Blogia
Centros Chilenos en el Exterior

Investigación

Supuestas becas otorgadas a estudiantes sin acreditar situación económica

Supuestas becas otorgadas a estudiantes sin acreditar situación económica

20 de Octubre de 2009

Contraloría cuestiona aportes de Vitacura a la Fundación Pinochet

 El RN Raúl Torrealba será sometido a un juicio de cuentas por el organismo fiscalizador, luego de haber usado dineros no autorizados para hacer la fiesta del 18 de septiembre en el restaurant  "Los Buenos Muchachos".

El Mostrador

Por Jorge Molina Sanhueza

La Contraloría cuestionó el aporte hecho por la Municipalidad de Vitacura a la Fundación Pinochet, dinero que habría sido utilizado para entregar becas a estudiantes cuya situación económica deficiente no está acreditada. Así se desprende del último informe emanado del organismo fiscalizador, que publica íntegramente El Mostrador.

En el documento, la entidad solicitó al edil, el RN Raúl Torrealba, que informara documentalmente sobre la pertinencia de esa entrega de fondos. Los funcionarios municipales hicieron una visita a la fundación, pero sólo allegaron una hoja de fiscalización sin lo solicitado, por lo que mantuvieron la observación. El monto total entregado es de $ 4 millones.

Pero no son las únicas irregularidades que halló el órgano de control. De hecho, inició un juicio de cuentas para determinar las responsabilidades civiles del jefe comunal, luego que usara fondos de forma anómala para pagar la fiesta del 18 de septiembre pasado. Esta última costó $ 8.5 millones y se realizó en el restaurant "Los Buenos Muchachos".

El criterio de la entidad dirigida por Ramiro Mendoza sostiene que el único agasajo que se puede pagar con fondos municipales es el día del funcionario. Este último cuestionamiento ha sido una de las líneas duras que ha sostenido la Contraloría en al menos los últimos dos años, y por el que se han visto afectados entidades como el ministerio de Cultura, entre otros organismo gubernamentales que usan los gastos de representación para cancelar actividades de este tipo.

Asimismo, los fiscalizadores hallaron problemas en el uso de los vehículos fiscales del municipio de Vitacura. Por ejemplo, los asignados al juez de policía local, al director del tránsito, al jefe jurídico, entre otros, y que no cuentan con padrón ni una bitácora, como manda la ley.

Lea el informe de la Contraloría

 

 

La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards II: La negociación

La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards II: La negociación

Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

Por Cristóbal Peña y Pedro Ramírez, CIPER | 14 de Octubre de 2009

Fueron 17 los avisos clasificados de El Mercurio que transmitieron en clave los términos del rescate de Cristián Edwards. Su padre resultó un duro negociador. Agustín Edwards fue asesorado por un ex agente del servicio secreto británico, quien le aconsejaba cuánto ceder. Su primera oferta publicada en el diario fue de US$ 420 mil. La cifra distaba de los US$ 4 millones que le exigían. Las tratativas se tradujeron en un largo regateo que culminó en enero de 1992. Exasperado y presionado por la delicada salud de su rehén, el jefe del comando -"Ramiro"- se comunicó personalmente para lanzar la más dura amenaza. El ultimátum le reportó un millón de dólares. Los cinco meses de cautiverio culminaron con la intermediación del jesuita Renato Poblete y tras una angustiosa grabación en que Cristián Edwards rogaba a su familia que pagara. Según uno de sus captores, llegó a ofrecerles financiar su propio rescate.

Era la tarde de un 11 de septiembre y la secretaria seguía preocupadísima. Su jefe no se había presentado a trabajar el día anterior y la familia tampoco tenía noticias de él. No era su estilo. Cristián Edwards, gerente de los diarios regionales de El Mercurio, era responsable y puntual. Jamás faltaba a una reunión sin avisar y, menos, se desaparecía así como así. Algo tiene que haber pasado con él, pensaba la mujer. Por eso, auque era feriado, fue hasta las oficinas de El Mercurio en Providencia y comenzó a revolver papeles en busca de alguna pista. Así, hurgando entre la correspondencia del día anterior, encontró una carta extraña. No tenía remitente, data, folio ni sello postal, y estaba dirigida a Agustín Edwards, en circunstancias que esas cartas llegaban al domicilio del diario en Vitacura. Guiada por la intuición, la mujer abrió el sobre y encontró la cédula de identidad de su jefe y una carta escrita a máquina que leyó en el acto:

SEÑOR A. EDWARS (sic)

PRESENTE

Su hijo Cristián fue cautivo hoy y en estos momentos se encuentra en un lugar seguro e inaccesible. El se encuentra bien de salud y su integridad (física y síquica) en el futuro dependerá de ustedes. El objetivo de su detención es negociar su VIDA.

Deben cumplir extrictamente (sic) nuestras indicaciones;

NO comunicar de esta situación a la prensa, policía, amigos y parientes. Cualquier paso que ustedes den en ese sentido nos enteraremos, entorpeciendo excesivamente el desarrollo y culminación de esta empresa.

Somos PROFESIONALES EXPERIMENTADOS y estamos decididos a cumplir con nuestro objetivo.

NO realicen movimiento alguno.

Tengan paciencia.

Nos volveremos a comunicar.

Nos encomendamos al SEÑOR, rogando llegar a términos satisfactorios para ambas partes.

La carta llegó a su destinatario esa misma tarde, y a las pocas horas, pese a las exigencias explícita de los secuestradores, el ministro del Interior, Enrique Krauss, se enteraba de las novedades por un llamado de Agustín Edwards Eastman. "Me expresó que me pondría lo mejor de sus hombres para lograr la ubicación de mi hijo", dijo el dueño de El Mercurio en sus declaraciones judiciales, que hasta ahora se mantenían inéditas.

Empezaba así una etapa de pesquisas y negociaciones cruzadas por tensiones, desconfianzas y una fuerte incertidumbre por el destino de Cristián Edwards. El actual vicepresidente de El Mercurio, que hasta julio último dirigió la División de Servicios Noticiosos de The New York Times, tenía 33 años y permanecía encerrado en una caja-cubículo de dos por tres metros, expuesto a sedantes, música y una luz intensa. Estaba en manos de una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la misma que había dado muerte al senador Jaime Guzmán, y a cambio de su liberación pedían cuatro millones de dólares. Pese a su crítica situación, que irá agravándose con el correr de los meses, no estará ajeno al curso de las tratativas: informado por sus captores de que su familia ofrecía una cifra muy inferior a lo exigido, cifra que aquéllos consideraron "una miseria", el propio rehén se ofrecerá a ayudar a pagar su rescate.

DESCONFIANZAS CRUZADAS

La misma semana que desapareció su hijo, Agustín Edwards conformó un comité asesor. Estaba integrado por él, que lo presidía, por el editor de redacción de El Mercurio, Juan Pablo Illanes; por el abogado Enrique Montero Marx y el empresario Jacobo Ergas. Un quinto integrante demoraría unos días en sumarse: Hugh Bicheno, un ex agente del servicio de inteligencia británico MI6, especialista en negociaciones de secuestros y con estudios en Chile.

Hugo León, como se hacía llamar el inglés que tenía también nacionalidad estadounidense y había nacido en Cuba, fue una figura decisiva de las negociaciones. Para bien o para mal. Permaneció en Chile durante gran parte de los cinco meses que se extendió el plagio y participó de casi todas las reuniones que se celebraban a diario en la casa de Edwards Eastman en Lo Curro. Fue Bicheno quien sugirió la presencia de un intermediario, que resultó ser el sacerdote Renato Poblete. El jesuita apareció junto a Agustín Edwards en El Mercurio (la foto que encabeza este reportaje) para dar a entender a los secuestradores su misión. Bicheno también previno a la familia sobre una larga negociación. El problema fue que en un principio no estaba claro quién sería la contraparte.

El gobierno y las policías no descartaban ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un autosecuestro o desaparición voluntaria. Ambas cosas eran inconcebibles para la familia, además de ofensivas. No respondía a su personalidad, razonaban, y en el caso remoto de que algo así hubiese ocurrido, jamás hubiese enviado una carta con su apellido mal escrito: Edwars.

La carta era todo lo que había sobre la desaparición y en apariencia decía poco y nada sobre los autores del hecho. Pero quienes conocían de lucha antisubversiva, y en eso la Dirección de Inteligencia del Ejército aportó su parte en este caso, sabían que la clave estaba en la primera línea de la carta: "cautivo" fue también el término usado por el FPMR para comunicar el secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido en 1987. La diferencia es que ahora, lejos de reconocer la autoría del hecho, los plagiadores desviaban la atención encomendándose al Señor.

Lo segundo fue un asunto de confianzas. Es cierto que los viernes por la tarde Agustín Edwards recibía a autoridades del gobierno y de las policías en su casa de Lo Curro. Por el gobierno asistían Krauss, Marcelo Schilling y Mariano Fernández, estos dos últimos del Consejo de Seguridad Pública, organismo conocido como "La Oficina". Por Carabineros e Investigaciones participaban sus directores y jefes de Inteligencia. En teoría se trataba de reuniones de coordinación en que se intercambiaba información y se trazaban estrategias. Pero a decir del dueño de El Mercurio ante la justicia, "estas reuniones no tuvieron en la práctica mayor resultado, y sólo sirvieron para mantener en alto la moral de la familia".

Aconsejado por Hugh Bicheno, el ex agente del MI6, Agustín Edwards se guardó información relativa al curso de las negociaciones. La decisión no sólo obedecía a un problema de seguridad, tendiente a resguardar la vida del secuestrado. Desde un comienzo el dueño de El Mercurio tuvo predilección por Carabineros en desmedro de Investigaciones, que tenía mayor vinculación y dependencia del gobierno. Sus contactos con la policía uniformada incluso eran personales, saltándose los cauces institucionales.

TIRA Y AFLOJA

Una vez que el secuestro se hizo público, abundaron los llamados de gente que decía tener noticias al respecto. No fueron pocos los que también aseguraron tener al joven en su poder. Pero nadie más que los verdaderos secuestradores podían haber tenido acceso al nombre y número telefónico de Diego Fernández, primo de Cristián Edwards y uno de sus mejores amigos. Fernández fue el primero de la familia en ser contactado. Sin embargo, siguiendo instrucciones del comité, se negó a entrar en tratativas, sugiriendo el nombre del abogado Montero Marx.

De cualquier forma los secuestradores no querían tratar con el primo ni con el abogado. Sólo hablarían de negocios con Agustín Edwards Eastman.

No fue fácil convencerlos de que aceptaran al sacerdote Renato Poblete como único intermediario. Se negaron varias veces. Incluso, una vez que contactaron telefónicamente al sacerdote, siguieron insistiendo: "A usted sólo lo queremos como mero intermediario, de mensajero, seremos intransigentes. Nuestras conversaciones serán sólo con Agustín Edwards. Hágale entender que todo el tiempo que demore el señor Agustín en hablar con nosotros serán más días de cautiverio para el señor Cristián".

El dueño de El Mercurio, en tanto, aconsejado por el comité privado, no daba su brazo a torcer. "Me negué rotundamente porque no podía ‘negociar’ con una persona que era un mero mensajero que leía recados mandados por otros y que no tenía ningún poder de decisión del que, en cambio, yo obviamente disponía", declaró luego Edwards.

El 7 de octubre, a casi un mes de producido el secuestro, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Insistían en hablar con Agustín Edwards. En eso todo seguía como antes. Pero esta vez, en respuesta a una solicitud anterior del sacerdote, anunciaban la entrega de una prueba que acreditaba que ellos tenían en su poder al "muchacho", según lo llamaban. La prueba estaba escondida en uno de los sanitarios de los baños públicos del centro comercial Apumanque y consistía en una carta manuscrita por el rehén. Junto a ella venía un segundo mensaje dirigido al "Señor A. Edwards".

Este nuevo mensaje repara en el incumplimiento de las exigencias por parte del destinatario, en el sentido de haber avisado a la policía y dar publicidad al hecho, y advierte sobre los "trastornos psíquicos" y sus "lamentables secuelas" que produce el encierro prolongado. "Está en sus manos hacer menos dolorosa esta situación, accediendo a nuestras exigencias y cumpliendo estrictamente nuestras indicaciones".

Además de insistir en que la prensa y la policía deben mantenerse al margen, las exigencias se reducen al pago de cuatro millones de dólares que debían ratificarse en los términos siguientes:

"Mediante un aviso en el periódico El Mercurio de Santiago con estas características: sección económicos clasificados, rubro antigüedades y objetos de arte, en recuadro de 4 por 4 centímetros, texto: "Supero ofertas, compro íconos vedas, diríjase a San Agustín N...". El tiempo que necesite para reunir el US$, días, anótelo como número de la dirección. Publicite este aviso los días martes, miércoles y jueves, 8, 9 y 10 de octubre. De no responder exactamente como le indicamos consideraremos que usted ha cerrado este negocio y sellado el destino de su hijo".

Fechado el 7 de octubre, el mensaje apela a la paciencia y concluye con nueva invocación mística: "Pido al Señor misericordia para todos".

 

"SUEÑO CON MOTORES"

La carta adjunta al segundo mensaje con exigencias, que supuestamente fue escrita y redactada por Cristián Edwards, empieza así:

Estimados padre y madre:

Nunca pensé que algo como esto pudiera pasarnos. Me encuentro prisionero y mis captores exigen una recompensa para liberarme. Mi situación es desesperante y más aún sabiendo el dolor que esto les causa. Yo estoy bien de salud, como imaginarán no en las mejores condiciones. Tengo mucho miedo y le pido a Dios que todo esto pronto termine. Yo nunca les he pedido mucho porque sé que han pasado por una crisis económica que todavía los afecta. Ahora les pido que hagan todo lo posible por mí, porque mi vida está en sus manos y estoy sufriendo mucho.

En rigor, según dirá más tarde ante tribunales, la carta fue escrita por él pero dictada por sus captores. "Escribí muchas cartas y me las devolvían porque no me nacía decir lo que querían. Terminó siendo que ellos me escribieron todo y yo copié", declaró tras su liberación.

De cualquier forma, no mintió cuando describió la situación que estaba viviendo. A un mes de haber sido raptado, seguía padeciendo vómitos, calambres y alucinaciones, entre otras molestias, producto de sedantes que le administraban, del encierro permanente y de la exposición a un foco de luz y un parlante que emitía música y sonidos de helicópteros y sirenas. "Creo haber oído pajaritos, su cántico, también grillos, aunque esto puede deberse al zumbar de mis oídos. Me es particularmente difícil definir los ruidos reales que percibí, pues solía tener sueños con motores de helicópteros y cosas de ese tipo", dijo ante el juez.

Dijo también que, pese a su estado, era consciente de su situación. Que jamás lo golpearon ni insultaron. Que recibía una dieta balanceada y procuraba comer de todo, "no obstante el dolor de estómago que usualmente tenía debido a los nervios". Que pese a no tener ánimo para ejercitarse daba pasitos cortos de un lado a otro de la caja, "intentando no anquilosarme". Que procuraba llevar una cuenta de los días. Y que las únicas dos personas que le hablaban simulaban ser argentinos.

Uno de ellos era "Rodolfo", el jefe de la casa. El otro, Ricardo Palma Salamanca, "el Negro", que establecerá una relación cercana con el rehén. Palma, quien había regresado a la casa-retén tras reponerse de un disparo accidental en una pierna, cumplía a cabalidad su papel de celador bueno. Procuraba animarlo y a veces le hablaba de política. De acuerdo con un cercano a Palma, que lo visitó en prisión una vez que cayó detenido en 1992, en un momento el celador bueno comenzó a compadecerse de la situación de Edwards, al punto de llegar a poner en duda el sentido de la operación.

Por lo demás, Palma tampoco podía salir de esa casa, ubicada en un pasaje de la comuna de Macul, en la cual había sido testigo de la crisis protagonizada por Florencio Velásquez, el otro celador, quien desertó en medio de la misión. Junto con generar un grave problema de seguridad, que traería consecuencias, había dejado una vacancia que debió ser suplida por José Miguel Martínez Alvarado, alias "Palito", que no respondía al mejor perfil para el puesto: al igual que Velásquez, Martínez había pasado recientemente por la cárcel por hechos subversivos y, además, tuvo que congelar sus estudios para incorporarse a la casa-retén. Eso lo convertía en una presa de más fácil captura para la policía.

A lo anterior se sumó otro hecho fuera de pronóstico. Agustín Edwards no sólo seguía resistiéndose a negociar directamente, sino que desatendió la primera fórmula exigida por los secuestradores. En ese estado de cosas sobrevino el llamado telefónico recibido el 25 de octubre por el abogado Enrique Montero Marx:

"Escuche, ya, comuníquele a la familia de don Cristián que por la actitud que tomaron de ninguna colaboración hemos tenido que llegar al desenlace fatal. Entregaremos indicaciones para que encuentren el cuerpo del señor Cristián".

Cinco días más tarde, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Esta vez le indicaban que se dirigiera al mausoleo de la familia Del Río, los parientes maternos de Cristián, en el Cementerio Católico. Ahí Poblete encontró un nuevo mensaje acompañado de la cédula de conducir del rehén. Era el comienzo formal de las negociaciones tal como lo habían exigido los plagiadores.

ICONOS VEDA

El primer aviso clasificado de El Mercurio, ubicado en la sección Antigüedades y Objetos de Arte, apareció el domingo 3 de noviembre de 1991. Decía: "Compro iconos vedas, mejoro precios. Favor llamar 6981417". Era el primer contacto y el número de teléfono comunicaba con Poblete. Tres días después sería seguido por una oferta concreta: "Compro iconos vedas. Perfecto estado, pago contado. 420.000".

La propuesta inicial (US$ 420 mil) indignó a los secuestradores. O eso quisieron hacer creer. La calificaron de "miserable" y exigieron elevarla de manera sustantiva. La tercera semana de noviembre un nuevo aviso clasificado elevó el monto a US$ 520 mil y a fines de mes la oferta ascendió a US$ 595 mil.

Cada aviso era seguido por un contacto telefónico entre Poblete y los secuestradores. El jesuita pedía una rebaja considerable en el precio, además de una fotografía actual como prueba de vida. "Lo que ustedes están pidiendo es una cosa imposible, tienen que volver a la realidad", argumentaba. Los secuestradores, en tanto, no se movían del monto inicial. Las negociaciones estaban en punto muerto. De acuerdo con lo que relata hoy Rafael Escorza, el militante que prestó la casa para el plagio, fue en esos días que Cristián Edwards ofreció a los secuestradores pagar su rescate con dinero que tenía depositado en Estados Unidos.

Según revelará Poblete en su libro de memorias, aparecido en 2005, "La Malú (Del Río, madre de Cristián Edwards) pedía subir la cantidad. Yo creo que ella hubiera pagado al tiro". Sin embargo, de acuerdo con el mismo testimonio, Bicheno era quien hacía de líder: "El gringo dirigía la operación".

En una entrevista concedida a un sitio web inglés, Bicheno describe su estrategia para enfrentar secuestros, la que claramente aplicó en el caso de Edwards. "Primero se formaba un comité de crisis. Esto incluía a alguien a cargo de tomar decisiones por la familia, normalmente el padre. Una parte clave era recordarles que estaban tratando con hombres de negocios y que el secuestrado no era más que un monto de dinero", explicaba el hoy retirado Bicheno. De acuerdo a su relato, lo primero que debía hacer el comité era decidir cuánto estaban dispuestos a pagar, lo que muchas veces coincidía con la cobertura de una póliza antisecuestro, pues Bicheno trabajaba junto a un agente de seguros. También había veces que la familia no quería parecer demasiado fácil y ofrecía una suma más baja. Según Bicheno, siempre intentaba que la primera oferta fuera alta, de modo de evitar que los secuestradores se sintieran insultados y pusieran en peligro al rehén. Lo siguiente era aumentar la oferta mediante incrementos cuidadosamente calculados.

Así ocurrió en la operación que lideró en Chile. Recién el 20 de diciembre, a través de un nuevo aviso económico, la oferta fue aumentada a US$ 650 mil, previa exigencia de una fotografía actual. La respuesta llegó mediante una carta dejada en un baño del Parque Arauco. Estaba acompañada de una cinta y decía:

Señor Agustín Edwards: le comunicamos que no habrá ninguna fotografía actual hasta que la oferta sea aumentada -aumentar la oferta significa hacer ofertas en MILLONES DE DÓLARES y no en miles de dólares- (...) Cada día que pasa y que no cumplen con las indicaciones disminuye rápidamente la posibilidad de que la integridad física y síquica de su hijo se puedan conservar intactas. En estas fechas de unidad familiar dejen de lado su actitud inhumana (mal asesorada) y burocrática. Piensen en la vida de su hijo que se deteriora cada día más, ya que él hoy sólo desea estar con ustedes. Junto a esta nota le enviamos una grabación (lado A) con la voz de él. Por el bien de su hijo Cristián y de su familia, CUMPLA.

Tres días después, en vísperas de Navidad, un nuevo aviso económico anunciaba que la oferta alcanzaba los US$ 700 mil. Era un avance. Mediante un sistema similar al anterior, los secuestradores enviaron una fotografía del rehén, quien sostenía un ejemplar actualizado del diario Folha de Sao Paulo, acompañada de una carta en la que anunciaban que el valor del rescate había bajado a un millón y 500 mil dólares.

"QUE ME SAQUEN DE AQUÍ"

Un hecho fortuito alertó al gobierno de que la familia Edwards había empezado a negociar con los secuestradores. Corrían los primeros días de diciembre de 1991 y el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, recibió un llamado de un funcionario de la CIA, dependiente de la embajada de Estados Unidos en Chile, informando que un hermano del dueño de El Mercurio se había presentado en la sede del FBI en Washington para solicitar una prueba grafológica de una carta supuestamente escrita por el rehén. Fue un pequeño escándalo que no tuvo publicidad, como muchas situaciones vinculadas al mismo caso. De las tratativas y mensajes estaba enterado Carabineros, no así el gobierno, la Policía de Investigaciones y el ministro en visita Luis Correa Bulo.

El incidente tuvo repercusiones prácticas. Según la declaración que prestó por oficio Marcelo Schilling, secretario del Consejo de Seguridad Pública, "a partir de ese momento los asesores de Agustín Edwards deciden separarlo de la conducción de las operaciones, enviándolo a descansar a su campo en Graneros por estimar que estaba demasiado alterado y nervioso".

En rigor Edwards Eastman siguió pendiente de las negociaciones. La diferencia es que desde entonces delegó la conducción en Hugh Bicheno, que insistía en no ceder ante las demandas. Bicheno era un duro en estas materias y alertó oportunamente sobre el manejo emocional que los secuestradores darían a las fiestas de fin de año.

En efecto, la cinta con la voz de Cristián Edwards que llegó a manos de la familia el 20 de diciembre resulta conmovedora. Se trata de un mensaje extenso en que el cautivo se pregunta "cómo pueden ofrecer una miseria" y plantea que "yo les puedo ayudar con eso, yo les voy a ayudar, yo me comprometo, me comprometo a trabajar junto a usted papá para recuperar todo". "Hagan todo lo necesario para sacarme de aquí, hagan todo lo humanamente posible y después yo los ayudo, después nos arreglamos (...), yo siempre he sido una persona que trabaja duro (...) siempre me he esforzado y si salimos de esto me voy a esforzar más que nunca (...) Ya no me quedan fuerzas para seguir adelante", se queja. "Lo que yo les estoy pidiendo es que me salven, que me ayuden, que me saquen de aquí".

Refiriéndose a esta comunicación, el propietario de El Mercurio sostuvo en su declaración judicial que "era presumible que los delincuentes aprovecharan ambas ocasiones para presionar en sus exigencias, sobre todo a mi mujer".

Las presiones en esos días surtieron algún efecto. En la comunicación telefónica del 31 de diciembre, Poblete adelantó a su contraparte que en los días siguientes aparecería un aviso económico con una nueva oferta. Sería la última, advirtió el sacerdote, como ya lo había hecho otra veces, aunque en esta ocasión incluyó un novedoso argumento sobre la calamitosa situación económica de Edwards Eastman: "Si este señor está quebrado, es puro nombre no más, ustedes podrían haber elegido otra persona".

Dicho esto, y tras insistir en que "no pidan la suma que dicen", lanza una propuesta: "¿Qué van a hacer con la plata? Podrían donarla al Hogar de Cristo siquiera, pues oiga".

OFERTA ESPECIAL

La última oferta anunciada por Renato Poblete en vísperas de Año Nuevo apareció publicada el sábado 4 de enero en el nuevo formato propuesto por los secuestradores. Destacada esta vez en la sección Instrumentos Musicales, el aviso clasificado decía: "Compro gaita Kennedy, pago contado 740.000".

El monto terminó de sacar de quicio al jefe de la operación. "Ramiro", alias de Mauricio Hernández Norambuena, consideró que era hora de tomar personalmente cartas en el asunto. Identificándose como "El Abuelo", la chapa que usó en esta operación, contactó a Poblete en un teléfono de Plaza Italia:

-Yo soy "El Abuelo" -se oye en la grabación telefónica-. Escuche, usted ha abusado de nuestra ética profesional, pero ahora nos corresponde jugar a nosotros. Daremos a la publicidad toda la negociación, dejando al descubierto la actitud insensible de ustedes (...) Será un gran escándalo. Luego de eso aparecerá el cadáver de Cristián. Usted puede impedir este desenlace. ¿De qué forma? Accediendo a nuestras últimas exigencias. Nosotros esperamos un breve tiempo. ¿Está absolutamente claro?

"Ramiro" parecía hablar en serio: ya no había margen para seguir negociando en esos términos. La salud de Cristián Edwards tendía a agravarse, lo que en un momento obligó a que fuera visitado por un médico o enfermero del FPMR, y en la casa-retén las cosas habían vuelto a tornarse críticas. Aquejado de "un bajón anímico", según lo describe hoy Rafael Escorza, Ricardo Palma pidió dejar su puesto de celador.

La salida de Palma se sumó a la desaparición de Florencio Velásquez, el otro celador que había abandonado la casa-retén, aquejado por el encierro y fuertes conflictos con sus compañeros. Su paradero era un misterio para el FPMR y ponía en riesgo la operación y a sus protagonistas. Además, aunque no lo sabían, el grupo comandado por el subcomisario Jorge Barraza había identificado la casa donde estaba secuestrado Edwards y le seguía los pasos a varios de los plagiadores, entre ellos a "Rodolfo", "Emilio" y "Ramiro".

La situación estaba en un punto crítico y fue zanjada con un último aviso publicado el domingo 19 de enero en la sección Instrumentos Musicales. Esta vez no había un monto específico, sólo un mensaje velado: "Compro gaita Kennedy, tengo oferta especial. Llamar lunes 6981417".

La "oferta especial" consistía en un millón de dólares y fue aceptada.

LAS ÚLTIMAS HORAS

El primer intento de entregar el dinero del rescate se realizó el sábado 25 de enero. Acompañado de Juan Cancino, el chofer de Agustín Edwards, y siguiendo instrucciones de los secuestradores, Poblete recorrió los cuatro puntos cardinales de la ciudad a bordo de un Volkswagen escarabajo. Al interior portaba la maleta con un millón de dólares en billetes de cien.

La entrega resultó frustrada porque así fue planeado por los secuestradores, de modo de corroborar que no fuesen seguidos por la policía.

A la semana siguiente, cuando volvieron a ser contactados por los secuestradores, Hugh Bicheno estuvo en desacuerdo con que Poblete y Cancino realizaran un nuevo recorrido. Creía que serían engañados. En cambio Marcelo Schilling, el secretario de la Oficina de Seguridad Pública, de acuerdo a su propia declaración, propuso seguir "rigurosamente las instrucciones de los secuestradores". La entrega quedó programada para el 31 de enero y se extendió durante gran parte de ese día.

Esta vez a bordo de un Fiat 147, Poblete y Cancino volvieron a recorrer la ciudad. Pasearon por Recoleta, Vitacura y Providencia, donde ingresaron a un supermercado y recogieron poleras y un par de jockeys para ser identificados fácilmente a la distancia. Más tarde, después de otro largo rodeo, bajo la mesa de una fuente de soda cercana a Departamental encontraron un sobre. Contenía una fotografía de Cristián Edwards retratado con El Mercurio del día anterior y una última instrucción que los condujo a un paso sobre nivel de la avenida Norte Sur, donde un hombre que apareció de las penumbras recogió el dinero.

Al día siguiente Agustín Edwards se encontraba en su campo en Graneros cuando al anochecer recibió una llamada desde El Mercurio. Su hijo ya iba camino a la casa familiar de Lo Curro a bordo de un taxi. Unos días después, Cristián relató ante el juez Correa Bulo que la noche anterior a su liberación había sido sacado de "la caja" después de cinco meses e introducido a una carpa. Ahí pasó sus últimas horas de rehén, sometido a la música de un personal estéreo y una dosis adicional de sedantes. Recordó haber regresado tal como llegó, encapuchado y envuelto en un saco de dormir, y haber sido introducido en un auto que lo dejó en lo que parecía un sitio eriazo.

Lo último que alcanzó a escuchar de sus secuestradores, antes de ser dejado boca abajo contra el suelo, fue "no te muevas". Después de un rato logró ponerse de pie, trastabilló en dirección a unas luces y dio con un taxista al que le pidió monedas para llamar a sus padres. Había sobrevivido a un martirio de casi cinco meses y se iniciaba la cacería policial.

 

 

La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards

La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards

Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

Por Cristóbal Peña y Pedro Ramírez, CIPER | 8 de Octubre de 2009

A 18 años del secuestro de Cristián Edwards, CIPER revela detalles hasta ahora desconocidos de uno de los episodios que marcaron la transición. El relato del cautivo -ex presidente de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y ahora vicepresidente de El Mercurio- y los graves conflictos personales entre sus celadores que hoy revelan ex miembros del FPMR, son algunas de las nuevas piezas del puzzle. "Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros", declaró Edwards al recuperar la libertad. Tras vivir durante cinco meses en una "caja" de tres metros por dos, recordó que se aseaba con una olla, que lo sedaban y que sufría alucinaciones, calambres y temblores: "Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos". El encierro también afectó a uno de sus celadores, que fue amenazado de muerte cuando se decidió a abandonar la casa-retén. Su deserción, dada a conocer por un informante al gobierno, fue la primera prueba de que el FPMR estaba detrás de la operación.

Pasadas las nueve de la noche, tras dejar el ascensor y comenzar a caminar por los estacionamientos públicos de calle Coyancura, aledaños a su oficina en Providencia, Cristián Edwards los vio. Tres hombres jóvenes en torno a un auto blanco. Los vio y no le llamó mayormente la atención hasta segundos después, cuando se disponía a entrar en su auto y escuchó un taconeo acelerado a sus espaldas. Entonces giró y volvió a verlos: los tres se le venían encima y uno de ellos le apuntaba a la cabeza con un revólver.

"Yo pensaba que me iban a robar la billetera, o algo así, así que levanté las manos", dirá cinco meses después el hijo del dueño de El Mercurio, a pocas horas de su liberación, en un testimonio a la policía que ha permanecido inédito. "No alcancé a gritar nada... dos de ellos me amarraron, me pusieron una capucha plástica, me amarraron cables y entre los tres me dieron vuelta, me agarraron y me metieron al auto que estaba estacionado".

El caño de un revólver fue prácticamente lo último que vio del mundo exterior ese año. Era el 9 de septiembre de 1991 y el entonces gerente de Diarios Regionales de El Mercurio y desde julio de este año vicepresidente ejecutivo de esa empresa, considerado el sucesor natural de Agustín Edwards Eastman, viviría a partir de esas horas y por los próximos 145 días en lo que él llamó "la caja". Una ratonera de dos por tres metros, sin ventanas ni aire fresco ni compañía, en la que estaba expuesto casi permanentemente a música estridente, luz artificial y a la vigilancia de sus celadores que lo observaban desde el exterior mediante visores.

Jamás, en los cinco meses siguientes, salió de ahí. Jamás le vio la cara a otra persona. Si tenía algo que decir, debía escribirlo. Si daba un paso, topaba con una pared. Si mostraba signos de orientación, volvían a doparlo con medicamentos que consumía junto a las comidas y le alteraban las rutinas. "La idea era volverme loco", resumió en la declaración policial del 1 de febrero de 1992. Cinco días después, ante el juez Luis Correa Bulo, daría una cuenta más extensa del cautiverio que sufrió a manos de un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y cuyos pormenores hasta ahora nunca habían salido a la luz pública.

A 18 años de ocurrido el hecho, y cuando su protagonista acaba de dejar la presidencia de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y se prepara para asumir la dirección de El Mercurio, acudimos a testimonios y documentos inéditos para recrear el secuestro que marcó la transición política chilena.

ALUCINACIONES Y ATAQUES DE NERVIOS

Aunque vivió dopado buena parte de su cautiverio, Cristián Luis Edwards del Río -quien entonces tenía 33 años- recordó con precisión que al interior de "la caja" contaba con un pequeño baño químico de madera que le llevaban y vaciaban cuando querían. Y que dentro de esa misma caja debía comer y asearse con una jarra y, en el mejor de los casos, con una olla con agua. No siempre le permitían lavarse los dientes. Recordó también que dormía poco y nada en el catre de campaña que sólo le dejaba un pasillo de 40 centímetros de ancho para caminar, y que permanentemente sufría alucinaciones, calambres, vómitos, temblores y ataques de nervios.

"Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos, me bajó un tiempo por eso", dijo Edwards ante el juez. "Pasaba por periodos de colitis o diarrea y por otros de estreñimiento. Tuve dolor de garganta, los oídos me retumbaban, veía doble muchas veces. Jamás, no obstante, ensucié la caja".

Las condiciones del encierro eran tan duras que en un momento mostró signos de agonía. Sus captores incluso pensaron que moriría y le llevaron un médico o enfermero de confianza del FPMR para que lo examinara. Ya estabilizado, si es que se puede estar estable en esas condiciones, volvió a lo que Edwards describió como un estado de "imágenes furtivas" y "fenómenos extraños" que marcó su encierro. Es por eso que al término de la primera de tres declaraciones ante el juez Correa Bulo, que oficiaba de ministro en visita, Edwards creyó necesario volver sobre este último punto:

"Quiero advertir, antes de terminar esta primera parte de mi declaración, que durante mi prisión imaginé y soñé tantas cosas, que aún hoy hago esfuerzos por discernir entre el mundo de la realidad y el de la fantasía. Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros; tenía a veces totalmente claras las circunstancias de mi secuestro y liberación y me resultaba lógica la participación de numerosos protagonistas. Es por ello que advierto a ustedes que todo lo que aquí consigno obedece a un esfuerzo personal por dejar de lado cuánto responde a la fantasía o cuánto no se concilie con la lógica. Puede que tales confusiones se deban, a lo mejor, a pastillas que me suministraban o a reacciones propias de la mente. Si se me hubiera interrogado dos o tres días atrás, habría revelado como datos ciertos muchos de esos absurdos. Así me imagino".

VIDA AMERICANA

 Para septiembre de 1991, cuando fue secuestrado a la salida de su oficina, Cristián Edwards enteraba un año y medio viviendo en Chile y aún no se acostumbraba del todo. Algunos testimonios apuntan a que no estaba a gusto en el país ni en su trabajo. Es más: en esos días pensaba seriamente en dejar la gerencia de Diarios Regionales de El Mercurio y volver a Estados Unidos, donde llegó a vivir en 1969 junto a su familia, a los pocos días de que Salvador Allende resultara electo Presidente. Allá había estudiado y trabajado. Allá tenía amigos, amigas y una novia, Marla Grossman, que al ser entrevistada por agentes del FBI dijo que en 1990 Edwards "habría vuelto a Chile por la presión de su familia para trabajar en el diario".

Una percepción similar tuvo Carla Brown, una de las amigas del ejecutivo a quien el FBI tomó declaración en Estados Unidos a los pocos días de ocurrido el secuestro. "Brown informó que Edwards no quería moverse a Chile", se lee en el informe del FBI. "Tampoco quería dejar Estados Unidos, país en el cual él creció muy acostumbrado. Sin embargo, Edwards sintió una gran presión de la familia para volver a Chile e ingresar a los negocios de ésta (...) Brown no cree que él estaba contento con su decisión".

Agustín Edwards Eastman entregó una opinión diferente en su primera declaración judicial: "Vino a trabajar a Chile porque en realidad su último trabajo en Estados Unidos, que era la corporación de seguros, no le agradaba".

Las primeras diligencias policiales estuvieron orientadas a despejar las dudas sobre la desaparición del ejecutivo. No se descartaba la posibilidad de que hubiera abandonado el país voluntariamente y sin previo aviso. Tampoco que hubiese protagonizado un autosecuestro. "No veo para qué o con qué objeto mi hijo Cristián hubiera hecho una cosa de esta naturaleza", dijo Edwards Eastman en la misma declaración. "Si no hubiera deseado seguir trabajando en la empresa creo que tiene la personalidad suficiente para habérmelo hecho saber. Además, no era la primera vez que dejaba de trabajar en la empresa".

En 1979, recién graduado del Amherst College, en Massachussets, vino a trabajar a El Mercurio donde permaneció por dos años. Al regresar a Estados Unidos fue empleado en el departamento de marketing de Pepsi, la misma firma de la que fue ejecutivo su padre cuando salió de Chile a raíz de la elección de Allende. En 1983 siguió un MBA en Filadelfia y dos años después trabajó en la compañía de seguros que mencionó su padre.

La mayoría de sus cercanos coincidieron en que se trataba un hombre sano, equilibrado, inteligente y sensato, además de reservado y celoso de su privacidad. Pese a la posición económica y social de su familia, coincidieron también en que llevaba una vida independiente y austera, sin grandes lujos. Como cualquier hijo de vecino en Estados Unidos, mientras era estudiante acostumbraba a trabajar los veranos. Le gustaba practicar jogging y deportes náuticos y de montaña. Y sobre política chilena mantenía una posición distante y ambigua.

Al respecto su novia de entonces dijo que en los años 80 Edwards "tampoco tenía alguna adhesión política, ya sea de derecha o izquierda". Su amiga estadounidense lo definió "rígido en sus creencias conservadoras" y sin "grandes convicciones políticas". Y un amigo en Chile afirmó en la investigación que "en materias políticas era muy pragmático y crítico, demostraba preocupación por no existir un gobierno democrático en Chile pero a su vez criticaba los excesos de la Unidad Popular".

LOS CELADORES

A principios de abril de 1991, seis meses antes del secuestro, María Fernanda Eyzaguirre pasó por la casa de Cristián Edwards en Vitacura. Ambos eran antiguos amigos y habían quedado de salir a cenar esa noche. A ella le llamó la atención que la esperara en la puerta de la casa y él le explicó que al frente había un mini estacionado con dos ocupantes que le parecían sospechosos. Pero más le llamó la atención que su amigo no hiciera nada al respecto, más aún creyendo que se trataba de las mismas personas que poco tiempo atrás habían entrado a robar a su casa.

Más tarde, ante un juez, Eyzaguirre recordó que le propuso a Edwards anotar la patente del auto, pero éste se mostró resignado, acaso displicente: "Me indicó que no era necesario porque seguramente se trataba de un auto robado".

Más allá de que ese mini blanco haya tenido relación con el secuestro, es un hecho que para entonces el ejecutivo ya era objeto de seguimientos por parte del FPMR. Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa en Macul que habitaba con su pareja y el hijo de ésta para el cautiverio de Edwards, hoy afirma que la operación estaba programada para mediados de año. La "caja-cubículo" ya estaba construida para entonces y los celadores, acuartelados, prestos para recibir lo que llamaban "el paquete". Sin embargo, cuando estaban próximos a actuar, el ejecutivo de El Mercurio se fue de viaje a Estados Unidos.

Escorza accedió a hablar con CIPER a 17 años de caer detenido. Su participación en el secuestro de Cristián Edwards le significó pasar 11 años en prisión hasta que en septiembre de 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. Era uno de los más antiguos militantes del FPMR, donde se lo conocía como "el Viejo". Tanto para él, como para otros integrantes del FPMR con los que habló CIPER, el secuestro marcó un hito cuya reconstitución obliga a remontarse al inicio.

La operación se había puesto en marcha poco después del asesinato de Jaime Guzmán, senador y líder de la UDI, y en ella participarían varios protagonistas de esa acción liderados por "Ramiro", alias de Mauricio Hernández Norambuena.

Como jefe de la casa-retén a la que llegaría Edwards, "Ramiro" eligió a "Rodolfo". Cinco años atrás habían coincidido en el frustrado atentado al general Pinochet. "Rodolfo" era un tipo alto y corpulento. Por eso algunos también lo llamaban "Rambo": venía llegando de una larga estada en Cuba, previo paso por Vietnam y Nicaragua, donde combatió a la Contra. "Rodolfo" tendrá mando sobre Maritza Jara Hernández, que simularía ser la empleada doméstica de la casa y cumpliría labores de enlace y seguridad; y también sobre los dos celadores: Florencio Velásquez Negrete y Ricardo Palma Salamanca. Estas últimas dos designaciones generaron un problema de equilibrios.

Un antiguo combatiente del FPMR, que conoció de cerca la operación y a sus protagonistas, dice hoy que "Ramiro" cometió un error al designar a Palma como jefe de Velásquez. Era una afrenta a la trayectoria. Velásquez provenía de Valparaíso y era un antiguo conocido de "Ramiro". Había tomado parte del secuestro del hijo de Manuel Cruzat y llegó a dirigir al FPMR en la Quinta Región, donde cayó detenido en 1987. Tres años después fue uno de los 50 fugados de la cárcel Pública de Santiago. En ese entendido no era cualquier subversivo. Tenía roce y no soportaba estar bajo la autoridad de "Rodolfo" y menos de Palma, entonces de 22 años, a quien consideraba un "pendejo hiperkinético" y "recién llegado".

Esto último en parte era cierto, pero en dos años Palma había hecho mucho más que el otro. "El Negro" Palma había pasado a la historia al disparar contra el oficial de la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros) Luis Fontaine, contra el general Gustavo Leigh y contra el senador Guzmán.

Había un problema adicional relacionado con los mismos personajes. Ni Palma ni "Rodolfo" toleraban el encierro prolongado. Palma era inquieto por naturaleza, pero Velásquez había pasado tres años en prisión. Es por eso que desde antes de la llegada de Edwards a la casa-retén, mientras permanecía acuartelado, Velásquez comenzó a manifestar deseos de abandonar su tarea. Sus protestas fueron crecientes y llegaron a ser motivo de roces y desaciertos que lo pusieron en la mira de sus propios compañeros.

EL BUENO Y EL MALO

A Cristián Edwards le costó caer en la cuenta de lo que pretendían con él. Lo habían paseado en la maleta de un par de autos sin decirle más que "silencio, callado, que no te va a pasar nada". Después lo cambiaron a un furgón y finalmente lo cargaron dentro de un saco hasta un cuarto donde le dijeron que se mantuviera de pie frente a una pared, antes de que le sacaran el saco y la capucha y le cerraran la puerta por fuera. La música ya había empezado a sonar fuerte al interior de "la caja".

Sonaba desde un parlante pequeño instalado en una pared del cuarto. Al otro costado había una ampolleta de luz intensa, probablemente un reflector encendido en su máxima potencia. Junto al catre había una tabla que hacía las veces de mesa, donde comería en cubiertos de plástico y escribiría mensajes a sus captores con los papeles y lápices que le entregaban.

"La caja" era un cubículo de madera y volcanita, cuyas paredes estaban recubiertas por bandejas de huevos para aislar el ruido. La habían construido dentro de uno de los dormitorios de la casa DFL2 que el matrimonio Escorza San Juan arrendaba en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1. El piso de la "celda" estaba cubierto por una alfombra verde, la que se humedecía cuando el cautivo se lavaba con una jarra y una olla. Su ropa -un traje gris y camisa azul- fue reemplazada por un buzo. En una de las paredes estaba pegada una hoja con una lista de instrucciones:

-No hacer ruido.

-Pararse de frente contra el muro cuando la luz se encienda y apague.

-Al terminar de comer dejar la bandeja en el suelo.

-Comunicarse a través de papeles.

En una de las primeras notas que envío al exterior pedía que por favor le bajaran la música y la luz:

"La música se mantuvo casi siempre a un volumen enloquecedor, así como la luz a veces enceguecedora. Me cubría los ojos y me tapaba los oídos. La luz pasaba encendida mucho tiempo, no respetaba mis dormidas", declaró Edwards ante el juez. "Yo no sabía si alguien estaba cambiando el dial o si estaba grabada. Pero muchas veces interrumpían, porque comenzaba una canción y la cortaban para poner otra. Ciertamente, la música así empleada era un método de tortura".

Edwards relató que a partir de la primera noche lo vigilaban por los visores para constatar qué música le disgustaba más y así repetírsela. Y recordó que los primeros días casi no probó alimento ni durmió. Y que el aire era tan escaso y asfixiante que a las pocas horas de su llegada a "la caja", preso de un estado de shock, cayó desmayado. "Ahí me abrieron la puerta y dejaron que entrara aire".

La puerta era una abertura de cerca de un metro cuadrado por la que había que entrar gateando. Por ahí ingresaban los alimentos, el baño químico y, en algunas ocasiones, alguno de los únicos dos celadores que tenían autorización para dirigirle la palabra al secuestrado.

Uno era Ricardo Palma, "el Negro", que representaba el papel del celador bueno. El otro era "Rodolfo", el jefe de la casa-retén, que oficiaba de malo. "El Negro" se mostraba comprensivo, atento, y animaba al secuestrado prometiéndole que hablaría con su jefe para sacarlo por unos minutos al exterior de "la caja". Al rato llegaba "Rodolfo" y decía que por ningún motivo, que cómo se le ocurría, ni una posibilidad. Esto es un secuestro, no vacaciones, hacía saber.

OÍDOS DE LA OFICINA

Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa para el cautiverio de Cristián Edwards, dice hoy que "una operación así tiene complicaciones desde su inicio" y que ésta "no fue la excepción". Dice además que las mayores dificultades no provinieron del ejecutivo de El Mercurio, a quien define como un secuestrado "obediente" que "siempre cumplió con las instrucciones", sino de los celadores.

Lo primero fue un accidente. Cuando cambiaron por primera vez a Edwards de auto, en las cercanías del lugar donde lo raptaron, al Negro Palma se le escapó un tiro que fue a dar en su pierna. No sólo hubo que buscarle asistencia médica, sino también reemplazante en la casa-retén. Su lugar fue asumido por "Emilio", alias de Raúl Escobar Poblete, que había participado en los mismos hechos de sangre que Palma. De cualquier modo fue un cambio transitorio, de emergencia. A las pocas semanas "el Negro" asumía su papel de celador bueno.

El segundo problema ya fue más serio. Florencio Velásquez, el otro celador, empezó a mostrar indisciplina. Al comienzo fueron "tonteras", según las describe Escorza: incumplía horarios, tenía mal modo y exigía que le lavaran los calzoncillos, en circunstancias de que los residentes de la casa-retén debían lavar su ropa interior. Después empezó a quejarse por todo y desafiaba a la autoridad. Finalmente, tal como había ocurrido en los días de acuartelamiento, volvió a amenazar con que iba a abandonar la casa. En ese estado de cosas no quedó otra que llamar a "Ramiro".

Dice Escorza que "Ramiro" no acudió una sino dos veces por el problema con Florencio, y en las dos aseguró haberlo hecho entrar en razón, recapacitar. Pero unos días después de la última visita, Florencio Velásquez volvió a decir que se iba. Estaba decidido. Se iba a como diera lugar. El problema era que "Ramiro" había salido de Chile. Hubo que organizar una junta de emergencia entre los integrantes de la casa-retén, junta de la que no participó Velásquez, y fue entonces que el Negro Palma propuso una solución:

-Hay que "bajarlo" -dijo-, este huevón no se puede ir. Si se va, lo "bajamos".

Dice Escorza que "el Negro" se mantuvo firme en su decisión, pero fue "Rodolfo" quien lo retuvo: "Rodolfo dijo Ya, Ramiro no está y voy a tomar una decisión y la decisión es que se vaya, lo mandamos a una casa de seguridad y ahí que lo controlen hasta la vuelta de Ramiro. Hubo una discusión con el Negro y al final se impuso Rodolfo".

A Florencio lo sacaron caminando, de noche, con lentes oscuros y mirando hacia el suelo para que no entregara información ante la eventualidad de que cayera en manos de la policía. Al igual que el Negro y el propio Edwards, había llegado a la casa sin que pudiese identificar su ubicación. Al salir, lo pasearon durante una hora y media y lo dejaron en avenida Grecia. De ahí se dirigió a una casa de seguridad, a la espera de "Ramiro".

Fueron varios en el FPMR quienes lamentarían esa decisión, incluido el propio "Rodolfo". El caso trascendió las fronteras de la casa-retén y llegó a oídos de la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el organismo creado en el gobierno de Patricio Aylwin para combatir la subversión tras el asesinato del senador Guzmán. Fue a fines de septiembre de 1991, a tres semanas de iniciado el secuestro, que "La Oficina" supo que el FPMR estaba detrás de la operación. Hasta entonces sólo había conjeturas sobre los autores. En su declaración judicial, el secretario de "La Oficina", Marcelo Schilling, hoy diputado socialista, confirmó que La Moneda fue alertada por un informante.

Un informe de "La Oficina", adjuntado al proceso, reportaba que Florencio Velásquez, a quien identifica como "Julio", "formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado Cristián Edwards" y que "fue destituido en una reunión realizada en la misma casa". Agrega que "el jefe de las casa es un hombre débil de carácter y permitió que Julio se fuera desarmado".

Poco después, por medio del mismo informante, "La Oficina" se enteró de que los propios compañeros de Velásquez le habían perdido la pista. Lo llamaban "desertor".

Era un momento crítico. Las negociaciones por el rescate estaban estancadas y la familia Edwards, contraviniendo las exigencias iniciales de los secuestradores, no sólo había alertado a la policía chilena, sino también al FBI. Se preveía un proceso largo y agotador del que Cristián Edwards no se sustraería, pese a seguir preso de alucinaciones y tormentos al interior de "la caja".

Próximo capítulo: los detalles de la negociación y el rescate.

 

 

Los millones en gastos de oficina que los senadores ahora deberán acreditar

Los millones en gastos de oficina que los senadores ahora deberán acreditar

Enviado por Ciper Chile

Por Francisca Skoknic y Pedro Ramírez | 16 de Septiembre de 2009

El Senado anunció recientes cambios al sistema de fiscalización de las asignaciones parlamentarias. Lo que no se dijo fue que hasta ahora una parte importante de los gastos de los senadores eran reembolsados sin que nadie les exigiera la entrega de comprobantes. La falta de control se conoció luego de que CIPER solicitara las rendiciones mediante la Ley de Transparencia y se respondiera que no existían. Ello permitía, por ejemplo, que los senadores hicieran donaciones a sus electores sin rendir cuenta de a quiénes y para qué, incluyéndolas como gastos de oficina. Ahora deberán entregar los comprobantes de sus gastos y dispondrán de $200 mil para "apoyo a organizaciones".

Un monto de $ 2 mil 800 millones fue destinado este año para que los 38 senadores financien el arriendo de sus sedes, personal de apoyo y materiales de oficina. El sistema les permite a los representantes de regiones gastar hasta $6.119.589 mensuales en este ítem, mientras que para los de la Región Metropolitana el monto se eleva a $6.430.089. Parte de esos pagos son hechos por los senadores y luego reembolsados por la corporación. Para saber cómo y en qué se gasta ese dinero, CIPER invocó la Ley de Transparencia y pidió al Senado las rendiciones de los gastos de oficina de los parlamentarios. Sorpresa: la Corporación no guarda recibos, pues hasta julio de este año no exigía la entrega de comprobantes. Para obtener su reembolso, bastaba con que el senador llenara una planilla informando cuánto había ocupado.

En total, cada senador dispone al año de más de $70 millones para pagar los gastos en el rubro oficina. Por ello, el control sobre cómo se utilizan esos dineros es lo que interesa. Si se analizan los datos disponibles en la página web del Senado, entre marzo y julio de este año poco más de $800 millones del total fue cancelado directamente por el Departamento de Finanzas del Senado a los destinatarios que cada senador identificó previamente. El resto, más de $300 millones, fueron reembolsados a los parlamentarios sin exigir comprobantes.

Los desembolsos hechos por la Corporación se refieren mayoritariamente a arriendos y sueldos del personal. En cuanto al dinero reembolsado directamente a los senadores, no se sabe con certeza a qué corresponde.

Según se desprende de entrevistas sostenidas con senadores de todos los sectores, al menos una parte de ese dinero es ocupado en donaciones a particulares u organizaciones de sus circunscripciones. Pero el sistema cambió el 12 de agosto pasado, cuando se anunciaron modificaciones a las asignaciones parlamentarias (VER RECUADRO). Lo que se hizo, entre otras cosas, fue regularizar este tipo de gastos estableciendo un fondo especial de "apoyo a organizaciones sociales", el que deberá acreditarse con un comprobante o recibo.

Así se formalizó algo que, en palabras del senador socialista Jaime Gazmuri, "son prácticas muy consuetudinarias que estaban establecidas como posibles". Pero en los hechos, esas donaciones no tienen ninguna relación con el funcionamiento de oficinas parlamentarias, ítem desde donde obtenían los fondos.

Las modificaciones a las asignaciones parlamentarias se iniciaron inmediatamente después del polémico capítulo de Informe Especial de TVN que reveló irregularidades en las sedes de distintos diputados y que tiene a varios de ellos bajo la mira de la Fiscalía de Valparaíso. El programa se emitió el 6 de junio pasado y 11 días más tarde la Comisión de Régimen Interior del Senado decidía los primeros cambios al sistema de fiscalización de los gastos de los parlamentarios.

-Por acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interior, adoptado en sesión de 17 de junio de 2009, las rendiciones de gastos de los señores senadores se deben enviar al Departamento de Finanzas, desde agosto de este año, acompañadas de los respectivos comprobantes, salvo un monto mínimo destinado a gastos menores. Hasta esa fecha, los comprobantes quedaban en poder de los señores senadores, pero a disposición, para ser revisados si se estimaba conveniente- explicó la subjefe de informaciones del Senado, María Eliana Peña, en su respuesta a la solicitud de información pública hecha por CIPER.

El Senado no especificó cuántas veces se había revisado los comprobantes de los pagos, pero en una ronda de consultas con diversos parlamentarios, ninguno reconoció haber sido requerido por ese motivo. Sólo el senador Jaime Naranjo (PS) dijo que creía recordar que alguna vez le habían pedido los contratos de arriendo de sus sedes porque había habido un cambio de dirección, pero no estaba seguro. En la práctica, hasta julio, el sistema se basaba en la confianza y buena fe de los senadores.

A Roberto Muñoz Barra (ex PPD) nunca le han pedido acreditar nada, pero dice andar "más o menos con una bolsa para guardar las boletas". Como integrante de la comisión de Régimen Interior, justifica así los cambios adoptados:

-El cambio lo acordamos en junio y fue por los casos que se conocieron públicamente en que algunos miembros de la Cámara de Diputados arrendaban como oficinas inmuebles que no cumplían con un criterio de transparencia, como casas particulares u oficinas donde funcionaban abogados. Con la modificación, a partir de agosto, esto se regula mejor, porque hay que especificar bien en el contrato la ubicación física del inmueble que se arrienda y su uso exclusivo como oficina del parlamentario. Ahora hay una rigurosidad más estricta para evitar interpretaciones que permitan gastos en que no hay claridad.

Su compañero de comisión, Jaime Naranjo, lo desmiente. Asegura que la decisión nada tuvo que ver con la polémica de la Cámara de Diputados y que la única motivación fue la puesta en marcha de la Ley de Transparencia en abril pasado. "Ahora los datos deben hacerse públicos todos los meses, entonces es mejor para el sistema entregarlos antes y centralizarlos", dice.

EECTOS INMEDIATO

Una revisión detallada de la información divulgada por el Senado en su página web, muestra que en los últimos dos meses -después del cambio en la fiscalización anunciado en junio e implementado a partir de agosto-, algunos parlamentarios disminuyeron sus gastos a rendir y aumentaron aquellos pagados directamente por la Corporación.

Por ejemplo, el senador Jorge Pizarro (DC) utilizó el fondo a rendir entre marzo y junio por montos que oscilaban entre $2,7 millones y $3 millones. En julio, en cambio, sólo usó $652 mil; y en agosto $702 mil. Ahora aumentó los pagos hechos por el Senado, pero en la suma y resta mantuvo su gasto global. "Es por el cambio y por un cierto ordenamiento nuevo en las oficinas que me permita ir rindiendo todos los gastos. A la gente que trabaja en las cuatro oficinas que tengo en la región le ha costado acostumbrarse al sistema, el que cambió completamente", admite Pizarro.

Otro senador que redistribuyó sus pagos en el ítem oficina, es Sergio Romero (RN), quien atribuyó el traspaso desde gastos a rendir a pago directo "a un asunto de orden interno".

Muy distinta es la situación del senador Jorge Arancibia (UDI), quien no contestó los llamados de CIPER. Entre marzo y julio pidió reembolsos por $2.500.000 mensuales. La cifra es redonda e idéntica cada mes. Algo que no ocurre con ninguno de sus colegas, pues se trata de gastos variables. Sin embargo, en agosto sólo pidió al Departamento de Finanzas del Senado que le devolvieran una décima parte de lo habitual. Simplemente sus gastos bajaron en más de $2 millones tras la exigencia de entregar comprobantes.

El parlamentario con la mayor proporción de gastos reembolsables es Hosain Sabag (DC). Cada mes, utiliza más de $5,5 millones por esa vía. La exigencia de comprobantes no parece haberlo afectado: en agosto incluso aumentó sus pagos.

El segundo lugar en ese ranking, lo ocupa el senador Eduardo Frei (DC), cuyos gastos a rendir oscilaron entre $3,4 millones y $4,1 millones entre marzo y julio. Sus gastos de oficina no bajaron pese a que ha disminuido su actividad parlamentaria por la campaña presidencial. En el programa Tolerancia Cero reconoció que ya no asiste a comisiones y sólo participa del trabajo de sala, donde tiene el 75% de asistencia. "Soy candidato presidencial y tengo que hacer el trabajo, no puedo estar en el Senado y también ser candidato", dijo ante las pantallas de Chilevisión. Sin embargo, su gasto total en oficinas -incluyendo lo que desembolsa directamente el Senado- se ha mantenido entre los $5 millones y $6 millones. Sólo sus gastos reembolsables cayeron a la mitad en agosto, pero se compensaron por la otra vía.

Jaime Naranjo es el único senador que todos los meses gasta exactamente el 100% del ítem para gastos de oficina. Según explica, esto se debe a que todos los meses se pasa del límite. Los pagos por ese concepto de Andrés Allamand (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) varían todos los meses, pero la suma publicada en la página web del Senado calza exactamente con el total asignado. Antonio Horwath (RN), Alberto Espina (RN), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Hernán Larraín (UDI), Baldo Prokurica (RN), Jaime Gazmuri (PS), Carlos Ominami (ex PS) y Guido Girardi (PPD) han gastado por sobre el límite entre marzo y agosto, pero pueden compensarlo en los meses siguientes, ya que se trata de un ítem acumulativo.

Aunque en teoría hasta julio pasado a los senadores les estaba permitido ocupar el monto total de este ítem por la vía de reembolsos, un asesor parlamentario comenta que son pocos los que tienen las espaldas financieras para sacar todo el dinero de su bolsillo mientras esperan que les sea devuelto. Por eso, la mayoría opta por que la corporación pague los gastos fijos, como arriendos y salarios. Y cuatro senadores tienen el 100% de sus gastos desembolsados directamente por el Senado. No rinden ni un peso. Ellos son Andrés Alamand (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro Navarro (MAS) y Adolfo Zaldívar (PRI).

DE GASTOS DE OFICINA A DONACIONES PARTICULARES

En una breve conversación telefónica, la senadora Evelyn Matthei (UDI) se mostró molesta con la nueva fórmula que ahora la obligará a entregar los comprobantes para que le sea reembolsado el dinero. Sus gastos a rendir entre marzo y mayo fueron mucho menores que el promedio de sus colegas -$400 mil a mes-, pero desaparecieron en julio y agosto, después del anuncio de que se exigiría rendirlos con comprobantes.

-Lo que pasa es que yo hago muchos regalos a gente de escasos recursos que me pide porque está en problemas. A veces doy $10 mil para alguien que está enfermo, otras veces $14 mil para otra cosa similar. Y no estoy acostumbrada a estar pidiendo boletas o haciendo que esas personas, que están en un problema, me firmen un vale. Lo encuentro asqueroso, feo. Yo no lo hago. Así que como no tengo las boletas, no rindo esa plata no más. Ahora la pierdo. Al final, la pago yo -dijo Matthei.

Para todos los senadores consultados, el donar parte de las asignaciones para gastos de oficinas es algo natural. Entre los ejemplos que a juicio de los parlamentarios justifican estos desembolsos mencionaron la compra de premios para bingos de beneficencia, remedios para enfermos, mantención de instalaciones de comités de agua potable rural, arreglos de sedes sociales, pasajes y ayuda para clubes deportivos, de rodeo u organizaciones estudiantiles.

-No es que gastemos plata del presupuesto del Senado, forma parte del gasto de representación y de las oficinas que uno tiene instaladas. Me parece bien que existan las normas y transparencia, pero la exigencia de la gente respecto de los parlamentarios es muy alta. Es una mezcla de acción social. La gente entiende que uno es su representante y tiene que ayudar -argumenta Jorge Pizarro.

Un abogado experto en administración pública discrepa. Y asegura que aunque se trate de una práctica generalizada y habitual entre los parlamentarios, raya en la ilegalidad. Esto, debido a que el artículo 236 del Código Penal establece que no se pueden destinar recursos para fines diferentes a los legalmente establecidos. En este caso, gastos para oficinas que terminan como donaciones a particulares. Y precisó que el Congreso tiene autonomía presupuestaria, pero el dinero debiera destinarse a lo que los propios senadores establecieron con anterioridad.

Los cambios anunciados el 12 de agosto pasado al menos regularizan la situación, al incluir un ítem de $200 mil pesos mensuales para "apoyo a organizaciones" sociales, los que deberán justificarse mediante un documento que acredite quién lo recibió y con qué fin. Un monto similar podrá destinarse a pagos menores que no requieren de respaldo de recibos o boletas.

A juicio del senador Gazmuri, el nuevo fondo debería ser suficiente para lo que él llama "aportes específicos en situaciones de emergencia social".

Los cambios a las asignaciones de los senadores

En la página web del Senado aún es posible encontrar la estructura de asignaciones para la labor parlamentaria que regía el 2005. Ahí se puede ver que disponían de $2.266.020 para gastos en personal, los que eran cancelados directamente por la Tesorería. Otros $2.100.000 estaban destinados a gastos de oficina y debían rendirse, aunque sin entregar los comprobantes, los que estarían disponibles en caso de requerirse. Además podían gastar $106.295 en materiales de oficina y enviar 1.500 sobres si representaban a regiones, o 3.000 si eran de Santiago. En total, $4.472.315.

Cuatro años más tarde, las asignaciones han aumentado en cerca de un 36%, hasta llegar a $6.119.589. Además, la estructura se flexibilizó al fusionarse todos los ítems anteriores bajo el rótulo de "asignación para oficinas". Como se mencionó anteriormente, el senador podía elegir si realizaba personalmente el pago y pedía el reembolso -sin entregar los comprobantes, pero con el compromiso de guardarlos- o era la Tesorería la que cancelaba los gastos directamente.

El 12 de agosto pasado la comisión de Régimen Interior aprobó un acuerdo que fijó nuevas reglas e impuso un mayor control sobre los gastos.

El texto establece que a partir del 1 de octubre todos los arriendos serán pagados directamente por la Tesorería mediante cheque nominativo al arrendador. Aclara que las oficinas pueden ser compartidas con diputados, concejales, alcaldes o dirigentes que trabajen con el senador. Se incluirá una nueva cláusula en los contratos de arriendo, que explicita que si bien es el Departamento de Finanzas el que paga las mensualidades, éstas son parte de las asignaciones de los parlamentarios (el arrendatario), y por lo tanto el Senado no tiene ninguna responsabilidad con el arrendador.

También se anunció que antes de fin de año se publicarán las direcciones de estas sedes parlamentarias, que actualmente no figuran en la página web del Senado. Este será un paso importante de transparencia, ya que fue precisamente gracias a que la Cámara de Diputados exhibe en su página web las direcciones de todas las sedes de sus integrantes, que periodistas de Informe Especial de TVN y del diario La Nación pudieron establecer las irregularidades que algunos diputados cometían en ese rubro. Julio Dittborn (UDI) y Maximiano Errázuriz (RN) protagonizaron las situaciones más polémicas. Ninguno de los dos postuló a la reelección.

Tal como se decidió en junio, los gastos "deben ser acreditados con la correspondiente boleta de honorarios, recibo de sueldo, factura o boleta original, contrato o documento justificativo, sea que el gasto haya sido pagado directamente por el Departamento de Finanzas a petición del señor senador o a éste mediante la solicitud de reembolso de gastos".

En el acuerdo se entrega una descripción detallada de qué lo que puede ser cargado a cuenta de este ítem. Se deberá explicitar la labor realizada por los empleados de los senadores y se podrán incluir sus gastos de traslados, alojamiento y alimentación. Otra novedad es que ahora se podrán cubrir los gastos de vehículos destinados a la labor parlamentaria, independiente del auto personal del senador que tiene una glosa especial.

*Haga click en la flecha para avanzar o retroceder.

 Haga click en la flecha para avanzar o retroceder.

 

 

Lista del Ejército sobre ex Dina incluye a militares activos

Lista del Ejército sobre ex Dina incluye a militares activos
Por Jorge Escalante / LND / investigación@lanacion.cl

En la nómina, solicitada tras el reportaje de LND sobre la presencia de ex agentes de la DINA en las filas del Ejército, aparece también en esa condición el coronel Marco Bustos, procesado por el caso de los cinco frentistas. Uno de los “recontratados” es el general (R) Miguel Trincado, enjuiciado por el desentierro y lanzamiento de las 26 víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por Calama.

Foto: El general (r) Miguel Trincado (en la foto, abajo)aparece en la lista entregada por el Ejército. Permaneció en la institución hasta diciembre de 2006.

Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND Reportajes

Los custodios en Uruguay del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos, suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, forman parte de la lista de 13 procesados que el Ejército entregó esta semana al ministro de Defensa Francisco Vidal, a raíz de la inquietud que ha generado la recontratación de ex agentes por parte de la institución castrense. No es todo: los dos uniformados permanecen en la planta de activos. En esa misma condición se encuentra el coronel Marco Antonio Bustos Carrasco, procesado por el ministro Mario Carroza como uno de los autores del secuestro y desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.

Según antecedentes obtenidos por LND, el general en retiro Miguel Trincado Araneda, encausado en 2007 por el desentierro y lanzamiento al mar de los cuerpos de los 26 asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama, también se encuentra entre esos 13 nombres en calidad de recontratado. Tanto la lista del personal de planta como la de los funcionarios a contrata permanecen “limitadas” al acceso público en la página electrónica del Ejército, protegida por la “Seguridad del Estado y la Defensa Nacional”, en virtud del artículo 436 del Código de Justicia Militar.

ImagenLa lista no se ha hecho pública, pero ayer el ministro de Defensa, Francisco Vidal, en una ceremonia con motivo del Día del Reservista, en el Regimiento Buin, dijo que concurrirá esta semana al Congreso, en compañía del comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta. “Estamos convocados el día martes y miércoles a tres comisiones, las dos de Defensa y la de Derechos Humanos (de la Cámara Baja). Se ha hecho por parte de la institución la evaluación y se daría a conocer a los señores parlamentarios las decisiones que se han tomado sobre esta materia”, sostuvo.

 

De planta

Hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva la condición de activos de los dos suboficiales que participaron en la salida clandestina de Berríos del país en 1991, que se efectuó con el fin de evitar que el químico declarara en procesos por delitos de lesa humanidad. Su calidad de activos se develó durante la reciente fase probatoria del juicio por el crimen de Berríos, que instruye el juez Alejandro Madrid.

El 3 de marzo de este año, el abogado Gustavo Menares, defensor del coronel (R) Manuel Pérez Santillán, uno de los procesados en la misma causa, solicitó a Madrid que citara a declarar al “suboficial de Ejército en servicio activo Marcelo Ariel Sandoval Durán” y al “suboficial de Ejército en servicio activo, Nelson Román Vargas”. Sorprendidos por la permanencia de los custodios de Berríos en las filas del Ejército, los abogados querellantes, según la documentación recopilada por LND, pidieron la confirmación de este hecho a Madrid en la misma audiencia. El magistrado ratificó el estatus de Sandoval y Román.

Román y Sandoval están procesados y formalmente acusados por este crimen. En 1991, ambos integraban la Unidad de Operaciones Especiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se encargó de sacar clandestinamente de Chile no sólo a Berríos, sino también a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros. Los dos suboficiales pertenecieron a la CNI antes de 1990. Román era el número 492 y Sandoval el 526, según la lista que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.

El 17 de julio de 2008, el coronel Marco Antonio Bustos fue procesado en el caso de los cinco frentistas en 1987. Era agente de inteligencia del Ejército e integraba el llamado comando G4, un grupo operativo especial dependiente del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que a su vez dependía de DINE. Bustos reconoció en el proceso que durante el tiempo que la CNI mantuvo secuestrados a los frentistas, operó “como enlace entre la CNI y el BIE”, organismos que fraguaron el crimen.

El general Miguel Trincado, otro que aparece en la lista que tiene el ministro Vidal en su escritorio, ya está en retiro. Permaneció en la institución hasta diciembre de 2006, como comandante de la II División del Ejército en la Región Metropolitana y juez militar de Santiago. Meses antes, Trincado había visitado en su casa al ex director de Investigaciones, Arturo Herrera, para pedirle que ordenara el cambio de un informe policial que lo vinculaba al desentierro de los cuerpos de Calama en 1976 y su lanzamiento al mar. Herrera accedió, pero sus oficiales se negaron a alterar el documento. El 23 de noviembre de 2007, la jueza de Antofagasta, Rosa María Pinto, lo procesó como autor del desentierro y desaparecimiento de los cuerpos de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte.

 

 

Sede de la Cancillería: Un negocio poco diplomático

Sede de la Cancillería: Un negocio poco diplomático

Enviado por ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

Por Pedro Ramírez, CIPER | 17 de Agosto de 2009

Gracias a la Ley de Transparencia fue posible obtener los estudios técnicos que avalaron el traslado de la Cancillería al Hotel Carrera en vez de la construcción de un nuevo edificio. Los documentos revelan que la remodelación costó casi el doble que lo presupuestado. Teodoro Fernández, arquitecto que diseñó el edificio que nunca se construyó, mira ahora los cálculos y asegura que su proyecto fue sobrevalorado y que el Carrera se subvaloró, tal como lo demostraron los hechos.

Poco antes del mediodía del 5 de diciembre de 2005, el helicóptero presidencial se posó sobre el ex Hotel Carrera atrayendo las miradas de los capitalinos que deambulaban por el corazón del barrio cívico. Ricardo Lagos descendió de la aeronave y al poner sus pies sobre la losa no sólo inauguró el flamante helipuerto, sino la remodelación total del edificio, oficialmente convertido desde ese minuto en el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería ponía fin a su largo historial de allegada VIP. Desde que en 1871 se creó esa cartera, jamás había contado con sede propia. Y ahora, al fin, tenía una a la altura de los requerimientos diplomáticos: amplia, imponente, lujosa, con historia.

La decisión de remodelar el hotel en vez de construir un edificio nuevo -cuyo proyecto ya había sido adjudicado mediante un concurso de arquitectura- cargaba con una polémica. El Colegio de Arquitectos exigió conocer los estudios técnicos que avalaban el cambio, pero éstos permanecieron en reserva hasta hoy.

CIPER, invocando la nueva Ley de Transparencia, obtuvo de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas (MOP) los documentos relacionados con el traslado de la Cancillería. Éstos revelan que la remodelación costó casi el doble de lo que se había estimado inicialmente, con lo que se igualaba la inversión total proyectada para el edificio nuevo. Con un agravante: el mismo arquitecto que participó en la elaboración del informe que recomendó el Carrera como la opción más barata, después se hizo cargo -sin licitación- de la remodelación que resultó más cara que sus propios cálculos iniciales.

Y eso que falta agregar un gasto. El proyecto desechado contaba con 224 estacionamientos subterráneos, mientras que el ex hotel sólo tiene 16 y requiere 114. El costo de comprar o arrendar estacionamientos no fue considerado cuando se evaluó la rentabilidad de los proyectos y según la Contraloría costará unos $655 millones en arriendos de aquí a 25 años, cuando se termine de pagar el leasing por el edificio. No es un tema menor, pues la Municipalidad de Santiago no ha hecho la recepción definitiva de las obras precisamente porque pese a que el ministerio ya cuenta con algunos espacios en los alrededores, aún faltan 40 estacionamientos (ver recuadro).

-La Dirección de Obras Municipales puede perfectamente el día de mañana traer unas cadenas y clausurar el Ministerio de Relaciones Exteriores -confirma el director administrativo de la Cancillería, Gonzalo Arenas.

A este cuadro se suma la desaparición de numerosas especies que fueron retiradas del hotel y almacenadas en bodegas del ministerio. (ver recuadro).

Números que no cuadran

Seis meses antes de que Lagos inaugurara la nueva sede, el entonces canciller Ignacio Walker había abierto las puertas del inmueble -rebautizado como "Edificio José Miguel Carrera"-, para mostrar a la prensa las obras de remodelación.

-Le va a costar cero peso adicional al fisco en relación al costo actual del ministerio -dijo el canciller ese día-. Hoy estamos en 13 edificios dispersos y con lo que ahorremos en materia de arriendo, los bienes fiscales que entreguemos y lo que ahorremos en materia operacional, nos va a permitir financiar este leasing que asciende a US$ 25 millones en el edificio y US$ 10 millones en la habilitación.

Nadie reparó en las cuentas de Walker. El canciller certificó con sus palabras que el costo total de la compra y remodelación había sido de US$ 35 millones. Dos años antes, el subsecretario Cristián Barros había dicho que la operación costaría sólo US$ 24 millones (US$ 20 millones en la compra y US$ 4 millones en la remodelación), equivalentes a un millón de UF de la época. En sólo un par de años, la operación se encareció casi un 46% en relación al cálculo inicial.

Cuando se decidió comprar y remodelar el Carrera, el ministerio desistió de construir un edificio nuevo en la esquina de Moneda con Teatinos, donde el fisco posee un sitio eriazo y algunas oficinas del Registro Civil. El proyecto fallido era del arquitecto Teodoro Fernández, quien se adjudicó con ese diseño el concurso convocado por la Dirección de Arquitectura del MOP para dotar a la Cancillería de una nueva sede. En ese momento se dijo que construir ese edificio tendría un costo de unos US$ 28 millones y que la opción del Carrera suponía gastar sólo US$ 24 millones. Por eso, cuando Walker anunció el costo final, las cuentas no parecieron tan convenientes.

En diciembre del año pasado la Contraloría General de la República cerró una auditoría al ministerio en la que certificó que el gasto inicial de US$ 4 millones para la remodelación (168.000 UF) se disparó en un 83%. A sólo seis meses de iniciadas las obras se autorizó un primer aumento de casi 65.000 UF y luego otro por 75.000 UF. Con eso, el costo comprar y remodelar el Carrera al menos equiparó la inversión que debía hacerse para construir el edificio nuevo.

El informe de Inecon

Cuarenta oficinas de arquitectura participaron en el concurso para diseñar la nueva Cancillería. "Teo" Fernández, el ganador, dice que se siente representante de las otras 39 que hicieron un acto de fe en el concurso. Por eso, cuando se enteró -"por la prensa"- que el gobierno había decidido comprar el Carrera, intentó comunicarse con la Dirección de Arquitectura del MOP, para que le explicaran las razones.

-No hubo respuesta. Ni sí ni no. No pasamos de la secretaria -asegura Fernández.

El Colegio de Arquitectos también pidió que se difundiera la metodología de evaluación que arrojó el proyecto de Fernández al papelero.

-Después de que el ministerio pagó los premios (del concurso) nos dijeron que tenían que hacer un estudio de prefactibilidad. Y nos enteramos por la prensa, porque salió un anuncio de la licitación del estudio, que lo había ganado la empresa Inecon- recuerda Fernández.

El informe de Inecon -que estudió varias alternativas, incluyendo el Carrera y el proyecto nuevo, además de los edificios Santiago Downtown y Morandé 147- nunca fue revelado. "Durante años ha sido casi un mito ese informe. Nadie lo conocía", señala un profesional del área. Sólo la Ley de Transparencia permitió acceder al estudio "Prefactibilidad Construcción Edificio Institucional Ministerio de Relaciones Exteriores", un documento de 162 páginas y seis largos anexos (vea el resumen ejecutivo).

Dudas razonables

El director administrativo de la Cancillería reconoce que el profesional al que Inecon encargó el estudio del Hotel Carrera fue el arquitecto Rodrigo de la Cruz. El mismo que se adjudicaría el diseño de la remodelación. Arenas explica que fue designado precisamente por el conocimiento que tenía del edificio, debido a que urgía que la Cancillería abandonara la sede del Congreso Nacional en Santiago. Y agrega que se le contrató a honorarios, sin licitación, por la misma urgencia:

-Nos daba la tranquilidad de que no íbamos a tener un nuevo arquitecto que tenía que ver de qué se trataba el proyecto (...). No es que él (De la Cruz) haya influido para que el hotel hubiese sido la mejor opción y después decir "me pongo en la cola para que me contraten".

Arenas dice que el factor que inclinó la balanza hacia el Carrera es que es un edificio de "planta libre", cuyas divisiones interiores son de tabiquería, por lo que el costo de remodelar era bajo. En todo caso, reconoce que la decisión de designar al mismo profesional genera un problema de imagen.

-Yo hoy habría dicho "súper buena idea, pero puede haber una duda de por qué (se le contrata) si este caballero participó en el estudio"-, reflexiona.

De la Cruz, consultado sobre el tema, sólo comentó que su contratación se ajustó a las normas, que tiene una amplia experiencia porque conoce el análisis de rentabilidad social que usa Mideplan para evaluar inversiones públicas. Por último, que no ve reparos éticos a su comportamiento profesional.

No fue posible obtener el monto pagado por los servicios de De la Cruz para la remodelación del Carrera, pero el arquitecto fue contratado nuevamente en 2006 y 2007 para rediseñar las oficinas que ocupa la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) en los pisos 10, 11 y 12. Esta obra menor, le significó a De la Cruz percibir tres pagos que sumaron unos $7.200.000.

Del informe de Inecon que De la Cruz suscribió junto a otros profesionales, surgen varias dudas metodológicas sobre la forma en que se asignaron los valores a los inmuebles en estudio. Parece sobrevalorado el costo de 49,1 UF por metro cuadrado que se aplicó al edificio de Teodoro Fernández para decidir que era más conveniente el Carrera. Para llegar a esa cifra se consideró que la compra de nuevas oficinas para trasladar el Registro Civil -que debía salir del sitio donde se construiría el edificio nuevo- costarían 30 UF por metro cuadrado. Pero profesionales del área citan un informe realizado entre julio y septiembre de 2004 por el Departamento de Estudios de Acop (Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios), el que señala que el costo de comprar oficinas en esa zona era de aproximadamente 25 UF por metro cuadrado. Fuentes del sector inmobiliario agregan que hoy los edificios de oficinas más caros, como los del barrio El Golf, tienen un costo de 47 a 48 UF el metro cuadrado construido.

En el cuadro preparado por Inecon que comparó la rentabilidad social de los edificios, es donde el Carrera sacó una ventaja insalvable para sus escoltas. Pero Fernández reclama que en este cálculo no se evaluó debidamente los proyectos:

-Estaba subvalorado el costo de la remodelación de un edificio como el Hotel Carrera. Entre otras cosas la remodelación no incluía el costo de los estacionamientos, que sí estaban incluidos en el edificio nuevo. Además, que el Estado mantenga un terreno vacío al lado de La Moneda es una perdida de rentabilidad social que no fue valorada -dice Fernández.

El embajador Arenas trata de separar aguas y señala que la evaluación de los inmuebles fue un proceso de la Dirección de Arquitectura del MOP y que la Cancillería sólo escogió la alternativa que se le presentó como la más conveniente. Las obras y su financiamiento sí fueron responsabilidad de su ministerio, procesos en los que actuó con autorizaciones de la Dirección de Presupuesto y el visto bueno de Mideplan.

Costo final: US$ 89 millones

El 31 de julio del 2003, el director de Presupuesto, Mario Marcel, firmó la resolución que autorizó a la Cancillería a endeudarse en un millón de UF mediante un leasing a 25 años y con una cuota mensual de 6.989 UF. A través de una licitación pública, el leasing fue adjudicado al Banco Santander. El banco compró el Hotel Carrera al grupo Luksic en 832.000 UF. El mismo día lo arrendó con opción de compra a la Cancillería, financiando además la remodelación. Al cabo de 25 años, el valor total que pagaría el ministerio sería de 2.065.431 UF. Pero con los dos aumentos de inversión suscritos al año siguiente, el valor final será de 2.306.867,08 UF, monto que según las proyecciones de la Contraloría en 2029, cuando finalice el leasing, equivaldrá a más de US$ 89 millones.

Arenas asegura que la decisión de construir el helipuerto presidencial encareció los costos, junto con la necesidad de redoblar los trabajos para tener a tiempo la obra. No obstante, en los documentos aportados por la Cancillería para explicar esta alza de 140.000 UF, no hay detalles del desglose de los gastos. En todo caso, cuando se cerró el negocio con el banco, se fijó como fecha límite para entregar el edificio el 15 de febrero de 2005, pero -y a pesar de los aumentos en la inversión para apurar las labores- fue habilitado recién en agosto de ese año.

Finalmente, el embajador reconoce que el leasing fue contratado con una tasa de interés muy alta (6,85% anual). A su juicio, el año pasado -antes de que la crisis desembarcara en Chile y con los excedentes del cobre en las arcas fiscales- había condiciones para prepagar o renegociar una tasa más baja. "Pero las prioridades del ministerio fueron otras", concluye.

Riesgo de clausura

La explotación del Edificio José Miguel Carrera es ilegal. En otras palabras, la Cancillería corre el riesgo de ser clausurada. El director de Obras Municipales de Santiago, Miguel Saavedra, envió el 14 de mayo el Oficio 2331 con la solicitud de inhabilidad para el inmueble y sólo basta que el alcalde Pablo Zalaquett la firme, lo que podría originar un bochorno de proporciones al gobierno.

A la fecha en que se presentó la solicitud para realizar las obras, el proyecto contaba con los 114 estacionamientos requeridos. A los 16 del hotel se sumaban los del terreno fiscal de Morandé 446, asignado en comodato por Bienes Nacionales a la Cancillería. Nadie reparó en que aquel sitio era el estacionamiento del edificio del Congreso Nacional en Santiago y que si la Cancillería estaba siendo desalojada de la sede parlamentaria, era altamente probable que le arrebataran esos estacionamientos.

Una minuta de la Dirección General Administrativa de la Cancilleria indica que se debe buscar estacionamientos en un radio de 600 metros: "Es imposible dar cumplimiento alternativo a la exigencia (...) no existen otros terrenos fiscales destinables y aptos para ser usados en el radio". Arenas explica que en la otra punta de la madeja Hacienda se niega a autorizar el gasto:

-Nos dice "oiga, vea la Ley de Presupuesto, ustedes tienen 16 vehículos asignados, para qué quieren 114″.

El mismo Arenas indica que al menos en una ocasión el ministerio recibió una notificación de infracción, pero fue derivada al propietario de edificio: el Banco Santander, que cedió sus derechos a CorpBanca en junio de 2008. Hoy abogados de la Cancillería y de CorpBanca buscan una solución.

Espejos, puertas y lámparas perdidas

"Hace algunos años esas cosas se vendieron y ahora están todas en manos de particulares". Las palabras son de la encargada de una tienda de muebles y decoración de interiores, cuya versión se repite entre vendedores de antigüedades: diversos objetos del Hotel Carrera llegaron al mercado de anticuarios y decoradores. Y no eran los bienes muebles que se remataron el 29 de enero de 2004. Se trataba de las "especies adheridas" al inmueble (grifería, lámparas, puertas).

Éstas fueron desmontadas por funcionarios de la Cancillería y trasladadas a bodegas de la Dirección de Fronteras y Límites, la Academia Diplomática y el Palacio Concha. Muchas fueron reutilizadas en la remodelación (especialmente lámparas, grifería, WC con descarga de pedal y vanitorios con cubierta de mármol), pero un número no precisado "desapareció" de esas bodegas.

El director administrativo de la Cancillería, Gonzalo Arenas, asegura que el ministerio no tenía obligación de cuidar esas especies, pues no son bienes fiscales, sino que pertenecían al banco que entregó el edificio en leasing a la cartera. El banco "abandonó" estos bienes, dice Arenas, y habría dado lo mismo almacenarlos que botarlos en una esquina.

La Contraloría no está de acuerdo. En la última página de su auditoría pide un sumario por la "falta de control de las especies desmontadas del edificio". El retiro quedó registrado en un acta del 15 de septiembre de 2004. El catastro detalla "227 espejos, 87 puertas de salas de baño con borde de bronce, 61 vanitorios simples y dobles con cubierta de mármol, 344 lámparas de bronce". La Contraloría no encontró rastros de los bienes en el Palacio Concha y en las bodegas de la Academia Diplomática sólo detectó algunos.

Arenas confirma que a seis meses de las observaciones de la Contraloría, el ministerio no sabe dónde están esas especies. "No hubo una precaución de tener la trazabilidad de los bienes", dice, aunque asegura que al no ser del fisco, no había obligación de seguirles el rastro. Pero que existan bienes que desaparecen de bodegas fiscales, sean o no públicos, inquieta a la Contraloría: "La circunstancia de que éstos (bienes) se encuentren en dependencias del ministerio, involucra responsabilidad en su debido resguardo".

*Este reportaje fue publicado originalmente por revista Qué Pasa, en su edición del pasado viernes 14 de agosto de 2009.

 

 

Los enredos de Sabag y Cía.: Diputado arrienda sede distrital a su padre y socio senador

Los enredos de Sabag y Cía.: Diputado arrienda sede distrital a su padre y socio senador

Enviado por  ALERTA CIPER contacto@ciperchile.cl

Por Francisca Skoknic, CIPER

Mientras el fiscal de Valparaíso, Jorge Abott, suma diputados a su investigación sobre los gastos irregulares de las asignaciones parlamentarias, en Cabrero el clan Sabag revela una nueva y confusa fórmula para administrar los fondos destinados al arriendo de sedes. El diputado Jorge Sabag tiene inscrita su oficina distrital en la misma dirección donde funciona su empresa y que es propiedad de su padre y socio, el senador Hosain Sabag. Pero la Cámara le paga a una sociedad administrada por su hermano, que según el diputado es quien distribuye el dinero para el arriendo de tres inmuebles en su distrito, los que serían sus verdaderas sedes.

La ley prohíbe a ambas cámaras del Congreso suscribir contratos con sus parlamentarios, así como con los familiares y socios de éstos. El contrato de arrendamiento de la sede distrital del diputado Jorge Sabag Villalobos pasa por encima de todas esas restricciones. Ubicada en la calle Río Claro 1050, la oficina del parlamentario en Cabrero es propiedad de Hosain Sabag Castillo, senador, padre del diputado y su socio en Transporte Cabrero Ltda. La sociedad es reconocida tanto por el diputado como por el senador en sus respectivas declaraciones de patrimonio.

La misma dirección ha aparecido como domicilio de la Sociedad Maderera Cabrero Limitada y de la Sociedad Agrícola y Forestal Peñuelas Limitada, ambas del senador Sabag. También es el domicilio de la Inmobiliaria, Forestal e Inversiones SAVI Limitada, una empresa del diputado Sabag. En el Diario Oficial se le atribuye además como domicilio a sus hermanos Patricio y Marisol Sabag. Ahí funciona el aserradero de la familia, junto a una oficina.

La propiedad figura en la declaración de patrimonio del senador Hosain Sabag, publicada en la web del Senado, y de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, está avaluada en $74.832.784 y tiene carácter industrial.

Al teléfono, desde el inmueble declarado como sede distrital responden inmediatamente con un "SAVI, buenas tardes", en referencia a la empresa del diputado. Al ser consultada por la oficina del parlamentario, la secretaria señala que se encuentra ubicada en el mismo lugar, pero en un despacho "de más al fondo". Sin embargo, añade, no es posible comunicarse con la persona a cargo del trabajo parlamentario, pues está de vacaciones.

El propio diputado entrega su explicación sobre la confusa situación: para evitar la burocracia, puso la dirección de Río Claro, que considera su "casa matriz", pues ahí trabajaba antes de ser parlamentario, le llega la correspondencia y tiene el computador que le entregó la Cámara. A veces también recibe gente, dice. Cada mes, $558.145 de su asignación para arriendo son depositados a nombre de Inmobiliaria Nabatieh S.A., que según el Diario Oficial es propiedad de una empresa de su padre junto a su madre, y donde su hermano Patricio es gerente. Él es el encargado de distribuir el dinero para el arriendo de sus tres verdaderas sedes parlamentarias: $120 mil en San Carlos, $230 mil en Quirihue y $200 en Yumbel. Para recibir a los vecinos en Cabrero utiliza otra casa de su padre, quien no le cobra, asegura.

La fórmula podría estar reñida con en el artículo 4º de la Ley 19.886, la misma que la Cámara de Diputados aplica como criterio general para la contratación de parientes, exigiendo a los parlamentarios justificar ante la Comisión de Ética las "situaciones excepcionales" que justifican que un familiar les preste un servicio que paga la Cámara. El senado, en cambio, considera que dicha legislación no se aplica a los gastos hechos por los parlamentarios con dineros de dicha corporación, sino sólo a los contratos administrativos.

Según abogados expertos en derecho administrativo, la respuesta entregada por la Cámara de Diputados a CIPER el 16 de junio pasado avala la aplicación del artículo 4º en este caso. De acuerdo al mismo, se estaría contraviniendo el principio de probidad administrativa y el contrato sería nulo. Si además llegara a determinarse que las asignaciones fueron destinadas a un fin distinto del que fueron otorgadas, aún cuando no se trate de enriquecimiento personal, podría configurarse el delito de desviación de fondos públicos.

Jorge Sabag argumenta que cuando asumió como diputado le dijeron que contaba con fondos de libre disposición y por eso los distribuyó de la forma en que le parecía más simple. Reconoce que la fórmula puede parecer poco transparente, pero asegura que a partir del 1 de agosto firmó contratos con los dueños de sus tres sedes para pagarles directamente a ellos. El cambio se debe a su campaña para la reelección. Cuenta que recientemente uno de sus contrincantes, el PRI Jorge Brito, anunció que de ser electo tendría sede en siete comunas y no en una sola como Sabag, que además se la arrienda a su familia.

-Puede parecer que nosotros estamos lucrando con esto, pero no lucramos con el servicio público, sino que destinamos nuestros bienes para el servicio público. Lo que yo he hecho con este arriendo es que los fondos se administren por la sociedad que dirige mi hermano para poder pagar los gastos de estas oficinas. Pero ahora he decidido hacerlo directamente con los propietarios para evitar confusiones y lo mismo que usted ha dicho, de que aquí hay desviación de fondos públicos... No hay desviación de fondos públicos, sino que la plata se administra con una modalidad distinta- explica Jorge Sabag.

Para probar eso de que los Sabag destinan sus bienes al servicio público, cuenta que la casa vecina a Río Claro 1050, ubicada en el 1040 de la misma calle, fue cedida gratuitamente a la Policía de Investigaciones, pues querían que la institución estuviera presente en la comuna y ésta no tenía fondos. Pero lo que a Sabag le parece una buena obra, podría convertirse en un conflicto de interés, considerando que la familia Sabag es la más poderosa de la comuna.

Cuánto pesa el Clan Sabag

La fortuna del senador Hosain Sabag se cuenta en miles de millones de pesos. La declaración de patrimonio del parlamentario precisa que a diciembre de 2005, su capital propio tributario ascencía a $ 8. 417 millones, equivalentes a unos US$ 15,4 millones. Sólo la Inmobiliaria Nabatieh, la sociedad que recibe la asignación parlamentaria de su hijo, fue constituida en 2004 con un capital de $2.104.202.100. Según Jorge Sabag, sería también propietaria del inmueble de Río Claro 1050, pero en los registro del Servicio de Impuestos Internos aún figura directamente a nombre del senador, al igual que las otras 59 propiedades que éste incluyó en su declaración de patrimonio.

De acuerdo al mismo registro, las propiedades del senador suman un avalúo fiscal de $3 mil 130 millones, unos US$ 5,7 millones. En Cabrero se ubican 44 de esos predios e inmuebles, la mayoría de los cuales tienen carácter forestal y están avaluados en $2 mil 368 millones.

La familia Sabag es parte de la historia de Cabrero. Un reciente artículo de El Mercurio cuenta que el patriarca, Mohamed Sabag, llegó a Chile en 1918 desde El Líbano, huyendo de la ocupación del imperio turco otomano y siguiendo a su hermano José. Recorría los campos de la Región del Bío Bío vendiendo todo tipo de enseres en un carro y luego se instaló en Cabrero con la tienda "La Medialuna".

Tras enviudar, se hizo cargo de nueve hijos. Hosaín era el segundo y heredó el espíritu de su padre para hacer negocios. De profesión contador, hizo carrera en el Banco del Estado y, según señala en su currículum oficial, fundó y administró una empresa propia de turismo y forestal, y otra maderera y constructora. Así se convirtió en uno de los dueños de Cabrero.

Ahí inició también su carrera política. Tras ingresar a la Democracia Cristiana en 1962, el año siguiente fue electo regidor y luego alcalde de Cabrero, cargo que ocupó por tres períodos. En 1973 asumió como diputado y, de acuerdo a su currículum, tras el golpe de Estado "reasumió" sus negocios. Con el regreso a la democracia volvió a la Cámara Baja y en 1997 pasó al Senado. Ese año derrotó a José Antonio Viera Gallo y luego en 2005 dobló en su circunscripción gracias a la alta votación de su compañero de lista, Alejandro Navarro.

Su hermano Hasan también ha tenido una fuerte presencia en la zona. En 1992 fue electo alcalde, cargo que mantiene hasta hoy sin disminuir su popularidad: en 2008 obtuvo 69,6% de los votos.

Pero faltaba un Sabag en la Cámara de Diputados. En 2001 compitió el yerno de Hosain Sabag, Gastón Reyes Pilser, quien fue derrotado por Felipe Letelier. La venganza llegó en 2005, cuando Jorge Sabag se presentó a candidato, siguiendo la huella de su padre senador.

Desde entonces se ha caracterizado por su perfil conservador y ultracatólico. Hace dos años solicitó al Consejo Nacional de Televisión la censura de la serie animada de MTV "PapaVilla" junto a su colega UDI Marcelo Forni, quien llegó a argumentar que "la religión católica es un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad".

Recientemente Jorge Sabag volvió a hacer noticia cuando se convirtió en el único diputado de la Concertación que votó en contra del proyecto de ley que permitía la distribución de la píldora del día después e incluso anunció que recurriría al Tribunal Constitucional si se aprobaba. "Efectivamente, soy el último de los mohicanos, y no es fácil", dijo en una entrevista con El Mercurio, argumentando que "ese voto significa una colaboración al mal. Y un cristiano en estos temas siempre tiene que pensar en el juicio final".

Su carrera profesional es llamativa. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica y se dedicó a su empresa SAVI, pero rápidamente ingresó al mundo político, asumiendo como jefe de gabinete de su padre. Luego se lanzó como diputado, al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la Universidad del Desarrollo de Concepción. En mayo recién pasado se tituló de abogado.

 

El día en que Manuel Contreras le ofreció al Sha de Irán matar a Carlos, El Chacal

El día en que Manuel Contreras le ofreció al Sha de Irán matar a Carlos, El Chacal

Seguir INVESTIGACIÓN por RSS

El día en que Manuel Contreras le ofreció al Sha de Irán matar a "Carlos, El Chacal"

Por Mónica González, CIPER | 6 de Agosto de 2009

 Enviado por "ALERTA CIPER" contacto@ciperchile.cl  Jueves, 6 de agosto de 2009

La expansión de la Operación Cóndor fuera de las fronteras del Cono Sur requería de millonarios fondos y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, intentó conseguir recursos de potencias interesadas en eliminar enemigos comunes. Para ello viajó en 1976 a Irán, convencido de que recibiría una gruesa suma de dinero del Sha Reza Pahlevi si le ofrecía asesinar al venezolano Ilich Ramírez, "Carlos, El Chacal", el ejecutor del secuestro de los líderes de la OPEP. Lo acompañaron el ex oficial de las SS nazis, traficante de armas y aliado de Paul Schäfer, Gerhard Mertins, tres altos oficiales chilenos y un general brasileño. Dejaron fotos y huellas en la embajada de Chile en Teherán que permiten reconstituir una historia que hasta ahora ha permanecido inédita.

Abril de 1976. La violencia policial en Irán recrudece. El Sha Reza Palevi, que mantiene el control de su país bajo la brutal represión de la SAVAK, su policía secreta, aún no se repone del duro golpe que le ha propinado a su poder un grupo de terroristas encabezado por Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez. Tres meses antes, el 21 de diciembre de 1975, el grupo irrumpió en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Viena, capturando a 63 rehenes, entre los que estaba Jamshid Amuzegar, el ministro favorito del Sha. Además de exigir una gruesa suma por el rescate de los secuestrados, la orden era asesinar a Amuzegar. Un claro ataque a Reza Palevi, quien a partir de ese momento tuvo en la mira al más famoso de los terroristas internacionales: el venezolano "Carlos, El Chacal".

En esos álgidos días desembarca en Teherán el jefe de la policía secreta del general Pinochet (DINA), el entonces coronel Manuel Contreras. Sus acompañantes y su misión han permanecido hasta hoy en secreto. Pero uno de los testigos de ese viaje conservó fotos y documentos que entregó a la autora de esta crónica. Las imágenes permitieron identificar al principal socio de Contreras en su expedición a Irán: el alemán Gerhard Mertins (1919-1993). Se trata de un ex oficial de las SS nazis que se reconvirtió en uno de los más importantes traficantes de armas del mundo y en el principal aliado internacional de Paul Schäfer, líder de la Colonia Dignidad en Chile, un reducto desde donde se traficó armas, se retuvo a prisioneros políticos y se abusó de menores durante más de 40 años.

Un tercer socio acompaña a Contreras y Mertins: un militar brasileño cuya identidad se desconoce hasta hoy. Las fotos de este reportaje podrían ayudar a desentrañar el misterio. Porque la misión que llevó a Contreras a Irán fue develada junto con la entrega de las fotos y está directamente relacionada con la Operación Cóndor, la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur que iniciaba en esos días de abril de 1976 su tercera fase, orientada a realizar seguimientos y asesinatos fuera de las fronteras de América Latina.

La pista de Carlos

Entre los informes clave que intercambian los países miembros de la Operación Cóndor, hay uno que jugará un rol relevante en la historia que motiva este reportaje. El nombre del venezolano Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez aparece entre los documentos incautados en mayo en 1975 a dos dirigentes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) detenidos en Paraguay por la policía secreta de Alfredo Stroessner: el militante del MIR chileno Jorge "Trosko" Fuentes y el argentino Amilcar Santucho, hermano del máximo líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El dato fue confirmado al periodista John Dinges por Robert Scherrer, el rostro del buró del FBI en América Latina en esos años. En su libro Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004), Scherrer sostiene "que la enorme cantidad de información extraída de Fuentes y Santucho había dado una pista importante que ayudó a rastrear a uno de los terroristas internacionales más célebres de la época: Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, agente venezolano con residencia en Europa".

Dice Dinges en su libro: "Según Scherrer, la policía paraguaya encontró una referencia a un ‘Carlos' en la libreta de direcciones de Santucho, junto con una dirección o número de teléfono en París. Pensaron que se trataba de una pista que llevaría al paradero del hermano de Santucho, Roberto, cuyo nombre en código en el ERP era ‘Carlos', y le pasaron el dato al servicio de seguridad francés (DST). El 27 de junio de 1975, 40 días después de los arrestos en Paraguay, tres agentes de la DST y un informante golpearon a la puerta de un apartamento en París donde habitaba Ilich Ramírez, Carlos, que se hacía pasar por un estudiante que convivía con su novia. Carlos los hizo entrar, sacó su arma y disparó a los agentes logrando escapar después de asesinar a los agentes de la DST".

La versión fue corroborada por los documentos encontrados en el Archivo de Paraguay después de la caída de Stroessner, en un documento del jefe de la policía secreta de ese país (DIPC), Pastor Coronel.

Misión secreta

El horror que sacudió al mundo el 21 de diciembre de 1975 fue recibido por Manuel Contreras como un verdadero regalo para sus planes de extender las fronteras de la Operación Cóndor. Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez, al frente de un comando de seis personas -militantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y del Grupo Baader-Meinhof- asaltan la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena, en una osadísima y exitosa acción, tomando 63 rehenes, entre ministros y delegados de los países allí reunidos, luego de matar a balazos a tres efectivos de seguridad.

La operación, financiada por el líder libio Muammar Gaddafi, concebida y ejecutada por el FPLP bajo la dirección de "Carlos", fue un fuerte mensaje contra Irán, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, miembros de la OPEP que no sólo se mostraban pro occidentales, sino que además habían aumentado su producción de crudo amenazando con derrumbar los altos precios. Parecía una locura, pero tenía sentido: el FPLP precisamente se financiaba gracias al apoyo de varios de los integrantes de la OPEP.

El comando encabezado por el venezolano fue liberando paulatinamente a sus rehenes, no sin antes emitir proclamas y obtener un avión para huir.

Casi cuatro meses más tarde, Manuel Contreras desembarcaba en completo secreto en Teherán. Su misión: proponerle al Sha de Irán eliminar a Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez a cambio de una gruesa suma de dinero. Estaba en sus planes desde hacía meses. Desde el mismo momento en que surgió el nombre del venezolano como nexo entre grupos de izquierda de América Latina y europeos y también palestinos. Carlos era el trofeo que requería Contreras para consolidar la Operación Cóndor más allá de las fronteras de América Latina.

Matar a Carlos era también un blanco de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que ya lo habían identificado como el enemigo principal entre los grupos extremistas. En su investigación sobre la Operación Cóndor, el periodista John Dinges encontró un informe secreto del Senado estadounidense ("Actividades de ciertos organismos de inteligencia extranjeros en los Estados Unidos") que confirma la prioridad de esa operación. Después de describir la Fase Tres de la Operación Cóndor, el mencionado informe señala: "Acto seguido, el Cóndor planeó una operación que tenía como objetivo asesinar a tres conocidos izquierdistas europeos, uno de los cuales era el famoso terrorista ‘Carlos'".

Rumbo a Teherán, Contreras hizo escala en la entonces República Federal Alemana (RFA), a la cual llegó con un pasaporte falso. Fue allí donde se reunió con el germano Gerhard Mertins, el ex oficial de las SS nazis y traficante de armas.

Mertins tenía un estrecho vínculo con el líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, lo que permitió que su encuentro con Contreras tenga uno de los escasos registros públicos. La periodista alemana Gaby Weber, en un reportaje publicado en el semanario uruguayo Brecha, en enero de 1988 (Nazis en Chile: la Colonia Dignidad y su sádico jefe), relata que la estrecha relación que ambos mantuvieron por años se habría consolidado cuando, luego de llegar a Alemania, Contreras siguió viaje "a los pocos días con su amigo Mertins a Irán, donde todavía gobernaba el Sha (Reza Pahlevi)". Weber no da la fecha y tampoco el motivo del viaje de ambos a Irán.

Los acompañantes

En Teherán, Pinochet tenía como embajador al general de Carabineros Arturo Yovane, quien pese a haber integrado en la primera hora el grupo de los uniformados comprometidos con el Golpe -de hecho él sumó al que sería jefe de Carabineros en la Junta Militar, el general César Mendoza-, muy luego se alineó con el ala disidente al régimen de Pinochet. Nombrado por la Junta Militar como el primer ministro de Minería de la dictadura, Yovane fue abruptamente despojado de su rango en 1974 y enviado a la embajada de Irán. En noviembre de 1974 inauguró la nueva sede diplomática en la capital persa.

Lo que Yovane encontró en Irán fue un terror parecido al que imperaba en Chile. El régimen del Sha Reza Pahlevi vivía sus últimos años antes de ser derrocado por la Revolución Islámica del 11 de febrero de 1979, que pondría en el poder al Ayatollah Ruhollah Khomeini. Al momento de llegar Contreras y Mertins, el soberano aún gobernaba con mano de hierro un país en que el descontento y las protestas iban en aumento, tanto por su alejamiento de los códigos islámicos como por las ostentosas celebraciones del régimen, pese a la pobreza reinante. Los alzamientos pronto serían brutalmente acallados por la Savak, la policía política del Sha, lo que convirtió a su gobierno en un ícono de la represión.

Hasta Teherán Contreras no llegó solo con Mertins. Además de su amigo germano, lo acompañaron tres hombres de su máxima confianza: los tenientes coroneles Sergio Arredondo González, Vianel Valdivieso y el mayor Alejandro Burgos de Beer.

El más importante es Sergio Arredondo, uno de los primeros instigadores del golpe militar en las filas del Ejército desde la Academia de Guerra y con contactos privilegiados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El oficial de Caballería supo siempre mantener cuotas de poder pero sin ocupar el rol protagónico: su placer era digitar las piezas desde el fondo del escenario. El inicio de la dictadura lleva su huella. El mismo 11 de septiembre de 1973 fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark, a cargo de las operaciones en Santiago, y luego fue su mano derecha en la fatídica Caravana de la Muerte.

Cuando más tarde su compadre y amigo Manuel Contreras se convierte en el segundo hombre más poderoso de Chile, Arredondo lo sigue en las sombras. Lo conocía bien. Su amistad se había afianzado en los tiempos en que ambos eran cadetes en la Escuela Militar y Contreras debía luchar contra su timidez y torpeza frente a las mujeres. Esa complicidad resultó decisiva para Contreras, ya que es el propio Arredondo quien lo lleva ante Pinochet días después del Golpe para que le presente su plan de la DINA, idea que acoge con beneplácito el último hombre que se sumó a la conjura. Pinochet requiere de ayuda para imponer su autoridad entre golpistas de sólidos y clandestinos lazos. Contreras le proporcionará la principal herramienta que le faltaba para erguirse como el nuevo dueño del poder.

El segundo acompañante chileno de Contreras fue el entonces mayor Vianel Valdivieso. Se ganó la confianza absoluta de Contreras al formar un escuadrón de mujeres que, bajo distintas funciones, la que incluía la de secretaria y también "dama de compañía", le informaban de todos los pormenores y comentarios que circulaban por las oficinas oficiales y los cuarteles secretos de la DINA. Fue una de las fuentes que le permitió a Contreras ayudar a Pinochet a exclamar desafiante "en Chile no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa".

El mayor Alejandro Burgos de Beer completaba la nómina de los oficiales que acompañó a Contreras a Teherán. Fue su ayudante directo en el alto mando de la DINA. Treinta años más tarde debería declarar ante un juez de cómo fue testigo de las reuniones diarias que cada mañana tenía su jefe con Pinochet. Era en esas reuniones que se decidía sobre la vida o muerte de muchos y también de quién seguía siendo parte de los elegidos del régimen.

Huellas en Teherán

Aparte de los chilenos y del alemán, la nómina que acompañaba a Contreras la completaba, según testigos, un general del Ejército brasileño que hasta hoy no ha podido ser identificado. Aunque sí hay pistas que permitirían individualizarlo, porque casi todos los que llegaron a la entonces nueva embajada chilena en Teherán dejaron dos tipos de huellas: las fotos que acompañan este artículo, y los saludos y firmas que estamparon en el libro de visitas de la sede diplomática.

De este último registro se conserva una copia hasta hoy. Contreras, por ejemplo, firmó el 15 de abril de 1976. "Con profundo agradecimiento por todas las gentilezas recibidas en vuestro hogar. Les deseamos toda clase de éxitos y que continúen por la misma senda actual. Manuel Contreras S. Coronel Director de Inteligencia Nacional".

A continuación, y con la misma fecha -pero no con la misma legibilidad-, se lee una dedicatoria escrita en alemán que alude a los lazos chileno-germanos, y que correspondería a la de Mertins. Luego firma un muy agradecido teniente coronel Rolando Gálvez. En el alto mando de la DINA no existieron oficiales con ese nombre, aunque sí un abogado. ¿Quién es Gálvez? La clave la dio el propio Manuel Contreras en la declaración que prestó el 14 de mayo de 1992 ante el ministro Adolfo Bañados. Ese día, cuando Contreras debió asumir que efectivamente había formado empresas de la DINA en Panamá, dijo también: "Rolando Galvez Baeza es el nombre ficticio de Vianel Valdivieso". Lo entregó sin titubear, dando la pista para identificar al hombre que estampó su saludo en Irán.

En cuanto a Burgos de Beer, firmó su estadía -en la que le desea "prosperidad" a la familia Yovane- sin ningún secreto: "Mayor. DINA".

Siempre con la misma fecha, hay otra dedicatoria: "Aún no siendo chileno de nascimiento (sic), tengo el corazón que marcha al mismo ritmo de Chile de hoy, o sea, amante de la democracia, libre e independiente". La firma, apenas legible, sugiere un apellido carioca que puede ser "Safreire" o "Safiera". Inmediatamente bajo ella se leen dos palabras, una de las cuales claramente es "Merex".

Coincidencia o no, "Merex" es el nombre de la empresa que el alemán Gerhard Mertins usó como base para el tráfico de armas, negocio en el que se hizo ampliamente conocido y forjó contactos tan poderosos, que las pocas veces que la justicia de su país lo acorraló, salvó gracias a un as que tenía en la manga: los hechos por los que lo acusaban habrían sido cometidos por encargo del servicio de inteligencia federal alemán, el Bundesnachrichtendienst (BND).

El dato no era ninguna casualidad. El BND contó en sus orígenes con la participación de otro ex nazi: el ex general de la Wehrmacht Reinhard Gehlen, viejo amigo de Mertins. Gehlen había comprado su libertad a Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial a cambio de sus archivos y conocimientos de espionaje contra los soviéticos, lo que lo llevó a ser el primer jefe del BND en plena Guerra Fría.

Contreras revelaría ante la justicia, muchos años después, que su nexo con Mertins se tradujo en que el germano proveyó de armas a la dictadura y de hasta helicópteros a Carabineros.

Cuánto vale "El Chacal"

Las fotos captan una reunión social en la sede de la embajada de Chile en los días que el jefe de la DINA le ofreció al Sha Reza Pahlevi el ambicioso trato de "producir" la eliminación de uno de los principales enemigos del soberano: el terrorista más buscado por esos días por los servicios de inteligencia de todo el mundo, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como "Carlos, El Chacal".

La operación requería a cambio una cifra alta de dólares y fue relatada por el propio Contreras al general Yovane. Tal vez, previendo que el embajador, muy bien conectado con los círculos del Sha, lo sabría de todas formas. No se tiene testimonio de lo que ocurrió con la misión de Contreras. Lo que sí se sabe es que poco más de tres años después el Sha se vería obligado a dejar el poder, exiliarse y finalmente murió lejos de Irán en 1980. Carlos aún vive, pero preso a perpetuidad en el penal francés de Clairvaux.

Contreras no obtuvo del Sha los fondos que requería para seguir con las operaciones internacionales de Cóndor y de la DINA. Pero tenía otras fuentes. Además de las asignaciones directas del régimen militar, la DINA construyó un verdadero holding de empresas, cuya historia se detallará en la segunda parte de esta serie.

LA CONEXIÓN FRANCESA DE CONDOR

La periodista francesa Marie Monique Robin, en una increíble y reveladora investigación sobre la Operación Cóndor (el documental Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa, que difundió en septiembre de 2003 el Canal Plus de Francia y canales de TV en una docena de países), aporta otro antecedente sobre por qué los servicios de seguridad de Francia estaban al tanto de los pasos de Cóndor.

En entrevista con el general francés Paul Aussaresses, cuyo libro Services Speciaux Algérie 1955/57, sacudió a Francia en 2001 al describir con detalle -y por primera vez- las brutales torturas y ejecuciones clandestinas cometidas por militares franceses para sofocar la batalla por la independencia de los argelinos, le confesó que después de la derrota de Argel, pasó por la Escuela de Las Américas en Estados Unidos y luego, y en forma absolutamente secreta, llegó a Brasil a un cargo de agregado a la embajada de Francia en ese país. Allí instaló una escuela de inteligencia y adiestramiento en métodos de tortura y manejo de prisioneros a la que asistieron integrantes de los servicios de las dictaduras coordinadas en la red Cóndor.

Manuel Contreras y agentes de la DINA también estuvieron allí, como se lo afirmó a la propia Marie Monique Robin.

Aussereces no cortó jamás su lazo con el servicio de seguridad francés (DST). Más aún cuando la información que llegó hasta Cóndor fue que Carlos había establecido en París un lazo estrecho con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Un mes después del informe sobre el nexo del terrorista Carlos con el FPLP y la JCR latina, Manuel Contreras fue recibido en Washington por el jefe de la CIA, Vernon Walters. En su investigación, el periodista John Dinges relata los pormenores de esa cita, la que se hizo a petición del propio Pinochet el 25 de agosto de 1975.

Consultado por Dinges sobre el motivo de esa reunión con Walters, Contreras le dijo que estaba llevando "información" a Washington para respaldar su mensaje de que "nosotros estábamos en una guerra subversiva contra el terrorismo..." Y agregó: "Me reuní con Vernon Walters. Él se reunió con Kissinger sobre la información que yo llevaba y sobre el tipo de apoyo que necesitábamos para evitar este problema".

Lo cierto es que Contreras no viaja directamente a Santiago. De Washington se va a Caracas, ciudad a la que llega el 27 de agosto. En la capital venezolana se entrevista con Rafael Rivas, jefe del aparato de inteligencia venezolano (DISIP) y Orlando García, otro alto mando del mismo organismo. "Al día siguiente tuvimos una reunión que dedicamos enteramente a discutir la posibilidad de un intercambio de servicios", testificó luego Rivas. El jefe de la DISIP afirmó también que Contreras se jactaba de tener un gran poder y grandes recursos a su disposición y que "estaba construyendo este plan magnificente para tener un servicio enorme y poderoso que le brindara información de todo el mundo".

García, en entrevista con Dinges, afirmó que Contreras les presentó un plan para una organización que permitiría los países participantes rastrear a sus enemigos de izquierda en cada uno de los demás países. "Vino a pedir colaboración, que uniéramos nuestros servicios en colaboración con la DINA". García señaló que Contreras les dio un conjunto de códigos y claves para las comunicaciones por telex y "habló de computadoras, lo cual nos llamó mucho la atención porque nosotros usábamos kárdex y tarjetas". Y recordó que Contreras, junto con invitarlos con todos los gastos pagados a una reunión en Santiago para planificar el nuevo sistema, dijo: "Tenemos que eliminar a los enemigos".

GALERIA DE PERSONAJES

Ilich "Carlos" Ramírez Sánchez

Considerado el más célebre terrorista internacional, Ilich Ramírez Sánchez (Venezuela, 1949) es conocido por su alias de "Carlos, el Chacal". Tuvo formación militar y de inteligencia en Cuba, Medio Oriente y la ex Unión Soviética, y ya desde los '60 se vinculó a diversas agrupaciones subversivas del mundo. En diciembre de 1975, operando para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) junto a un comando multinacional, encabezó el asalto a las oficinas en Viena de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Con el correr de los días, el grupo liderado por el venezolano fue liberando paulatinamente a 63 rehenes, no sin antes emitir proclamas y obtener un avión para huir. Luego de Viena, el grupo fue y volvió entre Argel (Argelia) y Trípoli (Libia), cambiaron de avión y finalmente pararon en Bagdad, donde los asaltantes se refugiaron. Ninguno de los rehenes fue ejecutado, pero durante todo el secuestro se les hizo saber que los planes originales de "Carlos" eran eliminar al jeque Ahmad Kaki Al-Yamani, de Arabia Saudita, y al entonces ministro de lnterior iraní, Jamshid Amuzegar, el que sólo se salvó por petición expresa de Argel.

Cuando "Carlos" hizo pública su versión de los hechos -ya en prisión, el 2005- contó que Amuzegar estaba "aterrorizado por su pasado criminal como director de la Savak", la policía secreta del Sha. Aunque Amuzegar sobrevivió, la acción comandada por el venezolano golpeó el orgullo y las arcas del rey iraní.

Como sea, la operación contra la OPEP le valió a fama mundial y terminó por convertirlo en el enemigo público número del terrorismo sin fronteras. Refugiado en Sudán desde 1993, un año después el gobierno de ese país decidió negociar la entrega de "Carlos" a Francia, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua.

Jamshid Amuzegar

El ministro favorito del Sha Reza Palevi. Fue ministro del Trabajo, de Salud, de Finanzas y del Interior en diferentes gabinetes, desde 1955 a 1974, y entre 1977-1978 fue Primer Ministro, poco antes de que empezara la Revolución de los Ayatolás. Nació en 1923 y fue uno de los primeros aristócratas iraníes que recibieron educación en Estados Unidos (hizo un doctorado en la Universidad de Cornell), cambiando el paradigma de los iraníes de su época, que solían preferir París o Londres. Líder de la facción más progresista del Partido Rastakhiz, uno de los más fuertes en el gobierno del Sha, era considerado muy cercano al ex presidente Jimmy Carter y un gran aliado de EE. UU., país en el que terminó viviendo.

Gerhard Mertins

Nacido en Alemania en 1919, fue miembro de las SS de Hitler y uno de los ex oficiales del Tercer Reich que sorteó sin mayores inconvenientes la derrota del nazismo. De acuerdo con el libro Private Warriors (Verso Books, 2000), del periodista Ken Silverstein, en los '50 Mertins lideró agrupaciones neonazis y a comienzos de la década siguiente, en Suiza, se inició en el negocio del tráfico de armas con su empresa Merex. Uno de sus cercanos fue Reinhard Gehlen, ex oficial de la Gestapo y primer director del servicio de inteligencia federal alemán, el Bundesnachrichtendienst (BND), del cual Mertins también formó parte.

Sus vínculos con Chile fueron estrechos. Fundador en Alemania del Círculo de Amigos de Colonia Dignidad, Mertins hizo amistad y probablemente también negocios con Paul Schäfer, con quien se relacionó por intermedio de Hermann Schmidt Georgi, el segundo hombre de la Colonia. Mertins y Schmidt habían coincidido en la fuerza área alemana bajo el nazismo. El traficante de armas visitó varias veces el reducto de Colonia Dignidad y habría sido quien propuso bautizarla como Villa Baviera. Además, en México, Mertins tenía un mina de oro llamada "Parral", cuyos sistemas de comunicación y vigilancia fueron instalados por los incondicionales a Schäfer. El traficante de armas también se relacionó con Manuel Contreras, quien, en una declaración judicial, aseguró que su compañero del viaje de 1976 a Irán también vendió armas y helicópteros al régimen de Pinochet.

Pese a las múltiples acusaciones que pesaron en su contra -entre la que se contó su aparente responsabilidad en el asesinato del periodista mexicano Manuel Buendía, quien denunció los negocios del alemán en ese país- Gerhard Mertins murió en 1993 sin que resultara condenado por ningún delito.

Sergio Arredondo

Brazo derecho del general Sergio Arellano Stark y uno de los principales operadores del golpe de Estado, para septiembre de 1973 era director de la Academia de Guerra del Ejército. Y precisamente en esas instalaciones, Manuel Contreras tendría el primer cuartel secreto de la DINA. Entre los primeros agentes operativos de ésta figuraban nombres que después se harían tristemente famosos, como Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Fernández Larios y un grupo de oficiales reclutados por Arredondo para fungir de fusileros en la Caravana de la Muerte. Retirado del Ejército en calidad de coronel, hoy está procesado en ese juicio.

Descrito por los informes de inteligencia estadounidense de la época como "uno de los anticomunistas y antimarxistas duros" y amante del buen whisky, Arredondo tiene hoy otro juicio por asesinatos que demoraron mucho tiempo en aclararse: los crímenes de nueve prisioneros políticos en Quillota, en enero de 1974, cuando éstos eran trasladados a la Escuela de Caballería, de la que era el comandante. La masacre -ejecutada con fusiles y granadas- fue disfrazada durante años como un asalto a una patrulla uniformada. Recién el año pasado, Arredondo fue condenado a seis años de prisión. Las condenas se encuentran en manos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

 Enviar por Correo | Imprimir