, esta solicitud que estamos haciendo al tribunal es perfectamente coherente con los manifestado por el Presidente Piñera cuando ha dicho que en este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, lo que por cierto implica a la empresa. Ahora esperamos que el informe de la Contraloría ratifique sustancialmente la denuncia que hemos hechos y los antecedentes que hemos aportado. No puede haber impunidad, cuando lo que se ha buscado es defraudar al Estado, en un ministerio de alta sensibilidad social dirigido a ayudar a los mas pobres”.

Finalmente el legislador del MAS informó que solicitará al Fiscal Nacional Sabas Chahuán que el fiscal del caso, José Morales, pueda tener dedicación exclusiva a este caso, por el alto impacto y connotación que ha adquirido y por los millonarios recursos fiscales involucrados en los hechos investigados.

Documentos:

Informe jurídico de la construcción - Cámara chilena de la construcción. Querella caso Kodama por fraude al Fisco y cohecho impropio. Querella caso Kodama por quien resulte responsable de cuasidelito de homicidio.

Mas informaciones:

"Serviu aceptó pagar 34 millones de dólares prescritos""Contraloría no debe aceptar presiones de Minvu en el caso Kodama"

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

08/05/2011 22:35. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

La fortuna y el poder que Max Marambio construyó a expensas de Cuba

20101108015215-portada-maxmarambio.jpg

Por Cristóbal Peña, CIPER | 3 de Noviembre de 2010

Tres semanas después de emitir una orden de captura internacional contra Max Marambio, Cuba hizo lo propio con su hermano Marcel, quien administra los negocios familiares. Los acusa de rebeldía ante una investigación por cohecho, falsificación y estafa que afecta a las empresas de alimentos y turismo que el mayor de los Marambio tiene en sociedad con el Estado cubano. La arremetida judicial significó el abrupto fin de una relación con el régimen cubano en la que se mezclan política y negocios. El que fuera favorito de Fidel Castro acrecentó su fortuna gracias a un privilegiado contrato con Cubana de Aviación: además de vender paquetes turísticos le proveía desde revistas para pasajeros a uniformes y alojamiento para su personal. Ahí además está el origen de los negocios inmobiliarios de Marambio, que en sus inicios en Chile tuvo de socio al ex empresario armamentista Carlos Cardoen.

A comienzos de los noventa, cuando todavía guardaba un bajo perfil, Max Marambio fue encomendado por el gobierno de Cuba para vender la antigua embajada de ese país en Chile. Se trató de una gestión comercial silenciosa cargada de simbolismo. Fue en esa casona de calle Los Estanques, cercana a la esquina de Pedro de Valdivia con Pocuro, donde el jefe del grupo de seguridad del Presidente Salvador Allende se alió a los cubanos para ofrecer resistencia armada en los días posteriores al golpe de Estado. Pronto los dueños de casa se fueron a su país y él quedó solo, a cargo de una legación fantasma y un arsenal de guerra que logró hacer llegar a sus compañeros del MIR antes de partir al exilio.

En Las armas de ayer, su libro autobiográfico, Marambio cuenta esa historia y describe la antigua embajada como “una mansión de espléndida arquitectura inglesa, construida a principios del siglo pasado”. Pero nada dice acerca de que casi veinte años después de esos sucesos fue comisionado a venderla y que los compradores resultaron ser los vecinos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el Conservador de Bienes Raíces de Santiago se consigna que el traspaso de la propiedad de calle Los Estanques fue concretado el 28 de abril de 1992 por $ 849.600.000, que al día de hoy se traducen en cuatro millones de dólares.

No se refiere a eso como tampoco a que la otra persona involucrada en la operación fue su socio de entonces y ex empresario armamentista Carlos Cardoen, quien actuó por medio de Inmobiliaria Santa Cruz, de su propiedad. Según dirá años más tarde en una entrevista con La Tercera el ex viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Alcibíades Hidalgo, por esa venta los dos chilenos “obtuvieron una buena comisión”.

El episodio puede ser anecdótico. Un capítulo menor reducido a polvo: la casa fue demolida y el enorme predio anexado al templo mormón. Pero esa operación ilustra la confianza que Fidel Castro depositaba en él, su hijo pródigo, ejemplo de empresario comprometido con la revolución, que precisamente en esos días echaba a andar fuertes inversiones que de una u otra forma se vinculaban a la isla.

De esta época data la alianza con Cardoen para abrir su primera empresa inmobiliaria, una productora audiovisual y una planta de alimentos llamada Río Zaza, que derivará en su mayor fuente de ingresos y, a la larga, en un profundo dolor de cabeza: esa empresa fue intervenida por el Estado cubano y su suerte se debate hoy en la Corte Internacional de Comercio con sede en París.

Hay que sumar además una empresa gráfica y una cadena de negocios turísticos llamada Sol y Son. Con esta última no sólo gozó de un privilegiado trato para llevar turistas de todo el mundo a la isla, algo que había comenzado a hacer desde fines de los setenta como empleado de la estatal Cimex. Prueba de la confianza que depositaban en él, también comenzó a prestar todo tipo de servicios a Cubana de Aviación. Desde alojamiento para su personal a revistas para sus pasajeros. Todo pasaba por el empresario chileno.

No es que antes no tuviera nada, muy por el contrario: el fin de la Guerra Fría lo sorprendió con vigorosos negocios en marcha que en su mayoría dependían de la isla. Pero es a comienzos de los noventa que Max Marambio desplegó las principales inversiones que consolidarán su poder financiero. Un poder que hoy está amenazado por el propio Estado cubano, que dictó una orden de captura internacional por negarse a comparecer en una investigación que se le sigue por actos de corrupción.

PRODUCTOR DE CINE

A su regreso a Chile, el mismo día del cambio de mando que puso fin a la dictadura militar, no se identificaba como empresario. Tampoco como oficial de Tropas Especiales del Ministerio del Interior de Cuba. Joel Max Marambio Rodríguez (Santa Cruz, 1947) prefería que lo conocieran como productor de cine. Y no sólo a su regreso. Antes y después exhibirá esa profesión con orgullo y glamour, al punto que todavía en 1994, cuando sus días de productor de cine habían terminado, se presentaba así ante un notario de Santiago para inscribir una importante sociedad comercial con que reorganizaría sus negocios en su retorno definitivo a Chile.

En esa profesión le debe mucho a Gabriel García Márquez. Y también a Fidel Castro. Fue por medio de Fidel que conoció a García Márquez en La Habana, y por medio de este último que llegó a producir Amores difíciles, una serie de seis películas financiadas por Televisión Española y cuyo guión fue escrito por el Nobel colombiano.

Era 1988 y Marambio inauguraba su cartel de productor cinematográfico, lo que significó el estreno de International Network Group, ING, productora y a la vez consorcio a través del cual reunió sus principales negocios.

La contribución de Max Marambio al cine siguió con la serie televisiva Nazca (1990), del español Benito Rabal, sobre un grupo de investigadores aventureros que recorren Latinoamérica; y la producción de Me alquilo para soñar (1992), dirigida por el brasileño Ruy Guerra y basada en una historia de García Márquez. En ambas Marambio figura en los créditos como productor ejecutivo.

A decir de un chileno que conoció de cerca esta faceta, no se trató de un negocio deslumbrante. No al menos al nivel de los otros. Más bien era una afición cultivada al amparo de la Fundación Para el Nuevo Cine Latinoamericano, de su amigo García Márquez, que abría puertas y otorgaba prestigio. Una ocupación glamorosa que se complementaba a la perfección con su anterior trabajo de buscador de tesoros hundidos en el mar que desarrolló en la entidad cubana Carisub S.A., que ayudó a fundar, y que, a decir del mismo testimonio, al menos en la primera etapa “sirvió para allegar recursos a Cuba”.

La producción de películas será entonces un lunar en el consorcio de negocios de Marambio. Porque en ING, el naciente holding de empresas, lo que realmente generaba recursos sustanciosos tenía relación con las actividades que había comenzado a explorar a fines de la década anterior al amparo de la Inteligencia cubana. Algo que nada tiene que ver con la industria del cine pero que califica para una superproducción.

LA MISIÓN

Las armas de ayer, el libro autobiográfico de Max Marambio, termina al momento en que su autor aterriza en Cuba a mediados de los setenta. Justo cuando comienza lo que no se puede ni conviene contar.

Se sabe que los privilegios de los que gozaba el chileno en la isla surgieron a partir de ese viaje que emprendió a Cuba en 1966 en compañía de su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Entonces Fidel Castro apadrina al muchacho, lo alista en Tropas Especiales y a principios de los setenta lo tiene de vuelta en Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente, GAP, a cargo de la seguridad de Salvador Allende.

La confianza se pone a prueba cuando defiende a tiros la embajada de Cuba en Chile y termina de consolidarse una vez que se establece en la isla: allá se casa con la hija de un influyente funcionario y participa de misiones internacionales junto a Tony de la Guardia, uno de los oficiales favoritos del régimen, que terminará fusilado en su país tras ser condenado por narcotráfico. Una de esas misiones tiene que ver con la puesta en marcha de la Corporación Cimex.

A Guatón, como lo conocen en la isla, le correspondió abrir una industria turística de la nada, por medio de empresas de fachada que operaban en Panamá bajo el alero de Cimex.

–Fue un trabajo magnífico de abrir Cuba al mundo. De llevar a los primeros turistas. Me acuerdo que vendía el Copacabana, el Capri y otros hoteles que se estaban cayendo a pedazos. No había nada, pero en esa época él también se ocupó de importar las cosas básicas para los hoteles y tuvo que ver con las tiendas para turistas –recuerda una de las personas que tomó parte de esta operación.

Trabajó con gente de su entera confianza, partiendo por su hermano Marcel, socio y brazo derecho, que desde esta semana también está sujeto a una orden de búsqueda y captura por parte del Estado cubano. Marcel ha administrado desde un comienzo los negocios de su hermano. Especialmente los vinculados al turismo.

Sus hombres en Panamá eran el chileno Vicente Tato Coll y el hermano del jefe de la policía de Managua, Charles Romero. En la agencia de Madrid tenía a los padres de Valentina Venegas, su pareja durante la Unidad Popular, fallecida en un accidente automovilístico. A Patricia Espejo, la actual directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en Caracas. Y a su gran amiga Miria Contreras, la Payita, secretaria de Allende, en París y luego en Miami.

Todo quedaba en familia. Tanto así que aparte de su amigo Tony De la Guardia, a la cabeza de Cimex figuraba José Luis Padrón, integrante del alto mando del Ministerio del Interior y jefe del Instituto del Turismo, con quien eran íntimos amigos y concuñados: ambos estaban casados con dos de las bellas hijas de Antonio Núñez Jiménez, ex presidente de la Academia de Ciencias y viceministro de Cultura, entre otros altos cargos en los que lo designó su amigo Fidel Castro.

EL INVENTO DE GUATÓN

Más que empresa comercial, se trataba de una operación de Inteligencia: el despliegue de una red de agencias turísticas servía no sólo para vender pasajes con estadía sino también –y principalmente– para mover divisas y, de paso, importar bienes que escaseaban en Cuba.

 –Él trae una visión nueva de cómo hacer negocios en Cuba –dice el escritor cubano Norberto Fuentes al teléfono desde Coral Gables, Florida, donde vive su exilio–. Esas empresas paralelas son un invento de Guatón que le quedó muy bien porque funcionó y están funcionando aún. Básicamente son empresas con patente de corso para comerciar y ante cuyos métodos el gobierno cierra los ojos.

Un ex mirista recuerda que Marambio llegó a importar una partida no menor de autos de segunda mano. También containers completos con motores y repuestos provenientes de Europa y cuyo destino real estaba falseado. Parte de estas partidas de piezas mecánicas pudo servir para el taller de ensamblado de automóviles que en esa época ensayó Marambio a base de carrocerías de boogies.

Los autos eran su debilidad. Aún lo son. Especialmente los deportivos y de carrera. Testigos recuerdan que en esos años en La Habana tenía dos y que no se caracterizaba por guardar las apariencias. Esto último pudo haber significado su perdición a comienzo de los ochenta.

Algunos testigos afirman que la salida de Marambio de Cimex se originó en la venta irregular de un automóvil. No pocos sostienen que lo anterior no fue más que la superficie de algo más severo: el hallazgo de comisiones irregulares y cuentas y tarjetas de crédito secretas. El hecho es que su salida de Cimex fue abrupta y nada elegante.

–Max comete errores de apreciación –dice el escritor Norberto Fuentes-. La casa de Tony (De la Guardia) por dentro podía ser un palacio, llena de lujos y electrodomésticos, pero por fuera era muy sencilla, incluso descuidada. Pero Guatón en cambio no cuidaba las formas y se sentía un intocable. Eso lo perdió. Él salió de Cimex defenestrado y casi preso por un caso de corrupción.

Entonces, de acuerdo con el autor de Dulces guerreros cubanos, Max Marambio pasa de liderar la Corporación Cimex a un puesto como supervisor mecánico de la flotilla de patrulleros Lada y Volgas de la Seguridad del Estado.

EL HERMANO MENOR

El origen de toda fortuna suele tener un capítulo episódico que lo ennoblece. En este caso, ese capítulo parte a mediados de los ochenta con 60 mil huevos de gansos traídos desde Hungría vía Cubana de Aviación que se multiplican y derivan en un formidable negocio. Formidable porque inaugura un modelo de empresa mixta en el que “ellos se quedaban con la carne y yo con los plumones” –según detallará su mismo gestor una década después–, y porque además significó su primer emprendimiento personal que derivó en una fortuna.

Esa es la historia oficial. Porque de acuerdo con diversos testimonios, lo de los gansos no pasa de ser un asunto menor frente a un poder económico que hacia fines de los ochenta no es despreciable. Menor pero significativo: el capital habría sido facilitado por Fidel Castro, que a través de ese gesto puso fin al castigo por el capítulo Cimex.

El hecho es que a partir de entonces, al tiempo que prepara su entrada en la industria cinematográfica, el empresario chileno delega en su hermano Marcel los múltiples negocios vinculados con Cubana de Aviación y que no son otra cosa que una extensión de lo que hacía en Cimex.

–Es Marcel quien se hace cargo de Havanatur y lo hace muy bien –dice un ex militante del MIR que conoció de cerca ese proceso–-. Era el que llevaba el negocio del turismo y sigue haciéndolo hasta hoy. Con Max es incondicional, a toda prueba, un poco como ocurre con Fidel y Raúl. Jamás lo contradice.

El Polilla, como llaman sus íntimos a Marcel, siguió un camino a la sombra de su hermano mayor. Militó en el MIR y salió al exilio casi a la par que Max. Una vez en Cuba, mientras uno era asignado a misiones como oficial de Tropas Especiales, el otro se especializaba en administración y finanzas. Hoy Marcel Marambio es requerido en la isla por los mismos motivos que su hermano mayor: sospechas de cohecho, falsificación y estafa en la administración de los negocios que los chilenos han mantenido con el Estado cubano.

–Marcel es el hombre que negocia para Max, el de los números, el administrador –dice un empresario que ha hecho tratos comerciales con Marcel y que lo califica de “un duro negociador”.

Pero es más que eso: su nombre figura en la mayoría de las sociedades constituidas por su hermano. También participan la esposa de Marcel, Patricia Guerra Valenzuela, antigua militante del MIR, y la madre de los Marambio: la profesora Eudomira Mercedes Rodríguez.

VENTAJOSOS CONTRATOS

Fue Marcel quien trazó por encargo de su hermano la red de agencias turísticas Sol y Son por varios países del mundo. Una red que al igual que Río Zaza hoy está intervenida y sujeta a la investigación de la justicia cubana. Se trata de un modelo mixto en que Cubana de Aviación participa con el 50 por ciento de la propiedad y que en su mejor época llegó a tener presencia en más de 15 países. Un negocio que no se limita a la venta de paquetes turísticos.

De acuerdo con varias fuentes consultadas por CIPER, ya desde fines de los ochenta la empresa de los Marambio proveía de folletos, revistas y todo tipo de material gráfico y publicitario para la línea aérea. Además el empresario chileno estaba a cargo de mantenciones de menor complejidad a los aviones y proveían de uniformes y alojamiento para el personal de Cubana de Aviación en los diferentes destinos.

Para esto último Marambio se encargó de comprar propiedades en los principales destinos a los que volaba la línea aérea y que luego eran arrendadas a los cubanos.

Varios de los contratos con la aerolínea cubana fueron celebrados bajo la administración del general Rogelio Acevedo González, quien durante más de veinte años presidió el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, del cual depende Cubana de Aviación. Acevedo era muy cercano a Raúl Castro y uno de los últimos héroes de la revolución que no había sido defenestrado. Sin embargo, su hora llegó en marzo de este año.

La destitución de Acevedo –ocurrida en el contexto de las investigaciones a las empresas de Marambio– coincidió con la detención de su esposa, Ofelia Liptak, directora comercial de Alimentos Río Zaza, y de Lucy Leal, contadora y encargada de Sol y Son en la isla. Además cayeron los máximos representantes de Cubana de Aviación en España y Canadá, dos de los países donde Sol y Son aún tiene una fuerte representación.

Los contratos con Cubana de Aviación permitieron financiar inversiones inmobiliarias del holding ING en diferentes países. Especialmente en España, donde el empresario chileno llegó a vivir a partir de la segunda mitad de los ochenta.

A raíz de una investigación tributaria practicada a su persona a comienzos de la década pasada por la Inspección General del Ministerio de Hacienda de España, se determinó que, además de diversas propiedades en exclusivos barrios de Madrid, Max Marambio poseía una residencia de 29 habitaciones dobles que ha servido para alojar al personal de la línea aérea. Un modelo que se replicó en otros países y que permitió echar a andar las primeras inversiones inmobiliarias en Santiago.

Esto último no habría sido posible sin el empujón inicial de Fidel Castro. Pero tampoco de no mediar la ayuda de Carlos Cardoen, el empresario armamentista, que no hizo otra cosa que devolver una mano.

PIN PON

En 1990, cuando siete profesionales de su empresa de armamentos permanecían retenidos en Irak, en vísperas de la Guerra del Golfo, Carlos Cardoen le pidió a Max Marambio que hablara con Fidel Castro para que a la vez intercediera ante Saddam Hussein. No podía haber mejor camino. Marambio tenía línea directa con Fidel y Fidel con Saddam. Tanto es así que las gestiones resultaron exitosas y a ellas le siguieron los negocios.

El primero que montaron en conjunto es de una inocencia que no se corresponde con el pasado de sus gestores. La reedición de Pin Pon, el clásico programa infantil de televisión protagonizado por el actor Jorge Guerra, fue una idea de Marambio que se llevó a cabo en la productora Ámbar Films que por entonces tenían Cardoen y la Editorial Misión, representada por el periodista Fernando Paulsen.

De hecho, fue Paulsen quien vinculó a los dos empresarios, en tiempos en que ambos levantaban vuelo propio, al margen de las dictaduras por medio de las cuales hicieron fortuna.

Era 1989 y Cardoen buscaba acercarse a Marambio con el fin de explorar posibilidad de negocios conjuntos en Cuba. Aunque ambos nacieron en Santa Cruz y prácticamente habían sido vecinos, habían perdido todo contacto. Más todavía después de que uno desarrolló una industria armamentista a instancias de Pinochet y el otro, por encargo de Castro, realizó operaciones secretas tendientes a exportar la revolución.

–Viajamos con Carlos hasta Ciudad de Panamá para reunirnos con Max –cuenta hoy Paulsen, que en ese entonces trabajaba en la fundación del primero y no conocía de manera directa al segundo. Sólo lo había tratado telefónicamente para el estreno en Chile de las películas que produjo para García Márquez–. La reunión debe haber durado seis horas, y cuando me estoy despidiendo, todavía en el aeropuerto, Max me pasa un guión de Pin Pon para que vea la posibilidad de producir ese programa en Chile.

El programa infantil volvió a la televisión chilena en 1991 con la producción de Ámbar Films. Dos años después, por medio de la misma productora, la Sociedad Marambio y Marambio Ltda., cuyo nombre de fantasía en Chile es ING, firmaba un contrato con TVN para la realización de Mea Culpa, que con el tiempo se convertía en el programa de mayor éxito de la televisión chilena.

En sus comienzos, de cualquier forma, los mayores intereses estaban fuera de pantalla.

FRUTAS Y CONCRETO

En 1993, en medio de la crisis económica generada por la caída de la ex Unión Soviética, Marambio y Cardoen inauguraron una planta de pulpas y jugos que a contar de la otra década pasará a llamarse Río Zaza. Los chilenos eran dueños en partes iguales del 50% de la planta, además de participar de 12 mil hectáreas de plantaciones de cítricos con el mismo modelo. De acuerdo con un cercano a Marambio, el capital inicial con que partió este negocio no superó los US$ 2.5 millones. Una cifra ínfima si se considera que hasta su intervención facturaba cerca de US$ 100 millones.

No fue la única inversión que los dos empresarios chilenos desarrollaron en conjunto en esos años. Al tiempo que abrían la fábrica de alimentos, ponían los ojos en el negocio inmobiliario.

Por intermedio de Inversiones Nazca S.A., sociedad de origen panameño cuyo nombre rememora la penúltima película producida por el empresario, en septiembre de 1992 Max Marambio ingresó a la Constructora Tinguiririca Limitada. Era la misma sociedad que unos meses antes había constituido Carlos Cardoen con el empresario Manuel de Pablo Palomo. Unos meses atrás el negocio había arrancado con la venta de la embajada de Cuba en Chile.

Constructora Tinguiririca levantó dos edificios vecinos de 22 departamentos cada uno que se levantaron en calle Las Dalias, Providencia. Uno fue bautizado Carolina y el otro Isidora. Un guiño a las nietas de los empresarios Cardoen y De Pablo.

Fue en el penthouse de uno de esos dos edificios donde Marambio estableció su primera residencia una vez que llegó a vivir a Chile de manera definitiva. Además inscribió otros siete departamentos a nombre de Inversiones Nazca y en 1994 vendió uno de ellos a Cubana de Aviación. Otras dos propiedades ubicadas en Providencia fueron inscritas a nombre de Inversiones Nazca entre ese año y el siguiente.

El modelo de servicios al personal de la línea área cubano desplegado en España fue replicado en Chile. Y para ello, a contar de la segunda mitad de los noventa, Marambio contó con un nuevo edificio de siete pisos que construyó en José Pedro Alessandri 2832, comuna de Macul, por intermedio de su propia inmobiliaria: Macul Ltda. Tuvo un solo proyecto y en 2004 pasó a formar parte de Gran Mundo Desarrollos Inmobiliarios.

Esta última empresa, que recibirá capitales de origen panameño, construirá en Santiago tres edificios de grandes dimensiones en Providencia, Ñuñoa y San Miguel. Un cuarto proyecto de dos torres en el centro de Santiago se encuentra en estudio con el mismo modelo de negocios: capitales de sociedades formadas en Panamá cuyos verdaderos socios no suelen ser visibles.

El negocio inmobiliario afianzó el poder económico de Max Marambio en Chile. Un

 poder que para fines de los noventa lo tuvo como único socio de Río Zaza: Cardoen vendió su parte y de paso perdió a su contador de confianza, Enrique Bruce, quien desde entonces se hizo cargo en Cuba de la empresa de alimentos. El ex jefe del GAP y hombre de confianza de Fidel Castro ya podía instalarse definitivamente a Chile para supervisar desde acá la marcha de negocios que en su gran mayoría seguían dependiendo de la isla.

LOS ORIGENES

La primera sociedad comercial que Max Marambio registró en Chile por medio de su hermano Marcel se llamó El Grafo. Era 1988 y el empresario preparaba su regreso al país por medio de una asociación con una pequeña empresa gráfica. Fue el primer pie para instalar la productora y comenzar a producir el material gráfico demandado por Cubana de Aviación y otros organismos cubanos con los cuales los Marambio tenían contrato de exclusividad. A El Grafo le siguió un año después la sociedad Servint, que cumplió una función similar a la anterior.

–Desde Cuba demandaban libros, folletos y revistas. La productora movía un volumen de plata bastante interesante, y eso que seguían imprimiendo en España muchas cosas –cuenta una persona que conoció de cerca ese negocio, asegurando que los flujos de dinero entre Chile y Cuba pasaban por intermedio del Banco del Pacífico, perteneciente a Carlos Cardoen.

En El Grafo también se diseñaron las etiquetas de la empresa de alimentos que Marambio y Cardoen habían echado a andar en Cuba y que será conocida como Río Zaza. La empresa de alimentos se nutría de los insumos que pasaban por la Comercializadora Importadora y Exportadora Poniente Levante Limitada, POLE Ltda. De propiedad de los Marambio, la sociedad fue inscrita en 1990 y sigue activa hasta el día de hoy con volúmenes interesantes de ventas.

De acuerdo con la Dirección de Promoción de Exportaciones, de 2004 a 2009 POLE Ltda. ha exportado productos por más US$ 9 millones. Más de la mitad de esta cifra correspondió a lo reportado ese primer año.

POLE fue una de las dos empresas mencionadas en el exhorto con preguntas que la Fiscalía General de Cuba remitió a su par en Chile. La otra fue Comercializadora del Sur. En el exhorto se pide aclarar los procedimientos utilizados por el empresario chileno para trasladar bienes y dineros desde la isla. También se consulta por la relación que tenía con el ex ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alejandro Roca Iglesias, quien se encuentra detenido en la isla hace ocho meses en el marco de la investigación contra los Marambio. Roca estuvo por 37 años en ese cargo y llegó a tener una estrecha amistad con el empresario chileno. Al punto que uno de sus hijos, Alexis Roca, es el gerente de Gran Mundo Desarrollos Inmobiliarios.

Según ha trascendido, porque la información oficial en Cuba sobre este caso es paupérrima, Marambio está bajo sospecha de falsificación de documentos, el pago de coimas a funcionarios públicos y la adulteración del precio de insumos, entre otras acusaciones.

–Los cargos apuntarían esencialmente a una sobrefacturación por 10 años que involucrarían desde el ministro de Alimentación hacia abajo. Son cargos graves, porque involucran sobornos y en Cuba eso significa inducir a la traición –sostiene un empresario chileno que comercia con Cuba.

Junto con desestimar las acusaciones, Max Marambio ha insistido con que se trata de una investigación de motivaciones políticas por su participación como generalísimo de la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami. Cualquiera sea el motivo, por esas cosas del destino el hasta hace poco protegido de Fidel Castro ha vuelto a tener algo en común con su ex socio Carlos Cardoen. Ninguno de los dos puede poner un pie fuera de Chile sin arriesgarse a ser detenidos.

Edificios, helicópteros y pinos

Desde que se instaló definitivamente en Chile, a mediados de los noventa, Max

 Marambio ha diversificado sus negocios en el país. Sus principales intereses están vinculados al sector inmobiliario por medio de Gran Mundo Desarrollos Inmobiliarios y Nazareno. Esta última sociedad tiene en carpeta un proyecto por US$ 18 millones de dólares para la construcción de un ambicioso proyecto de dos torres de 36 pisos en calle Morandé, cuyo financiamiento tendrá aportes de dos sociedades de origen panameño.

Se trata del más ambicioso proyecto después del intento por hacerse de una línea aérea y construir un aeródromo en Buin junto al empresario Francisco Posada, con quien mantiene inversiones forestales por medio de la Sociedad Inversiones Hualañé. Las cerca de mil hectáreas de pino se encuentran en la Séptima Región.

Aunque no consiguió una flota de aviones ni un aeropuerto, Marambio al menos es dueño de un helipuerto en Las Condes y de la empresa Aeroservice, que posee dos helicópteros. Algo similar a lo que intentó hacer a comienzos de la década pasada en Cuba por medio de una empresa de taxis aéreos que tuvo corta vida.

El gusto por volar lo ha llevado a pilotear su propia nave, con la que aterriza en el helipuerto del edificio Marriot, donde tiene sus oficinas. La vida lo ligó indirectamente a la industria aeronáutica cuando la década pasada se casó con Esperanza Cueto, una de las integrantes del grupo controlador de la aerolínea LAN.

Marambio tuvo también una bullada incursión en el negocio de las universidades. A mediados de esta década, cuando la situación financiera de la Universidad Arcis volvía ser crítica, Marambio llegó a inyectarle recursos y se quedó, por medio de la Fundación Joel Marambio, con el 25% de la propiedad de la Inmobiliaria Libertad S.A., donde también participaban con el mismo porcentaje el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, vinculada al Partido Comunista chileno. Sin embargo, a principios de 2009 el empresario vendió su parte y hoy sólo ocupa un puesto honorífico en la asamblea de la corporación de la universidad.

 

 

 

07/11/2010 21:50. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards (III): La captura

20091103012854-detencion-de-pablo.jpg

Enviado por ALERTA CIPER

Por Cristóbal Peña y Pedro Ramírez, CIPER | 20 de Octubre de 2009

La guerrilla policial y política que se desató para dar con el paradero de Cristián Edwards y luego para capturar a sus secuestradores tuvo varios episodios inéditos. Testimonios de frentistas y de policías que participaron en la operación, además de informes de inteligencia desconocidos, permiten reconstruir las tres hebras que llevaron a la identificación de los autores y el rol principal de "La Oficina" y su informante estrella hasta hoy nunca mencionado en este caso. Una historia que muestra a Carabineros, a espaldas de La Moneda, asesorando al dueño de El Mercurio, detectives sacando de quicio a Agustín Edwards al acusarlo de tener oculto a su hijo en su casa de Lo Curro y a los agentes de la BIOC de Investigaciones llegando hasta las puertas de la casa donde mantenían cautivo al ex ejecutivo de The New York Times.

El anuncio que recibió el dueño y director de El Mercurio a principios de noviembre de 1991 en su casa en Lo Curro fue imperativo. Dos agentes de la Policía de Investigaciones exigían comunicarle en persona un mensaje de su director, el general (r) Horacio Toro, sobre "la aparición de su hijo". Habían transcurrido dos meses del secuestro de Cristián y Agustín Edwards Eastman se preparó para lo peor. Pensó que habían encontrado el cuerpo de su hijo. Así lo confirmó en sus declaraciones judiciales, hasta ahora inéditas:

-Fui a recibirlos afuera de la casa, a la puerta de entrada, porque no quería que mi mujer oyera alguna desgracia (...). Les pregunté qué había sobre la aparición de Cristián, en qué forma había aparecido y de dónde sabían esta noticia. Me dijeron que lo sabían del director de Investigaciones. Al preguntarles de nuevo sobre la aparición, me dijo uno de ellos, apuntando con el dedo hacia mi casa: "Apareció aquí". Le manifesté que no entendía. Volvió a insistir con que Cristián estaba en mi casa. Al oír esto, yo perdí la compostura y les pregunté si acaso creían que yo tenía a Cristián oculto en mi casa, a lo que contestaron que sí. Ahí perdí la compostura y los traté de forma muy dura.

En la versión de Agustín Edwards, el ministro del Interior, Enrique Krauss, le había prometido que pondría "a lo mejor de sus hombres" en el caso. Y si lo mejor de Investigaciones había confundido a Cristián con uno de sus hermanos, forjando la temeraria tesis del "autosecuestro", la familia resolvió de ahí en más confiar sólo en Carabineros.

Lo que ocurrió ese día en la casa de los Edwards del Río es uno de los episodios más bochornosos en la historia de la policía de Investigaciones y marcó un hito en la verdadera guerrilla policial -y con el equipo de Consejo de Seguridad Pública de La Moneda ("La Oficina") en el medio- que se desarrolló en sordina en torno a la búsqueda de Cristián Edwards y a la captura de los responsables de su secuestro.

De los testimonios de policías y ex frentistas, contrastados con las declaraciones y documentos que contiene el expediente judicial, surgen detalles hasta hoy desconocidos de esa guerrilla y de las pesquisas. Jóvenes policías encubiertas, datos aportados por un informante ubicado en el corazón del FPMR, la deserción de uno de los celadores de Edwards cuya identidad nunca se había mencionado, informes de inteligencia inéditos, interceptaciones telefónicas y hasta el análisis de la basura de la casa-retén. Y en el telón de fondo, las rivalidades policiales y políticas que impidieron una investigación coordinada y permitieron que gran parte del comando "volara" tras el pago del millón de dólares de rescate.

Tres son las hebras que permitieron aclarar el secuestro. La primera fue el seguimiento que hizo Investigaciones a una universitaria que condujo hasta la casa-retén. Otra fue el dato que aportó el informante Lenin Guardia acerca de que el joven Ricardo Palma Salamanca estaba involucrado. Y la tercera, los antecedentes entregados por el frentista Agdalín Valenzuela, informante de "La Oficina", cuyos "soplos" permitieron identificar a uno de los involucrados y llevar un registro cronológico de los líos internos que protagonizaron los secuestradores.

El secreto de Carabineros

El 11 de septiembre de 1991, dos días después del secuestro de Cristián Edwards, su padre leía el mensaje que los captores le habían dejado en las oficinas de los diarios regionales de El Mercurio. Le pedían "negociar su vida" y no alertar a las autoridades. Unas horas después, Agustín Edwards hablaba con el ministro Krauss. Carabineros también fue informado.

Agustín Edwards manifestó predilección desde el inicio por la labor de Carabineros, lo que después se reafirmaría con el vergonzoso yerro de Investigaciones. La policía uniformada estuvo desde el primer minuto al tanto del secuestro, aún antes que La Moneda. Y en las siguientes semanas los oficiales de esa institución a cargo de las pesquisas esconderían su juego a los ocupantes de Palacio.

El mismo día 11, el teniente Oscar Olmedo, de la tenencia de Vitacura, fue convocado al edificio de El Mercurio por el jefe de seguridad de la empresa, Jorge Zamora, quien lo puso al tanto de la desaparición del hijo del dueño. En una inusual deferencia, el oficial acompañó a Zamora a recorrer la morgue y hospitales en busca de noticias. Al finalizar el infructuoso recorrido, Olmedo se encontró con varias autoridades en las dependencias del diario y debió darle cuenta directamente a Agustín Edwards en su oficina.

A partir de esa misma semana quedó instituido un "comité de crisis" que sesionó los viernes por la tarde en la residencia de los Edwards. Asistirían de manera permanente el dueño de casa y sus asesores, el ex ministro del Interior de Pinochet, el general (r) de la Fuerza Aérea Enrique Montero, y Juan Pablo Illanes, director responsable del matutino; el secretario de "La Oficina" y hoy diputado (PS), Marcelo Schilling; el jefe de inteligencia de Carabineros, general Sergio Lutjens, y el prefecto de Investigaciones, Juan Fieldhouse.

La mesa de coordinación era sólo una parte del engranaje puesto en marcha para dar con el paradero de Cristián Edwards. Porque Carabineros trabajó directamente con Agustín Edwards sin dar aviso a La Moneda. Aunque el general (r) Lutjens dijo a CIPER que la policía uniformada hizo sólo tareas menores debido a que el Ministerio del Interior paralizó las pesquisas que pudieran exponer la vida del rehén, lo cierto es que recibía información privilegiada de la familia. Precisamente eso fue lo que ocurrió cuando comenzó el intercambio de mensajes entre los Edwards y el FPMR: Carabineros fue alertado, pero no le traspasó la información al gobierno.

Marcelo Schilling confirmó la relación bilateral entre Edwards y Carabineros en su declaración judicial del 13 de febrero de 1992. En la ocasión, señaló que recién a comienzos de diciembre de 1991 el gobierno supo que la familia estaba negociando hacía dos meses con los secuestradores, que Carabineros lo sabía y que el propio Agustín Edwards intervino ante La Moneda para que no se castigara a los oficiales que manejaban esos antecedentes.

La carabinera Domitila del Carmen Sepúlveda entonces tenía 26 años y trabajaba en Inteligencia. Ante el tribunal, confirmó que, ocultando su condición de policía, hizo contacto con un sujeto que se comunicó con la familia. Eso ocurrió el 6 de noviembre, un mes antes de que el gobierno se enterara de que Carabineros manejaba información.

-El coronel (Sergio) Ávila me encomendó la misión que consistía en presentarme vestida de blanco en la empresa El Mercurio, donde él me estaría esperando (...). Me dijo que yo debía llevar un sobre a un individuo (...) Me dijo que ese hombre me entregaría un sobre (...). Yo debía indicarle que iba de parte de Max. El encuentro se realizaría en la estación Pila del Ganso. El sobre que recibí se lo entregué al coronel Ávila -declaró la mujer policía.

El despliegue de Carabineros fue inútil. Finalmente, las diligencias exitosas estarían reservadas para Investigaciones y "La Oficina".

"La Pequeña Lulú"

Marcela Mardones dejó de asistir al Campus Oriente de la UC sólo un par de semanas antes del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, perpetrado en esa sede universitaria el 1 de abril de 1991. Aunque los integrantes del Grupo Lex de Investigaciones trabajaron durante meses reconstruyendo el puzzle de ese atentado, no le dieron importancia al hecho. Tanto el Grupo Lex como "La Oficina" se habían empecinado en seguir la pista de un delincuente común -Sergio Olea Gaona- que a la postre no llevaría a ninguna parte.

El 15 de noviembre de 1991, después de la monumental confusión que enlodó a Investigaciones, su director trajo desde Concepción al subcomisario Jorge Barraza y le encomendó dos tareas: aclarar el secuestro de Edwards y el asesinato de Guzmán. Barraza llegaba precedido del prestigio de haber resuelto el crimen de un oficial de Investigaciones a manos del Mapu Lautaro.

Horacio Toro estaba nervioso. El Grupo Lex exhibía escasos e inciertos avances y se le agotaba el crédito en La Moneda tras el error que atizó la ira de Agustín Edwards. Jugó sus fichas a Barraza y lo puso al mando de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), un equipo ad hoc para la tarea. Barraza tenía experiencia en el acoso a grupos subversivos. Había trabajado en la CNI. Él dice que ahí sólo pesquisó asaltos subversivos, pero ha sido procesado por apremios ilegítimos, aunque los tribunales superiores no lo han condenado.

La BIOC chequeó la asistencia de los alumnos del Campus Oriente. Así apareció el nombre de Marcela Mardones. Los agentes la identificaron como "La Pequeña Lulú", una ex dirigente de las Juventudes Comunistas del Pedagógico, casada y madre de un hijo, que al interior de la organización ocupaba la chapa de "Ximena". Barraza contó a CIPER que el esposo de "Ximena" les dijo que estaban separados, que no la veía precisamente desde antes del atentando a Guzmán y que le había dejado al niño con la promesa de volver por él en unas semanas. Pero habían pasado casi ocho meses y no aparecía.

Los agentes de Barraza confirmaron que "Ximena" convivía ahora con Raúl Escobar Poblete, un militante del FPMR conocido como "Emilio". Ambos arrendaban un pequeño departamento al interior de una casa en calle Huara, en La Florida. Una joven policía se instaló en la vivienda principal, simulando ser sobrina de los propietarios. Desde ahí inició las "escuchas" y guió la vigilancia exterior, que incluía un punto con prismáticos desde el techo de un supermercado Ekono a un par de cuadras.

"Emilio" fue seguido. A veces se reunía con un sujeto alto y corpulento que los policías identificaron como "Rodolfo". Este último también fue seguido, guiando a los agentes hasta una pequeña vivienda en un pasaje estrecho y sin salida en Macul. Aunque estaban tras los asesinos de Guzmán, tanta actividad de la célula que tenían bajo la mira llevó a la BIOC a sospechar que el grupo también participaba en el secuestro. Pero la casa a la que los condujo "Rodolfo" en Macul, ubicada en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1, era estrecha, pareada y no tenía entrada de autos. A los policías les pareció imposible que allí estuviera Cristián Edwards. ¿Cómo podrían introducir y sacar a un cautivo sin despertar sospechas en los vecinos? Además, ahí vivía un matrimonio con un hijo adolescente. Era difícil que el FPMR incluyera en el secreto a un chiquillo que iba todos los días al colegio.

Los seguimientos a "Emilio" y "Ximena" llevaron a la policía a otra casa, esta vez en La Dehesa. Como esta residencia era grande y estaba en un barrio acomodado, Barraza se convenció de que ahí tenían cautivo a Edwards y fue desestimando los informes de su subordinado René Cocq, que insistía en que el análisis de la basura de la casa de Macul indicaba que la habitaban más personas que sólo dos adultos y un adolescente.

El detective Cocq tenía la razón. Porque el pequeño inmueble pareado del pasaje Poeta Vicente Huidobro era la casa-retén facilitada por el matrimonio de Rafael Escorza y María Cristina San Juan. Y la empleada que salía a hacer compras y a la que llamaban "Gabriela" era Maritza Jara, militante del FPMR y encargada de chequear el entorno.

Pugna con "La Oficina"

Barraza aseguró a CIPER que la BIOC inicialmente no dio mucho crédito a un dato que semanas antes recibió el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. El informante Lenin Guardia le había dicho a Velasco que un joven llamado Ricardo Palma Salamanca estaría involucrado en el secuestro de Cristián Edwards. La hermana de Palma le habría confesado a su psicóloga la sospecha de que el muchacho andaba en algo raro relacionado con el FPMR. La psicóloga resultó ser la mujer de Lenin Guardia. El subsecretario Velasco había entregado el dato a "La Oficina", la que tampoco, al parecer, le sacó partido.

Para entonces, las investigaciones ya estaban contaminadas con la pugna que se vivía en La Moneda. Velasco consideraba que el combate a la subversión era una tarea que él debía encabezar, pues su subsecretaría era responsable de la seguridad pública. Pero, después de la muerte de Jaime Guzmán, el Presidente Aylwin había creado "La Oficina", confiándoles su jefatura a Jorge Burgos y Marcelo Schilling. Entre Velasco y "La Oficina" los puentes estaban cortados. Cada uno contaba con su propia red de informantes y los datos esenciales no fluían en ninguno de los dos sentidos. Toro, y por ende la BIOC, se alineaban con Velasco.

En las primeras tres semanas del secuestro de Cristián Edwards, las policías avanzaban a ciegas. No había indicios de quienes lo tenían. Fue "La Oficina" la que se anotó el primer acierto: confirmó que era una operación del FPMR e individualizó a uno de los involucrados.

Un informante de "La Oficina", denominado "F 1″, había pasado los datos: un grupo del FPMR bajo las órdenes del comandante "Ramiro" -quien después sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena-, tenía a Edwards. Así lo declaró Schilling al tribunal:

-Supimos que se trataba de un secuestro por las informaciones que recibimos en los primeros días de octubre de 1991 (de "F1"), acerca de la existencia de un supuesto desertor del secuestro. Éste se hacía llamar "Julio"; era un frentista fugado de la Cárcel Pública en 1989 y su nombre verdadero es Florencio Velásquez Negrete, según consta de la fotocopia de una ficha personal suya que en este momento pongo a disposición del tribunal.

Hasta ahora, el nombre de Velásquez no se había asociado al secuestro. En el expediente no sólo quedó consignada la ficha de Florencio Velásquez ("Floro" o "Julio"), sino también la del entonces desconocido "Salvador", jefe máximo del Frente, aunque la identidad que le adjudicaban era inexacta: Juan de Dios Apablaza Apablaza. En realidad es Galvarino Apablaza Guerra.

Los informes de "F1″

"F 1″ era el militante del FPMR Agdalín Valenzuela. Un informante de lujo. Había sido uno de los dos chóferes del camión que trasladó a Brasil al secuestrado coronel Carlos Carreño, en 1987. También fue chofer personal de "Ramiro" y contaba con toda su confianza, al punto que a veces el informante lo ocultaba en su casa de Curanilahue. Hasta ahora se desconocía que Valenzuela había aportado datos claves para identificar a los autores del secuestro de Edwards. Un informe de "La Oficina" adjunto al expediente judicial lo corrobora:

Investigación personal Florencio Velásquez Negrete.

Datos de F1:

Se fugó de la cárcel. Lo describe como de 30 años aproximadamente, moreno, más o menos "amapuchado", cuerpo de mapuche, es bajo, cara tosca, tórax fornido. Tiene una particularidad que se le cae un hombro. En un campamento en que estuvieron juntos el año 86 cuando tiraban granadas, se le caía el hombro derecho y él mismo se lo montaba (...).

Indica que este hombre formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado CE (Cristián Edwards). JULIO fue destituido en una reunión realizada en la misma casa, donde está CE.

La deserción de "Floro"

Los informes de Valenzuela indican que, durante el secuestro, el comandante "Ramiro" mantuvo contacto con otro jefe frentista: "Chele", posteriormente identificado como Juan Gutiérrez Fischman. Así se desprende del documento "Consolidado Informativo Cronología de Suministro de Información Sobre el Caso CE", incluido en el sumario judicial. Estos son algunos párrafos de ese informe:

26 del 9 del 91

F1 informa que el Frente tiene en su poder a CE. Indica que dicha información la recibió del Cdte. Ramiro. Indica que este comandante está actuando directamente en la operación. Informa que se ha producido una deserción en el equipo operativo de parte de Julio.

19 del 12 del 91

F1 informa que se reunió con los comandantes Ramiro y Chele. Informa que CE está vivo y lo tiene el Frente definitivamente.

23 del 12 del 91

F1 informa que la familia de CE está negociando con el Frente. Indica que han pedido rebaja a una cifra pedida por el Frente y que el Frente aceptará la rebaja en la negociación futura. Indica que a mediados de enero culminará la negociación con la liberación de CE.

Rafael Escorza, el militante que facilitó su vivienda para el encierro de Edwards, confirmó a CIPER que "Floro" dejó su puesto de celador y generó una crisis en la casa-retén. A Florencio Velásquez lo sacaron del lugar con la vista tapada, lentes oscuros y mirando al suelo, para que no identificara el sitio si era arrestado. Al igual que el secuestrado y otro de los celadores, había llegado a la vivienda sin que pudiera identificar sus coordenadas.

Después de abandonar la misión, "Floro" debía acuartelarse en una casa de seguridad, pero sus compañeros le perdieron el rastro. Un informe de "La Oficina" consignó el hecho y la inquietud que causó en el FPMR: "Con fecha 19 del 12 de 91, se informa que Julio está alejado y que el comandante Ramiro informó que no lo ha podido encontrar".

Ex miembros del FPMR aún consideran a "Floro" un desertor y creen que pudo jugar un rol en la posterior caída del comando que ejecutó el secuestro, convertido en informante o bien por haber compartido datos, sin saberlo, con una fuente de "La Oficina".

El retorno del "Negro"

La información aportada por el informante estrella de "La Oficina" no fue traspasada a la BIOC. Esa descoordinación produjo el absurdo de que en los seguimientos desplegados durante el secuestro, la BIOC fotografió a "Ramiro" sin sospechar el calibre del hombre al que le seguían los pasos. "La Oficina", al mismo tiempo, no sabía que Barraza tenía identificada la vivienda donde permanecía cautivo Edwards.

No obstante la descoordinación, la BIOC entró a la recta final con ventaja sobre "La Oficina". Barraza asegura que cada vez que "Ximena" o "Emilio" concurrían a los teléfonos públicos del Ekono cercano a su casa de calle Huara, los diálogos eran grabados. Por esa vía, "Ximena" se contactó con un hombre de voz juvenil al que reprendió duramente y con quien concertó una cita. Los agentes chequearon el teléfono. Era el de la mamá de Ricardo Palma Salamanca. Se confirmaba así el dato de Lenin Guardia.

Ricardo Palma, "El Negro", tenía 22 años. Haciendo dupla con "Emilio", había matado a tiros a Guzmán y al coronel (r) de Carabineros Luis Fontaine. Palma participó en la "captura" de Edwards, pero en el operativo se disparó accidentalmente en una pierna. Requirió atención médica y no pudo ocupar el puesto de celador al que estaba destinado.

Ya reestablecido, "El Negro" ingresó a la casa-retén pero no terminó la misión. Era un muchacho hiperactivo y el encierro le generó problemas que lo llevaron a abandonar su puesto. Por eso lo reprendió "Ximena". Pero como también era un tipo fogueado, lo volvieron a llamar. Lo necesitaban para la puntada final: cobrar y liberar a Edwards.

Fiesta en calle Huara

El 31 de enero de 1992, Agustín Edwards pagó el rescate. Esta vez los miembros de "La Oficina" estaban informados. Según declaró Schilling, Agustín Edwards consultó su opinión un día antes de que se concretara la entrega del millón de dólares en billetes de cien. Influenciado por su asesor y experto en secuestros, el británico de origen cubano Hugh Bicheno, el dueño de El Mercurio albergaba dudas acerca de efectuar la entrega el día propuesto por los secuestradores. Una semana antes, el mediador de los Edwards, el jesuita Renato Poblete, había realizado un largo recorrido por la ciudad sin haber logrado entregar el dinero. Finalmente se impuso la opinión de Schilling: seguir "rigurosamente las instrucciones de los secuestradores".

Argumentando razones de seguridad para proteger la vida de Cristián Edwards, "La Oficina" no alertó a la BIOC de la entrega del dinero. Los hombres de Barraza vieron como ese 31 de enero salían rodriguistas de todas las casas bajo vigilancia y se multiplicaban los contactos. El subcomisario relató a CIPER que el movimiento fue tal que los encargados de los seguimientos comenzaron a toparse y estorbarse. Temiendo que el FPMR los detectara, les ordenó retirarse y se concentró en vigilar las casas. Por eso, la BIOC no supo que ese último día de enero se pagó el rescate. Pero sus integrantes intuyeron que algo grande había pasado, porque esa misma noche la joven policía encubierta instalada en la casa de calle Huara informó de una fiesta, con baile y tragos. Barraza asegura que "Ramiro" y "Chele" estuvieron en la celebración.

Repliegue en Colliguay

Al día siguiente del pago, "Emilio" y "Ximena" enfilaron a la costa. Los seguía el subcomisario Roberto Ruiz en su auto particular. Pero abruptamente se fundió el motor del auto de Ruiz y el subcomisario les perdió la pista. "Emilio" y "Ximena", al igual que "Ramiro", no volverían a los puntos vigilados por la policía.

Según Barraza, a la BIOC sólo le quedaba una carta: la vivienda del pasaje Poeta Vicente Huidobro en Macul. Y decidieron no irrumpir para no poner en riesgo la vida de Cristián Edwards. En la noche del 1 de febrero el furgón que usaba Escorza para comerciar huevos se estacionó frente a la entrada. Era obvio que iban a cargar algo. El agente responsable de la vigilancia tenía encima a Barraza, quien le exigía que no perdiera detalle de lo que ocurría y de los movimientos de los únicos sospechosos que les quedaban bajo vigilancia. Fue tal la presión, que el policía decidió enviar a su esposa, embarazada, a mirar más de cerca. La mujer entró al pasaje y preguntó por una matrona que supuestamente vivía en el barrio. De vuelta informó: falsa alarma, sólo estaban sacando una alfombra enrollada.

Horas después, Toro llamó a Barraza. Le contó que Cristián Edwards ya estaba en la casa de sus padres. Había sido liberado. Barraza aún cree que lo sacaron enrollado en la alfombra y que, probablemente, de la misma forma ingresó en septiembre. Pero el propio Cristián Edwards aseguró haber sido sacado de la vivienda en un saco de dormir. Lo cierto es que después de la liberación, el comando había huido y el subcomisario sólo tenía a mano al matrimonio dueño de casa. Un botín escaso para tanto tiempo y recurso invertido.

Un mes después, la BIOC detectó a los frentistas en un camping de Colliguay, en la Quinta Región. Ahí estaban "Ramiro", "El Negro", "Rodolfo", "Emilio", "Ximena", "Gabriela" y el celador José Miguel Martínez Alvarado ("Palito"). Los filmaron. Barraza contará después que estaba seguro de que llegaría el jefe máximo, "Salvador", y que por eso demoró los arrestos. Dirá también que en Colliguay estuvo el comandante "Chele". Acusará que "La Oficina" protegió al "Chele" porque era yerno del líder cubano Raúl Castro y que, sospechosamente, otro equipo policial merodeó el camping en un extraño operativo antinarcóticos, lo que alertó al grupo del FPMR y posibilitó su fuga. Sus denuncias son el eje del libro que en 1999 escribió con sus ex sulbalternos Ruiz y Cocq: Razón de Estado.

En la estampida, la BIOC sólo pudo detener a "Gabriela" y "Palito" cuando intentaban cruzar hacia Argentina. Rafael Escorza y María Cristina San Juan fueron detenidos en su casa, donde aún había rastros de la caja-calabozo. La cacería la completó "El Negro", que cometió el increíble error de volver a su hogar antes de intentar salir del país. "Ramiro" fue detenido al año siguiente, en 1993, cuando visitó a "F1″ en Curanilahue. El informante, aunque fue apresado junto al más buscado comandante del FPMR, fue liberado casi de inmediato. Eso habría sellado su destino: Agdalín Valenzuela fue asesinado a tiros en 1995.

De todos los detenidos, sólo Escorza cumplió su condena: en 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. María Cristina San Juan fue liberada en 2000 por razones humanitarias debido a una grave enfermedad. "Gabriela" se fugó en diciembre de 1992. "Palito" fue abatido mientras intentaba un escape en octubre de ese mismo año. "Ramiro" y "El Negro" huyeron en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, pero el primero volvió a caer en Brasil en 2002 por otro secuestro y está recluido en un penal paulista. "Ximena", "Emilio", "Floro", "Rodolfo" y "el Negro" continúan prófugos.

 

 

 

02/11/2009 21:28. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

Informe reservado de Contraloría a Comisión Investigadora de la Cámara

20091029004550-davila.jpg

El Mostrador

28 de Octubre de 2009

Sexo, mentiras y escándalo en la ENAP

Foto: Enrique Dávila Alveal

El Comité de Auditoría del Directorio de la petrolera investigó al ex gerente general Enrique Dávila Alveal (PS). El documento habla de sus vínculos con la ingeniera comercial Paula Hidalgo y el aumento del sueldo de ésta en  más de 1.500% en pocos años. También hay comisiones de servicios de ambos en Cancún, Río de Janeiro y Europa, sin que se dejaran claramente establecidos los motivos. Además, según algunos directores, se modificó entre gallos y media noche un acta que le entregaba el poder a la entonces ministra de Energía Karin Poniachik para aplicar una sanción por escrito al alto ejecutivo.

  • Dávila, de la admnistración Lagos a la de Bachelet

     

    Por Jorge Molina Sanhueza

    Todo comenzó a mediados de 2007 con una sospecha de Radovan Razmilic, entonces jefe del Comité de Auditoría del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre el comportamiento del gerente general de la compañía, Enrique Dávila Alveal, quien renunció a fines de 2008 debido a las "pérdidas" de la estatal, según se dijo públicamente.

    Razmilic, junto a otros miembros de esa comisión, encargaron una investigación "confidencial" al auditor de ENAP Francisco Oyarzún, quien usó técnicas como la compartimentación para evitar dejar huellas de la indagatoria que realizaba. Incluso se obtuvo información del correo electrónico de Dávila, sin que éste se percatara. Y todo para buscar posibles evidencias de que existiese entre el suscrito y su más cercana colaboradora, la ingeniera comercial Paula Hidalgo, una relación más allá del ámbito estrictamente institucional.

    Pasaron los meses y el 25 de septiembre de 2007 la bomba explotó, porque el olfato de Razmilic dio sus frutos: Dávila había logrado modificar a su antojo las normas de contratación institucionales, para que Hidalgo pasara de ganar $ 600 mil en 2001 a más de 9 millones aquel año y más de $ 10 millones cuando dejó su cargo en enero de 2009, es decir, un aumento de más de 1.500 por ciento.

    Asimismo, se acreditó que la mujer tuvo 14 comisiones al extranjero desde febrero de 2004 a septiembre de 2007, "de las cuales 13 de ellas, coinciden en fechas y lugares con comisiones realizadas por don Enrique Dávila". La mayoría de ellas fueron informadas vía memorándum que no indicaban el destino, pero que la investigación reveló que algunos de ellos fueron Cancún, Río de Janeiro, Miami, París, Madrid, Lisboa, Londres, Buenos Aires, Quito y Lima. Respecto del primer y último destinos, la auditoría es clara en que hay anomalías evidentes, ejecutadas con el fin de esconder información.

    El auditor Oyarzún asegura que no se hará cargo de rumores internos sobre los suscritos, pero concluye que Dávila "ha incumplido gravemente claras normas" del directorio respecto a no modificar la estructura organizativa de la ENAP. Y que todas estas infracciones "se relacionan con una determinada funcionaria que trabaja con el gerente general (Paula Hidalgo)".

    "Sin embargo, es un hecho cierto que las extraordinarias condiciones laborales y salariales de la ejecutiva en cuestión, su ascenso meteórico, su sistemática dependencia directa con el gerente general, sus nombramientos como integrante de múltiples directorios o cargos de representación en organismos internacionales y la frecuencia de viajes compartidos al extranjero en comisiones de servicio, contribuyen lógica e imprudentemente a dar sustento a esos rumores".

    El informe concluye que debe realizarse una auditoría más profunda, porque surgen sospechas fundadas de que Dávila "ha excedido gravemente sus atribuciones y ha adoptado un conjunto de decisiones poco prudentes que no parecen justificarse por el interés de la empresa ni por razones profesionales, que a lo menos afectan el clima laboral... y que pone en cuestión la conducta funcionaria de la más alta autoridad de la empresa".

    Cubrirse las espaldas

    Pero las conclusiones del documento podían traerle problemas a los miembros del Comité de Auditoría, por lo que antes de darlo a conocer al directorio contrataron los servicios del abogado Davor Harasic para que emitiera un informe sobre las posibles ilícitos en que podrían haber incurrido al obtener información del correo de Dávila y de sus actos con dineros de la ENAP.

    En cinco páginas fechadas el 24 de septiembre de 2007, Harasic descartó que pudieran existir delitos ni violación al honor y la protección de la vida privada de las personas. Con dicho análisis jurídico, las conclusiones del auditor Oyarzún fueron aprobadas en la sesión del día siguiente por Razmilic, Gustavo Cubillos, más no por Eduardo González, quien aseguró que eran subjetivas respecto de Dávila.

    De la lectura de los documentos queda claro que la investigación confidencial ordenada por Razmilic, se realizó al menos un par de meses antes de que el directorio le encargara revisar cómo se estaba usando las políticas de contratación de gerentes, hecho que ocurrió recién en agosto del mismo año. En todo caso, la polémica aún no escalaba al peldaño siguiente.

    Pasó una sombra

    El 2 de octubre, el informe del Comité de Auditoría, ya blindado por el informe de Harasic, fue analizado en el directorio presidido por la entonces ministra Karin Poniachik. En dicha reunión expuso uno de los miembros de la instancia -Ramón Jara, representante de la Sociedad Nacional de Minería- las conclusiones de la indagatoria.

    Sin embargo, el extracto que se hizo del encuentro, que dio origen al acta 980, sólo fue aprobado por cinco de los ocho miembros del directorio: a saber Poniachik, Jorge Matute (representante de los trabajadores), Carlos Álvarez, Miguel Moreno (Corfo) y Eduardo González (Corfo).

    Más no por Jara, Razmilic (Sofofa) y Gustavo Cubillos (Instituto de Ingenieros en Minas). Los tres agregaron sus cuestionamientos por separado al acta, documentos que constan en el informe enviado por la Contraloría a la Cámara -más no el que le dio origen-, debido al nivel de debate que se originó respecto a Dávila.

    Los tres últimos aseguran que el texto final que no rubricaron se arregló entre gallos y media noche y que los antecedentes allí expuestos no se condecían con la gravedad de los antecedentes en contra de Dávila. Y más aún, se quitó arbitrariamente la orden del directorio entregada a Poniachik de aplicarle una amonestación privada, "pero escrita", al imputado.

    Y allí quedó todo. A Dávila no se le aplicó la sanción acordada y los votos de minoría quedaron para la posteridad. Pero la renuncia presentada por Razmilic en junio de 2008, tanto a la empresa como al Comité de Auditoría que presidió, son elocuentes. Se lo acusa de "falta de transparencia", de entregarle información falsa al directorio y a este último de firmar un acta evidentemente incompleta.

    Lea todos los documentos:

  • Documento enviado por Contraloría a la Cámara de Diputados
  • Acta del Comité de Auditoría del 26 de julio de 2007
  • Acta del Comité de Auditoría del 1 de agosto de 2007
  • Acta del Comité de Auditoría del 10 de septiembre de 2007
  • Acta del Comité de Auditoría del 25 de septiembre de 2007
  • Acta del directorio cuestionada del 2 de octubre de 2007
  • Informe de Davor Harasic del 24 de septiembre de 2007
  • Cuestionamiento al acta cuestionada del 2 de octubre de 2007
  • Renuncia del jefe del Comité de Auditoria a la ENAP de 2008
  •  

     

     

    28/10/2009 20:45. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Puede ser acusado de giro doloso de cheques

    20091021021600-arturo-martinez.jpg

    La querella que complicaría la carrera al Congreso de Arturo Martínez

    20 de Octubre de 2009

     La Corte Suprema rechazó la apelación que hizo la CUT para revertir un fallo por prácticas antisindicales que los obliga a pagar una millonaria indemnización. La Central aceptó pagar en cheques sucesivos pero todos salieron protestados. La siguiente es una historia que ilustra el estilo del sindicalista más poderoso de Chile.

    El Mostrador

    Por Felipe Saleh

    En la pagina web de la Central Unitaria de Trabajadores  hay un banner que conduce al  listado de las empresas sancionadas por la Dirección del Trabajo por incurrir en prácticas antisindicales durante  el primer semestre de 2009. Paradójicamente  no hay ninguna referencia al fallo que condenó a la propia CUT a pagar una indemnización de .800.000 al auxiliar Mario Bascuñán Riquelme, por haber sido despedido aún cuando gozaba de fuero sindical.  Ese es un tema que en la organización prefieren no abordar. "Ese tema ya pasó", responde uno de los asesores de prensa de la Central y a pesar de los recados que dejamos con su asistente, no fue posible obtener la versión de Arturo Martínez.

    "Le ganamos en todas las instancias, primero en el  Quinto Juzgado del Trabajo, después en la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema, que votó 3 a 0 contra el recurso de casación que ellos presentaron", cuenta Mario  Bascuñán, un hombre de apariencia modesta que ha enfrentado durante cinco años a la multisindical encabezada por el socialista Arturo Martínez, hoy candidato a diputado por el distrito 16 de Pudahuel, Quilicura, Til-Til, Lampa y Batuco

    Millones sin fondos

    Con el dictamen judicial, Bascuñán podía darse por satisfecho. Especialmente  después de concretar un acuerdo mediante el cual le pagarían la indemnización con cinco  cheques, extendidos desde la cuenta de la CUT en el BancoEstado. El primero, fechado para el 14 de septiembre de 2009,  por $ 8 millones y los demás de $ 1 millón, que según el trato firmado en el Quinto Juzgado del Trabajo, se pagarían los días 5 de cada mes. Los cheques estaban a nombre del abogado patrocinante Marcos López Oneto. "Pero el primer cheque salió protestado inmediatamente por falta de fondos", cuenta Bascuñán visiblemente afectado por este largo litigio que Arturo Martínez se resigna a dar por perdido.

    La historia tiene más de 20 años. En  1988, en tiempos del Comando Nacional de Trabajadores, el antecedente inmediato de la actual CUT,  Mario Bascuñán llegó a ser dirigente de la Federación de Unidad Sindical, que agrupaba a varios sindicatos de base. "De esa fecha nos empezamos a conocer, yo participaba en algunos encuentros que hacía Martínez o a los que convocaban otros y aparecía él", cuenta Bascuñán. Luego, la empresa en la que trabajaba quebró y con eso se acabó el cargo que tenía como dirigente sindical. "Después me convierto en asesor del DECAL Vicuña Mackenna, una organización de asesoría laboral que recibía fondos del extranjero. Yo recibía dinero de Martínez por contactar dirigentes y sindicatos, armar encuentros e invitarlo para que les diera charlas. La idea era difundirlo. Era un trabajo de activismo político-sindical, a él le interesaba ganar las elecciones de la CUT", explica Bascuñán.

    Ex amigos

    Durante un año Bascuñán dice que se transformó en uno de los "hombres de confianza" de Martínez, quien ya detentaba el cargo de presidente de la multisindical a principios de esta década. "Yo atendía a los sindicatos que llegaban a conversar con él, las negociaciones colectivas también las atendía yo. Y le depositaba cheques. En ChileDeportes yo fui a retirar en tres oportunidades cheques dirigidos a Arturo Martínez y se los pasaba a depositar a su cuenta en el Banco del Desarrollo. Nunca supe para qué finalidad pero venían a su nombre, en una oportunidad hubo uno de cinco millones de pesos", revela Bascuñán.

    Quienes conocen a Martínez saben que es un tipo muy desconfiado y que cobra caro las deslealtades. El conflicto con Mario Bascuñán es prueba de ello. En 2000 se abre un frente de conflicto interno por los bienes confiscados a la CUT en la dictadura, avaluados en US$ 2,6 millones. Desde ese año se agudiza una división en la Central que termina en 2003 con una escisión en la multisindical encabezada por Diego Olivares, que se va de la CUT para formar la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). El error de Mario Bascuñán fue seguir manteniendo buenas relaciones con ese grupo. "Eso era un agravio para él, en un momento Martínez me llama y me prohíbe conversar con esta gente, pero yo le dije que ni sus enemigos ni sus amigos tenían que ser también los míos", cuenta Bascuñán, que ya había sido "defenestrado" por el presidente de la CUT, quién lo envió a trabajar al subterráneo a cargo de la administración del edificio. En los tribunales Arturo Martínez reconoce que la relación entre ellos se quebró por culpa del conflicto interno en la central: "Desde agosto de 2003 se produce un pequeño quiebre al interior de la  CUT. Siete dirigentes deciden irse y formar una nueva CUT. Mario Bascuñán tiene un lazo de amistad con alguno de ellos (...) Mario Bascuñán coincide con ellos atacando a la CUT por falta de recursos y malos manejos", declara Martínez en una causa por injurias. 

    En 2004 Bascuñán se convierte en presidente del sindicato de los funcionarios de la CUT y paralelamente Arturo Martínez lo envía a que trabaje como recepcionista del edificio. Pero en septiembre de 2004 Bascuñán se encuentra con otra persona en su puesto.  Y denuncia a su empleador -la organización que agrupa y defiende a los trabajadores- por prácticas antisindicales. Salvo por este último detalle, la denuncia pudo haberse tramitado como cualquier otra. Pero el caso  derivó  en la mencionada querella por injurias, de Bascuñán contra Martínez.

    Según un careo en el contexto de esta acción judicial, fechado en abril de 2006, dos años antes, el 9 de  noviembre de 2004, el fiscalizador de la Inspección Provincial  del Trabajo Fernando Baeriswyl llegó a las oficinas de la CUT para notificarlos de la multa por infringir el artículo 12 del Código del Trabajo, que impide cambiar de puesto a un dirigente sindical.  "Pedí hablar con el encargado y me hicieron pasar a una especie de garage y conversé con un señor que me dijo que él no tenía facultades para resolver y que sólo las tenía el señor Martínez", declaró el fiscalizador en el 8º Juzgado del Crimen de Santiago, durante el careo con Arturo Martínez.

    El "rosario" de Arturo

    Según el fiscalizador, esta fue la razón para ir hasta la oficina de Martínez para hablar con él. El presidente de la CUT declara que le informó al fiscalizador que no existía un sindicato vigente de la Central, por tanto la multa no correspondía. Aunque un certificado de la Inspección del Trabajo acredita que la directiva encabezada por Bascuñán estaba vigente desde junio de 2004.

    Como sea, la querella por injurias  nace de la versión que sitúa a Bascuñán irrumpiendo en la oficina de Martínez mientras éste conversaba con el fiscalizador. "Le dije que con los años de experiencia que tenía en el mundo sindical, él sabía perfectamente que estaba  infringiendo la ley", dice Bascuñán.

    Según declara el funcionario de la Inspección del Trabajo ambos se agredieron verbalmente pero Martínez fue el más alterado e insultó a Bascuñán desplegando un repertorio de groserías, En el careo, Fernando Baeriswyl reproduce los improperios: "Que estai haciendo aquí vo' conchetumadre....ya estai hueveando de nuevo flojo de mierda, hasta cuando güeveai muerto de hambre, te voy a sacar la conchetumadre donde te pille. Así trabajai la plata vo' gueón conchetumadre mal agradecido, maricón infeliz', de ahí llamó a una persona y junto a él procedieron a sacar de la oficina a empujones al señor Bascuñán. No es efectivo lo que señala el señor Martínez que yo me presenté  ante él con el fin de notificarlo de una multa, lo que pasó fue que debido a la negativa de él de reponer en sus labores al señor Bascuñán, se configuró la infracción respectiva y se procedió a escriturar la multa en ese acto".

    Arturo Martínez dio su versión. Reconoció que la irrupción de Bascuñán "lo alteró", pero  declaró lo siguiente: "Es falso que el señor Bascuñán fuera sacado a empujones, yo le abrí para que él saliera. En relación a todos los garabatos que señala que yo dije, no es efectivo, yo no uso ese lenguaje, lo único que reconozco es que yo le dije que era un malagradecido y que era un huevón".

    Despedido desde Ginebra

    La multa en todo caso quedó sin efecto, según Baeriswyl "por orden del director de la época, no siguiendo los cursos legales de toda administración", hecho que Arturo Martínez niega. El presidente de la CUT fue sobreseído en esta querella por injurias y Bascuñán por orden de la Inspección del Trabajo reintegrado a su puesto después de la fiscalización que rodeó estos hechos.

    Pero un nuevo capítulo de esta historia se abriría a mediados de 2006 cuando Bascuñán  fue despedido por otras personas en representación de Martínez, quien estaba en Ginebra en una asamblea de la OIT. Aunque, según acredita el certificado numero 1285 de la Inspección del Trabajo, fechado el 1 de junio de 2006, Bascuñán tenía fuero sindical por 4 años en su calidad de presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Aseo, Servicios, Rellenos Sanitarios y Afines de Chile.

    Con estos antecedentes el caso fue tomado por el abogado Marcos López Oneto y los fallos judiciales favorecieron en todas las instancias al trabajador. Pero los cheques para pagar el convenio pactado fueron protestados por falta de fondos.  Desde ahora la defensa de Bascuñán prepara una gestión civil en la que se notificará el protesto de los documentos a la CUT. Y si en los tres días que siguen estos no son cancelados, vendrá una querella por giro doloso de cheques contra Arturo Martínez, lo que según la ley le impediría concretar sus intenciones de llegar al Congreso.

    Artí­culos Relacionados:

    Cómo operan las redes de poder de Arturo Martí­nez (28-08-2008)

     

     

    20/10/2009 22:16. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Supuestas becas otorgadas a estudiantes sin acreditar situación económica

    20091021021102-torrealba.jpg

    20 de Octubre de 2009

    Contraloría cuestiona aportes de Vitacura a la Fundación Pinochet

     El RN Raúl Torrealba será sometido a un juicio de cuentas por el organismo fiscalizador, luego de haber usado dineros no autorizados para hacer la fiesta del 18 de septiembre en el restaurant  "Los Buenos Muchachos".

    El Mostrador

    Por Jorge Molina Sanhueza

    La Contraloría cuestionó el aporte hecho por la Municipalidad de Vitacura a la Fundación Pinochet, dinero que habría sido utilizado para entregar becas a estudiantes cuya situación económica deficiente no está acreditada. Así se desprende del último informe emanado del organismo fiscalizador, que publica íntegramente El Mostrador.

    En el documento, la entidad solicitó al edil, el RN Raúl Torrealba, que informara documentalmente sobre la pertinencia de esa entrega de fondos. Los funcionarios municipales hicieron una visita a la fundación, pero sólo allegaron una hoja de fiscalización sin lo solicitado, por lo que mantuvieron la observación. El monto total entregado es de $ 4 millones.

    Pero no son las únicas irregularidades que halló el órgano de control. De hecho, inició un juicio de cuentas para determinar las responsabilidades civiles del jefe comunal, luego que usara fondos de forma anómala para pagar la fiesta del 18 de septiembre pasado. Esta última costó $ 8.5 millones y se realizó en el restaurant "Los Buenos Muchachos".

    El criterio de la entidad dirigida por Ramiro Mendoza sostiene que el único agasajo que se puede pagar con fondos municipales es el día del funcionario. Este último cuestionamiento ha sido una de las líneas duras que ha sostenido la Contraloría en al menos los últimos dos años, y por el que se han visto afectados entidades como el ministerio de Cultura, entre otros organismo gubernamentales que usan los gastos de representación para cancelar actividades de este tipo.

    Asimismo, los fiscalizadores hallaron problemas en el uso de los vehículos fiscales del municipio de Vitacura. Por ejemplo, los asignados al juez de policía local, al director del tránsito, al jefe jurídico, entre otros, y que no cuentan con padrón ni una bitácora, como manda la ley.

    Lea el informe de la Contraloría

     

     

    20/10/2009 22:11. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación Hay 1 comentario.

    La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards II: La negociación

    20091015022940-portada-cristianedwards2.jpg

    Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

    Por Cristóbal Peña y Pedro Ramírez, CIPER | 14 de Octubre de 2009

    Fueron 17 los avisos clasificados de El Mercurio que transmitieron en clave los términos del rescate de Cristián Edwards. Su padre resultó un duro negociador. Agustín Edwards fue asesorado por un ex agente del servicio secreto británico, quien le aconsejaba cuánto ceder. Su primera oferta publicada en el diario fue de US$ 420 mil. La cifra distaba de los US$ 4 millones que le exigían. Las tratativas se tradujeron en un largo regateo que culminó en enero de 1992. Exasperado y presionado por la delicada salud de su rehén, el jefe del comando -"Ramiro"- se comunicó personalmente para lanzar la más dura amenaza. El ultimátum le reportó un millón de dólares. Los cinco meses de cautiverio culminaron con la intermediación del jesuita Renato Poblete y tras una angustiosa grabación en que Cristián Edwards rogaba a su familia que pagara. Según uno de sus captores, llegó a ofrecerles financiar su propio rescate.

    Era la tarde de un 11 de septiembre y la secretaria seguía preocupadísima. Su jefe no se había presentado a trabajar el día anterior y la familia tampoco tenía noticias de él. No era su estilo. Cristián Edwards, gerente de los diarios regionales de El Mercurio, era responsable y puntual. Jamás faltaba a una reunión sin avisar y, menos, se desaparecía así como así. Algo tiene que haber pasado con él, pensaba la mujer. Por eso, auque era feriado, fue hasta las oficinas de El Mercurio en Providencia y comenzó a revolver papeles en busca de alguna pista. Así, hurgando entre la correspondencia del día anterior, encontró una carta extraña. No tenía remitente, data, folio ni sello postal, y estaba dirigida a Agustín Edwards, en circunstancias que esas cartas llegaban al domicilio del diario en Vitacura. Guiada por la intuición, la mujer abrió el sobre y encontró la cédula de identidad de su jefe y una carta escrita a máquina que leyó en el acto:

    SEÑOR A. EDWARS (sic)

    PRESENTE

    Su hijo Cristián fue cautivo hoy y en estos momentos se encuentra en un lugar seguro e inaccesible. El se encuentra bien de salud y su integridad (física y síquica) en el futuro dependerá de ustedes. El objetivo de su detención es negociar su VIDA.

    Deben cumplir extrictamente (sic) nuestras indicaciones;

    NO comunicar de esta situación a la prensa, policía, amigos y parientes. Cualquier paso que ustedes den en ese sentido nos enteraremos, entorpeciendo excesivamente el desarrollo y culminación de esta empresa.

    Somos PROFESIONALES EXPERIMENTADOS y estamos decididos a cumplir con nuestro objetivo.

    NO realicen movimiento alguno.

    Tengan paciencia.

    Nos volveremos a comunicar.

    Nos encomendamos al SEÑOR, rogando llegar a términos satisfactorios para ambas partes.

    La carta llegó a su destinatario esa misma tarde, y a las pocas horas, pese a las exigencias explícita de los secuestradores, el ministro del Interior, Enrique Krauss, se enteraba de las novedades por un llamado de Agustín Edwards Eastman. "Me expresó que me pondría lo mejor de sus hombres para lograr la ubicación de mi hijo", dijo el dueño de El Mercurio en sus declaraciones judiciales, que hasta ahora se mantenían inéditas.

    Empezaba así una etapa de pesquisas y negociaciones cruzadas por tensiones, desconfianzas y una fuerte incertidumbre por el destino de Cristián Edwards. El actual vicepresidente de El Mercurio, que hasta julio último dirigió la División de Servicios Noticiosos de The New York Times, tenía 33 años y permanecía encerrado en una caja-cubículo de dos por tres metros, expuesto a sedantes, música y una luz intensa. Estaba en manos de una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la misma que había dado muerte al senador Jaime Guzmán, y a cambio de su liberación pedían cuatro millones de dólares. Pese a su crítica situación, que irá agravándose con el correr de los meses, no estará ajeno al curso de las tratativas: informado por sus captores de que su familia ofrecía una cifra muy inferior a lo exigido, cifra que aquéllos consideraron "una miseria", el propio rehén se ofrecerá a ayudar a pagar su rescate.

    DESCONFIANZAS CRUZADAS

    La misma semana que desapareció su hijo, Agustín Edwards conformó un comité asesor. Estaba integrado por él, que lo presidía, por el editor de redacción de El Mercurio, Juan Pablo Illanes; por el abogado Enrique Montero Marx y el empresario Jacobo Ergas. Un quinto integrante demoraría unos días en sumarse: Hugh Bicheno, un ex agente del servicio de inteligencia británico MI6, especialista en negociaciones de secuestros y con estudios en Chile.

    Hugo León, como se hacía llamar el inglés que tenía también nacionalidad estadounidense y había nacido en Cuba, fue una figura decisiva de las negociaciones. Para bien o para mal. Permaneció en Chile durante gran parte de los cinco meses que se extendió el plagio y participó de casi todas las reuniones que se celebraban a diario en la casa de Edwards Eastman en Lo Curro. Fue Bicheno quien sugirió la presencia de un intermediario, que resultó ser el sacerdote Renato Poblete. El jesuita apareció junto a Agustín Edwards en El Mercurio (la foto que encabeza este reportaje) para dar a entender a los secuestradores su misión. Bicheno también previno a la familia sobre una larga negociación. El problema fue que en un principio no estaba claro quién sería la contraparte.

    El gobierno y las policías no descartaban ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un autosecuestro o desaparición voluntaria. Ambas cosas eran inconcebibles para la familia, además de ofensivas. No respondía a su personalidad, razonaban, y en el caso remoto de que algo así hubiese ocurrido, jamás hubiese enviado una carta con su apellido mal escrito: Edwars.

    La carta era todo lo que había sobre la desaparición y en apariencia decía poco y nada sobre los autores del hecho. Pero quienes conocían de lucha antisubversiva, y en eso la Dirección de Inteligencia del Ejército aportó su parte en este caso, sabían que la clave estaba en la primera línea de la carta: "cautivo" fue también el término usado por el FPMR para comunicar el secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido en 1987. La diferencia es que ahora, lejos de reconocer la autoría del hecho, los plagiadores desviaban la atención encomendándose al Señor.

    Lo segundo fue un asunto de confianzas. Es cierto que los viernes por la tarde Agustín Edwards recibía a autoridades del gobierno y de las policías en su casa de Lo Curro. Por el gobierno asistían Krauss, Marcelo Schilling y Mariano Fernández, estos dos últimos del Consejo de Seguridad Pública, organismo conocido como "La Oficina". Por Carabineros e Investigaciones participaban sus directores y jefes de Inteligencia. En teoría se trataba de reuniones de coordinación en que se intercambiaba información y se trazaban estrategias. Pero a decir del dueño de El Mercurio ante la justicia, "estas reuniones no tuvieron en la práctica mayor resultado, y sólo sirvieron para mantener en alto la moral de la familia".

    Aconsejado por Hugh Bicheno, el ex agente del MI6, Agustín Edwards se guardó información relativa al curso de las negociaciones. La decisión no sólo obedecía a un problema de seguridad, tendiente a resguardar la vida del secuestrado. Desde un comienzo el dueño de El Mercurio tuvo predilección por Carabineros en desmedro de Investigaciones, que tenía mayor vinculación y dependencia del gobierno. Sus contactos con la policía uniformada incluso eran personales, saltándose los cauces institucionales.

    TIRA Y AFLOJA

    Una vez que el secuestro se hizo público, abundaron los llamados de gente que decía tener noticias al respecto. No fueron pocos los que también aseguraron tener al joven en su poder. Pero nadie más que los verdaderos secuestradores podían haber tenido acceso al nombre y número telefónico de Diego Fernández, primo de Cristián Edwards y uno de sus mejores amigos. Fernández fue el primero de la familia en ser contactado. Sin embargo, siguiendo instrucciones del comité, se negó a entrar en tratativas, sugiriendo el nombre del abogado Montero Marx.

    De cualquier forma los secuestradores no querían tratar con el primo ni con el abogado. Sólo hablarían de negocios con Agustín Edwards Eastman.

    No fue fácil convencerlos de que aceptaran al sacerdote Renato Poblete como único intermediario. Se negaron varias veces. Incluso, una vez que contactaron telefónicamente al sacerdote, siguieron insistiendo: "A usted sólo lo queremos como mero intermediario, de mensajero, seremos intransigentes. Nuestras conversaciones serán sólo con Agustín Edwards. Hágale entender que todo el tiempo que demore el señor Agustín en hablar con nosotros serán más días de cautiverio para el señor Cristián".

    El dueño de El Mercurio, en tanto, aconsejado por el comité privado, no daba su brazo a torcer. "Me negué rotundamente porque no podía ‘negociar’ con una persona que era un mero mensajero que leía recados mandados por otros y que no tenía ningún poder de decisión del que, en cambio, yo obviamente disponía", declaró luego Edwards.

    El 7 de octubre, a casi un mes de producido el secuestro, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Insistían en hablar con Agustín Edwards. En eso todo seguía como antes. Pero esta vez, en respuesta a una solicitud anterior del sacerdote, anunciaban la entrega de una prueba que acreditaba que ellos tenían en su poder al "muchacho", según lo llamaban. La prueba estaba escondida en uno de los sanitarios de los baños públicos del centro comercial Apumanque y consistía en una carta manuscrita por el rehén. Junto a ella venía un segundo mensaje dirigido al "Señor A. Edwards".

    Este nuevo mensaje repara en el incumplimiento de las exigencias por parte del destinatario, en el sentido de haber avisado a la policía y dar publicidad al hecho, y advierte sobre los "trastornos psíquicos" y sus "lamentables secuelas" que produce el encierro prolongado. "Está en sus manos hacer menos dolorosa esta situación, accediendo a nuestras exigencias y cumpliendo estrictamente nuestras indicaciones".

    Además de insistir en que la prensa y la policía deben mantenerse al margen, las exigencias se reducen al pago de cuatro millones de dólares que debían ratificarse en los términos siguientes:

    "Mediante un aviso en el periódico El Mercurio de Santiago con estas características: sección económicos clasificados, rubro antigüedades y objetos de arte, en recuadro de 4 por 4 centímetros, texto: "Supero ofertas, compro íconos vedas, diríjase a San Agustín N...". El tiempo que necesite para reunir el US$, días, anótelo como número de la dirección. Publicite este aviso los días martes, miércoles y jueves, 8, 9 y 10 de octubre. De no responder exactamente como le indicamos consideraremos que usted ha cerrado este negocio y sellado el destino de su hijo".

    Fechado el 7 de octubre, el mensaje apela a la paciencia y concluye con nueva invocación mística: "Pido al Señor misericordia para todos".

     

    "SUEÑO CON MOTORES"

    La carta adjunta al segundo mensaje con exigencias, que supuestamente fue escrita y redactada por Cristián Edwards, empieza así:

    Estimados padre y madre:

    Nunca pensé que algo como esto pudiera pasarnos. Me encuentro prisionero y mis captores exigen una recompensa para liberarme. Mi situación es desesperante y más aún sabiendo el dolor que esto les causa. Yo estoy bien de salud, como imaginarán no en las mejores condiciones. Tengo mucho miedo y le pido a Dios que todo esto pronto termine. Yo nunca les he pedido mucho porque sé que han pasado por una crisis económica que todavía los afecta. Ahora les pido que hagan todo lo posible por mí, porque mi vida está en sus manos y estoy sufriendo mucho.

    En rigor, según dirá más tarde ante tribunales, la carta fue escrita por él pero dictada por sus captores. "Escribí muchas cartas y me las devolvían porque no me nacía decir lo que querían. Terminó siendo que ellos me escribieron todo y yo copié", declaró tras su liberación.

    De cualquier forma, no mintió cuando describió la situación que estaba viviendo. A un mes de haber sido raptado, seguía padeciendo vómitos, calambres y alucinaciones, entre otras molestias, producto de sedantes que le administraban, del encierro permanente y de la exposición a un foco de luz y un parlante que emitía música y sonidos de helicópteros y sirenas. "Creo haber oído pajaritos, su cántico, también grillos, aunque esto puede deberse al zumbar de mis oídos. Me es particularmente difícil definir los ruidos reales que percibí, pues solía tener sueños con motores de helicópteros y cosas de ese tipo", dijo ante el juez.

    Dijo también que, pese a su estado, era consciente de su situación. Que jamás lo golpearon ni insultaron. Que recibía una dieta balanceada y procuraba comer de todo, "no obstante el dolor de estómago que usualmente tenía debido a los nervios". Que pese a no tener ánimo para ejercitarse daba pasitos cortos de un lado a otro de la caja, "intentando no anquilosarme". Que procuraba llevar una cuenta de los días. Y que las únicas dos personas que le hablaban simulaban ser argentinos.

    Uno de ellos era "Rodolfo", el jefe de la casa. El otro, Ricardo Palma Salamanca, "el Negro", que establecerá una relación cercana con el rehén. Palma, quien había regresado a la casa-retén tras reponerse de un disparo accidental en una pierna, cumplía a cabalidad su papel de celador bueno. Procuraba animarlo y a veces le hablaba de política. De acuerdo con un cercano a Palma, que lo visitó en prisión una vez que cayó detenido en 1992, en un momento el celador bueno comenzó a compadecerse de la situación de Edwards, al punto de llegar a poner en duda el sentido de la operación.

    Por lo demás, Palma tampoco podía salir de esa casa, ubicada en un pasaje de la comuna de Macul, en la cual había sido testigo de la crisis protagonizada por Florencio Velásquez, el otro celador, quien desertó en medio de la misión. Junto con generar un grave problema de seguridad, que traería consecuencias, había dejado una vacancia que debió ser suplida por José Miguel Martínez Alvarado, alias "Palito", que no respondía al mejor perfil para el puesto: al igual que Velásquez, Martínez había pasado recientemente por la cárcel por hechos subversivos y, además, tuvo que congelar sus estudios para incorporarse a la casa-retén. Eso lo convertía en una presa de más fácil captura para la policía.

    A lo anterior se sumó otro hecho fuera de pronóstico. Agustín Edwards no sólo seguía resistiéndose a negociar directamente, sino que desatendió la primera fórmula exigida por los secuestradores. En ese estado de cosas sobrevino el llamado telefónico recibido el 25 de octubre por el abogado Enrique Montero Marx:

    "Escuche, ya, comuníquele a la familia de don Cristián que por la actitud que tomaron de ninguna colaboración hemos tenido que llegar al desenlace fatal. Entregaremos indicaciones para que encuentren el cuerpo del señor Cristián".

    Cinco días más tarde, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Esta vez le indicaban que se dirigiera al mausoleo de la familia Del Río, los parientes maternos de Cristián, en el Cementerio Católico. Ahí Poblete encontró un nuevo mensaje acompañado de la cédula de conducir del rehén. Era el comienzo formal de las negociaciones tal como lo habían exigido los plagiadores.

    ICONOS VEDA

    El primer aviso clasificado de El Mercurio, ubicado en la sección Antigüedades y Objetos de Arte, apareció el domingo 3 de noviembre de 1991. Decía: "Compro iconos vedas, mejoro precios. Favor llamar 6981417". Era el primer contacto y el número de teléfono comunicaba con Poblete. Tres días después sería seguido por una oferta concreta: "Compro iconos vedas. Perfecto estado, pago contado. 420.000".

    La propuesta inicial (US$ 420 mil) indignó a los secuestradores. O eso quisieron hacer creer. La calificaron de "miserable" y exigieron elevarla de manera sustantiva. La tercera semana de noviembre un nuevo aviso clasificado elevó el monto a US$ 520 mil y a fines de mes la oferta ascendió a US$ 595 mil.

    Cada aviso era seguido por un contacto telefónico entre Poblete y los secuestradores. El jesuita pedía una rebaja considerable en el precio, además de una fotografía actual como prueba de vida. "Lo que ustedes están pidiendo es una cosa imposible, tienen que volver a la realidad", argumentaba. Los secuestradores, en tanto, no se movían del monto inicial. Las negociaciones estaban en punto muerto. De acuerdo con lo que relata hoy Rafael Escorza, el militante que prestó la casa para el plagio, fue en esos días que Cristián Edwards ofreció a los secuestradores pagar su rescate con dinero que tenía depositado en Estados Unidos.

    Según revelará Poblete en su libro de memorias, aparecido en 2005, "La Malú (Del Río, madre de Cristián Edwards) pedía subir la cantidad. Yo creo que ella hubiera pagado al tiro". Sin embargo, de acuerdo con el mismo testimonio, Bicheno era quien hacía de líder: "El gringo dirigía la operación".

    En una entrevista concedida a un sitio web inglés, Bicheno describe su estrategia para enfrentar secuestros, la que claramente aplicó en el caso de Edwards. "Primero se formaba un comité de crisis. Esto incluía a alguien a cargo de tomar decisiones por la familia, normalmente el padre. Una parte clave era recordarles que estaban tratando con hombres de negocios y que el secuestrado no era más que un monto de dinero", explicaba el hoy retirado Bicheno. De acuerdo a su relato, lo primero que debía hacer el comité era decidir cuánto estaban dispuestos a pagar, lo que muchas veces coincidía con la cobertura de una póliza antisecuestro, pues Bicheno trabajaba junto a un agente de seguros. También había veces que la familia no quería parecer demasiado fácil y ofrecía una suma más baja. Según Bicheno, siempre intentaba que la primera oferta fuera alta, de modo de evitar que los secuestradores se sintieran insultados y pusieran en peligro al rehén. Lo siguiente era aumentar la oferta mediante incrementos cuidadosamente calculados.

    Así ocurrió en la operación que lideró en Chile. Recién el 20 de diciembre, a través de un nuevo aviso económico, la oferta fue aumentada a US$ 650 mil, previa exigencia de una fotografía actual. La respuesta llegó mediante una carta dejada en un baño del Parque Arauco. Estaba acompañada de una cinta y decía:

    Señor Agustín Edwards: le comunicamos que no habrá ninguna fotografía actual hasta que la oferta sea aumentada -aumentar la oferta significa hacer ofertas en MILLONES DE DÓLARES y no en miles de dólares- (...) Cada día que pasa y que no cumplen con las indicaciones disminuye rápidamente la posibilidad de que la integridad física y síquica de su hijo se puedan conservar intactas. En estas fechas de unidad familiar dejen de lado su actitud inhumana (mal asesorada) y burocrática. Piensen en la vida de su hijo que se deteriora cada día más, ya que él hoy sólo desea estar con ustedes. Junto a esta nota le enviamos una grabación (lado A) con la voz de él. Por el bien de su hijo Cristián y de su familia, CUMPLA.

    Tres días después, en vísperas de Navidad, un nuevo aviso económico anunciaba que la oferta alcanzaba los US$ 700 mil. Era un avance. Mediante un sistema similar al anterior, los secuestradores enviaron una fotografía del rehén, quien sostenía un ejemplar actualizado del diario Folha de Sao Paulo, acompañada de una carta en la que anunciaban que el valor del rescate había bajado a un millón y 500 mil dólares.

    "QUE ME SAQUEN DE AQUÍ"

    Un hecho fortuito alertó al gobierno de que la familia Edwards había empezado a negociar con los secuestradores. Corrían los primeros días de diciembre de 1991 y el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, recibió un llamado de un funcionario de la CIA, dependiente de la embajada de Estados Unidos en Chile, informando que un hermano del dueño de El Mercurio se había presentado en la sede del FBI en Washington para solicitar una prueba grafológica de una carta supuestamente escrita por el rehén. Fue un pequeño escándalo que no tuvo publicidad, como muchas situaciones vinculadas al mismo caso. De las tratativas y mensajes estaba enterado Carabineros, no así el gobierno, la Policía de Investigaciones y el ministro en visita Luis Correa Bulo.

    El incidente tuvo repercusiones prácticas. Según la declaración que prestó por oficio Marcelo Schilling, secretario del Consejo de Seguridad Pública, "a partir de ese momento los asesores de Agustín Edwards deciden separarlo de la conducción de las operaciones, enviándolo a descansar a su campo en Graneros por estimar que estaba demasiado alterado y nervioso".

    En rigor Edwards Eastman siguió pendiente de las negociaciones. La diferencia es que desde entonces delegó la conducción en Hugh Bicheno, que insistía en no ceder ante las demandas. Bicheno era un duro en estas materias y alertó oportunamente sobre el manejo emocional que los secuestradores darían a las fiestas de fin de año.

    En efecto, la cinta con la voz de Cristián Edwards que llegó a manos de la familia el 20 de diciembre resulta conmovedora. Se trata de un mensaje extenso en que el cautivo se pregunta "cómo pueden ofrecer una miseria" y plantea que "yo les puedo ayudar con eso, yo les voy a ayudar, yo me comprometo, me comprometo a trabajar junto a usted papá para recuperar todo". "Hagan todo lo necesario para sacarme de aquí, hagan todo lo humanamente posible y después yo los ayudo, después nos arreglamos (...), yo siempre he sido una persona que trabaja duro (...) siempre me he esforzado y si salimos de esto me voy a esforzar más que nunca (...) Ya no me quedan fuerzas para seguir adelante", se queja. "Lo que yo les estoy pidiendo es que me salven, que me ayuden, que me saquen de aquí".

    Refiriéndose a esta comunicación, el propietario de El Mercurio sostuvo en su declaración judicial que "era presumible que los delincuentes aprovecharan ambas ocasiones para presionar en sus exigencias, sobre todo a mi mujer".

    Las presiones en esos días surtieron algún efecto. En la comunicación telefónica del 31 de diciembre, Poblete adelantó a su contraparte que en los días siguientes aparecería un aviso económico con una nueva oferta. Sería la última, advirtió el sacerdote, como ya lo había hecho otra veces, aunque en esta ocasión incluyó un novedoso argumento sobre la calamitosa situación económica de Edwards Eastman: "Si este señor está quebrado, es puro nombre no más, ustedes podrían haber elegido otra persona".

    Dicho esto, y tras insistir en que "no pidan la suma que dicen", lanza una propuesta: "¿Qué van a hacer con la plata? Podrían donarla al Hogar de Cristo siquiera, pues oiga".

    OFERTA ESPECIAL

    La última oferta anunciada por Renato Poblete en vísperas de Año Nuevo apareció publicada el sábado 4 de enero en el nuevo formato propuesto por los secuestradores. Destacada esta vez en la sección Instrumentos Musicales, el aviso clasificado decía: "Compro gaita Kennedy, pago contado 740.000".

    El monto terminó de sacar de quicio al jefe de la operación. "Ramiro", alias de Mauricio Hernández Norambuena, consideró que era hora de tomar personalmente cartas en el asunto. Identificándose como "El Abuelo", la chapa que usó en esta operación, contactó a Poblete en un teléfono de Plaza Italia:

    -Yo soy "El Abuelo" -se oye en la grabación telefónica-. Escuche, usted ha abusado de nuestra ética profesional, pero ahora nos corresponde jugar a nosotros. Daremos a la publicidad toda la negociación, dejando al descubierto la actitud insensible de ustedes (...) Será un gran escándalo. Luego de eso aparecerá el cadáver de Cristián. Usted puede impedir este desenlace. ¿De qué forma? Accediendo a nuestras últimas exigencias. Nosotros esperamos un breve tiempo. ¿Está absolutamente claro?

    "Ramiro" parecía hablar en serio: ya no había margen para seguir negociando en esos términos. La salud de Cristián Edwards tendía a agravarse, lo que en un momento obligó a que fuera visitado por un médico o enfermero del FPMR, y en la casa-retén las cosas habían vuelto a tornarse críticas. Aquejado de "un bajón anímico", según lo describe hoy Rafael Escorza, Ricardo Palma pidió dejar su puesto de celador.

    La salida de Palma se sumó a la desaparición de Florencio Velásquez, el otro celador que había abandonado la casa-retén, aquejado por el encierro y fuertes conflictos con sus compañeros. Su paradero era un misterio para el FPMR y ponía en riesgo la operación y a sus protagonistas. Además, aunque no lo sabían, el grupo comandado por el subcomisario Jorge Barraza había identificado la casa donde estaba secuestrado Edwards y le seguía los pasos a varios de los plagiadores, entre ellos a "Rodolfo", "Emilio" y "Ramiro".

    La situación estaba en un punto crítico y fue zanjada con un último aviso publicado el domingo 19 de enero en la sección Instrumentos Musicales. Esta vez no había un monto específico, sólo un mensaje velado: "Compro gaita Kennedy, tengo oferta especial. Llamar lunes 6981417".

    La "oferta especial" consistía en un millón de dólares y fue aceptada.

    LAS ÚLTIMAS HORAS

    El primer intento de entregar el dinero del rescate se realizó el sábado 25 de enero. Acompañado de Juan Cancino, el chofer de Agustín Edwards, y siguiendo instrucciones de los secuestradores, Poblete recorrió los cuatro puntos cardinales de la ciudad a bordo de un Volkswagen escarabajo. Al interior portaba la maleta con un millón de dólares en billetes de cien.

    La entrega resultó frustrada porque así fue planeado por los secuestradores, de modo de corroborar que no fuesen seguidos por la policía.

    A la semana siguiente, cuando volvieron a ser contactados por los secuestradores, Hugh Bicheno estuvo en desacuerdo con que Poblete y Cancino realizaran un nuevo recorrido. Creía que serían engañados. En cambio Marcelo Schilling, el secretario de la Oficina de Seguridad Pública, de acuerdo a su propia declaración, propuso seguir "rigurosamente las instrucciones de los secuestradores". La entrega quedó programada para el 31 de enero y se extendió durante gran parte de ese día.

    Esta vez a bordo de un Fiat 147, Poblete y Cancino volvieron a recorrer la ciudad. Pasearon por Recoleta, Vitacura y Providencia, donde ingresaron a un supermercado y recogieron poleras y un par de jockeys para ser identificados fácilmente a la distancia. Más tarde, después de otro largo rodeo, bajo la mesa de una fuente de soda cercana a Departamental encontraron un sobre. Contenía una fotografía de Cristián Edwards retratado con El Mercurio del día anterior y una última instrucción que los condujo a un paso sobre nivel de la avenida Norte Sur, donde un hombre que apareció de las penumbras recogió el dinero.

    Al día siguiente Agustín Edwards se encontraba en su campo en Graneros cuando al anochecer recibió una llamada desde El Mercurio. Su hijo ya iba camino a la casa familiar de Lo Curro a bordo de un taxi. Unos días después, Cristián relató ante el juez Correa Bulo que la noche anterior a su liberación había sido sacado de "la caja" después de cinco meses e introducido a una carpa. Ahí pasó sus últimas horas de rehén, sometido a la música de un personal estéreo y una dosis adicional de sedantes. Recordó haber regresado tal como llegó, encapuchado y envuelto en un saco de dormir, y haber sido introducido en un auto que lo dejó en lo que parecía un sitio eriazo.

    Lo último que alcanzó a escuchar de sus secuestradores, antes de ser dejado boca abajo contra el suelo, fue "no te muevas". Después de un rato logró ponerse de pie, trastabilló en dirección a unas luces y dio con un taxista al que le pidió monedas para llamar a sus padres. Había sobrevivido a un martirio de casi cinco meses y se iniciaba la cacería policial.

     

     

    Etiquetas: , , , , , ,

    14/10/2009 22:29. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards

    20091010003526-portada-cristianedwards1.jpg

    Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

    Por Cristóbal Peña y Pedro Ramírez, CIPER | 8 de Octubre de 2009

    A 18 años del secuestro de Cristián Edwards, CIPER revela detalles hasta ahora desconocidos de uno de los episodios que marcaron la transición. El relato del cautivo -ex presidente de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y ahora vicepresidente de El Mercurio- y los graves conflictos personales entre sus celadores que hoy revelan ex miembros del FPMR, son algunas de las nuevas piezas del puzzle. "Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros", declaró Edwards al recuperar la libertad. Tras vivir durante cinco meses en una "caja" de tres metros por dos, recordó que se aseaba con una olla, que lo sedaban y que sufría alucinaciones, calambres y temblores: "Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos". El encierro también afectó a uno de sus celadores, que fue amenazado de muerte cuando se decidió a abandonar la casa-retén. Su deserción, dada a conocer por un informante al gobierno, fue la primera prueba de que el FPMR estaba detrás de la operación.

    Pasadas las nueve de la noche, tras dejar el ascensor y comenzar a caminar por los estacionamientos públicos de calle Coyancura, aledaños a su oficina en Providencia, Cristián Edwards los vio. Tres hombres jóvenes en torno a un auto blanco. Los vio y no le llamó mayormente la atención hasta segundos después, cuando se disponía a entrar en su auto y escuchó un taconeo acelerado a sus espaldas. Entonces giró y volvió a verlos: los tres se le venían encima y uno de ellos le apuntaba a la cabeza con un revólver.

    "Yo pensaba que me iban a robar la billetera, o algo así, así que levanté las manos", dirá cinco meses después el hijo del dueño de El Mercurio, a pocas horas de su liberación, en un testimonio a la policía que ha permanecido inédito. "No alcancé a gritar nada... dos de ellos me amarraron, me pusieron una capucha plástica, me amarraron cables y entre los tres me dieron vuelta, me agarraron y me metieron al auto que estaba estacionado".

    El caño de un revólver fue prácticamente lo último que vio del mundo exterior ese año. Era el 9 de septiembre de 1991 y el entonces gerente de Diarios Regionales de El Mercurio y desde julio de este año vicepresidente ejecutivo de esa empresa, considerado el sucesor natural de Agustín Edwards Eastman, viviría a partir de esas horas y por los próximos 145 días en lo que él llamó "la caja". Una ratonera de dos por tres metros, sin ventanas ni aire fresco ni compañía, en la que estaba expuesto casi permanentemente a música estridente, luz artificial y a la vigilancia de sus celadores que lo observaban desde el exterior mediante visores.

    Jamás, en los cinco meses siguientes, salió de ahí. Jamás le vio la cara a otra persona. Si tenía algo que decir, debía escribirlo. Si daba un paso, topaba con una pared. Si mostraba signos de orientación, volvían a doparlo con medicamentos que consumía junto a las comidas y le alteraban las rutinas. "La idea era volverme loco", resumió en la declaración policial del 1 de febrero de 1992. Cinco días después, ante el juez Luis Correa Bulo, daría una cuenta más extensa del cautiverio que sufrió a manos de un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y cuyos pormenores hasta ahora nunca habían salido a la luz pública.

    A 18 años de ocurrido el hecho, y cuando su protagonista acaba de dejar la presidencia de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y se prepara para asumir la dirección de El Mercurio, acudimos a testimonios y documentos inéditos para recrear el secuestro que marcó la transición política chilena.

    ALUCINACIONES Y ATAQUES DE NERVIOS

    Aunque vivió dopado buena parte de su cautiverio, Cristián Luis Edwards del Río -quien entonces tenía 33 años- recordó con precisión que al interior de "la caja" contaba con un pequeño baño químico de madera que le llevaban y vaciaban cuando querían. Y que dentro de esa misma caja debía comer y asearse con una jarra y, en el mejor de los casos, con una olla con agua. No siempre le permitían lavarse los dientes. Recordó también que dormía poco y nada en el catre de campaña que sólo le dejaba un pasillo de 40 centímetros de ancho para caminar, y que permanentemente sufría alucinaciones, calambres, vómitos, temblores y ataques de nervios.

    "Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos, me bajó un tiempo por eso", dijo Edwards ante el juez. "Pasaba por periodos de colitis o diarrea y por otros de estreñimiento. Tuve dolor de garganta, los oídos me retumbaban, veía doble muchas veces. Jamás, no obstante, ensucié la caja".

    Las condiciones del encierro eran tan duras que en un momento mostró signos de agonía. Sus captores incluso pensaron que moriría y le llevaron un médico o enfermero de confianza del FPMR para que lo examinara. Ya estabilizado, si es que se puede estar estable en esas condiciones, volvió a lo que Edwards describió como un estado de "imágenes furtivas" y "fenómenos extraños" que marcó su encierro. Es por eso que al término de la primera de tres declaraciones ante el juez Correa Bulo, que oficiaba de ministro en visita, Edwards creyó necesario volver sobre este último punto:

    "Quiero advertir, antes de terminar esta primera parte de mi declaración, que durante mi prisión imaginé y soñé tantas cosas, que aún hoy hago esfuerzos por discernir entre el mundo de la realidad y el de la fantasía. Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros; tenía a veces totalmente claras las circunstancias de mi secuestro y liberación y me resultaba lógica la participación de numerosos protagonistas. Es por ello que advierto a ustedes que todo lo que aquí consigno obedece a un esfuerzo personal por dejar de lado cuánto responde a la fantasía o cuánto no se concilie con la lógica. Puede que tales confusiones se deban, a lo mejor, a pastillas que me suministraban o a reacciones propias de la mente. Si se me hubiera interrogado dos o tres días atrás, habría revelado como datos ciertos muchos de esos absurdos. Así me imagino".

    VIDA AMERICANA

     Para septiembre de 1991, cuando fue secuestrado a la salida de su oficina, Cristián Edwards enteraba un año y medio viviendo en Chile y aún no se acostumbraba del todo. Algunos testimonios apuntan a que no estaba a gusto en el país ni en su trabajo. Es más: en esos días pensaba seriamente en dejar la gerencia de Diarios Regionales de El Mercurio y volver a Estados Unidos, donde llegó a vivir en 1969 junto a su familia, a los pocos días de que Salvador Allende resultara electo Presidente. Allá había estudiado y trabajado. Allá tenía amigos, amigas y una novia, Marla Grossman, que al ser entrevistada por agentes del FBI dijo que en 1990 Edwards "habría vuelto a Chile por la presión de su familia para trabajar en el diario".

    Una percepción similar tuvo Carla Brown, una de las amigas del ejecutivo a quien el FBI tomó declaración en Estados Unidos a los pocos días de ocurrido el secuestro. "Brown informó que Edwards no quería moverse a Chile", se lee en el informe del FBI. "Tampoco quería dejar Estados Unidos, país en el cual él creció muy acostumbrado. Sin embargo, Edwards sintió una gran presión de la familia para volver a Chile e ingresar a los negocios de ésta (...) Brown no cree que él estaba contento con su decisión".

    Agustín Edwards Eastman entregó una opinión diferente en su primera declaración judicial: "Vino a trabajar a Chile porque en realidad su último trabajo en Estados Unidos, que era la corporación de seguros, no le agradaba".

    Las primeras diligencias policiales estuvieron orientadas a despejar las dudas sobre la desaparición del ejecutivo. No se descartaba la posibilidad de que hubiera abandonado el país voluntariamente y sin previo aviso. Tampoco que hubiese protagonizado un autosecuestro. "No veo para qué o con qué objeto mi hijo Cristián hubiera hecho una cosa de esta naturaleza", dijo Edwards Eastman en la misma declaración. "Si no hubiera deseado seguir trabajando en la empresa creo que tiene la personalidad suficiente para habérmelo hecho saber. Además, no era la primera vez que dejaba de trabajar en la empresa".

    En 1979, recién graduado del Amherst College, en Massachussets, vino a trabajar a El Mercurio donde permaneció por dos años. Al regresar a Estados Unidos fue empleado en el departamento de marketing de Pepsi, la misma firma de la que fue ejecutivo su padre cuando salió de Chile a raíz de la elección de Allende. En 1983 siguió un MBA en Filadelfia y dos años después trabajó en la compañía de seguros que mencionó su padre.

    La mayoría de sus cercanos coincidieron en que se trataba un hombre sano, equilibrado, inteligente y sensato, además de reservado y celoso de su privacidad. Pese a la posición económica y social de su familia, coincidieron también en que llevaba una vida independiente y austera, sin grandes lujos. Como cualquier hijo de vecino en Estados Unidos, mientras era estudiante acostumbraba a trabajar los veranos. Le gustaba practicar jogging y deportes náuticos y de montaña. Y sobre política chilena mantenía una posición distante y ambigua.

    Al respecto su novia de entonces dijo que en los años 80 Edwards "tampoco tenía alguna adhesión política, ya sea de derecha o izquierda". Su amiga estadounidense lo definió "rígido en sus creencias conservadoras" y sin "grandes convicciones políticas". Y un amigo en Chile afirmó en la investigación que "en materias políticas era muy pragmático y crítico, demostraba preocupación por no existir un gobierno democrático en Chile pero a su vez criticaba los excesos de la Unidad Popular".

    LOS CELADORES

    A principios de abril de 1991, seis meses antes del secuestro, María Fernanda Eyzaguirre pasó por la casa de Cristián Edwards en Vitacura. Ambos eran antiguos amigos y habían quedado de salir a cenar esa noche. A ella le llamó la atención que la esperara en la puerta de la casa y él le explicó que al frente había un mini estacionado con dos ocupantes que le parecían sospechosos. Pero más le llamó la atención que su amigo no hiciera nada al respecto, más aún creyendo que se trataba de las mismas personas que poco tiempo atrás habían entrado a robar a su casa.

    Más tarde, ante un juez, Eyzaguirre recordó que le propuso a Edwards anotar la patente del auto, pero éste se mostró resignado, acaso displicente: "Me indicó que no era necesario porque seguramente se trataba de un auto robado".

    Más allá de que ese mini blanco haya tenido relación con el secuestro, es un hecho que para entonces el ejecutivo ya era objeto de seguimientos por parte del FPMR. Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa en Macul que habitaba con su pareja y el hijo de ésta para el cautiverio de Edwards, hoy afirma que la operación estaba programada para mediados de año. La "caja-cubículo" ya estaba construida para entonces y los celadores, acuartelados, prestos para recibir lo que llamaban "el paquete". Sin embargo, cuando estaban próximos a actuar, el ejecutivo de El Mercurio se fue de viaje a Estados Unidos.

    Escorza accedió a hablar con CIPER a 17 años de caer detenido. Su participación en el secuestro de Cristián Edwards le significó pasar 11 años en prisión hasta que en septiembre de 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. Era uno de los más antiguos militantes del FPMR, donde se lo conocía como "el Viejo". Tanto para él, como para otros integrantes del FPMR con los que habló CIPER, el secuestro marcó un hito cuya reconstitución obliga a remontarse al inicio.

    La operación se había puesto en marcha poco después del asesinato de Jaime Guzmán, senador y líder de la UDI, y en ella participarían varios protagonistas de esa acción liderados por "Ramiro", alias de Mauricio Hernández Norambuena.

    Como jefe de la casa-retén a la que llegaría Edwards, "Ramiro" eligió a "Rodolfo". Cinco años atrás habían coincidido en el frustrado atentado al general Pinochet. "Rodolfo" era un tipo alto y corpulento. Por eso algunos también lo llamaban "Rambo": venía llegando de una larga estada en Cuba, previo paso por Vietnam y Nicaragua, donde combatió a la Contra. "Rodolfo" tendrá mando sobre Maritza Jara Hernández, que simularía ser la empleada doméstica de la casa y cumpliría labores de enlace y seguridad; y también sobre los dos celadores: Florencio Velásquez Negrete y Ricardo Palma Salamanca. Estas últimas dos designaciones generaron un problema de equilibrios.

    Un antiguo combatiente del FPMR, que conoció de cerca la operación y a sus protagonistas, dice hoy que "Ramiro" cometió un error al designar a Palma como jefe de Velásquez. Era una afrenta a la trayectoria. Velásquez provenía de Valparaíso y era un antiguo conocido de "Ramiro". Había tomado parte del secuestro del hijo de Manuel Cruzat y llegó a dirigir al FPMR en la Quinta Región, donde cayó detenido en 1987. Tres años después fue uno de los 50 fugados de la cárcel Pública de Santiago. En ese entendido no era cualquier subversivo. Tenía roce y no soportaba estar bajo la autoridad de "Rodolfo" y menos de Palma, entonces de 22 años, a quien consideraba un "pendejo hiperkinético" y "recién llegado".

    Esto último en parte era cierto, pero en dos años Palma había hecho mucho más que el otro. "El Negro" Palma había pasado a la historia al disparar contra el oficial de la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros) Luis Fontaine, contra el general Gustavo Leigh y contra el senador Guzmán.

    Había un problema adicional relacionado con los mismos personajes. Ni Palma ni "Rodolfo" toleraban el encierro prolongado. Palma era inquieto por naturaleza, pero Velásquez había pasado tres años en prisión. Es por eso que desde antes de la llegada de Edwards a la casa-retén, mientras permanecía acuartelado, Velásquez comenzó a manifestar deseos de abandonar su tarea. Sus protestas fueron crecientes y llegaron a ser motivo de roces y desaciertos que lo pusieron en la mira de sus propios compañeros.

    EL BUENO Y EL MALO

    A Cristián Edwards le costó caer en la cuenta de lo que pretendían con él. Lo habían paseado en la maleta de un par de autos sin decirle más que "silencio, callado, que no te va a pasar nada". Después lo cambiaron a un furgón y finalmente lo cargaron dentro de un saco hasta un cuarto donde le dijeron que se mantuviera de pie frente a una pared, antes de que le sacaran el saco y la capucha y le cerraran la puerta por fuera. La música ya había empezado a sonar fuerte al interior de "la caja".

    Sonaba desde un parlante pequeño instalado en una pared del cuarto. Al otro costado había una ampolleta de luz intensa, probablemente un reflector encendido en su máxima potencia. Junto al catre había una tabla que hacía las veces de mesa, donde comería en cubiertos de plástico y escribiría mensajes a sus captores con los papeles y lápices que le entregaban.

    "La caja" era un cubículo de madera y volcanita, cuyas paredes estaban recubiertas por bandejas de huevos para aislar el ruido. La habían construido dentro de uno de los dormitorios de la casa DFL2 que el matrimonio Escorza San Juan arrendaba en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1. El piso de la "celda" estaba cubierto por una alfombra verde, la que se humedecía cuando el cautivo se lavaba con una jarra y una olla. Su ropa -un traje gris y camisa azul- fue reemplazada por un buzo. En una de las paredes estaba pegada una hoja con una lista de instrucciones:

    -No hacer ruido.

    -Pararse de frente contra el muro cuando la luz se encienda y apague.

    -Al terminar de comer dejar la bandeja en el suelo.

    -Comunicarse a través de papeles.

    En una de las primeras notas que envío al exterior pedía que por favor le bajaran la música y la luz:

    "La música se mantuvo casi siempre a un volumen enloquecedor, así como la luz a veces enceguecedora. Me cubría los ojos y me tapaba los oídos. La luz pasaba encendida mucho tiempo, no respetaba mis dormidas", declaró Edwards ante el juez. "Yo no sabía si alguien estaba cambiando el dial o si estaba grabada. Pero muchas veces interrumpían, porque comenzaba una canción y la cortaban para poner otra. Ciertamente, la música así empleada era un método de tortura".

    Edwards relató que a partir de la primera noche lo vigilaban por los visores para constatar qué música le disgustaba más y así repetírsela. Y recordó que los primeros días casi no probó alimento ni durmió. Y que el aire era tan escaso y asfixiante que a las pocas horas de su llegada a "la caja", preso de un estado de shock, cayó desmayado. "Ahí me abrieron la puerta y dejaron que entrara aire".

    La puerta era una abertura de cerca de un metro cuadrado por la que había que entrar gateando. Por ahí ingresaban los alimentos, el baño químico y, en algunas ocasiones, alguno de los únicos dos celadores que tenían autorización para dirigirle la palabra al secuestrado.

    Uno era Ricardo Palma, "el Negro", que representaba el papel del celador bueno. El otro era "Rodolfo", el jefe de la casa-retén, que oficiaba de malo. "El Negro" se mostraba comprensivo, atento, y animaba al secuestrado prometiéndole que hablaría con su jefe para sacarlo por unos minutos al exterior de "la caja". Al rato llegaba "Rodolfo" y decía que por ningún motivo, que cómo se le ocurría, ni una posibilidad. Esto es un secuestro, no vacaciones, hacía saber.

    OÍDOS DE LA OFICINA

    Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa para el cautiverio de Cristián Edwards, dice hoy que "una operación así tiene complicaciones desde su inicio" y que ésta "no fue la excepción". Dice además que las mayores dificultades no provinieron del ejecutivo de El Mercurio, a quien define como un secuestrado "obediente" que "siempre cumplió con las instrucciones", sino de los celadores.

    Lo primero fue un accidente. Cuando cambiaron por primera vez a Edwards de auto, en las cercanías del lugar donde lo raptaron, al Negro Palma se le escapó un tiro que fue a dar en su pierna. No sólo hubo que buscarle asistencia médica, sino también reemplazante en la casa-retén. Su lugar fue asumido por "Emilio", alias de Raúl Escobar Poblete, que había participado en los mismos hechos de sangre que Palma. De cualquier modo fue un cambio transitorio, de emergencia. A las pocas semanas "el Negro" asumía su papel de celador bueno.

    El segundo problema ya fue más serio. Florencio Velásquez, el otro celador, empezó a mostrar indisciplina. Al comienzo fueron "tonteras", según las describe Escorza: incumplía horarios, tenía mal modo y exigía que le lavaran los calzoncillos, en circunstancias de que los residentes de la casa-retén debían lavar su ropa interior. Después empezó a quejarse por todo y desafiaba a la autoridad. Finalmente, tal como había ocurrido en los días de acuartelamiento, volvió a amenazar con que iba a abandonar la casa. En ese estado de cosas no quedó otra que llamar a "Ramiro".

    Dice Escorza que "Ramiro" no acudió una sino dos veces por el problema con Florencio, y en las dos aseguró haberlo hecho entrar en razón, recapacitar. Pero unos días después de la última visita, Florencio Velásquez volvió a decir que se iba. Estaba decidido. Se iba a como diera lugar. El problema era que "Ramiro" había salido de Chile. Hubo que organizar una junta de emergencia entre los integrantes de la casa-retén, junta de la que no participó Velásquez, y fue entonces que el Negro Palma propuso una solución:

    -Hay que "bajarlo" -dijo-, este huevón no se puede ir. Si se va, lo "bajamos".

    Dice Escorza que "el Negro" se mantuvo firme en su decisión, pero fue "Rodolfo" quien lo retuvo: "Rodolfo dijo Ya, Ramiro no está y voy a tomar una decisión y la decisión es que se vaya, lo mandamos a una casa de seguridad y ahí que lo controlen hasta la vuelta de Ramiro. Hubo una discusión con el Negro y al final se impuso Rodolfo".

    A Florencio lo sacaron caminando, de noche, con lentes oscuros y mirando hacia el suelo para que no entregara información ante la eventualidad de que cayera en manos de la policía. Al igual que el Negro y el propio Edwards, había llegado a la casa sin que pudiese identificar su ubicación. Al salir, lo pasearon durante una hora y media y lo dejaron en avenida Grecia. De ahí se dirigió a una casa de seguridad, a la espera de "Ramiro".

    Fueron varios en el FPMR quienes lamentarían esa decisión, incluido el propio "Rodolfo". El caso trascendió las fronteras de la casa-retén y llegó a oídos de la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el organismo creado en el gobierno de Patricio Aylwin para combatir la subversión tras el asesinato del senador Guzmán. Fue a fines de septiembre de 1991, a tres semanas de iniciado el secuestro, que "La Oficina" supo que el FPMR estaba detrás de la operación. Hasta entonces sólo había conjeturas sobre los autores. En su declaración judicial, el secretario de "La Oficina", Marcelo Schilling, hoy diputado socialista, confirmó que La Moneda fue alertada por un informante.

    Un informe de "La Oficina", adjuntado al proceso, reportaba que Florencio Velásquez, a quien identifica como "Julio", "formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado Cristián Edwards" y que "fue destituido en una reunión realizada en la misma casa". Agrega que "el jefe de las casa es un hombre débil de carácter y permitió que Julio se fuera desarmado".

    Poco después, por medio del mismo informante, "La Oficina" se enteró de que los propios compañeros de Velásquez le habían perdido la pista. Lo llamaban "desertor".

    Era un momento crítico. Las negociaciones por el rescate estaban estancadas y la familia Edwards, contraviniendo las exigencias iniciales de los secuestradores, no sólo había alertado a la policía chilena, sino también al FBI. Se preveía un proceso largo y agotador del que Cristián Edwards no se sustraería, pese a seguir preso de alucinaciones y tormentos al interior de "la caja".

    Próximo capítulo: los detalles de la negociación y el rescate.

     

     

    Etiquetas: , , , , , , ,

    09/10/2009 20:35. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Los millones en gastos de oficina que los senadores ahora deberán acreditar

    20090918210310-gastos.jpg

    Enviado por Ciper Chile

    Por Francisca Skoknic y Pedro Ramírez | 16 de Septiembre de 2009

    El Senado anunció recientes cambios al sistema de fiscalización de las asignaciones parlamentarias. Lo que no se dijo fue que hasta ahora una parte importante de los gastos de los senadores eran reembolsados sin que nadie les exigiera la entrega de comprobantes. La falta de control se conoció luego de que CIPER solicitara las rendiciones mediante la Ley de Transparencia y se respondiera que no existían. Ello permitía, por ejemplo, que los senadores hicieran donaciones a sus electores sin rendir cuenta de a quiénes y para qué, incluyéndolas como gastos de oficina. Ahora deberán entregar los comprobantes de sus gastos y dispondrán de 0 mil para "apoyo a organizaciones".

    Un monto de $ 2 mil 800 millones fue destinado este año para que los 38 senadores financien el arriendo de sus sedes, personal de apoyo y materiales de oficina. El sistema les permite a los representantes de regiones gastar hasta .119.589 mensuales en este ítem, mientras que para los de la Región Metropolitana el monto se eleva a .430.089. Parte de esos pagos son hechos por los senadores y luego reembolsados por la corporación. Para saber cómo y en qué se gasta ese dinero, CIPER invocó la Ley de Transparencia y pidió al Senado las rendiciones de los gastos de oficina de los parlamentarios. Sorpresa: la Corporación no guarda recibos, pues hasta julio de este año no exigía la entrega de comprobantes. Para obtener su reembolso, bastaba con que el senador llenara una planilla informando cuánto había ocupado.

    En total, cada senador dispone al año de más de millones para pagar los gastos en el rubro oficina. Por ello, el control sobre cómo se utilizan esos dineros es lo que interesa. Si se analizan los datos disponibles en la página web del Senado, entre marzo y julio de este año poco más de 0 millones del total fue cancelado directamente por el Departamento de Finanzas del Senado a los destinatarios que cada senador identificó previamente. El resto, más de 0 millones, fueron reembolsados a los parlamentarios sin exigir comprobantes.

    Los desembolsos hechos por la Corporación se refieren mayoritariamente a arriendos y sueldos del personal. En cuanto al dinero reembolsado directamente a los senadores, no se sabe con certeza a qué corresponde.

    Según se desprende de entrevistas sostenidas con senadores de todos los sectores, al menos una parte de ese dinero es ocupado en donaciones a particulares u organizaciones de sus circunscripciones. Pero el sistema cambió el 12 de agosto pasado, cuando se anunciaron modificaciones a las asignaciones parlamentarias (VER RECUADRO). Lo que se hizo, entre otras cosas, fue regularizar este tipo de gastos estableciendo un fondo especial de "apoyo a organizaciones sociales", el que deberá acreditarse con un comprobante o recibo.

    Así se formalizó algo que, en palabras del senador socialista Jaime Gazmuri, "son prácticas muy consuetudinarias que estaban establecidas como posibles". Pero en los hechos, esas donaciones no tienen ninguna relación con el funcionamiento de oficinas parlamentarias, ítem desde donde obtenían los fondos.

    Las modificaciones a las asignaciones parlamentarias se iniciaron inmediatamente después del polémico capítulo de Informe Especial de TVN que reveló irregularidades en las sedes de distintos diputados y que tiene a varios de ellos bajo la mira de la Fiscalía de Valparaíso. El programa se emitió el 6 de junio pasado y 11 días más tarde la Comisión de Régimen Interior del Senado decidía los primeros cambios al sistema de fiscalización de los gastos de los parlamentarios.

    -Por acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interior, adoptado en sesión de 17 de junio de 2009, las rendiciones de gastos de los señores senadores se deben enviar al Departamento de Finanzas, desde agosto de este año, acompañadas de los respectivos comprobantes, salvo un monto mínimo destinado a gastos menores. Hasta esa fecha, los comprobantes quedaban en poder de los señores senadores, pero a disposición, para ser revisados si se estimaba conveniente- explicó la subjefe de informaciones del Senado, María Eliana Peña, en su respuesta a la solicitud de información pública hecha por CIPER.

    El Senado no especificó cuántas veces se había revisado los comprobantes de los pagos, pero en una ronda de consultas con diversos parlamentarios, ninguno reconoció haber sido requerido por ese motivo. Sólo el senador Jaime Naranjo (PS) dijo que creía recordar que alguna vez le habían pedido los contratos de arriendo de sus sedes porque había habido un cambio de dirección, pero no estaba seguro. En la práctica, hasta julio, el sistema se basaba en la confianza y buena fe de los senadores.

    A Roberto Muñoz Barra (ex PPD) nunca le han pedido acreditar nada, pero dice andar "más o menos con una bolsa para guardar las boletas". Como integrante de la comisión de Régimen Interior, justifica así los cambios adoptados:

    -El cambio lo acordamos en junio y fue por los casos que se conocieron públicamente en que algunos miembros de la Cámara de Diputados arrendaban como oficinas inmuebles que no cumplían con un criterio de transparencia, como casas particulares u oficinas donde funcionaban abogados. Con la modificación, a partir de agosto, esto se regula mejor, porque hay que especificar bien en el contrato la ubicación física del inmueble que se arrienda y su uso exclusivo como oficina del parlamentario. Ahora hay una rigurosidad más estricta para evitar interpretaciones que permitan gastos en que no hay claridad.

    Su compañero de comisión, Jaime Naranjo, lo desmiente. Asegura que la decisión nada tuvo que ver con la polémica de la Cámara de Diputados y que la única motivación fue la puesta en marcha de la Ley de Transparencia en abril pasado. "Ahora los datos deben hacerse públicos todos los meses, entonces es mejor para el sistema entregarlos antes y centralizarlos", dice.

    EECTOS INMEDIATO

    Una revisión detallada de la información divulgada por el Senado en su página web, muestra que en los últimos dos meses -después del cambio en la fiscalización anunciado en junio e implementado a partir de agosto-, algunos parlamentarios disminuyeron sus gastos a rendir y aumentaron aquellos pagados directamente por la Corporación.

    Por ejemplo, el senador Jorge Pizarro (DC) utilizó el fondo a rendir entre marzo y junio por montos que oscilaban entre ,7 millones y millones. En julio, en cambio, sólo usó 2 mil; y en agosto 2 mil. Ahora aumentó los pagos hechos por el Senado, pero en la suma y resta mantuvo su gasto global. "Es por el cambio y por un cierto ordenamiento nuevo en las oficinas que me permita ir rindiendo todos los gastos. A la gente que trabaja en las cuatro oficinas que tengo en la región le ha costado acostumbrarse al sistema, el que cambió completamente", admite Pizarro.

    Otro senador que redistribuyó sus pagos en el ítem oficina, es Sergio Romero (RN), quien atribuyó el traspaso desde gastos a rendir a pago directo "a un asunto de orden interno".

    Muy distinta es la situación del senador Jorge Arancibia (UDI), quien no contestó los llamados de CIPER. Entre marzo y julio pidió reembolsos por .500.000 mensuales. La cifra es redonda e idéntica cada mes. Algo que no ocurre con ninguno de sus colegas, pues se trata de gastos variables. Sin embargo, en agosto sólo pidió al Departamento de Finanzas del Senado que le devolvieran una décima parte de lo habitual. Simplemente sus gastos bajaron en más de millones tras la exigencia de entregar comprobantes.

    El parlamentario con la mayor proporción de gastos reembolsables es Hosain Sabag (DC). Cada mes, utiliza más de ,5 millones por esa vía. La exigencia de comprobantes no parece haberlo afectado: en agosto incluso aumentó sus pagos.

    El segundo lugar en ese ranking, lo ocupa el senador Eduardo Frei (DC), cuyos gastos a rendir oscilaron entre ,4 millones y ,1 millones entre marzo y julio. Sus gastos de oficina no bajaron pese a que ha disminuido su actividad parlamentaria por la campaña presidencial. En el programa Tolerancia Cero reconoció que ya no asiste a comisiones y sólo participa del trabajo de sala, donde tiene el 75% de asistencia. "Soy candidato presidencial y tengo que hacer el trabajo, no puedo estar en el Senado y también ser candidato", dijo ante las pantallas de Chilevisión. Sin embargo, su gasto total en oficinas -incluyendo lo que desembolsa directamente el Senado- se ha mantenido entre los millones y millones. Sólo sus gastos reembolsables cayeron a la mitad en agosto, pero se compensaron por la otra vía.

    Jaime Naranjo es el único senador que todos los meses gasta exactamente el 100% del ítem para gastos de oficina. Según explica, esto se debe a que todos los meses se pasa del límite. Los pagos por ese concepto de Andrés Allamand (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) varían todos los meses, pero la suma publicada en la página web del Senado calza exactamente con el total asignado. Antonio Horwath (RN), Alberto Espina (RN), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Hernán Larraín (UDI), Baldo Prokurica (RN), Jaime Gazmuri (PS), Carlos Ominami (ex PS) y Guido Girardi (PPD) han gastado por sobre el límite entre marzo y agosto, pero pueden compensarlo en los meses siguientes, ya que se trata de un ítem acumulativo.

    Aunque en teoría hasta julio pasado a los senadores les estaba permitido ocupar el monto total de este ítem por la vía de reembolsos, un asesor parlamentario comenta que son pocos los que tienen las espaldas financieras para sacar todo el dinero de su bolsillo mientras esperan que les sea devuelto. Por eso, la mayoría opta por que la corporación pague los gastos fijos, como arriendos y salarios. Y cuatro senadores tienen el 100% de sus gastos desembolsados directamente por el Senado. No rinden ni un peso. Ellos son Andrés Alamand (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro Navarro (MAS) y Adolfo Zaldívar (PRI).

    DE GASTOS DE OFICINA A DONACIONES PARTICULARES

    En una breve conversación telefónica, la senadora Evelyn Matthei (UDI) se mostró molesta con la nueva fórmula que ahora la obligará a entregar los comprobantes para que le sea reembolsado el dinero. Sus gastos a rendir entre marzo y mayo fueron mucho menores que el promedio de sus colegas -0 mil a mes-, pero desaparecieron en julio y agosto, después del anuncio de que se exigiría rendirlos con comprobantes.

    -Lo que pasa es que yo hago muchos regalos a gente de escasos recursos que me pide porque está en problemas. A veces doy mil para alguien que está enfermo, otras veces mil para otra cosa similar. Y no estoy acostumbrada a estar pidiendo boletas o haciendo que esas personas, que están en un problema, me firmen un vale. Lo encuentro asqueroso, feo. Yo no lo hago. Así que como no tengo las boletas, no rindo esa plata no más. Ahora la pierdo. Al final, la pago yo -dijo Matthei.

    Para todos los senadores consultados, el donar parte de las asignaciones para gastos de oficinas es algo natural. Entre los ejemplos que a juicio de los parlamentarios justifican estos desembolsos mencionaron la compra de premios para bingos de beneficencia, remedios para enfermos, mantención de instalaciones de comités de agua potable rural, arreglos de sedes sociales, pasajes y ayuda para clubes deportivos, de rodeo u organizaciones estudiantiles.

    -No es que gastemos plata del presupuesto del Senado, forma parte del gasto de representación y de las oficinas que uno tiene instaladas. Me parece bien que existan las normas y transparencia, pero la exigencia de la gente respecto de los parlamentarios es muy alta. Es una mezcla de acción social. La gente entiende que uno es su representante y tiene que ayudar -argumenta Jorge Pizarro.

    Un abogado experto en administración pública discrepa. Y asegura que aunque se trate de una práctica generalizada y habitual entre los parlamentarios, raya en la ilegalidad. Esto, debido a que el artículo 236 del Código Penal establece que no se pueden destinar recursos para fines diferentes a los legalmente establecidos. En este caso, gastos para oficinas que terminan como donaciones a particulares. Y precisó que el Congreso tiene autonomía presupuestaria, pero el dinero debiera destinarse a lo que los propios senadores establecieron con anterioridad.

    Los cambios anunciados el 12 de agosto pasado al menos regularizan la situación, al incluir un ítem de 0 mil pesos mensuales para "apoyo a organizaciones" sociales, los que deberán justificarse mediante un documento que acredite quién lo recibió y con qué fin. Un monto similar podrá destinarse a pagos menores que no requieren de respaldo de recibos o boletas.

    A juicio del senador Gazmuri, el nuevo fondo debería ser suficiente para lo que él llama "aportes específicos en situaciones de emergencia social".

    Los cambios a las asignaciones de los senadores

    En la página web del Senado aún es posible encontrar la estructura de asignaciones para la labor parlamentaria que regía el 2005. Ahí se puede ver que disponían de .266.020 para gastos en personal, los que eran cancelados directamente por la Tesorería. Otros .100.000 estaban destinados a gastos de oficina y debían rendirse, aunque sin entregar los comprobantes, los que estarían disponibles en caso de requerirse. Además podían gastar 6.295 en materiales de oficina y enviar 1.500 sobres si representaban a regiones, o 3.000 si eran de Santiago. En total, .472.315.

    Cuatro años más tarde, las asignaciones han aumentado en cerca de un 36%, hasta llegar a .119.589. Además, la estructura se flexibilizó al fusionarse todos los ítems anteriores bajo el rótulo de "asignación para oficinas". Como se mencionó anteriormente, el senador podía elegir si realizaba personalmente el pago y pedía el reembolso -sin entregar los comprobantes, pero con el compromiso de guardarlos- o era la Tesorería la que cancelaba los gastos directamente.

    El 12 de agosto pasado la comisión de Régimen Interior aprobó un acuerdo que fijó nuevas reglas e impuso un mayor control sobre los gastos.

    El texto establece que a partir del 1 de octubre todos los arriendos serán pagados directamente por la Tesorería mediante cheque nominativo al arrendador. Aclara que las oficinas pueden ser compartidas con diputados, concejales, alcaldes o dirigentes que trabajen con el senador. Se incluirá una nueva cláusula en los contratos de arriendo, que explicita que si bien es el Departamento de Finanzas el que paga las mensualidades, éstas son parte de las asignaciones de los parlamentarios (el arrendatario), y por lo tanto el Senado no tiene ninguna responsabilidad con el arrendador.

    También se anunció que antes de fin de año se publicarán las direcciones de estas sedes parlamentarias, que actualmente no figuran en la página web del Senado. Este será un paso importante de transparencia, ya que fue precisamente gracias a que la Cámara de Diputados exhibe en su página web las direcciones de todas las sedes de sus integrantes, que periodistas de Informe Especial de TVN y del diario La Nación pudieron establecer las irregularidades que algunos diputados cometían en ese rubro. Julio Dittborn (UDI) y Maximiano Errázuriz (RN) protagonizaron las situaciones más polémicas. Ninguno de los dos postuló a la reelección.

    Tal como se decidió en junio, los gastos "deben ser acreditados con la correspondiente boleta de honorarios, recibo de sueldo, factura o boleta original, contrato o documento justificativo, sea que el gasto haya sido pagado directamente por el Departamento de Finanzas a petición del señor senador o a éste mediante la solicitud de reembolso de gastos".

    En el acuerdo se entrega una descripción detallada de qué lo que puede ser cargado a cuenta de este ítem. Se deberá explicitar la labor realizada por los empleados de los senadores y se podrán incluir sus gastos de traslados, alojamiento y alimentación. Otra novedad es que ahora se podrán cubrir los gastos de vehículos destinados a la labor parlamentaria, independiente del auto personal del senador que tiene una glosa especial.

    *Haga click en la flecha para avanzar o retroceder.

     Haga click en la flecha para avanzar o retroceder.

     

     

    18/09/2009 17:03. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Lista del Ejército sobre ex Dina incluye a militares activos

    20090908184851-dinas.jpg
    Por Jorge Escalante / LND / investigación@lanacion.cl

    En la nómina, solicitada tras el reportaje de LND sobre la presencia de ex agentes de la DINA en las filas del Ejército, aparece también en esa condición el coronel Marco Bustos, procesado por el caso de los cinco frentistas. Uno de los “recontratados” es el general (R) Miguel Trincado, enjuiciado por el desentierro y lanzamiento de las 26 víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por Calama.

    Foto: El general (r) Miguel Trincado (en la foto, abajo)aparece en la lista entregada por el Ejército. Permaneció en la institución hasta diciembre de 2006.

    Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND Reportajes

    Los custodios en Uruguay del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos, suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, forman parte de la lista de 13 procesados que el Ejército entregó esta semana al ministro de Defensa Francisco Vidal, a raíz de la inquietud que ha generado la recontratación de ex agentes por parte de la institución castrense. No es todo: los dos uniformados permanecen en la planta de activos. En esa misma condición se encuentra el coronel Marco Antonio Bustos Carrasco, procesado por el ministro Mario Carroza como uno de los autores del secuestro y desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.

    Según antecedentes obtenidos por LND, el general en retiro Miguel Trincado Araneda, encausado en 2007 por el desentierro y lanzamiento al mar de los cuerpos de los 26 asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama, también se encuentra entre esos 13 nombres en calidad de recontratado. Tanto la lista del personal de planta como la de los funcionarios a contrata permanecen “limitadas” al acceso público en la página electrónica del Ejército, protegida por la “Seguridad del Estado y la Defensa Nacional”, en virtud del artículo 436 del Código de Justicia Militar.

    ImagenLa lista no se ha hecho pública, pero ayer el ministro de Defensa, Francisco Vidal, en una ceremonia con motivo del Día del Reservista, en el Regimiento Buin, dijo que concurrirá esta semana al Congreso, en compañía del comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta. “Estamos convocados el día martes y miércoles a tres comisiones, las dos de Defensa y la de Derechos Humanos (de la Cámara Baja). Se ha hecho por parte de la institución la evaluación y se daría a conocer a los señores parlamentarios las decisiones que se han tomado sobre esta materia”, sostuvo.

     

    De planta

    Hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva la condición de activos de los dos suboficiales que participaron en la salida clandestina de Berríos del país en 1991, que se efectuó con el fin de evitar que el químico declarara en procesos por delitos de lesa humanidad. Su calidad de activos se develó durante la reciente fase probatoria del juicio por el crimen de Berríos, que instruye el juez Alejandro Madrid.

    El 3 de marzo de este año, el abogado Gustavo Menares, defensor del coronel (R) Manuel Pérez Santillán, uno de los procesados en la misma causa, solicitó a Madrid que citara a declarar al “suboficial de Ejército en servicio activo Marcelo Ariel Sandoval Durán” y al “suboficial de Ejército en servicio activo, Nelson Román Vargas”. Sorprendidos por la permanencia de los custodios de Berríos en las filas del Ejército, los abogados querellantes, según la documentación recopilada por LND, pidieron la confirmación de este hecho a Madrid en la misma audiencia. El magistrado ratificó el estatus de Sandoval y Román.

    Román y Sandoval están procesados y formalmente acusados por este crimen. En 1991, ambos integraban la Unidad de Operaciones Especiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se encargó de sacar clandestinamente de Chile no sólo a Berríos, sino también a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros. Los dos suboficiales pertenecieron a la CNI antes de 1990. Román era el número 492 y Sandoval el 526, según la lista que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.

    El 17 de julio de 2008, el coronel Marco Antonio Bustos fue procesado en el caso de los cinco frentistas en 1987. Era agente de inteligencia del Ejército e integraba el llamado comando G4, un grupo operativo especial dependiente del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que a su vez dependía de DINE. Bustos reconoció en el proceso que durante el tiempo que la CNI mantuvo secuestrados a los frentistas, operó “como enlace entre la CNI y el BIE”, organismos que fraguaron el crimen.

    El general Miguel Trincado, otro que aparece en la lista que tiene el ministro Vidal en su escritorio, ya está en retiro. Permaneció en la institución hasta diciembre de 2006, como comandante de la II División del Ejército en la Región Metropolitana y juez militar de Santiago. Meses antes, Trincado había visitado en su casa al ex director de Investigaciones, Arturo Herrera, para pedirle que ordenara el cambio de un informe policial que lo vinculaba al desentierro de los cuerpos de Calama en 1976 y su lanzamiento al mar. Herrera accedió, pero sus oficiales se negaron a alterar el documento. El 23 de noviembre de 2007, la jueza de Antofagasta, Rosa María Pinto, lo procesó como autor del desentierro y desaparecimiento de los cuerpos de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte.

     

     

    08/09/2009 14:48. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Sede de la Cancillería: Un negocio poco diplomático

    20090818021444-portada-hotelcarrera.jpg

    Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

    Por Pedro Ramírez, CIPER | 17 de Agosto de 2009

    Gracias a la Ley de Transparencia fue posible obtener los estudios técnicos que avalaron el traslado de la Cancillería al Hotel Carrera en vez de la construcción de un nuevo edificio. Los documentos revelan que la remodelación costó casi el doble que lo presupuestado. Teodoro Fernández, arquitecto que diseñó el edificio que nunca se construyó, mira ahora los cálculos y asegura que su proyecto fue sobrevalorado y que el Carrera se subvaloró, tal como lo demostraron los hechos.

    Poco antes del mediodía del 5 de diciembre de 2005, el helicóptero presidencial se posó sobre el ex Hotel Carrera atrayendo las miradas de los capitalinos que deambulaban por el corazón del barrio cívico. Ricardo Lagos descendió de la aeronave y al poner sus pies sobre la losa no sólo inauguró el flamante helipuerto, sino la remodelación total del edificio, oficialmente convertido desde ese minuto en el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería ponía fin a su largo historial de allegada VIP. Desde que en 1871 se creó esa cartera, jamás había contado con sede propia. Y ahora, al fin, tenía una a la altura de los requerimientos diplomáticos: amplia, imponente, lujosa, con historia.

    La decisión de remodelar el hotel en vez de construir un edificio nuevo -cuyo proyecto ya había sido adjudicado mediante un concurso de arquitectura- cargaba con una polémica. El Colegio de Arquitectos exigió conocer los estudios técnicos que avalaban el cambio, pero éstos permanecieron en reserva hasta hoy.

    CIPER, invocando la nueva Ley de Transparencia, obtuvo de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas (MOP) los documentos relacionados con el traslado de la Cancillería. Éstos revelan que la remodelación costó casi el doble de lo que se había estimado inicialmente, con lo que se igualaba la inversión total proyectada para el edificio nuevo. Con un agravante: el mismo arquitecto que participó en la elaboración del informe que recomendó el Carrera como la opción más barata, después se hizo cargo -sin licitación- de la remodelación que resultó más cara que sus propios cálculos iniciales.

    Y eso que falta agregar un gasto. El proyecto desechado contaba con 224 estacionamientos subterráneos, mientras que el ex hotel sólo tiene 16 y requiere 114. El costo de comprar o arrendar estacionamientos no fue considerado cuando se evaluó la rentabilidad de los proyectos y según la Contraloría costará unos 5 millones en arriendos de aquí a 25 años, cuando se termine de pagar el leasing por el edificio. No es un tema menor, pues la Municipalidad de Santiago no ha hecho la recepción definitiva de las obras precisamente porque pese a que el ministerio ya cuenta con algunos espacios en los alrededores, aún faltan 40 estacionamientos (ver recuadro).

    -La Dirección de Obras Municipales puede perfectamente el día de mañana traer unas cadenas y clausurar el Ministerio de Relaciones Exteriores -confirma el director administrativo de la Cancillería, Gonzalo Arenas.

    A este cuadro se suma la desaparición de numerosas especies que fueron retiradas del hotel y almacenadas en bodegas del ministerio. (ver recuadro).

    Números que no cuadran

    Seis meses antes de que Lagos inaugurara la nueva sede, el entonces canciller Ignacio Walker había abierto las puertas del inmueble -rebautizado como "Edificio José Miguel Carrera"-, para mostrar a la prensa las obras de remodelación.

    -Le va a costar cero peso adicional al fisco en relación al costo actual del ministerio -dijo el canciller ese día-. Hoy estamos en 13 edificios dispersos y con lo que ahorremos en materia de arriendo, los bienes fiscales que entreguemos y lo que ahorremos en materia operacional, nos va a permitir financiar este leasing que asciende a US$ 25 millones en el edificio y US$ 10 millones en la habilitación.

    Nadie reparó en las cuentas de Walker. El canciller certificó con sus palabras que el costo total de la compra y remodelación había sido de US$ 35 millones. Dos años antes, el subsecretario Cristián Barros había dicho que la operación costaría sólo US$ 24 millones (US$ 20 millones en la compra y US$ 4 millones en la remodelación), equivalentes a un millón de UF de la época. En sólo un par de años, la operación se encareció casi un 46% en relación al cálculo inicial.

    Cuando se decidió comprar y remodelar el Carrera, el ministerio desistió de construir un edificio nuevo en la esquina de Moneda con Teatinos, donde el fisco posee un sitio eriazo y algunas oficinas del Registro Civil. El proyecto fallido era del arquitecto Teodoro Fernández, quien se adjudicó con ese diseño el concurso convocado por la Dirección de Arquitectura del MOP para dotar a la Cancillería de una nueva sede. En ese momento se dijo que construir ese edificio tendría un costo de unos US$ 28 millones y que la opción del Carrera suponía gastar sólo US$ 24 millones. Por eso, cuando Walker anunció el costo final, las cuentas no parecieron tan convenientes.

    En diciembre del año pasado la Contraloría General de la República cerró una auditoría al ministerio en la que certificó que el gasto inicial de US$ 4 millones para la remodelación (168.000 UF) se disparó en un 83%. A sólo seis meses de iniciadas las obras se autorizó un primer aumento de casi 65.000 UF y luego otro por 75.000 UF. Con eso, el costo comprar y remodelar el Carrera al menos equiparó la inversión que debía hacerse para construir el edificio nuevo.

    El informe de Inecon

    Cuarenta oficinas de arquitectura participaron en el concurso para diseñar la nueva Cancillería. "Teo" Fernández, el ganador, dice que se siente representante de las otras 39 que hicieron un acto de fe en el concurso. Por eso, cuando se enteró -"por la prensa"- que el gobierno había decidido comprar el Carrera, intentó comunicarse con la Dirección de Arquitectura del MOP, para que le explicaran las razones.

    -No hubo respuesta. Ni sí ni no. No pasamos de la secretaria -asegura Fernández.

    El Colegio de Arquitectos también pidió que se difundiera la metodología de evaluación que arrojó el proyecto de Fernández al papelero.

    -Después de que el ministerio pagó los premios (del concurso) nos dijeron que tenían que hacer un estudio de prefactibilidad. Y nos enteramos por la prensa, porque salió un anuncio de la licitación del estudio, que lo había ganado la empresa Inecon- recuerda Fernández.

    El informe de Inecon -que estudió varias alternativas, incluyendo el Carrera y el proyecto nuevo, además de los edificios Santiago Downtown y Morandé 147- nunca fue revelado. "Durante años ha sido casi un mito ese informe. Nadie lo conocía", señala un profesional del área. Sólo la Ley de Transparencia permitió acceder al estudio "Prefactibilidad Construcción Edificio Institucional Ministerio de Relaciones Exteriores", un documento de 162 páginas y seis largos anexos (vea el resumen ejecutivo).

    Dudas razonables

    El director administrativo de la Cancillería reconoce que el profesional al que Inecon encargó el estudio del Hotel Carrera fue el arquitecto Rodrigo de la Cruz. El mismo que se adjudicaría el diseño de la remodelación. Arenas explica que fue designado precisamente por el conocimiento que tenía del edificio, debido a que urgía que la Cancillería abandonara la sede del Congreso Nacional en Santiago. Y agrega que se le contrató a honorarios, sin licitación, por la misma urgencia:

    -Nos daba la tranquilidad de que no íbamos a tener un nuevo arquitecto que tenía que ver de qué se trataba el proyecto (...). No es que él (De la Cruz) haya influido para que el hotel hubiese sido la mejor opción y después decir "me pongo en la cola para que me contraten".

    Arenas dice que el factor que inclinó la balanza hacia el Carrera es que es un edificio de "planta libre", cuyas divisiones interiores son de tabiquería, por lo que el costo de remodelar era bajo. En todo caso, reconoce que la decisión de designar al mismo profesional genera un problema de imagen.

    -Yo hoy habría dicho "súper buena idea, pero puede haber una duda de por qué (se le contrata) si este caballero participó en el estudio"-, reflexiona.

    De la Cruz, consultado sobre el tema, sólo comentó que su contratación se ajustó a las normas, que tiene una amplia experiencia porque conoce el análisis de rentabilidad social que usa Mideplan para evaluar inversiones públicas. Por último, que no ve reparos éticos a su comportamiento profesional.

    No fue posible obtener el monto pagado por los servicios de De la Cruz para la remodelación del Carrera, pero el arquitecto fue contratado nuevamente en 2006 y 2007 para rediseñar las oficinas que ocupa la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) en los pisos 10, 11 y 12. Esta obra menor, le significó a De la Cruz percibir tres pagos que sumaron unos .200.000.

    Del informe de Inecon que De la Cruz suscribió junto a otros profesionales, surgen varias dudas metodológicas sobre la forma en que se asignaron los valores a los inmuebles en estudio. Parece sobrevalorado el costo de 49,1 UF por metro cuadrado que se aplicó al edificio de Teodoro Fernández para decidir que era más conveniente el Carrera. Para llegar a esa cifra se consideró que la compra de nuevas oficinas para trasladar el Registro Civil -que debía salir del sitio donde se construiría el edificio nuevo- costarían 30 UF por metro cuadrado. Pero profesionales del área citan un informe realizado entre julio y septiembre de 2004 por el Departamento de Estudios de Acop (Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios), el que señala que el costo de comprar oficinas en esa zona era de aproximadamente 25 UF por metro cuadrado. Fuentes del sector inmobiliario agregan que hoy los edificios de oficinas más caros, como los del barrio El Golf, tienen un costo de 47 a 48 UF el metro cuadrado construido.

    En el cuadro preparado por Inecon que comparó la rentabilidad social de los edificios, es donde el Carrera sacó una ventaja insalvable para sus escoltas. Pero Fernández reclama que en este cálculo no se evaluó debidamente los proyectos:

    -Estaba subvalorado el costo de la remodelación de un edificio como el Hotel Carrera. Entre otras cosas la remodelación no incluía el costo de los estacionamientos, que sí estaban incluidos en el edificio nuevo. Además, que el Estado mantenga un terreno vacío al lado de La Moneda es una perdida de rentabilidad social que no fue valorada -dice Fernández.

    El embajador Arenas trata de separar aguas y señala que la evaluación de los inmuebles fue un proceso de la Dirección de Arquitectura del MOP y que la Cancillería sólo escogió la alternativa que se le presentó como la más conveniente. Las obras y su financiamiento sí fueron responsabilidad de su ministerio, procesos en los que actuó con autorizaciones de la Dirección de Presupuesto y el visto bueno de Mideplan.

    Costo final: US$ 89 millones

    El 31 de julio del 2003, el director de Presupuesto, Mario Marcel, firmó la resolución que autorizó a la Cancillería a endeudarse en un millón de UF mediante un leasing a 25 años y con una cuota mensual de 6.989 UF. A través de una licitación pública, el leasing fue adjudicado al Banco Santander. El banco compró el Hotel Carrera al grupo Luksic en 832.000 UF. El mismo día lo arrendó con opción de compra a la Cancillería, financiando además la remodelación. Al cabo de 25 años, el valor total que pagaría el ministerio sería de 2.065.431 UF. Pero con los dos aumentos de inversión suscritos al año siguiente, el valor final será de 2.306.867,08 UF, monto que según las proyecciones de la Contraloría en 2029, cuando finalice el leasing, equivaldrá a más de US$ 89 millones.

    Arenas asegura que la decisión de construir el helipuerto presidencial encareció los costos, junto con la necesidad de redoblar los trabajos para tener a tiempo la obra. No obstante, en los documentos aportados por la Cancillería para explicar esta alza de 140.000 UF, no hay detalles del desglose de los gastos. En todo caso, cuando se cerró el negocio con el banco, se fijó como fecha límite para entregar el edificio el 15 de febrero de 2005, pero -y a pesar de los aumentos en la inversión para apurar las labores- fue habilitado recién en agosto de ese año.

    Finalmente, el embajador reconoce que el leasing fue contratado con una tasa de interés muy alta (6,85% anual). A su juicio, el año pasado -antes de que la crisis desembarcara en Chile y con los excedentes del cobre en las arcas fiscales- había condiciones para prepagar o renegociar una tasa más baja. "Pero las prioridades del ministerio fueron otras", concluye.

    Riesgo de clausura

    La explotación del Edificio José Miguel Carrera es ilegal. En otras palabras, la Cancillería corre el riesgo de ser clausurada. El director de Obras Municipales de Santiago, Miguel Saavedra, envió el 14 de mayo el Oficio 2331 con la solicitud de inhabilidad para el inmueble y sólo basta que el alcalde Pablo Zalaquett la firme, lo que podría originar un bochorno de proporciones al gobierno.

    A la fecha en que se presentó la solicitud para realizar las obras, el proyecto contaba con los 114 estacionamientos requeridos. A los 16 del hotel se sumaban los del terreno fiscal de Morandé 446, asignado en comodato por Bienes Nacionales a la Cancillería. Nadie reparó en que aquel sitio era el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional en Santiago y que si la Cancillería estaba siendo desalojada de la sede parlamentaria, era altamente probable que le arrebataran esos estacionamientos.

    Una minuta de la Dirección General Administrativa de la Cancilleria indica que se debe buscar estacionamientos en un radio de 600 metros: "Es imposible dar cumplimiento alternativo a la exigencia (...) no existen otros terrenos fiscales destinables y aptos para ser usados en el radio". Arenas explica que en la otra punta de la madeja Hacienda se niega a autorizar el gasto:

    -Nos dice "oiga, vea la Ley de Presupuesto, ustedes tienen 16 vehículos asignados, para qué quieren 114″.

    El mismo Arenas indica que al menos en una ocasión el ministerio recibió una notificación de infracción, pero fue derivada al propietario de edificio: el Banco Santander, que cedió sus derechos a CorpBanca en junio de 2008. Hoy abogados de la Cancillería y de CorpBanca buscan una solución.

    Espejos, puertas y lámparas perdidas

    "Hace algunos años esas cosas se vendieron y ahora están todas en manos de particulares". Las palabras son de la encargada de una tienda de muebles y decoración de interiores, cuya versión se repite entre vendedores de antigüedades: diversos objetos del Hotel Carrera llegaron al mercado de anticuarios y decoradores. Y no eran los bienes muebles que se remataron el 29 de enero de 2004. Se trataba de las "especies adheridas" al inmueble (grifería, lámparas, puertas).

    Éstas fueron desmontadas por funcionarios de la Cancillería y trasladadas a bodegas de la Dirección de Fronteras y Límites, la Academia Diplomática y el Palacio Concha. Muchas fueron reutilizadas en la remodelación (especialmente lámparas, grifería, WC con descarga de pedal y vanitorios con cubierta de mármol), pero un número no precisado "desapareció" de esas bodegas.

    El director administrativo de la Cancillería, Gonzalo Arenas, asegura que el ministerio no tenía obligación de cuidar esas especies, pues no son bienes fiscales, sino que pertenecían al banco que entregó el edificio en leasing a la cartera. El banco "abandonó" estos bienes, dice Arenas, y habría dado lo mismo almacenarlos que botarlos en una esquina.

    La Contraloría no está de acuerdo. En la última página de su auditoría pide un sumario por la "falta de control de las especies desmontadas del edificio". El retiro quedó registrado en un acta del 15 de septiembre de 2004. El catastro detalla "227 espejos, 87 puertas de salas de baño con borde de bronce, 61 vanitorios simples y dobles con cubierta de mármol, 344 lámparas de bronce". La Contraloría no encontró rastros de los bienes en el Palacio Concha y en las bodegas de la Academia Diplomática sólo detectó algunos.

    Arenas confirma que a seis meses de las observaciones de la Contraloría, el ministerio no sabe dónde están esas especies. "No hubo una precaución de tener la trazabilidad de los bienes", dice, aunque asegura que al no ser del fisco, no había obligación de seguirles el rastro. Pero que existan bienes que desaparecen de bodegas fiscales, sean o no públicos, inquieta a la Contraloría: "La circunstancia de que éstos (bienes) se encuentren en dependencias del ministerio, involucra responsabilidad en su debido resguardo".

    *Este reportaje fue publicado originalmente por revista Qué Pasa, en su edición del pasado viernes 14 de agosto de 2009.

     

     

    17/08/2009 22:14. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Los enredos de Sabag y Cía.: Diputado arrienda sede distrital a su padre y socio senador

    20090816193535-portada-sabagcia.jpg

    Enviado por  ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

    Por Francisca Skoknic, CIPER

    Mientras el fiscal de Valparaíso, Jorge Abott, suma diputados a su investigación sobre los gastos irregulares de las asignaciones parlamentarias, en Cabrero el clan Sabag revela una nueva y confusa fórmula para administrar los fondos destinados al arriendo de sedes. El diputado Jorge Sabag tiene inscrita su oficina distrital en la misma dirección donde funciona su empresa y que es propiedad de su padre y socio, el senador Hosain Sabag. Pero la Cámara le paga a una sociedad administrada por su hermano, que según el diputado es quien distribuye el dinero para el arriendo de tres inmuebles en su distrito, los que serían sus verdaderas sedes.

    La ley prohíbe a ambas cámaras del Congreso suscribir contratos con sus parlamentarios, así como con los familiares y socios de éstos. El contrato de arrendamiento de la sede distrital del diputado Jorge Sabag Villalobos pasa por encima de todas esas restricciones. Ubicada en la calle Río Claro 1050, la oficina del parlamentario en Cabrero es propiedad de Hosain Sabag Castillo, senador, padre del diputado y su socio en Transporte Cabrero Ltda. La sociedad es reconocida tanto por el diputado como por el senador en sus respectivas declaraciones de patrimonio.

    La misma dirección ha aparecido como domicilio de la Sociedad Maderera Cabrero Limitada y de la Sociedad Agrícola y Forestal Peñuelas Limitada, ambas del senador Sabag. También es el domicilio de la Inmobiliaria, Forestal e Inversiones SAVI Limitada, una empresa del diputado Sabag. En el Diario Oficial se le atribuye además como domicilio a sus hermanos Patricio y Marisol Sabag. Ahí funciona el aserradero de la familia, junto a una oficina.

    La propiedad figura en la declaración de patrimonio del senador Hosain Sabag, publicada en la web del Senado, y de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, está avaluada en .832.784 y tiene carácter industrial.

    Al teléfono, desde el inmueble declarado como sede distrital responden inmediatamente con un "SAVI, buenas tardes", en referencia a la empresa del diputado. Al ser consultada por la oficina del parlamentario, la secretaria señala que se encuentra ubicada en el mismo lugar, pero en un despacho "de más al fondo". Sin embargo, añade, no es posible comunicarse con la persona a cargo del trabajo parlamentario, pues está de vacaciones.

    El propio diputado entrega su explicación sobre la confusa situación: para evitar la burocracia, puso la dirección de Río Claro, que considera su "casa matriz", pues ahí trabajaba antes de ser parlamentario, le llega la correspondencia y tiene el computador que le entregó la Cámara. A veces también recibe gente, dice. Cada mes, 8.145 de su asignación para arriendo son depositados a nombre de Inmobiliaria Nabatieh S.A., que según el Diario Oficial es propiedad de una empresa de su padre junto a su madre, y donde su hermano Patricio es gerente. Él es el encargado de distribuir el dinero para el arriendo de sus tres verdaderas sedes parlamentarias: 0 mil en San Carlos, 0 mil en Quirihue y 0 en Yumbel. Para recibir a los vecinos en Cabrero utiliza otra casa de su padre, quien no le cobra, asegura.

    La fórmula podría estar reñida con en el artículo 4º de la Ley 19.886, la misma que la Cámara de Diputados aplica como criterio general para la contratación de parientes, exigiendo a los parlamentarios justificar ante la Comisión de Ética las "situaciones excepcionales" que justifican que un familiar les preste un servicio que paga la Cámara. El senado, en cambio, considera que dicha legislación no se aplica a los gastos hechos por los parlamentarios con dineros de dicha corporación, sino sólo a los contratos administrativos.

    Según abogados expertos en derecho administrativo, la respuesta entregada por la Cámara de Diputados a CIPER el 16 de junio pasado avala la aplicación del artículo 4º en este caso. De acuerdo al mismo, se estaría contraviniendo el principio de probidad administrativa y el contrato sería nulo. Si además llegara a determinarse que las asignaciones fueron destinadas a un fin distinto del que fueron otorgadas, aún cuando no se trate de enriquecimiento personal, podría configurarse el delito de desviación de fondos públicos.

    Jorge Sabag argumenta que cuando asumió como diputado le dijeron que contaba con fondos de libre disposición y por eso los distribuyó de la forma en que le parecía más simple. Reconoce que la fórmula puede parecer poco transparente, pero asegura que a partir del 1 de agosto firmó contratos con los dueños de sus tres sedes para pagarles directamente a ellos. El cambio se debe a su campaña para la reelección. Cuenta que recientemente uno de sus contrincantes, el PRI Jorge Brito, anunció que de ser electo tendría sede en siete comunas y no en una sola como Sabag, que además se la arrienda a su familia.

    -Puede parecer que nosotros estamos lucrando con esto, pero no lucramos con el servicio público, sino que destinamos nuestros bienes para el servicio público. Lo que yo he hecho con este arriendo es que los fondos se administren por la sociedad que dirige mi hermano para poder pagar los gastos de estas oficinas. Pero ahora he decidido hacerlo directamente con los propietarios para evitar confusiones y lo mismo que usted ha dicho, de que aquí hay desviación de fondos públicos... No hay desviación de fondos públicos, sino que la plata se administra con una modalidad distinta- explica Jorge Sabag.

    Para probar eso de que los Sabag destinan sus bienes al servicio público, cuenta que la casa vecina a Río Claro 1050, ubicada en el 1040 de la misma calle, fue cedida gratuitamente a la Policía de Investigaciones, pues querían que la institución estuviera presente en la comuna y ésta no tenía fondos. Pero lo que a Sabag le parece una buena obra, podría convertirse en un conflicto de interés, considerando que la familia Sabag es la más poderosa de la comuna.

    Cuánto pesa el Clan Sabag

    La fortuna del senador Hosain Sabag se cuenta en miles de millones de pesos. La declaración de patrimonio del parlamentario precisa que a diciembre de 2005, su capital propio tributario ascencía a $ 8. 417 millones, equivalentes a unos US$ 15,4 millones. Sólo la Inmobiliaria Nabatieh, la sociedad que recibe la asignación parlamentaria de su hijo, fue constituida en 2004 con un capital de .104.202.100. Según Jorge Sabag, sería también propietaria del inmueble de Río Claro 1050, pero en los registro del Servicio de Impuestos Internos aún figura directamente a nombre del senador, al igual que las otras 59 propiedades que éste incluyó en su declaración de patrimonio.

    De acuerdo al mismo registro, las propiedades del senador suman un avalúo fiscal de mil 130 millones, unos US$ 5,7 millones. En Cabrero se ubican 44 de esos predios e inmuebles, la mayoría de los cuales tienen carácter forestal y están avaluados en mil 368 millones.

    La familia Sabag es parte de la historia de Cabrero. Un reciente artículo de El Mercurio cuenta que el patriarca, Mohamed Sabag, llegó a Chile en 1918 desde El Líbano, huyendo de la ocupación del imperio turco otomano y siguiendo a su hermano José. Recorría los campos de la Región del Bío Bío vendiendo todo tipo de enseres en un carro y luego se instaló en Cabrero con la tienda "La Medialuna".

    Tras enviudar, se hizo cargo de nueve hijos. Hosaín era el segundo y heredó el espíritu de su padre para hacer negocios. De profesión contador, hizo carrera en el Banco del Estado y, según señala en su currículum oficial, fundó y administró una empresa propia de turismo y forestal, y otra maderera y constructora. Así se convirtió en uno de los dueños de Cabrero.

    Ahí inició también su carrera política. Tras ingresar a la Democracia Cristiana en 1962, el año siguiente fue electo regidor y luego alcalde de Cabrero, cargo que ocupó por tres períodos. En 1973 asumió como diputado y, de acuerdo a su currículum, tras el golpe de Estado "reasumió" sus negocios. Con el regreso a la democracia volvió a la Cámara Baja y en 1997 pasó al Senado. Ese año derrotó a José Antonio Viera Gallo y luego en 2005 dobló en su circunscripción gracias a la alta votación de su compañero de lista, Alejandro Navarro.

    Su hermano Hasan también ha tenido una fuerte presencia en la zona. En 1992 fue electo alcalde, cargo que mantiene hasta hoy sin disminuir su popularidad: en 2008 obtuvo 69,6% de los votos.

    Pero faltaba un Sabag en la Cámara de Diputados. En 2001 compitió el yerno de Hosain Sabag, Gastón Reyes Pilser, quien fue derrotado por Felipe Letelier. La venganza llegó en 2005, cuando Jorge Sabag se presentó a candidato, siguiendo la huella de su padre senador.

    Desde entonces se ha caracterizado por su perfil conservador y ultracatólico. Hace dos años solicitó al Consejo Nacional de Televisión la censura de la serie animada de MTV "PapaVilla" junto a su colega UDI Marcelo Forni, quien llegó a argumentar que "la religión católica es un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad".

    Recientemente Jorge Sabag volvió a hacer noticia cuando se convirtió en el único diputado de la Concertación que votó en contra del proyecto de ley que permitía la distribución de la píldora del día después e incluso anunció que recurriría al Tribunal Constitucional si se aprobaba. "Efectivamente, soy el último de los mohicanos, y no es fácil", dijo en una entrevista con El Mercurio, argumentando que "ese voto significa una colaboración al mal. Y un cristiano en estos temas siempre tiene que pensar en el juicio final".

    Su carrera profesional es llamativa. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica y se dedicó a su empresa SAVI, pero rápidamente ingresó al mundo político, asumiendo como jefe de gabinete de su padre. Luego se lanzó como diputado, al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la Universidad del Desarrollo de Concepción. En mayo recién pasado se tituló de abogado.

     

    14/08/2009 16:01. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    El día en que Manuel Contreras le ofreció al Sha de Irán matar a Carlos, El Chacal

    20090808021641-portada-contrerasmertins.jpg

    Seguir INVESTIGACIÓN por RSS

    El día en que Manuel Contreras le ofreció al Sha de Irán matar a "Carlos, El Chacal"

    Por Mónica González, CIPER | 6 de Agosto de 2009

     Enviado por "ALERTA CIPER" contacto@ciperchile.cl  Jueves, 6 de agosto de 2009

    La expansión de la Operación Cóndor fuera de las fronteras del Cono Sur requería de millonarios fondos y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, intentó conseguir recursos de potencias interesadas en eliminar enemigos comunes. Para ello viajó en 1976 a Irán, convencido de que recibiría una gruesa suma de dinero del Sha Reza Pahlevi si le ofrecía asesinar al venezolano Ilich Ramírez, "Carlos, El Chacal", el ejecutor del secuestro de los líderes de la OPEP. Lo acompañaron el ex oficial de las SS nazis, traficante de armas y aliado de Paul Schäfer, Gerhard Mertins, tres altos oficiales chilenos y un general brasileño. Dejaron fotos y huellas en la embajada de Chile en Teherán que permiten reconstituir una historia que hasta ahora ha permanecido inédita.

    Abril de 1976. La violencia policial en Irán recrudece. El Sha Reza Palevi, que mantiene el control de su país bajo la brutal represión de la SAVAK, su policía secreta, aún no se repone del duro golpe que le ha propinado a su poder un grupo de terroristas encabezado por Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez. Tres meses antes, el 21 de diciembre de 1975, el grupo irrumpió en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Viena, capturando a 63 rehenes, entre los que estaba Jamshid Amuzegar, el ministro favorito del Sha. Además de exigir una gruesa suma por el rescate de los secuestrados, la orden era asesinar a Amuzegar. Un claro ataque a Reza Palevi, quien a partir de ese momento tuvo en la mira al más famoso de los terroristas internacionales: el venezolano "Carlos, El Chacal".

    En esos álgidos días desembarca en Teherán el jefe de la policía secreta del general Pinochet (DINA), el entonces coronel Manuel Contreras. Sus acompañantes y su misión han permanecido hasta hoy en secreto. Pero uno de los testigos de ese viaje conservó fotos y documentos que entregó a la autora de esta crónica. Las imágenes permitieron identificar al principal socio de Contreras en su expedición a Irán: el alemán Gerhard Mertins (1919-1993). Se trata de un ex oficial de las SS nazis que se reconvirtió en uno de los más importantes traficantes de armas del mundo y en el principal aliado internacional de Paul Schäfer, líder de la Colonia Dignidad en Chile, un reducto desde donde se traficó armas, se retuvo a prisioneros políticos y se abusó de menores durante más de 40 años.

    Un tercer socio acompaña a Contreras y Mertins: un militar brasileño cuya identidad se desconoce hasta hoy. Las fotos de este reportaje podrían ayudar a desentrañar el misterio. Porque la misión que llevó a Contreras a Irán fue develada junto con la entrega de las fotos y está directamente relacionada con la Operación Cóndor, la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur que iniciaba en esos días de abril de 1976 su tercera fase, orientada a realizar seguimientos y asesinatos fuera de las fronteras de América Latina.

    La pista de Carlos

    Entre los informes clave que intercambian los países miembros de la Operación Cóndor, hay uno que jugará un rol relevante en la historia que motiva este reportaje. El nombre del venezolano Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez aparece entre los documentos incautados en mayo en 1975 a dos dirigentes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) detenidos en Paraguay por la policía secreta de Alfredo Stroessner: el militante del MIR chileno Jorge "Trosko" Fuentes y el argentino Amilcar Santucho, hermano del máximo líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

    El dato fue confirmado al periodista John Dinges por Robert Scherrer, el rostro del buró del FBI en América Latina en esos años. En su libro Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004), Scherrer sostiene "que la enorme cantidad de información extraída de Fuentes y Santucho había dado una pista importante que ayudó a rastrear a uno de los terroristas internacionales más célebres de la época: Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, agente venezolano con residencia en Europa".

    Dice Dinges en su libro: "Según Scherrer, la policía paraguaya encontró una referencia a un ‘Carlos' en la libreta de direcciones de Santucho, junto con una dirección o número de teléfono en París. Pensaron que se trataba de una pista que llevaría al paradero del hermano de Santucho, Roberto, cuyo nombre en código en el ERP era ‘Carlos', y le pasaron el dato al servicio de seguridad francés (DST). El 27 de junio de 1975, 40 días después de los arrestos en Paraguay, tres agentes de la DST y un informante golpearon a la puerta de un apartamento en París donde habitaba Ilich Ramírez, Carlos, que se hacía pasar por un estudiante que convivía con su novia. Carlos los hizo entrar, sacó su arma y disparó a los agentes logrando escapar después de asesinar a los agentes de la DST".

    La versión fue corroborada por los documentos encontrados en el Archivo de Paraguay después de la caída de Stroessner, en un documento del jefe de la policía secreta de ese país (DIPC), Pastor Coronel.

    Misión secreta

    El horror que sacudió al mundo el 21 de diciembre de 1975 fue recibido por Manuel Contreras como un verdadero regalo para sus planes de extender las fronteras de la Operación Cóndor. Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez, al frente de un comando de seis personas -militantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y del Grupo Baader-Meinhof- asaltan la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena, en una osadísima y exitosa acción, tomando 63 rehenes, entre ministros y delegados de los países allí reunidos, luego de matar a balazos a tres efectivos de seguridad.

    La operación, financiada por el líder libio Muammar Gaddafi, concebida y ejecutada por el FPLP bajo la dirección de "Carlos", fue un fuerte mensaje contra Irán, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, miembros de la OPEP que no sólo se mostraban pro occidentales, sino que además habían aumentado su producción de crudo amenazando con derrumbar los altos precios. Parecía una locura, pero tenía sentido: el FPLP precisamente se financiaba gracias al apoyo de varios de los integrantes de la OPEP.

    El comando encabezado por el venezolano fue liberando paulatinamente a sus rehenes, no sin antes emitir proclamas y obtener un avión para huir.

    Casi cuatro meses más tarde, Manuel Contreras desembarcaba en completo secreto en Teherán. Su misión: proponerle al Sha de Irán eliminar a Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez a cambio de una gruesa suma de dinero. Estaba en sus planes desde hacía meses. Desde el mismo momento en que surgió el nombre del venezolano como nexo entre grupos de izquierda de América Latina y europeos y también palestinos. Carlos era el trofeo que requería Contreras para consolidar la Operación Cóndor más allá de las fronteras de América Latina.

    Matar a Carlos era también un blanco de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que ya lo habían identificado como el enemigo principal entre los grupos extremistas. En su investigación sobre la Operación Cóndor, el periodista John Dinges encontró un informe secreto del Senado estadounidense ("Actividades de ciertos organismos de inteligencia extranjeros en los Estados Unidos") que confirma la prioridad de esa operación. Después de describir la Fase Tres de la Operación Cóndor, el mencionado informe señala: "Acto seguido, el Cóndor planeó una operación que tenía como objetivo asesinar a tres conocidos izquierdistas europeos, uno de los cuales era el famoso terrorista ‘Carlos'".

    Rumbo a Teherán, Contreras hizo escala en la entonces República Federal Alemana (RFA), a la cual llegó con un pasaporte falso. Fue allí donde se reunió con el germano Gerhard Mertins, el ex oficial de las SS nazis y traficante de armas.

    Mertins tenía un estrecho vínculo con el líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, lo que permitió que su encuentro con Contreras tenga uno de los escasos registros públicos. La periodista alemana Gaby Weber, en un reportaje publicado en el semanario uruguayo Brecha, en enero de 1988 (Nazis en Chile: la Colonia Dignidad y su sádico jefe), relata que la estrecha relación que ambos mantuvieron por años se habría consolidado cuando, luego de llegar a Alemania, Contreras siguió viaje "a los pocos días con su amigo Mertins a Irán, donde todavía gobernaba el Sha (Reza Pahlevi)". Weber no da la fecha y tampoco el motivo del viaje de ambos a Irán.

    Los acompañantes

    En Teherán, Pinochet tenía como embajador al general de Carabineros Arturo Yovane, quien pese a haber integrado en la primera hora el grupo de los uniformados comprometidos con el Golpe -de hecho él sumó al que sería jefe de Carabineros en la Junta Militar, el general César Mendoza-, muy luego se alineó con el ala disidente al régimen de Pinochet. Nombrado por la Junta Militar como el primer ministro de Minería de la dictadura, Yovane fue abruptamente despojado de su rango en 1974 y enviado a la embajada de Irán. En noviembre de 1974 inauguró la nueva sede diplomática en la capital persa.

    Lo que Yovane encontró en Irán fue un terror parecido al que imperaba en Chile. El régimen del Sha Reza Pahlevi vivía sus últimos años antes de ser derrocado por la Revolución Islámica del 11 de febrero de 1979, que pondría en el poder al Ayatollah Ruhollah Khomeini. Al momento de llegar Contreras y Mertins, el soberano aún gobernaba con mano de hierro un país en que el descontento y las protestas iban en aumento, tanto por su alejamiento de los códigos islámicos como por las ostentosas celebraciones del régimen, pese a la pobreza reinante. Los alzamientos pronto serían brutalmente acallados por la Savak, la policía política del Sha, lo que convirtió a su gobierno en un ícono de la represión.

    Hasta Teherán Contreras no llegó solo con Mertins. Además de su amigo germano, lo acompañaron tres hombres de su máxima confianza: los tenientes coroneles Sergio Arredondo González, Vianel Valdivieso y el mayor Alejandro Burgos de Beer.

    El más importante es Sergio Arredondo, uno de los primeros instigadores del golpe militar en las filas del Ejército desde la Academia de Guerra y con contactos privilegiados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El oficial de Caballería supo siempre mantener cuotas de poder pero sin ocupar el rol protagónico: su placer era digitar las piezas desde el fondo del escenario. El inicio de la dictadura lleva su huella. El mismo 11 de septiembre de 1973 fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark, a cargo de las operaciones en Santiago, y luego fue su mano derecha en la fatídica Caravana de la Muerte.

    Cuando más tarde su compadre y amigo Manuel Contreras se convierte en el segundo hombre más poderoso de Chile, Arredondo lo sigue en las sombras. Lo conocía bien. Su amistad se había afianzado en los tiempos en que ambos eran cadetes en la Escuela Militar y Contreras debía luchar contra su timidez y torpeza frente a las mujeres. Esa complicidad resultó decisiva para Contreras, ya que es el propio Arredondo quien lo lleva ante Pinochet días después del Golpe para que le presente su plan de la DINA, idea que acoge con beneplácito el último hombre que se sumó a la conjura. Pinochet requiere de ayuda para imponer su autoridad entre golpistas de sólidos y clandestinos lazos. Contreras le proporcionará la principal herramienta que le faltaba para erguirse como el nuevo dueño del poder.

    El segundo acompañante chileno de Contreras fue el entonces mayor Vianel Valdivieso. Se ganó la confianza absoluta de Contreras al formar un escuadrón de mujeres que, bajo distintas funciones, la que incluía la de secretaria y también "dama de compañía", le informaban de todos los pormenores y comentarios que circulaban por las oficinas oficiales y los cuarteles secretos de la DINA. Fue una de las fuentes que le permitió a Contreras ayudar a Pinochet a exclamar desafiante "en Chile no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa".

    El mayor Alejandro Burgos de Beer completaba la nómina de los oficiales que acompañó a Contreras a Teherán. Fue su ayudante directo en el alto mando de la DINA. Treinta años más tarde debería declarar ante un juez de cómo fue testigo de las reuniones diarias que cada mañana tenía su jefe con Pinochet. Era en esas reuniones que se decidía sobre la vida o muerte de muchos y también de quién seguía siendo parte de los elegidos del régimen.

    Huellas en Teherán

    Aparte de los chilenos y del alemán, la nómina que acompañaba a Contreras la completaba, según testigos, un general del Ejército brasileño que hasta hoy no ha podido ser identificado. Aunque sí hay pistas que permitirían individualizarlo, porque casi todos los que llegaron a la entonces nueva embajada chilena en Teherán dejaron dos tipos de huellas: las fotos que acompañan este artículo, y los saludos y firmas que estamparon en el libro de visitas de la sede diplomática.

    De este último registro se conserva una copia hasta hoy. Contreras, por ejemplo, firmó el 15 de abril de 1976. "Con profundo agradecimiento por todas las gentilezas recibidas en vuestro hogar. Les deseamos toda clase de éxitos y que continúen por la misma senda actual. Manuel Contreras S. Coronel Director de Inteligencia Nacional".

    A continuación, y con la misma fecha -pero no con la misma legibilidad-, se lee una dedicatoria escrita en alemán que alude a los lazos chileno-germanos, y que correspondería a la de Mertins. Luego firma un muy agradecido teniente coronel Rolando Gálvez. En el alto mando de la DINA no existieron oficiales con ese nombre, aunque sí un abogado. ¿Quién es Gálvez? La clave la dio el propio Manuel Contreras en la declaración que prestó el 14 de mayo de 1992 ante el ministro Adolfo Bañados. Ese día, cuando Contreras debió asumir que efectivamente había formado empresas de la DINA en Panamá, dijo también: "Rolando Galvez Baeza es el nombre ficticio de Vianel Valdivieso". Lo entregó sin titubear, dando la pista para identificar al hombre que estampó su saludo en Irán.

    En cuanto a Burgos de Beer, firmó su estadía -en la que le desea "prosperidad" a la familia Yovane- sin ningún secreto: "Mayor. DINA".

    Siempre con la misma fecha, hay otra dedicatoria: "Aún no siendo chileno de nascimiento (sic), tengo el corazón que marcha al mismo ritmo de Chile de hoy, o sea, amante de la democracia, libre e independiente". La firma, apenas legible, sugiere un apellido carioca que puede ser "Safreire" o "Safiera". Inmediatamente bajo ella se leen dos palabras, una de las cuales claramente es "Merex".

    Coincidencia o no, "Merex" es el nombre de la empresa que el alemán Gerhard Mertins usó como base para el tráfico de armas, negocio en el que se hizo ampliamente conocido y forjó contactos tan poderosos, que las pocas veces que la justicia de su país lo acorraló, salvó gracias a un as que tenía en la manga: los hechos por los que lo acusaban habrían sido cometidos por encargo del servicio de inteligencia federal alemán, el Bundesnachrichtendienst (BND).

    El dato no era ninguna casualidad. El BND contó en sus orígenes con la participación de otro ex nazi: el ex general de la Wehrmacht Reinhard Gehlen, viejo amigo de Mertins. Gehlen había comprado su libertad a Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial a cambio de sus archivos y conocimientos de espionaje contra los soviéticos, lo que lo llevó a ser el primer jefe del BND en plena Guerra Fría.

    Contreras revelaría ante la justicia, muchos años después, que su nexo con Mertins se tradujo en que el germano proveyó de armas a la dictadura y de hasta helicópteros a Carabineros.

    Cuánto vale "El Chacal"

    Las fotos captan una reunión social en la sede de la embajada de Chile en los días que el jefe de la DINA le ofreció al Sha Reza Pahlevi el ambicioso trato de "producir" la eliminación de uno de los principales enemigos del soberano: el terrorista más buscado por esos días por los servicios de inteligencia de todo el mundo, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como "Carlos, El Chacal".

    La operación requería a cambio una cifra alta de dólares y fue relatada por el propio Contreras al general Yovane. Tal vez, previendo que el embajador, muy bien conectado con los círculos del Sha, lo sabría de todas formas. No se tiene testimonio de lo que ocurrió con la misión de Contreras. Lo que sí se sabe es que poco más de tres años después el Sha se vería obligado a dejar el poder, exiliarse y finalmente murió lejos de Irán en 1980. Carlos aún vive, pero preso a perpetuidad en el penal francés de Clairvaux.

    Contreras no obtuvo del Sha los fondos que requería para seguir con las operaciones internacionales de Cóndor y de la DINA. Pero tenía otras fuentes. Además de las asignaciones directas del régimen militar, la DINA construyó un verdadero holding de empresas, cuya historia se detallará en la segunda parte de esta serie.

    LA CONEXIÓN FRANCESA DE CONDOR

    La periodista francesa Marie Monique Robin, en una increíble y reveladora investigación sobre la Operación Cóndor (el documental Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa, que difundió en septiembre de 2003 el Canal Plus de Francia y canales de TV en una docena de países), aporta otro antecedente sobre por qué los servicios de seguridad de Francia estaban al tanto de los pasos de Cóndor.

    En entrevista con el general francés Paul Aussaresses, cuyo libro Services Speciaux Algérie 1955/57, sacudió a Francia en 2001 al describir con detalle -y por primera vez- las brutales torturas y ejecuciones clandestinas cometidas por militares franceses para sofocar la batalla por la independencia de los argelinos, le confesó que después de la derrota de Argel, pasó por la Escuela de Las Américas en Estados Unidos y luego, y en forma absolutamente secreta, llegó a Brasil a un cargo de agregado a la embajada de Francia en ese país. Allí instaló una escuela de inteligencia y adiestramiento en métodos de tortura y manejo de prisioneros a la que asistieron integrantes de los servicios de las dictaduras coordinadas en la red Cóndor.

    Manuel Contreras y agentes de la DINA también estuvieron allí, como se lo afirmó a la propia Marie Monique Robin.

    Aussereces no cortó jamás su lazo con el servicio de seguridad francés (DST). Más aún cuando la información que llegó hasta Cóndor fue que Carlos había establecido en París un lazo estrecho con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

    Un mes después del informe sobre el nexo del terrorista Carlos con el FPLP y la JCR latina, Manuel Contreras fue recibido en Washington por el jefe de la CIA, Vernon Walters. En su investigación, el periodista John Dinges relata los pormenores de esa cita, la que se hizo a petición del propio Pinochet el 25 de agosto de 1975.

    Consultado por Dinges sobre el motivo de esa reunión con Walters, Contreras le dijo que estaba llevando "información" a Washington para respaldar su mensaje de que "nosotros estábamos en una guerra subversiva contra el terrorismo..." Y agregó: "Me reuní con Vernon Walters. Él se reunió con Kissinger sobre la información que yo llevaba y sobre el tipo de apoyo que necesitábamos para evitar este problema".

    Lo cierto es que Contreras no viaja directamente a Santiago. De Washington se va a Caracas, ciudad a la que llega el 27 de agosto. En la capital venezolana se entrevista con Rafael Rivas, jefe del aparato de inteligencia venezolano (DISIP) y Orlando García, otro alto mando del mismo organismo. "Al día siguiente tuvimos una reunión que dedicamos enteramente a discutir la posibilidad de un intercambio de servicios", testificó luego Rivas. El jefe de la DISIP afirmó también que Contreras se jactaba de tener un gran poder y grandes recursos a su disposición y que "estaba construyendo este plan magnificente para tener un servicio enorme y poderoso que le brindara información de todo el mundo".

    García, en entrevista con Dinges, afirmó que Contreras les presentó un plan para una organización que permitiría los países participantes rastrear a sus enemigos de izquierda en cada uno de los demás países. "Vino a pedir colaboración, que uniéramos nuestros servicios en colaboración con la DINA". García señaló que Contreras les dio un conjunto de códigos y claves para las comunicaciones por telex y "habló de computadoras, lo cual nos llamó mucho la atención porque nosotros usábamos kárdex y tarjetas". Y recordó que Contreras, junto con invitarlos con todos los gastos pagados a una reunión en Santiago para planificar el nuevo sistema, dijo: "Tenemos que eliminar a los enemigos".

    GALERIA DE PERSONAJES

    Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez

    Considerado el más célebre terrorista internacional, Ilich Ramírez Sánchez (Venezuela, 1949) es conocido por su alias de "Carlos, el Chacal". Tuvo formación militar y de inteligencia en Cuba, Medio Oriente y la ex Unión Soviética, y ya desde los '60 se vinculó a diversas agrupaciones subversivas del mundo. En diciembre de 1975, operando para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) junto a un comando multinacional, encabezó el asalto a las oficinas en Viena de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

    Con el correr de los días, el grupo liderado por el venezolano fue liberando paulatinamente a 63 rehenes, no sin antes emitir proclamas y obtener un avión para huir. Luego de Viena, el grupo fue y volvió entre Argel (Argelia) y Trípoli (Libia), cambiaron de avión y finalmente pararon en Bagdad, donde los asaltantes se refugiaron. Ninguno de los rehenes fue ejecutado, pero durante todo el secuestro se les hizo saber que los planes originales de "Carlos" eran eliminar al jeque Ahmad Kaki Al-Yamani, de Arabia Saudita, y al entonces ministro de lnterior iraní, Jamshid Amuzegar, el que sólo se salvó por petición expresa de Argel.

    Cuando "Carlos" hizo pública su versión de los hechos -ya en prisión, el 2005- contó que Amuzegar estaba "aterrorizado por su pasado criminal como director de la Savak", la policía secreta del Sha. Aunque Amuzegar sobrevivió, la acción comandada por el venezolano golpeó el orgullo y las arcas del rey iraní.

    Como sea, la operación contra la OPEP le valió a fama mundial y terminó por convertirlo en el enemigo público número del terrorismo sin fronteras. Refugiado en Sudán desde 1993, un año después el gobierno de ese país decidió negociar la entrega de "Carlos" a Francia, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua.

    Jamshid Amuzegar

    El ministro favorito del Sha Reza Palevi. Fue ministro del Trabajo, de Salud, de Finanzas y del Interior en diferentes gabinetes, desde 1955 a 1974, y entre 1977-1978 fue Primer Ministro, poco antes de que empezara la Revolución de los Ayatolás. Nació en 1923 y fue uno de los primeros aristócratas iraníes que recibieron educación en Estados Unidos (hizo un doctorado en la Universidad de Cornell), cambiando el paradigma de los iraníes de su época, que solían preferir París o Londres. Líder de la facción más progresista del Partido Rastakhiz, uno de los más fuertes en el gobierno del Sha, era considerado muy cercano al ex presidente Jimmy Carter y un gran aliado de EE. UU., país en el que terminó viviendo.

    Gerhard Mertins

    Nacido en Alemania en 1919, fue miembro de las SS de Hitler y uno de los ex oficiales del Tercer Reich que sorteó sin mayores inconvenientes la derrota del nazismo. De acuerdo con el libro Private Warriors (Verso Books, 2000), del periodista Ken Silverstein, en los '50 Mertins lideró agrupaciones neonazis y a comienzos de la década siguiente, en Suiza, se inició en el negocio del tráfico de armas con su empresa Merex. Uno de sus cercanos fue Reinhard Gehlen, ex oficial de la Gestapo y primer director del servicio de inteligencia federal alemán, el Bundesnachrichtendienst (BND), del cual Mertins también formó parte.

    Sus vínculos con Chile fueron estrechos. Fundador en Alemania del Círculo de Amigos de Colonia Dignidad, Mertins hizo amistad y probablemente también negocios con Paul Schäfer, con quien se relacionó por intermedio de Hermann Schmidt Georgi, el segundo hombre de la Colonia. Mertins y Schmidt habían coincidido en la fuerza área alemana bajo el nazismo. El traficante de armas visitó varias veces el reducto de Colonia Dignidad y habría sido quien propuso bautizarla como Villa Baviera. Además, en México, Mertins tenía un mina de oro llamada "Parral", cuyos sistemas de comunicación y vigilancia fueron instalados por los incondicionales a Schäfer. El traficante de armas también se relacionó con Manuel Contreras, quien, en una declaración judicial, aseguró que su compañero del viaje de 1976 a Irán también vendió armas y helicópteros al régimen de Pinochet.

    Pese a las múltiples acusaciones que pesaron en su contra -entre la que se contó su aparente responsabilidad en el asesinato del periodista mexicano Manuel Buendía, quien denunció los negocios del alemán en ese país- Gerhard Mertins murió en 1993 sin que resultara condenado por ningún delito.

    Sergio Arredondo

    Brazo derecho del general Sergio Arellano Stark y uno de los principales operadores del golpe de Estado, para septiembre de 1973 era director de la Academia de Guerra del Ejército. Y precisamente en esas instalaciones, Manuel Contreras tendría el primer cuartel secreto de la DINA. Entre los primeros agentes operativos de ésta figuraban nombres que después se harían tristemente famosos, como Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Fernández Larios y un grupo de oficiales reclutados por Arredondo para fungir de fusileros en la Caravana de la Muerte. Retirado del Ejército en calidad de coronel, hoy está procesado en ese juicio.

    Descrito por los informes de inteligencia estadounidense de la época como "uno de los anticomunistas y antimarxistas duros" y amante del buen whisky, Arredondo tiene hoy otro juicio por asesinatos que demoraron mucho tiempo en aclararse: los crímenes de nueve prisioneros políticos en Quillota, en enero de 1974, cuando éstos eran trasladados a la Escuela de Caballería, de la que era el comandante. La masacre -ejecutada con fusiles y granadas- fue disfrazada durante años como un asalto a una patrulla uniformada. Recién el año pasado, Arredondo fue condenado a seis años de prisión. Las condenas se encuentran en manos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

     Enviar por Correo | Imprimir

     

    07/08/2009 22:16. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    El nexo entre las coimas por los Leopard y las platas negras de Pinochet

    20090805201807-oscar-aitken.jpg

    05 de Agosto de 2009

    Informe de Investigaciones detalla operaciones de Óscar Aitken

    El Mostrador

     El albacea del ex dictador reapareció mencionado este lunes en el procesamiento dictado por el ministro Manuel Valderrama en contra del general (r) y ex director de Famae, Luis Iraçabal Lobos, y del brigadier (r) Gustavo Latorre, ambos por haber recibido "comisiones" por un total de US$ 600 mil. En un contundente informe, que publica íntegramente El Mostrador, la policía civil detalla los movimientos financieros tras lo que está la huella de de este personaje clave para entender los ilícitos financieros que hoy comprometen el sistema de compra de armas durante la transición.

    Por Jorge Molina Sanhueza

    Fue un abogado reputado. De aquellos que trabajan "en la más estricta reserva". Poco se le veía en los tribunales, pero la familia Pinochet lo conocía muy bien, tanto así que les creó más de una docena de empresas en paraísos fiscales y cuentas en bancos de Estados Unidos, Europa y chilenos con sedes en el exterior para esconder su fortuna ilícita. Ése es Oscar Aitken, el albacea del ex dictador, hombre que aparece como el autor intelectual tras el pago y ocultamiento de coimas por la compra de los tanques Leopard en 1998, y cuyo nombre reapareció este lunes en el procesamiento dictado por el ministro Manuel Valderrama, en una de las aristas del caso Riggs.

    En esta fueron encausados el general (r) y ex director de Famae, Luis Iraçabal Lobos y el brigadier (r) Gustavo Latorre, ambos por haber recibido "comisiones" por un total de US$ 600 mil.

     Buena parte de los detalles de dichas operaciones, así como un perfil más acabado del modus operandi de Aitken, y de sus nexos con en el mundo militar y la derecha política, se encuentran en el informe completo de más de 400 páginas sobre todos los manejos con las platas de Pinochet y la compra del ya mencionado material de guerra, preparado por la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac). En este también están acreditados los manejos que realizaron otros ex uniformados para favorecer a Pinochet, detrás de los cuales aparece la mano de Aitken.

    La trayectoria de Aitken en este proceso, sustanciado en primera fase por el ministro Sergio Muñoz -hoy integrante de la Corte Suprema- y posteriormente por Carlos Cerda, tuvo algunos problemas en el camino. El abogado quiso contar su participación en las operaciones en 2004, pero el secreto profesional con Pinochet se lo impedía, y así se lo hizo ver a Muñoz. Pero luego le preguntó al ex dictador si lo liberaba del mismo. Hecho esto, confesó. De allí la madeja comenzó a desenredarse y aparecieron las sociedades en los paraísos fiscales.

    La primera de ellas -Bellview- fue creada en 1991 por Aitken junto a Axel Buchheister, el principal vocero del Instituto Libertad y Desarrollo contra el proyecto de ley que busca levantar el secreto bancario al Servicio de Impuestos Internos.

    Lo que vino después fue la debacle de los Pinochet y el procesamiento de Aitken como partícipe de esta asociación para triangular dineros obtenidos por comisiones por la compra de armas y por la apropiación de gastos reservados de la Presidencia de la República para beneficio personal.

    Así se destapó la existencia de sociedades como Abanda, Cornwall Overseas, entre muchas otras que iban desde Israel a México. Y se estableció que el Banco de Chile con sede en Nueva York y en Miami, así como el Riggs y el desaparecido Atlántico, ayudaron al ex dictador a volver invisibles sus activos ilícitos. En todo participó Aitken.

    Pero Muñoz avanzó y profundizó en las maniobras del abogado. Tuvo la ayuda de la Brilac, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los datos que le proporcionó el informe del Senado de Estados Unidos revelado en 2004, que permitió el inicio de la causa, así como los que obtuvo gracias a los exhortos que envió al extranjero.

    Con todos esos antecedentes Muñoz indagó bajo la alfombra en distintos países, hasta que dio con la compra de los tanques Leopard, adquiridos por el Ejército en 1998 a la empresa Holandesa RDM Technology.

    En la arista mencionada, Aitken volvió a confesar. Asesoró a esa firma, recibiendo US$ 1 millón 600 mil, dineros que pasaron desde RDM Holding, dueña de la firma de armas, a la sociedad Cornwall Overseas, es decir a manos de Pinochet.

    Transcurrieron cerca de dos años hasta que el Ministerio Público logró obtener en Holanda todos los antecedentes referidos a la compra de los Leopard, los que le fueron entregados este año a Valderrama, el tercer ministro a cargo del caso y quien dictó los procesamientos el pasado lunes.

    La noticia no cayó nada bien en el Ejército ni en La Moneda. El magistrado, hasta ahora, no ha descartado dictar otros encausamientos, como tampoco citar a las autoridades civiles de la época, incluido actual ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien en 1998 ocupaba la cartera de Defensa, siendo su subsecretario el actual ministro del Tribunal Constitucional, Mario Fernández, ambos militantes DC.

    Lea el procesamiento dictado por el ministro Valderrama  (en formato PDF)

    Baje el informe de la Brilac (en formato PDF)

    Parte 1 - Parte 2 - Parte 3 - Parte 4 - Parte 5 - Parte 6 - Parte 7 - Parte 8 - Parte 9 - Parte 10 - Parte 11 - Parte 12 - Parte 13 - Parte 14 - Parte 15 - Parte 16 - Parte 17 - Parte 18 - Parte 19

     

    05/08/2009 16:18. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    El rol desconocido de la CIA

    20090727194018-asecinos.jpg

     La Nación Domingo 

    Los documentos, cuyos facsímiles reproduce El Siglo, reseñan una reunión del ministro consejero para asuntos latinoamericanos de la embajada estadounidense en Chile, George Jones, con el padre de Piñera y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera, para sacarlo del país.

    Foto: Diplomático.-El embajador de EEUU en Chile, James Theberge, se caracterizaba por un marcado anticomunismo y mantuvo buenas relaciones con Pinochet. Foto: UPI  Domingo 26 de julio de 2009   

     Documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, publicados este viernes por el periódico El Siglo, plantean un rol hasta hoy desconocido de la embajada de los EEUU en la fuga de la justicia que emprendió Sebastián Piñera en 1982.

    La serie de documentos, dada a conocer en forma exclusiva por el semanario, incluye uno que señala que el padre de Piñera era colaborador de esa agencia de espionaje desde 1965 y que su hermano José, ministro del Trabajo y de Minería de Pinochet, fue su colaborador directo y analista financiero.

    Los documentos, cuyos facsímiles reproduce El Siglo, reseñan una reunión del ministro consejero para asuntos latinoamericanos de la embajada estadounidense en Chile, George Jones, con el padre de Piñera y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera, para sacarlo del país.

    Otro documento señala que, a petición del entonces embajador estadounidense, James Theberge, la CIA se hizo cargo de una operación de "neutralización" que se tradujo en la salida protegida del país de Piñera, vía aérea por Buenos Aires, con destino a México, en donde permaneció bajo la protección de Fernando Quijano.

    El semanario sostiene que Quijano, de nacionalidad mexicana, aparece vinculado no sólo a organizaciones de ultraderecha, sino también a redes neofascistas, tales como la Junta Internacional de Comités Laborales, el Movimiento de Solidaridad Iberoamericana (MSIA) y la Unión Nacional Sinarquista.

    Los facsímiles publicados por El Siglo también incluyen información sobre gestiones que habría realizado Theberge ante la Corte de Apelaciones de Santiago y el presidente de la Corte Suprema de entonces, Rafael Retamales, para favorecer que se acogiera el recurso de amparo que presentó Sebastián Piñera para dejar sin efecto su orden de detención.

    El 8 de septiembre de 1982, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones había rechazado el recurso de amparo, por dos votos, de los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán, contra uno, del ministro Enrique Zurita.

    El voto de mayoría estableció que "el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal". Este fallo fue revertido posteriormente por la Corte Suprema.

    Los mismos documentos informan que la constitución de empresas de papel por parte del Grupo Calaf y los créditos fraudulentos obtenidas por ellas desde el Banco de Talca habrían correspondido a operaciones de lavado de activos, en las que estaban involucradas, además, otras empresas.

    El mismo objetivo habrían tenido las operaciones fraudulentas de exportaciones de dichas empresas, relacionadas a empresas de papel constituidas en Panamá.

    Otro de los documentos muestra recopilación de antecedentes y un análisis sobre Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Santiago.

    El informe lleva el número WSA/Was/3215B, registra entrada de datos los años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita.

    A raíz de éstas y otras denuncias realizadas con anterioridad, el autor del reportaje, Francisco Herreros, fue amenazado de muerte el 24 de junio pasado por un "Comando Vengadores 11 de Septiembre". Denuncia que se investiga en los tribunales de justicia.

    El semanario El Siglo incluye una nota en que pone a disposición del público los documentos objeto del reportaje.

     

    27/07/2009 15:40. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Abandonó el domicilio... y ni siquiera se despidió de mí

    20090727193700-pinera.jpg

    El Mostrador

    27 de Julio de 2009

    Lo que declaró la esposa de Piñera cuando iban a detener a su marido en 1982:

    "Abandonó el domicilio... y ni siquiera se despidió de mí"

     La orden de aprehensión dictada por el entonces juez Luis Correa Bulo -que publica íntegramente El Mostrador- fue tramitada por la Brigada de Delitos Económicos y da cuenta de las diligencias realizadas para atrapar al actual candidato presidencial de la derecha, por su responsabilidad en la quiebra del Banco de Talca. Los detectives allanaron su casa y pusieron "puntos fijos a distintas horas y días" en las afueras de la oficina que ocupaba en la calle Moneda. "Pero esta persona no aparece en su lugar de trabajo", señala el documento. Lea la orden de captura contra Sebastián Piñera

    Por Jorge Molina Sanhueza

    La ex ministra de Justicia Mónica Madariaga encendió la polémica la semana pasada. Aseguró que intervino ante el Poder Judicial, para evitar que el "Tatán" fuera procesado por el entonces juez Luis Correa Bulo, en el marco de la quiebra del Banco de Talca en 1982. El abanderado incluso, dijo la abogada, "me dio las gracias en un avión".

    Piñera lo negó tajantemente. También su hermano José, el cerebro detrás de la creación de las AFPs y ex ministro del Trabajo del régimen militar.

    Pero más allá de los dimes y diretes políticos, enmarcados en la campaña presidencial, existe la prueba documental. Se trata del registro que llevaban los procesos del antiguo sistema y que se encuentra actualmente en el Archivo Judicial. Se trata de la orden de detención decretada por Correa Bulo y que no pudo ser cumplida por la policía, debido a que Piñera desapareció, se declaró en rebeldía y no se presentó a los tribunales.

    Paralelamente a estas diligencias, sus abogados presentaban un recurso de amparo, el cual llegó a la Suprema. Con éste se evitó que fuera encausado por las infracciones a la Ley de Bancos.

    Puntos fijos

    En el documento, que publica íntegramente El Mostrador, se revelan los detalles de la diligencia realizada por los detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), quienes pese a sus intentos, no pudieron echarle el guante a Piñera para que enfrentara a Correa Bulo. Dónde se escondió por esos días, sigue siendo un misterio.

    En la orden de cinco páginas, consta el testimonio de María Cecilia Morel, esposa del abanderado de la Alianza por Chile, quien respondió las preguntas de los perseguidores policiales sobre el paradero de su esposo. La mujer fue elocuente:

    "Efectivamente... mi esposo tomó conocimiento  de que se había decretado su aprehensión, por lo cual abandonó este domicilio con rumbo desconocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, porque ni siquiera se despidió de mí ni tampoco me dio explicaciones de su determinación", dijo Morel a los aprehensores.

    A continuación los policías preguntaron dónde se hallaba para cumplir con la orden del magistrado, pero Morel mantuvo sus dichos:

    "Ignoro en qué lugar se encuentra, pero sí tengo conocimiento de que conjuntamente con sus abogados, trata de solucionar su problema judicial", explicó.

    Para confirmar si Morel decía la verdad, los detectives allanaron la casa de Piñera. Lo propio hicieron con su oficina, que por aquellos años se ubicaba en calle Moneda, en pleno centro capitalino. No tuvieron suerte.

    "Se realizaron diligencias... en el lugar donde  laboraba el requerido Piñera Echeñique, estableciendo mediante puntos fijos en diferentes días  y horas, pero esta persona no aparece en su lugar de trabajo desde la aparición en la prensa capitalina la noticia de la declaratoria de reo de su persona", concluyeron los policías.

    Cómo, dónde y por qué

    Las palabras de Mónica Madariaga fueron apoyadas por el candidato concertacionista Eduardo Frei, quien increpó a su adversario  y manifestó que el país merecía una explicación sobre esta "gestión" que permitió liberarlo del brazo de la ley, poniendo en duda su honestidad.

    Pero quien manejaba la información real era el ex ministro Luis Correa Bulo, quien fue destituido del Poder Judicial en 2001. Este último, durante la semana pasada, no quiso hablar con ningún medio, pero su hijo Luis Correa Bluas, aprovechó la oportunidad para confirmar que todo era cierto.

    Sin embargo, el silencio del ex magistrado duró poco, ya que este domingo, en entrevista con La Nación, confirmó que el gobierno militar, a través de Madariaga, hizo las gestiones.

    "Yo tenía muy buenas relaciones con doña Mónica...  A mí no me pareció nada raro esto, de que intercediera por el señor Piñera. Me manifestó que no lo hacía tanto por ella, sino por el hermano (José Piñera, ex ministro del Trabajo y Minería de la dictadura) y porque estaban preocupados por la forma en cómo se estaba llevando el proceso", señaló Correa Bulo.

    La derecha no guardó silencio. La senadora Evelyn Matthei señaló: "Yo le pido a Frei que deje esta cochinada".

    Piñera también salió a hablar: "Yo me pregunto qué le pasa a Frei, por qué le ha cambiado hasta la cara, por qué tanta agresividad, tanta odiosidad, tanta descalificación".

    Además:

    Lea la orden de captura contra Sebastián Piñera

     

    27/07/2009 15:37. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Mónica actuó a petición del gobierno militar

    20090727192429-academico.jpg

    La Nación  Domingo 26 de julio de 2009   

     Por Luis Narváez y Javier Rebolledo/investigacion@lanacion.cl 

    Luis Correa Bulo confirma presiones de la dictadura para salvar a Piñera

     "Mónica actuó a petición del gobierno militar"

    Foto: Académico.- Desde que dejó la judicatura, Correa Bulo se desempeña como profesor en la Universidad Diego Portales.

    En entrevista exclusiva con LND, Correa Bulo no sólo ratifica con más detalles la llamada de la sobrina de Pinochet a favor de Sebastián Piñera, sino que también dice haber sido presionado por senadores de la UDI para favorecer al mismísimo dictador.

     Una docena de periodistas se agolparon el viernes frente a la casa del ex ministro Luis Correa Bulo (75), en Ñuñoa, para intentar obtener una confirmación o un desmentido.

    La ex ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga había reconocido días antes que presionó indebidamente al magistrado, en 1982, para intentar frenar el proceso en contra de Sebastián Piñera.

    Por esos tiempos, el candidato presidencial de la Alianza, huía de la justicia, acorralado por el juez que lo había sometido a proceso y dictado una orden de captura en su contra por infracción a la Ley General de Bancos, en la quiebra del Banco de Talca.

    El tiempo pareciera estarle dando la razón a este viejo juez que fue pieza fundamental a finales de la década de 1990 -como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema- para reabrir todas las investigaciones por violaciones de los derechos humanos.

    No por nada, Correa Bulo debió enfrentar una acusación constitucional, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, y cargos por irregularidades en la Corte Suprema que fueron levantados en una instancia -la Comisión de Ética- que lo llevaron a ser expulsado mediante un procedimiento que hoy está siendo analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Fuera del Poder Judicial, Luis Correa Bulo ha vivido años de mucho trabajo, pese a su edad: es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Central, juez árbitro y da charlas de vez en cuando sobre Derecho Internacional Humanitario.

    FOTO_04 W:200 H:150 11 kbEn entrevista exclusiva con LND, Correa Bulo no sólo ratifica con más detalles la llamada de la sobrina de Pinochet a favor de Sebastián Piñera, sino que también dice haber sido presionado por senadores de la UDI para favorecer al mismísimo dictador.

    "Mire, he decidido hablar porque es de público conocimiento la información que ha salido en todos los medios de la ex ministra de Justicia, doña Mónica Madariaga. Ella manifestó haber intervenido a favor del señor Sebastián Piñera, ante este juez", se excusa de entrada el ex integrante de la Corte de Apelaciones, Luis Correa Bulo.

    -¿Y eso es efectivo?

    -Sí, desde luego, se trata de una ministra de Justicia que no tiene algún ánimo de mentir o faltar a la verdad.

    -¿Qué tipo de presión ejerció?

    -Yo tenía muy buenas relaciones con doña Mónica. Nos encontrábamos en inauguraciones o incluso en tiempos que trabajaba en La Serena. A mí no me pareció nada raro esto, que intercediera por el señor Piñera. Me manifestó que no lo hacía tanto por ella, sino por el hermano (José Piñera, ministro del Trabajo y Minería de la dictadura) y porque estaban preocupados por la forma en cómo se estaba llevando el proceso.

    -¿Qué le pide concretamente?

    -No recuerdo las palabras textuales. Pero entendí que el sentido de lo que pedía era que no se le molestara.

    -¿Usted cree que le estaban enviando un mensaje que venía de un ámbito mayor a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga?

    -Porque conozco a Mónica y la forma en que lo expresó, ella no lo hacía a título personal sino que a nombre del gobierno. Por lo menos así lo entendí yo.

    -¿Ella habla sólo por Piñera, o por algún otro procesado?

    -No, sólo por Sebastián Piñera. Manifestó que había una preocupación enorme.

    -¿Y cuál fue su respuesta?

    -El sentido de mi respuesta fue que como toda persona en Chile, perfectamente podía hacer uso de sus derechos y que yo le aconsejaba que lo mejor era que se presentara voluntariamente, ya que existía orden de aprehensión. Le expliqué que yo tomaría en cuenta tanto los antecedentes procesales, como los antecedentes personales para resolver sobre su libertad, que era perfectamente factible que pudiera pedirla. También le expliqué que la libertad no dependía de mí, sino que dependía de la Corte de Apelaciones que era mi superior jerárquico.

    -Aunque usted le diera la libertad, por el tipo de delito ¿debía ir en consulta?

    -Exacto. Porque honradamente un auto de procesamiento no se baja por un recurso de amparo.

    -¿Cómo tomó usted el hecho de que la ministra de Justicia acudiera a usted directamente, en nombre de la dictadura, y a favor de un procesado como Sebastián Piñera?

    -Mire, tuve una sensación extraña. No me pareció raro, ya que durante mi carrera recibí varias presiones de este tipo.

    -¿Qué impresión le causó que Piñera y otros ejecutivos se dieran a la fuga?

    -En mi fuero interno, quedé con una sensación de impotencia. Porque veía que de alguna forma se estaba cercenando la independencia de los magistrados.

    -Ellos recurrieron de amparo, una estrategia que hoy no se estila

    -Sí, fue rechazado por la Corte de Apelaciones y acogido por la Corte Suprema. Creo que el hecho de que hayan recurrido de amparo fue una forma improcedente de impugnar mi trabajo.

    -¿Por qué improcedente?

    -Porque la resolución por la cual se encargaba reo al señor Piñera equivale a la formalización del nuevo sistema procesal penal. La forma que debieron ocupar es el recurso de apelación. El auto de procesamiento no implica una condena, sino que, al contrario, se le manifiesta a una persona que existen antecedentes graves y precisos en contra de ella y que tiene la facultad para defenderse dentro del juicio. Si la persona se considera inocente, de esta forma ocupa todos los argumentos que tenga a la mano para convencer al magistrado de que estaba equivocado. Pero al recurrir de amparo, impide toda posibilidad de seguir investigándolo.

    -¿Por qué?

    -Porque el recurso de amparo viene a impugnar la legalidad con la cual se dicta la orden de detención del señor Piñera, y no los argumentos por los cuales se lo estaba encargando reo.

    -¿Qué impresión le causó que la Corte Suprema, al acoger el recurso de amparo, señalara que no había suficientes antecedentes?

    -Uno no puede rebelarse en contra de los superiores jerárquicos.

    -¿Qué pasa desde ese momento con la investigación?

    -Me centré en personas con menor responsabilidad. Hoy día, efectivamente, la Corte Suprema no acoge recursos de amparo para impugnar este tipo de procesamientos.

    -Durante su carrera, ¿recibió más presiones?

    -La que fue notoria, se dio cuando dos senadores de la UDI fueron a la Corte Suprema, cuando yo era ministro, para interceder por el señor Augusto Pinochet.

    -¿Hubo testigos de ese encuentro?

    -Fue en horas de atención al público.

    -¿Cuál fue el argumento de ellos para solicitarle esto?

    -El que tienen todos lo que acuden de esta forma: su preocupación.

    -¿Le pidieron algo en concreto?

    -Por supuesto, que no molestara más al general Pinochet.

    -¿Fue a modo de amenaza?

    -Tómelo como quiera.

    -¿Cuál fue su respuesta?

    -Que era absolutamente improcedente.

    -Parece que este tipo de presiones que recibió fueron una constante en su carrera.

    -Para bien o para mal mío, no solamente sucedió en estos casos. Porque yo asumí la abogacía siendo muy joven, a los 25 años de edad. Cuando llegué a la Corte fui dirigente gremial, vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Para mí es muy lindo administrar justicia como se debe administrar y cuando llegué a la Corte Suprema fue con todos estos ideales.

    -¿Le tocó ver casos polémicos en su carrera?

    -Sí, por ejemplo, durante la dictadura me tocó ver el caso de Gastón Vidaurrázaga del MIR, que había sido detenido ilegalmente. Me tocó revisar el amparo cuando era presidente de sala en la Corte de Apelaciones de Santiago y me apersoné en el centro clandestino donde estaba detenido, y así salió libre y ese centro dejó de ser clandestino.

    -Dentro de su carrera, cuando llega la democracia usted era el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.

    -Cuando llegué ahí, se comenzaron a abrir todos los juicios de detenidos desaparecidos que se encontraba archivados.

    -¿Cuál fue su papel en eso?

    -Lo primero fue acoger la teoría del secuestro calificado y después iniciar una amplia investigación respecto de cada caso. Eso permitió reabrir las causas. Fui el primero también en decir que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles e inamnistiables. Luego se comenzó a aplicar.

     

     

    27/07/2009 15:24. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Narco S.A.

    20090726191949-portada-narcosa.jpg

    Enviado por ALERTA CIPER  contacto@ciperchile.cl el Viernes, 24 de julio de 2009, 04:13 pm

    Por Ana Arana, especial para CIPER | 24 de Julio de 2009

    El poderío narco en México alcanza los US.000 millones al año, cifra que supera las divisas que deja el turismo en ese país. Este verdadero imperio emplea a medio millón de personas -25% más de las que trabajan para Mc Donald's en todo el mundo-. y tiene en el bolsillo a casi el 80% de los policías municipales aztecas. Estas impactantes cifras surgen de la exhaustiva investigación realizada por la periodista Ana Arana que acaba de publicar la revista Expansión de México.

    La imagen más común del narco suele contener los elementos típicos de la nota roja: violencia, armas, corrupción y, por supuesto, drogas. Hay otro aspecto igual de importante y que explica su alcance y la dificultad de extirparlo: su fortaleza económica. Esta actividad ilícita genera en México 19,000 millones de dólares (mdd), según cálculos de Expansión con datos de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esta cifra se asemeja a la de los envíos de remesas y es mayor a las divisas que atrae el turismo.

    El narcotráfico ocupa en México a medio millón de personas entre las que cuenta a gatilleros, cosechadores de marihuana, ‘cocineros' (quienes producen las anfetaminas) y transportistas, entre muchos otros; esto es, 25% más personas de las que emplea McDonald's en todo el mundo. Y eso sin contar a policías, arquitectos, contadores o financieros que trabajan indirectamente para los delincuentes. En 60% de los municipios del país, hay gente empleada por el crimen organizado, según calcula el senador panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez.

    Ése es el negocio y tal es su mano de obra. Su principal "ventaja competitiva", tal como sucede con las actividades formales, es su proximidad geográfica con el principal consumidor de drogas: Estados Unidos. Si 80% de las exportaciones del sector formal cruzan la frontera norte, lo mismo sucede con 90% de la cocaína que llega a México, lo que equivale a unas 260 toneladas anuales. Aquí se produce la mitad de las anfetaminas que se consumen en EU, y unas 16,000 toneladas de marihuana.

    Los grupos mexicanos obtienen más dinero que lo que ganaron en su momento los cárteles colombianos de Medellín y Cali, según investigadores colombianos. Cuando el famoso capo Pablo Escobar apareció entre los hombres más ricos del mundo en la revista Forbes, la publicación estimó su riqueza en 3,000 mdd. Escobar controlaba 90% del narcotráfico en el mundo por su hegemonía sobre los laboratorios de cocaína y compartía ganancias con el cártel de Cali.

    Por primera vez, este año Forbes incluyó a un narco mexicano en su lista de los más ricos: Joaquín ‘El Chapo' Guzmán. Al jefe del cártel de Sinaloa le adjudicó una fortuna de 1,000 mdd. Guzmán es uno de tres líderes de dicho cártel, el cual controla 50% del mercado de las drogas mexicanas, según fuentes estadounidenses. Pero otros estiman que algunos de sus colegas, como Ignacio Coronel e Ismael ‘El Mayo' Zambada, podrían ganar tanto o más que Guzmán.

    ¿Cómo es el negocio de la droga? Sus estrategias de competencia, su sistema de proveeduría, la innovación, el financiamiento y la operación, es decir, su plan de negocio, es difícil de conocer hasta para las autoridades. Buena parte de lo que hoy se sabe es gracias a la contabilidad forense con la cual reconstruyen el negocio cuando éste ya fue desarmado por la misma organización que lo creó para evitar la huella que pueda delatarlos. Para un ciudadano, el negocio es aún menos evidente, aunque todos los días convivan con ellos.

    El año pasado, por ejemplo, los habitantes de una colonia de Zapopan, Jalisco, se vieron invadidos por decenas de camionetas tipo Van. Los vecinos estaban muy molestos por el tráfico que generaron más de 500 viajes motorizados a esa zona; pero les enfadaba más el ardor que sentían en la nariz originado por el olor que emanaba el edificio de dos plantas donde las camionetas descargaron distintos objetos.

    Luego de una denuncia ciudadana, los bomberos descubrieron que en el lugar había 6,000 tambos de solventes y químicos usados en la producción de pinturas y perfumería. Según oficiales del Ejército y de la Drug Enforcement Administration (DEA), al combinar dichas sustancias se obtiene una alternativa a la efedrina, que sirve para producir anfetaminas. Este caso muestra su innovación y capacidad de reacción. Un mes antes de este hallazgo, México prohibió la importación de efedrina como un paso más en su lucha contra el narco. Hay otros ejemplos de innovación como la marihuana mexicana ‘sin semilla', muy resistente a los herbicidas que el gobierno usa en sus operaciones de erradicación de plantíos.

    Pero el precio que paga el país por esta actividad es muy alto. Según Francisco Thoumi, un académico colombiano que ha estudiado este fenómeno, la economía ilegal es una expresión de capitalismo crudo y primitivo, que contradice el espíritu de cambio. "Esta industria debilita la legitimación de los derechos de la propiedad, desinfla el crecimiento de la economía formal, dificulta la obtención de impuestos, demanda más gasto público y legitima la violencia como la mejor arma predatoria de negocios", escribió en su libro Economía política y las drogas ilegales en Colombia.

    Los costos ocultos

    La diferencia principal entre el narco y un negocio legal son sus inmensos costos sociales, económicos e individuales -con más de 10,000 asesinatos tan sólo en este sexenio.

    El crimen organizado tiene un severo costo dentro de la productividad de la economía y en la capacidad del país para atraer y retener inversiones, según Juan Pardinas, consultor del Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO), aunque "el impacto no se puede medir con variables cuantificables para saber de manera rigurosa cuántas inversiones extranjeras no fueron efectuadas por la inseguridad", explica.

    Hay aproximaciones posibles. El Foro Económico Mundial utiliza indicadores de crimen organizado para elaborar su informe de competitividad, una referencia para los planes de inversión de las compañías multinacionales.

    México ocupa los lugares 124, 125 y 127 entre 134 países en "aspectos institucionales y costos para los negocios del crimen y la violencia", "crimen organizado" y "confiabilidad en los cuerpos policiales". En el indicador final, México queda situado en el lugar 60. El peso del crimen a la hora de tomar decisiones estratégicas es cada día más evidente.

    A esto se añade su efecto sobre la corrupción en gobiernos y autoridades locales, el desplazamiento de otras actividades legales, su efecto sobre la libertad de prensa (como el asesinato del reportero de La Opinión Milenio, de Durango, Eliseo Barrón) o la conversión de los cárteles dedicados al narcotráfico en organizaciones criminales multisectoriales, que realizan lo mismo secuestros que extorsiones o asesinatos, lo que deteriora aún más la competitividad regional.

    Es notable la huida de empresarios y profesionales que se van de México para librarse de este entorno, como es el caso de Alejandro Junco, presidente del grupo periodístico Reforma, así como otros empresarios en todo el país.

    Algunas industrias, como la del turismo, han calculado cómo les impacta el negocio del crimen organizado. De acuerdo con Gastón Azcárraga, presidente de la cadena de hoteles de Grupo Posadas y de Mexicana, la crisis de seguridad disminuyó 10% el número de reservas en el sector.

    Jefe de jefes

    Existe un grupo de elite entre las corporaciones criminales de México. Sus nombres son un tributo al lugar donde nacieron, donde son poderosos o a su fundador.

    Entre los principales cárteles destacan el de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Leyva. El de Sinaloa, de Guzmán Loera, alias ‘El Chapo'. El del Golfo-Zetas, cuya cabeza es Miguel Ángel Treviño. El cártel de Tijuana, donde los operadores de los hermanos Arellano Félix ostentan el negocio de la cocaína y las anfetaminas. Y el de los hermanos Beltrán Leyva, con presencia en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit, entre otros.

    Al igual que la mayoría de las empresas en México, los organismos criminales también son familiares y heredan sus emporios a las generaciones que le siguen. Los líderes de estos cárteles son parientes de los primeros traficantes que cultivaron en México marihuana y opio en los años 50 para venderla en EU a los ex combatientes del Ejército de ese país que retornaban de la guerra de Corea.

    Así como en los 90 el Tratado de Libre Comercio (TLC) transformó una parte de la industria mexicana, una condición de mercado empujó en esa misma década a que los grupos delictivos cambiaran las directrices de su negocio.

    En pleno boom de la cocaína, la fuerte demanda de droga por parte de EU le permitió a los traficantes mexicanos negociar con los productores colombianos que parte de su pago fuera en especie. El pionero fue Amado Carrillo Fuentes, el ‘Señor de los Cielos'. Su negocio creció tanto que en poco tiempo ya realizaba dos envíos semanales de Colombia a México en aviones DC-10. México se volvió una escala obligada para al menos 90% de la cocaína que iba a EU.

    Otro cártel que cambió de giro fue el de los Amezcua Contreras. Originarios de Colima, los hermanos José de Jesús, Luis Ignacio y Adán se dedicaron primero al tráfico de personas de México a EU. Pero esta actividad, aunque lucrativa, era muy irregular pues no garantizaba una fuente continua de ingresos. La estabilidad financiera la encontraron en el tráfico de drogas. Empezaron con marihuana y, ocasionalmente, cocaína. Pero pronto se dieron cuenta que el negocio estaba en las anfetaminas. Según Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional de Colombia, los cárteles mexicanos incursionaron en las drogas sintéticas por su alta demanda y su bajo costo de producción. Producir un gramo de anfetamina cuesta 100 dólares en México, mientras su precio en el norte varía entre 180 y 300 dólares, según la DEA. La Casa Blanca calcula que en EU hay 2.4 millones de adictos a esa droga. Con violencia, los Amezcua entraron por San Diego al mercado estadounidense, que entonces controlaban pandillas como los Hell's Angels, en California.

    La producción de anfetaminas tiene ‘ventajas' sobre la de cocaína y marihuana: no depende de alianzas con productores o de grandes extensiones de tierra para sembrar la droga; se pueden producir en grandes laboratorios o en una vivienda cualquiera y con una inversión de 5,000 pesos; sólo se requieren los insumos necesarios, como la efedrina, una sustancia que sirve para hacer antigripales.

    Los Amezcua contrataron laboratorios que importaban efedrina y luego ‘exportaban' este producto por el mismo camino que usaban para enviar trabajadores ilegales a EU. En 2004, México importó 50% más efedrina de lo que necesitaba su industria antigripal. En 2005, el gobierno limitó la entrada de este producto a México. Para entonces, los Amezcua ya poseían fábricas del químico en Pakistán, tenían contratos de compra multimillonarios con productores en India, y habían desplazado a la mafia rusa del mercado estadounidense.

    Los Amezcua fueron encarcelados en 1998, pero el negocio continuó. En respuesta a los controles que el gobierno impuso en 2005 a la importación de efedrina, los cárteles contrataron laboratorios que obtenían permisos aduanales falsos. Hoy, según la DEA, los cárteles mexicanos son los más activos en este mercado. "Los cárteles que no estaban en este negocio entraron cuando vieron los millones de Zhen Li Ye Gon", dice un oficial de EU. Se refiere al empresario acusado en México de tráfico de drogas en 2007 y a quien le confiscaron 205 mdd en efectivo que encontraron en su domicilio. El desmantelamiento de este imperio eliminó del mercado a un gran importador de efedrina, y causó estragos en el cártel del Golfo, dueño del dinero y de las instalaciones incautadas al empresario chino.

    México prohibió en 2008 el uso de efedrina en medicamentos, y eliminó toda importación legal del insumo.

    Marihuana, cash para la tesorería

    La droga más difícil de manejar es la marihuana. Su producción involucra a secaderos y empaquetamiento, y al transportarla ocupa mucho espacio físico. Su margen de ganancia no es tan atractivo como el de la cocaína o las anfetaminas. Por eso los colombianos no la manejaron en los 80, su época dorada.

    Para los narcos mexicanos, la marihuana es estratégica. Crece abundantemente en Sinaloa y Michoacán, dos estados con acceso privilegiado a múltiples carreteras, cruces fronterizos y puertos de embarque. Y tiene un mercado de 20 millones de consumidores en EU, según la Casa Blanca.

    A pesar de la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, la exportación de marihuana se ha mantenido estable en los últimos años, a excepción de una sequía que atacó los estados productores entre 2000 y 2002, ocasionando pérdidas de 50% en la producción. Es la principal fuente de liquidez de los narcos. Con su venta, los cárteles financian la compra de otras drogas de mayor margen, como la cocaína, o insumos para las anfetaminas. Cada kilo de marihuana cuesta entre 1,300 y 1,800 dólares en EU. El año pasado, México exportó 16,000 toneladas, lo que significa más de 10,000 mdd de ingresos para estos grupos.

    Inversiones seguras

    El precio de la cocaína aumenta conforme avanza del sur al norte por el continente (véase mapa arriba). Un productor colombiano recibe el equivalente a 5% del precio pagado en Atlanta, por ejemplo. La mayor parte de la ganancia se queda en los intermediarios y varios de ellos están en México.

    "El efecto de este negocio se ve en todos lados, desde las mansiones que aparecen en pequeños pueblos, hasta los grandes desarrollos que hacen en Monterrey y en Jalisco", dice un ex banquero mexicano. Hace una década, recuerda, llegaban a la ventanilla de las sucursales sujetos que depositaban 20 mdd en efectivo. "Y nadie pestañeaba", dice.

    Cientos de miles de millones de dólares de esta actividad se canalizan al sector legal mexicano, dice Eduardo Buscaglia, un abogado y economista internacional que trabajó en la oficina antidrogas de las Naciones Unidas. El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dice que al narcotráfico hay que entenderlo como "una cadena de valor económico" que tiene perspectivas "de mercado, logística, operacionales, de rutas estratégicas y modus operandi".

    Las leyes antilavado del país son más robustas que hace cinco años, pero el Fondo Monetario Internacional recientemente criticó a México porque las autoridades sólo han obtenido 25 sentencias en casos de lavado de dinero desde 1989. La PGR y el FMI calculan que en México se lavan entre 10,000 y 25,000 mdd al año.

    Buscaglia dice que el gobierno mexicano falla al concentrarse sólo en combatir la disputa territorial del narco, ya que los grupos criminales tienen múltiples formas de ejercer su hegemonía. Lo mismo trafican armas y personas, que lucran con la prostitución y la piratería. También tienen relaciones operativas con mafias internacionales. "Si mañana se acaba el narcotráfico, advierte Buscaglia, los cárteles mexicanos encontrarían nuevas formas de reproducirse".

    Mano de obra calificada

    Los Zetas fueron creados por Osiel Cárdenas al final de los años 90, cuando reclutó a un grupo de 30 tenientes y subtenientes desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerza Especiales (GAFES) del Ejército mexicano. Se estima que este grupo podría tener en sus filas hasta 200 ex militares y policías.

    "Los Zetas son el grupo más peligroso para el Estado mexicano y para los otros cárteles, por su disciplina y su habilidad para hacer inteligencia", dice Alberto Islas, de Risk-Evaluation, una compañía de asesoría en seguridad basada en la Ciudad de Mexico.

    En los últimos dos años, el cártel del Golfo los usó para adueñarse de ciertos mercados, en operaciones más violentas que una compra hostil. Una lección escabrosa fueron los múltiples degollamientos de los operadores de diversos cárteles. El plan era arrebatar territorios del cártel de Sinaloa, como venganza por intentar quitarles el paso trasfronterizo.

    Pero este alarde de fuerza le restó liquidez al cártel del Golfo, que fue el grupo que más sufrió cuando en 2007 los traficantes colombianos dejaron de vender cocaína a crédito y solo proveían mercancía si se pagaba de contado.

    En octubre de ese año, este cártel envió a Juan Carlos de la Cruz, uno de sus principales operadores, a negociar una nueva relación con los colombianos. Pero De la Cruz fue detenido por elementos del Ejército mexicano en la capital mientras negociaba el envío de cocaína por un valor de 120 mdd. Esta detención posicionó al cártel y a los Zetas como una empresa poco confiable a los ojos de los colombianos.

    A la tropa se le atrae diferente. "Hay un dicho entre narcotraficantes que es mejor vivir seis años como rey que 50 como buey", dice Carlos Flores, un académico especialista en crimen organizado que trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Así explica por qué los narcotraficantes no sufren para encontrar empleados a pesar de la peligrosidad del trabajo.

    Los cárteles se nutren de personas regulares pero prefieren a ex militares o ex policías. Durante el sexenio de Vicente Fox hubo 126,000 deserciones militares, incluyendo un coronel, añade Flores.

    El cártel de Sinaloa comenzó a crear un contingente de sicarios para responder a la violencia del Golfo. Hoy consigue sicarios en las pandillas locales, en barrios con alto índice de violencia. Un novato gana entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales, cantidad que aumenta en la medida que adquieren experiencia en el manejo de armas de alto poder.

    Pero el mayor ejército que tienen las organizaciones del narcotráfico son las policías municipales y algunas estatales, según expertos policiacos y oficiales estadounidenses. De los 420,000 policías municipales en todo el país, fuentes estadounidenses estiman que 80% están corrompidos y trabajan para algún cártel. Oficiales estadounidenses sólo trabajan con 500 oficiales de seguridad mexicanos que son examinados rutinariamente con polígrafo, para evitar filtraciones en operaciones conjuntas.

    El reclutamiento no se limita a los niveles inferiores. Rodolfo Dávila tuvo el tercer puesto más importante en el Banco de México, con un salario de 88,000 pesos al mes. Pero las ganancias que le ofrecía el cártel de Juárez, de entre 10 y 16% de las cantidades lavadas, fueron tentadoras y después de 15 años en el banco central se cambió de bando. En 2006 fue detenido con cuatro maletines que contenían 750,000 dólares que llevaba para entregar a sus jefes. La PGR estimó que durante varios años Dávila había lavado un promedio de 1,000 mdd anuales a través de casas de cambio.

    Ironías: durante su tiempo en Banxico, el funcionario se encargó de regular las actividades de estos mismos intermediarios.

    Esta otra cara, la que hace sumar las ganancias y controla los riesgos, es la que casi nunca se conoce. Es la que invierte, pero asegura sus fuentes de liquidez. La que ha convertido este fenómeno en una industria, ilegal, por supuesto, pero también innovadora y flexible.

    *Con información de Alberto Nájar

     

    26/07/2009 15:19. Publicado por: Arístides Chamorro Rivas #. Investigación No hay comentarios. Comentar.

    Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
    Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

    Contrato Coloriuris
    www.webstats4u.com